La Paz sin Consenso: Los Discursos de las Elites Militares y Exguerrilleras Sobre el Acuerdo con las FARC-EP en Colombia^*

Peace Without Consensus: The Discourse of the Military and Former Guerrilla Elites on the Agreement with the FARC-EP in Colombia

La Paix sans Consensus : Les Discours des Élites Militaires et Ex-Guérilleros sur l’Accord avec les FARC-EP en Colombie

A Paz sem Consenso: Os Discursos das Elites Militares e Ex-guerrilheiras Sobre o Acordo com as FARC-EP na Colômbia

Resumen

El siguiente trabajo analiza el discurso producido por generales de las Fuerzas Militares y voces de máxima autoridad política en la extinta guerrilla de las FARC-EP, transformada hoy en el partido político Comunes. A través de 21 entrevistas en profundidad con actores protagonistas se contrastan las formas opuestas de legitimar, problematizar y entender el alcance y significado, tanto del Acuerdo de Paz suscrito en noviembre de 2016, como de su posterior implementación. Así, tanto el estamento militar como la desmovilizada guerrilla proyectan un discurso irreconciliable. Si bien comparten un diagnóstico de incumplimiento a dicho Acuerdo, las responsabilidades y acusaciones discurren por trayectorias muy diferentes, lo cual refleja la situación de gran polaridad y el debilitamiento del proceso de paz experimentado en los últimos años.

Acuerdo de Paz; discurso político; Colombia; FARC-EP; Fuerzas Militares

Abstract

The following work analyzes the discourse produced by generals of the Colombian Armed Forces and voices of the highest political authority in the now-defunct Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC-EP) guerrilla, which has transformed into the political party Comunes. To this end, this article analyzes the contrasting ways of legitimizing, problematizing, and understanding the scope and significance of the Peace Agreement signed in November 2016 and its subsequent implementation are examined through 21 in-depth interviews with key actors. Thus, the military establishment and the demobilized guerrilla project an irreconcilable discourse. While they share a diagnosis of non-compliance with the Agreement, the responsibilities and accusations follow very different trajectories, reflecting the great polarity and the weakening of the peace process experienced in recent years.

Peace Agreement; political discourse; Colombia; FARC-EP; Military Forces

Résumé

Le présent travail analyse le discours produit par les généraux des Forces Militaires et les voix des plus hautes autorités politiques de l’ancienne guérilla des FARC-EP, aujourd’hui transformée en le parti politique Comunes. À travers 21 entretiens approfondis avec des acteurs clés, les formes opposées de légitimation, de problématisation et de compréhension de la portée et de la signification de l’Accord de Paix signé en novembre 2016, ainsi que de sa mise en œuvre ultérieure, sont mises en contraste. De cette façon, tant l’institution militaire que la guérilla démobilisée projettent un discours irréconciliable. Bien qu’ils partagent un diagnostic de non-respect de cet Accord, les responsabilités et les accusations suivent des trajectoires très différentes, reflétant la situation de grande polarisation et l’affaiblissement du processus de paix observé ces dernières années.

Accord de Paix; discours politique; Colombie; FARC-EP; Forces Militaires

Resumo

Neste artigo é analisado o discurso produzido pelos generais das Forças Militares e pelas vozes de máxima autoridade política na extinta guerrilha das FARC-EP, que hoje se transformou no partido político Comunes. Por meio de 21 entrevistas em profundidade com atores principais são comparadas as formas opostas de legitimar, problematizar e entender o alcance e significado, tanto do Acordo de Paz assinado em novembro de 2016, quanto de sua subsequente implementação. Assim, tanto o estamento militar quanto a guerrilha desmobilizada projetam um discurso irreconciliável. Embora compartilhem um diagnóstico de descumprimento desse Acordo, as responsabilidades e acusações seguem trajetórias muito diferentes, o que reflete a situação de grande polarização e enfraquecimento do processo de paz experimentado nos últimos anos.

Acordo de Paz; discurso político; Colômbia; FARC-EP; Forças Militares

Introducción

Este trabajo intenta dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la posición de las Fuerzas Militares y de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en relación con el Acuerdo de Paz suscrito entre ésta y el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016? Dado que las Fuerzas Militares en Colombia tienen la prohibición de pronunciarse políticamente sobre un aspecto como el mencionado, se indaga en el universo discursivo de generales que tuvieron un destacado nivel de responsabilidad durante el conflicto armado y en el posterior proceso de diálogo e implementación. Asimismo, del lado de la antigua guerrilla, se explora el discurso político proveniente de altos mandos y voces autorizadas, tanto de su etapa como grupo armado como, especialmente, una vez que tiene lugar su proceso de transformación política. El argumento ofrecido intenta explorar y analizar las profundas diferencias de interpretación que concurren entre estos dos actores respecto del Acuerdo de Paz, tanto en relación con su relevancia, como respecto de sus capacidades de transformación de la violencia.

Este Acuerdo, suscrito en noviembre de 2016, cerraba medio siglo de confrontación armada de lo que ha sido, y sigue siendo, el conflicto interno más longevo y violento del continente (CNMH, 2013). Las altas expectativas que generó fueron resultado de un contenido ampliamente transformador de las condiciones que soportaban la violencia, lo cual, para el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Instituto Kroc, 2017), le convertían en el instrumento de paz más ambicioso de las últimas décadas. Empero, el proceso de diálogo transcurrió también en un acentuado nivel de polaridad y encono político. Aunque Juan Manuel Santos fue reelegido presidente en 2014, en una campaña marcada por el proceso de paz, su segundo gobierno experimentó una gran desafección ciudadana. Al respecto, sus índices de popularidad en los meses previos al Acuerdo estuvieron bajo mínimos, llegando al 21% en mayo de 2016 (El País, 2016). Igualmente, tras la firma formal del Acuerdo, el 26 de septiembre de 2016, tuvo lugar un plebiscito de consulta que, contra todo pronóstico, dejó como resultado el rechazo de la sociedad colombiana a ratificar dicho compromiso con las FARC-EP (Basset, 2018). El corolario de esta pérdida paulatina de respaldo electoral se evidenciaría tanto en la victoria del uribismo en las elecciones presidenciales de 2018, como en los muy malos resultados electorales de quienes fueron sus dos personas de máxima confianza: Germán Vargas Lleras, en tanto que vicepresidente de la República; y Humberto de la Calle, como responsable del proceso de diálogo con las FARC-EP.

Desde el comienzo de la negociación se trató de mostrar una imagen de integralidad por parte del gobierno colombiano. A tal efecto, las Fuerzas Militares debían ocupar una posición prevalente en el contenido de la agenda que debía discutirse en La Habana, a partir del año 2012. En el equipo negociador se encontraban Jorge Enrique Mora Rangel (General retirado que había sido Comandante General de las Fuerzas Militares) y Óscar Naranjo Trujillo (General retirado y exdirector de la Policía Nacional de Colombia). A la vez que se desarrollaba el diálogo de paz, además, se impulsaban reformas institucionales con el propósito de adaptar la fuerza pública al inminente nuevo escenario de posconflicto armado, como es el caso de la creación del Comando Estratégico de Transición, en 2014, o de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, en 2016.

De otro lado, y aunque nunca transcurrió una interrupción plena de las hostilidades, en la guerrilla se intentaba poner de manifiesto su compromiso con el proceso, generando un importante desescalamiento en el número de sus acciones armadas. Mientras que en 2012 se contabilizaban hasta 824 acciones armadas protagonizadas por las FARC-EP, tres años después, en pleno proceso de diálogo, éstas decaían a 94 (ODHDIH, s.f.).

Aunque el alto mando militar, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, parecía interiorizar la necesidad de adaptar y reformar la institucionalidad a un contexto de nuevas decisiones, la transformación de los elementos culturales y simbólicos, que por décadas habían gravitado en una lógica amigo/enemigo, iban a demandar mayores esfuerzos. Al escenario de polaridad al que no fueron ajenas las Fuerzas Militares y, muy especialmente, las asociaciones de militares en retiro, se sumaba una implementación difícil. Aspectos como el sometimiento a la justicia, el esclarecimiento de responsabilidades por actos de violencia, la proliferación de disidencias de las FARC-EP o la misma participación política de comandantes exguerrilleros terminaron por abrir fracturas visibles. Estas estuvieron, si cabe, más agitadas por la posición de continuo cuestionamiento del gobierno de Iván Duque (2018-2022) respecto del Acuerdo (Gutiérrez Sanín, 2020). Esta situación era extrapolable a unas FARC-EP que a lo largo de 2016 empiezan a hacer visibles sus fracturas internas, junto a la eclosión de las primeras disidencias que se desmarcan de la X Conferencia Guerrillera, celebrada en septiembre de 2016, y en la que el grupo armado debía de ratificar su posición favorable al Acuerdo. Desde entonces, comienza un paulatino proceso de conformación de estructuras disidentes que se agudiza cuando, en agosto de 2019, se constituye el grupo armado de “Segunda Marquetalia”, formado por varios de los comandantes que años atrás habían encabezado el proceso de paz.

Con base en lo expuesto, este trabajo explora y analiza el marco discursivo de reconocidos generales de las Fuerzas Militares de Colombia y de integrantes destacados de las antiguas FARC-EP, tanto con relación al Acuerdo de Paz como respecto de su implementación. Primero, se presenta un marco teórico y una revisión de la literatura más relevante sobre los factores que afectan la viabilidad de un Acuerdo de Paz y el papel que pueden desempeñar tanto las Fuerzas Militares como la población excombatiente. Después, se exponen los elementos metodológicos del trabajo, especialmente, en relación con la selección de los entrevistados, la orientación de las entrevistas y las categorías discursivas objeto de análisis. Tras ello se aborda la percepción y el relato de los generales y exdirigentes guerrilleros que forman parte de este estudio, analizando su discurso político con relación a la negociación, el desarrollo del proceso de paz, los contenidos del Acuerdo y su ulterior implementación. Finalmente, las conclusiones recogen las principales contribuciones del trabajo y reconocen futuras líneas para la comprensión de un objeto de estudio tan vigente como necesitado de mayores y renovadas aportaciones académicas.

Marco teórico y estado del arte

A continuación, se intentan presentar los aspectos que son más importantes en el desarrollo de un proceso de paz tras el fin de un período de violencia política. Esta cuestión representa uno de los debates nucleares de la investigación para la paz y la resolución de conflictos y, en realidad, guarda mucha relación con el significado de los relatos que tanto excombatientes de las FARC-EP como generales de las Fuerzas Militares destacan para explicar la situación que atraviesa en la actualidad el Acuerdo suscrito con las FARC-EP en 2016.

El éxito de un acuerdo de paz y su posterior implementación dependen de un sinnúmero de factores que, durante décadas, han sido objeto de la investigación para la paz y la resolución de conflictos. Un punto de partida, como señalaron Touval y Zartman (1985), guarda relación con que concurra un particular momento de madurez (ripe moment) que invite a las partes a concebir la situación de violencia como mutuamente desfavorable (mutually hurting stalemate). Sólo así se impulsa la necesidad de buscar nuevas formas pacíficas que incentiven la desactivación de la violencia política (Kalyvas y Kocher, 2007).

Que un acuerdo de paz disponga de legitimidad, viabilidad y capacidad transformadora depende de diferentes aspectos estructurales, institucionales y simbólico-culturales a considerar. Muchos destacan la importancia de las capacidades institucionales del Estado (Horowitz, 1985; Hendrix, 2010), a lo que debe sumarse un despliegue de recursos económicos con los que remover las condiciones que soportan la violencia (Collier, 2009), aparte de otros aspectos de poder compartido (power-sharing) que integren en la institucionalidad a las diferentes partes involucradas en la confrontación armada (Hartzell y Hoddie, 2007).

Aunque la aparición de estructuras armadas disidentes tras un acuerdo de paz es un fenómeno que normalizar (Collier et al., 2003), un aspecto nuclear para su minimización pasa por la generación de posibilidades socioeconómicas favorables para los excombatientes. Tanto en lo que respecta a formación educativa y laboral (Hill et al., 2008; Nussio, 2018), como en cuanto a infraestructura y capacidades de los entornos en donde la violencia tuvo un mayor impacto (Saleyhan, 2009). A lo anterior deben sumarse las acciones en contra de las fuentes de financiación ilícita (Mashike, 2007) y la promoción de políticas redistributivas, por ejemplo, en favor del acceso a la tierra (Collier, 1994).

Junto a estos aspectos estructurales e institucionales deben considerarse otros elementos de naturaleza política y simbólico-cultural. Es importante la concurrencia de un marco electoral que ofrezca posibilidades políticas a quienes antes detentaron las armas (Allison, 2006; Keels, 2017). También lo es la existencia de actores y garantes internacionales (Fortna, 2004) o el mantenimiento de compromisos y ciertos niveles de cohesión interna de quienes afrontan un proceso de reincorporación (Pearlman y Cunningham, 2012). Otros aspectos que considerar son los posibles saboteadores de un acuerdo de paz ‒desde fuerzas políticas y/o medios de comunicación, hasta grupos paramilitares‒ (Stedman, 1997), y el nivel de compromiso de quienes se hallan al frente de la institucionalidad y la toma de decisiones. Por último, se requieren unos mínimos niveles de reconocimiento y liderazgo favorable al proceso de paz (Conolly y Doyle, 2018), además de un cierto grado de satisfacción de las motivaciones y expectativas de quienes asumen un proceso de dejación de armas (Ríos et al., 2020). Esto, sin olvidar garantizar los derechos sobre la vida y la seguridad de la población desmovilizada, a efectos de evitar que puedan retornar a la violencia en aras de buscar, fuera de la institucionalidad, mayores niveles de seguridad (security dilemma) (Kalyvas y Kocher, 2007).

Sobre el particular caso de Colombia, a lo largo de los últimos años han proliferado los trabajos centrados en la relación de las Fuerzas Militares con el Acuerdo de Paz. Mayoritariamente, estos reivindican una necesaria reforma y adaptación para la nueva situación que acompaña al postconflicto armado, mientras que algunos proponen nuevos cometidos y responsabilidades, especialmente en el plano internacional (Álvarez y Duque, 2020). Sin embargo, la mayoría aboga por priorizar transformaciones cualitativas, en favor de la gobernanza, la profesionalización y el compromiso con los derechos humanos (Schultze-Kraft, 2012), sin desatender las amenazas irresolutas y los terceros actores de la violencia, aún vigentes en el país (Leal-Buitrago, 2018; Pizarro, 2018), y que se relacionan con el post-paramilitarismo, el narcotráfico, la debilidad fronteriza y la falta de control territorial en buena parte de la geografía de la violencia que transcurre en el país (Ríos, 2021; 2022). Para finalizar, no se puede desatender que uno de los aspectos más analizados, en términos académicos, guarda relación con la dimensión jurídica que obliga a las Fuerzas Militares a rendir cuentas ante los eventuales casos de abuso y violencia contra la población civil (Sierra-Zamora y Bermúdez, 2020).

Del lado de la desaparecida guerrilla de las FARC-EP y su relación con el Acuerdo de Paz, igualmente son innumerables los trabajos publicados. Resultan predominantes las investigaciones relacionadas con la desmovilización de excombatientes y su reincorporación a la vida civil (McFee y Rettberg, 2019; Oetler y Rettberg, 2019). Algunas de estas exploran los imaginarios colectivos producidos por el posconflicto, analizando las dificultades de integración de la población excombatiente en la sociedad civil (Gibson, 2018; Ugarriza et al., 2022). Por último, otras posibilidades de estudio tienen que ver con el desempeño político electoral de las extintas FARC-EP (Echandía y Cabrera, 2018; Cabrera y Echandía, 2019); o con las políticas de protección de la vida y las dinámicas de violencia contra la población excombatiente (Ríos et al., 2020; Ríos, 2022).

A tal efecto, la principal contribución de este trabajo es doble. Por un lado, intenta recoger y visibilizar buena parte de los factores y cuestiones que, como se señalaba al principio de esta discusión de la literatura, explican el éxito o fracaso de un proceso de paz y las principales motivaciones para el retorno de la violencia o, cuando menos, su limitada transformación. Por otro lado, esto lo hace enmarcando y confrontando narrativas que, como se podrá observar, son de un claro signo contrario, lo cual deja de manifiesto cuán importante es atender y entender las formas de diagnosticar y problematizar las exigencias de un Acuerdo de Paz de quienes son parte importante de su implementación – como es el caso de excombatientes y militares. En tercer lugar, la relevancia de las fuentes, la pluralidad de voces obtenidas y la representatividad de las mismas ‒aparte de la originalidad, a falta de trabajos publicados con esta orientación‒ son un valor agregado para hacer de estas páginas un ejercicio analítico de conclusiones a considerar pero que, igualmente, ha de enriquecerse con nuevas voces y criterios que amplíen la muestra discursiva que aborda la construcción de paz en Colombia ‒con especial atención a los actores con mayor responsabilidad y proximidad con dicho fenómeno.

Queda señalar que todo lo anterior se realiza desde un trabajo de análisis discursivo. Es decir, las posiciones que el lector encontrará, tanto del lado de las Fuerzas Militares como de las extintas FARC-EP están cargadas de ideología, en cuanto que sus narrativas operan como “mapas de una realidad social problemática, así como matrices para crear una conciencia colectiva” (Geertz, 1987:178). Por tanto, el discurso y sus relatos han de entenderse como un instrumento que define y oscurece categorías sociales; que estabiliza o perturba expectativas; que mantiene o socava normas; que fortalece o debilita el consenso y que alivia o exacerba las tensiones al interior de las partes involucradas (Ariño, 1997; Van Dijk, 2005). Igualmente, construye las creencias sobre aliados y enemigos, la manera de gestionar el sentido de la construcción de paz, los diversos grados de legitimación del Acuerdo, las lecturas reconstructivas del pasado y sus proyecciones hacia el futuro, además de una definición recíproca de la subjetividad (Ríos y Cairo, 2018:322).

Aspectos metodológicos

Como se apuntaba al inicio, este trabajo intenta analizar el discurso proveniente de altos mandos militares de Colombia y de exdirigentes de las FARC-EP con responsabilidad política en el Acuerdo de Paz. A tal efecto, se respetan en todo momento los criterios de pluralidad, relevancia y saturación para con la selección y el número de los entrevistados.

Para las Fuerzas Militares existen limitaciones legales para que los miembros en activo puedan pronunciarse políticamente sobre un aspecto como éste. Es por esta razón que se incorporan once testimonios, mayormente de generales en retiro, si bien todos ellos con cargos de responsabilidad durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y de Juan Manuel Santos (2010-2018). En total, tres son Brigadieres Generales y ocho son Mayores Generales, siendo escogidos bajo criterios de pluralidad y saturación. Es decir, intentando recoger altos mandos que hayan ocupado cargos al frente de divisiones y estructuras más próximas a la confrontación armada, así como otros con responsabilidades durante el período de negociación e implementación del Acuerdo de Paz. Este hecho, sin embargo, no constituye una variable relevante para el análisis, pues tanto unos como otros asumen un relato muy similar, crítico para con varios aspectos del Acuerdo ‒sólo dos puede entenderse que, aun escépticos con algunos elementos del proceso de paz, no incurren en una posición de férrea oposición. Si bien algunos generales dieron su permiso expreso para ser entrevistados, otros prefirieron mantener el anonimato, por lo que, finalmente, se decidió extender esta condición al resto de los entrevistados.

En lo que concierne a las antiguas FARC-EP, hoy integradas políticamente en el partido Comunes, concurren los mismos criterios de selección de los entrevistados. Se intentan recoger voces representativas del otrora grupo armado, con el objetivo de que sean personas con reconocimiento y responsabilidad en el proceso de transformación democrática posterior al Acuerdo de Paz. Se reunió un total de diez testimonios, cuyos autores prestaron, todos, autorización expresa para ser identificados con nombres y apellidos en este trabajo. Así, se integra en estas páginas el relato del excomandante jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’. También se entrevistó a cuatro de los cinco senadores que actualmente tiene el partido en el Congreso de la República: Griselda Lobo (‘Sandra Ramírez’), Jorge Torres (‘Pablo Catatumbo’), Israel Zúñiga (‘Benkos Biohó’) y Judith Simanca (‘Victoria Sandino’). Igualmente, hay voces vinculadas a la Cámara de Representantes, como el excongresista Benedicto González (‘Alirio Córdoba’) y Ansisas García (‘Pedro Baracutao’), próximo representante por el departamento de Antioquia para el período 2022-2026. Además, hay quienes destacan por su relevancia, tanto durante el período de guerrilla como del posterior partido político: Ubaldo Enrique Zúñiga (‘Pablo Atrato’), expresidente de Ecomún¹; Tanja Nijmeijer (‘Alejandra Nariño’), negociadora de las FARC-EP en La Habana y Germán Moreno (‘Rafael Malagón’), actual gerente de Ecomún e igualmente miembro de la Dirección Nacional.

Dicho lo anterior, el criterio de selección de los entrevistados del lado de la extinta guerrilla, igual que en el caso de las Fuerzas Militares, están justificados. Habida cuenta de la importancia de sus cargos, es notoria la condición de relevancia y representatividad ‒así como la proximidad con el Acuerdo de Paz y su implementación. Sin embargo, a tenor del proceso de fractura experimentado por Comunes a lo largo de 2021, en la selección de las narrativas hay entrevistados del establecimiento político y la dirección actual del partido –‘Timochenko’, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Sandra Ramírez’, ‘Rafael Malagón’ o ‘Pedro Baracutao’‒ y del sector crítico y de oposición con estos que, finalmente, ha terminado por abandonar las filas de Comunes –como ‘Victoria Sandino’, ‘Benkos Biohó’, ‘Pablo Atrato’, ‘Alirio Córdoba’ o ‘Tania Nijmeijer’.

Todas las entrevistas tuvieron una duración de entre 60 y 150 minutos, transcurriendo en diferentes ciudades de Colombia, a partir de un trabajo de campo realizado entre febrero y diciembre de 2021. En ellas, como se desarrollará a partir del siguiente subtítulo, se intenta analizar, problematizar y recoger las narrativas sobre el Acuerdo de Paz, tanto en relación con lo que supuso su negociación y firma, como con respecto al ulterior proceso de implementación. Igualmente, se pregunta a todos ellos sobre los niveles de cumplimiento y compromiso con la transformación de la violencia, los principales avances, los mayores retrasos y las preocupaciones más destacables. De este modo, concurren dos dimensiones claramente establecidas: una en relación con el proceso de diálogo y aprobación del Acuerdo, y la otra relativa a su implementación y desarrollo. A su vez, cada una de estas dimensiones abarca varias categorías de reflexión que, igualmente, son recogidas, analizadas y verbalizadas a través de sus relatos.

Queda señalar que un trabajo como el propuesto, que integra narrativas cargadas de ideología, permite visibilizar una realidad social tan problemática como el Acuerdo de Paz, a través del intento de (re)construir lo que se entiende como conciencia(s) colectiva(s) (Geertz, 1987). Así, se podrán observar en las narrativas que se presentan recursos tales como exageraciones, falacias o interpretaciones metafóricas sobre las que subyace una lógica claramente constituida a partir del binomio amigo/enemigo.

Tabla 1
: Dimensiones y elementos discursivos presentes en los relatos de los entrevistados

Dimensiones	Factores que destacar por los generales de las FF.MM
Diálogo y aprobación del Acuerdo de Paz	Falta de legitimidad por negociar el Acuerdo con un grupo criminal Falta de legitimidad por suscribir el Acuerdo sin respaldo popular
Implementación del Acuerdo de Paz	Participación política de las FARC-EP en las instituciones Falta de control del territorio por parte del Estado Persistencia del narcotráfico Impunidad para las FARC-EP Politización de la justicia Criminalización de las Fuerzas Militares Escaso compromiso internacional
Dimensiones	Factores que destacar por los exdirigentes de las FARC-EP
Diálogo y aprobación del Acuerdo de Paz	Necesidad de un diálogo dada la ineficacia de la vía militar Aprobación de un Acuerdo legítimo, pero incumplido por plebiscito imprevisto
Implementación del Acuerdo de Paz	Reforma rural integral desatendida Participación política de las FARC-EP para superar el déficit democrático Rechazo absoluto a la continuidad de la violencia a través de grupos disidentes Falta de control territorial por parte del Estado Ausencia de garantías al derecho a la vida y la seguridad de los excombatientes Ausencia de políticas de sustitución negociada de los cultivos ilícitos Importancia de mantener el apoyo internacional

• Elaboración propia

Un Acuerdo de Paz ilegítimo o un Acuerdo de Paz necesario

El diálogo entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos comienza formalmente a finales de 2012. A inicios de septiembre, el mismo presidente hace públicas unas conversaciones que han de comenzar en Oslo, en el mes de octubre, y continuar posteriormente en La Habana. Desde comienzos de 2011 se habían mantenido encuentros exploratorios, especialmente entre la guerrilla y el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo (Bermúdez, 2021). Esto, con el propósito de identificar una agenda desde la que aspirar a desactivar un conflicto que formalmente había iniciado en mayo de 1964, pero que se remontaba, en sus causas y contradicciones, a la primera mitad de la década anterior (Pizarro, 2011).

En el pasado había habido diferentes intentos de negociación tanto con las FARC-EP como con otras guerrillas (Villamizar, 2017). De todas, las experiencias más significativas habían sido dos: los acuerdos de La Uribe (1984), promovidos por el presidente conservador Belisario Betancur, y el proceso del Caguán, desarrollado entre enero de 1999 y 2002 bajo el gobierno de Andrés Pastrana (Pizarro, 2017). En ninguno de ellos puede decirse que hubiera un claro respaldo de parte del estamento militar. Con los acuerdos de La Uribe por primera vez se reconocía a la guerrilla como un actor político, se aceptaba la concurrencia de condiciones objetivas en la explicación de la violencia y la necesidad de un cese bilateral de las hostilidades que, en realidad, nunca fue cumplido por las partes. Las FARC-EP aprovecharon el proceso para conformar un partido político democrático, la Unión Patriótica, pero también para fortalecer su estructura armada y su arraigo territorial, de acuerdo con lo planificado en VII Conferencia Guerrillera de 1982 (Pécaut, 2008). Igualmente, las Fuerzas Militares, en un marco de gran inestabilidad política, cumplieron con un papel más próximo al de saboteador que al de garante de los acuerdos ‒tal y como sucedió con otros actores como el paramilitarismo o el narcotráfico‒ haciendo impracticable cualquier atisbo de superación negociada del conflicto (Ríos, 2021).

De otra parte, en el proceso del Caguán, las FARC-EP se encontraban bajo una tendencia expansiva de sus posibilidades. El fin de los cárteles de la droga y el impulso de la VIII Conferencia Guerrillera (1993) conducía a la guerrilla a barajar la factibilidad del paso de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos (Pécaut, 2008). Buena prueba de ello son los diferentes golpes asestados por la guerrilla, entre 1996 y 1998, que dejan consigo cientos de bajas y secuestros en el Ejército y exhiben la gran debilidad del Estado colombiano en cuanto a sus capacidades militares (Echandía, 1999). Ello sucede, en parte, gracias a que las FARC-EP, para ese momento, acumulaban 12.000 combatientes y una considerable presencia territorial en más de 200 municipios del país ‒a los que había que sumar los que se encontraban bajo el control del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los 1.139 días que duró este proceso no sirvieron para avanzar en algún compromiso con el que finalizar el conflicto armado, sino para permitir que las FARC-EP se fortaleciesen y llegasen al punto más álgido de sus capacidades militares, al aproximarse a los 80 frentes de guerra y los 18.000 efectivos (Valencia, 2002). A esto contribuyó la zona desmilitarizada de 42.000 km², exprofeso habilitada para el mantenimiento de las negociaciones, y que las FARC-EP aprovecharon para desarrollar distintas prácticas de reclutamiento y formación. Para el gobierno el proceso de paz era igualmente impracticable, de manera que se aprovechó el transcurso del diálogo para modernizar las Fuerzas Militares, suscribir un instrumento de cooperación militar con Estados Unidos ‒el Plan Colombia‒ que en el transcurso de una década dejaría al Estado colombiano más de 10.000 millones de dólares, y elevar sustancialmente el gasto destinado a seguridad y defensa (Otero, 2010).

Con estos antecedentes, el proceso de paz de La Habana no tenía los mejores referentes. Sin embargo, a diferencia de estas experiencias, la guerrilla llegaba a la mesa de diálogo de paz de 2012 profundamente debilitada por el impacto que supuso la Política de Seguridad Democrática desarrollada bajo la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010). Con su mandato, se desarrolló una política de militarización sobre todos los ámbitos de la esfera pública, acompañada de abusos y connivencias con el paramilitarismo y un gasto creciente en seguridad y defensa (Rangel y Medellín, 2010). En apenas ocho años el poder militar y territorial de las guerrillas se redujo a la mitad y las FARC-EP pasaron a tener una presencia efectiva sobre 150 municipios y un elenco de combatientes de apenas 8.000 integrantes (ODHDIH, s.f.). Tras esta situación concurría un gasto constante del 4% del PIB destinado al fortalecimiento de las capacidades militares y policiales del Estado, lo que se tradujo en un incremento sustancial de los miembros de la fuerza pública, que pasaron de 313.000 en 2002, a 440.000 en 2010 (Ministerio de Defensa, 2010). El resultado sería el convertir a Colombia en uno de los Estados más militarizados del continente y con mejores capacidades en lo que a combate aéreo o nocturno se trataba (Ministerio de Defensa, 2011).

La situación descrita invitaba a entender que las FARC-EP ‒y también el ELN‒ habían sido derrotados estratégicamente, dada la reducción notable de sus capacidades. Empero, esto no debe confundirse con una derrota militar (Echandía y Cabrera, 2017). Una cosa es que la guerrilla fue emplazada a territorios periféricos, altamente dependientes de la condición fronteriza y cocalera (Salas, 2016; Idler, 2019), y otra aceptar que no disponía de capacidades militares que permitieran soportar una continuidad de la confrontación armada. Los datos de seguimiento del conflicto, entre 2010 y 2012, muestran una situación de enquistamiento territorial de la violencia y una paulatina recomposición del activismo de las FARC-EP, que aún en 2012 llegaron a protagonizar 824 acciones armadas (ODHDIH, s.f.). Esta realidad, sin embargo, no parece ser compartida por buena parte de los generales entrevistados, que entienden que la guerrilla estaba a punto de ser derrotada y, con independencia de esto, que en todo caso era carente de cualquier legitimidad para ser reconocida formalmente como interlocutor del Estado en un proceso de paz. Esto contrasta con la posición discursiva de las antiguas FARC-EP, para quienes el Acuerdo es el hito posiblemente más importante de la historia política democrática de Colombia:

El proceso de paz fue un engaño desde el comienzo. Nosotros desde el inicio supimos de la mala intención de las FARC-EP. Sólo les interesaba imponer el comunismo. Gracias al diálogo en La Habana, los que no fueron victoriosos en el campo de batalla lo fueron en el plano de la política. Las Fuerzas Militares nos sentimos traicionados. Ellos (las FARC-EP) nos hicieron mucho daño a nuestros hombres, pero desgraciadamente era la decisión de nuestros políticos (Mayor General 4, entrevista, Bogotá, 24/11/2021).

El proceso de paz, junto con la firma del Acuerdo, es lo mejor que le ha pasado a Colombia. Es la gran oportunidad para avanzar en un proceso de reconciliación, en un proceso de verdad, para cerrar el conflicto y las desigualdades sociales tan enormes que tenemos con la implementación integral del Acuerdo (…) Fueron dos bandos que estuvimos enfrentados por más de 50 años, y es en una mesa de conversaciones donde logramos poner fin a ese enfrentamiento, a esa guerra, a ese enfrentamiento por años donde nos pusieron a matarnos entre hermanos. (‘Sandra Ramírez’, entrevista, Bogotá, 13/02/2021)

Al debate sobre la falta de legitimidad o la necesidad de un proceso de paz habría que añadir una segunda cuestión. Más allá de los aspectos que conformaron la agenda de negociación y su posterior ratificación ‒lo que se abordará en el siguiente subtítulo‒ debe señalarse que el Acuerdo fue suscrito por las partes el 26 de septiembre de 2016, en la ciudad de Cartagena. Esto es, una semana antes de la celebración del plebiscito de consulta que, como se apuntó, dejaría consigo un resultado negativo, en un contexto de profunda polaridad social y política. Dicho resultado, en inicio imprevisto, se explica por varios aspectos. Se popularizó la idea de que la paz era la “paz de Santos” y no la “paz de los colombianos”. Este ejercicio de simplificación coincidió con un momento en el que la aceptación del presidente, a mediados de 2016, se encontraba bajo mínimos, próxima al 20%. Además, el hecho de realizar la firma del Acuerdo una semana antes de la consulta alimentaba la idea de que la ratificación popular era un hecho por consumar, tal y como apuntaban diferentes encuestas ‘infladas’ en la semana previa a la votación, lo que contribuía a desmovilizar el voto favorable.

Aparte, la cuestión de hacer público un documento de 300 páginas, con un lenguaje profundamente jurídico, intrincado en buena parte de sus extremos, invitaba a desconocer lo negociado en La Habana. Esto fue aprovechado por los sectores opositores al Acuerdo de Paz, especialmente provenientes del uribismo y del conservadurismo más tradicional (Cairo y Ríos, 2019). Estos construyeron un marco discursivo centrado en tres aspectos: 1) el Acuerdo de Paz corría el peligro de castrochavizar Colombia y convertirla en un satélite de Cuba y Venezuela; 2) el Acuerdo de Paz entregaba el poder político a las FARC-EP y establecía márgenes de impunidad para quienes eran responsables directos de crímenes de guerra y lesa humanidad, de modo que votar favorablemente era equivalente a votar por las FARC-EP; 3) el Acuerdo de Paz socavaba las instituciones básicas de Colombia, alimentando la ‘ideología de género’ y el menoscabo de conceptos y valores tradicionales como la familia. De este modo, todo lo expuesto alimentó la idea generalizada de un déficit de legitimidad que es compartido por la mayoría de los entrevistados provenientes del estamento militar, tal y como reza el siguiente testimonio:

No se respetó el mandato popular. Hubo una violación manifiesta de la Constitución. El ‘no’ al Acuerdo de Paz ganó con un 50.21% de los votos, pero no se respetó. Lo que importaba era ganarse el Premio Nobel de Paz con una paz remendada, con muchas debilidades y concesiones para viejos delincuentes. (Mayor General 3, entrevista, Bogotá, 24/11/2021)

Sensu contrario, al interior de las antiguas FARC-EP el resultado del plebiscito se entiende de una manera bien distinta. Aunque se comparte la mirada personalista de Juan Manuel Santos en su intento por capitalizar el proceso de paz, se entiende que dicha consulta fue el primero de los incumplimientos, al no estar previsto en el Acuerdo suscrito en La Habana y contribuir, más bien, a un paulatino desdibujamiento:

Desde el comienzo comenzaron a incumplirse los acuerdos. Antes de la firma final del Acuerdo hubo un plebiscito que ganó la derecha y que comenzó a desdibujar el Acuerdo tal como se firmó en La Habana. Muchas organizaciones internacionales, incluida la ONU, dijeron que era un modelo perfecto que serviría de ejemplo para resolver otros problemas en el mundo. Pero con la equivocación que cometió el señor presidente Santos de someterlo a un plebiscito en un país donde no hay un sistema electoral honesto, correcto, sino lleno de trampas. Ganó el “no” y se introdujeron 100 puntos de los que aceptamos reformar 82. Fíjese hasta dónde cedimos. (‘Pablo Catatumbo’, entrevista, Bogotá, 28/2/2021).

La implementación del Acuerdo de Paz: entre el trato de favor a las FARC-EP y el cuestionamiento al compromiso gubernamental

El Acuerdo con las FARC-EP se organiza en torno a seis puntos que, en algunos casos, son ampliamente cuestionados por los miembros destacados de las antiguas FARC-EP y por altos mandos militares entrevistados. Estos son: 1) reforma rural integral; 2) participación política; 3) fin del conflicto; 4) solución al problema de las drogas ilícitas; 5) víctimas; y, por último, 6) implementación, verificación y refrendación.

Reforma rural integral

En relación con este primer punto, se comprometen un total de diez millones de hectáreas en favor de la titulación y explotación de tierras para aquellos escenarios que sufrieron con mayor agudeza la violencia armada. Para ello se promueven diferentes instrumentos de inversión sobre recursos económicos, tejido productivo e infraestructura, en aras del desarrollo de medidas políticas para, de manera eficaz, mitigar las condiciones de violencia en el plano territorial (Cairo et al., 2018). Este punto bien puede entenderse como un reclamo tradicional de las FARC-EP, aunque cobra significado como una deuda del Estado colombiano con la que promover la transformación territorial y generar capacidades y oportunidades socioeconómicas para reducir la violencia en su dimensión más estructural (Grasa, 2020). Tal vez por lo anterior, a diferencia del resto de los puntos del Acuerdo, éste no genera mayor controversia en los generales entrevistados y se acompaña de un sentimiento generalizado de aprobación y necesidad. Todo lo contrario, en los relatos de las FARC-EP se concibe como uno de los puntos más importantes del Acuerdo, tal y como se desprende del siguiente relato:

El acuerdo es un acuerdo integral, con seis puntos que se entrelazan, aunque hay un elemento fundamental dentro del Acuerdo: la reforma rural integral. Es la que permite cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y mejorar las condiciones de vida del campo, lo cual también beneficia a la ciudad (…) Sin embargo, esta reforma rural integral no se ha hecho, ni hay intentos por hacerla. (‘Pablo Atrato’, entrevista, Quibdó, 18/2/2021).

Participación política

En este segundo punto se establecen algunos de los mecanismos más significativos que dotan a las extintas FARC-EP de las herramientas necesarias para conformar un partido político que se aleje de la reivindicación armada. Unido con aspectos del punto tercero, se trata de garantizar su presencia en el Congreso durante al menos dos mandatos presidenciales, hasta 2026, además de fijar los instrumentos de financiación y visibilidad mediática, aparte de las reformas institucionales imprescindibles para otorgar mayores posibilidades a los territorios más golpeados por la violencia (Ríos, 2021b:3). El permitir que las extintas FARC-EP puedan participar en la institucionalidad colombiana, lejos de concebirse como un ejercicio de normalización democrática, es entendido por numerosos entrevistados del Ejército como una puerta al cogobierno de la guerrilla. Algo que recientemente ha sido verbalizado por quien fuera negociador del gobierno en La Habana, el mencionado Jorge Enrique Mora Rangel, en un evento celebrado en la Universidad Militar Nueva Granada, en 2021. Allí aseguraba que:

Con el proceso de La Habana se incluyeron las instituciones del Estado en las negociaciones. Eso no había pasado en ninguna negociación anterior. Terminamos nosotros dándole cabida a las FARC en todas las decisiones que, como producto del Acuerdo, se tomarían posteriormente (…) Si se va a hacer una reforma del sistema jurídico colombiano, ahí están las FARC. Si se va a hacer una reforma del sistema político colombiano, ahí están las FARC. Ese error mortal se cometió en el proceso de La Habana².

Mientras, la participación política, para las antiguas FARC-EP ‒y como viene siendo habitual en los procesos de paz suscritos en el mundo a lo largo de las últimas décadas (Instituto Kroc, 2017) ‒ debe entenderse como un elemento básico para la desactivación del conflicto que, además, lejos de erigirse como un trato de favor, continúa pendiente de un desarrollo que garantice una plena igualdad en términos de concurrencia político electoral.

La inclusión del tema de la participación política fue muy importante para el Acuerdo, pues nos encontramos ante una democracia prácticamente inexistente, a pesar de que tiene elecciones cada cuatro años y se proclama como la democracia más antigua de América Latina. La realidad histórica ha sido la de una ausencia de la democracia tan fuerte que se ha aniquilado en varias veces a la oposición (como a la Unión Patriótica). Este punto del Acuerdo es un paso significativo y necesario para dar solución a esta grave crisis que tenemos (…) Aún falta todo por hacer. La paz territorial pasa por la acción y por la participación directa y efectiva de la territorialidad, desde el movimiento social, desde las organizaciones sociales, desde las comunidades. (‘Victoria Sandino’, entrevista, Bogotá, 9/3/2021).

En relación con esta cuestión, en los relatos se problematiza, relacionado con la participación política, la proliferación de disidencias de las FARC-EP, hecho que conduce a buena parte de los generales entrevistados a pensar -lejos de toda realidad‒ que se trata de una estrategia cabalmente diseñada por la extinta guerrilla. Es decir, se entiende como una suerte de imbricación de un ‘brazo político’ y un ‘brazo militar’ que evidencia el profundo sentimiento de desconfianza entre los militares hacia la antigua guerrilla, como explican los siguientes relatos:

Las FARC-EP ganan siempre. A ellos les sirve estar sentados en el Congreso, con un brazo político, y disponer de unas disidencias que son su brazo armado, violento, que sigue lucrándose del negocio del narcotráfico y de otras economías ilegales. (Mayor General 1, entrevista, Bogotá, 29/10/2021).

Yo estoy convencido de que las FARC-EP no entregaron las armas. Hoy hablan de unos grupos como disidencias, pero para mí no son disidencias. Son reductos que las FARC-EP dejaron como reservas en caso de que no funcionara el proceso (político). (Brigadier General 3, entrevista, Bogotá, 25/11/2021).

Este tipo de afirmaciones, en realidad, no dejan de ser sorprendentes cuando, desde 2016 y hasta la actualidad, han sido numerosas las declaraciones del partido político heredero de la guerrilla en donde se condena toda reivindicación de la violencia, tal y como muestra el siguiente entrevistado:

Nosotros quienes seguimos defendiendo el Acuerdo tenemos la esperanza y tenemos la voluntad política de seguir construyendo la transformación del campo y la ciudad desde la defensa de la democracia y el respeto a las víctimas (…) Aunque hubo unos compañeros que decidieron retomar el camino de las armas, la inmensa mayoría del partido Comunes se quedó defendiendo el Acuerdo de paz. El camino de las armas ya lo recorrimos. Fueron 53 años muy largos y duros, y vimos que por ese camino es muy difícil en las condiciones actuales de Colombia llegar a acceder al poder (…) Respetamos sus posiciones lo único que sí le reclamamos es que no asesinen a los excombatientes, ni asesinen líderes sociales. (‘Pablo Catatumbo’, entrevista, Bogotá, 28/2/2021).

Fin del conflicto

En este componente se establecen los instrumentos para concluir el proceso de dejación y cese definitivo de la violencia de los algo más de 7.100 combatientes que, en agosto de 2016, conformaban las filas de las FARC-EP y del que finalmente se han visto beneficiados más de 13.000 personas (Ríos, 2021b:3). Según los últimos datos publicados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (2021), a pesar de la proliferación de estructuras armadas que, de un modo u otro, se autodefinen como continuadoras de las FARC-EP, más del 90% de los exguerrilleros continúa, a noviembre de 2022, en el proceso de paz. Una de las preocupaciones más generalizadas, tal y como recogen los diferentes informes de seguimiento al Acuerdo, tiene que ver con las muertes violentas que, de forma selectiva, se han venido produciendo sobre los excombatientes. Tanto, que entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022 son más de 350 exguerrilleros y 1.800 líderes sociales asesinados (Indepaz, 2022), lo que cuestiona directamente la eficacia de los esquemas de protección y seguridad a la vida de este tipo de poblaciones vulnerables. De este modo, he aquí una de las preocupaciones más importantes entre los relatos de los entrevistados pertenecientes a las desaparecidas FARC-EP:

El punto tercero obligaba el desmonte del fenómeno paramilitar. Es una cosa bastante conocida la existencia de los lazos que unen la institucionalidad con ese aparato ilegal para la defensa de los intereses de los grandes propietarios o de los bienes de los grandes propietarios. Hoy el paramilitarismo en los territorios donde antes hacía presencia la insurgencia lo que ha ido es a fortalecerse. Lógicamente con un cambio de la modalidad operativa, pero actuando y controlando los territorios. Una muestra de ello es el asesinato de más de 260 compañeros y compañeras firmantes del Acuerdo. (‘Benedicto González’, entrevista, Fonseca, 16 de febrero de 2021).

Los asesinatos se han convertido en sistemáticos para los firmantes del Acuerdo de Paz. Hoy tenemos 257 compañeros asesinados, ¿esto qué es? Hay un recrudecimiento en los territorios de la violencia impresionante. ¿Y por qué se debe esto? Si la paz, si el acuerdo se estuviese implementando desde el territorio, llevando por lo menos garantías de vida para los pobladores y excombatientes, estaríamos avanzando en la implementación, pero nada de eso está sucediendo allá, en la Colombia profunda. (‘Sandra Ramírez’, entrevista, Bogotá, 13/02/2021).

En todo caso, desde el relato de los generales entrevistados, y ante lo reconocido por los excombatientes de la guerrilla, sorprende hallar numerosos relatos en las entrevistas en los que se llega a relativizar, casi con frivolidad, este fenómeno de muertes sistemáticas de población desmovilizada tras la firma del Acuerdo, tal y como atestiguan, por ejemplo, estos dos testimonios:

Aquí en Colombia se ha puesto de moda decir que todos los muertos son líderes sociales. Todos los domingos hay muertos en las canchas de fútbol, en las casas de citas, pero ahora todos son líderes sociales. Ese es el mensaje, precisamente, de guerrilleros que se acogieron al proceso de paz y que están disfrutando de cosas buenas. (Brigadier General 1, entrevista, Bogotá, 24/11/2021).

Cada vez que se utiliza esa cifra de 200 y tantos desmovilizados asesinados yo volteo el argumento y le digo, con toda la dificultad existente, el Estado colombiano le ha garantizado la vida a 12.700 desmovilizados. Claro que son vidas que nos duelen y más en un escenario de negociación de paz, pero se les está tratando de cumplir por medio de la Unidad Nacional de Protección. Ellos tienen un pequeño ejército privado, con camionetas blindadas y con armas del Estado colombiano. Se hace todo lo posible. (Mayor General 1, entrevista, Bogotá, 29/10/2021).

Un último elemento para considerar guarda relación con las dificultades de las que ha adolecido el Estado colombiano para cooptar el vacío de poder territorial producido tras la desmovilización de las FARC-EP. Este punto tercero establecía que, una vez que la guerrilla asumiese el proceso de entrega de armas, el cual se materializó en el primer semestre de 2017, las Fuerzas Militares debían convertirse en los garantes del territorio. Lejos de que esto suceda, varios trabajos han puesto de manifiesto cómo la geografía de la violencia previa al Acuerdo de Paz sigue siendo la misma transcurridos cinco años de su firma (Salas et al., 2019).

Quizá, éste sea el único aspecto sobre el que es posible encontrar algo de autocrítica generalizada entre los generales entrevistados, así como cierta convergencia con el relato de los antiguos integrantes de las FARC-EP, pues en un marco de postconflicto armado, cuando menos, parece necesario repensar los términos seguridad/defensa. Si de promover la paz territorial se trata, tal vez la Policía Nacional, en aras de un tránsito de la seguridad pública hacia la seguridad ciudadana, debiera ser el principal garante del entorno local, una vez desaparecidas las FARC-EP. Lo anterior, no obstante, de forma transitoria, pues tampoco se puede obviar que, en Colombia, durante décadas, el principal actor de disputa frente a las guerrillas fue el Ejército y no la Policía Nacional:

No prestamos suficiente atención a un principio de la física elemental: todo espacio vacío tiende a ser ocupado. Hizo falta un planteamiento sólido de qué iba a hacer el Estado cuando las FARC-EP saliesen del territorio. Eso no sucedió y el espacio fue cooptado por otros actores armados. Faltó estrategia, compromiso y entender que el Estado es algo más que Policía y Ejército. (Mayor General 5, entrevista, Bogotá, 5/11/2021).

La paz territorial se asimila más al concepto de consolidación de la paz en un territorio. Desde la visión militar. Y quiere decir el control de territorio que nunca se ha logrado. En muchos de esos territorios donde estuvimos, por ejemplo, ahora antiguos milicianos y gente que no eran guerrilleros como tal han creado algunas de estas estructuras de lo que llaman disidencias. Otras estructuras son de gente que fueron desertores de las FARC y que tienen el conocimiento del terreno, del manejo de armas, de las relaciones con la población y del negocio (ilícito) en esos territorios. (‘Benedicto González’, entrevista, Fonseca, 16 de febrero de 2021).

Solución al problema de las drogas ilícitas

Uno de los aspectos en donde el discurso de los generales de las Fuerzas Militares identifica algunos de los mayores incumplimientos de la desmovilizada guerrilla, y también del gobierno, guarda relación con este punto del Acuerdo, esto es, con la cláusula que exige la colaboración de la guerrilla para el conocimiento de las rutas cocaleras que durante años fueron objeto de recursos para su financiación. Asimismo, se intenta diseñar una hoja de ruta para promover la sustitución paulatina y voluntaria de los cultivos cocaleros, sin renunciar, en última instancia, a la erradicación forzada (Ríos, 2020:143).

Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) no se ha conseguido reducir la superficie cocalera cultivada con respecto a los años anteriores, la cual, en la actualidad, supera las 200.000 hectáreas -en 2018 era de 169.000-, siendo varios los indicadores que invitan al desánimo (UNODC, 2022). Esto porque los cultivos se han tornado más eficaces, además de que los enclaves con mayor violencia armada están íntimamente asociados a los departamentos con mayor impronta cocalera (Ríos, 2022:290). Aparte, la producción de clorhidrato de cocaína se ha incrementado en 2021 en un 8% y las políticas de promoción alternativa sobre cultivos ilícitos apenas han sido desarrolladas (UNODC, 2021; Instituto Kroc, 2021). Aun con base en lo anterior, los relatos de los entrevistados pertenecientes a las Fuerzas Militares redundan en dos consideraciones claramente compartidas: 1) la exclusiva falta de compromiso de las FARC-EP en identificar las rutas del narcotráfico y 2) la necesidad de una política más eficiente para un problema que, todavía hoy, es el principal motor de la violencia en Colombia:

Ellos (las FARC-EP) se comprometieron a aportar las rutas, la identificación del negocio, a colaborar en la erradicación de cultivos y promover programas de sustitución, Ha sido todo lo contrario. Estas personas (las FARC-EP) han sabido manipular a que el campesinado lo vea que la única forma de seguir subsistiendo es cultivando coca. Con la política actual se pierden recursos, se pierde tiempo y no se logra la erradicación del cultivo de coca. (Mayor General 3, entrevista, Bogotá, 24/11/2021).

El proceso de paz no afectó al narcotráfico absolutamente en nada. Fue un error estratégico haber incluido el narcotráfico en la agenda de negociación. Es el factor que explica la ampliación de oportunidades y capacidades en el ELN, pero también de unas disidencias en proceso de recomposición. (Brigadier General 2, entrevista, Bogotá, 21/10/2021).

Desde las voces representativas de las antiguas FARC-EP, la mayor parte con cargos de responsabilidad en el partido político Comunes, se aprecia una preocupación totalmente diferente. Al ser preguntados por este punto del Acuerdo, las narrativas problematizan otras cuestiones, asociadas a la transformación de los emplazamientos cocaleros de los sectores más vulnerables, pero nunca en relación con aspectos, en sentido estricto, vinculados al narcotráfico. De hecho, de los seis puntos del Acuerdo, posiblemente, entre todo el grueso de entrevistados, este es el punto al que menos referencias explícitas se realiza:

Es imposible la construcción de paz mientras no existan nuevos elementos que empoderen y garanticen la rentabilidad de la actividad agropecuaria en el país. De lo contrario se va a seguir dejando a merced de las economías ilegales a esta población campesina. Se trabaja a pérdida. El Estado está dejando y coadyuvando a que este campesinado recurra y sea presa de las economías ilícitas que les genera unos mínimos de rentabilidad (…) Cultivar coca no es narcotráfico. Son cosas muy distintas. La rentabilidad recae en el narcotraficante, que para que desaparezca hace necesario respuestas (que no han llegado) contra los productores de los insumos químicos que son el 50% de esa cadena de producción. (‘Benkos Biohó’, entrevista, Quibdó, 5/3/2021).

Víctimas

Éste es otro de los puntos que genera mayor discrepancia entre los generales entrevistados y los miembros destacados de la desmovilizada guerrilla. Su contenido, dentro del Acuerdo, sirve para establecer los elementos con los que proteger los derechos de las víctimas, atendiendo a las cuestiones de justicia, verdad, reparación y no repetición. Al respecto, se compromete la creación de una Comisión de la Verdad (CEV), una Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas por el Conflicto y una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (Ríos, 2020:143). Esta última, encargada de las condiciones procesales y judiciales de los excombatientes de las FARC-EP (sin transgredir el derecho internacional humanitario), y del resto de personas ‒agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública o cargos políticos, entre otros‒ que estuvieron involucradas directa o indirectamente en la violencia producida por el conflicto armado.

Entre los militares entrevistados, mayoritariamente, se comparte el argumentario general de los opositores al Acuerdo de Paz, al considerar que se alimenta un halo de impunidad en favor de la otrora guerrilla. Esto aun cuando diferentes instancias como la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas o la Unión Europea, precisamente, han destacado todo lo contrario. Así, este punto quinto establece que los delitos más graves, siempre que haya participación del acusado frente a los derechos de verdad, reparación y no repetición, tendrán penas privativas de libertad de entre 5 y 8 años, extendiéndose hasta 20 cuando no haya sometimiento a la justicia. Además, cuestión aparte es su importancia reparadora para con el tejido social, como reconoce el siguiente entrevistado:

Para mí, si este Acuerdo es de largo aliento es por su eje fundamental: las víctimas. Nosotros estamos cumpliendo, pero usted ve un sector que tiene mucho temor de que se sepa la verdad. Sólo desde la verdad y la reconciliación se puede reparar a la mayoría de la sociedad colombiana. Desde esa reconciliación, entre todos, es ver cómo vamos a construir el nuevo país y qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones. El Acuerdo de Paz tiene esa gran potencia restauradora y potenciadora para la construcción de la nueva Colombia en paz, con justicia social y donde quepamos todos. (‘Rafael Malagón’, entrevista, Bogotá, 22/3/2021).

Por otro lado, una de las grandes preocupaciones para el estamento militar reposa en el hecho de que los miembros de la Fuerza Pública y agentes del Estado se puedan acoger a la arquitectura de la JEP. Algo que ha alimentado la falsa sospecha entre los miembros del Ejército ‒en contra de lo que reconocen los informes de seguimiento al Acuerdo (Instituto Kroc, 2017, 2021) ‒ de que los únicos que corren peligro de ser juzgados sean los miembros de la fuerza pública, y no los antiguos integrantes del grupo armado:

Hasta ahora no ha llegado el primer informe de la JEP. Ninguna sanción o ejecución de investigaciones. Sólo se alimenta esa diferencia de quién fue el bueno y quien fue el malo. Resulta que el Estado era el opresor, con una línea coercitiva y asesina, y nada para un grupo narcoterrorista que tanto daño hizo a nuestro Ejército colombiano y nuestras Fuerzas Militares. El caso ahora es sacar más ‘falsos positivos’. A los 1.400 existentes ahora lo elevan a 6.400, sin ninguna evidencia ni soporte, dejando entrever una mala imagen de nuestras Fuerzas Militares. (Mayor General 3, entrevista, Bogotá, 24/11/2021).

Relacionado con lo anterior, buena parte de estos altos mandos entrevistados coincide en reconocer un desdibujamiento del proceso de esclarecimiento de responsabilidades jurídicas y simbólicas que recaen sobre la CEV y la JEP. Ambas instituciones tienden a ser desacreditadas, al conferirles aquellos una condición sesgada, parcial y benévola con las FARC-EP, que repercute negativamente en la imagen e integrantes del cuerpo militar. Así, se cuestiona su sentimiento de integralidad y, yendo más allá, tal y como verbalizan varios entrevistados, se incurre en un sentimiento generalizado de criminalización de las Fuerzas Militares, incluso, entre algunas de las voces más favorables al Acuerdo de Paz:

Esta Comisión no ha hecho trabajo de campo. No ha ido a ninguna región a hablar con las víctimas. Ha hablado todo el tiempo con los victimarios y está haciendo un informe benévolo con las FARC, desconociendo 60 años de asesinatos, violencias y azote en las regiones (…) Esta Comisión trabaja en una sola perspectiva. Tenemos 14.000 soldados mutilados en la última década, 389.000 víctimas de las Fuerzas Militares y la Policía, con huérfanos, viudas, desaparecidos y secuestrados. (Brigadier General 1, entrevista, Bogotá, 24/11/2021)

Como es de esperar, todo lo contrario, se puede encontrar en el universo discursivo de las extintas FARC-EP, tal y como revelan las palabras de su último comandante jefe y presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, al ser entrevistado:

Nosotros estamos allí donde nos reclaman. Para pedir perdón, para reparar a las víctimas, para contar la verdad. Muchos no nos creían, pero aquí estamos, cumpliendo. Gracias a eso y a quienes creen en el Acuerdo, realmente lo que más ha avanzado con fuerza es el Sistema Integral de Libertad, Justicia y Reparación. Ahí está la JEP. Ahí está la Comisión de la Verdad. Pero todo este trabajo se libra en medio de una batalla muy dura. Con muchos enemigos, pues en buena medida el corazón del Acuerdo está en este sistema. Es su columna vertebral. (‘Timochenko’, entrevista, Madrid, 2/12/2021).

Implementación, verificación y refrendación

El Acuerdo finaliza con este sexto y definitivo punto, en el cual se recogen los esquemas de seguimiento de la implementación, además de los actores de la comunidad internacional que deben acompañar dicha labor. Esta tarea, a nivel interno, recae en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI), mientras que a nivel externo involucra a actores como Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización de Estados Iberoamericanos. Igualmente, esto incorpora el apoyo en la búsqueda y sistematización de experiencias exitosas y la disposición de recursos provenientes de la cooperación internacional en aras de consumar una correcta implementación del Acuerdo (Ríos, 2021b:4).

Aunque no todos, son varios los generales entrevistados que hacen alguna mención al componente internacional. Con base en las cifras oficiales que publica la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (2022), el respaldo económico que ha recibido Colombia en los últimos cinco años ha superado ampliamente los 2.000 millones de dólares, de los cuales, una buena parte ha ido a apoyar, directa o indirectamente el Acuerdo. Sea como fuere, no se debe obviar que, según las normas internacionales de la cooperación para el desarrollo, Colombia es un país de renta media y, por ende, no es prioritario como destinatario de fondos de esta naturaleza. Empero, los cuestionamientos por parte de los militares entrevistados giran en torno a dos cuestiones. La primera, cuestionar la legitimidad de la comunidad internacional para con un Acuerdo de Paz vulnera los derechos humanos:

El gobierno de Santos violó una línea roja que se había trazado para poder llegar a un acuerdo con las FARC-EP. Habrá impunidad para los delitos de lesa humanidad. Nos sorprende que haya venido la Corte Penal Internacional para avalar la JEP, que es una justicia elaborada con base en lo que querían las organizaciones terroristas y que, en parte, fue elaborada por extranjeros. (Mayor General 4, entrevista, Bogotá, 24/11/2021).

El segundo guarda relación con el reclamo de una mayor financiación, al entenderse que los recursos que inicialmente fueron comprometidos nunca terminaron desplegados en el país. En realidad, el coste estimado de la implementación del Acuerdo, según las estimaciones presupuestarias de 2017, era próximo a los 40.000 millones de dólares, ello bajo una aportación proveniente de la cooperación para el desarrollo plenamente marginal (Junguito et al., 2017). No obstante, el argumento puede entenderse sólo con el propósito de desacreditar al conjunto de la arquitectura internacional que, desde el inicio, respaldó y apoyó las diferentes fases del proceso de paz con las FARC-EP:

Después de los Acuerdos y durante los Acuerdos hubo muchos organismos internacionales que prometieron ayuda. Nada de eso ha pasado y aquí vienen organismos como la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas o la DEA a endilgarle delitos al Estado colombiano. (…) Lo que necesitamos es dinero, porque estos cinco años el gobierno no ha dejado de hacer obras sociales, públicas y de hacer crecer el aparato administrativo del Estado para cubrir las necesidades de los delincuentes que se acogieron a este proceso de paz. (Brigadier General 1, entrevista, Bogotá, 24/11/2021).

Como es habitual, y así se ha expuesto a lo largo de estas páginas, la mirada entre los antiguos comandantes de las FARC-EP es muy diferente. El papel de la comunidad internacional se percibe como el de garante y coadyuvante a su correcta implementación. Esto en relación con el generalizado compromiso y respaldo que exhibió la comunidad internacional en relación con el proceso de paz y su apoyo a todas las iniciativas que, desde el pasado, fueron dirigidas a transformar la violencia y establecer las bases de una paz estable y duradera:

Para nosotros es fundamental el papel de la comunidad internacional, que actúa como garante y respaldo para el Acuerdo de Paz. Es importante, sin embargo, que llegue al territorio, pues sus esfuerzos allí no se ven reflejados, a pesar de todo el esfuerzo y las buenas intenciones (…) Necesitamos que la comunidad internacional, que Europa, que los países acompañantes y seguidores de este proceso, que creen en la paz de Colombia, que quieren la paz de Colombia, nos rodeen y nos ayuden para hacer que verdaderamente el Gobierno colombiano implemente ese acuerdo de paz y evitemos que nuestra gente se siga matando. (‘Pedro Baracutao’, entrevista, Medellín, 20/4/2021).

Conclusiones: (in)cumplimientos recíprocos de un débil proceso de implementación

Con base en lo planteado en estas páginas se pueden extraer varias conclusiones. Primero, se aprecia un discurso marcadamente dispar, entre los integrantes de las Fuerzas Militares y los exdirigentes de las FARC-EP, en relación con la necesidad del Acuerdo. Para los primeros concurre un cuestionamiento a la legitimidad de origen del proceso de diálogo con la guerrilla. Tanto por la convicción de que la derrota militar de las FARC-EP era un hecho contrastable ‒aunque más bien se trataba de una derrota estratégica‒ como por el rechazo a reconocer al grupo armado como un interlocutor formal con el Estado. A esto se debe sumar el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que se rechazó en voto popular el contenido del Acuerdo. Mientras, para los otrora combatientes, el Acuerdo es el punto de inflexión político más importante de la vida democrática del país y el reconocimiento de una necesidad de cambios y transformaciones sobre las carencias que acompañan a la democracia colombiana.

Asimismo, varias partes de la implementación del Acuerdo alimentan importantes suspicacias en los generales entrevistados, destacándose especialmente tres de ellas. La primera es la posibilidad de que un actor enmarcado en la violencia armada pueda participar políticamente de manera ‘impune’ en la adopción de decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Inclusive, no pocos de los entrevistados señalan la preocupante connivencia que existe entre el sector desmovilizado de las FARC-EP, con representación en el Legislativo, y la proliferación de las disidencias armadas. Esto, aun cuando la evidencia arroja que desde el partido heredero de la guerrilla ha habido un marcado posicionamiento de crítica para con el activismo de unos grupos armados que, en muchas ocasiones, son responsables de numerosos actos de violencia contra la población desmovilizada.

En segundo lugar estaría el punto, prácticamente unánime, de repensar estrategias de lucha contra el narcotráfico y la necesidad de optimizar el control del territorio por parte del Estado. Este es el único aspecto en donde es posible encontrar algo de autocrítica, sobre todo, vistos los escasos avances al respecto de la implementación. En tercer lugar, y posiblemente se trata del aspecto más problemático, se aprecia un muy generalizado sentimiento de rechazo hacia el componente de víctimas. Se entiende que las instituciones creadas por el Acuerdo, como la JEP o la CEV, están profundamente sesgadas, alimentan un escenario de politización de la justicia, un halo de impunidad para las FARC-EP y una criminalización para los integrantes de las Fuerzas Militares.

Para el caso de la desaparecida guerrilla, sus principales preocupaciones con respecto a la implementación del Acuerdo de Paz tienen un significado bien distinto. Primero, se considera que el proceso de construcción de paz ha sido notablemente desatendido por el gobierno actual, de modo que destacan las preocupaciones con respecto al plano territorial, especialmente en lo relativo a la reforma rural integral y la resolución del problema de las drogas ilícitas. En ambos casos, la implicación de las comunidades, la construcción de capacidades y la generación de recursos es tan importante como desatendido por el actual gobierno. Una segunda preocupación palpable guarda relación con la disposición de garantías plenas para la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. Esto es, tanto en el plano político, de ejercer los derechos de participación y oposición en todos los niveles, como en relación con los derechos a la vida y la integridad física. Finalmente, queda señalar cómo entre el relato de los exguerrilleros de las FARC-EP hay un lugar común, ampliamente recurrido, de mostrar su compromiso con el cumplimiento y, por extensión, su distancia frente a cualquier posible fórmula de violencia (como las disidencias), y a la vez reclamar una mayor implicación del gobierno, para lo que la cooperación internacional puede ser un factor de gran importancia.

Como otra consideración, ha de señalarse que, aunque la implementación es un proceso de largo plazo, el cual debe involucrar varios periodos presidenciales, sus resultados y avances bajo la presidencia de Iván Duque han sido muy escasos. Si bien, en términos generales, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (2021) reconoce que se ha cumplido ya con un 30% de lo dispuesto en el Acuerdo, también es cierto que el ritmo de avance pleno en los tres últimos años ha sido de un 2% anual. De los seis puntos que conforman el Acuerdo,el fin del conflicto (punto tercero) y los mecanismos de implementación, verificación y refrendación (sexto) son los que más han avanzado en el despliegue de sus disposiciones, con un 49% y un 58%, respectivamente. Mientras, la reforma rural integral y la transformación estructural de los enclaves más afectados por la violencia (punto primero) o la solución al problema de las drogas ilícitas (cuarto), apenas evidencian mínimos avances.

De hecho, la posición de reserva del actual Ejecutivo con el Acuerdo se hizo patente en varios aspectos. Se dejó a éste por fuera del Plan Nacional de Desarrollo, lo que cercenaba cualquier atisbo de autonomía presupuestaria. Después, el partido del gobierno ha tratado de oponerse a la aprobación de algunos puntos centrales como la puesta en marcha de 16 curules que deben dar voz política en el Legislativo a las regiones más afectadas por el conflicto armado. También, la propia JEP trató de ser objetada por el mismo presidente, y dada su imposibilidad, éste optó por impulsar su desfinanciación en un 30%, a mediados de 2019.

Nada de lo anterior se refleja en el relato de los generales entrevistados. La gran mayoría entiende que el gobierno de Iván Duque ha hecho las veces de firme valedor de lo suscrito en La Habana. A tal efecto, consideran que la guerrilla, que ha concurrido electoralmente con un resultado muy negativo hasta el momento y que se mantiene en más de un 90% de manera comprometida con el proceso de desmovilización plena y reincorporación a la vida civil, son los únicos detractores de la implementación:

Las FARC no han cumplido en nada. Ni en el arrepentimiento, ni en la entrega de bienes, ni en la entrega de tierra, ni en nada. Eso resta legitimidad y credibilidad a todo este proceso. (Mayor General 2, entrevista, Bogotá, 26/10/2021.

Las FARC-EP no han pedido perdón, ni indemnizado, ni devuelto los activos. Tienen representación en el Congreso sin ir a elecciones. Ahí deberían estar sentadas las víctimas, no ellos (…) El gobierno del presidente Duque es el que de verdad ha cumplido, a pesar de la crisis económica, de la pandemia y de la mayor tasa de pobreza en la historia colombiana. (Mayor General 7, entrevista, Bogotá, 25/11/2021).

Nuevamente y en sentido contrario, para los miembros de la guerrilla desmovilizada, el único y firme saboteador del Acuerdo ‒lo cual es otro lugar común de todas las entrevistas‒ ha sido el Ejecutivo de Iván Duque, tal y como lo verbalizan los siguientes entrevistados:

El Acuerdo de Paz, por supuesto, ha tenido claros saboteadores. Yo creo que, claramente, el uribismo, aunque el uribismo no actúa solo. Son también las elites económicas y políticas del país e, incluso, Estados Unidos también ha tenido un papel muy dudoso. (Tania Nijmeijer, entrevista, Cali, 16/3/2021).

Quienes han saboteado el cumplimiento del Acuerdo son el partido de gobierno Centro Democrático, en cabeza del presidente Álvaro Uribe, y los partidos de derecha que hacen parte de esa coalición. Al acuerdo de paz le ha hecho mucho daño la estigmatización y esas calumnias del Centro Democrático diciendo que le iban a entregar el país al castrochavismo. (‘Pablo Catatumbo’, entrevista, Bogotá, 28/2/2021).

En conclusión, este trabajo ha conseguido capturar los relatos de once generales colombianos y diez voces autorizadas de las antiguas FARC-EP que, aun con todo, no representan un universo discursivo único. A pesar de que existen matices y apreciaciones entre sus narrativas, sus posiciones sobre las dimensiones y categorías analizadas guardan una muy alta concordancia discursiva. Tal vez, próximos trabajos deban buscar posibles contradicciones atendiendo a diferentes niveles/escalas de responsabilidad orgánica o profundizando sobre aspectos generacionales, formativos o de otra naturaleza, tanto de militares como de excombatientes. Igualmente, la variable territorial y, por ende, la necesidad de situar los discursos en contextos geográficos disímiles, tanto en población exguerrillera como de las Fuerzas Militares, puede ofrecer diferentes posibilidades analíticas aún por explorar. Esto, yendo más allá de las elites, las cuales han sido protagónicas en estas páginas.

Indudablemente, el conflicto armado colombiano, así como su actual proceso de transformación, sigue siendo un objeto de estudio inconmensurable en cuanto a sus posibilidades. Opciones que se verán renovadas y encontrarán una nueva ventana de oportunidad analítica tras el cambio de inquilino en la Casa de Nariño y la llegada a la presidencia de Colombia del progresista Gustavo Petro para el período 2022-2026.

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Notas

• 1
  . Cooperativa de referencia en las antiguas FARC-EP para la promoción de la reincorporación colectiva por medio de emprendimientos y formas colectivas de asociación de excombatientes.
• 2
  . Fragmento mostrado por el Mayor General 4 en el transcurso de la entrevista. La posición del General Mora Rangel se puede constatar en Mora-Rangel, Jorge E. (2021). Los pecados de la paz. Vivencias y convicciones de la guerra y la paz en Colombia. Bogotá, Planeta.

• *
  Este trabajo ha sido resultado del proyecto PR65/19-22461, denominado “Discurso y expectativa sobre la paz territorial en Colombia: una mirada comparada entre las antiguas FARC-EP y las Fuerzas Militares”. De este último, Jerónimo Ríos es su investigador principal, habiendo sido financiado en la convocatoria de Proyectos de I+D para jóvenes doctores, resultado del marco del convenio plurianual entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid de 2019.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  15 Abr 2024
• Fecha del número
  Mar 2025

Histórico

• Recibido
  15 Abr 2022
• Revisado
  13 Jul 2022
• Acepto
  31 Jul 2022