LA ACCIÓN CORPORATIVA EN ARGENTINA DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE MILEI

CORPORATE ACTION IN ARGENTINA DURING THE FIRST YEAR OF MILEI’S GOVERNMENT

A AÇÃO CORPORATIVA NA ARGENTINA DURANTE O PRIMEIRO ANO DE GOVERNO MILEI

Resumen

Este artículo analiza la acción corporativa de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) durante el primer año de gobierno de Javier Milei (2023-2024), mediante el análisis documental de sus declaraciones, posicionamientos y demandas. Sostenemos que las corporaciones mostraron un apoyo inicial que varió en función de su afinidad ideológica y de la correspondencia entre su agenda y las políticas públicas implementadas, lo cual a su vez se vincula con el nivel de agregación de las entidades y, en el caso de las cámaras sectoriales, la posición que ocupa el sector al que cada una representa en la estructura económica del país.

PALABRAS CLAVE:
Argentina; Milei; Corporaciones; Élites económicas; Acción corporativa

Abstract

This article analyses the corporate action of the Asociación Empresaria Argentina (AEA), the Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), the Unión Industrial Argentina (UIA) and the Sociedad Rural Argentina (SRA) during the first year of Javier Milei’s government (2023-2024), by documentary analysis of their statements, positions and demands. We maintain that corporations showed an initial support that varied according to their ideological affinity and the correspondence between their agenda and the public policies implemented, which in turn is linked to the level of aggregation of the entities and, in the case of sectoral chambers, the position occupied by the sector which each represents in the country’s economic structure.

KEYWORDS:
Argentina; Milei; Corporations; Economic elites; Corporate action

Resumo

Este artigo analisa a ação corporativa da Asociación Empresaria Argentina (AEA), a Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), a Unión Industrial Argentina (UIA) e a Sociedad Rural Argentina (SRA) durante o primeiro ano do governo de Javier Milei (2023-2024), através da análise documental de suas declarações, posicionamentos e demandas. Sustentamos que as corporações mostraram um apoio inicial que variou em função de sua afinidade ideológica e da correspondência entre sua agenda e as políticas públicas implementadas, o que, por sua vez, vincula-se com o nível de agregação das entidades e, no caso das câmaras setoriais, a posição que ocupa o setor que cada uma representa na estrutura econômica do país.

PALAVRAS-CHAVE:
Argentina; Milei; Corporações; Elites econômicas; Ação corporativa

INTRODUCCIÓN

El estudio de la relación entre las élites económicas y políticas (Mills, 1956) ha suscitado un creciente interés entre los cientistas sociales en las últimas dos décadas. El estrechamiento de vínculos entre los actores estatales y los representantes de los sectores económicos profundizó la búsqueda por conocer el carácter de dicha relación, las motivaciones que la suscitan y los mecanismos de relacionamiento, motivados por desentrañar su incidencia en la democracia y la reproducción de desigualdades (Culpepper, 2010; Thelen, 2014; Tilly, 2000).

El pensamiento social ha explicado este vínculo a partir de la preeminencia del poder estructural, asociado a la propiedad o la gestión del capital por parte de un grupo reducido de personas (Winters, 2011); o del poder instrumental, la capacidad de aquellas minorías de organizarse y participar en las decisiones de una sociedad mediante diversos mecanismos de influencia, es decir, su acción política (Acemoglu; Robinson, 2006; 2008). A diferencia de los estudios que se posicionan en uno u otro campo, Fairfield (2015) propone un enfoque complementario: cuanto más fuerte es el poder estructural de las élites, más fácil les resulta movilizar recursos y, por extensión, más gravoso es para los formuladores de políticas públicas impulsar medidas contrarias a sus intereses. Otra posibilidad de síntesis se halla en el concepto de acción empresaria (Dossi; Lissin, 2011; Dulitzky, 2022), entendida como el conjunto de acciones que despliegan los empresarios en pos de concretar su plan estratégico de inversión y producción.

En cuanto a los mecanismos de influencia de las élites económicas sobre la política pública (Mendoza; Nercesian, 2023), fenómeno al que generalmente se refiere como captura (Durand, 2019), una de sus modalidades clásicas es el lobby empresarial, esto es, la representación de intereses particulares formulados como demandas ante las autoridades públicas. El lobby puede asumir una forma individual o colectiva, cuando es vehiculizado por corporaciones sectoriales, lo que se conoce como acción corporativa (Dossi, 2012), encarada a través de organizaciones representativas.

El estudio de las cámaras empresarias puede abordarse “desde abajo”, en su dimensión estructural-económica; “desde adentro”, en su dimensión organizativa-institucional; o “desde arriba”, en la relación que entablan con el entorno, teniendo principalmente al Estado como marco de referencia, en función del cual definen su acción (Offe en Acuña, 1995). Este nivel, que remite a sus comportamientos públicos, es en el que nos centraremos en este trabajo.

El análisis de las declaraciones, posicionamientos y demandas de las principales cámaras empresarias a una gestión de gobierno, constituye un insumo significativo para comprender su incidencia en las políticas públicas, la presión que ejercen sobre los actores estatales y el mayor o menor apoyo de los distintos sectores de poder a los rumbos del gobierno.

En este artículo analizamos los comportamientos públicos de las principales cámaras empresarias de Argentina durante el primer año de gobierno de Javier Milei (diciembre 2023 a diciembre 2024), mediante el estudio de los comunicados de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Exploramos la agenda de demandas de estas corporaciones, identificando la mayor o menor correspondencia con el programa de gobierno de La Libertad Avanza (LLA) en relación con las políticas públicas que afectan estos sectores, en pos de caracterizar la relación entre las élites económicas y políticas. El análisis propuesto permite observar el posicionamiento de las principales cámaras que nuclean las actividades productivas más importantes del país durante el primer año de gobierno de Javier Milei, período en el cual se implementaron instrumentos de política pública que tendieron a beneficiar a ciertos sectores, en detrimento de otros.

Desde el inicio de su gobierno, la gestión libertaria se propuso el cumplimiento irrestricto de dos metas: déficit fiscal cero y control de la inflación. Asimismo, mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases (N°27.742), que prioriza la captación de inversiones extranjeras para megaproyectos, así como el DNU N°70/2023 que elimina mecanismos de protección y promoción de la industria, impulsó la estimulación de las actividades extractivistas, principalmente mineras, en detrimento de la actividad industrial. En función de estas transformaciones, incluimos en el análisis entidades que nos permitieron observar los posicionamientos y demandas de los sectores que resultaron beneficiados y perjudicados por estas medidas.

En Argentina, la representación colectiva del empresariado es “heterogénea y fragmentada” (Dossi; Dulitzky, 2018), es decir que existe una proliferación de cámaras de diverso tamaño y alcance en todos los sectores de la economía, antes que una homogeneización de intereses en pocas organizaciones de gran tamaño, como ocurre en México (Salas Porras, 2014; Tirado, 2012), o Chile (Soto; Garay Vera, 2024). Además, a diferencia de otros casos de la región, como el de Brasil (Costa, 1994; Mancuso, 2006), en Argentina no existe una estructura de representación del empresariado estrictamente formal, organizada y financiada por el Estado. Las instituciones dependen de la adhesión voluntaria y los recursos que derivan de ella. En general, la conducción recae así en los grupos económicos más grandes que son los principales aportantes de recursos materiales y de cuadros, en detrimento del capital de menor porte. Adicionalmente, en la medida en que se trata de conglomerados con intereses diversificados en el agro, la industria manufacturera y las finanzas, se torna más difusa la defensa de los intereses sectoriales, que en general aparecen subordinados a los de los grupos económicos (Campos; Arroyo, 1998).

Esto guarda relación, como afirma Viguera (1996), con un comportamiento histórico del empresariado predominantemente reactivo frente a las políticas estatales, antes que a una intervención proactiva en la formulación de las mismas, sobre todo en aquellas que trasciendan los intereses sectoriales de corto plazo y se vinculan a modelos de desarrollo. Estas particularidades de las formas de organización del empresariado argentino condicionan las diversas modalidades de relacionamiento que mantienen con el Estado, lo que, por extensión, se visibiliza en sus comportamientos públicos.

La SRA, principal representante del sector agropecuario, es la entidad más longeva del país (1866), tiene un peso histórico ineludible debido a su capacidad de proveer de divisas a la economía y, como consecuencia de ambos atributos, un capital político acumulado que le ha permitido ejercer presión sobre distintas administraciones de gobierno de diverso signo ideológico. Durante los primeros doce meses, el gobierno no ha mostrado una política específica hacia el sector agrario, ni pareció considerarlo el eje de su modelo económico.

La inclusión de la UIA, que nuclea tanto a los grandes sectores industriales como a los medianos y pequeños desde 1887, radica en la exploración de su posicionamiento frente a las reformas que afectan directamente a la actividad, tales como la apertura comercial y un modelo económico orientado al estímulo de importaciones.

Respecto de la CAEM, principal entidad que reúne a los empresarios del sector minero (1957), su incorporación responde a la priorización de las actividades extractivistas que señalamos anteriormente, en particular aquellas orientadas a la extracción de minerales considerados estratégicos (litio, cobre) para la transición energética en los países centrales. Si bien es una entidad con mucho menor peso histórico y político que las anteriores, la priorización de las actividades extractivistas y, en particular, la minería de transición, nos compele a incluirla en el análisis.

Finalmente, la inclusión de la AEA, entidad de cúpulas que reúne a los directivos de los principales grupos económicos de la Argentina desde el año 2002, nos permite identificar la voz unificada del gran empresariado o, al menos, de la élite más concentrada,¹ observando las alianzas y acuerdos que se generan entre las distintas ramas de la economía, así como las demandas prioritarias que manifiesta el empresariado en su conjunto. En una línea similar, exploramos la acción pública del “Grupo de los 6” dado que reúne a los máximos exponentes de las asociaciones empresarias, lo que constituye un insumo para comprender la capacidad de veto del empresariado organizado.

Sostenemos que las corporaciones mostraron en el primer año de gestión de la LLA un apoyo inicial que varió en función de su afinidad ideológica y de la correspondencia entre su agenda propia, el programa de gobierno y las políticas públicas implementadas, lo cual a su vez se vincula con el nivel de agregación de cada entidad y, en el caso de las cámaras sectoriales, la posición que ocupa el sector que cada una representa y el rol que aquel desempeña en la estructura económica del país.

El artículo se organiza en cuatro secciones: además de esta introducción, el siguiente apartado presenta las decisiones metodológicas que guían el trabajo. La sección de análisis sistematiza los posicionamientos públicos de las cámaras ante las políticas implementadas en el período analizado, junto con las demandas que extendieron al gobierno. En el último apartado esbozamos una tipología de las demandas de las cámaras que clasificamos en: a. laissez-faire, b. promoción y c. protección; y catalogamos las modalidades de apoyo de las entidades al gobierno en: a. vehemente, b. expectante y c. vacilante.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para analizar los comportamientos públicos de las principales corporaciones del país durante el primer año de gobierno de La Libertad Avanza (10 de diciembre 2023-10 de diciembre 2024), sistematizar sus demandas y explorar su correspondencia con la agenda de gobierno, utilizamos un enfoque cualitativo que combina fuentes primarias y secundarias. En cuanto a las secundarias, mediante el método de análisis documental, estudiamos los comunicados de prensa publicados por las cámaras empresarias en sus sitios web (sra.org.ar, uia.org.ar, caem.com.ar, aeanet.net). Para explorar la correspondencia de las demandas de las cámaras con las declaraciones públicas emanadas desde los distintos órganos de gobierno, complementamos esta información con transcripciones tipográficas de discursos de funcionarios y documentos públicos de sitios oficiales (argentina.gob.ar, casarosada.gob.ar) y artículos periodísticos que recogen citas de los principales actores involucrados, tanto del ámbito empresarial como del campo gubernamental.

El análisis documental se estructuró en torno a tres variables: 1. consideraciones generales sobre el rol y las funciones del Estado y el mercado; 2. posicionamiento respecto de las medidas macroeconómicas y políticas adoptadas por el gobierno; y 3. principales demandas de las cámaras al gobierno. Las variables mencionadas fueron surgiendo del análisis de los comunicados, materiales oficiales y prensa mediante un procedimiento inductivo que nos permitió identificar las demandas de las corporaciones y el distinto grado y tipo de apoyo que fueron otorgando a las medidas de gobierno, las que finalmente sistematizamos para fines analíticos en los núcleos indicados.

Respecto de la primera variable, tomamos como indicadores las declaraciones sobre la reducción del tamaño del Estado, su refuncionalización y la disminución del intervencionismo. En lo que respecta al posicionamiento de las cámaras en torno a las medidas macroeconómicas y políticas adoptadas por el gobierno en el primer año de gestión, tomamos como indicadores la posición en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023² “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, la Ley de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” (en adelante, Ley Bases),³ el “Pacto de Mayo”,⁴ el control de la inflación y la política de déficit fiscal cero.

En relación con las principales demandas, tomamos como indicadores el pedido de reducción del déficit fiscal y comercial, la disminución del gasto público y de la presión tributaria, el levantamiento de los controles de precios, la eliminación de los controles de importación/exportación (apertura comercial), la eliminación de retenciones y la estabilidad fiscal y comercial para las inversiones.

Los materiales contabilizaron un total de 61 documentos, de los cuales 37 corresponden a comunicados de las cámaras, 5 discursos públicos, 4 documentos oficiales y 15 artículos de prensa. La información proveniente de fuentes secundarias, mayoritaria en nuestro análisis, se complementó con entrevistas en profundidad realizadas con representantes de las cámaras y expertos en la materia.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

La Asociación Empresaria Argentina y el “Grupo de los seis”: apoyo vehemente de la voz unificada del gran empresariado

El 19 de noviembre de 2023, fecha en la que se desarrollaron los comicios para la segunda vuelta electoral entre la fórmula de La Libertad Avanza (Javier Milei-Victoria Villarruel) y Unión por la Patria (Sergio Massa-Agustín Rossi), la AEA emitió un comunicado felicitando a Javier Milei, deseándole “el mayor de los éxitos en poner a la Argentina en la senda del desarrollo económico y social” y manifestando la voluntad del empresariado de “contribuir a que ello ocurra” (AEA, 19/11/2023).

En diciembre, cuando se disponía a renovar autoridades, la entidad hizo público su apoyo a las orientaciones iniciales del gobierno en un comunicado titulado “Una oportunidad histórica”. En particular, señalaba dos puntos sobre los cuales el presidente había hecho foco a propósito del DNU N°70/2023: el “tamaño excesivo del Estado” y “las consecuencias negativas de los déficits en las cuentas públicas”. Al mismo tiempo, valoraba positivamente la disposición a tomar medidas en favor del sector privado, “sometido por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior, y a amenazas como la Ley de Abastecimiento” (AEA, 21/12/23).

El diagnóstico de la entidad de cúpulas coincidía con el análisis del gobierno en torno a los motivos que habían generado tal situación de emergencia, de modo que la solución que proponía el empresariado se aproximaba a la propuesta gubernamental: eliminar esas “anomalías” y revalorizar al sector privado para alcanzar las metas económicas. En ese mismo registro saldría en febrero a dar su apoyo a la primera versión de la Ley Bases, que por entonces se encontraba en trámite legislativo. La entidad calificó como “un paso muy importante” la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, añadiendo que esa decisión contribuía a “despejar la incertidumbre” y a “generar las condiciones que promuevan las decisiones de inversión” (AEA, 3/2/24).

Poco después, en un comunicado emitido en marzo en referencia al Pacto de Mayo, el conjunto del gran empresariado se pronunció a favor de la propuesta del presidente de refundar el contrato social anunciada en su discurso de apertura del 142° período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. La iniciativa fue celebrada como una propuesta “pertinente y urgente” en orden a “establecer un acuerdo de fondo sobre el equilibrio fiscal y sobre la necesidad de reducir el elevado gasto público”. La corporación reiteraba además sus demandas vinculadas a una reforma tributaria “que reduzca significativamente la muy alta presión tributaria sobre el sector formal de la economía, comenzando con la eliminación o reducción de los impuestos distorsivos”, y la actualización de las normas laborales (AEA, 4/3/24). Para la AEA, la propuesta refundacional contenida en el Pacto de Mayo podría significar un punto de inflexión en la relación Estado-empresas.

La entidad continuaría manifestando las “amplias coincidencias con los contenidos del Pacto de Mayo”, como lo expresó en un comunicado emitido a propósito de un encuentro llevado a cabo con el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, en julio de 2024, quien por su parte señaló que había tenido “una excelente reunión” con los empresarios. Según se desprende del comunicado, Francos expresó su complacencia con el diálogo establecido con los representantes de la AEA, en particular sobre “los beneficios que traerán las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación – la ley Bases y el paquete fiscal – (…) y sobre la necesidad de generar inversiones e impulsar la actividad económica” (AEA, 16/07/2024).

Paralelamente, el “Grupo de los 6” (G6)⁵ también mostró su respaldo al proceso de reformas en curso en una reunión que mantuvieron sus titulares con Milei, de quien no obstante obtuvieron poco más que la promesa de reducir los impuestos cuando la situación fiscal lo permitiera, junto con una eventual salida del “cepo cambiario”⁶ durante el segundo semestre, lo que no se concretaría. En esa ocasión, Mario Grinman, titular de la CAC, aclaró que no llevaron a la reunión demandas específicas ni sectoriales, sino que se trabajó sobre una agenda abierta y aprovechó para resaltar, en representación de sus pares, el apoyo del G6 al modelo que el gobierno buscaba implementar. El día previo, los referentes del “círculo rojo” habían recibido una promesa similar de parte del ministro de Economía, Luis Caputo: “logrado el superávit fiscal, ¿qué viene? La baja de impuestos. Eso no está lejos”. A propósito del Pacto de Mayo, manifestaron su apoyo a lo que catalogaron como “una muestra de responsabilidad y madurez de nuestros líderes políticos” que permitiría “restaurar la credibilidad de nuestra Nación” (El Observador, 22/3/24).

En julio continuaron las reuniones con el gobierno. El 24 de ese mes, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, recibió a los representantes del gran empresariado para ultimar detalles en vistas de la mesa tripartita que se desarrollaría con la Confederación General del Trabajo (CGT). El principal reclamo de los empresarios se centró en la necesidad de retomar las reformas laborales que figuraban en el texto original de la Ley Bases y en el DNU N°70/2023, pero fueron eliminadas en el marco de las negociaciones con las diversas fuerzas políticas. Entre ellas, la actualización de los créditos laborales y la introducción de cambios en el régimen indemnizatorio. En esta reunión se hizo referencia al por entonces protocolo anti-bloqueo, antecedente del Protocolo de actuación N°901/2024 sancionado en septiembre que estableció la intervención de fuerzas de seguridad ante bloqueos o tomas de fábricas o establecimientos productivos (Devicenzi, 24/7/2024).

Las demandas por la profundización de la reforma laboral continuaron durante los siguientes meses. El G6 lo sintetizó en cuatro pedidos al gobierno. En relación con el período de prueba, se solicitó su extensión de tres a seis meses, la eliminación de la obligación de pagar el preaviso y la indemnización por antigüedad para los contratos nuevos. En torno a lo que se conoció como “blanqueo laboral”, el G6 solicitó quedaran eximidos de multas y denuncias aquellas empresas que regularizaran el personal no registrado. En cuanto al fondo de cese laboral, solicitaron la sustitución de la tradicional indemnización por un fondo “que sea optativo a nivel de empresas”. Y, finalmente, reclamaron que los bloqueos sindicales fueran considerados causal de despido (Letra P, 20/8/2024).

Más adelante, los representantes del “círculo rojo” advirtieron sobre la necesidad de incluir la reactivación de la obra pública como una prioridad en la agenda de gobierno, argumentando que los desarrollos de infraestructura resultan esenciales para la captación de inversiones extranjeras. En este sentido, sostuvieron que tanto el mantenimiento de las obras existentes como la creación de nuevas rutas y la prestación de servicios son esenciales para garantizar la competitividad del país. En torno a la obra pública, el gobierno y los principales representantes del empresariado mantendrían posturas contrapuestas en este primer año de gestión: mientras el gobierno pretendía que la inversión privada se hiciera cargo de las obras necesarias para impulsar los proyectos productivos, el G6 instaba al Estado a hacerse cargo de estas inversiones (El Intransigente, 23/10/2024).

La Sociedad Rural Argentina: apoyo ideológico y expectativa de concreción de sus demandas

Dentro del G6, la SRA fue una de las primeras patronales en explicitar su apoyo al gobierno entrante. Lugo de estar presente Nicolás Pino, presidente de la entidad, en la asunción del nuevo mandatario (SRA, 28/12/2023), emitió un comunicado en el que expresó que se abría “una gran oportunidad” para “hacer un cambio radical en las políticas actuales”. “Lo venimos advirtiendo hace muchos años: con mercados intervenidos, cuotificación de exportaciones, distorsión en el tipo de cambio y una alta presión impositiva (…), la producción está estancada”, señalaba críticamente respecto de la etapa anterior. Y concluía ofreciendo “el apoyo del campo” a la nueva gestión con el objetivo de “recuperar la confianza para producir” (El1digital, 21/11/23).

La SRA concentró sus demandas en la cuestión tributaria, buscando no antagonizar directamente con el gobierno nacional. En cambio, escogió como interlocutor al gobierno provincial, sobre todo a partir de la Ley Impositiva 2024 que contemplaba el aumento de los impuestos provinciales en base al índice inflacionario. En diciembre de 2023 la entidad emitió un comunicado donde destacaba que las medidas de ajuste tomadas por el gobierno y la persistencia de un índice inflacionario alto no habilitaban al Gobernador Axel Kicillof a “subir y crear impuestos aumentando la presión tributaria a los productores” (SRA, 27/12/23).

El conflicto con el gobierno bonaerense se prolongaría a lo largo del primer semestre y el tono exacerbado y perentorio comenzaría a imponerse. En esta línea, manifestaban que “las subas por inflación parece que las tiene que sostener el campo” y alertaban por “la situación crítica” que la presión impositiva les generaba (SRA, 21/3/24). La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA),⁷ por su parte, emitió un comunicado dirigido a las autoridades provinciales que tituló de manera sugerente: “¿Por qué no prueban con racionalizar el gasto?”. El texto, muy a tono con el discurso del gobierno nacional, sostenía que “es la política la que debe ajustar. La capacidad de pago del productor está agotada por la voracidad fiscal de los gobiernos” (SRA, 21/3/24b).

Un segundo eje relativo a la cuestión tributaria fue la demanda de eliminación de los derechos de exportación, un reclamo recurrente del sector. En esta búsqueda, la SRA también llevó adelante una estrategia que intentó no confrontar con el gobierno nacional y se concentró en cambio en la búsqueda de adhesiones públicas en favor de la quita de retenciones, encontrando eco en varios gobernadores. Pino aprovechó además un encuentro de la CEEA con Diana Mondino, por entonces ministra de Relaciones Exteriores, para elevar el reclamo: “La Argentina está, increíblemente, perdiendo un montón de oportunidades en el mundo y debemos, tanto el sector público como el privado, apuntalar una estrategia conjunta para el bien no solo del sector, sino también de los argentinos”, tras lo cual aseguró que “para que esto suceda en un marco óptimo es necesario eliminar las retenciones y unificar el tipo de cambio” (SRA, 23/2/24).

La SRA también apoyó tres de las iniciativas más importantes del gobierno durante su primer año de gestión: la Ley Bases, el título laboral del DNU N°70/23 y el Pacto de Mayo. En favor de la primera se pronunció con motivo del paro nacional convocado por la CGT para el 24 de enero, señalando que “los reclamos de los trabajadores no deben caer en la maraña de la politización” (SRA, 24/1/24). Poco después se presentó junto con CONINAGRO y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa bajo la figura de amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que debía dictaminar acerca de la constitucionalidad del Título IV “Trabajo” del DNU (artículos 53 a 97), suspendido tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (SRA, 28/2/24).

Con relación al “Pacto de Mayo”, la corporación manifestó su expectativa de que comportara “un punto de inflexión” que “genere las bases rectoras para lo social, lo político y lo económico”, agregando que: “el campo tiene mucho para aportar ante este nuevo desafío, sabiendo que somos generadores de trabajo directo e indirecto en las provincias (…) y damos origen a las divisas genuinas que necesita la economía” (SRA, 4/3/24).

El apoyo de la entidad fue correspondido con una presencia significativa de los funcionarios del gobierno en las actividades de la institución durante los meses siguientes y una retórica personal del Presidente Milei que tuvo como lugar recurrente la reivindicación del modelo de desarrollo agroexportador, implementado entre circa 1880 y 1930, del cual el agro pampeano y la propia SRA fueron protagonistas. En su primera visita oficial al predio de La Rural, Milei declaró: “Claramente, mi presencia y mi visita a la Rural es una clara señal de apoyo a este sector, que es tan importante en la historia argentina y para el futuro del país”, extendiendo la promesa de eliminar el cepo, el impuesto PAÍS⁸ y las retenciones “para que el campo sea totalmente libre” (Casa Rosada, 24/5/24).

En ese clima, la Rural llegó a su gran evento anual, la 136° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. En la conferencia inaugural, que contó con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, Pino señaló: “No estamos ajenos a la situación que vive nuestra Argentina hoy. Nuestro sector la está pasando difícil con esos altibajos. Pero entendiendo que tenemos un Gobierno que solucionando la macroeconomía, como dice el Presidente, eso va a derramar sobre la microeconomía” (SRA, 18/7/24). A propósito de las retenciones, el secretario de la CRA, de Velazco, comentó, tras la visita de Luis Caputo a la Expo Rural: “entendemos que las retenciones tienen que agotarse con este gobierno. Esta administración va a pasar al bronce si elimina las retenciones dentro de su mandato. Tiene que llevarlas a nivel cero” (SRA, 25/7/24). El ministro de Economía, por su parte, enfatizó en el pedido de apoyo al sector: “estamos en un cambio histórico en la Argentina y le pedimos al campo que confíe” (Presidencia de la Nación, 23/7/24).

En cuanto a las expectativas relativas al discurso presidencial en el cierre del evento, el presidente de Federación Agraria, Elvio Guía, señaló que si bien el gobierno “está en la misma sintonía, nosotros necesitamos a corto plazo tener un cronograma en todo lo que es la parte impositiva” (Agrositio, 26/7/2024). El 28 de julio Nicolás Pino y Javier Milei clausuraron la exposición con sus respectivos discursos. Pino comenzó renovando el voto de confianza del sector hacia la gestión “desde una postura esperanzada, pero realista” y se limitó a exponer señalamientos y propuestas, evitando la confrontación: “Porque sentimos hoy que existe una actitud de respeto hacia la iniciativa responsable del productor del campo, no vamos a hablar en este momento desde la protesta”. Fundamentó esa postura considerando “una serie de movimientos positivos hacia políticas de Estado fundamentales” refiriéndose, sobre todo, a la Ley Bases y el Pacto de Mayo, y señalando algunas medidas en dirección a la apertura comercial como la eliminación de restricciones a la importación y a la exportación, la reducción de aranceles y la quita de retenciones al sector lácteo. No obstante lo cual manifestó que los productores estaban “atentos a ver si esos movimientos positivos continúan y se siguen concretando en otras medidas de gobierno”, en referencia al levantamiento del “cepo cambiario”: “Sr. Presidente: los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones”, recalcó enfáticamente (SRA, 28/7/24).

Sin embargo, continuando la estrategia que caracterizó la acción de la Rural en este primer año de administración del gobierno nacional, se mostró pronto a distribuir responsabilidades, una vez más dirigiendo la atención hacia los gobernadores. Milei respondió ante la interpelación recordando la principal prioridad de su gobierno, el equilibrio macroeconómico: “En el ínterin, hasta que podamos resolver las grandes cargas que el campo soporta, seguiremos avanzando sin pausa en nuestra agenda de desregulación y apertura comercial”. Reiteró además su compromiso de eliminar el “cepo” “una vez que la inflación se acerque al 0%”, y del Impuesto PAÍS en el mes de diciembre (Casa Rosada, 28/7/2024). De parte del gobierno, ese continuaría siendo el registro discursivo. Poco después, en el marco del 170º Aniversario de la Bolsa de Cereales, Caputo se comprometió a garantizar el orden macro y a terminar con “el impuesto más distorsivo de todos que es el inflacionario” (Presidencia de la Nación, 14/8/24).

En septiembre la Rural renovó autoridades y Nicolás Pino fue elegido al frente de la entidad por un segundo período (2024-2026). Pero el tenor de las demandas de la CEEA ante el gobierno nacional se volvió más urgente en un comunicado titulado “Los productores agropecuarios necesitamos medidas para bajar la carga fiscal”, elaborado luego de un encuentro de trabajo entre las cuatro entidades miembro. Allí destacaron una vez más la agenda sobre los derechos de exportación y concluyeron que: “Desde las entidades estamos seguros de que necesitamos medidas e incentivos en varias producciones, así como también un alivio fiscal en general, porque no puede persistir esta carga fiscal que nos asfixia” (SRA, 10/10/24).

Los posicionamientos públicos de la Mesa de Enlace como conjunto muestran indicios de una dinámica que se venía dando desde hace unos meses atrás, donde la SRA se mostraba más proclive a avalar al gobierno mientras que las otras entidades buscaban interpelarlo directamente. Ello quedó de manifiesto en una entrevista que los presidentes de las cuatro entidades dieron de manera conjunta ante La Nación. Bajo la premisa de trazar un balance de los primeros meses de gestión, Pino advirtió: “en ocho meses de gobierno no se puede cambiar casi veinte años” de “una forma de gobierno que buscaba, justamente, para gobernar tener un enemigo, y ese enemigo fue nuestro sector”, refiriéndose a las administraciones kirchneristas. Sin embargo, aprovechó para recordar que, en el medio, hubo un gobierno “que se mostró más amigable con el sector productivo”, refiriéndose al período de Mauricio Macri (2015-2019).⁹ Finalizó con un discurso muy alineado a la narrativa del gobierno nacional: “El productor argentino es un tipo castigado por el Estado. Bueno, esa ecuación cambió. Va a llevar tiempo” (Reinke, 21/8/2024).

Tratando de eludir cualquier evidencia de intersticios en la unidad del frente rural, los demás mandatarios se mostraron de acuerdo, pero coincidieron en señalar, como lo sintetizó Guía, que:

el gobierno habla de la misma manera y tiene el mismo objetivo que nosotros en el sentido de bajar la presión tributaria, algo que venimos hablando ya hace muchísimo tiempo. Esto como una cuestión positiva, que tenemos el mismo norte. El tema son, como dice Nicolás [Pino], los tiempos, que a medida que te alejás de la Pampa húmeda, del centro, los tiempos empiezan a cambiar. Y los tiempos acá tienen que ver con la necesidad del bolsillo, cuando tenés un bolsillo más grande podés tener más tiempo que cuando tenés un bolsillo más chico.

Además de las diferencias según el porte del capital, Laucirica, por su parte, tuvo en cuenta en su intervención a las heterogeneidades sectoriales de la actividad cuando manifestó:

Las producciones que están vinculadas a la exportación, principalmente la soja (que el 90% se exporta), la preocupación pasa por la brecha cambiaria (…). En el resto, que (…) el 80%, es para consumo interno, esto genera una situación muy complicada. Nosotros estamos viendo que hay una caída en el consumo sumamente importante y esto en las economías regionales está afectando mucho.

Evocando las palabras del Presidente de la Nación ante las tribunas de la Rural, Laucirica finalizó señalando, en relación con las promesas de disminución de impuestos cuando se alcanzara el equilibrio fiscal, que “necesitaríamos alguna señal mucho más importante porque ya estamos en inminente siembra y no todos están en la misma condición de poder aguantar” (Reinke, 21/08/2024). Esa señal llegaría en enero de 2025 con la baja de las retenciones a los principales cultivos y su eliminación para las economías regionales hasta junio de 2025.

LA UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA: DEL APOYO INICIAL A LAS TENSIONES POR LA APERTURA COMERCIAL

Las mencionadas heterogeneidades que evidenciamos en el agro afectan mucho más al sector industrial, lo que da cuenta de las ambivalencias de la acción corporativa de su corporación más importante, la UIA. A esto se sumó la relación distante que la cámara tuvo desde el inicio con el presidente de la Nación, intermediada en general por otros funcionarios. El primero de ellos fue Caputo, que en enero mantuvo un almuerzo con dirigentes de la entidad donde expuso su paquete de emergencia económica y se comprometió a “mantener el diálogo constante” (Presidencia de la Nación, 18/1/24).

A pesar de este trato distante, la UIA manifestó su apoyo al DNU N°70/2023, en tanto sostenía que la reforma laboral contenida en esta normativa tendría un impacto positivo para las pymes y contribuiría a la creación de empleo registrado. Ante la suspensión del capítulo de reforma laboral impuesto por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la entidad informó la formalización del pedido de presentación ante la Corte Suprema de Justicia para dar su apoyo a esta medida. Siguiendo el ejemplo de la entidad industrial, otras cámaras del agro, la industria y el comercio emitieron un comunicado en el que manifestaron su predisposición para presentarse como amicus curiae en la causa, así como más adelante lo haría la SRA. El gobierno agradeció este apoyo mediante un comunicado de prensa (Presidencia de la Nación, 20/01/2024).

En un comunicado emitido por la entidad en abril de 2024 se señalaba que las propuestas contenidas en el DNU coincidían con las iniciativas del “Libro Blanco” de la UIA, un documento institucional que recoge las principales iniciativas del sector para la política industrial, en particular las vinculadas al capítulo laboral, como “la eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral, “la creación de incentivos para el empleo formal”, y la disminución de la judicialización de conflictos laborales (UIA, 5/4/2024).

La postura de la UIA, sin embargo, no era ajena a la declinante situación del sector en los primeros meses de gobierno. Titulado “Caída del mercado interno y aumentos en los costos de producción”, el comunicado enfatizaba en la necesidad de instrumentar medidas laborales y tributarias, así como líneas de financiamiento y otro tipo de acciones “para amortiguar el impacto en las pymes y en las economías regionales ante un escenario recesivo”. En una línea similar, manifestaba su inquietud ante el “trato desigual para la industria” en relación con el pago de impuestos e insumos para la producción frente a los beneficios que reciben los importadores de productos terminados (UIA, 5/4/2024). El tono del reclamo no era de abierta confrontación, sino que la demanda se asoció discursivamente con el logro de las metas fiscales, monetarias y cambiarias del gobierno.

Con una estrategia similar a la de la SRA, la corporación industrial buscaba evitar críticas al gobierno nacional e identificar, en cambio, a los gobiernos provinciales como interlocutores de sus reclamos. Diego Coatz, director ejecutivo de la UIA, enfatizó en las consecuencias negativas de la “excesiva presión” sobre las posibilidades de competir en mercados internos y externos, al mismo tiempo que resaltó dos elementos fundamentales de la agenda de la UIA: “aliviar la presión impositiva” y “promover la simplificación tributaria”. En un sentido similar se manifestó el presidente de la entidad, Funes de Rioja, al afirmar que “Argentina necesita diseñar un sistema tributario que compatibilice los esfuerzos contributivos del sector industrial con la simplificación administrativa, la previsibilidad y la transparencia” (UIA, 10/4/2024).

Los datos del tercer informe de actividad industrial del Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA) ratificaron la preocupación por la caída de la actividad y, prospectivamente, el peso de las políticas implementadas sobre las pequeñas y medianas industrias. En este documento, los representantes de la Junta Directiva de la UIA solicitaron en carácter de “urgente” la implementación de medidas paliativas que permitiesen sostener la demanda, considerando “el impacto en la industria nacional de la apertura comercial sin antes bajar impuestos, los recientes aumentos de tarifas y la pérdida de empleo” (UIA, 26/4/2024).

En cuanto a las grandes iniciativas del PEN, la entidad ponderó la media sanción de la Ley Bases, sobre todo en lo relacionado al capítulo laboral, sin dejar de recalcar “la necesidad de generar una política industrial” ante la caída de la actividad (UIA, 24/5/24). Una postura similar sostuvo sobre el RIGI, al cual otorgó un apoyo propositivo buscando, además, sumar adhesiones dentro del arco político afín al oficialismo antes de interpelar directamente al Ejecutivo. Con este fin, los dirigentes de la UIA realizaron encuentros con diputados de los tres bloques mayoritarios del Congreso: Hacemos Coalición Federal (UIA, 12/4/24), el PRO y la UCR (UIA, 24/4/24). A todos ellos se les manifestó la necesidad de incorporar “incentivos al desarrollo de proveedores locales y las inversiones de empresas nacionales”, junto con “la creación de un RIGI para PyMES industriales”.

El RIGI despertaba ciertas inquietudes en torno al perjuicio que podría generar a los proveedores locales y se rumoreaba que la entidad lanzaría una propuesta de ley PyME si no se concretaba la promesa del Ejecutivo (Slucki, 15/5/2024). Es interesante observar el cambio en el registro discursivo, que mutó de “preocupaciones” a “pedidos”, tal como se titula el comunicado al que hacemos referencia (“Pedido de implementación de políticas para sostener la actividad”, 26/4/2024).

Sin embargo, la entidad decidió continuar con su política de no confrontación con el gobierno e incluso fortaleció los canales de diálogo con la gestión. En julio, Funes de Rioja y miembros de la Junta Directiva recibieron en su sede central a miembros del gabinete económico,¹⁰ tras la aprobación de la Ley Bases, con motivo de la reglamentación del RIGI. La corporación se ofreció incluso a “colaborar con la reglamentación” de la normativa, y el presidente de la entidad señaló la importancia de instrumentos de este tipo, pero volvió a advertir sobre la necesidad de que se “consoliden en un marco de igualdad de condiciones para la industria nacional”. Funes de Rioja aprovechó el encuentro para enfatizar en el rol del sector en la recuperación de la economía y señalar que, para ello, es necesario “reducir la carga fiscal. No pedimos privilegios, sino reducir las asimetrías mientras se recupera la actividad” (UIA, 2/7/2024).

Además de la reglamentación del RIGI, los funcionarios de gobierno confirmaron que se encontraban trabajando en la ley PyME. Los dirigentes industriales le hicieron llegar su propuesta, sistematizando los seis puntos del proyecto elaborado por sus equipos técnicos: “simplificación tributaria; creación de un régimen de incentivo a las inversiones PyME industriales complementario del RIGI; actualización automática de parámetros de categorización; herramientas para la internacionalización de las empresas; simplificación de la creación de nuevas empresas; y acceso a financiamiento” (UIA, 2/7/2024).

Según fuentes de la cámara industrial, las principales demandas del sector guardan relación con las dificultades de competitividad que atraviesan como resultado de la suba del costo de energía, del combustible, de logística, la persistencia de los saldos acumulados de IVA y la alta tasa de inflación. En este sentido, si bien valoraban positivamente las medidas del gobierno orientadas a su control, sostenían que la inflación continuaba generando pérdidas sistemáticas de capital y trabajo, en un contexto donde el crédito aún no se había reactivado. La mejora de la conectividad, la reducción de impuestos, la previsibilidad macro, el cumplimiento de reglas y la creación de una Ley PyME constituían, en este contexto, las principales demandas de la UIA para mejorar la competitividad del sector (representante UIA, noviembre 2024).

Con una agenda de demandas pendientes y un gobierno que proponía atender sus necesidades cuando las circunstancias así lo permitieran como antesala, el 2 de septiembre se desarrolló el acto por el Día de la Industria, el cual contó con la esperada presencia de Milei como uno de los principales oradores junto al presidente de la entidad. Acorde al estilo de soporte de las políticas implementadas por el gobierno, pero manifestando las demandas pendientes del sector, Funes de Rioja enfatizó en la relevancia de la estabilización de las condiciones macroeconómicas, al mismo tiempo que valoró la promesa de la ley PyME y solicitó se mejorasen los términos de competitividad de las industrias nacionales. También hubo valoraciones positivas sobre las principales iniciativas de la gestión, el Pacto de Mayo, la Ley Bases y el RIGI (UIA, 3/9/2024).

Reposando en haber engalanado su discurso ante los oídos de Milei, con una narrativa inicial afín al discurso del presidente, pródiga en citas a la Generación de 1880 y figuras del liberalismo mundial, el titular de la UIA eludió la confrontación, pero no la polémica sobre la cuestión de la apertura comercial, sobre la cual reiteró el pedido de condiciones de competencia equitativas: “La industria pretende un terreno equilibrado (...) frente a países que no exportan impuestos, que cuentan con infraestructura que permite ser eficientes y reducir costos, adecuados con regímenes laborales modernos (…). Hay que corregir las distorsiones y las asimetrías” (UIA, 2/9/2024).

Milei, por su parte, no esquivó la controversia y esbozó un discurso lapidario. Si bien el comunicado posterior de la cámara excluyó sus críticas, éstas tensionaron las relaciones con el sector industrial. En su alocución, que en ciertos tramos fue prácticamente idéntica a lo que había manifestado en la Expo Rural meses atrás, realizó una reconstrucción histórica del devenir del sector para enfatizar en el “mito” de que no pueden coexistir el desarrollo industrial y la explotación primario-exportadora. Según la lectura del presidente, fue la política de sustitución de importaciones que se implementó con posterioridad a la crisis de 1929 la responsable de subordinar a la industria a la “sobreprotección del Estado”:

Dijeron que era para industrializar el país, que había que ayudar a los sectores industriales a competir con las manufacturas importadas. Prometieron que, con el tiempo, lograrían competir de forma genuina, de igual a igual, y que así habría más y mejor trabajo. Pero -paradójicamente- se volvieron cada vez más dependientes del Estado, que -a su vez- dependía de las exportaciones agropecuarias para financiar todos esos beneficios. Se generó así, una relación de tutela viciosa, con el Estado, que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que -para proteger a la industria- se le robó al campo, y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado (Casa Rosada, 2/9/2024).

El segundo “mito” al que refirió fue aquel que sostiene que “la libertad de la economía es perniciosa para el desarrollo industrial”. “¿Esto quiere decir que todos van a ganar?”, se preguntó de manera retórica: “No, porque eso sería mentir”, y citando el concepto de destrucción creativa de Schumpeter, lanzó una diatriba: “Muchos han disfrutado por demasiado tiempo del beneplácito que el conjunto de los argentinos les dio en subsidios, exenciones y aranceles a la competencia. Tuvieron décadas de cazar en el zoológico, amparados en el cuento de preparar su matriz productiva”. Milei aprovechó la oportunidad para destacar la disminución en diez puntos del Impuesto PAÍS y prometió que en el mes de diciembre lo eliminaría, lo que concretó mediante la no renovación de lo dispuesto en la Ley N°27.541. En relación con el tamaño y las funciones del Estado, otra de las frases que tuvo repercusiones en el ámbito político y mediático fue la afirmación del presidente de que “vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo de ustedes” (Casa Rosada, 2/9/2024). La posición de la cámara industrial sobre el desplazamiento del Estado de injerencias vinculadas a la actividad económica, sería en términos generales de apoyo, si bien enfatizaron en la necesidad de intervención para garantizar las condiciones que la industria necesita para competir (representante UIA, entrevista, noviembre 2024).

La respuesta de Funes de Rioja se dio por fuera de los canales institucionales, en una entrevista radial: “No somos los victimarios, somos víctimas. Somos víctimas como ha sido toda la economía argentina” (Infobae, 3/9/2024). El representante de la cámara entrevistado para esta investigación vinculó las palabras de Milei con la inexistencia de una política industrial orientada por el Estado, lo que se traduce en un discurso que “no es muy pro-industria”, como evidenciaron durante la visita presidencial: “No fue una sensación, fue muy directo” (entrevista, noviembre 2024). Incluso tras el ataque al sector industrial, el líder de la cámara decidió evitar la confrontación con el gobierno y reiteró los perjuicios que generaban la alta presión fiscal, los elevados costos de logística y las dificultades para importar insumos.

En octubre continuaron los reclamos de los industriales por la implementación de políticas que procurasen dotar de competitividad al sector (UIA, 16/10/2024). El día en que la gestión libertaria cumplía un año al frente del gobierno, la UIA emitió un comunicado en el que sintetizó los problemas pendientes del sector que erosionaban su capacidad de competir, entre los que destacaba la “elevada presión tributaria” generada por la “acumulación de saldos a favor de impuestos nacionales y provinciales” y la creación de nuevas tasas (UIA, 10/12/2024). En este comunicado la entidad enfatizaba en la necesidad de generar mecanismos para reducir los costos administrativos y financieros de la industria, demandas que en el primer año de Milei no fueron atendidas.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras: entre el apoyo al rumbo económico y la demanda de estabilidad para las inversiones

La CAEM también mostró inicialmente su apoyo al gobierno de La Libertad Avanza. A pocos días de su victoria, emitió un comunicado felicitando al presidente, apoyando la nueva gestión y posicionando a la minería como “un sector clave” en el proceso de recuperación económica, tanto en referencia a la generación de divisas como a la creación de puestos de trabajo. En el documento se señalaba el enorme potencial de este sector, para lo cual, no obstante, expresaban la necesidad de construir “un marco país capaz de brindar certezas básicas, tales como el respeto por las leyes vigentes, la libre disponibilidad de divisas y el libre acceso a las importaciones con fines productivos” (CAEM, 22/11/2023). Las demandas por mayor seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica constituyen los principales reclamos históricos de los empresarios mineros (CAEM, 1/12/2023) que, con la llegada de Milei al poder, encontraron afinidad con un programa de gobierno cuyas prioridades transitan en esa misma dirección.

Fuentes de la entidad entrevistadas para esta investigación coincidieron en “la enorme expectativa que hay respecto al sector minero como parte casi de la salvación de la Argentina”. Sin embargo, señalaban que “todavía la realidad no condice con esa expectativa”, particularmente si se atiende a las heterogeneidades de los sectores nucleados en la cámara. La minería para la construcción – industrial –, fuertemente perjudicada por la paralización de la obra pública, evidenciaba una disminución de la producción cercana al 50%; mientras que la minería actualmente existente (oro y plata) reflejaba una marcada caída en volúmenes de producción desde el año 2018. La “promesa”, señalaban, se encontraba en los proyectos de litio y cobre, si bien esta expectativa no se concretaba en inversiones (entrevista, noviembre 2024).

Durante los primeros meses de gobierno, la postura de la CAEM fue de expectación. Al ser consultado sobre el DNU N°70/2023, el presidente de la entidad, Roberto Cacciola, reiteró la gran expectativa que le generaba la “voluntad de cambio” y expresó la confianza en que el gobierno atendería los desequilibrios macroeconómicos que, en sus palabras, atentan contra la captación de inversión extranjera (La Opinión Austral, 3/2/2024). En marzo, cuando el presidente anunció la convocatoria al Pacto de Mayo, la entidad emitió otro comunicado en apoyo a esta iniciativa. En esta ocasión, hizo hincapié en la necesidad de consolidar “principios rectores que guíen el desarrollo social, productivo y económico del país”, señalando, asimismo, la importancia de gestar acuerdos que trasciendan un período de gobierno y refuercen las garantías en materia legal, fiscal, impositiva y económica (CAEM, 4/3/2024).

En abril se produjo un acercamiento entre la CAEM y el secretario de Minería, Luis Lucero. La cámara plasmó el resultado de estos encuentros en un comunicado con un sugerente título: “CAEM y la Secretaría de Minería avanzan con agenda conjunta”. A partir de entonces, el tono discursivo de las comunicaciones de la cámara minera trascendería de la expectación al abierto apoyo de las medidas gubernamentales. El comunicado hizo hincapié en la importancia del RIGI para incentivar la exploración, tanto para proyectos nuevos (cobre, litio) como para extender la vida útil de los existentes (oro, plata) (CAEM, 18/4/2024). Durante este mes, la cámara anunciaría la creación del departamento de minería dentro de la UIA a partir de intercambios que ambas corporaciones mantenían desde hace algunos años, lo que denotaba, por un lado, el fuerte posicionamiento del sector minero entre el empresariado nacional y, por el otro, su intención de fortalecer la cadena de proveedores locales, un punto sobre el cual la UIA haría gran hincapié debido al perjuicio que podrían generar los incentivos a las importaciones de productos terminados sobre estos actores.

A propósito del tratamiento legislativo de la Ley Bases durante el mes de mayo, la CAEM emitió otro comunicado apoyando el RIGI, al que caracterizó como “una herramienta esencial para que el país pueda poner en marcha la producción minera y de otros sectores estratégicos, al generar un marco de certidumbre”. Al respecto, señalaron tres puntos claves del régimen de grandes inversiones relacionados con las demandas del sector. El primero de ellos señalaba la importancia de la ley para la concreción de las inversiones para grandes proyectos de oro, plata, cobre y litio. El RIGI era considerado en este sentido como un instrumento fundamental para lograr la competitividad a nivel nacional que, además, resultaba coincidente con el diagnóstico de la cámara respecto de las necesidades del sector (representante CAEM, entrevista, noviembre 2024).

El segundo punto se vinculaba con los proveedores locales, respecto de lo cual manifestaron que “el RIGI traerá desarrollo y crecimiento a los proveedores” y la generación de empleos repercutiría positivamente en las provincias y las economías regionales. El desarrollo de proveedores locales se ligaba, desde la postura de la CAEM, con la mejora de los términos de competitividad, dado el incremento de costos que genera la importación de insumos desde el exterior (representante CAEM, entrevista, noviembre 2024).

El tercer punto se refería a la industria nacional, bajo la concepción de que “una industria minera fuerte es la base de un abanico de pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena productiva”. Según la lectura de la cámara, el RIGI permitiría la “puesta en marcha de grandes proyectos”, con intervención de la industria de la construcción.

Como argentinos, consideramos que el RIGI generará beneficios para nuestro país, en un momento tan crítico como el actual y permitirá un crecimiento ordenado y constante en las próximas décadas. Sabemos la importancia de la industria local y la única forma de defenderla es poniendo en marcha los grandes motores de la Argentina, entre los cuales la minería tiene un rol estratégico (CAEM, 13/5/2024).

El 7 de mayo el sector celebró el Día de la Industria Minera. En su discurso, el presidente de la CAEM se refirió a los minerales vinculados con el sector de la construcción, esbozando una crítica a la paralización de la obra pública llevada a cabo por el gobierno nacional. Estos minerales industriales que “están experimentando una brusca caída de su demanda debido fundamentalmente a la paralización de la obra pública”, a pesar de que no tienen una participación significativa en las exportaciones, permiten “sustituir importaciones en el orden de 4.000 millones de dólares anuales” y resultan “imprescindibles para la construcción de los proyectos de litio que se encuentran en proceso y los de cobre que esperamos se concreten” (CAEM, 10/5/2024).

Desde la postura del gobierno, la minería constituye un sector estratégico para el crecimiento de la economía. En su discurso por el Día de la Industria Minera, el secretario de minería sostuvo que el actual gobierno se comprometía a flexibilizar la actual legislación atinente al sector, a la que calificó de “restrictiva”: “Debemos tomar esta oportunidad para cambiar el paradigma de las discusiones públicas sobre la minería y muy en particular sobre la existencia todavía de legislación que adopta la simplista y costosa solución de la prohibición” (Energía Online, 10/5/2024).

El apoyo al RIGI desde la CAEM sería aún más explícito en los siguientes comunicados en los que se enfatizó en su capacidad de “construir confianza” para concretar la llegada de las inversiones. Cacciola aprovechó la creciente relevancia pública de la minería para enfatizar en seis ejes que articulaban las necesidades del sector con los beneficios del régimen propuesto. El primero apuntaba a la necesidad de “analizar la carga impositiva competitiva”, remarcando que Argentina, en comparación con países de la región como Chile o Perú con un histórico peso en el rubro, tiene una alta carga tributaria. El segundo sostenía que no debían existir retenciones para las nuevas inversiones, el tercero refería a la necesidad de lograr estabilidad fiscal, mientras que el cuarto apuntaba a la libre disponibilidad de divisas para los inversores. En el quinto punto se hacía referencia al incumplimiento histórico del país en materia de normativas, a lo que se refería como un “prontuario” que dificultaba la decisión de los inversores de radicarse en Argentina. Y, finalmente, el sexto punto señalaba la necesidad de recuperar el IVA para los inversores en plazos más cortos que los actualmente existentes. Respecto de los proveedores locales, Cacciola destacó el trabajo conjunto con la UIA para garantizar la priorización de las empresas nacionales, y de no ser posible, la exención de aranceles a la importación de insumos (CAEM, 27/5/2024).

La propuesta de incrementar el porcentaje de regalías vigente en la Ley de Inversiones Mineras (N°24.196) que se difundió durante las negociaciones llevadas a cabo en el Congreso por la Ley Bases en el mes de mayo, motivó la intervención de la cámara minera con un nuevo comunicado, cuyo tono adoptó el carácter de advertencia, no al gobierno nacional, sino a los legisladores: “advertimos que una suba en el porcentaje de las regalías es un contrasentido y supone un retroceso en el camino hasta aquí transitado con el propósito de generar condiciones de mayor competitividad para el país”¹¹ (CAEM, 31/5/2024). El documento aseguraba que incrementar la carga impositiva perjudicaría la potencial llegada de inversiones: “Más impuestos, menos competitividad, menos inversiones”, tanto para los proyectos de oro y plata, como los de litio y cobre.

La inversión en minería en la Argentina no ha crecido por dos motivos fundamentales: falta de confianza y de competitividad. Frente a esto, el RIGI se muestra como una opción clave para motorizar la industria minera, especialmente los grandes proyectos de cobre. Entendemos que el RIGI apunta en el sentido correcto, y por ello nos preocupa que una medida tan largamente esperada quede diluida al ser acompañada de un proyecto que avanza en sentido contrario. Debe entenderse que, aún con los beneficios del RIGI, apenas se lograría equiparar las condiciones que ofrecen nuestros países vecinos, en condiciones de mayor estabilidad. Confiamos en que el Poder Legislativo podrá analizar el escenario completo y las decisiones se tomen con miras al futuro¹² (CAEM, 31/5/2024).

Si bien con el RIGI se lograba una mejora de la competitividad en materia tributaria, la CAEM insistía en que las principales dificultades se derivaban de la falta de estabilidad económica del país:

Con eso solucionado no significa que las empresas (…) decidan invertir porque la otra pata de esa decisión es si esas condiciones son sostenibles en el tiempo. Porque Argentina tiene una historia de incumplimiento de contratos (…). Y el diagnóstico de eso está vinculado con el proceso de inestabilidad económica. Entonces, la siguiente señal es que se estabilice la economía y que eso se vislumbre sostenible en el tiempo (…). No alcanza con sacar la ley si la inflación está en 200% anual, no alcanza la recaudación, hay déficit fiscal (representante CAEM, entrevista, noviembre 2024).

A fines de julio, con la Ley Bases aprobada y su capítulo de grandes inversiones en proceso de reglamentación, la CAEM emitió un nuevo comunicado instando a las provincias a adherirse al RIGI. Allí se reiteraba el rol del régimen en la recuperación de la confianza en el país por parte de los inversores y la mejora de los términos de competitividad regional, dotando de “previsibilidad en materia cambiaria, seguridad jurídica, marco tributario competitivo” (CAEM, 29/7/2024).

Sobre la cuestión de la protección de los proveedores locales, en octubre se difundió un documento titulado “Políticas de desarrollo de proveedores. Posicionamiento de la CAEM”, en donde se sistematizaron cinco aspectos a considerar para su fortalecimiento: “PRIORIZAR Y PROMOVER a las empresas locales, evitando PRIVILEGIAR,¹³ generando distorsiones que dañan a la industria”; considerar dentro a proveedores de todos los niveles (regionales, provinciales y nacionales); el trabajo conjunto entre las empresas mineras, las organizaciones locales y el gobierno para que las pymes sean competitivas en la provisión de insumos para la minería; el alcance de las políticas de desarrollo local a todas las industrias; y la elección de proveedores extranjeros sólo cuando la industria nacional no fuera capaz de cubrir la demanda (CAEM, 25/10/2024).

Más allá de la Ley Bases y su esperado RIGI, al cumplirse el primer año de gobierno los empresarios mineros continuaban reclamando el cumplimiento de la totalidad de sus demandas. Así lo expuso Cacciola al sostener que el sector celebraba la mejora de los términos de competitividad brindada por el régimen de incentivos, pero señalaba que los desafíos pendientes, como la falta de incentivos para proyectos de inversión en oro y plata, principales exportaciones del sector, que evidenciaron una notoria caída durante 2024, no eran menores (Salta Mining, 4/12/2024). Las necesidades de infraestructura también aparecieron como una demanda pendiente respecto de grandes proyectos productivos. Aquí resurgió la tensión en torno a quién debía responsabilizarse por su ejecución: mientras que el gobierno continuaba esquivando el asunto escudándose en el sostenimiento del déficit fiscal cero y la reducción de la intervención estatal, la cámara sostenía que, de mínima, el Estado debía desempeñar un rol de coordinación (representante CAEM, entrevista, noviembre 2024).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Para el gran empresariado, el proyecto de La Libertad Avanza representa el cumplimiento de una agenda de demandas de largo aliento que fue conformándose ante el intento del gobierno de Cristina Fernández de impulsar un mayor intervencionismo económico. Nucleado en la AEA (Castellani y Gaggero, 2017), la élite empresarial confluyó en tres demandas: 1) la apertura económica; 2) el impulso al negocio energético; y 3) la reducción del costo fiscal, laboral y logístico (Cantamutto, entrevista, noviembre 2024). El gobierno de Cambiemos, cuya política estuvo signada por el ajuste de la economía y el renovado ciclo de endeudamiento externo del sector público (Cantamutto y Schorr, 2016), intentó representar estas demandas, si bien, como señala Cantamutto, sólo logró avances en torno al primer punto y parcialmente en el segundo. Durante el primer año de gobierno de Javier Milei se logró avanzar en la profundización del negocio energético y en la reducción de los costos laborales y fiscales. Dentro de estas transformaciones, el RIGI -con las exenciones impositivas que ofrece a los grandes inversores-, la flexibilización laboral contenida en la Ley Bases, la reforma fiscal y el blanqueo de capitales constituyen concesiones al poder económico en su conjunto (entrevista, noviembre 2024).

Ahora bien, ¿cómo se posicionaron las principales cámaras empresarias frente a las políticas públicas implementadas por el gobierno libertario? ¿cuáles fueron las demandas presentadas por cada sector económico y cómo puede tipificarse su acción política? Durante el primer año de gobierno de La Libertad Avanza identificamos tres conjuntos principales de demandas formuladas por el empresariado: 1) aquellas vinculadas al ajuste fiscal y la reducción de la presión tributaria; 2) aquellas vinculadas a la denominada competitividad sistémica, relacionada con los costos laboral y logístico y, por extensión, a la realización de obras de infraestructura que permitan los proyectos productivos; y 3) aquellas vinculadas a los controles sobre el comercio exterior y la apertura del mercado.

Consideramos que las entidades de cúpulas, la AEA y el G6, debido a su abstención de incidir en cuestiones sectoriales, y el sector agropecuario representado por la SRA en virtud de su competitividad externa, se han centrado en el primer tipo, que denominamos “laissez-faire”. Aunque sin duda evidencia acuerdos con las demandas de “laissez-faire”, la CAEM ha solicitado no solamente estabilidad monetaria y comercial para la maduración de inversiones de alto riesgo, sino también la realización de obras de infraestructura para desarrollo productivo de una actividad aún incipiente, de manera tal que se ubican en el orden de la “promoción”. La UIA, finalmente, no sólo realizó reclamos que se ubican en los dos primeros niveles, sino que, además, dada su heterogeneidad interna y las diferencias de competitividad entre los rubros que representa, se opone a una apertura irrestricta, por lo que podemos inferir que demanda algún grado de “protección” en materia comercial.

La variable de las demandas se vincula con las otras dos, las consideraciones generales de las corporaciones sobre el rol y las funciones del Estado y el mercado y su posicionamiento respecto de las medidas macroeconómicas y políticas adoptadas por el gobierno, lo que nos permite mensurar el grado de apoyo otorgado en este primer año de gestión e identificar sus motivaciones más importantes. De esta manera, podemos decir que la AEA y el Grupo de los 6 han manifestado a lo largo de este año un apoyo “vehemente”, motivado tanto por la afinidad ideológica que comparte con el gobierno como por la política pública implementada por éste.

La SRA exhibe un apoyo que caracterizamos como “expectante”, de la misma manera que la CAEM, aunque por motivos diversos. En el primer caso, el voto de confianza otorgado a la gestión de Milei se vincula más a la afinidad ideológica del empresariado del sector, históricamente partidario del laissez-faire, que a las medidas implementadas por el gobierno, sobre todo, en materia de derechos de exportación, demanda que no fue atendida durante el primer año de gestión. Diferente es el caso de la CAEM, cuya expectativa radica en la complementación de medidas ya implementadas por el gobierno, con el cual no obstante no necesariamente comparte una visión ideológica análoga acerca del rol y las funciones que le caben al Estado respecto del mercado. En este sentido, aunque su postura en este aspecto es más cercana a la de la UIA, la diferencian de la patronal industrial su carácter sectorial y, por ende, su mayor homogeneidad interna, y la -aún potencial- competitividad externa del rubro que representa. Por último, la UIA ha mostrado un apoyo vacilante que se ha ido deteriorando a lo largo del año, tanto por la tensa relación personal que mantuvo con el presidente de la Nación, cuyas diferencias ideológicas se manifestaron claramente en su visita a la entidad, como en virtud del sesgo anti industrial de su proyecto de desarrollo.

El análisis de los comportamientos públicos de las principales cámaras empresariales durante el primer año de gobierno de La Libertad Avanza nos permitió identificar sus principales demandas, así como sus posicionamientos frente a las medidas implementadas, infiriendo el poder de veto de cada sector frente al rumbo macroeconómico propuesto. Así, mientras que es posible deducir que las entidades agropecuarias mantienen un poder decisorio sobre las disposiciones del gobierno por el rol de la actividad como proveedora de divisas, y el sector minero se posiciona como un actor de relevancia en el escenario de transición energética que el gobierno pretende consolidar en el país con el incentivo a grandes inversiones en megaproyectos extractivistas, el industrial, principal perjudicado por las medidas aperturistas, se posiciona como una fracción cuyas demandas quedan relegadas al eventual derrame de las políticas de estabilización macroeconómica y la reducción de costos, fundamentalmente a partir de la flexibilización de las contrataciones laborales. El gran empresariado, finalmente, acompaña al gobierno tanto en virtud de su afinidad ideológica como de su vocación por dar cumplimiento efectivo a su agenda de demandas no sectoriales.

Un conocimiento más exhaustivo de estas posturas exigirá el seguimiento de la acción corporativa de las entidades analizadas en el devenir de los siguientes años de gobierno, observando cambios y continuidades en la relación élites económicas-Estado que dependerán de los avatares de la realidad política y económica del país.

REFERENCIAS

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• CAMPOS, I. W.; ARROYO, M. A força do empresariado no Brasil e na Argentina. Lua Nova, [s.l.], v. 44, n. 98, p. 165-190, 1998.
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• CASA ROSADA. Palabras del Presidente Javier Milei en La Rural. 24 maio 2024. Disponível em: https://bit.ly/4heJLuk
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• CASA ROSADA. Se firmó el Pacto de Mayo. 9 jul. 2024. Disponível em: https://bit.ly/4hE3Hqa
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• CASA ROSADA. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en el acto por el Día de la Industria. 2 set. 2024. Disponível em: https://bit.ly/3EjH1gM
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• EL INTRANSIGENTE. El G6 contradice a Javier Milei. 23 out. 2024. Disponível em: https://bit.ly/4goehAX
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• EL OBSERVADOR. Apoyo a Milei por parte de cámaras empresarias. 22 mar. 2024. Disponível em: https.bit.ly/4heIJys
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• KULFAS, M. Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina, 2003-2015. Buenos Aires: Siglo XXI, 2016.
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• LA OPINIÓN AUSTRAL. Roberto Cacciola: "Santa Cruz necesita incrementar la exploración minera". 3 jan. 2024. Disponível em: https://bit.ly/4aHYxYa
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• PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Luis Caputo se reunió con la Unión Industrial Argentina. 18 jan. 2024. Disponível em: https://bit.ly/3WHazva
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• PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. DNU: el Gobierno agradece el apoyo de distintas cámaras empresarias. 20 jan. 2024. Disponível em: https://bit.ly/4gpO8S9
  » https://bit.ly/4gpO8S9
• PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Luis Caputo visitó la Expo Rural y se reunió con la Mesa de Enlace. 23 jul. 2024. Disponível em: https://bit.ly/3WG7xqS
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• PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Luis Caputo: "Estamos terminando con el impuesto más distorsivo de todos que es el inflacionario". 14 ago. 2024. Disponível em: https://bit.ly/40UZj0x
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• REINKE, M. La Mesa de Enlace dijo que el campo tiene "el mismo norte" que Milei, pero dejó un reclamo urgente. La Nación, 21 ago. 2024. Disponível em: https://bit.ly/4hy3PIx
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• SALAS-PORRAS, A. Las élites neoliberales en México. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, [s.l.], v. 59, n. 222, p. 279-312, 2014.
• SALTA MINING. Roberto Cacciola: "Faltan estímulos para nuevas inversiones en exploración de oro y plata". 4 dez. 2024. Disponível em: https://bit.ly/42ANGgu
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• SLUCKI, J. La UIA, de apoyar el DNU de Milei a la preocupación por la Ley Bases. El Destape, 15 maio 2024. Disponível em: https://bit.ly/4glH3C7
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• SOTO, A.; GARAY VEGA, C. Gremialismo empresarial en Chile. Anuario CEEED, [s.l.], n. 22, 2024.
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• WINTERS, J. A. Oligarchy. [s.l.]: Cambridge University Press, 2011.
• WRIGHT MILLS, C. La élite del poder. [s.l.]: Fondo de Cultura Económica, 1956.

COMUNICADOS DE LAS CÁMARAS

• AEA. AEA felicita al presidente electo Javier Milei. 19/11/2023. Disponible en: https://www.aeanet.net/prensa/Felicitaciones_al_Presidente_electo_20_11_23.pdf
  » https://www.aeanet.net/prensa/Felicitaciones_al_Presidente_electo_20_11_23.pdf
• AEA. Una oportunidad histórica. 21/12/2023. Disponible en: https://www.aeanet.net/prensa/Una_oportunidad_hist%C3%B3rica_21_Diciembre_2023.pdf
  » https://www.aeanet.net/prensa/Una_oportunidad_hist%C3%B3rica_21_Diciembre_2023.pdf
• AEA. Un paso muy importante. 3/2/2024. Disponible en: https://www.aeanet.net/prensa/AEA_Un_paso_muy_importante_3_2_2024.pdf
  » https://www.aeanet.net/prensa/AEA_Un_paso_muy_importante_3_2_2024.pdf
• AEA. El Pacto de Mayo: un paso muy positivo. 4/3/2024. Disponible en: https://www.aeanet.net/prensa/AEA_El_Pacto_de_Mayo_Un_paso_muy_positivo.pdf
  » https://www.aeanet.net/prensa/AEA_El_Pacto_de_Mayo_Un_paso_muy_positivo.pdf
• AEA. Encuentro de AEA con el jefe de gabinete Dr. Guillermo Francos. 16/7/2024. Disponible en: https://www.aeanet.net/prensa/Encuentro_de_AEA_con_el_Jefe_de_Gabinete_Guillermo_Francos_16_de_julio.pdf
  » https://www.aeanet.net/prensa/Encuentro_de_AEA_con_el_Jefe_de_Gabinete_Guillermo_Francos_16_de_julio.pdf
• CAEM. Mensaje de la CAEM al presidente electo. 22/11/2023. Disponible en: https://x.com/camaramineraarg/status/1727309811614917080/photo/1
  » https://x.com/camaramineraarg/status/1727309811614917080/photo/1
• CAEM. CAEM en "Argentina Oro, Plata y Cobre": las necesidades para transformar potencial en realidad. 1/12/2023. Disponible en: https://caem.com.ar/caem-en-argentina-oro-plata-y-cobre-las-necesidades-para-transformar-potencial-en-realidad/
  » https://caem.com.ar/caem-en-argentina-oro-plata-y-cobre-las-necesidades-para-transformar-potencial-en-realidad/
• CAEM. Apoyamos el llamado al Pacto de Mayo. 4/3/2024. Disponible en: https://caem.com.ar/pactodemayo/
  » https://caem.com.ar/pactodemayo/
• CAEM. CAEM y la Secretaría de Minería avanzan con agenda conjunta. 18/4/2024. Disponible en: https://caem.com.ar/caem-y-la-secretaria-de-mineria-avanzan-con-agenda-conjunta/
  » https://caem.com.ar/caem-y-la-secretaria-de-mineria-avanzan-con-agenda-conjunta/
• CAEM. Cacciola: "La minería contribuirá efectivamente al despegue de la economía". 10/5/2024. Disponible en: https://caem.com.ar/cacciola-la-mineria-contribuira-efectivamente-al-despegue-de-la-economia/
  » https://caem.com.ar/cacciola-la-mineria-contribuira-efectivamente-al-despegue-de-la-economia/
• CAEM. RIGI: Más minería, más proveedores mineros y más empleo. 13/5/2024. Disponible en: https://caem.com.ar/rigi/
  » https://caem.com.ar/rigi/
• CAEM. Cacciola: "No tenemos posibilidad de construir confianza si no marcamos nuevas reglas". 27/5/2024. Disponible en: https://caem.com.ar/cacciola-no-tenemos-posibilidad-de-construir-confianza-si-no-marcamos-nuevas-reglas/
  » https://caem.com.ar/cacciola-no-tenemos-posibilidad-de-construir-confianza-si-no-marcamos-nuevas-reglas/
• CAEM. La propuesta de suba de las regalías atenta contra el espíritu inicial de la Ley de Bases y el RIGI. 31/5/2024. Disponible en: https://caem.com.ar/regalias/
  » https://caem.com.ar/regalias/
• CAEM. RIGI: Un impulso necesario para consolidar inversiones mineras. 29/7/2024. Disponible en: https://caem.com.ar/adhesiones-rigi/
  » https://caem.com.ar/adhesiones-rigi/
• CAEM. Políticas de desarrollo de proveedores. Posicionamiento de la CAEM. (25/10/2024). Disponible en: https://caem.com.ar/posicionamiento-de-caem-sobre-politicas-de-desarrollo-de-proveedores/
  » https://caem.com.ar/posicionamiento-de-caem-sobre-politicas-de-desarrollo-de-proveedores/
• SRA. El ajuste también lo tiene que pagar la política. 27/12/2023. Disponible en: http://bit.ly/41awMEq
  » http://bit.ly/41awMEq
• SRA. La SRA presente en la asunción del presidente Javier Milei. 28/12/2023. Disponible en: https://bit.ly/3QeiFYv
  » https://bit.ly/3QeiFYv
• SRA. Los productores elegimos no hacer paro. 28/1/2024. Disponible en: https://bit.ly/3ExpnWZ
  » https://bit.ly/3ExpnWZ
• SRA. "Creemos que hay una nueva oportunidad para abrirnos al mundo". 23/2/2024. Disponible en: https://bit.ly/3WTV56U
  » https://bit.ly/3WTV56U
• SRA. CAME, SRA y CONINAGRO se presentaron en la Corte Suprema como amicus curiae por modernización laboral contemplada en el DNU. 28/2/2024. Disponible en: https://bit.ly/4gwhrmd
  » https://bit.ly/4gwhrmd
• SRA. 4/3/2024. Declaración de la SRA. Disponible en: http://bit.ly/42OKqOM
  » http://bit.ly/42OKqOM
• SRA. Los productores bonaerenses estamos en una situación crítica". 21/3/2024. Disponible en: https://bit.ly/4hUUSsy
  » https://bit.ly/4hUUSsy
• SRA. ¿Por qué no prueban con racionalizar el gasto? 21/3/2024b. Disponible en: https://bit.ly/4jLJJMa
  » https://bit.ly/4jLJJMa
• SRA. La Mesa de Enlace Bonaerense se reunió con legisladores de distintas fuerzas políticas por el inmobiliario rural. 25/4/2024. Disponible en: https://bit.ly/4hUasV2
  » https://bit.ly/4hUasV2
• SRA. Comenzó la exposición rural. 18/7/2024. Disponible en: https://bit.ly/3EzcT0Y
  » https://bit.ly/3EzcT0Y
• SRA. Las comisiones de Granos, de Carnes y de Lechería de la SRA compartieron el pedido de previsibilidad, reglas claras y quita de retenciones. 23/7/2024. Disponible en: http://bit.ly/4jSauyE
  » http://bit.ly/4jSauyE
• SRA. Discurso Nicolás Pino. Acto. Acto de inauguración de la 136° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. 28/7/2024. Disponible en: https://bit.ly/4jSaJK4
  » https://bit.ly/4jSaJK4
• SRA. Los productores agropecuarios necesitamos medidas para bajar la carga fiscal. 10/10/2024. Disponible en: https://bit.ly/3EBaH9q
  » https://bit.ly/3EBaH9q
• UIA. Caída del mercado interno y aumentos en los costos de producción. 5/4/2024. Disponible en: https://www.uia.org.ar/prensa/4077/
  » https://www.uia.org.ar/prensa/4077/
• UIA. Los saldos a favor de ingresos brutos ya superan los 500 millones por empresa. 10/4/2024. Disponible en: https://uia.org.ar/notas/los-saldos-a-favor-de-ingresos-brutos-ya-superan-los-500-millones-por-empresa/
  » https://uia.org.ar/notas/los-saldos-a-favor-de-ingresos-brutos-ya-superan-los-500-millones-por-empresa/
• UIA. Encuentro con Diputados de Hacemos Coalición Federal. 12/4/2024. Disponible en: https://www.uia.org.ar/prensa/4080/
  » https://www.uia.org.ar/prensa/4080/
• UIA. La UIA recibió a diputados de la UCR. 24/4/2024. Disponible en: https://www.uia.org.ar/prensa/4084/
  » https://www.uia.org.ar/prensa/4084/
• UIA. LA UIA realizó su consejo general en Mendoza. Disponible en: https://www.uia.org.ar/prensa/4089/
  » https://www.uia.org.ar/prensa/4089/
• UIA. Pedido de implementación de políticas para sostener la actividad. 26/4/2024. Disponible en: https://www.uia.org.ar/prensa/4085/
  » https://www.uia.org.ar/prensa/4085/
• UIA. La UIA recibió a los principales integrantes del gabinete económico. 2/7/2024. Disponible en: https://uia.org.ar/prensa/4093/
  » https://uia.org.ar/prensa/4093/
• UIA. Día de la Industria. 3/9/2024. Disponible en: https://www.uia.org.ar/general/689/dia-de-la-industria/
  » https://www.uia.org.ar/general/689/dia-de-la-industria/
• UIA. Costo argentino: elementos clave para lograr competitividad. 16/10/2024. Disponible en: https://www.uia.org.ar/prensa/4118/
  » https://www.uia.org.ar/prensa/4118/
• UIA. Presión tributaria, saldos a favor y problemas de competitividad. 10/12/2024. Disponible en: https://www.uia.org.ar/politica-tributaria/4125/presion-tributaria-saldos-a-favor-y-problemas-de-competitividad/
  » https://www.uia.org.ar/politica-tributaria/4125/presion-tributaria-saldos-a-favor-y-problemas-de-competitividad/

• 1
  La AEA está compuesta por representantes de los principales grupos económicos de la Argentina: Arcor, Techint, Clarín, Laboratorios Bagó, Supermercados Coto, Grupo Modena, La Anónima, Grupo Pérez Companc, Grimoldi, IRSA, La Nación, SIDUS, BGH, Southern Cross Group, Mercado Libre, Pan American Energy Group, Droguería del Sud, Globant, Ledesma, AdecoAgro, Álvarez Arguelles Hoteles y Santander Río.
• 2
  El DNU N°70/2023 fue sancionado el 20/12 y dispuso, en rigor de la “situación e inédita gravedad”, una reforma integral del Estado (cuantitativa, en términos de reducción de la planta existente y cualitativa, mediante una reorientación de sus funciones) y la desregulación de la economía para garantizar “el libre funcionamiento de los mercados” mediante la eliminación de controles estatales, ajuste fiscal, control de la inflación y una mayor inserción en el comercio internacional.
• 3
  La Ley Bases fue presentada por el elenco gobernante como la piedra fundacional del proyecto libertario. Impulsó la modificación y eliminación de cientos de normativas ligadas al funcionamiento del Estado, el ámbito laboral, la seguridad, la gobernanza energética y el régimen de producción e inversión. Su aprobación se logró tras seis meses de debates en el Congreso Nacional, por Ley N°27.742, el 27 de junio de 2024. En este paquete se aprobó también la delegación de facultades extraordinarias vigente por el plazo de un año al Poder Ejecutivo en materia administrativa, económica, financiera y energética, en función del diagnóstico de emergencia pública (art. 1, título I).
• 4
  Se denominó “Pacto de Mayo” al acuerdo establecido entre el presidente y 18 gobernadores el 9 de julio de 2024 en la Casa Histórica de Tucumán, en el acto conmemorativo por el 208° aniversario de la independencia del país.
• 5
  Conformado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA). A diferencia de la AEA que se encuentra integrada por los principales representantes de los grupos económicos del país, el G6 reúne a los máximos exponentes de las asociaciones empresarias, es decir, del empresariado colectivamente organizado.
• 6
  Se utiliza la expresión “cepo cambiario” para referir a las restricciones a la compra dólares implementada por el gobierno de Cristina Fernández en 2011 que derivó en la creación de un mercado paralelo, generando una brecha con el tipo de cambio oficial, y dio origen al dólar “blue”.
• 7
  Conformada por la SRA, la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).
• 8
  El “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria” fue un impuesto de emergencia creado al inicio del gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) para gravar por cinco períodos fiscales la compra de billetes y divisas en moneda extranjera, la adquisición de servicios en el exterior y el cambio de divisas efectuado por entidades financieras (Ley N°27.541). Al cumplirse los cinco períodos fiscales, en diciembre de 2024, fue revocado.
• 9
  Sobre los avatares del vínculo entre el gobierno de Cambiemos y el sector agropecuario, véase Cassaglia (2023).
• 10
  Asistieron al encuentro Juan Pazo (secretario de Coordinación de Producción), Pablo Lavigne (secretario de Comercio) y Marcos Ayerra (secretario de Pequeña y Mediana Empresa).
• 11
  El énfasis corresponde al documento original.
• 12
  El énfasis corresponde al documento original.
• 13
  El énfasis corresponde al documento original.
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• Editor Chefe:
  Renato Francisquini Teixeira

Disponibilidad de datos

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  16 Mar 2026
• Fecha del número
  2026

Histórico

• Recibido
  12 Feb 2025
• Acepto
  24 Nov 2025