Las Consecuencias Políticas de los Movimientos Sociales de Argentina: la Ley Micaela y la Ley de Barrios Populares

As Consequências Políticas dos Movimentos Sociais da Argentina: a Lei Micaela e a Lei dos Bairros Populares

The Political Consequences of Argentina’s Social Movements: The Micaela Law and the Law on Popular Neighborhoods

Les Conséquences Politiques des Mouvements Sociaux en Argentine: La Loi Micaela et la Loi sur les Quartiers Populaires

Resumen

El presente artículo analiza las consecuencias políticas de los movimientos sociales de la Argentina, a partir de la demanda e implementación de dos leyes: la Ley Micaela, de formación obligatoria en temáticas de género para agentes estatales; y la Ley de Barrios Populares, que obliga al Estado a urbanizar a las barriadas pobres del país. Se parte de un abordaje cualitativo, basado en técnicas de investigación como el análisis de documentación oficial, las entrevistas en profundidad y las consultas con informantes clave. La evidencia recopilada muestra que ambas leyes tuvieron un significativo impacto tanto en cuanto a la cantidad de personas alcanzadas, como en las innovaciones institucionales generadas en el Estado. Las conclusiones de este trabajo permiten comprender el accionar de los movimientos sociales de Argentina desde la literatura de las ‘consecuencias políticas’, ampliamente utilizada en la academia de los Estados Unidos y del Brasil, pero casi inexplorada para el caso argentino.

movimientos sociales; Argentina, consecuencias políticas; ley Micaela; ley de barrios populares

Resumo

Este artigo analisa as consequências políticas dos movimentos sociais na Argentina, com base na demanda e na implementação de duas leis: a Lei Micaela, que exige treinamento obrigatório em questões de gênero para agentes do Estado; e a Lei dos Bairros Populares, que obriga o Estado a urbanizar os bairros pobres do país. A abordagem é qualitativa, baseada em técnicas de pesquisa como a análise de documentação oficial, entrevistas aprofundadas e consultas a informantes-chave. As evidências coletadas mostram que ambas as leis tiveram um impacto significativo no que diz respeito ao número de pessoas atingidas e às inovações institucionais geradas no Estado. As conclusões deste artigo nos permitem entender as ações dos movimentos sociais na Argentina a partir da literatura de ‘consequências políticas’, amplamente utilizada na academia nos Estados Unidos e no Brasil, mas praticamente inexplorada no caso argentino.

movimentos sociais; Argentina; consequências políticas; lei Micaela; lei de bairros populares

Abstract

This paper analyzes the political consequences of social movements in Argentina, based on the demand for -and the implementation of- two laws: the Micaela Law, which requires mandatory training in gender issues for state agents, and the Law of Popular Slums, which requires the State to urbanize the country’s slums. It follows a qualitative approach, based on research techniques such as the analysis of official documentation, in-depth interviews and consultations with key informants. The evidence gathered shows that both laws had a significant impact both in terms of the number of people reached as well as of the institutional innovations generated in the State. The conclusions of this paper allow us to understand the actions of social movements in Argentina according to the ‘political consequences’ literature, widely used in the academy, both in the United States and in Brazil, but almost unexplored in Argentina.

social movements; Argentina, political consequences; Micaela law; law of popular neighborhoods

Résumé

Cet article analyse les conséquences politiques des mouvements sociaux en Argentine, à partir de la demande et de l’implémentation de deux lois : la Loi Micaela, qui impose une formation obligatoire sur les questions de genre pour les agents de l’État ; et la Loi sur les Quartiers Populaires, qui oblige l’État à urbaniser les quartiers pauvres du pays. L’approche adoptée est qualitative, reposant sur des techniques de recherche telles que l’analyse de la documentation officielle, les entretiens approfondis et les consultations auprès d’informateurs clés. Les données recueillies montrent que ces deux lois ont eu un impact significatif tant en termes de nombre de personnes touchées que sur les innovations institutionnelles induites par l’État. Les conclusions de cette étude permettent de comprendre l’action des mouvements sociaux en Argentine à travers la perspective des ‘consequences politiques’, un domaine largement exploré dans les milieux académiques aux États-Unis et au Brésil, mais peu étudié pour le cas argentin.

mouvements sociaux; Argentine; conséquences politiques; loi Micaela; loi sur les quartiers populaires

Introducción

El presente artículo analiza las consecuencias políticas de los movimientos sociales de la Argentina reciente, focalizando en dos leyes aprobadas en el año 2018, que han devenido en políticas públicas de gran envergadura: la Ley Micaela, de formación obligatoria en temáticas de género y diversidad sexual para empleados estatales; y la Ley de Barrios Populares, que obligó al Estado nacional a urbanizar las villas y barrios de emergencia. Estas dos leyes fueron aplicadas en dos gobiernos de signos políticos opuestos, y son producto del accionar en el plano político institucional de los movimientos sociales contemporáneos de la Argentina. Centralmente, del movimiento de mujeres, géneros y de luchas por la diversidad sexual, por un lado; y del movimiento de la Economía Popular, heredero de las organizaciones de desocupados y ‘piqueteras’, por el otro.

El estudio se realiza desde el enfoque teórico de las consecuencias políticas de los movimientos sociales. Esta literatura, que analiza el impacto en las políticas públicas y en la institucionalidad estatal de los movimientos sociales, se ha desarrollado fuertemente en las últimas décadas en el norte global, pero también en el Brasil. Paradójicamente, en la Argentina, donde existe una prolífica literatura sobre los movimientos sociales de la historia reciente, la literatura sobre las ‘consecuencias políticas’ no ha tenido pregnancia. Es por ello que este trabajo busca cubrir un área de vacancia en los estudios del campo, aplicando un marco bibliográfico sumamente relevante al estudio de dos casos significativos del accionar de los movimientos más importantes del país.

El artículo analiza cómo fueron concebidas, demandadas e implementadas dos políticas públicas: la formación feminista en materia de género para los agentes estatales, que el movimiento de mujeres exigió con vehemencia; y la urbanización e integración socio urbana de los barrios populares, reclamada por las organizaciones de la Economía Popular.

Los hallazgos de este trabajo muestran el significativo impacto en términos de consecuencias políticas de dichas leyes: ambas fueron conquistadas primero en el ámbito legislativo nacional; se trasladaron luego al poder ejecutivo donde implicaron la conformación de dependencias estatales creadas especialmente para su aplicación, y en ambos casos también los movimientos sociales lograron hacer ingresar al Estado a sus militantes con el objetivo de que las implementen. El trabajo muestra que, producto de estas leyes, se han incorporado cuantiosos empleados y se ejecutaron políticas públicas que alcanzaron a decenas de miles de personas; de esta forma, este artículo alumbra con datos empíricos las significativas consecuencias políticas de estos movimientos, las cuales son leídas desde un marco teórico novedoso para el caso argentino.

Metodología

El presente trabajo está enmarcado en un abordaje cualitativo (Strauss, Corbin, 2002), que recupera herramientas tanto de la sociología como de la ciencia política. La estrategia metodológica implicó un seguimiento de cerca del accionar de los movimientos estudiados en el plano estatal-institucional, analizando y registrando los impactos que tuvieron las dos leyes estudiadas. Para este estudio se trabajó con técnicas de recolección y de construcción de datos tales como las observaciones en el terreno, las entrevistas con informantes clave y el análisis documental.

Las observaciones fueron realizadas tanto en los barrios donde tienen sus locales comunitarios y políticos, las organizaciones, como en sus movilizaciones y negociaciones con el Estado. Durante dicho proceso se confeccionaron notas de campo condensadas (Valles, 1997) (citas textuales durante las observaciones) y notas expandidas (ampliación en detalle de las notas condensadas después de la observación).

Respecto de las entrevistas, para este trabajo se realizaron entrevistas abiertas y en profundidad, tal como sugiere la literatura como técnica apropiada para los estudios cualitativos (Piovani, 2007); estas fueron realizadas con informantes clave que participaron tanto en la elaboración de los proyectos de ley como en su implementación en diferentes dependencias estatales. Las y los informantes fueron seleccionados de manera estratégica, es decir, según criterios guiados por los objetivos del trabajo, tal como corresponde a esta modalidad de muestreo no probabilístico (Vieytes, 2004).

El análisis documental ocupó un lugar central en esta investigación. Además de observar el impacto de las leyes y políticas públicas en medios de comunicación, resultó clave analizar tanto los textos legislativos, como los decretos publicados en el Boletín Oficial de la Nación que terminaron por promulgar las leyes, así como sus documentos anexos. En ambas políticas públicas estudiadas, los organismos estatales a cargo de implementarlas publicaron periódicamente “informes de avances”, con datos cuantitativos y cualitativos sobre la aplicación de esas políticas. Esto constituyó un material documental indispensable para analizar algunos aspectos de su alcance en términos de consecuencias políticas. El corpus de análisis documental provino entonces centralmente de los documentos publicados por el Congreso Nacional, por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (MMGyD), así también como por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU); también se consideraron documentos de otras dependencias estatales como el Ministerio de Educación de la Nación y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Marco teórico

El campo de estudios sobre movimientos sociales ha sido prolífico en Argentina desde finales de la década de 1990. Los primeros trabajos mostraron cómo las nuevas organizaciones sociales cuestionaban las políticas neoliberales de dicha década, y defendían la autonomía de sus ámbitos organizativos respecto de las instituciones estatales (Thwaites Rey, 2004).

De los nuevos emergentes organizativos, el movimiento que tomó mayor centralidad – por su masividad y protagonismo – fue el de los y las desocupadas (Svampa, Pereyra, 2003). A partir de un método de protesta contencioso, el corte de ruta o ‘piquete’ fue creciendo en relevancia.

La agenda de investigaciones en este campo se modificó desde el 2003 en adelante, cuando la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner generó un gran impacto en el mundo de las organizaciones sociales. A partir de una disminución de la política represiva y de una mayor apertura a las demandas de los movimientos, el kirchnerismo incorporó a importantes sectores movilizados a sus filas. Este nuevo escenario llevó a una reorientación de los estudios del campo, que pasaron a analizar este proceso desde frames clásicos como el de la cooptación de los movimientos ante el Estado o el del ‘clientelismo’.

Las relaciones clientelares han sido profundamente atendidas por la academia argentina (Auyero, 1997; Vommaro y Combes, 2016), y más específicamente en su relación con el peronismo (Auyero, 2001). El involucramiento de los movimientistas en las políticas públicas fue leído por algunos como una forma de cooptación clientelar por parte del gobierno (Escudé, 2007). Sin embargo, estudios empíricos posteriores cuestionaron la idea de la cooptación y mostraron que el acompañamiento de las organizaciones respondía más bien a la concordancia ideológica con el gobierno (Natalucci, 2008); también se mostró que las organizaciones incorporadas al Estado mantenían una agenda propia dentro de la gestión, fortaleciendo sus horizontes políticos independientemente del rumbo del gobierno (Longa, 2019a)¹.

Desde una perspectiva similar, otros autores leyeron el ciclo kirchnerista como una nueva ola de incorporación de los sectores populares a la política (Rossi, 2017), a partir de un enfoque sociopolítico que registra en el peronismo de mediados del siglo XX la primera ola en que el mundo popular accedió a reconocimiento y protagonismo en el campo político (Collier, Collier, 1991). Esta mirada más global del fenómeno se emparenta con estudios recientes de tipo macro estructurales, que se ocupan de los movimientos sociales en América Latina (Bringel, Falero, 2016).

La consolidación del kirchnerismo, que se mantuvo hasta 2015 en el poder, y la cada vez mayor recurrencia de los movimientos a integrarse al Estado, produjeron estudios de corte sociológico que buscaron comprender las paradojas y complejidades de las organizaciones en las dependencias estatales. Así, mostraron cómo se fue consolidando una épica sobre “militar el Estado” (Gradin, 2012), señalando los procesos híbridos y complejos de “institucionalización en movimiento” (Longa, 2019a) de las organizaciones incorporadas al gobierno.

La producción académica local sobre los movimientos sociales se focalizó entonces más en los procesos y transformaciones internos que experimentaban las organizaciones, que en las modificaciones que generaban los movimientos en el Estado. Por ello, el foco de análisis no se centró en observar las consecuencias políticas de los movimientos, lo cual sí constituye un frame sumamente relevante en la academia del norte global. Dicho enfoque entiende a las consecuencias políticas de los movimientos como “los intentos de los movimientos sociales para influenciar en la creación de políticas públicas, en derechos, en procesos electorales, en decisiones legales, en partidos políticos y en las burocracias estatales” (Amenta et al, 2010:288)².

Desde finales de la década de 1990 esta literatura viene produciendo análisis sistemáticos sobre los impactos u outcomes que generan los movimientos en el Estado (Giugni, 1998). En la década del 2000 estos trabajos se multiplicaron, mostrando el impacto en la confección de políticas públicas que generaban los movimientos en áreas tan disímiles como en las luchas por los derechos civiles (Andrews, 2004), o en los movilizados contra la energía nuclear (Kolb, 2007). La variedad en los modos en que los movimientos influencian las políticas públicas llevó a reconocer tres modelos: de efectos directos, de efectos indirectos y los modelos de efectos mixtos (Giugni, 2004); otros estudios advirtieron la creación de una “institucionalidad anómala” (Martínez, 2020), como consecuencia por ejemplo de las luchas por las ocupaciones de viviendas.

Para el estudio de los proyectos de ley demandados por los movimientos sociales, por ejemplo, la literatura de las consecuencias políticas sugiere aprehender tres dimensiones: el establecimiento de la agenda, el contenido legislativo y la aprobación de la legislación (Amenta, Young, 1999). En este artículo, se analizan todos esos aspectos, tanto de la Ley Micaela como de la Ley de Barrios Populares.

Pero a pesar entonces de que esta corriente de estudios producidos en Estados Unidos fue muy prolífica, “presuponen una separación entre movimientos y políticas institucionalizadas, y analizan la sociedad y el Estado desde categorías cerradas, como entidades autónomas y dicotómicas (outsider vs insider, retador vs autoridad)” (Gurza Lavalle et al., 2018:38), lo cual no resulta operativo para comprender la realidad de los movimientos sociales latinoamericanos.

Esto es así, porque las relaciones entre sociedad y Estado se han constituido históricamente bajo patrones diferentes de los que tuvieron lugar en los Estados Unidos. Para ello, los aportes de teóricos latinoamericanos como Marcos Kaplan o René Zavaleta Mercado resultan indispensables. En sus trabajos se puede apreciar la influencia de teóricos europeos como Antonio Gramsci o Nicos Poulantzas, quienes con gran lucidez pensaron desde un punto de vista estructural y relacional los vínculos entre Estado y sociedad. Desde estas miradas, el Estado representa la condensación material de un tipo de relación social, que puede incluir coyunturas de autonomía relativa respecto de determinados sectores de las clases dominantes (Poulantzas, 1979). En esa línea, Kaplan señala que el Estado en América Latina es un “regulador de las relaciones entre las clases y grupos nacionales y entre el país y las metrópolis” (Kaplan, 1969:201); mientras que, para Zavaleta Mercado, “no hay duda de que el Estado mismo puede ser más instrumental, más burocrático-hegeliano o más popular-estructural” (2009:334). Estas particularidades son las que exigen utilizar un marco teórico que se ajuste más a nuestra región al momento de analizar las relaciones entre movimientos sociales y Estados.

En América Latina, es en el Brasil donde la literatura de las consecuencias políticas de los movimientos sociales se ha podido desarrollar con un estatuto propio. Esa agenda teórica ha alcanzado un desarrollo sistemático, mostrando “cómo los movimientos sociales son importantes en la producción de políticas públicas” (Carlos, 2021:2). Estos trabajos reconocen que, durante las últimas décadas, “la relación entre movimientos sociales y políticas públicas se convirtió en uno de los temas centrales de la agenda brasilera de estudios sobre movimientos sociales” (Abers, Silva, Tatagiba, 2018:15). Comenzando por los trabajos que han estudiado – en base a evidencia empírica y desde un programa de investigación sostenido en el tiempo, los procesos de institucionalización de los movimientos sociales (Gurza Lavalle et al., 2018), estos estudios fueron mostrando la “mutua constitución” entre movimientos y política institucional, en base a analizar la influencia de los movimientos en la elaboración de políticas públicas (Weyland, 1995; Tatagiba, Abers, Silva, 2018). Estos análisis permiten concluir que las instituciones “por un lado, imponen restricciones a la acción colectiva, configurando sus formas y limitando sus resultados, pero, por otro, abren oportunidades para que los movimientos influyan en las políticas” (Carlos, Dowbor, Albuquerque, 2017:367).

Estos trabajos brindaron conceptos clave para ampliar el foco con el cual se analiza a los movimientos, como el de “repertorios de interacción”, que permite “incorporar la diversidad de estrategias usadas por los movimientos sociales brasileños y examinar cómo estas han sido usadas, combinadas y transformadas” (Abers, Serafim, Tatagiba, 2014:332). O como los de “encajes” y “dominios de agencia”, que permiten comprender las marcas institucionales que los movimientos dejan en el Estado. En la definición de la que nos valemos, debemos entender por “encajes” a las “sedimentaciones institucionales de procesos de interacción socioestatal que adquieren vida propia (artefactos: instrumentos, normas, leyes, programas, instancias, organismos) y a través de los cuales los actores sociales consiguen, en cierta medida, dirigir continuamente la selectividad de las instituciones políticas a su favor, aumentando su capacidad de acción” (Gurza Lavalle et al., 2018:47)³. Por su parte, entendemos a los “dominios de agencia” como “configuraciones de encajes derivadas de procesos de interacción socioestatal, cristalizadas institucionalmente (…) cuyas propiedades distintivas definen la capacidad de acción de los actores a los que se les reconoce agencia en un ámbito de actuación específico” (Gurza Lavalle et al., 2018:26)⁴.

Incluso, algunos de los autores que produjeron estos conceptos, han tomado en cuenta ejemplos empíricos de Argentina, señalando por caso que el colectivo LGBTQI+ de nuestro país logró una institucionalización programática (Gurza Lavalle, Szwako, 2023), es decir que pudo “institucionalizar sus agendas y sus esquemas interpretativos” (Gurza Lavalle, Szwako, 2023:781)⁵.

Todos estos trabajos producidos en el Brasil contribuyeron a evitar miradas dicotómicas y a eludir con ello la separación tajante entre los movimientos y el Estado; por el contrario, son estudios que muestran las fronteras porosas y los canales de mutuo condicionamiento entre ambos (Dowbor, Maudonnet, Cantanhede Silva, 2023). También en Chile, recientemente, algunos trabajos abordaron las consecuencias políticas – principalmente del movimiento estudiantil, en términos de su impacto en la creación de políticas públicas y en el acceso al Estado (Donoso, 2017).

Por todo ello, la literatura sobre los procesos de institucionalización de los movimientos sociales, y en particular respecto de sus consecuencias políticas, resulta un marco conceptual sumamente apropiado para analizar las dos leyes aquí elegidas.

Movimientos y Ciclos Políticos de la Argentina Reciente

Como fue mencionado, durante la década de 1990 emergieron en Argentina un conjunto de nuevos movimientos sociales que rápidamente se transformaron en protagonistas de la vida pública. De toda esa pléyade de movimientos sociales, dos se han destacado por su particular protagonismo y masividad: el movimiento de mujeres, género y diversidades sexuales (Chejter, Laudano, 2002; Vassallo, 2005; Di Marco, 2010), por un lado, y las organizaciones barriales ligadas al mundo de los desocupados – ya mencionadas, por el otro.

Hacia finales del siglo XX, las tendencias mayoritarias en estos dos movimientos marcaban un fuerte rechazo a la participación en el Estado, posiblemente ante la crisis de representatividad que atravesaban los partidos políticos de Argentina. Las organizaciones que componían a estos movimientos solían rechazar las instancias electorales y proponían, en cambio, nuevas formas de participación basadas en la democracia participativa y en la acción directa (Sitrin, 2010). Esto no quiere decir que esos colectivos no tuvieran relación con el Estado, pero esta relación se basaba más bien en exigirle al Estado “desde afuera” que reconociera sus experiencias, y/o que les otorgara financiamiento, tratando de mantener una autonomía “a pesar del Estado” (Oliveira, Dowbor, 2023); en este tipo de autonomía se rechazan las formas jerárquicas asociadas al Estado, pero este sigue siendo “objeto de reclamos a través de los cuales se exige la producción de políticas dirigidas a las demandas del movimiento” (Oliveira, Dowbor, 2023:180).

Pero, como fue dicho, este escenario se modificó profundamente con la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner. Su presidencia, entre 2003 y 2007, seguida por los dos mandatos presidenciales de su esposa Cristina Fernández de Kirchner entre 2007 y 2015, se enmarcaron en el giro a la izquierda (Levitsky, Roberts, 2011) de América Latina. El kirchnerismo se alió a los gobiernos progresistas de la región, logró una notable mejora en la situación socioeconómica, e incorporó demandas de los colectivos movilizados, lo que llevó a muchos de ellos a apoyar al gobierno y a integrar a sus militantes en cargos de funcionarios.

Pero el escenario político cambió sustancialmente en 2015 cuando Daniel Scioli – el candidato mediante el cual el kirchnerismo buscaba ser reelecto, fue derrotado en las urnas por el partido PRO. Ese partido de derecha (Vommaro, Morresi, 2015), liderado por el empresario Mauricio Macri, llegó a la presidencia bajo la alianza Cambiemos. En ese contexto, tanto los movimientos sociales que habían apoyado al kirchnerismo como aquellos que se habían mantenido en la oposición, se volvieron a encontrar en las calles protestando en conjunto en contra de Macri.

La presidencia de Cambiemos fue un período de fuerte movilización callejera y los dos sectores con mayor dinamismo y masividad en las calles fueron precisamente los movimientos feministas y de mujeres (Partenio, Pita, 2020), y las organizaciones de desocupados/as, herederas del mundo piquetero (Longa, 2022). Durante esos años, y producto tanto de la presión en las calles como del cabildeo con políticos de todo el arco partidario, estos sectores fueron obteniendo reivindicaciones. Las dos leyes estudiadas en este artículo eran reclamadas por esos movimientos y fueron aprobadas por el Congreso Nacional durante la presidencia de Macri, pero con amplio consenso, es decir, con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos.

Un nuevo y sustantivo cambio tuvo lugar en 2019, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se postuló a la vicepresidencia y le propuso ocupar el puesto de presidente a Alberto Fernández, un dirigente peronista moderado. Así crearon la alianza Frente de Todos (FdT), que le ganó la elección presidencial de ese año a Mauricio Macri, quien buscaba ser reelecto. Alberto Fernández contó con el apoyo explícito de numerosas organizaciones sociales y dirigentes movimientistas, que incluso pasaron a ocupar las listas para las candidaturas legislativas del FdT. Desde referentes de las organizaciones de desocupados, como el histórico dirigente piquetero Juan Carlos Alderete, hasta jóvenes dirigentes de las luchas feministas como Ofelia Fernández fueron candidatos/as y, tras el triunfo, ocuparon bancas. Por ello, cuando el 10 de diciembre de 2019 Alberto Fernández asumió la presidencia de la Nación los movimientos pasaron a tener un importante acceso al Estado, logrando puestos en diversos ministerios. El FdT le brindó acceso a movimientistas por ejemplo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el Ministerio de Agricultura de la Nación y en la Cancillería, entre otros organismos; eso, como se verá, amplió los márgenes de participación y de aplicación de las leyes que habían sido aprobadas durante el macrismo.

Transformaciones en los Sectores Movilizados: Feminismos y Economía Popular

Las transformaciones que han tenido lugar tanto en el movimiento de mujeres como en el de las organizaciones de desocupados durante los años recientes, son significativas. Respecto de los feminismos, del movimiento de mujeres y del colectivo de LGBTQI+⁶, constituye una de las experiencias más relevantes de la escena pública de los últimos años en Argentina. Con una larga tradición en el país (Tarducci, Rifkin, 2010), estos movimientos han ido ganando la agenda pública, instalando numerosas demandas y obteniendo conquistas. La potencia del movimiento feminista en Argentina ha sido destacada por la literatura contemporánea, tanto local (Gago, 2019) como global (Carlson, 2014). Fue en 2015 que estos movimientos tuvieron un pico de masividad y visibilidad, cuando a partir de una serie de resonantes femicidios que conmocionaron a la opinión pública se instaló fuertemente una agenda de reivindicaciones feministas. Un punto de inflexión en ese proceso tuvo lugar el 3 de junio de ese año, cuando se organizó una multitudinaria movilización contra los femicidios bajo la consigna “Ni Una Menos”. Dicha consigna se transformó en una seña clave de este movimiento, y se conformó un potente colectivo que lleva dicho nombre (Piccone, 2020).

Las consecuencias políticas que viene generando este poderoso movimiento son múltiples y podrían resumirse rápidamente en la promulgación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) de 2006, la cual, como fue dicho, fue leída por la literatura brasileña como un caso de “institucionalización programática” (Gurza Lavalle, Szwako, 2023) de los movimientos; la ley de matrimonio igualitario del año 2010; la Ley de Identidad de Género aprobada en 2012 y, tal vez la más emblemática de todas, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, comúnmente denominada “ley de aborto legal”, aprobada en 2020. Todos estos pueden ser pensados como outcomes o consecuencias políticas de estos movimientos.

Respecto al caso en particular del que se ocupa este artículo, si bien sobre la Ley Micaela existen trabajos académicos, se trata de estudios de caso que no utilizan la perspectiva teórica de las consecuencias políticas de los movimientos sociales. Dichos trabajos enfocan más bien – por ejemplo, desde las ciencias de la comunicación, en los cambios en las subjetividades que tienen lugar en quienes toman los cursos de la Ley Micaela (Lezcano, 2021), o bien se trata de informes descriptivos sobre la ley (Balderrama, 2021). También existen análisis sobre la aplicación de la ley en distintos ámbitos, por caso en el sistema de educación universitario (Rovetto, Fabbri, 2020), en el ámbito penitenciario (Herrera, 2020; Diaz Cano, Pianetti, 2022) o en algunos organismos estatales puntuales (Aguirre, 2022). Por lo tanto, un estudio de la concepción, aprobación y aplicación de la Ley Micaela en tanto consecuencia política de los movimientos sociales – desde la literatura señalada en nuestro apartado teórico, aparece como una vacancia.

En lo que refiere a las organizaciones de desocupados, aquel movimiento piquetero surgido hacia finales de la década de 1990 experimentó profundos cambios durante las últimas décadas. Como fue dicho, el sector de estas organizaciones que apoyó al kirchnerismo hizo durante esos años una primera experiencia en la gestión estatal, con lo cual incorporó aprendizajes sobre las paradojas que implica ocupar cargos estatales. Al mismo tiempo, también mantuvo sus construcciones comunitarias y siguió acumulando poder en el plano social.

Uno de los procesos más destacados que este sector viene atravesando tuvo sus inicios durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, cuando algunas organizaciones que provenían del mundo piquetero comenzaron a denominar “Economía Popular” al universo de quienes trabajan en la informalidad; y más en particular a quienes trabajan en sus organizaciones, en sus cooperativas, o asisten en sus comedores comunitarios o espacios educativos y de cuidados. Algunas de las organizaciones más importantes de ese sector, como el Movimiento Evita y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), crearon en 2011 una agrupación gremial para luchar por los derechos de los trabajadores informales: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) (Maldovan Bonelli et al., 2017). Ocho años más tarde, estas organizaciones dieron otro paso, sumaron a más grupos a su sindicato y modificaron su nombre por el de Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La UTEP se ha transformado desde entonces en un actor clave del escenario político argentino (Longa, 2022). Además de que ya lleva afiliadas a 400 mil personas, se ha convertido en protagonista de las negociaciones con el gobierno, lo que refuerza la consolidación del sector de los desocupados como un nuevo actor sociopolítico (Torre, 2019). Si bien las estrategias de este sector movimientista fueron escasamente estudiadas bajo el prisma de las consecuencias políticas, algunos trabajos ayudaron a esta mirada haciendo foco en los repertorios de estrategias (Rossi, 2015) de estos movimientos, o en cómo intentaron generar una “burocracia plebeya” (Perelmiter, 2016) que se acercara a las necesidades de los sectores populares.

Otra muy reciente excepción al respecto la encontramos en el trabajo de Santiago Anria, Candelaria Garay y Jessica Rich (en prensa), quienes analizaron los programas de asistencia a los desocupados en Argentina desde la perspectiva de las consecuencias políticas de los movimientos sociales, en clave comparativa con otros outcomes de movimientos en Bolivia y en el Brasil.

Los trabajos de Maneiro (2012 y 2018) mostraron – desde una perspectiva relacional que sin dudas reenvía al prisma sociológico de Domingues (2007) – no solo cómo las organizaciones aplicaron en sus territorios algunos programas estatales, sino también la compleja relación de doble vía que se estableció entre las organizaciones y los gobiernos. Estos trabajos fueron novedosos dentro de una academia local que, en general, se ocupó de analizar las transformaciones internas que experimentaban los movimientos cuando interactuaban con el Estado, dejando en segundo plano lo que ocurría en la esfera político-institucional a partir de la acción de los movimientos.

Por todo esto, analizar la concepción y la implementación de las políticas públicas desde los conceptos que nos brinda la literatura señalada en el apartado teórico de este artículo, aparece como un área de vacancia. Más aún si nos centramos en el caso de la Ley de Barrios Populares.

La promulgación de la Ley de Barrios Populares sí recibió la atención reciente de estudios, pero que aplicaron un foco de análisis distinto al propuesto en este trabajo. Miranda Gasull (2022) analizó los primeros años del proceso de Integración Socio Urbana hasta 2019, desde un análisis de su impacto en el ordenamiento territorial, sosteniendo que contribuyó a “desmercantilizar los medios urbanos” (2022:1). Otros estudios se ocuparon de la integración socio urbana en algunos barrios, resaltando los procesos de aprendizaje que vivieron los actores involucrados (Panero, 2023); mientras que otros lo hicieron desde la perspectiva del derecho a la ciudad, identificando los niveles de justicia socio-espacial producidos por la aplicación de esta política (Díaz, L´Huillier, 2023). Si bien algunos trabajos dieron cuenta de cómo la Ley de Barrios populares implicó arreglos institucionales, y sobre sus “reglamentaciones y el entramado de dependencias estatales involucradas en su ejecución” (Avalle, Ferrero, Hernández Bertone, 2023:47), en esos estudios el foco siguió puesto centralmente en las transformaciones subjetivas y semánticas que tienen lugar en los movimientos, antes que en sus consecuencias políticas. Por todo lo expuesto, el marco teórico propuesto para esta investigación resulta novedoso para el análisis de los dos casos empíricos elegidos.

La Ley Micaela: Una Conquista de los Feminismos

En este apartado se muestra el significativo andamiaje que se consolidó en el Estado a partir de la aprobación de la Ley N° 27.499, popularmente conocida como “Ley Micaela”. La Ley Micaela fue originada tras el trágico femicidio de Micaela García, una joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de una discoteca en la provincia de Entre Ríos, en 2017. Micaela era militante del Movimiento Evita, una de las organizaciones socio territoriales más importantes del país. García fue asesinada por Sebastián Wagner, quien siete meses antes había sido beneficiado con una liberación anticipada de la cárcel por parte del juez Carlos Rossi, quien decidió liberarlo a pesar de que las pericias psicológicas del Servicio Penitenciario Provincial sugerían lo contrario. Es por ello que, en el caso de este femicidio, el movimiento feminista hizo particular hincapié en las fallas que hubo en la actuación de los agentes estatales, y en que podría haberse evitado si los empleados y funcionarios públicos hubieran obrado con perspectiva de género: “en esta ocasión falló la Justicia, poniendo de manifiesto una vez más, lo crucial que resulta transversalizar la perspectiva de género en todos los poderes del Estado”, declaró en su momento Fabiana Túñez, la titular en ese momento del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)⁷.

Por ello, tras este femicidio, una serie de organizaciones feministas y de colectivos por los derechos de las diversidades sexuales, impulsaron un proyecto de ley para que los agentes de todos los poderes del Estado reciban de manera obligatoria formación en géneros y diversidad sexual. Los propios familiares de Micaela García conformaron una Fundación que lleva el nombre de la joven y presentaron una serie de proyectos de ley para avanzar en este objetivo. En la Cámara de Diputados, además, por esos años la organización a la que pertenecía Micaela tenía representación propia, ya que varios de los militantes del Movimiento Evita habían llegado a ser Diputados/as, proceso que fue estudiado en otro trabajo (Longa, 2019a). Así, desde un proyecto de ley original de la diputada del Movimiento Evita, Araceli Ferreyra, que fue trabajado junto con otros proyectos similares, se llegó a un texto unificado para promulgar la Ley Micaela.

El texto definitivo de la Ley N° 27.499 establece en su artículo primero: “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”; además, planteaba que la autoridad de aplicación de la norma sería el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), que en esos años dependía del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La ley fue aprobada por una amplia mayoría en ambas Cámaras hacia finales del año 2018; por caso, en la Cámara de Diputados obtuvo 171 votos a favor y solo 1 en contra.

La aprobación de la Ley Micaela fue entonces impulsada por la agenda de los movimientos barriales, como el Movimiento Evita, pero centralmente lo fue por el impulso del amplio movimiento feminista, de mujeres y de las diversidades sexuales. Una diputada nacional que tomó la palabra durante el tratamiento del proyecto declaró: “si estamos discutiendo esta ley es (…) sobre todo por ese movimiento de cientos de miles de mujeres que ha ganado las calles, hace años en Argentina y que pone sus demandas en la agenda pública”⁸. Lucila de Ponti, diputada nacional del Movimiento Evita y amiga personal de Micaela, también sostuvo al pedir el voto positivo a la Ley: “Micaela era mi compañera del Movimiento Evita y como cada una de mis compañeras soñamos con construir un mundo mejor, ese es nuestro orgullo, es nuestro compromiso y es el sentido de nuestras vidas (…) se lo prometemos a Micaela, vamos a construir el mundo que vos soñaste”⁹. Así, vemos cómo las propias dirigentas movimientistas entienden la promulgación de esta ley como una conquista del feminismo. Esta narrativa también se tradujo luego en los textos estatales oficiales.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), que fue creado luego por el gobierno del Frente de Todos y que tuvo durante dicho mandato a su cargo el monitoreo de la aplicación de la Ley, sostiene en uno de sus documentos:

“en tanto conquista de los movimientos de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binaries y otras identidades de género y orientaciones sexuales (LGBTI+) y de familiares de víctimas de femicidios, la Ley Micaela es una oportunidad para la promoción de la formación en clave situada, permanente, interseccional, diversa, desde la perspectiva de las pedagogías feministas y transfeministas” (MMGyD, 2021:6).

Así, queda demostrado que la Ley Micaela es considerada, tanto por los documentos oficiales como por las activistas, como una conquista del movimiento de mujeres y de los feminismos.

Luego de ser aprobada por el Congreso, la Ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo en enero de 2019 y comenzó a ser aplicada durante ese año, el último del mandato presidencial de Mauricio Macri. Fabiana Túñez, referente de un sector del movimiento de mujeres, fue la funcionaria que Macri había designado al frente del INAM. Según el informe de gestión publicado a finales del mandato de Túñez, desde la entrada en vigor de la Ley Micaela hasta el 10 de diciembre de ese mismo año se capacitaron 165 agentes de la Administración Pública Nacional (APN) y más de 40 organismos públicos; además, para julio de ese año, había 24.430 trabajadores/as del Poder Ejecutivo inscriptos/as para cursar la formación en la Ley. También se destaca que 109 personas se encontraban “cursando actualmente la capacitación formador de formadoras/es” (INAM, 2019:3) en Ley Micaela.

Pero las consecuencias políticas de la Ley Micaela cobrarán un impulso mucho mayor con el cambio de gobierno. Cuando el 10 de diciembre de ese año asumió la presidencia Alberto Fernández, una de sus primeras decisiones fue crear el mencionado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, lo que constituyó un mojón histórico en la lucha del movimiento de mujeres y de los feminismos (Canelo, Duarte Avalos, 2023). Para algunos estudios recientes la creación del MMGyD “cristaliza un feminismo de Estado que adopta la agenda transfeminista de la época, con demandas propiamente interseccionales cuya naturaleza es incorporar las necesidades de género, con identidades y preferencias sexo-genéricas, según clase, raza, generación y condiciones territoriales” (Lopreite, Rodríguez Gustá, 2021:301). Al frente de ese ministerio, el presidente designó a la abogada feminista Elizabeth Gómez Alcorta¹⁰, que fue conformando su gabinete con militantes históricas del campo del movimiento de mujeres y de la diversidad sexual.

El MMGyD asumió la formación en Ley Micaela como una política central de su gestión. El seguimiento de la aplicación de la ley quedó a cargo de la Dirección de Capacitación para el Sector Público en Género y Diversidad, perteneciente a la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad. Esta dirección tuvo durante estos años un equipo aproximado de diez trabajadoras, que se encargaron de realizar el monitoreo sobre cómo se iban capacitando todos los agentes de la APN. Este equipo, además de elaborar lineamientos básicos para las formaciones en Ley Micaela, fue el encargado de “certificar” los programas de formación que presentaba cada ministerio. Luego de eso, le exigió a cada ministerio que informe a cuántos empleados y empleadas iba capacitando, lo cual se volcaba luego en los informes anuales que el MMGyD elaboraba.

En esta nueva etapa, en la aplicación de la Ley Micaela, los contenidos feministas ingresaron con mucho mayor protagonismo. Por caso, el 3 de marzo de 2021 el MMGyD aprobó un procedimiento administrativo para brindar la certificación de las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, acompañado por dos documentos anexos donde se brindan los lineamientos principales que deben tener los cursos. Allí sugieren bibliografía dividida por temas, que está compuesta exclusivamente por textos de reconocidas pensadoras y activistas feministas, lesbianas, travestis y trans como Dora Barrancos, Lohana Berkins, Marta Lamas, Diana Maffía, Marcela Lagarde y Rita Segato, entre otras¹¹.

Pero por supuesto que la aplicación de esta ley no estuvo exenta de resistencias o conflictos. En algunas provincias argentinas, tradicionalmente conservadoras y donde el movimiento feminista ha librado intensas batallas contra las autoridades judiciales o políticas, ha habido resistencias para la aplicación de la Ley. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán, en el noroeste del país, las autoridades en un primer momento se negaron a adherir a la ley. En mayo de 2020, una legisladora provincial que se negaba a aprobar la norma cuestionó la ley declarando: “en Tucumán se está intentando meter por la ventana la adhesión a la Ley Micaela, que prioriza el adoctrinamiento ideológico por sobre la real protección a las mujeres”¹². Luego de varias movilizaciones y presiones del movimiento feminista, finalmente la provincia adhirió a la Ley y comenzó a capacitar a sus agentes estatales. Por esos días el Colectivo Ni Una Menos de Tucumán declaró: “La Ley Micaela en Tucumán es un logro del movimiento feminista, las organizaciones de mujeres y el colectivo LGBTIQ+”¹³. El caso de la Ley Micaela, muestra entonces la heterogeneidad del repertorio de protestas que las organizaciones feministas y de mujeres utilizaron, no solamente para impulsar la ley (donde como vimos apelaron a movilizaciones callejeras combinadas con la presencia de Diputadas movimientistas), sino también para que las provincias adhieran a la normativa luego de que esta fuera aprobada por el Congreso Nacional.

Impacto de la Ley Micaela

Poco tiempo después de asumido el gobierno del FdT, todas las provincias del país habían ya adherido a la Ley Micaela. Por la enorme magnitud de su aplicación, es imposible dar cuenta cabalmente de todo lo generado a partir de la implementación de la Ley. Porque si bien la ley focalizaba en los agentes de la Administración Pública Nacional, una vez que las provincias, los municipios y agencias descentralizadas del Estado fueron adhiriendo a ella, se conformaron decenas de dependencias estatales provinciales y municipales dedicadas a la aplicación de la Ley.

Por la naturaleza entonces tan heterogénea y capilar de la aplicación de la Ley, es difícil reunir en datos unificados las cantidades totales de personas capacitadas o involucradas en ella. Además, si bien el MMGyD es el que centraliza los datos de cada sector de la APN capacitado, la formación funciona de manera descentralizada, por lo tanto, es obligación de cada ministerio y organismo llevarla a cabo. Así, en cada dependencia de la APN la ley se aplicó con un personal distinto y, tal como prevé la ley, debieron realizarse cuadernillos para la formación que se ajustaran a la especificidad de cada ministerio.

La fuente documental más exhaustiva para acceder al impacto en términos globales y cuantitativos de esta política pública son los “Informes de Implementación” de la Ley Micaela que publicó cada año el MMGyD, en cumplimiento con la “obligación del Estado emanada de la normativa que establece la publicación de los avances realizados en cumplimiento de la ley” (MMGyD, 2021:3). El último informe fue publicado el 10 de octubre de 2023. Allí se indica que desde la sanción de la ley se registraron 230.730 agentes capacitados/as pertenecientes a los tres poderes del Estado a nivel nacional, de los cuales 5.024 fueron autoridades de 130 organismos estatales, formadas en 79 encuentros. El informe también indica que 150 organismos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial fueron asesorados por el MMGyD para la confección de los programas de formación en el marco de la Ley.

Tomando por ejemplo el caso de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), allí se conformó un equipo de empleados y empleadas estatales dedicados a producir el material de la Ley en relación con las problemáticas del poder Legislativo. En la HCDN, durante el mandato del Frente de Todos, se formó un equipo para capacitar sobre la Ley Micaela, integrado por 33 capacitadores/as, 3 coordinadores/as, 2 responsables del proyecto y 2 colaboradoras (lo que da un total de 40 empleados), que por caso solo en 2021 capacitó a 600 empleados de la Cámara (HCDN, 2021:4).

También en otros ministerios nacionales, como por ejemplo en el de Educación, se conformaron unidades de formación en géneros que tuvieron como principal objetivo implementar la Ley Micaela, aunque luego fueron incorporando otras tareas, como elaborar protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral. Pero, al ser la Ley Micaela de cumplimiento obligatorio, sirvió como primer objetivo para crear estas unidades de formación en géneros, que luego por acción y voluntad de las trabajadoras del organismo fueron incorporando nuevas temáticas. En el mencionado Ministerio de Educación de la Nación se conformó un grupo que llegó a ser de seis personas. Para trabajar en ese proyecto fueron contratadas personas con distintos perfiles profesionales, pero todas con experiencia de militancia y con trayectoria en el movimiento de mujeres. Esto buscaba fortalecer los vínculos entre el movimiento social y la gestión estatal: “para contratar a las tutoras que iban a dar los cursos de la Ley Micaela valoramos que tuvieran experiencia militante en el feminismo, era un punto fundamental en el currículum para nosotras”¹⁴.

Esto permite observar la importancia de uno de los aspectos de este proceso de institucionalización: la consolidación de un “dominio de agencia” del movimiento feminista y de mujeres en la formación en el Estado sobre temas de género y diversidad sexual. Como fue dicho, los “dominios de agencia” son un indicador de la legitimidad de un actor social ante el Estado en determinada temática. El caso de la Ley Micaela es representativo de ello: la inclusión de personas con trayectoria militante en el feminismo fue una norma común implícita que se observó en numerosos Ministerios. El objetivo fue, en palabras de las protagonistas, ir “permeando de lógicas feministas” la gestión del Estado: “los contenidos de los cursos los vamos actualizando permanentemente y eso es porque lo hacemos al calor de los debates que tiene el feminismo; por eso sumamos a militantes feministas para que los nuevos debates vayan permeando la dinámica de la capacitación” ¹⁵.

En la misma sintonía, los resultados de un reciente estudio que analizó la aplicación de la Ley Micaela en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)¹⁶, muestran que las capacitaciones de esta Ley “fortalecieron espacios de participación de actores con intereses afines a la agenda feminista que ya existían en el SENASA, permitiendo una mayor vinculación entre personas que militaban en los movimientos feministas, personas que tenían formación teórica en género y funcionarios/as con poder de decisión” (Aguirre, 2022:150).

Siguiendo la literatura mencionada en nuestro apartado teórico, el caso de la Ley Micaela puede ser encuadrado entonces como un proceso tanto de institucionalización práctica como posicional. En tanto la institucionalización práctica alude a consecuencias que no solo “producen una serie de instrumentos políticos que no son meros aparatos técnicos, sino que tienen vida propia, exhortando a los actores a hacer ciertas cosas en lugar de otras” (Gurza Lavalle, Szwako, 2023:785)¹⁷, y que la institucionalización posicional “refiere a la ocupación de posiciones dentro del Estado como una acción estratégica del movimiento social” (Gurza Lavalle, Szwako, 2023:787)¹⁸. Aquí se ve cómo la experiencia de lucha del movimiento de mujeres por la institucionalización de la formación en géneros – vía el impulso a la Ley Micaela –, muestra aspectos de ambos tipos de institucionalización.

Pero, como fue dicho, también se vienen formando en Ley Micaela decenas de miles de trabajadores que no forman parte de la APN. Por ejemplo, las Universidades fueron un terreno fértil donde la Ley Micaela se afincó. Numerosas universidades han incorporado talleres de formación en la Ley, lo cual además está siendo sistematizado por la academia muy prolíficamente (Torlucci, Vázquez Laba, Péres Tort, 2019; Martin, 2020; Rovetto, Fabbri, 2020). También se han llevado a cabo formaciones en otras instituciones como sindicatos, ONG e incluso en empresas privadas. Sobre este último caso, un ejemplo significativo encontramos en la empresa estatal Aguas y Saneamientos de Argentina (AySA), el Ente que regula la provisión de agua en el área metropolitana de Buenos Aires. Desde que durante el gobierno del FdT estuvo a cargo de dicho Ente Malena Galmarini, una dirigente peronista que también reivindica las banderas del feminismo, AySA adoptó la formación en géneros y la Ley Micaela como políticas centrales, tanto para la formación interna de sus empleados como en el vínculo con el sector privado. Durante los últimos años AySA lanzó el programa “Sello Violeta” que consiste en que: “para toda empresa que sea o quiera ser proveedora de AySA es condición necesaria que capacite a su personal en materia de género”¹⁹. En abril de este año, desde el sitio web oficial de AySA difundieron la siguiente noticia: “la empresa de Agua y Saneamientos Argentinos llevó a cabo un encuentro virtual con más de 120 empresas proveedoras, con el objetivo de acompañar y promover la implementación de la Ley Micaela, una normativa nacional en perspectiva de género, dentro del ámbito privado”²⁰.

Así, se ve entonces que la Ley Micaela no solo llegó a miles de trabajadores estatales, sino que también permeó el ámbito de las empresas privadas. En este punto, nuestros datos empíricos permiten reforzar que “los movimientos que construyen y disputan políticas actúan de manera creativa, interactuando activamente con las agencias de otros actores e instituciones con las que tienen relaciones interdependientes” (Abers, Silva, Tatagiba, 2018:30)²¹.

No quedan dudas, entonces, de que esta política pública, impulsada, exigida y leída como una conquista por parte del movimiento feminista, de mujeres y de los colectivos de lucha por la diversidad sexual, tuvo una enorme relevancia en términos de consecuencias políticas sobre las instituciones estatales, permeando a su vez en otros organismos de la sociedad civil e incluso del sector privado.

La Ley de Barrios Populares: Un Triunfo de las Organizaciones de la Economía Popular

El 10 octubre de 2018, y rodeado de una masiva movilización, el Congreso de la Nación sancionó por unanimidad la Ley 27.453 de “Regularización dominial para la integración socio urbana”, popularmente conocida como la “Ley de Barrios Populares”. En este apartado se muestran las consecuencias políticas que tuvo esta Ley, dando cuenta del enorme andamiaje estatal que se creó a partir de la implementación de la misma. Pero, para comprender las consecuencias políticas de la acción de los movimientos sociales en este caso, es necesario hacer un recorrido por los hechos previos a la sanción de la ley.

El primer antecedente del largo proceso de acumulación que realizaron las organizaciones sociales hasta la aprobación de la “Ley de Barrios Populares” tuvo lugar en 2016. En dicho año, el primero del gobierno presidencial de Mauricio Macri, se llevó a cabo un Relevamiento Nacional de Barrios Populares, también conocido como “Censo de Barrios Populares”. Este relevamiento fue impulsado por organizaciones del sector de la Economía Popular, como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, pero también por organizaciones no gubernamentales como TECHO, una organización dedicada al mejoramiento de la vivienda en barrios vulnerables, y como Cáritas Argentina, la histórica organización caritativa de la Iglesia Católica.

El relevamiento de barrios populares fue una política negociada por este arco de organizaciones ante el gobierno de Macri, que proveyó de recursos para pagar el trabajo de los relevadores y censistas. El Censo se realizó entre agosto del 2016 y mayo del 2017 y consistió en visitas a los barrios populares, donde se realizó una cartografía que dio cuenta de las fronteras de cada barrio, al tiempo que se encuestó a miles de personas para recabar datos socioeconómicos. La mayoría de los censistas pertenecían a las organizaciones sociales y cobraban un monto de dinero por cada encuesta realizada. El resultado del relevamiento brindó una cifra final de 4416 barrios populares y villas de emergencia en toda la Argentina, donde habitaban casi 4 millones de personas²².

Luego de eso, las organizaciones exigieron al gobierno una normativa que le diera reconocimiento a esos barrios. Así, en mayo de 2017 el gobierno nacional emitió el Decreto N° 358/17 que oficializó la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Este decreto tenía por objetivo: “registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares”²³, y fue leído como una conquista de las organizaciones sociales, ya que era una forma en que el Estado reconocía la existencia de estos barrios. Además, el decreto incluía la creación de un “Certificado de Vivienda Familiar”, que debía ser emitido por el Estado para los habitantes de esos barrios; esto resultaba importante, ya que ese Certificado iba a funcionar como un aval para la posesión de la tierra y la vivienda. Para los movimientos, el Certificado fue una herramienta clave para resistir a los desalojos y un peldaño más en el proceso de titularización de las viviendas, en barrios que en su mayoría fueron producto de ocupaciones informales de tierras y donde por consiguiente una gran parte de sus habitantes no cuenta con título de propiedad. El próximo paso que se propusieron estas organizaciones fue el de impulsar una Ley nacional para dar un amparo más completo a estos territorios y crear una dependencia estatal específica que se ocupe de urbanizarlos.

La Lucha por la Integración Socio Urbana

Desde 2017, las organizaciones de la Economía Popular empezaron a negociar con autoridades del gobierno de Cambiemos y con dirigentes de los distintos bloques legislativos la aprobación de una ley que diera mayor estatus legal a lo conseguido previamente mediante el decreto N° 358/17. Comenzaron, entonces, a redactar un proyecto de Ley de Barrios Populares que implicó un complejo proceso de articulación con técnicos y expertos ligados a las cuestiones de hábitat y vivienda en el país. Para impulsar la medida contaron nuevamente con el apoyo de las ONG mencionadas: TECHO y Cáritas. Según Cáritas, la Ley de Barrios Populares: “se ha elaborado en el proceso que viene acompañando Cáritas Argentina (a través del Área Desarrollo Institucional) y es fruto de un trabajo compartido impulsado por los Movimientos Sociales junto con otras organizaciones y con el Estado”²⁴.

Una vez que el texto llegó al recinto, organizaron movilizaciones al Congreso para exigir su aprobación. Pero, para lograrlo, los movimientistas debieron realizar también un intenso trabajo de cabildeo en el Congreso con operadores y ‘armadores políticos’ (Gené, 2019) tanto opositores como oficialistas. Años después de ser aprobada la ley, Juan Grabois – el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos – destacó la importancia que tuvo la negociación personal que entabló con Fabián Rodríguez Simón, uno de los ‘armadores políticos’ del gobierno de Macri: “con Rodríguez Simón negocié la Ley Nacional de Barrios Populares (…) en la oposición de aquel entonces, el Frente de Todos, no les resultaba muy simpático que hubiera una ley buena del macrismo”²⁵. Así, se observa que al igual que con la Ley Micaela, el repertorio de acciones elegido por los movimientos para lograr la aprobación de la ley fue nutrido: la presión desde las calles se combinó con el establecimiento de alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil, así como con el cabildeo con dirigentes de distintos signos políticos.

Entre otros varios aspectos, los cuatro puntos más importantes de la ley eran: que declaraba de “utilidad pública” – y, por ende, sujetas a expropiación – a las tierras registradas en el ReNaBaP; que garantizaba su urbanización; que establecía que al menos un 25 % de las obras para dicha urbanización debían estar a cargo de cooperativas de la Economía Popular, y que suspendía los desalojos en esas zonas durante cuatro años²⁶. Además, la Ley ponía el acento en el proceso de Integración Socio Urbana, que se convertiría en un concepto clave para los movimientos. El texto de la Ley también proponía una innovación institucional: planteaba que se debería crear un “Programa de Integración Socio-Urbana”, el cual debía estar encuadrado en el Poder Ejecutivo Nacional, más precisamente bajo la órbita de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social de la Nación. La ley definía por integración socio urbana:

al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad (HCNA, 2018:1).

La Integración Socio Urbana fue entonces un aspecto clave para este sector movimientista y la Ley de Barrios Populares un paso definitorio para dicho fin. Además, como se ve, el texto de la normativa también incluía la perspectiva de género, lo cual tuvo centralidad luego en el modo en que la ley fue aplicada.

Finalmente, el 10 de octubre de 2018, día que la Ley debía aprobarse en el Senado, la CTEP convocó a una gran movilización en el Congreso bajo el lema: “Queremos la tierra para lxs que viven en ella. Por la aprobación de la #LeyDeBarriosPopulares”. El nivel de consenso que alcanzó la Ley fue tal que terminó siendo aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Luego de que sea aprobada, ese mismo día numerosos dirigentes y organizaciones destacaron el tenor de su conquista: “AHORA El Senado aprobó la #LeyDeBarriosPopulares. Los Movimientos Populares con organización y lucha lograron que sea ley la integración urbana de los barrios populares de todo el país”²⁷, celebró la CTEP en sus redes sociales. Para Fernanda Miño, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), vecina histórica de una barriada popular del Conurbano bonaerense – y quien luego tendría desde 2019 a su cargo la implementación de la ley –, se trató de: “una ley parida de abajo para arriba, producto de décadas de lucha de familias que, como la mía, nacieron al costado del camino, carentes de servicios básicos como el agua potable, la red eléctrica y el sistema cloacal”²⁸.

Una vez aprobada, comenzó a implementarse durante el último año del gobierno de Mauricio Macri. En esa primera etapa de su implementación se conformó para ello un área que dependía de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la Nación, comandada por dirigentes macristas. Luego el gobierno creó la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y puso a cargo de ella a Sebastián Welisiejko, un economista de perfil más bien técnico, con antecedentes en trabajos de consultorías en urbanismo para empresas internacionales.

Durante esos meses, el desarrollo de la política pública fue incipiente, y si bien gracias a la presión ejercida el gobierno convocó a trabajar en el proyecto a algunos cuadros técnicos que eran sugeridos por los movimientos sociales, estos aún mantienen una mirada crítica sobre la implementación durante el primer año: “con Macri la ley de Barrios Populares no tuvo presupuesto” sostuvo el dirigente de la UTEP Arnold Díaz, al tiempo que planteó que recién con el próximo gobierno se empezaron a ejecutar las obras²⁹. En los hechos, recién unos días antes de que termine el mandato de Macri, el Poder Ejecutivo estableció por medio de un decreto el contrato del Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), que sería el instrumento que verdaderamente dotaría de presupuesto a la SISU.

Las Organizaciones Sociales Llegan a la SISU

Cuando a finales de 2019 asumió la presidencia Alberto Fernández y, como fue dicho, una enorme porción de las organizaciones de la Economía Popular le brindó su apoyo y colocó militantes en el Estado, la aplicación de la Ley de Barrios Populares entró en una nueva etapa. Precisamente en enero de 2020, a poco más de un mes de haber asumido el nuevo gobierno, Fernanda Miño fue designada secretaria al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana, pero que fue mudada de radicación y colocada en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, por entonces a cargo de la ministra María Eugenia Bielsa³⁰.

En esta nueva etapa de la SISU, comenzaron a ser designados referentes movimientistas con trayectoria en las temáticas de urbanización, lo cual indicaría que en este caso también estamos ante un ejemplo de institucionalización tanto práctica como posicional (Gurza Lavalle, Szwako, 2023). Sin embargo, aquí hay una diferencia respecto del caso anterior: si bien la figura de la dirigente macrista Fabiana Túñez era vista con recelo por un sector importante del movimiento feminista, no cabía dudas de que se trataba de una dirigente con trayectoria en la lucha de las mujeres; en la aplicación de la Ley de Barrios Populares, en cambio, hubo que esperar hasta la llegada del gobierno del FdT para que dirigentes movimientistas se hicieran cargo de dicha política pública.

Fernanda Miño fue conformando sus equipos incorporando al Estado a militantes de su organización con experiencia en las luchas por la tierra, pero también a técnicos especializados en el área de vivienda y hábitat, y a profesionales con antecedentes en urbanización de barrios populares.

Al igual que con lo visto para el caso de la Ley Micaela, la acción estatal de la SISU durante estos años también comporta altos grados de complejidad y heterogeneidad. La secretaría impulsó numerosos convenios con distintas cooperativas de construcción, con empresas constructoras y con dependencias estatales y universidades, con las cuales realizó relevamientos, mapeos y con las que ejecutó obras para integrar a los barrios del ReNaBaP. Los protagonistas entienden la creación de la SISU como un caso de

generación de una nueva institucionalidad para atender la problemática de los barrios populares (…) por la generación de espacios estatales encabezados por funcionarias y funcionarios de amplia trayectoria en la temática que vienen de barrios populares (…). Institucionalizada la política pública, los barrios populares y sus representaciones participan activamente de la nueva institucionalidad, siendo protagonistas y no meros sujetos de consulta, una auténtica cogestión popular (D´Amico, Mesel, Territoriale, 2023:157-158)³¹.

El enorme impacto que tuvo la política de Integración Socio Urbana a cargo de los movimientos sociales puede observarse en algunos datos cuantitativos: la SISU creció notablemente hasta 2023, llegando a un número aproximado de 500 empleados³². Durante la gestión de Fernanda Miño, celebró convenios con “185 entidades de la sociedad civil, 23 provincias + la CABA y más de 118 municipios” (SISU, 2023:17). Además, ejecutó 848 obras integrales en 834 barrios, lo cual, según sus registros, benefició a más de ochocientas setenta mil personas (SISU, 2023:18). Según lo publicado en su portal de datos abiertos sobre Ejecución Presupuestaria, manejó un presupuesto de 109.552 millones de pesos solo en el año 2023, llegando a un total acumulado de 215.474 millones de pesos ejecutados desde 2020 hasta la actualidad³³.

Algunos otros datos interesantes se obtienen si se profundiza en iniciativas puntuales que llevó a cabo la SISU. Una de sus iniciativas más emblemáticas, y que permite comprender los vínculos interseccionales (Millán, 2020) entre las luchas por la vivienda y las luchas feministas, fue el Programa Mi Pieza. En septiembre de 2021 la SISU lanzó este programa que, desde una perspectiva de género y priorizando las necesidades de las mujeres de los sectores populares, se proponía brindar “asistencia económica para que mujeres que viven en barrios populares del ReNaBaP puedan mejorar y/o ampliar sus viviendas. Las personas que salen sorteadas reciben asistencia financiera para realizar obras de carácter autogestivo” (SISU, 2023:22). Se trató de un financiamiento específico para que mujeres a cargo de sus hogares pudieran hacer refacciones en sus viviendas, tales como mejoramientos en los suelos, construcción de nuevos ambientes o refacción de las instalaciones sanitarias. Para finales de 2022 habían accedido al programa Mi Pieza más de ciento ochenta y cuatro mil beneficiarias, y se habían terminado de ejecutar más de cien mil obras. Un estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) mostró que, dentro de la población alcanzada por el programa Mi Pieza, antes de las obras el 41 % de las viviendas tenía una sola habitación, guarismo que se redujo al 13 % luego de realizadas las obras (ODSA-UCA, 2022).

Otra línea en la que trabajó la SISU fue en la promoción y organización de espacios educativos y formativos para brindar a los vecinos y vecinas de los barrios populares herramientas para favorecer la participación en los procesos de Integración Socio urbana. En palabras oficiales del organismo, estos talleres buscaron promover: “la organización de vecinas y vecinos y su participación activa en los procesos de integración, contemplando su rol protagónico, respetando y apuntalando la identidad barrial y comunitaria” (SISU, 2023:27). Los datos publicados hasta la fecha indican que, en el marco de esos programas, ya se han capacitado como “formadoras en integración socio urbana” 600 personas, y que 2400 personas fueron formadas como “referentes barriales en integración socio urbana”.

El testimonio de una trabajadora técnica de la Secretaría, que tiene a su cargo el mapeo de algunos de los barrios populares, refuerza este énfasis de la SISU en la articulación con las organizaciones sociales del territorio: “es clave que en los barrios a los que vamos a trabajar haya apoyo de los movimientos y dirigentes locales; eso quiere decir que hay gente de los barrios apropiándose del proceso de integración socio urbana y eso hace toda la diferencia; ayuda mucho a la política pública”³⁴.

Aquí la experiencia de la SISU nos muestra otra faceta de la interacción entre movimientos y Estado: que estos procesos no solamente implican dinámicas bottom-up, en las que los movimientos acercan demandas hacia el Estado – o penetran en él, sino también algunas en las cuales los movimientos “llevan” el Estado al barrio, en tanto que: “los actores dejan sus organizaciones y actos abiertos a los distintos representantes del estado” (Dowbor, Maudonnet, Cantanhede Silva, 2023:137)³⁵.

La presencia de dirigentes políticos o funcionarios de la SISU visitando barrios y locales de los movimientos, se profundizó a partir de la implementación de la Ley de Barrios Populares, y puede ser entendida como una consecuencia para los movimientos de su interacción con el Estado: “llevar” a los dirigentes a sus barrios acrecentó su legitimidad en el territorio, mostrando ante los vecinos su llegada a políticos de primera línea y capitalizando parcialmente la realización de las obras de mejoramiento habitacional.

Conclusiones

Este artículo mostró algunas de las consecuencias políticas de los movimientos sociales de la Argentina reciente. Focalizando en dos leyes consideradas como outcomes del movimiento de mujeres y del movimiento de la Economía Popular, se mostró que la política pública ha sufrido significativas innovaciones producto de los procesos de institucionalización de las demandas de estos movimientos.

El caso de la Ley Micaela, impulsada e implementada por referentas feministas, permite ver cómo es concebida una política pública por parte de los sectores movilizados, que luego de construir el cabildeo y la presión necesarios – y también a partir de la ocupación de puestos clave en el plano legislativo – logra ser aprobada. Muestra también cómo esa política comenzó a implementarse durante un gobierno que en términos generales representaba posiciones de derecha. También vimos que, con la llegada de un gobierno que contó con el apoyo explícito de importantes organizaciones y dirigentas feministas, la implementación de esa política pública cobró mayor impulso.

La Ley Micaela generó entonces enormes innovaciones institucionales: nuevas secretarias, unidades de formación y ámbitos estatales fueron creados gracias a la Ley. Estos espacios permitieron no solamente implementar la ley, sino también servir de plataformas para instalar otras agendas feministas. Esto fue posible, también, porque durante dicho gobierno las feministas ocuparon de manera significativa oficinas del Estado.

Este escenario puede ser visto como una expresión de los “dominios de agencia” (Gurza Lavalle et al., 2018) que el feminismo ha alcanzado como movimiento, y de su legitimidad en cuanto al profesionalismo y a las competencias de las militantes que lo componen; esto queda demostrado en que, incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, fue colocada a cargo de la implementación de la Ley Micaela una persona con trayectoria dentro del movimiento de mujeres.

Los datos cuantitativos de la aplicación de la ley muestran un impactante volumen de trabajadores y trabajadoras implicados, tanto en cuanto a la cantidad de personas que se ocuparon de la implementación de la Ley, como a las decenas de miles de personas que ya han cursado los talleres de formación de la Ley Micaela. Como fue dicho, la relevancia de esta política pública no se ajustó únicamente al personal de la APN (como planteaba la ley de manera obligatoria), sino que impactó también en universidades nacionales y en empresas privadas.

El caso de la Ley de Barrios Populares muestra puntos de contacto con el anterior: el trámite legislativo en este caso también contó con el apoyo explícito de los movimientos sociales, que concibieron, impulsaron e instalaron mediáticamente la necesidad de la Ley. También la aplicación de la ley tuvo lugar en una primera etapa durante el gobierno de Mauricio Macri, en el cual si bien comenzó a institucionalizarse – y por caso se creó la SISU –, las consecuencias fueron todavía incipientes. Luego, durante el gobierno del FdT, se profundizó la institucionalización de esta política pública, cuando a su cargo fue designada una de las principales dirigentas de las luchas por la tierra y la vivienda.

Los datos cuantitativos también permiten ver el significativo impacto que tuvo esta política pública. Desde su creación, la SISU celebró cientos de convenios, ejecutó miles de obras y concluyó mejoramientos de hábitat y vivienda para cientos de miles de familias de los barrios populares. Además, las dependencias del Estado que implementaron la Ley de Barrios Populares fomentaron los vínculos con los movimientos sociales. Esta interlocución ayudó a borrar algunas fronteras del Estado para los movimientos sociales “haciendo que el Estado sea continuamente poroso a sus intereses y valores” (Gurza Lavalle et al., 2017:5)³⁶. Aunque también los resultados de este estudio muestran que las consecuencias políticas de los movimientos no implicaron solamente una dinámica de abajo hacia arriba, sino una doble direccionalidad en la que los movimientos también “llevaron el Estado” a sus territorios, como modo de legitimar su rol en la comunidad; esto también puede pensarse como una consecuencia para los movimientos a causa de su interacción con el Estado y con las políticas públicas.

El análisis de estos dos casos muestra entonces relevantes aspectos comunes de las consecuencias políticas de los movimientos: ambas leyes estudiadas generaron rutinas comunes de interacción (Abers, Serafim, Tatagiba, 2014) entre el Estado y los movimientos, donde se advierten los cuatro factores clave en estas rutinas que Abers, Serafim y Tatagiba (2014) han identificado: las protestas, que fueron clave para lograr la aprobación de las leyes; la participación institucionalizada, que llevó a los movimientos a buscar transformar las iniciativas que ya desplegaban en sus ámbitos internos en políticas públicas; la política de proximidad, que se observa en la aplicación de las políticas en cuanto creación de ámbitos de encuentro y de formación; y la ocupación de cargos en la burocracia, que se ve en la pertenencia movimientista de quienes estuvieron a cargo tanto de las unidades de formación en Ley Micaela del Ministerio de las Mujeres, como de la Secretaría de Integración Socio Urbana.

Además, los hallazgos de esta investigación muestran los vasos comunicantes y la interseccionalidad entre los diferentes colectivos movilizados. Así como en la aprobación de la Ley Micaela tuvieron un rol clave las diputadas de las organizaciones de la Economía Popular, la perspectiva de género que permeó a la aplicación de la Ley de Barrios Populares – que tiene en el Programa Mi Pieza un ejemplo claro –, permite ver que las demandas y reivindicaciones de los diversos movimientos sociales no deben pensarse como escindidas, sino que están profundamente imbricadas.

Finalmente, las consecuencias políticas de los movimientos que se señalan fueron aplicadas durante dos gobiernos de signos políticos diferentes. Si bien durante el gobierno del Frente de Todos cobraron mayor impulso, el hecho de que trasciendan el tiempo de una sola gestión partidaria fortalece su estatuto como política de estado, y no solamente como política asociada a un gobierno o a un partido. Aunque esto también presenta un interrogante en cuanto agenda de investigación a futuro. Argentina se encuentra a las puertas de un nuevo escenario electoral, en el cual algunos de los principales candidatos, como Javier Milei o Patricia Bullrich, vienen repitiendo su intención, por ejemplo de cerrar el Ministerio de las Mujeres³⁷. Analizar las continuidades o rupturas en estas políticas públicas a futuro, permitirá seguir comprendiendo la profundidad de estos “encajes” construidos por los movimientos dentro del Estado; es decir, permitirá testear cuántos de estos espacios que “proporcionan a los agentes sociales un acceso más permanente a las instituciones, aumentando su capacidad de influir en ellas” (Carlos, Dowbor, Albuquerque, 2017:372), resisten a un nuevo cambio de ciclo político.

Reconocimiento

^*El autor agradece las valiosas correcciones de tres evaluadores anónimos, que ayudaron a mejorar una primera versión de este artículo. La investigación se ha financiado con fondos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

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Notas

• 1
  . En otro texto (Longa, 2019b) hemos analizamos específicamente el paradigma de la ‘cooptación’ y propusimos vías alternativas para comprender la incorporación de los movimientos a los gobiernos peronistas.
• 2
  .Traducción a cargo del autor.
• 3
  . Traducción a cargo del autor.
• 4
  . Traducción a cargo del autor.
• 5
  .Traducción a cargo del autor.
• 6
  . Sigla que alude a los colectivos de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Queer, Intersex y a los colectivos que no estén representados en las siglas anteriores. Cfr. La definición de Naciones Unidas. URL: https://www.un.org/es/fight-racism/vulnerable-groups/lgbtqi-plus
• 7
  . “No es sólo el juez Rossi: es el Estado, es la justicia”, La Vanguardia, 11 de abril de 2017. Disponible en: https://lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2017/04/11/no-es-solo-el-juez-rossi-es-el-estado-es-la-justicia/
• 8
  . Discurso de Nathalia González Seligra, 18 de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=eYPc23KmEB8
• 9
  . Discurso de Lucila De Ponti, 18 de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4D0ubwOM-cM
• 10
  .En octubre de 2022 Gómez Alcorta renunció al ministerio y, en su reemplazo, asumió la referente feminista Ayelén Mazzina.
• 11
  . Puede consultarse para ello el anexo II. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_ii_lineamientos_para_la_elaboracion_de_propuestas_de_capacitacion_en_el_marco_de_la_ley_micaela.pdf
• 12
  . ‘La Ley Micaela, rumbo al recinto: ¿por qué genera controversias en Tucumán?, La Gaceta, 9 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.lagaceta.com.ar/nota/843666/actualidad/ley-micaela-rumbo-al-recinto-por-genera-controversias-tucuman.html?gclid=CjwKCAjw6p-oBhAYEiwAgg2Pgjl7Tjas5SCxw3e-4ysdWgZKwPuKo9e_Fhndv4XKsq7dW9B_V5VlmhoCn3oQAvD_BwE
• 13
  . ‘Tucumán aprobó la adhesión a la Ley Micaela, que ya rige en todo el país’, Clarín, 21 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.clarin.com/sociedad/tucuman-aprobo-adhesion-ley-micaela-rige-pais_0_lnOd2b0Am.html
• 14
  . Entrevista personal con trabajadora responsable del Área de Capacitación y Formación de la Unidad Permanente de Género y Diversidad, del Ministerio de Educación de la Nación, 21 de septiembre de 2023.
• 15
  . Ídem.
• 16
  . Se trata del organismo estatal de alcance nacional que tiene como principal objetivo regular la sanidad animal, vegetal y la inocuidad de los alimentos.
• 17
  . Traducción a cargo del autor.
• 18
  . Traducción a cargo del autor.
• 19
  . ‘8M: AySA continúa construyendo un presente y un futuro más igualitario a través de la implementación de políticas de género’. Disponible en: https://www.aysa.com.ar/usuarios/Novedades/2023/03/8M_AySA_continua_construyendo_presente_futuro_mas_igualitario#:~:text=Por%20otra%20parte%2C%20se%20incorpor%C3%B3,personal%20en%20materia%20de%20g%C3%A9nero
• 20
  . ‘AySA realizó un taller virtual sobre la implementación de la “Ley Micaela” para empresas privadas’. Disponible en: https://www.aysa.com.ar/usuarios/Novedades/2023/04/taller_virtual_ley_micaela_para_empresas_privadas
• 21
  .Traducción a cargo del autor.
• 22
  . Los datos actualizados del registro marcan que para 2023 ya son 5687 los barrios populares, y casi 5 millones de personas quienes los habitan (García Monticelli, Pastoriza, 2023:13).
• 23
  . Disponible en: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275037/norma.htm
• 24
  . ‘Cáritas Argentina y el proceso de integración urbana de 4329 barrios populares’, 16 de mayo de 2018. Disponible en: https://caritaslatinoamerica.org/caritas-argentina-y-el-proceso-de-integracion-urbana-de-4329-barrios-populares/.
• 25
  . ‘La conexión entre Juan Grabois y ‘Pepín’ Rodríguez Simón’, Newsweek, 26 de junio de 2023. Disponible en: https://www.newsweek.com.ar/politica/la-conexion-entre-juan-grabois-y-pepin-rodriguez-simon/
• 26
  . Cuatro años más tarde, el 28 de octubre de 2022, el Senado de la Nación modificó la Ley ampliando la protección ante los desalojos por 10 años más desde ese momento.
• 27
  . Cuenta oficial de Twitter de la UTEP, 10 de octubre de 2018. Disponible en: https://x.com/UTEPoficial/status/1050157376320487424?s=20
• 28
  . ‘Ley de Barrios Populares: casi una política de estado’, Clarín, 29 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.clarin.com/opinion/ley-barrios-populares-Politica_0_VmnqgSSYRy.html?adcmp=&gclid=CjwKCAjw6p-
• 29
  . ‘Con Macri la ley de barrios populares no tuvo presupuesto, recién con este gobierno lo tendrá’, Nueva Rioja, 13 de octubre de 2022. Disponible en: https://nuevarioja.com.ar/amp/con-macri-la-ley-de-barrios-populares-no-tuvo-presupuesto-recien-con-este-gobierno-lo-tendra.htm
• 30
  .Luego de septiembre de 2020 el gobierno mudó la radicación de la SISU y la quitó de la órbita de ese ministerio y pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
• 31
  . Dos de los autores de este artículo son asesores legales de la SISU.
• 32
  .Cifra brindada por informante clave de la Secretaría de Integración Socio Urbana.
• 33
  .Portal de Datos Abiertos de la SISU. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/integracionsociourbana/transparencia/ejecucion-presupuestaria
• 34
  .Entrevista personal con trabajadora de la SISU, 27 de junio de 2023.
• 35
  .Traducción a cargo del autor.
• 36
  .Traducción a cargo del autor.
• 37
  . ‘Bullrich: “Podrían aprovechar la renuncia de Gómez Alcorta, cerrar el Ministerio de la Mujer y establecer un consejo que se dedique a temas importantes”’, La Noticia 1, 06 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.lanoticia1.com/noticia/bullrich-podrian-aprovechar-la-renuncia-de-gomez-alcorta-cerrar-el-ministerio-de-la-mujer-y-141998

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  08 Nov 2024
• Fecha del número
  Ago 2025

Histórico

• Recibido
  3 Nov 2023
• Revisado
  8 Feb 2024
• Acepto
  29 Feb 2024