Hacia una conceptualización de los conflictos socioambientales en Argentina

Para uma conceituação dos conflitos socioambientais na Argentina

Towards a conceptualization of social-environmental conflicts in Argentina

Resúmenes

Este artículo pone el foco en los conflictos socioambientales de carácter ecológico-distributivos vinculados a procesos neoextractivos en Argentina. Primero, analiza de qué modo estos conflictos pueden ser valorados desde el marco conceptual de las Contribuciones de la Naturaleza para la Gente. Luego, formula algunas conceptualizaciones a partir de los conflictos abordados. Y finalmente, discute como estos conflictos ponen de relieve las contradicciones de los modelos dominantes de apropiación de la naturaleza en las sociedades capitalistas actuales.

Palabras clave: Conflictos socioambientales; conflictos ecológico-distributivos; metabolismo social; brecha metabólica; contribuciones de la naturaleza para la gente

O artigo enfoca os conflitos socioambientais de natureza ecológico-distributiva vinculados aos processos neoextrativistas na Argentina. Primeiramente, analisa como esses conflitos podem ser valorizados a partir do arcabouço conceitual das Contribuições da Natureza às Pessoas. Em seguida, formula algumas conceituações com base nos conflitos abordados. E, por fim, discute como esses conflitos evidenciam as contradições dos modelos dominantes de apropriação da natureza nas sociedades capitalistas atuais.

Keywords: Conflitos socioambientais; conflitos ecológicos distributivos; metabolismo social; lacuna metabólica; contribuições da natureza para as pessoas

The paper focuses on the study of social-ecological conflicts, more specifically on ecological distribution conflicts. First, it analyzes how these conflicts can be assessed from the conceptual framework of Nature’s Contributions to People. It then formulates some conceptualizations based on the conflicts addressed in the paper. And finally, it discusses how these conflicts highlight the contradictions of the dominant models of nature’s appropriation, in current capitalist societies.

Keywords: Social-environmental conflicts; ecological distribution conflicts; social metabolism; metabolic rift; nature’s contributions to people

Introducción

El creciente impacto de las actividades humanas sobre la biósfera ha llevado a algunos científicos a postular que estamos ingresando en una nueva era geológica: el Antropoceno (LEWIS; MASLIN, 2017).

La industrialización y el estilo de vida moderno han alejado a las sociedades capitalistas de la naturaleza, a tal punto que muchos seres humanos no se reconocen como parte de ella (FOSTER, 1999). Este comportamiento no responde a una nueva concepción, sino que se remonta al pensamiento de Rene Descartes y Frances Bacon quienes interpretaron que naturaleza y sociedad pertenecen a campos diferentes.¹ Desde esta perspectiva, el objetivo de la actividad humana era el de dominar a la naturaleza a fin de ponerla al servicio de la sociedad, y donde la ciencia cartesiana participaba como mediadora del proceso. Así, la “invención” de la dualidad Naturaleza-Sociedad como un campo binario permitió situar a la humanidad en una posición de superioridad en relación con la naturaleza, lo que, en términos morales, justificaba su apropiación ilimitada (PATEL; MOORE, 2020). Si bien este enfoque todavía ocupa un lugar destacado en la sociedad, la ciencia y la política, ha sido criticado por autores que consideran que naturaleza y sociedad forman parte de una misma unidad. De esta manera, las sociedades y las “naturalezas-no-humanas” son el resultado de un proceso dialéctico de coevolución y coproducción y se encuentran en permanente transformación y recreación (FOSTER, 1999; MOORE, 2015, 2017; PATEL; MOORE, 2020).

Estas relaciones pueden ser conceptualizadas y analizadas mediante los intercambios de materia y energía, ya que los sistemas biológicos y los sistemas socioeconómicos dependen de tales intercambios, los que son esenciales para que mantengan su estructura y funcionamiento (GERBER; SCHEIDEL, 2018). El concepto de “metabolismo social” valora el tipo de vínculo existente entre los ciclos biogeoquímicos y los sistemas económicos y brinda una medida del funcionamiento del conjunto (SCHEIDEL et al., 2017).² La “brecha metabólica” (i. e., metabolic rift) refiere a la desconexión que existe entre los intercambios de materia y energía entre la naturaleza y la economía, que se traduce en un progresivo deterioro de la capacidad de regeneración de la naturaleza, comprometiendo sus posibilidades futuras de abastecer a las sociedades con los bienes y servicios que éstas demandan. Así, el concepto de brecha metabólica constituye un punto focal de atención para quienes defienden formas de producción sustentables, ya que contribuye a objetivar un doble desacoplamiento: el de la producción agropecuaria con sus bases biofísicas y el de los seres humanos con la naturaleza (SCHNEIDER; MCMICHAEL, 2010).

Conflictos socioambientales

En el último siglo el avance de las sociedades humanas sobre los ecosistemas ha sido notable. La expansión de las fronteras agropecuarias y mineras, los desarrollos inmobiliarios y/o de infraestructura, las industrias extractivas y el turismo son algunas de las actividades que están avanzando sobre los ecosistemas, modificando los vínculos entre estos y las sociedades (GUDYNAS, 2017; MERCHAND-ROJAS, 2016; SVAMPA; VIALE, 2014; WALTER, 2009) y han situado al planeta en una situación de crisis ambiental global (FOSTER, 1999; MOORE, 2000). Estas transformaciones afectan las relaciones entre actores sociales, y, en algunos casos, los desajustes sociales y ambientales se manifiestan como problemas que derivan en conflictos socioambientales (MERLINSKY, 2013, 2016, 2020a).

Los conflictos son el resultado de las tensiones que se manifiestan entre distintos actores, grupos sociales o individuos que disputan el acceso o control de recursos, o que defienden intereses que ellos consideran valiosos.³ La inequidad en el acceso y control de los recursos guarda directa relación con las relaciones de poder existentes en la sociedad y, más específicamente, entre quienes participan del conflicto. Pero no siempre son el resultado de disputas por recursos, ya que en algunos casos responden a posicionamientos diferentes de los actores en relación con metas, intereses, creencias, valores, o refieren a diferencias de orden personal.

Los conflictos socioambientales constituyen un tipo particular de conflictos que responden al marco general aquí referido, pero donde la disputa se sitúa en torno a una problemática ambiental. Aunque a menudo son referidos como “conflictos ambientales” (LEE; KIM, 2020; MORALES-LIZARAZO; UNGAR-RONDEROS, 2022; RODRÍGUEZ, 2017), en este artículo los conceptualizamos como “conflictos socioambientales”.⁴

Dentro de este espacio conceptual, los “conflictos ecológico-distributivos” (MARTINEZ-ALIER, 2004; MERLINSKY, 2020a; PÉREZ-RINCÓN; VARGAS-MORALES; MARTINEZ-ALIER, 2019; WALTER, 2009) centran la atención en la distribución inequitativa de los beneficios ambientales (e. g., las Contribuciones de la Naturaleza para la Gente), así como en la desigual distribución y localización de los efectos adversos causados por determinadas actividades humanas, por ejemplo, la contaminación, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad y funciones ecosistémicas (SCHEIDEL et al., 2017).

Los conflictos ecológico-distributivos se manifiestan como tensiones sobre los criterios que deberían tenerse en cuenta para valorar aquello que está en disputa. En otras palabras, emergen entre actores sociales que defienden formas encontradas de valoración, como, por ejemplo, las lógicas económicas monetarias reguladas por el mercado (e. g., la producción de commodities), versus los valores que defienden otros actores locales, basados en sus cosmovisiones, cultura e historia, por ejemplo, los territorios considerados sagrados (SCHEIDEL et al., 2017).

En esta misma línea, las Contribuciones de la Naturaleza para la Gente permiten captar la diversidad de perspectivas y necesidades que manifiestan los distintos actores sociales en relación con la naturaleza. Se refieren a todas las contribuciones, positivas o negativas, que ofrece la naturaleza viva (organismos, ecosistemas y los procesos ecológicos y evolutivos asociados) y que de algún modo impactan en la calidad de vida de las personas y las sociedades (DÍAZ et al., 2018; HILL et al., 2021). Es decir, hacen referencia a aquellos bienes o procesos ecosistémicos vinculados con la naturaleza-no-humana viva y que son esenciales para satisfacer las necesidades materiales y no materiales de las sociedades. Este enfoque, explícitamente, reconoce la importancia de integrar distintas cosmovisiones y sistemas de conocimiento, que resultan de los procesos de coproducción que han ocurrido entre naturaleza y sociedad a lo largo de la historia. Al ser un concepto transdisciplinario, pluralista e inclusivo, permite comprender cómo los cambios que se observan en la naturaleza como consecuencia de las actividades humanas afectan la provisión de los bienes y servicios que demandan las sociedades (DÍAZ et al., 2018; HILL et al., 2021). Asimismo, permite identificar qué actores sociales se benefician (o perjudican) en los procesos de apropiación de la naturaleza (CÁCERES et al., 2020). Por lo tanto, el concepto de Contribuciones de la Naturaleza para la Gente opera como un lente a través del cual se observan los problemas socioambientales y los conflictos que de ellos emergen. Y, debido a su naturaleza transdisciplinaria, se comporta como un boundary object (COLLOFF et al., 2020; FOX, 2011; STAR; GRIESEMER, 1989), ya que puede ser utilizado para integrar perspectivas ecológicas y sociales sobre problemas y conflictos socioambientales.

Objetivos

Si bien el concepto de brecha metabólica inicialmente estuvo vinculado a la agricultura, puede ser utilizado para analizar también lo que ocurre en otros campos extractivos o productivos (e. g., pesca industrial, minería a cielo abierto, industria, etc.), o para estudiar de qué modo las rupturas de los ciclos y procesos naturales se transforman en problemas socioambientales, e. g., el cambio climático o la contaminación (CLARK; YORK, 2005; CONDE; WALTER, 2015; MACHADO-ARÁOZ; ROSSI, 2017; NAPOLETANO et al., 2015; SCHNEIDER; MCMICHAEL, 2010) o para analizar el capitalismo industrial global y el modelo de desarrollo capitalista (CLARK; FOSTER, 2009; CLAUSEN; CLARK, 2005; HARRIS-WHITE, 2015; MOORE, 2011). En este trabajo, por primera vez se relaciona la idea de brecha metabólica (y los conflictos socioambientales que esta genera) con el concepto de Contribuciones de la Naturaleza para la Gente (en adelante CNG). Es decir, cómo las interrupciones, desajustes o desbalances de los ciclos de la naturaleza derivados de procesos extractivos, productivos e industriales afectan la capacidad de algunos actores sociales para apropiarse de las CNG y cómo estas rupturas se traducen en conflictos socioambientales.

En particular, se pondrá el foco en los conflictos socioambientales de carácter ecológico-distributivos vinculados a procesos neoextractivos en Argentina. A partir de la identificación y descripción de los conflictos socioambientales que alcanzaron alta visibilidad social durante las últimas dos décadas, se propone investigar: (a) ¿Cómo estos conflictos se ordenan desde el marco conceptual de las Contribuciones de la Naturaleza para la Gente?; (b) ¿Qué conceptualizaciones se pueden elaborar a partir de los conflictos socioambientales seleccionados?; y, a partir del encuadre conceptual presentado más arriba, profundizar la discusión sobre (c) ¿Cómo estos conflictos ponen de relieve las contradicciones de los modelos dominantes de apropiación de la naturaleza en las sociedades capitalistas contemporáneas?

Metodología

Este trabajo utiliza una metodología cualitativa (QUINTANA-PEÑA, 2006), que busca discutir las dinámicas que subyacen a algunos de los conflictos socioambientales en Argentina, a fin de contrastarlas con las preguntas que orientan esta investigación.

Se seleccionaron cinco conflictos socioambientales, todos ellos de alta visibilidad en la agenda pública argentina y que incluyen componentes ecológico-distributivos. En la selección se procuró escoger conflictos (a) que abarcaran distintas actividades productivas, extractivas o industriales; (b) que pusieran en juego y afectaran (o no) distintas CNG; (c) que estuvieran situados en diferentes regiones de Argentina; y (d) que refirieran a distintas escalas territoriales. Asimismo, se procuró identificar el objeto en disputa, las condiciones iniciales de emergencia y/o los momentos a partir de los cuales adquirieron mayor visibilidad social y cómo se extendieron luego a otras regiones del país e/o influyeron en la emergencia de otros conflictos.

La selección de estos cinco conflictos se realizó a partir de la revisión de los principales diarios argentinos (e. g., La Nación, Página 12, Infobae, Ámbito Financiero). Esta identificación inicial se complementó con la revisión de otros diarios, agencias de noticias o publicaciones periódicas que, por la cobertura geográfica o la naturaleza del conflicto, abordaron en más detalle el tema (e. g., La Voz, Télam, Crisis, Perfil). Esta segunda etapa permitió seleccionar una serie de notas de interés vinculadas a cada uno de los conflictos, las que pueden consultarse a partir de los links incluidos en el Cuadro 1.

La información periodística fue complementada con trabajo de campo realizado a través de distintas instancias, entre 2015 y 2023. Estas incluyeron la observación no participante de conflictos ambientales en ámbitos rurales y urbanos y la participación como observador de algunas protestas ambientales realizadas en ámbito urbano (e. g., marchas, bloqueos o la presentación de demandas a instituciones).

También se realizaron entrevistas semiestructuradas dirigidas a participantes de protestas y a dirigentes de organizaciones intervinientes en los conflictos, relacionados con tres de los cinco conflictos seleccionados: (a) los vinculados al uso de agroquímicos; (b) la expansión de la frontera agropecuaria; y (c) la minería a cielo abierto. Debido a cuestiones operativas, no se realizó trabajo de campo en el territorio mapuche y tampoco en el conflicto de las pasteras, ya que, en el momento en que se efectuó el trabajo de campo, el conflicto ya había entrado en una etapa de baja confrontación y visibilidad social (ver más abajo la descripción de los cinco conflictos). En consecuencia, el trabajo de campo tuvo lugar en las provincias de Córdoba y Catamarca, donde se efectuaron 36 entrevistas. En Córdoba, las entrevistas se realizaron en distintos puntos de la provincia y estuvieron vinculadas con dos de los conflictos abordados: el uso de agroquímicos y su impacto en la salud y la expansión del modelo de agronegocios y sus implicancias socioambientales. En el caso de Catamarca, las entrevistas se realizaron a personas vinculadas a la Asamblea Ancasti por la Vida que lucha en contra de la minería de litio y sus impactos ambientales y sociales. Estas entrevistas permitieron conocer el posicionamiento de algunos de los actores que se identifican como perjudicados por los conflictos seleccionados. Cabe señalar que las particularidades de estos posicionamientos forman parte de otro trabajo, ya que aquí no se busca profundizar en el análisis de estos conflictos, sino más bien explicitar algunas de sus características generales, para formular conceptualizaciones y reflexiones teóricas y vincularlos con el estilo dominante de apropiación de la naturaleza.

Los conflictos socioambientales en Argentina

Si bien algunos de los problemas y conflictos socioambientales de Argentina emergieron hace más de un siglo (e. g., la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo en la ciudad de Buenos Aires; MERLINSKY, 2020b), el presente trabajo se enfoca en los conflictos que surgieron, o se agudizaron, durante las últimas dos décadas.

Los cinco conflictos

A continuación, se presentan una descripción sintética de los cinco conflictos socioambientales seleccionados. En cada caso se detalla el motivo del conflicto, los actores sociales involucrados, el modo en que evolucionó luego de su emergencia y/o contribuyó en la expresión de otras luchas socioambientales.

1. Madres de Barrio Ituzaingó Anexo en contra del uso de agroquímicos. En 2001, un grupo de mujeres de un barrio periférico de la ciudad de Córdoba denunció a productores agropecuarios por pulverizar agroquímicos cerca de sus casas. El reclamo elevado a los Estados municipales y provinciales se originó por la alta tasa de ocurrencia de cáncer entre los vecinos del barrio, muy superior al promedio de la ciudad de Córdoba (BERGER; ORTEGA, 2010; LEGUIZAMÓN, 2016), lo que relacionaban con el elevado uso de agroquímicos en los cultivos de soja en los campos cercanos al barrio. Bajo el liderazgo de Sofía Gatica, lanzaron una campaña por la vida, la salud y el ambiente y en 2008 fueron juzgados dos productores y el piloto del avión aplicador de agroquímicos. En 2012, el piloto y uno de los productores fueron encontrados culpables de causar contaminación ambiental. Esta fue la primera condena de este tipo en Argentina y dada la amplia repercusión mediática que tuvo, colocó el problema del uso de agroquímicos en la agenda nacional (CÁCERES, 2015a). Como consecuencia de esta lucha, numerosas organizaciones, médicos y abogados se reunieron en torno al Colectivo Paren de Fumigar (BARRI, 2010; LEGUIZAMÓN, 2016; RULLI, 2009) con acciones de protesta a nivel local, pero con grupos en gran parte de Argentina, especialmente en las regiones en las que domina la agricultura transgénica, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (REBORATTI, 2019). Estos fueron antecedentes importantes para la lucha que emprendieron luego numerosas organizaciones socioambientales en contra de Monsanto y que impidió la construcción de dos nuevas plantas en las ciudades de Malvinas Argentinas y Río Cuarto (BARZOLA, 2019; BERGER; CARRIZO, 2020; LEGUIZAMÓN, 2016).

2. Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en contra de UPM-Botnia. En 2005, los vecinos de Gualeguaychú (Provincia de Entre Ríos) se organizaron para luchar contra la decisión del Gobierno uruguayo de instalar una planta para producir pasta de celulosa en Fray Bentos (Uruguay). Según la Asamblea Ciudadana, la planta produciría importantes impactos ambientales en el Río Uruguay que separa Gualeguaychú y Fray Bentos, lo que afectaría al turismo (una de las principales actividades económicas de Gualeguaychú), la biodiversidad del río y otras actividades económicas y sociales (PALERMO et al., 2009). Luego de realizar numerosas protestas, la Asamblea decidió cortar el puente internacional que une las dos ciudades. Ambos países presentaron acciones legales ante Tribunales Internacionales y en 2010 el conflicto se resolvió, en alguna medida, a favor del planteo que realizaba Argentina. En consecuencia, luego de 43 meses, la Asamblea Ciudadana levantó el corte del puente. Si bien el debate continuó, así como también algunas movilizaciones de protesta (SVAMPA; VIALE, 2014), la pastera sigue funcionando desde 2007. Esta lucha contribuyó a visibilizar los conflictos socioambientales relacionados con las fábricas de pasta de celulosa que operan actualmente en Argentina (e. g., Misiones) y los impactos ambientales y sociales que genera el monocultivo de árboles de crecimiento rápido, que proveen la materia prima (BUSSCHER; PARRA; VANCLAY, 2020; IEZZI et al., 2018).

3. Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI) en contra del modelo del agronegocio. A principios del 2000 se manifiesta el conflicto como consecuencia de la expansión agropecuaria sobre los bosques nativos del centro y norte de Argentina, región esta históricamente ocupada por comunidades campesinas y pueblos indígenas. En consecuencia, estos actores sociales pierden el acceso a los ecosistemas de los que obtenían las CNG indispensables para su reproducción social (e. g., tierras de pastoreo, frutos del bosque, leña, etc.) El conflicto incluye (a) el modo en que producen los actores vinculados al agronegocio (e. g., cultivos transgénicos, agroquímicos, etc.), (b) las estrategias de apropiación de la tierra como consecuencia de los procesos de expansión de la frontera agropecuaria (e. g., desmonte del bosque nativo, enclosures, expulsión de campesinos e indígenas, acaparamiento de tierras, etc.) y (c) el modelo global concentrador y excluyente que propone la lógica del agronegocio (CÁCERES, 2015a; CÁCERES; GRAS, 2020; LEGUIZAMÓN, 2016). El MNCI es la principal organización que resiste esta expansión y agrupa a varias organizaciones que cuestionan la lógica productiva, económica y política del modelo de agronegocios. En algunos casos, la defensa de la tierra y del modo de vida campesino e indígena ha resultado en acciones violentas de despojo por parte de actores del agronegocio, las que han sido acompañadas por la criminalización de las protestas, e incluso la muerte de algunos militantes del MNCI (DEON, 2021; LAPEGNA, 2013; SVAMPA; VIALE, 2014). Estos conflictos han contribuido a promover el debate social acerca de qué tipo de producción agropecuaria necesita Argentina y cuáles son los costos ambientales y sociales de la agricultura industrial (BARBETTA; DOMÍNGUEZ, 2022; ZARRILLI, 2020).

4. Asamblea de Vecinos Autoconvocados en contra de la minería a cielo abierto. El conflicto emerge de los riesgos que implica la minería a cielo abierto para el ambiente y la salud de la población. Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de agua y productos químicos de alta toxicidad que pueden contaminar los ecosistemas, en particular ríos y lagos. En consecuencia, representa un riesgo para la salud de las personas, puede afectar a la biodiversidad y a algunas de las CNG de las que dependen las poblaciones locales y tener impactos adversos en algunas actividades económicas importantes (e. g., turismo, vitivinicultura, etc.) (FONSECA, 2019). Entre 2000 y 2003, en Andalgalá, Belén (provincia de Catamarca) y Esquel (provincia de Chubut) comenzaron movilizaciones en contra de este tipo de minería (MACHADO-ARÁOZ; ROSSI, 2017; MISOCZKY; BÖHM, 2013; WALTER, 2008). Si bien en Catamarca las protestas tuvieron primero un carácter más bien socioeconómico (pedían más empleos y regalías), rápidamente cambian el foco, cuando los vecinos tomaron conciencia de los riesgos para la salud y el ambiente que implicaba el uso de arsénico para el lixiviado de los minerales. Pero fue en Esquel donde, luego de importantes movilizaciones de protesta, en 2003 se forzó un plebiscito en el que el 81% de la población le dijo “no” a la minería a cielo abierto. Allí se creó la primera Asamblea de Vecinos Autoconvocados, que luego se reprodujo en Catamarca, San Juan, La Rioja y otras provincias mineras. Estas organizaciones dieron lugar a la constitución de la Red de Comunidades Afectadas por la Minería, la que en 2006 pasó a formar parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas (IUORNO; FAVARO, 2011; SVAMPA; SOLA-ALVAREZ; BOTTARO, 2009). Esta organización logró hacer visible a la sociedad los riesgos derivados de la minería a cielo abierto. Sin embargo, las empresas mineras continúan desarrollando actividades extractivas de gran escala en varias provincias argentinas.

5. Organizaciones mapuches en contra del avance sobre sus territorios. El foco del conflicto se sitúa en torno a la interrupción del acceso a los territorios que históricamente ocupaba el pueblo mapuche, lo que limita su acceso a aquellas CNG que son esenciales para su reproducción social (e. g., las actividades de recolección en el bosque o el acceso al agua, pasturas y a sitios rituales). Este no es un problema nuevo en la Patagonia, ya que el despojo y la ocupación de los territorios mapuches se remontan al siglo XIX cuando el gobierno nacional emprendió la llamada “campaña del desierto” (KROPFF, 2005). No obstante, durante las últimas décadas, el conflicto se ha intensificado y reconfigurado en torno a cinco ejes: (a) la extracción de gas y petróleo, (b) la minería, (c) el turismo y la especulación inmobiliaria, (d) la producción agropecuaria y (e) la creación de reservas naturales y parques nacionales (AGUIRRE, 2020; IÑIGO-CARRERA; CATANIA-MALDONADO, 2022; LATERRA et al., 2021; MARAGGI, 2017; SABATELLA, 2020). Durante los últimos años, las organizaciones mapuches⁵ han implementado distintas estrategias para defender o recuperar sus tierras, lo que se ha traducido en un mayor grado de conflictividad tanto con agentes privados como estatales. Cada vez son más frecuentes los enfrentamientos violentos, los que en algunos casos han producido la muerte de miembros del pueblo mapuche y en otros se han criminalizado sus protestas (SVAMPA, 2019). La organización y lucha mapuche ha servido de inspiración para que otros pueblos originarios también impulsen acciones de defensa de sus territorios (e. g., los pueblos Qom y Wichi del Chaco Salteño) (ATTÍAS; LOMBARDO, 2014).

Pero los conflictos de alta visibilidad social no son los únicos conflictos socioambientales que existen. Durante el trabajo de campo también se identificaron conflictos puntuales, muy locales, que no llegan a los medios de comunicación ni tampoco tienen la capacidad de disparar discusiones generales de tipo ambiental, social, económica o política, pero que son frecuentes en los ámbitos rurales. Es el caso, por ejemplo, de las disputas que se generan entre productores agropecuarios por el acceso al agua o a áreas de pastoreo. Esto se observa en áreas de expansión de la frontera agropecuaria, donde productores con un perfil empresarial se instalan donde domina la producción extensiva de tipo campesina. Estos nuevos productores alambran sus campos e impiden el tránsito del ganado campesino (BENDINI; STREIMBERGER, 2013; CÁCERES et al., 2010; SILVETTI; CÁCERES, 2015). Otro ejemplo es el de la aplicación de agroquímicos que afecta a los animales o cultivos de productores vecinos (LAPEGNA, 2013; WALD, 2014). Cuando esto ocurre, la manifestación del conflicto toma diferentes formas y transita distintos senderos de conflictividad que incluyen la muerte o matanza de animales, pedidos de compensación monetaria, demandas judiciales o “formas cotidianas de resistencia” (sensuSCOTT, 1985).⁶

Conflictos y acceso a las CNG

En esta sección se vinculan los cinco problemas socioambientales descriptos, con el concepto de CNG. En particular, se identifican cuáles son las principales CNG que se ven comprometidas (desde el punto de vista de los actores sociales damnificados) a partir de la manifestación de los problemas que originan los conflictos (Cuadro 1).

El primer aspecto que destacar se refiere a que no todos los problemas socioambientales afectan del mismo modo a la capacidad de los actores para apropiarse de las CNG que ellos consideran importantes. Se identifican tres situaciones diferentes (Cuadro 1). En el tercer y quinto conflicto la afectación es total, ya que los damnificados pierden el acceso a los territorios de los que obtienen CNG claves para su preproducción social. Este es el caso del Movimiento Nacional Campesino e Indígena en contra del modelo del agronegocio y de las organizaciones mapuches que se ven afectadas por el avance del capital privado (e. g., petroleras, mineras, turismo y especulación inmobiliaria) y la creación de reservas naturales privadas o estatales. En el caso del segundo y cuarto conflicto, la restricción es parcial, ya que, si bien los actores afectados todavía pueden acceder a las CNG, su disponibilidad en cantidad y/o calidad se ve afectada. Aunque los ecosistemas siguen ofreciendo las CNG que requieren los actores sociales, su oferta se ve comprometida tanto en cantidad (e. g., la minería utiliza una gran cantidad de agua lo que afecta el consumo u otras actividades económicas), como en calidad (e. g., la contaminación del Río Uruguay afecta a la calidad del agua y el aire, lo que impacta negativamente en la biodiversidad, el turismo, el esparcimiento y otras actividades regionalmente importantes), lo que puede afectar a la calidad de vida de los damnificados. Finalmente, en el primer caso no se observa la afectación de ninguna CNG, ya que, como consecuencia del accionar de las Madres de Barrio Ituzaingó, el gobierno prohibió el uso de agroquímicos en la periferia de la ciudad de Córdoba y desapareció el impacto negativo que estos causaban sobre la salud de la población. Esto no significa que, en otras regiones de la provincia (o del país) donde el uso de agroquímicos es libre, la contaminación por agroquímicos no esté afectando a la salud de la población. En el Cuadro 2 se detallan cuáles son las CNG afectadas en cada uno de los cinco conflictos socioambientales analizados.

Cuadro 1
Cinco de los principales conflictos socioambientales de Argentina donde se indican: (a) las Contribuciones de la Naturaleza para la Gente (CNG) afectadas (total o parcialmente), (b) los actores sociales más importantes en conflicto; (c) el motivo en torno al cual se construye el conflicto; (d) su escala; y (e) algunos links que muestran expresiones de estos conflictos en los medios masivos de comunicación

Conflicto	CNG afectada	Principales actores	Motivo del conflicto	Escala	Link a medios masivos
(#1) Madres de Barrio Ituzaingó Anexo en contra del uso de agroquímicos	Ninguna	Población urbana, actores vinculados a la agricultura industrial y Estado	El uso masivo de agroquímicos afecta a la salud de la población	Local, regional	https://bit.ly/3ctCv1O https://bit.ly/3Dgyj04 https://bit.ly/3RWmAI6
(#2) Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en contra de UPM-Botnia	CNG materiales, no materiales y de regulación (afectación parcial)	Población urbana, empresas internacionales, Estados de Argentina y Uruguay	Efluentes industriales afectan a la salud, el ambiente, las actividades económicas (pesca, turismo) y el esparcimiento	Local, regional, nacional, internacional	https://bit.ly/2FRGD8v https://bit.ly/3wTQo00 https://bit.ly/3DhkWNb
(#3) Movimiento Nacional Campesino e Indígena en contra del modelo del agronegocio	CNG materiales, no materiales y de regulación (afectación total)	Organizaciones campesinas, actores ligados al agronegocio, Estados provinciales y nacionales	Agronegocio avanza sobre territorios campesinos, lo que limita su acceso a CNG claves y afecta su salud	Local, regional	https://bit.ly/3pVGzef https://bit.ly/3TpS633 https://bit.ly/3KAbwxR
(#4) Asamblea de Vecinos Autoconvocados en contra de la minería a cielo abierto	CNG materiales, no materiales y de regulación (afectación parcial)	Asambleas de vecinos autoconvocados y compañías mineras internacionales, Estados provinciales	Alto uso de agua y generación de residuos tóxicos afectan la disponibilidad de agua, la salud, la biodiversidad y otras actividades	Local, regional	https://bit.ly/3egutcM https://bit.ly/3R9gKTP https://bit.ly/3d9C0Kj
(#5) Organizaciones mapuches en contra del avance sobre sus territorios	CNG materiales, no materiales y de regulación (afectación total)	Organizaciones mapuches, empresas extractivas y turísticas, Estados provinciales y nacionales.	El capital privado limita el acceso a las CNG, contamina y afecta a la salud; las reservas ecológicas limitan el acceso a CNG	Local, regional	https://bit.ly/2IQdz36 https://bit.ly/3KFM4r6 https://bit.ly/3B9S86M

Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar la heterogeneidad de actores sociales participantes, quienes intervienen de modos distintos en los conflictos, según sea su interés particular o su rol en el proceso. Si bien en cada caso se observan varios actores, el conflicto base presenta dos polos de confrontación. Por un lado, las organizaciones de base que son las que identificaron el problema socioambiental y elevaron su reclamo y, por otro, intereses privados a menudo representados por grandes empresas nacionales o internacionales. Entre ambos se encuentra el Estado, tomando roles diferenciales. En algunos casos asumiendo el rol de mediador (e. g., en el conflicto de las pasteras), pero, en otros, actuando en contra de las organizaciones de base, desoyendo sus reclamos, o a través de la criminalización de sus protestas, como ha ocurrido con miembros del MNCI o de las organizaciones mapuches.

Con respecto a las causas que motivan los conflictos, en primer lugar, se destaca que los problemas descriptos afectan a la salud de quienes protestan. También se señala su impacto en la biodiversidad, su efecto contaminante en la naturaleza, su impacto (directo o indirecto) en actividades recreativas y la afectación de otras actividades económicas, como por ejemplo la pesca, el turismo o la agricultura y ganadería no intensivas. Y por supuesto, también se señala la limitación al acceso a las CNG de las que depende la reproducción social de algunos de los actores sociales, como es el caso de los conflictos del MNCI y del pueblo mapuche.

Cuadro 2
Afectación del acceso a las Contribuciones de la Naturaleza para la Gente (CNG) en relación con los cinco conflictos analizados. Conflicto #1: Madres de Barrio Ituzaingó Anexo en contra del uso de agroquímicos; Conflicto #2: Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en contra de UPM-Botnia; Conflicto #3: Movimiento Nacional Campesino e Indígena en contra del modelo del agronegocio; Conflicto #4: Asamblea de Vecinos Autoconvocados en contra de la minería a cielo abierto; y Conflicto #5: Organizaciones mapuches en contra del avance sobre sus territorios. La lista con los distintos tipos de CNG responde a la conceptualización elaborada por DÍAZ et al. (2018)

Contribuciones de la Naturaleza para la Gente (CNG)	Conflictos considerados
	#1	#2	#3	#4	#5
Creación y mantenimiento del hábitat	no	sí	sí	sí	sí
Polinización y dispersión de semillas y otros propágulos	no	no	sí	no	sí
Regulación de la calidad del aire	no	sí	sí	no	sí
Regulación del clima (en este caso, “microclima”)	no	no	sí	no	sí
Regulación de la acidificación de los océanos	no	no	no	no	no
Regulación de la cantidad de agua dulce, lugar y momento	no	no	sí	sí	sí
Regulación de la calidad de agua	no	sí	no	sí	si
Formación, protección y descontaminación de suelos y sedimentos	no	no	no	no	no
Regulación de riesgos y eventos extremos	no	no	sí	sí	sí
Regulación de organismos perjudiciales y procesos biológicos	no	no	no	no	no
Energía	no	no	sí	no	sí
Alimentos y piensos	no	sí	sí	sí	sí
Materiales y asistencia	no	no	sí	no	sí
Recursos medicinales, bioquímicos y genéticos	no	no	sí	no	sí
Aprendizaje e inspiración	no	sí	sí	sí	sí
Experiencia físicas y psicológicas	no	sí	sí	sí	sí
Apoyo a identidades	no	sí	sí	sí	sí
Mantenimiento de opciones	no	sí	sí	sí	sí

Fuente: Elaboración propia.

En relación con la escala de ocurrencia de los conflictos, se observan situaciones diversas que van desde impactos locales o regionales (e. g., Madres de Barrio Ituzaingó en contra del uso de agroquímicos) hasta repercusiones nacionales e internacionales (e. g., la Asamblea Ciudadana en contra de UPM-Botnia).

Un aspecto interesante que destacar se refiere a que los actores damnificados no formaban parte de organizaciones ambientalistas preexistentes. Eran ciudadanos comunes y corrientes que tomaron conciencia del problema y se organizaron para hacer frente a realidades que ellos consideraban injustas y que los afectaba directa o indirectamente. Recién luego de transitar un proceso de lucha, comenzaron a organizarse e integrarse a otras organizaciones emergentes o preexistentes, que señalaban problemáticas similares o que incluían demandas ambientales, sociales o políticas más generales. También vale destacar la temporalidad y reversibilidad de los conflictos, como se observa en el caso de la Madres de Barrio Ituzaingó. Como consecuencia del accionar de las Madres y la actuación del Estado, se interrumpió (localmente) la contaminación y su efecto sobre la salud de la población.

De una manera sintética, podría decirse que los cinco casos presentados muestran dos tipos diferentes de confrontaciones. Los dos conflictos en los que se afecta el acceso a las CNG son básicamente conflictos por la tierra. A través de acciones legales o ilegales desplegadas por el capital privado, los poseedores históricos de la tierra (i. e., campesinos y mapuches) son desposeídos del acceso a sus territorios con el fin de desarrollar actividades productivas, extractivas, turísticas o especulativas. En cambio, en los otros tres casos, el conflicto se relaciona con los efectos nocivos de las actividades extractivas y como estas podrían afectar a la salud de la población, a los ecosistemas, al esparcimiento o a distintas actividades económicas. A pesar de estas diferencias, los cinco conflictos responden a lo que se conceptualiza como conflictos ecológico-distributivos, ya que todos ellos expresan inequidades en el acceso o apropiación de los beneficios que ofrece la naturaleza e implican distribuciones y localizaciones desiguales de los efectos adversos causados por las actividades extractivas, afectando principalmente a actores sociales marginados y con menor poder relativo en la sociedad.

Conceptos emergentes

Tomando como base los casos presentados, el análisis de cómo estos conflictos afectan (o no) a las CNG y las reflexiones que surgen a partir del trabajo de campo, a continuación, se presentan algunas ideas que contribuyen a conceptualizar los conflictos socioambientales. Para facilitar su presentación, se agrupan en torno a tres ejes analíticos: emergencia, dinámica y resolución de los conflictos. Pero esto no pretende sugerir que los conflictos socioambientales responden a lógicas secuenciales, lineales y unidireccionales. Por el contrario, son muy dinámicos y con frecuencia muestran períodos en los que la conflictividad aumenta, disminuye, o incluso se detiene, sin que existan evidencias de que el problema que originó el conflicto esté pronto a superarse.

a) Emergencia de los conflictos

Los conflictos surgen como respuesta a algún detonante, el cual puede estar relacionado a alguna acción (e. g., la contaminación de una fuente de agua por una minera) o una inacción (e. g., la falta de respuesta de los productores por el uso de agroquímicos cerca de viviendas, como se observó en el conflicto de Barrio Ituzaingó). Asimismo, pueden ser la respuesta a procesos crónicos (i. e., que se manifiestan de forma sostenida o incremental en el tiempo, como sucede con el conflicto del MNCI) o agudos (i. e., que responden a hechos puntuales, acotados en el tiempo, como fue el caso de la pastera UPM-Botnia). Es decir, pueden expresar dimensiones diacrónicas, sincrónicas, o ambas.

Para que un conflicto se exprese como tal, deben concurrir tres cuestiones: (a) un “objeto en disputa”; (b) actores con capacidad de agencia como para poder pugnar por el objeto en disputa; y (c) una manifestación social del conflicto. El objeto en disputa (PAZ-SALINAS, 2014) puede ser de naturaleza material o simbólica, como, por ejemplo, un bien físico, o una necesidad espiritual. Los actores que participan en el conflicto (AGHEMO; PAZ-GARCIA; IMHOFF, 2015; SILVETTI et al., 2013;) pueden ser actores sociales, organizaciones, grupos o individuos que tienen perspectivas, intereses, necesidades y/o demandas diferentes en relación con el objeto en disputa. Al hablar de actores en conflicto, no se hace referencia necesariamente al enfrentamiento de dos actores sociales que asumen posiciones opuestas en relación con el objeto en disputa. En realidad, puede participar un número variable de actores y sus posturas, en relación al objeto, pueden ubicarse a lo largo de un gradiente amplio de posiciones (e. g., el caso del avance sobre los territorios mapuches). Asimismo, para que una disputa adquiera la envergadura de “conflicto”, debe poder visibilizarse socialmente (WALTER, 2009) en el espacio social que corresponda, según las características propias del problema y la constelación de actores o individuos que participen. La expresión social del conflicto puede ocurrir tanto a escala local (e. g., la disputa entre productores por la apropiación del agua de riego) como global (e. g., el cambio climático); y entre estos dos extremos un amplio gradiente de situaciones intermedias. La naturaleza del objeto en disputa y las características de los actores enfrentados delimitan las escalas espaciales y temporales en torno a las cuales se manifiesta el conflicto y define el campo social en el que se expresa, disputa y eventualmente se resuelve.

En última instancia, los conflictos socioambientales son el resultado de la expresión de distintas lógicas socioculturales, económicas y políticas de valoración de la naturaleza y de las sociedades y se expresan mediante las métricas diferenciales que usan los actores sociales para decidir qué es valioso y qué no lo es. Mientras los actores más integrados a las dinámicas de los mercados capitalistas a menudo priorizan los valores de cambio y, por lo tanto, hacen prevalecer las valoraciones económicas de tipo monetarias,⁷ otros actores (e. g., comunidades campesinas, pueblos originarios o asambleas vecinales) priorizan tanto los valores de cambio como los de uso, que no necesariamente se insertan en los circuitos del mercado y que expresan un espectro amplio de valores materiales y simbólicos. El conflicto del MNCI contra el agronegocio ilustra este tipo de situaciones, ya que el avance de la agriculturización elimina el bosque nativo y la diversidad de CNG que éste ofrece y que constituye la base de la reproducción social campesina.

b) La dinámica del conflicto

Los conflictos socioambientales no ocurren como una respuesta “natural” a un determinado estado de situación, sino que son el resultado de intereses diferentes que se reflejan en acciones concretas. Es decir, el conflicto “no se da” ni “ocurre” espontáneamente, sino que “se construye” o “se produce” a partir de las acciones que implementa cada actor social con respecto al objeto en disputa, con el fin de defender o fortalecer su posición, en relación con las estrategias que implementen los otros actores que participan en la confrontación.

Son procesos dinámicos (ORELLANA, 1999; WALTER, 2009) donde se expresan tensiones (MADRIGAL-GONZÁLEZ, 2015; RAUSCH, 2018; REBORATTI, 2019) que se enmarcan en enfrentamientos, desafíos, choques, alianzas estratégicas y acuerdos provisorios. Y, simultáneamente, el proceso “interno” del conflicto se ve cruzado por cuestiones “externas” o contextuales sobre las que el conflicto está montado y con las cuales interactúa.⁸ O sea, constituye un campo de tensiones que se manifiesta en torno al objeto en disputa y se encuentra atravesado por cuestiones contextuales que responden a la realidad histórica en la que el objeto en disputa y los actores que participan del conflicto se encuentran inmersos. La conjunción de las dinámicas internas y externas define “el paso” al que evoluciona el conflicto y puede provocar dinámicas de aceleración, ralentización o estancamiento.

Asimismo, puede ocurrir que la conflictividad se suspenda provisoriamente, o que se defina a favor de algún sector. Aunque esto no necesariamente implica que el conflicto haya sido efectivamente resuelto con la participación y el acuerdo de las partes participantes. La interrupción del conflicto puede ocurrir como consecuencia de la subordinación de los actores de menor poder en relación con el objeto en disputa por parte del grupo dominante o como resultado de cuestiones contextuales vinculadas al conflicto. En otras palabras, si no existen acciones que muestren algún grado de confrontación o disputa respecto de quienes defienden la posición dominante, el conflicto pierde visibilidad. Alternativamente, puede entrar en un estado de pausa o ralentización hasta que las condiciones internas o externas favorezcan la posición de alguno de los grupos y, de este modo, alcancen nuevamente expresión social y se produzcan nuevas acciones en torno al objeto en disputa. El conflicto contra UTM-Botnia ilustra adecuadamente esta dinámica: luego de una etapa inicial de resistencia activa que desembocó en el corte del puente binacional, la sentencia de la Corte de La Haya dejó sin espacio político a la Asamblea Ciudadana para continuar con el corte y la protesta perdió intensidad y visibilidad, sin que la demanda de fondo se haya resuelto.

c) La resolución (o no) de los conflictos

Los conflictos no necesariamente deben (o pueden) “ser resueltos” (GANUZA et al., 2016). En muchos casos representan la expresión de enfoques políticos opuestos que se manifiestan mediante narrativas o posicionamientos que responden a formas muy distintas de ver el mundo, de observar los procesos socioproductivos o, desde una perspectiva más amplia, tienen que ver con cómo los actores sociales entienden las relaciones sociedad-naturaleza (CÁCERES et al., 2020). A veces no solo existen intereses distintos, sino que estos son contrapuestos y excluyentes y, por lo tanto, no resulta posible alcanzar una resolución consensuada, suscripta por todas las partes.⁹

Existen corrientes analíticas que sugieren que la participación, el diálogo y la negociación entre actores constituyen la estrategia básica que permite resolver los conflictos (LEE; MCQUARRIE; WALKER, 2015; RAP et al., 2019). Si bien estos son elementos importantes en el abordaje de los conflictos, no necesariamente garantizan que la situación problemática que los genera sea efectivamente resuelta. Esto se debe a que, en determinadas circunstancias, la naturaleza del problema, las características que asume el conflicto y/o el posicionamiento de los actores no permiten que el conflicto sea superado mediante un proceso endógeno. Es decir, a partir de las instancias de negociación que emergen durante la disputa por parte de los actores en conflicto. En estos casos, se requiere la participación de un organismo externo dirimente que fije posición sobre el problema en cuestión y ordene la resolución del conflicto según algún tipo de normativa legal o del Estado, como sucedió en el conflicto de Barrio Ituzaingó o con el plebiscito de Esquel en contra de la minería. Esta corriente responde a posiciones instrumentalistas y tecnocráticas que consideran que la superación de los conflictos depende del correcto uso de determinados métodos y técnicas de resolución de conflictos (FURLONG, 2005; GOLAR et al., 2019; WIATI; INDRIYANTI; MAHARANI, 2018). Sin embargo, desde nuestra perspectiva entendemos que, independientemente de las herramientas que se utilicen, los conflictos no siempre pueden ser resueltos a partir de la participación y el diálogo de los involucrados. En realidad, en muchos casos, los conflictos entre actores que sostienen posiciones o intereses muy diferentes no “se resuelven”, sino más bien “se dirimen”, sin que todas las partes participantes acuerden con el desenlace, como ocurrió con el conflicto con UPM-Botnia.

En relación con la importancia de la participación, hay que considerar que no siempre todos los actores que tienen interés en un determinado conflicto “se sientan a la mesa de negociación”, ni tampoco que los que participan de las negociaciones son realmente quienes representan los intereses en disputa. Esto depende de la forma en que el problema haya sido definido, lo que va a determinar quiénes sean los actores involucrados en la disputa y, por lo tanto, establecerá quienes participarán de la negociación. Cabe destacar dos aspectos en cuanto a este tema: (a) no todos los actores sociales están suficientemente organizados como para formar parte de una instancia de este tipo (o no tienen una discusión profunda acerca del problema o de sus implicancias); y/o (b) quienes participan en la negociación en representación de un actor determinado pueden no representar realmente los intereses del grupo afectado. Por otra parte, para que una mesa de diálogo funcione como tal debe existir cierto grado de simetría de poder entre los participantes. Si esto no ocurre, los más poderosos se imponen fácilmente sobre quienes tienen menos poder o simplemente pueden decidir no participar en la negociación porque disponen de otros mecanismos más directos y de menor exposición para hacer valer sus intereses (e. g., presionando en forma directa a quienes tienen el poder de decisión sobre el objeto en disputa). Esto fue lo que ocurrió durante la discusión de la Ley de Bosques de la Provincia de Córdoba, donde quienes representaban los intereses del agronegocio, se retiraron de la mesa de negociación, para presionar a los representantes políticos (CÁCERES, 2015a).

Por lo tanto, la emergencia, desarrollo y eventual resolución de los conflictos socioambientales dependen en gran medida de tres cuestiones centrales: la importancia económica o estratégica de lo que está en juego en el conflicto (i. e., el objeto en disputa), de qué actor social son los intereses económicos o políticos que pueden ser favorecidos o perjudicados y de las relaciones de poder existentes entre quienes participan en la disputa (CÁCERES et al., 2020).

En síntesis, los problemas socioambientales que originan los conflictos ecológico-distributivos ponen en juego intereses y sistemas de valoración distintas, que expresan diferentes posibilidades de acceder a las CNG. Estos conflictos son el resultado de las asimetrías de poder que existen en las sociedades, los que responden a diferentes formas de apropiación de la naturaleza las que, con frecuencia, implican la ocurrencia de brechas metabólicas. Como se observa a partir de los cinco casos analizados, estas rupturas pueden manifestarse de dos formas diferentes. Por un lado, el desarrollo de determinadas actividades económicas produce la interrupción del acceso a las CNG por parte de determinados actores sociales, lo que impacta directamente en sus condiciones de reproducción social (e. g., los casos del MNCI y el pueblo mapuche). En otros casos, las actividades extractivas, productivas, o industriales no interrumpen el flujo de CNG, pero generan condiciones ambientales adversas que pueden afectar no solo a la calidad de vida de las poblaciones, sino también a otras actividades productivas presentes en sus territorios (e. g., el caso de la minería a cielo abierto o el de las pasteras). Si bien los dos tipos de conflictos son importantes, aquellos que implican la interrupción total del flujo de CNG aparecen como los más relevantes, ya que comprometen las bases fundamentales de las que depende la reproducción social de los actores afectados.

Los procesos de conflictividad socioambiental abordados en estos últimos dos apartados se analizarán ahora en el marco de los procesos sociales, económicos y políticos más generales que distinguen a las sociedades capitalistas contemporáneas.

Contradicciones de la producción mercantil capitalista

Los conflictos socioambientales aquí analizados no ocurren en el vacío, sino en un contexto de sociedad de tipo capitalista neoliberal, como el que domina en Argentina desde 1990.¹⁰

Los procesos productivos e industriales de base extractiva requieren de un gran aporte de materias primas provenientes de la naturaleza, lo que a menudo genera desbalances en el metabolismo social.¹¹ O, dicho de otro modo, se manifiestan brechas metabólicas que indican que los procesos extractivos no respetan los tiempos de recuperación necesarios para sostener la oferta de CNG y otros bienes naturales. Como bien señala O’Connor (2001), la naturaleza “no es mezquina”, sino que posibilita la producción humana. Sin embargo, al mismo tiempo la restringe, porque sus procesos y ciclos no están regidos por la lógica y tiempos que requiere la reproducción del capital. Pero no siempre es una cuestión de tiempo, ya que determinadas actividades pueden producir cambios estructurales en los ecosistemas, que originan cambios de estado de los sistemas y se interrumpe la oferta de determinadas CNG (e. g., el reemplazo del bosque nativo por el cultivo de granos, como ocurre en el caso del agronegocio y el MNCI). En otros casos, los ecosistemas no están preparados para procesar/soportar el tipo o la magnitud de alguna de las actividades extractivas o industriales (e. g., los desechos que genera la minería a cielo abierto).

La gran demanda de materias primas tiene que ver con que las economías industriales propias de las sociedades capitalistas modernas son entrópicas por naturaleza y no promueven la ocurrencia de procesos circulares (SCHEIDEL et al., 2020) en los que, tanto los recursos como los desechos, continúen participando de algún modo en los ciclos de producción, industrialización y consumo.

Para superar las limitaciones que impone la naturaleza y el agotamiento de los recursos que demandan las economías industriales, estas permanentemente buscan ampliar las “fronteras de extracción de commodities” (sensuMOORE, 2003), a fin de identificar y apropiarse de nuevos nichos de “naturalezas baratas” (i. e., cheap natures) de donde obtener materias primas (PATEL; MOORE, 2020); y, al mismo tiempo, librarse de los desechos que su actividad produce, sin pagar los costos de los desajustes ambientales ocasionados (e. g., agotamiento de suelos, contaminación, etc.), o pagando el menor costo posible. Así, desde el punto de vista del capital, se genera un “proceso virtuoso” que incluye tres componentes: (a) minar la naturaleza para extraer sus riquezas a la tasa más alta posible y al menor costo posible; (b) apropiarse privadamente de los beneficios económicos derivados de sus actividades productivas, industriales o extractivas, a fin de lograr altas tasas de acumulación de capital; y (c) deshacerse de los desechos o contaminantes, externalizándolos hacia sectores sociales y/o regiones marginales, o con gobernanzas débiles o corruptas, que permiten este tipo de acciones. Así, se materializan procesos productivos, industriales o extractivos de neto corte lineal (i. e., naturaleza ˃ materia prima ˃ mercancía ˃ mercado ˃ desechos), donde la circularidad del proceso económico está totalmente ausente o no es considerada prioritaria. En todo caso, la única circularidad que se busca es la del retorno ampliado del capital invertido, lo que debe ocurrir en el menor tiempo posible.

En este tipo de abordaje económico se observa una contradicción entre la lógica económica capitalista y los ritmos y capacidades de la naturaleza, ya que la búsqueda infinita de acumulación de capital que caracteriza a este enfoque se contrapone con la finitud de la naturaleza y con su limitada capacidad para ofrecer materias primas a la economía. O’Connor (1988) conceptualiza este desacople como la “segunda contradicción del capitalismo”: la lógica capitalista demanda un crecimiento permanente a fin de sostener o aumentar las tasas de acumulación de capital y trata a las condiciones de producción (trabajo y naturaleza) como si fueran commodities, sin tener en cuenta que el mercado no pueda garantizar su reproducción. En consecuencia, la naturaleza se agota, los recursos son cada vez más limitados y la contaminación afecta a la salud y la eficiencia de los trabajadores. Esto hace que los costos de producción se incrementen, y que los bienes sean más escasos y caros. De esta forma, es el mismo capital el que contribuye a la destrucción de las bases de las que depende su propia reproducción (HUGHES, 2000).

Sin embargo, la lógica capitalista persiste en su estrategia, por más que comprometa futuros procesos de acumulaciones de capital (CÁCERES, 2015b). Es como que quienes diseñan sus estrategias, no tomaran conciencia de la finitud de la disponibilidad de materias primas y que el capital no puede reproducir a la naturaleza. Ni tampoco parecieran observar que los impactos socioambientales que su actividad genera no solo afectan a la naturaleza y a las sociedades, sino también a su propia lógica de acumulación. Esto sugiere que su comportamiento responde a una lógica económica que solo prioriza la acumulación de capital en el corto plazo. O, alternativamente, que presupone que podrá desarrollar innovaciones que les permitirán superar los inconvenientes y limitaciones que observa el actual modelo de acumulación.

Esta es la principal razón por la cual las economías capitalistas requieren de un permanente corrimiento de las fronteras extractivas y la búsqueda incesante de innovaciones que les permitan franquear los problemas que enfrentan. Sin embargo, el modo de producción capitalista actual y sus contradicciones socioambientales hacen cada vez menos probable la ocurrencia de soluciones a través de “fix tecnológicos” y/o a partir de la apertura de nuevas fronteras que permitan formas renovadas y rentables de apropiación de naturalezas baratas (i. e., “fix espaciales”) (CÁCERES, 2015a; CONDE; WALTER, 2015; MOORE, 2000, 2010; ROSNER, 2004). Las dificultades y contradicciones que enfrenta actualmente la agricultura industrial transgénica constituyen un buen ejemplo que ilustra ambas situaciones (CÁCERES; GRAS, 2020).

Conclusiones

La discusión precedente permite reflexionar acerca de la magnitud y escala de los procesos extractivos que ocurren sobre los ecosistemas terrestres, lo que compromete la capacidad de provisión de materiales y energía por parte de los ecosistemas y, en consecuencia, la sustentabilidad futura de nuestras sociedades. Como se señala en la introducción, estos cambios han sido vinculados con la emergencia del Antropoceno, una nueva era geológica que refleja la creciente presión de los seres humanos sobre la naturaleza. Sin embargo, algunos autores cuestionan esta perspectiva ya que no toda la humanidad ha contribuido del mismo modo a la actual crisis ambiental global. Como alternativa, proponen el concepto de “Capitaloceno” para señalar que es la voracidad del sistema capitalista y su necesidad de promover el crecimiento económico ilimitado y la acumulación de capital, el responsable de la crisis socioambiental (MOORE, 2017). Es precisamente en este marco en el cual se ubican los cinco conflictos socioambientales abordados en este artículo.

El metabolismo social entre las naturalezas-no-humanas y las sociedades responde a un proceso dialéctico en permanente interacción, ajuste y cambio, que se traduce en un balance precario. El resultado está regulado y depende del tipo y de las características de las actividades productivas que ocurren en cada contexto específico. Las lógicas extractivistas que priorizan la maximización de la renta, tarde o temprano comprometen la continuidad de este vínculo, como consecuencia del debilitamiento del componente natural del que depende la relación. Dos factores adicionales que influyen en cómo esta relación se resuelve tienen que ver con la tecnología utilizada, la que puede contribuir (o no) al sostenimiento del metabolismo social (i. e., balance y reproducción versus inestabilidad y descomposición), y las características de las relaciones sociales que ocurren en torno al hecho productivo. Por lo tanto, no todo metabolismo social genera necesariamente brechas metabólicas que comprometen la continuidad de las actividades productivas e industriales. En otras palabras, el tipo de lógica económica que domina el vínculo entre el sistema económico y la naturaleza, sumado al tipo de tecnología utilizado y las relaciones sociales que distinguen a cada modo de producción, constituyen aspectos claves a la hora de valorar las características que asume el metabolismo social entre la naturaleza y la sociedad.

Los conflictos ambientales aquí presentados permiten identificar distintas formas de afectación del metabolismo social, que tienen su expresión en los procesos de circulación de la materia y la energía entre el sistema natural y el sistema económico. Los desbalances observados entre estos sistemas reducen, interrumpen o afectan la calidad del flujo hacia el sistema económico, como consecuencia de dos formas distintas de expresión de la brecha metabólica: (a) por agotamiento (parcial o total) de la base natural que genera el flujo de materia y energía (e. g., pérdida de nutrientes, agotamiento de yacimientos petrolíferos, etc.); o (b) por afectación de la calidad de los recursos lo que los transforma en inaprovechables (o poco aprovechables) por el sistema económico (e. g., contaminación del agua, deterioro de la capacidad productiva del suelo, etc.). Esta dualidad permite plantear el problema en términos de fuentes (sources) y sumideros (sinks); es decir, visualizar una interconectividad sistémica en la que se combina el agotamiento o deterioro de determinadas fuentes con la creación de nuevos sumideros que permitan canalizar los residuos que generan las actividades económicas.¹² Así, el problema de la brecha metabólica ya no se limita solo a la agricultura, sino que atraviesa actividades productivas y extractivas donde las fuentes y los sumideros se cruzan y afectan recíprocamente, como bien lo expresan los casos de la pastera UPM-Botnia y la minería a cielo abierto presentados.

Los conflictos socioambientales ecológico-distributivos son el resultado de actividades económicas que, de un modo u otro, afectan negativamente a los habitantes de los territorios donde ocurren. Por un lado, producen condiciones negativas que afectan la calidad de vida y otras actividades socioeconómicas de las poblaciones involucradas. Y, por otro lado, restringen el acceso a las CNG, lo que impide o limita el acceso a recursos materiales y no materiales esenciales para la reproducción social de los actores afectados. En los dos casos aquí considerados y que responden a esta última situación, básicamente se traducen en una pérdida del acceso a la tierra, con todas las connotaciones económicas, sociales y políticas que emergen de este tipo de problema (como ocurre con los conflictos que enfrentan los campesinos y los pueblos originarios, afectados por la expansión del capital sobre sus territorios).

En este marco, el concepto de CNG se comporta como un concepto de interfase (i. e., boundary object) entre la naturaleza y el sistema social-económico-político, ya que refiere a la capacidad de la naturaleza para ofrecer bienes o procesos ecosistémicos y, al mismo tiempo, permite visibilizar las demandas e intereses de los distintos actores sociales. Al igual que ocurre con el concepto de metabolismo social, la idea de CNG puede ser utilizada para interpretar los procesos de transformación de la naturaleza por parte del sistema económico, así como los vínculos entre los dos sistemas. Si bien ambos conceptos comparten sus características de interfase, también muestran diferencias. Por un lado, la idea de metabolismo social permite visualizar de una manera general las relaciones que ocurren entre la naturaleza y las sociedades y, eventualmente, detectar la ocurrencia de brechas metabólicas que pueden traducirse en conflictos socioambientales. Por su parte, el concepto de CNG se vincula fundamentalmente con los problemas de acceso que los distintos actores sociales manifiestan durante los procesos de apropiación de la naturaleza y permite observar más claramente las disputas que se generan entre actores durante estos procesos. Así, estos dos conceptos son complementarios y permiten capturar diferentes aspectos de las tensiones que se generan en torno a los conflictos ecológico-distributivos. Mientras las brechas metabólicas derivadas del metabolismo social refieren a los desbalances o desacoples que existen entre el sistema natural y el social, las CNG tiene que ver con cómo los actores perciben y valoran a la naturaleza y con las estrategias que desarrollan para apropiarse de aquellas CNG que consideran importantes. A pesar de estas diferencias, ambos conceptos están atravesados por intereses, pujas distributivas, asimetrías de poder y disputas que se traducen en conflictos ecológico-distributivos.

Finalmente, cabe señalar que en las sociedades capitalistas los conflictos socioambientales operan como “sensores sociales”, que indican que algo no funciona bien en el proceso de extracción y mercantilización de bienes y servicios. Si bien generan tensiones entre los actores sociales y a menudo son el resultado de procesos de exclusión, desposesión, concentración económica e incluso violencia física o simbólica, también pueden comportarse como dispositivos sociales que permiten a la sociedades visibilizar determinadas problemáticas y contribuir a generar nuevas normas o estructuras institucionales (SCHEIDEL et al., 2017) que ayuden a desandar trayectorias de cambio hacia sociedades más democráticas, justas y equitativas. Los movimientos que luchan por la justicia ambiental, en gran medida, han sido quienes dan visibilidad a los problemas y conflictos socioambientales y sitúan estos temas en las agendas sociales y políticas locales y globales (SCHEIDEL et al., 2020).

Agradecimientos

Agradecemos al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba (SECyT-UNC), al Interamerican Institute for Global Change Research y a Redes Federales de Alto Impacto, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina (CONATURAR) (2023-102072649-APN-MCT) por el apoyo financiero de la investigación. Hacemos llegar también nuestro reconocimiento especial a todos los actores sociales que participaron en la investigación, entrevistados durante el trabajo de campo. Asimismo, agradecemos la estancia académica de Daniel M. Cáceres en UMR-Innovation - INRAE (Montpellier), en particular al Dr. Pierre Gasselin.

Finalmente, queremos agradecer muy especialmente a la Dra. Carla Gras por la lectura crítica de una de las versiones preliminares de este artículo.

Notas

• 1
  Louis Dumont (1980) explica cómo en las dicotomías conceptuales, como las de sociedad-naturaleza, se establecen relaciones jerárquicas con implicancias en la organización social. Estas jerarquías no completamente conscientes o explícitas implican valoraciones desiguales, como las que aquí se hace referencia.
• 2
  Karl Marx (1981) fue quien formuló el concepto de metabolismo social. Tomando como base los trabajos sobre química de suelo de Liebig (1941), Marx llamó la atención sobre la brecha metabólica (rift) que existe entre naturaleza y sociedad (o entre campo y ciudad), ya que los lugares de producción y consumo están disociados y no se produce la restauración de nutrientes que dictan las leyes de la naturaleza.
• 3
  Existen diversas categorías de conflictos, que refieren a distintos ámbitos de la actividad humana, y que responden a determinadas acciones económicas, sociales o políticas; por ejemplo, los conflictos gremiales que surgen como consecuencia del deterioro de condiciones laborales o los vinculados a la expansión de procesos extractivos (ENTELMAN, 2001; TERESHINA et al., 2016; WALTER, 2009).
• 4
  Desde nuestro enfoque, todo conflicto es siempre “social”. Ningún “conflicto ambiental” puede abstraerse de su componente social y, por lo tanto, los conflictos deben conceptualizarse como conflictos socioambientales.
• 5
  Entre las principales organizaciones mapuches se destacan el Parlamento Mapuche Tehuelche, el movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu (MAP) y la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
• 6
  En la localidad rural de Canals (provincia de Córdoba), entrevistamos a los Vecinos Autoconvocados de Canals que protestan por el impacto de los agroquímicos en la salud de la población (ver https://bit.ly/2MEW2Ko). Si bien este conflicto está vinculado al problema denunciado por las Madres de Barrio Ituzaingó, lo que observamos presentaba aristas diferentes. Es lo que conceptualizamos como “conflictos secundarios”, ya que no ocurren entre los principales contendientes del conflicto (i. e., organizaciones ambientalistas versus agronegocio), sino entre los propios habitantes de las ciudades o pueblos rurales, quienes se posicionan a favor o en contra de las actividades contaminantes. Aunque puede resultar extraño que algunos vecinos estén a favor de actividades que contaminan, este posicionamiento se debe a que parte de la economía local depende de la agricultura transgénica. Así se manifiestan “conflictos entre pares”, quienes se posicionan en función de intereses o beneficios individuales o familiares, o porque responden a presiones de sus empleadores. Generalmente, estas confrontaciones ocurren de una manera no estructurada y no son el resultado de acciones planeadas por grupos organizados. El uso del adjetivo “secundario” no pretende implicar que este tipo de conflictos tenga una importancia “secundaria”, sino que emerge como consecuencia del posicionamiento de los actores a posteriori de la manifestación de conflictos “primarios” de carácter más general. Conflictos secundarios similares se observan también en pueblos vinculados a la actividad minera.
• 7
  Además de las valoraciones económico-monetarias y su preferencia por los bienes de cambio mercadeables, estos actores también manifiestan otro tipo de valoraciones no mercantiles, como, por ejemplo, sus valoraciones simbólicas sobre el mercado o sus posicionamientos en relación con distintos tipos de actividades productivas.
• 8
  Por ejemplo, en 2017 la legislatura de la provincia de Córdoba trató de aprobar, en un trámite “exprés”, reformas a la Ley 9814 que protege los bosques nativos provinciales. En protesta, los ciudadanos participaron en una masiva marcha para oponerse al proyecto del gobierno, en contra de la expansión de la agricultura transgénica y en defensa de los bosques nativos (ver https://bit.ly/3etBZkV). Como consecuencia de tal expresión popular, la legislatura debió retirar su propuesta. Este caso muestra cómo un hecho puntual y coyuntural desencadena reacciones no previstas y que redundan en la visibilización del conflicto y en el empoderamiento de los actores subordinados.
• 9
  Por ejemplo, sería el tipo de conflicto socioambiental que emerge entre los empresarios rurales que proponen la expansión de la agricultura industrial sobre el bosque nativo y los campesinos que promueven un uso multifuncional del bosque. En términos socioecológicos se contrapone la apropiación intensiva de solo una CNG (la fertilidad del suelo) versus la apropiación extensiva de múltiples CNG, como muestra el Cuadro 1 (por un ejemplo detallado, ver CÁCERES et al., 2020). Otro caso típico es el de la expansión minera o turística sobre un territorio considerado sagrado por los pueblos originarios o las comunidades locales (MARCHEGIANI et al., 2020).
• 10
  Si bien los modos de producción y las estrategias de apropiación de la naturaleza propios de la lógica capitalista son los responsables de gran parte de los problemas y conflictos socioambientales que enfrenta hoy el planeta, como bien señalan Patel y Moore (2020) este tipo de situaciones también se observan en países con otra orientación política y en otros momentos históricos, como en la Unión Soviética.
• 11
  El balance inestable que caracteriza al metabolismo social puede ser “progresivo” o “regresivo”, según sean las lógicas económicas, los modos de producción, las relaciones sociales y la tecnología utilizada en cada caso particular. Es “progresivo” cuando el vínculo entre naturaleza y sociedad se refuerza recíprocamente, lo que permite su reproducción en el tiempo y “regresivo” cuando existen asimetrías que afectan la reproducción de los procesos naturales y, por lo tanto, favorece la ocurrencia de brechas metabólicas.
• 12
  Sería el caso de la agricultura industrial que agota los suelos y genera contaminación por agroquímicos y gases de efecto invernadero.

Referencias

• AGHEMO, Renzo-; PAZ-GARCIA, Ana Pamela; IMHOFF, Débora Soledad. “La trama identitaria del conflicto socio-ambiental en perspectiva psico-política: El caso de tres organizaciones de Córdoba, Argentina (2012)”. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, Rio de Janeiro, vol. 8, n. 4, pp. 677-706, 2015.
• AGUIRRE, Sabrina. “Procesos extractivos, territorio y autonomía indígena: El pueblo mapuche en Neuquén”. Temas Sociológicos, Santiago, n. 27, pp. 449-487, 2020. DOI: 10.29344/07196458.27.2496.
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• Editor responsável: Michel Misse

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  04 Mar 2024
• Fecha del número
  2024

Histórico

• Recibido
  29 Set 2022
• Acepto
  13 Jul 2023