El objetivo de este trabajo es evaluar la forma en que el gobierno de los Estados Unidos aprovechó la situación posterior al 11 de septiembre de 2001 para aumentar el control sobre las actividades de los individuos en el ámbito local y nacional, para llevar a los tribunales personas que antes eran dejadas en libertad, para ejercer detenciones de extranjeros y ciudadanos estadounidenses, y para detener a sospechosos de terrorismo, en carácter indefinido, sin juicio e incluso sin defensa legal.