Psicología comunitaria y políticas sociales en Chile

Community psychology and social policies in Chile

Psicologia comunitaria e políticas sociais no Chile

Psicología comunitaria y políticas sociales en Chile

Psicologia comunitaria e políticas sociais no Chile

Community psychology and social policies in Chile

Jaime Alfaro Inzunza^I; Alba Zambrano Constanzo^II

^IUniversidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile

^IIUniversidad de la Frontera, Temuco, Chile

RESUMEN

En este artículo analizamos la relación entre Psicología Comunitaria y políticas sociales, estableciendo la influencia de las políticas sociales sobre el desarrollo contemporáneo de la Psicología Comunitaria en Chile. Sostenemos que su consolidación como profesión se asocia estrechamente a la implementación de políticas sociales a partir de la década de los noventa y su conformación actual está condicionada y tensionada por las orientaciones de estas políticas.

Se examina la evolución tanto de las políticas sociales como de la Psicología Comunitaria en Chile, los puntos de encuentro y las tensiones, de las que derivamos una serie de desafíos y proyecciones que examinamos en el presente artículo, con el objetivo de avanzar en la comprensión de esta relación.

Palabras claves: Psicología Comunitaria; Psicología Social Comunitaria; Políticas Sociales; Prácticas Sociales.

RESUMO

Este artigo investigou a relação entre a Psicologia Comunitária e as políticas sociais, estabelecendo a influência das políticas sociais sobre o desenvolvimento contemporâneo da Psicologia Comunitária no Chile. Afirmamos que a sua consolidação como profissão está intimamente associada à implementação de políticas sociais desde a década de noventa e sua formação atual está condicionada e tensionada pelas diretrizes dessas políticas. O estudo analisa a evolução das políticas sociais e da psicologia comunitária no Chile, os pontos de encontro e de tensão, dos quais se deriva uma série de desafios e projeções discutidos neste artigo com o objetivo de fazer avançar a compreensão desta relação.

Palavras-chave: Psicologia Comunitária; Psicologia Social Comunitária; Políticas Sociais; Práticas Sociais.

ABSTRACT

In this article we analyze the evolution of community psychology in Chile, and the influences of social policies in its development.

We hold that its consolidation as a profession is closely associated to the implementation of social policies since the nineties, and its present conformation is determined and tightened by the orientation of these policies.

From the evolution of social policies and Community Psychology in Chile we have come up with a series of challenges and projections that will be examined in this article.

Keywords: Community Psychology; Social Community Psychology; Social Policies, Social Practices.

Introducción

La inserción de psicólogos y psicólogas en programas sociales, derivados de políticas estatales, ha ocurrido en Chile desde los años sesenta (Alfaro, 1993). Sin embargo, es a partir de los años ochenta que estas prácticas se vinculan y hacen referencia explícita a la Psicología Comunitaria, y es durante los años noventa cuando la relación entre estos campos comienza a cobrar relevancia y centralidad para la Psicología Comunitaria, en cuanto especialidad profesional y disciplina académica.

El dinamismo que ha presentado el proceso de inserción de los psicólogos y psicólogas en la implementación de programas de prevención y promoción de soluciones ante una amplia variedad de problemas sociales, ha ocurrido y se ha materializado, básicamente, en virtud de los espacios laborales y las demandas técnicas generadas a partir de los cambios ocurridos en las políticas sociales en Chile, particularmente, durante la primera mitad de la década de los años noventa.

Estos cambios tuvieron que ver con la incorporación en el análisis y abordaje de los problemas sociales, de dimensiones nuevas y de mayor complejidad que las tradicionalmente utilizadas en este campo. Así aparecen nociones tales como las de: Integración Social; Inversión en Capital Humano; Capital Social; Género; dimensión Generacional, Étnica, y territorialidad, entre otros (Alfaro, 2000). Estas nociones, han incorporado variables y dimensiones que valoran la subjetividad, las llamadas 'dimensiones intangibles de los problemas sociales', permitiendo, de esta manera, la incorporación de nuevos profesionales y nuevas miradas disciplinares en los programas de políticas sociales, que abrieron espacios para la participación y la incorporación de la Psicología Comunitaria, junto a otras disciplinas y profesiones de las Ciencias Sociales.

Paralelamente, y gatillado en gran medida por lo anterior, se generó desde fines de los ochenta, el desarrollo de programas de formación en Psicología Comunitaria en distintas universidades chilenas, a nivel de pregrado, permitiendo gradualmente la institucionalización universitaria de ésta, lo que a su vez posibilitó el nacimiento de programas de postgrado, a fines de la década de los noventa y comienzos de los años 2000.

Aunque el escenario ofrecido por la nueva generación de políticas sociales en el país resultó favorable para la incorporación de psicólogos y psicólogas comunitarios en programas de intervención, y para el desarrollo académico de ésta, diversos trabajos académicos a este respecto, que se expondrán más adelante, reportan y ponen atención en importantes desencuentros y dificultades que ocurren entre estos dos campos generados a raíz de una suerte de "choque" y desfase entre las lógicas de intervención derivadas de los programas y proyectos de la política social del Estado, y los principios que orientan la acción comunitaria desde la Psicología Comunitaria.

Este artículo analiza esta situación de tensión que ocurre en el país y que afecta el desarrollo profesional y académico de la Psicología Comunitaria, examinando los principales puntos de tensión presentes entre estos dos campos, y exponiendo antecedentes que permitan una comprensión de las dinámicas que están a la base de estas tensiones, para finalmente concluir con algunas reflexiones que nos permiten derivar desafíos en la línea de avanzar en el diálogo con los actores, técnicos y políticos que forman parte de las políticas sociales, sin dejar de atender a la complejidad que rodea a la intervención social.

Psicología Comunitaria en el Marco de las Estrategias de Intervención en Políticas Sociales

Aún cuando, tal como hemos señalado, en Chile se cuenta con antecedentes de la presencia de psicólogos y psicólogas en la esfera comunitaria y de intervención social desde los años sesenta (Alfaro, 1993), y durante los años ochenta ya se hace mención y se refiere explícitamente a la Psicología Comunitaria, la institucionalización universitaria y las primeras manifestaciones extendidas de prácticas profesionales referidas a la Psicología Comunitaria ocurren especialmente en la década de los noventa, período en que se aprecia la ampliación y masificación de la inserción de psicólogos y psicólogas en programas sociales en general, derivados desde políticas sociales (Alfaro, 2007a).

En una mirada panorámica a las trayectorias del trabajo comunitario en Chile, se aprecia que en ella se configuran aproximaciones y acciones de muy diversa naturaleza, inspiradas en distintas aproximaciones paradigmáticas que presentan como eje común -al menos como una intencionalidad-el componente participativo (Zambrano, 2007). De un modo genérico se puede sostener que el campo comunitario en Chile ha evolucionado desde el activismo inicial vinculado a aproximación de corte crítico y político de transformación social, hasta una institucionalización profesional que dan cuenta de enfoques de base en Modelos de Competencia y también en la Ecología Social (Alfaro, 2007b) que revela hibridación teórica y metodológica.

Sánchez (2007) en un análisis del estado actual de la Psicología Comunitaria Chilena plantea que en el plano teórico e ideológico prevalecen enfoques que de un modo genérico denomina como postmodernos (críticos, discursivos, construccionistas y subjetivistas), que si bien operan como modelos comprensivos de la compleja realidad social, adolecen de contenido propiamente comunitario y psicosocial. tal vez esto tenga relación con algunas debilidades metodológicas y técnicas apreciadas por el autor al analizar algunos textos de autores nacionales.

En el análisis de experiencias concretas es posible sostener, como lo hace Alfaro (2007b), que las prácticas revelan heterogeneidad e hibridación pudiéndose constatar una pluralidad de Psicologías Comunitarias en acción: Psicología Social Comunitaria latinoamericana; Ecología Social; Intervención en Redes; Modelo de Desarrollo de Competencias. De manera que se constituye un escenario teórico y paradigmático plural que expresa la presencia de diversas tradiciones de trabajo en Psicología Comunitaria, en donde los grados de coherencia interna entre los marcos conceptuales, objetivos y acciones varían, pero lo cierto es que, a veces es confuso o conflictivo, en la medida que quienes intervienen lo hacen desde plataformas institucionales diversas, no siempre congruentes con los principios y tradiciones de la Psicología Comunitaria a la que se adhieren paradigmáticamente los psicólogos o psicólogas comunitarias.

En esta perspectiva, a partir de los años noventas, tal como muestran los trabajos que a continuación expondremos, comienza a ser reportado que los desempeños profesionales de los psicólogos y psicólogas en el marco de programas sociales de orientación comunitaria, muestran grados importantes de desencuentro y tensión entre las demandas técnicas y las consiguientes expectativas de desempeños profesionales que se formulan desde las orientaciones de estrategia de las políticas sociales en el país, respecto de las orientaciones que desde las nociones y modelos propios y característicos de la Psicología Comunitaria se formulan.

De forma tal que se hace evidente gradualmente, que no hay un ajuste totalmente engarzado entre las expectativas y las herramientas con que cuentan los psicólogos formados en referencia a la Psicología Comunitaria y las estrategias y énfasis que los programas de políticas sociales privilegian para la implementación de sus acciones (Alfaro, Zambrano, Sandoval, & Pérez-Luco, 2007). Observándose de esta manera momentos y zonas/ programas en donde hay mayor cercanía, así como áreas de trabajo en donde hay mayores dificultades para la integración entre ambos ámbitos.

En primer lugar según se aprecia en el trabajo de Winkler, Avendaño, Krause y Soto (1993), que constata al inicio de la década de los años noventa, que quienes hacían las intervenciones sociales (en donde se incluyen los psicólogos y psicólogas) habrían ocupado una posición más tradicional de científico-técnico, pasando a ser considerados las poseedores de una verdad que se debía "promover" y "develar" a los usuarios de sus servicios, conformándose una identidad de especialistas, "médicos o doctores".

De igual forma Krause y Jaramillo (1998), muestran en un estudio de las prácticas de intervención social realizadas por equipos en donde hacen parte profesionales psicólogos, ejecutadas hacia fines de los años noventa en la Región Metropolitana, que éstas se habrían implementado a través de acciones de prevención específica o promocional, y sólo secundariamente, habrían puesto el foco en acciones de desarrollo comunitario. Así como también habrían privilegiado niveles de acción más bien micro grupal o individual. Por tanto, no habrían intervenido en los niveles comunitarios o colectivos desarrollando, en cambio, estrategias de tipo asistencial centradas en la satisfacción de necesidades de los destinatarios, y no en el desarrollo de capacidades propias, dado que el grado de participación real de los destinatarios fue restringido.

Las autoras concluyen que estas prácticas de intervención se orientaron hacia polos asistenciales, más que promocionales; individuales, más que colectivo-comunitarios; centrados en el déficit, más que en el desarrollo de capacidades propias y la participación activa de los destinatarios, alejándolas de la lógica básica de la Psicología Comunitaria tradicional, que tuvieron en la década de los años ochenta. De manera, tal como nos señala este trabajo, que durante la década del noventa, en las prácticas de intervención social habría ocurrido un proceso de institucionalización que ha significado una modificación en la lógica, el modelo o la estrategia desde donde las intervenciones se instalan y fundamentan, modificando, en consecuencia, la definición de los niveles de acción, los objetivos y metas de trabajo y los destinatarios de la acción.

Saavedra (2005), ya a mediados de la primera década de los años 2000, describe en su trabajo de investigación acerca de las prácticas y las disposiciones representacionales, presentes en los interventores en el marco de experiencias comunitarias desarrolladas en la Región de Valparaíso y Viña del Mar, que la definición que los interventores psicólogos y psicólogas realizan respecto de su ejercicio y tarea profesional se focaliza en las demandas provenientes básica y principalmente del Estado y las instituciones, dejando en un segundo plano las demandas provenientes desde los sectores destinatarios (individuos, grupos u organizaciones) afectados por los problemas sociales con los cuales se interviene. Estableciendo que la racionalidad de los interventores e interventoras, su capacidad técnica y su conocimiento especializado se constituyeron en el centro desde donde se fundamentan las respuestas a los problemas que se abordan, por encima del diálogo con los actores comunitarios involucrados. Esto concuerda con los antecedentes previamente expuestos acerca de la utilización de lógicas interventivas lejanas y diferentes de aquellas estrategias que ponen foco en la participación y centran su intervención en dinámicas de la comunidad, tal cual lo hacen de manera característica las lógicas de intervención tradicionales de la Psicología Comunitaria.

En este mismo estudio (Saavedra, 2005), se reporta que los interventores e interventoras, al problematizar la concordancia y consistencia entre sus prácticas y las orientaciones tradicionales de la estrategia comunitaria, identifican su ejercicio profesional como el de un ente articulador que intenta mediar entre las tareas de adecuación versus las tareas de transformación social. Constituyéndose, de esta manera, en "operadores" centrados en negociar sus posibilidades entre los límites que ofrecen los contextos institucionales concretos y las posibilidades que se abren para desarrollar prácticas sociales que involucren transformaciones.

También a mediados de los años 2000, el estudio realizado por Reyes (2007), nos muestra evidencia de similar relación de tensión y conflicto desde la observación de la producción y publicación académica desarrollada desde la Psicología Comunitaria entre los años 1993-2003 en el país.

Específicamente, el estudio de Reyes (2007) da cuenta de la presencia de un número importante de trabajos de tipo teórico, interventivos y mixtos, que se sustentan en principios y discursos académicos, que colocan la distribución más equitativa de poder en el centro de los objetivos del quehacer interventivo de la Psicología Comunitaria. Generándose de esta manera, tal cual concluye este trabajo, una abierta contradicción con las políticas sociales vigentes, organizadas desde una lógica sustentada en principios y valores de tipo asistencial que establecen orientaciones programáticas que promueven acciones comunitarias de tipo "curativas". Además de focalizarse en la solución de los problemas que aquejan a los grupos de riesgo o a la población a la que se dirige. De tal manera, que esta tendencia técnica remite a los aspectos deficitarios manteniendo una preocupación secundaria por los aspectos promocionales, transformadores y la participación de la población.

Por último, evidencia similar se aprecia en el estudio de Zambrano (2007), que compara estrategias orientadas al empoderamiento comunitario en Chile y España. En este estudio se señala que las experiencias chilenas de corte comunitario -la mayor parte de ellas asociadas a programas financiados desde el Estado-, presentarían un mestizaje o tránsito, que expresa una evolución hacia esquemas más inclusivos y participativos, pero que conservan aún la noción de "experto externo" o "visión paternalista", incluyéndose en ellas a un sujeto-actor para algunos efectos, mientras que para otros, a un sujeto-objeto-receptor.

De esta manera, tal como se aprecia consistentemente en las observaciones sistemáticas de las prácticas desarrolladas en el país que se exponen, enfrentamos un desfase y tensión entre los planos del referente disciplinar de la Psicología Comunitaria y el plano de las estrategias, directrices técnicas y de trabajo que organizan los programas de intervención en que laboran los psicólogos y psicólogas profesionales. (Alfaro et al., 2007).

Esta misma relación de tensión y desencuentro pareciera observarse en otras regiones del mundo, tal como reportan los trabajos de La Palma (2001), Prilleltensky (2006) y Sánchez (2006). Siendo posible sostener que esta dinámica de relación se constituye en un importante condicionante de las prácticas sociales en el campo de la intervención de los psicólogas y psicólogas comunitarios, constituyéndose en un aspecto central para comprender las posibilidades y tendencias de crecimiento de la psicología en Chile, así como en otras realidades nacionales.

La trasformación de las Políticas Sociales en Chile, como marco para entender su relación con la Psicología Comunitaria

En Chile, a inicios de los noventa, con el retorno al régimen democrático, se inicia una nueva etapa y una consiguiente nueva orientación en materia de estrategia de políticas sociales. Emergen nuevos temas y prioridades en el enfoque político del emergente Estado democrático, especialmente en la temática de pobreza y desigualdad.

Cobra relevancia una lógica de focalización selectiva de las políticas sociales, que entre otras cosas se tradujo en la definición de los llamados "grupos vulnerables", como sectores sociales prioritarios para la política social (etnias, género, discapacitados, jóvenes, adultos mayores, infancia) y en la creación de distintas instituciones dedicadas a generar políticas para estos grupos: Corporación Nacional de desarrollo Indígena, Servicio Nacional de la Mujer, Fondo Nacional de la discapacidad, Instituto Nacional de la Juventud y Servicio Nacional del adulto Mayor (Raczynski y Serrano, 2005), que se expresaría en la priorización de problemáticas sociales de carácter enteramente distinto, tales como: la violencia intrafamiliar, la prevención del consumo de drogas y la reinserción social de menores, entre otros.

En estos nuevos programas, instituciones y temáticas las políticas y programas dirigidas a los "grupos vulnerables" establecen un nuevo campo de acción que desarrolla nuevas estrategias interventivas que comienzan a incorporar procesos psicosociales ligados a la subjetividad y la sociabilidad. Configurándose con ello un nuevo marco de demandas hacia los cuerpos técnicos y profesionales (Alfaro, 2004), que da condiciones para la demanda e inserción de profesionales de formados en Psicología Comunitaria.

Ello en relación a que las políticas y programas dirigidos a estos grupos sociales incorporaron un con-junto de nuevos componentes o factores relativos a las "dimensiones intangibles" que definen la "vulnerabilidad", el "riesgo" y la "exclusión" y que son consideradas necesarios para la priorización de los programas y sus destinatarios (Raczynski, 1995).

En este marco se articula una lógica conceptual y operativa que pone énfasis en la necesidad de atender tanto los planos relativos al mejoramiento de las condiciones materiales, a la vez que consideran la intervención en aspectos no abordados hasta entonces en el análisis de la pobreza, tales como: las características personales y sociales de las personas afectadas, entendidas estas como dimensiones de vulnerabilidad y de riesgos (Holzman y Jorgensen, 2000. Sojo, 2003), necesarias de intervenir con el propósito de fortalecer la autonomía y productividad de las personas y familias, pensando especialmente en responder a las necesidades del ciclo vital (Raczynski y Serrano, 2005. Serrano, 2005).

El impulso de los gobiernos democráticos en superar la pobreza y la inequidad implicó aumentar la inversión social, mejorar la infraestructura social y el aumento de la cobertura y calidad de los servicios sociales básicos. Crecieron así los recursos destinados al gasto social y a la cobertura e impacto de las políticas sociales, con el objetivo de permitir el acceso igualitario a los servicios básicos y ampliar las oportunidades para básicamente aquellos sectores de la población definidos en condiciones de pobreza (MIDEPLAN, 2001), con el propósito de asegurar condiciones para que la demanda de empleo tuviera efectos positivos en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población laboral (Arenas & Benavides, 2003).

De esta manera, se redefine el discurso de políticas sociales de los ochenta, cuestionándose la reducción del rol del Estado que habían prevalecido, a la vez que se legitima como un énfasis central y distintivo de esta nueva estrategia, la necesidad de priorizar en lo que, -a partir de la primera publicación del Primer Informe de desarrollo Humano por Oxford University Press en marzo de1990-, se llamó Inversión Social en desarrollo Humano (PNUD, 1990).

Esta inversión en desarrollo humano, como planteamiento discursivo central de la política social, entiende a este como inversión en insumo necesario para el crecimiento económico, en el sentido que el "crecimiento con equidad", es un forma de inversión social necesaria de implementar como complemento y como insumo al crecimiento económico, evitando la subordinación de uno al otro. Este planteamiento central pasó a constituir el gran paraguas discursivo bajo el cual se van a articular el conjunto de las políticas sociales y económicas.

De tal manera que el marco político y técnico de esta orientación a los grupos vulnerables y al desarrollo de Capital Humano que prima en política social desde el noventa en adelante, está regida por dos grandes énfasis. Primero: conserva el rol central dado al crecimiento económico, generado básicamente desde el sector privado, y con ello a las dinámicas del mercado, como factor prioritario en el aumento del nivel de ocupación y de ingresos de los sectores más pobres. Basándose en el supuesto que en la medida que aumenta el PIB nacional disminuye la pobreza, en cuanto un mayor crecimiento estimularía el empleo y al ampliarse éste los hogares pobres podrían mejorar sus ingresos. Segundo: fortalecer y potenciar la inversión en programas sociales específicos, en cuanto el crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo del país, requiriéndose políticas de corte social que en complemento a las económicas, contribuyan a la reducción de la pobreza y refuercen con ello el propio crecimiento económico.

Es decir, una lógica que establece como eje el equilibrio y complementariedad entre crecimiento económico e inversión social-gasto social, en la idea de que el crecimiento económico es la "mejor política social", y las únicas políticas dirigidas a lo social útiles, eficaces y aceptables son aquellas altamente focalizadas y sólo subsidiarias, centrada de manera exclusiva en dar atención a los colectivos en condición de vulnerabilidad (Martin, 2004).

El fundamento paradigmático referente de esta aproximación al tema de la pobreza y de los problemas sociales que gradualmente influyó, con cada vez más preponderancia, en la definición de estrategias y en general en la operacionalización programática, fue el llamado Enfoque de Riesgo Social.

El Enfoque de Manejo Social de Riesgos surge como una alternativa en América Latina para configurar mecanismos aseguradores ante las inseguridades y riesgos que sufren las personas a lo largo del ciclo vital. Buscando identificar cuáles son estos riesgos y precisar su grado previsible de ocurrencia de manera de reconocer las vulnerabilidades que existen y detectar a los sectores sociales que los experimentan.

Según plantea Pritchett (2005), este modelo y su creciente instalación en la Región tiene que ver con la insuficiencia de la apuesta por la vinculación PIB-empleo, las muestras de rotación o movilidad de la pobreza, que hacen evidente que el crecimiento económico por sí mismo no asegura la superación de los niveles de pobreza, haciendo necesario establecer mecanismos de protección o "cuerdas de protección", destinados a sectores sociales vulnerables, especialmente los más pobres.

Desde este enfoque, la vulnerabilidad es entendida como la probabilidad de que una persona o familia esté expuesta a enfrentar eventos de quiebre que la afecten y lleven a una declinación de su bienestar, siendo esta dependiente a su vez de la dotación de activos y mecanismos de aseguramiento necesarios y adecuados a la severidad y frecuencia de la perturbación enfrentada (Banco Mundial, 2000).

Así, desde el Manejo Social de Riesgo se entiende que la superación de las condiciones de pobreza implica también intervención sobre dimensiones no sólo relativas al acceso de empleo y a la satisfacción de necesidades básicas, sino que también supone cambios en las dinámicas relacionales, de integración psicológicas de salud mental de las personas y familias. Siendo factores relevantes en la generación y mantención de la pobreza la ausencia de mecanismos de protección (enfrentamiento o mitigación de los quiebres), relacionados con los activos (principalmente de educación, salud, capacitación y capital social disponibles, entendidos como capitales humanos), que permitirían el abordaje o manejo de los riesgos, o dicho de otra forma, recursos que permitirían que los sujetos enfrenten mejor estas situaciones y puedan así superar estas crisis. Se entiende además que los recursos que se usen y las estrategias que sean adoptadas en situaciones de crisis económica estarían determinadas por factores de género, de edad y normas culturales comunitarias que se traducirían en diferencias en las habilidades para hacer frente a las dificultades económicas (Holzmann & Jorgensen, 2000).

En base de este modelo en la política social chilena se implementaron gradualmente programas dirigidos a los grupos específicos bajo la consideración que estos no contaban con la dotación necesaria (estaban en condición de riego/vulnerabilidad) para lograr acceder a los beneficios sociales y oportunidades, especialmente laborales, que les permitirían integrarse a la sociedad.

El Enfoque de Manejo Social de Riesgos ha sido criticado básicamente en relación al reduccionismo que implica circunscribir la responsabilidad pública sólo a políticas focalizadas en los pobres, así como también al enfatizar intervenciones a nivel sólo de los individuos o las familias como formas de protección ante los riesgos, dejando fuera de la priorización de la orientación de política social dimensiones de ciudadanía y el bienestar general de la población, que descuidan e incluso inhiben la posibilidad de vincularse con dinámicas socio comunitarias en el entorno local en el que habitan las familias beneficiarias, no permitiendo de esta manera combinar promoción y protección social (Sojo, 2003; Raczynski & Serrano, 2005).

De esta manera, podemos entender cómo la mayor parte de las intervenciones desarrollada en el país durante este período no hayan puesto énfasis en la generación de condiciones socio comunitarias que favorezcan que las personas y familias, puedan revertir y generar cambios en su condición social de pobreza y exclusión, tales como, por ejemplo, desarrollar capacidades propias, autonomía, derechos ciudadanos, voz pública, entre otras cosas, centradas en el desarrollo de control cultural de las personas en condición de pobreza sobre su propia vida (Márquez, 2005).

Así entendemos que esta nueva generación de políticas y programas están centradas en la prestación individual de servicios basados en la carencia, quedando los componentes comunitarios de participación y potenciación de capacidades a través de la acción colectiva remitidos sólo a programas específicos y temporales (no ligados a las líneas programáticas prioritarias). Como lo indica Serrano (2005), los programas sociales operan con criterios individuales, y no sociales (colectivos), lo que se traduce en que los programas no logran incentivar y vincularse al diálogo socio-comunitario, por su propio diseño de transferencia directa y focalizada, que no modifica el sentido asistencial y el estigma de la pasividad y la dependencia. De manera tal que el componente de participación comunitaria se conformó sólo como una estrategia parcial referida a programas específicos, aplicándose sólo en programas pilotos y no llegando a difundirse al conjunto de la estrategia de acción pública general (Serrano, 2005).

Considerando que los recursos públicos disponibles para programas innovadores son muy reducidos, con frecuencia estos son ejecutados con financiamiento proveniente de préstamos de agencias de crédito internacional, de allí, que sea muy poco frecuente la presencia de estrategias integrales de desarrollo comunitario, evidenciándose que cuando los ministerios promueven programas nuevos a nivel local suelen hacerlo por sector y con poca coordinación entre ellos (Roberts, 2001).

Basados en los antecedentes expuestos pensamos que la transformación de las políticas sociales en Latino-américa y particularmente en Chile, ha sido consecuencia de la reorientación del modelo económico efectuado en gran parte de la región, implantándose un conjunto de políticas de ajuste estructural y de reorganización del sector público, que ha llevado a que en la Región en las últimas dos décadas se transite desde un Régimen de Bienestar conservador-informal, a otro liberal-informal, de manera que la gestión del bienestar social en la región se ha puesto principalmente en el mercado y en el sector informal, disminuyéndose política sociales de bienestar de carácter universal, y centrando la acción estatal sólo en los grupos excluidos del mercado (focalizadas en los más pobres), y asignando gran peso en la intervención a las familias y redes sociales, como mecanismos informales de protección (Barrientos, 2004).

Desafíos y perspectivas de la Psicologia Comunitaria Chilena en el campo de lãs Políticas Sociales: a modo de conclusión

Una conclusión derivada del análisis presentado es que la Psicología Comunitaria en Chile, desde los años noventa se ha insertado en el campo de las políticas sociales, lo que le ha permitido una base material para su desarrollo como campo de especialización profesional de la Psicología y ha facilitado su desarrollo académico dentro de la institucionalidad universitaria nacional.

Sin embargo, estos escenarios y condiciones contextuales de desarrollo para la Psicología Comunitaria han generado nuevas fronteras y retos para la implementación de intervenciones basadas en sus orientaciones de estrategia que le son características, abriendo de esta manera importantes interrogantes, desafíos y tensiones que requieren ser investigadas y analizadas, en cuanto, constituyen una nueva realidad en el quehacer y en las prácticas de ésta.

Dada esta relevancia se requiere generar conocimiento que aporte al desarrollo y proyección de una adecuada inserción, por medio del diálogo y debate y una recíproca contribución entre las políticas sociales -y los contextos técnicos y políticos que ellas suponen- y la Psicología Comunitaria. todo esto con el propósito último de ampliar y enriquecer la contribución de la disciplina a las tareas del desarrollo social.

Ello pasa, entre otras cosas, por reconocer o comprender las políticas sociales como un proceso político, técnico e institucional constituido y estructurado en el ínter-juego de procesos diversos y de niveles múltiples, tales como: 1) la estrategia hegemonizada en la dinámica de fuerzas políticas y culturales que operan en la sociedad; 2) los determinantes de los problemas sociales que emergen desde la organización social y sus fracturas; 3) los procesos culturales y las relaciones sociales que construyen la representación colectiva de los problemas y necesidades sociales que demandan solución; 4) las racionalidades teóricas y técnicas desarrolladas en instituciones académicas que concurren, y son llamadas a contribuir, a la estructuración de respuesta programáticas y operacionales ante los problemas; y 5) las líneas de acción concretas de negociación, intercambio e influencia que ocurren dentro de las instituciones de política social entre los actores técnicos y profesionales, así como de sus actores políticos y administrativos.

La Psicología Comunitaria debe por tanto orientar procesos de influencia sobre los modelos que guían las estrategias de intervención, lo que exige necesariamente la interlocución con los otros actores, políticos, técnicos y disciplinares que forman parte de equipos institucionales, profesionales así como del entorno político que diseñan e implementan los programas y proyectos.

Es decir, un tema central, sobre el cual no hemos puesto suficiente atención, es que dado el carácter sociopolítico e interdisciplinario del análisis de problemas sociales y del diseño de programas y políticas, es imprescindible para influir en estos procesos generar puentes de interlocución que nos conduzcan a superar nuestras posiciones, -a menudo aferradas a miradas disciplinares-, abriendo debates que nos permitan la construcción de mecanismos de intercambio, diálogo, debate y complementariedad. Es determinante reconocer que una política y un programa son siempre diseñados e implementados por un actor político y técnico, por medio de múltiples y diversos procesos de presión, alianzas, negociación e intercambio en donde las posiciones que los actores tengan, y la presencia que los aportes y miradas disciplinares consigan, dependerán tanto de las lógicas que estructura una política (modelos de desarrollo, problemas sociales generados por la organización social, construcción de demanda desde la sociedad) como también de las posiciones, reconocimiento y visibilidad de su aporte y legitimidad técnica ante los demás actores técnicos y políticos.

Podemos concluir que, para ampliar las posibilidades de contribución de la mirada y estrategia comunitaria, en la construcción de soluciones participadas y de calidad para la solución de los problemas sociales, tenemos el desafío de generar diálogo, intercambio y aprendizaje recíproco entre las políticas sociales y la Psicología Comunitaria, tanto a nivel del diseño de programas y políticas sociales, como en cada contexto local para su implementación concreta. Como ya lo hemos propuesto, el diálogo también debe sustentarse en un aporte particular de la disciplina en dimensiones teóricas que le son propias, dotando de contenido teórico y técnico a aquellos procesos comunitarios que, a menudo, son invisibles para otras disciplinas y para la propia política social.

Específicamente desde la revisión presentada se vislumbra que la Psicología Comunitaria tiene un claro y nítido espacio de contribución en las estrategias y también en el diseño de políticas sociales, en particular frente a las carencias en la integración de componentes participativos y de valoración de las dinámicas socio comunitarias de la que han dado muestra las intervenciones desarrolladas en Chile basadas en el Enfoque de Manejo Social de Riesgos.

Recebido: 27/08/2008

Revisão: 14/04/2009

Revisão: 20/05/2009

Aceito: 09/07/2009

Jaime Alfaro Inzunza es Psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Intervención Psicosocial de la Universidad de Barcelona. Profesor e investigador Escuela de Psicología, Universidad de Valparaíso. Actualmente Cursa el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad de Girona, España. Su trabajo de investigación aborda temáticas relativas a las problemáticas psicosociales y al desarrollo de intervenciones en programas sociales. Universidad de Valparaíso. Dirección: Avenida Brasil 2140. Valparaíso. Chile. Email: [e-mail]

Alba Zambrano Constanzo es Psicóloga por la Universidad de la Frontera, Magíster en Ciencias Sociales aplicadas en esa misma Universidad. Maîstrisse en Ciencias de la Educación mención desarrollo Social en la Universidad Paris XII, Val Marné y doctorada en Psicología Social por la Universidad de Barcelona. Se desempeña como académica del departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera, realizando docencia en pre y postgrado en las áreas de Intervención Psicosocial Comunitaria y desarrollo local. Adicionalmente realiza docencia en el área de la intervención psicoeducativa con niños y jóvenes en dificultades psicosociales. Departamento de Psicología. Universidad de la Frontera. Dirección: Casilla 54-D. Temuco, Chile. Email: [e-mail]

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  04 Dic 2009
• Fecha del número
  Ago 2009

Histórico

• Recibido
  27 Ago 2008
• Revisado
  20 Mayo 2009
• Acepto
  09 Jul 2009