Este artículo discute la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde la perspectiva legal y de defensa de los derechos humanos. Se caracteriza la brecha que existe entre los abordajes que apuntan a los derechos humanos y los que se concentran, fundamentalmente, en las necesidades de desarrollo. Presenta una nueva interpretación en lo que concierne al litigio de interés público y al análisis presupuestario, que requiere una cooperación más estrecha entre los activistas de derechos humanos y las organizaciones de desarrollo. Además, defiende la adopción de estrategias que articulen la participación de la sociedad civil en las acciones del gobierno, incluidos los planes nacionales dirigidos a aspectos específicos de los Objetivos del Milenio - por ejemplo, la reducción de la pobreza -, en los que se atribuya un papel de liderazgo a los " consejos nacionales" . Finalmente, hace un apelo para la inclusión de los refugiados y de otros migrantes forzados, sectores que se encuentran entre los más marginados y a quienes, frecuentemente, se los excluye de estas preocupaciones.