CARTA DA EDITORA CONVIDADA ^*

La ciencia argentina recortada

El Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (Conicet) se creó en 1958 a partir de la iniciativa del segundo premio Nobel de la Argentina, el fisiólogo Bernardo Houssay. Su función fundamental es fomentar la investigación de la ciencia a partir del financiamiento estatal. Apoya proyectos de todas las disciplinas científicas a partir de un sistema de ingreso exhaustivo y riguroso.

Existen dos instancias fundamentales de apoyo: a través de la formación doctoral y posdoctoral y por medio del ingreso al sistema científico. Luego de haber obtenido el título de doctor y contar con una trayectoria académica medida por la presentación de ponencias a congresos, publicaciones de papers en revistas científicas, formación de recursos humanos, participación en proyectos de investigación colectivos se puede aspirar a obtener un cargo en la denominada carrera de investigador. Ambas instancias, la de la formación doctoral y posdoctoral y la del ingreso al sistema, demandan una evaluación de extrema rigurosidad y objetividad. Comisiones de Expertos “recomiendan o no” el ingreso en función de la pertinencia de las propuestas de investigación y la trayectoria de los candidatos.

Los resultados anunciados a mediados de diciembre del 2015 informaron que la cantidad de nuevos investigadores pasaría de 943 en 2015 a cerca de 400 en la convocatoria de este año. Es decir, un 60% menos de ingresos a la carrera de investigador. Esto significa interrumpir un proceso, que con ciertas dificultades, venía generando modificaciones desde hace 15 años atrás. Con esto, 508 investigadores, quienes se han sometido a un proceso de selección riguroso y exhaustivo, están “recomendados” pero no ingresan a la carrera de investigador debido al feroz recorte de presupuesto que ha planteado el gobierno de Mauricio Macri. Las medidas de ajuste no se condicen con las promesas del presidente Macri durante su campaña presidencial, quien sustentaba la importancia de dar continuidad a la política científica de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Este cambio de rumbo movilizó a amplios sectores de la sociedad quienes pidieron una revisión de la medida. El 19 de diciembre del 2016 fue presentado un reclamo, en Buenos Aires, en la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Se utilizaron algunas de las siguientes medidas de fuerza: toma del edificio, corte de calles, lectura de adhesiones y bocinazos. En diferentes ciudades se replicaron las manifestaciones de protesta y apoyo, dando lugar a una gran experiencia de movilización de la comunidad científica.

Mientras se desarrollaba la protesta, en las redes sociales (especialmente Twitter) se inició una virulenta campaña de desprestigio contra los investigadores de Conicet; el área más afectada fue la de las ciencias sociales. Perfiles anónimos tomaron informaciones de los curriculum vitae públicos de los investigadores de Conicet; banalizaron y simplificaron sus temas de investigación tratando de buscar adeptos entre una opinión pública desprevenida y, al mismo tiempo, intentando difundir la idea de que invertir en ciencias sociales es un “gasto” y no una “inversión” para el futuro del país. Esta agresión, inusitada en tiempos democráticos, generó una movilización aún mayor en la Argentina y también se propagó a nivel mundial. Las adhesiones destacaron el prestigio que tiene el Conicet dentro del sistema científico nacional e internacional, la calidad de quienes integran la institución, repudiaron las agresiones sufridas y el retraso del ingreso de quienes están “recomendados” pero que no pueden ser parte por la decisión de recortar las partidas presupuestarias dirigidas al fomento de la ciencia argentina.

El 23 de diciembre del 2016, luego de intensas negociaciones, se firmó un acta entre las partes afectadas. Establece que a los 508 investigadores aprobados en todas las instancias para acceder a la carrera de investigadores Conicet, pero que fueron excluidos por un recorte presupuestario se les extendería una “beca extraordinaria” por un año. Este acuerdo de compromiso se pondrá en vigencia a partir del 1º de abril del 2017, pero abre más incertidumbres que certezas en su proceso de implementación. No llegó a ser resuelto que pasará con aquellos investigadores que entraron a la carrera de investigación científica y luego de un año se les acabó la “beca extraordinaria”. Las medidas de ajuste presupuestario también impactaron en la compra de insumos e implementación de tecnología adecuada para mantener e incrementar la capacidad de las innovaciones.

En este difícil contexto, el conflicto sigue abierto. La comunidad científica está sensibilizada y movilizada para apoyar al mayor organismo científico de la Argentina y defender el rol del Estado en el sostenimiento y crecimiento de la ciencia.

Karina Inés Ramacciotti

Datas de Publicação

• Publicação nesta coleção
  Jan-Mar 2017