ESCONDIDOS, DESPLAZADOS, OLVIDADOS: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE EL ZAPOTILLO EN JALISCO, MÉXICO¹

resumen

¿Puede un pequeño pueblo de 500 habitantes resistir los embates conjuntos del gobierno de su país y varias multinacionales? Este artículo analiza la emergencia social en Temacapulín, un pueblo de Jalisco, en México, que se ha levantado contra el deseo del gobierno de construir una mega presa para llevar agua a ciudades alejadas, con la consiguiente desaparición del pueblo y el desplazamiento forzoso de sus habitantes. El análisis etnográfico muestra que la resistencia de los vecinos pone de manifiesto la existencia de diferentes modos de gestionar el agua, vinculados a concepciones diferentes del agua misma, del resto de la naturaleza y de cómo deben relacionarse los seres humanos. El conflicto político surgido muestra también cómo a estas diferentes posiciones subyacen ideas distintas tanto de en qué consiste la dignidad humana como qué y cuáles son los derechos de hombres y mujeres.

Palabras clave:
Desplazados por el desarrollo; gestión hidráulica; derechos humanos; Jalisco; México

ABSTRACT

Can a small village of 500 inhabitants resist the joint attacks of their country's government and those of several multinationals? This article will analyze the social emergency raised in Temacapulín, a small town in Jalisco, Mexico, against the government's desire to build a mega dam to bring water to remote cities, which would mean the disappearance of the village and the displacement of its inhabitants. The ethnographic work shows that the resistance of the villagers brings to light the existence of different ways of managing water, linked to different conceptions of water itself, the rest of nature, and of how relations between human beings should be developed. The resulting political conflict shows as well how these different positions conceal distinct ideas about where human dignity resides, and what and which are the rights of men and women.

Keywords:
Displaced by development; water management; human rights; Jalisco; Mexico

RESUMO

Pode uma pequena aldeia de 500 habitantes para resistir aos ataques conjuntos do governo de seu país e várias multinacionais? Este artigo analisa a emergência social em Temacapulín, uma aldeia de Jalisco, no México, que se levantou contra o desejo do governo de construir uma mega barragem para levar água para cidades remotas, com o desaparecimento de pessoas e a deslocação forçada de seus habitantes. Análise etnográfica mostra que a resistência dos vizinhos revelou a existência de diferentes formas de gestão de água, ligados a diferentes concepções da própria água, o resto da natureza e como os seres humanos devem se relacionar. O conflito político surgido mostra também como a estas diferentes posições subjazem ideias diferentes tanto de em que consiste a dignidade humana como que e quais são os direitos de homens e mulheres.

Palavras-chave:
Deslocados pelo desenvolvimento; gestão da água; direitos humanos; Jalisco; México

I. Introducción.

Desde que mediaba la década de los 80 del pasado siglo XX el término de "desplazados inducidos por el desarrollo" (Cernea 1991) se consolidase como una categoría válida para analizar las consecuencias sociales de un tipo específico de migraciones forzosas derivadas de la construcción de infraestructuras públicas, la literatura dedicada a estudiar este tipo específico de "refugiados ambientales" se ha incrementado notablemente (Terminski 2012). En particular, los desplazamientos de millones de personas que han debido abandonar sus tierras y viviendas anegadas por grandes embalses de agua, han llamado la atención de numerosos investigadores. No obstante, la mayor parte de estas investigaciones se han centrado en aquellos casos que afectaban a cientos de miles de personas (por ejemplo las Tres Gargantas, en China), se sufrían por parte de poblaciones históricamente marginadas, como grupos indígenas, o poblaciones sobre las que pesaba algún tipo de segregación social de carácter histórico. Más extraño ha sido que se haya prestado atención al modo en que han sido condenados al desarraigo y la marginación económica, social y cultural grupos aparentemente integrados dentro de dinámicas regionales que acontecen en espacios relativamente prósperos. Máxime si este despojo es consecuencia de decisiones políticas que conllevaban una flagrante violación de los derechos humanos. Este es, precisamente, el caso de los habitantes de Temacapulín y otras pequeñas localidades como Acasico y Palmarejo asentadas en el área jalisciense de la cuenca del mexicano Río Verde.

La existencia de un supuesto déficit hídrico en la región de Los Altos de Jalisco que atraviesa dicho río y, sobre todo, en áreas metropolitanas próximas, ha sido el pretexto aducido por las autoridades políticas mexicanas para construir una represa: El Zapotillo. Esta decisión ha soslayado, en primera instancia, la posibilidad de que dicha escasez sea más resultado de una inadecuada gestión que un hecho físico incontrovertible. En segunda, dramáticamente ha obviado que el efecto inmediato de esa construcción es la expulsión de sus tierras de los habitantes de los territorios que se van a inundar. Como si no estuvieran allí. Como si en dichos espacios no viviera nadie. Ahora bien, contra lo que las autoridades políticas esperaban, en Temacapulín surgió una emergencia social de amplias dimensiones en defensa de los derechos de aquellos que se consideran injustamente expoliados; emergencia que se ha traducido en un inmediato conflicto político y social que hemos etnografiado detenidamente. Las páginas que siguen suponen un conciso análisis del proceso acontecido para detener la conculcación de algunos de los derechos humanos de los habitantes de estas poblaciones mexicanas. Es decir, presentamos, como dirían Velasco y Díaz de Rada (2004:173), "un relato organizado en torno a argumentos científicos" fruto de la combinación adecuada de las técnicas utilizadas durante la observación participante realizada durante el trabajo de campo. El desarrollo de esta observación participante, iniciada de forma sistemática según los estándares establecidos por la antropología contemporánea en 2012, aunque tuvo fases preliminares desde 2008, suponen la presencia de los investigadores, al menos uno de ellos, de manera constante entre los habitantes de los lugares de que se habla más adelante. Por lo mismo, la etnografía desarrollada solo ha sido posible a través de las relaciones establecidas de près et de loin con los vecinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Relaciones que ha sido preciso operacionalizar para evitar que la combinación entre empatía y extrañamiento pudiera distorsionar los resultados. Lo que sigue no es, pues, la posición de todos o parte de los habitantes de esos lugares. Pero sí lo que la etnografía, una vez eliminados numerosos prejuicios socio o etnocéntricos, descubre a través de ellos y con ellos.

II. Los Altos de Jalisco y los problemas con el agua

Resulta difícil disociar la región de Los Altos de Jalisco de los tópicos que sirven para identificar a México fuera de sus fronteras. Los charros y rancheros, junto al tequila, encuentran en esa región su hábitat más común. Aunque la base ranchera, que históricamente ha condicionado desde las estructuras de parentesco hasta la producción económica, sigue estando presente y marcando gran parte de las relaciones sociales e imaginarios culturales, los últimos decenios han supuesto una gran transformación de la región. La migración masiva de ida y vuelta a los Estados Unidos de gran parte de su población, la aparición de una moderna y competitiva agroindustria, junto al crecimiento de lo que fueron antaño pequeños núcleos rurales convertidos hogaño en grandes urbes son, a la vez, causa y efecto de nuevos cambios. Para generar esta "modernización", presentada por las autoridades políticas como un éxito político y económico, ha sido ne¬cesaria, por una parte, la continua perforación de pozos cada vez más profundos, como consecuencia del debilitamiento de las capas freáticas, que han permitido la expansión de la industria tequilera y las agroindustrias destinadas a la producción de carne, huevos, leche y derivados, forrajes y piensos para alimentar el ganado, entre otras. Por otra parte, la expansión urbanística ha sido posible gracias a una gestión urbana caracterizada por el permanente incremento de la oferta de agua y el olvido sistemático del control de la demanda. Ambos procesos, en última instancia, se han asentado en la generalizada idea de que la oferta de agua puede extenderse ad infinitum manteniendo sus usos económicos y suntuarios pues, en caso de carencia, se podría recurrir a la construcción de embalses cada vez más grandes. De hecho, según los datos oficiales, en la cuenca del río Verde existen ya 58 presas y bordos -nombre local para pequeños embalses construidos para saciar la sed del ganado- con una capacidad superior al millón de metros cúbicos.

Ahora bien, esta concepción del agua como recurso económico y no como elemento vertebrador de la vida natural y social, conlleva un desprecio de los usos y saberes etnoecológicos de los rancheros de Los Altos de Jalisco acostumbrados a gestionar la incertidumbre a través de las señales de "la tercera revolución del agua" (Casillas 2013). La llegada de las tormentas y nubarrones cargados de agua y electricidad que en el mes de mayo anunciaban el advenimiento de las anuales e imprecisas lluvias eran denominadas por los alteños "las revoluciones del agua". Su sabiduría para interpretar la meteorología local, fruto de la experiencia de generaciones, indicaba que "a la marca de la tercera revolución del agua comienza el temporal y es el momento indicado para la siembra" (Casillas 2002:13). A partir de ahí se planificaba la actividad campesina, si bien con irregular éxito pues dicha "revolución" nada aseguraba debido a las erráticas condiciones del temporal. Esta "tercera revolución" del agua, luego de que los rancheros fueran capaces de generar sistemas sostenibles de almacenamiento y construir presas más grandes y canales de riego, no era exclusivamente un sistema de predicción meteorológica. Era, básicamente, un sistema de relaciones sociales establecidas en la región a través de un determinado uso de las aguas en condiciones de escasez hidrológica. Los ganaderos alteños construyeron diques en los arroyos y en los ríos para abrevaderos del ganado, a los que llamaron bordos; presas en los acuíferos más grandes; hicieron surgir ranchos en la interferencia de los manantiales y el cruce de caminos. Crearon así una sostenible ecología cultural ranchera: una constelación territorial de población dispersa que combinaba paisajes ganaderos y vida campesina.

Frente a la misma, la creciente urbanización fue exigiendo nuevas y mayores presas sin que por ello llegase más agua a la región. Es más, el incremento de dotación de agua a las ciudades no corrió parejo al que tuvieron las comunidades rurales. Si aquellas crecían, éstas observaron cómo sus escasas aguas superficiales debían encaminarse a propiciar el desarrollo urbano. Con ello, la gestión del agua fue paulatinamente subordinándose a la construcción de infraestructuras que permitieran llevarla a los polos de urbanización e industrialización. El precio que hubo de pagarse, sobre todo en una cuenta que crece exponencialmente desde los finales de la década de los 70 del pasado siglo XX, fue que el agua dejó de contemplarse como un recurso vital que articula paisajes, identidades territoriales sociales y culturales para convertirse exclusivamente en un recurso productivo. Es decir, una mercancía ligada a la ley de la oferta y la demanda. Con ello, las fuentes, ríos y corrientes superficiales desaparecieron del paisaje que fue progresivamente sustituyéndolas por pozos y presas. Pero, además, pronto las áreas metropolitanas cercanas, en particular las ciudades de Guadalajara, en Jalisco, y León, en Guanajuato, así como sus áreas conurbadas, a pesar de no hallarse en la cuenca del río Verde, reclamaron parte de sus aguas para mantener un estilo de vida urbana e industrial.

Además estos núcleos urbanos, que necesitan agua y no la tienen, en la cuenca del río Verde se asientan 21 municipios de Los Altos de Jalisco. Algunos muy poblados como Lagos de Moreno (más de 150,000 habitantes) o Tepatilán de Morelos (casi 140,000). El resto de la población, hasta alcanzar los cerca de 750,000 habitantes que contaba el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI; Censo de Población y Vivienda; 2010, que es la fuente en que se basan los datos demográficos que aparecen en este artículo), se encuentra repartido en localidades más pequeñas. No obstante, los ranchos que conformaban las unidades domésticas rurales dispersas mediado el pasado siglo XX, se encuentran casi al borde de la extinción debido al progresivo proceso de concentración urbana (Cabrales 1990). De hecho, en Lagos de Moreno el censo de 2010 registraba 117 ranchos "sin habitantes" y 353 comunidades con menos de 100 habitantes. Algo semejante lo ocurre en Tepatitlán de Morelos donde figuraban 102 comunidades rurales "sin habitantes" y 286 con menos de 100 habitantes.

Las poblaciones alteñas no solo consumen el agua que necesitan las personas: la producción de huevo en la periferia de las tres ciudades más grandes de Los Altos Jalisco, en torno al millón de toneladas al año, implica, además de una alta importación de granos, el consumo de más de 16 millones de litros de agua al día para garantizar el sustento de no menos de 50 millones de gallinas de postura. También es abundante el agua que se precisa para mantener la producción láctea en Arandas, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Tepatitlán de Morelos; así como la que garantiza la producción de carne de cerdo y bovino. Súmese a este consumo el de los millones de litros de agua potable, destilada o desmineralizada, necesarios para mantener una producción tequilera que supera los 300 millones de litros al año (y que multiplica por diez los litros de agua que contamina). En consecuencia, las aguas de las escorrentías, debido a su tratamiento por la industria y los consumos urbanos, se han convertido en aguas excluyentes (Aboites 1994) pues su grado de contaminación es tal que requeriría de costosas tratamientos para su re-utilización. En suma, los ríos, aguajes, manantiales y ojos de agua, otrora orgullo de los rancheros han pasado a la historia y tanto para los usos urbanos como para la industria agropecuaria, los alteños se han visto en la necesidad de realizar pozos artesianos que han debilitado los acuíferos subterráneos de tal modo que, en lugares donde hasta no hace mucho hubo agua, hoy se precisa profundizar los 300 metros para encontrarla.

Por otra parte, el agua consumida por la producción agropecuaria tampoco queda en Jalisco: la mayor parte de la misma, incorporada en los productos, abandona Los Altos de Jalisco camino de las ciudades de Guadalajara, en Jalisco, y León, en Guanajuato, que, además de protagonizar la vida económica y social de la región y de ser atractivos mercados a los que llevar los productos citados u otros, son puerta de acceso a los nacionales e internacionales. Mercados a los que, con el tequila, huevo o carne se envían cada año millones de litros de agua que pasan desapercibidos por gran parte de la población. Además de atraer sus mercancías, Guadalajara y León reivindican la llegada de agua desde Los Altos de Jalisco para poder mantener sus potentes industrias. Los empresarios de León la reclaman para mantener su condición autoproclamada de "capital mundial del zapato". Los de su área metropolitana -Silao y San Francisco del Rincón, principalmente-, para los parques industriales privados que la iniciativa pública propició gracias a la presencia en la área de uno de los grupos políticos más importantes del México, cuyo principal referente es quien fuera presidente del país entre 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada. La ciudad de Guadalajara no ejerce menor presión sobre Los Altos de Jalisco. Con un millón y medio de habitantes (en 2010), a los que hay que sumar otros tres de su conurbación con Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco, no sólo es la capital política de Jalisco, sino el histórico centro económico y administrativo del Occidente mexicano. Pero ni en León, con su fortaleza industrial, ni en Guadalajara, el "Silicon Valley mexicano", según se anuncia a la salida de su aeropuerto, la lluvia se muestra capaz de satisfacer las necesidades de la población y la industria. Por tal motivo, la historia del último siglo de las dos ciudades es la de un denodado intento por acaparar el líquido elemento.

En ese marco, la demanda de embalses ha sido una constante tan reiterada a lo largo de la última centuria como lo ha sido el fracaso de todos los intentos de lograrlo. En 1956 las obras iniciadas para levantar una presa -La Zurda- en el río Verde, se paralizaron al poco de iniciarse. Fracasado fue también el intento de resolver la demanda de agua de Guadalajara con la llamada Presa de Calderón (oficialmente de "Elías González Chávez") que sería conectada con un acueducto con su red urbana en 1988. Lo mismo sucedió con la construcción de la presa de El Salto. La frustración se acrecentaría aún más con una nueva inversión en la vieja presa de La Zurda, cuya construcción volvió a ser interrumpida a los pocos meses de su activación. El siglo XXI se inició sin solventarse los problemas de abastecimiento de Guadalajara y con atisbos de un conflicto político al percatarse los habitantes de Guadalajara de que la añorada agua del río Verde podía cambiar su rumbo ante la pujanza de algunas ciudades del Estado de Guanajuato, convenientemente apoyadas por el poder político del país. En todo caso, mientras León y Guadalajara se disputan el agua de Los Altos de Jalisco, a veces también con el concurso de la cercana y no menos industriosa de Aguascalientes, en el Estado del mismo nombre, la cantidad y calidad del agua de Los Altos decrece a gran velocidad.

A pesar de tanto fracaso, la solución que en pleno siglo XXI se ha querido implementar para solventar las demandas de estas ciudades en las que, además, se encuentra el poder político (o económico), es incrementar la oferta a través de megapresas. Aunque conlleve la transferencia de multimillonarias cifras de capital público hacia grandes empresas multinacionales privadas. La posibilidad de trasladar el desarrollo y los potenciales usuarios a las fuentes de agua, en lugar de llevar el agua a lugares lejanos de éstas, ni se plantea pues ello iría en detrimento del negocio de la construcción. De hecho, las empresas constructoras, si bien indirectamente pues legalmente sería imposible hacerlo de forma directa, terminan por asumir el control absoluto de la gestión del agua. Con dicha maniobra, el beneficio económico se convierte en el objetivo exclusivo de los usos posibles del agua. Desde esta perspectiva, aquello que se considera un lastre para el mismo, es tenido por desechable. Aunque sean personas. Se las expulsa, se las indemniza miserablemente tras arduo regateo; se las condena a la marginación cultural -pues siempre serán "desplazados", es decir persona sin "plaza" o "asiento", que decían los cronistas-. Se las penaliza obligándoles a desarrollar nuevos trabajos en lugares que previamente han sufrido un inevitable deterioro ecológico al "implantar" de facto nuevas poblaciones que lo han alterado significativamente. Pero, para quienes diseñan la gestión hidráulica entretejiéndola con políticas públicas de beneficio privado que bordan el desarrollo con hilo del color de la construcción, los desplazados son un precio asumible. Un coste que, además, de modo hipócrita se justifica argumentando que el agua es un derecho humano: prescindir de su cumplimiento para unos pocos, garantiza, dicen, el derecho al agua de muchos. Estén donde estén los unos y los otros. Con ello se establece una jerarquía entre derechos en la que unos son considerados tal por ser institucionalmente defendidos, mientras los otros se consideran como meramente sentidos y, por tanto, no necesariamente realizables. Por lo mismo, si se le concede algún derecho a los desplazados, será siempre subordinado a los que tienen los habitantes de la mayoría urbana. Enfrentan así el derecho al agua -y la producción económica subsiguiente- de los habitantes de las ciudades, con el derecho a vivir donde se ha nacido que tienen aquellos que van a ver cómo sus casas y vidas son inundadas. Contraponen, además, de modo simultáneo el estilo de vida urbano, con todas sus comodidades, a otro que se considera periclitado -el rural- que, según su opinión, es un mero vestigio de un tiempo pasado ya caduco y al mantenimiento de unos ecosistemas ligados a esa forma de vida que desaparecerán irremisiblemente. Sin posibilidad de retorno. En el súmmum de la iniquidad, desde esta perspectiva de falso conflicto de derechos, los habitantes que van a ser reubicados -como si fueran mera mercancía- son presentados como "insolidarios" que niegan el desarrollo económico de las ciudades.

Tomé y Fábregas (1999) constataron la existencia de estos "Altos escondidos" junto al río, dentro de la barranca del río Verde. Frente a la imbricación de las élites alteñas propietarias de la industria agropecuaria con las estrategias de un capitalismo globalizador, particularmente tras el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA) puesto en marcha en 1994, hubo quien pareció no cambiar la vida aún a costa de permanecer "escondido". O, al menos no cambiar tan rápidamente. Si en "Los Altos de arriba", por seguir utilizando la terminología de Tomé y Fábregas, atravesados por modernas (y caras) infraestructuras viarias que conectan los núcleos urbanos con las grandes ciudades extraregionales, la vida se asemeja cada vez más a la de otros lugares "globalizados", en "Los Altos escondidos" prosigue una lenta vida campesina que se acomoda al ritmo del río, al que recurren también los pescadores. Una vida que, tal vez por la orografía, tal vez por decisión propia, se incorpora a las dinámicas nacionales e internacionales a una velocidad diferente de la que piden las interconexiones de internet y la telefonía. Pero la construcción de la presa de El Zapotillo no sólo convertirá a sus habitantes en "refugiados" o "desplazados", sino que ocultará para siempre esta biorregión (Tomé 2008) y hará que deje de ser "escondida" para ser "desaparecida". Con ello, la hegemonía de las élites alteñas que desde tiempo de la colonia quiso ver una región aunada en torno a sus intereses (Fábregas 1986), habrá logrado, gracias a la gestión del agua como mercancía en un contexto de globalización, lo que no pudo ni antes ni después de la independencia. A la vez, un estilo de vida apegado a la naturaleza finalizará con la presa de El Zapotillo. Como si la diversidad cultural fuera irrelevante para la humanidad.

Frente al tráfago administrativo, político y económico que articulan Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno, y la pléyade de municipios que dependen de estos dos polos, en "Los Altos escondidos" los habitantes se agrupan en pequeñas comunidades campesinas dedicadas a la agricultura y a la pesca. No son, ciertamente, agricultores que vivan una bucólica vida detenida en el tiempo, como le gustaría decir a los defensores de ciertas identidades desaparecidas. Se trata de un tipo de modernidad diferente que ha eliminado algunas de las incertidumbres derivadas de las oscilaciones de los temporales: su producción económica está íntimamente relacionada con el uso sostenible de manantiales, con el riego de huertas y con la gestión apropiada del río Verde. Aunque éste se haya convertido en eje de todos los escurrimientos contaminados y de los drenajes urbanos. Tampoco puede, no obstante, idealizarse la vida social del fondo del valle del río Verde: la extracción, no del todo acorde con la ley, de áridos del lecho del río está transformando lentamente su cauce y modificando caminos y vados de paso.

En todo caso, sin considerar que la noción de "desierto" es una categoría política (Tomé 2013), algunos, a partir de la demografía del fondo del valle, quieren presentar "Los Altos escondidos" como espacios desérticos. Ciertamente parte de su población ha emigrado a las ciudades (Cabrales 1997) haciendo que las dinámicas demográficas hayan seguido el mismo derrotero que el resto de las pequeñas poblaciones alteñas. No hay diferencia con lo que ocurre en otros lugares de la región donde parece haberse asentado el axioma de que, en lo tocante a los habitantes, lo menos es cada vez menos y lo más, cada vez más. Sin embargo, como asevera Tomé (2013) la declaración de desierto de un lugar pretende invisibilizar a sus habitantes para, posteriormente, apropiarse del territorio con fines diversos. O dicho de otro modo: aunque se presente como desierto ocupable, junto a las riberas del río Verde sigue habiendo una vida social que desarrollan diferentes grupos humanos. Una vida social que, en muy buena medida, tiene a la localidad de Temacapulín como su eje.

III. La irrupción del conflicto por El Zapotillo en Temacapulín.

Inserto dentro del triángulo alteño que proporcionalmente más población ha expulsado de las rancherías, Temacapulín es la población que articula "Los Altos escondidos". Sus habitantes son parte de los 4,151 que, según el censo del INEGI en 2010, vivían repartidos en las 111 localidades que conforman el municipio de Cañadas de Obregón, en cuya cabecera se censaron 2,625 personas. Además de con dicha cabecera, Temacapulín también mantiene una estrecha relación de cercanía -no sólo geográfica- con el municipio de Mexticacán. Éste comparte con el de Cañadas de Obregón el tipo de asentamiento población pues de las 6,034 personas que, según el censo de 2010, lo habitaban, 3,250 lo hacían en la cabecera en tanto el resto se repartía en 61 localidades. Por cierto que a éstas habría que añadir las 68 localidades existentes pero que, según el censo, carecían ya de habitantes. Un número semejante a las que se "mantenían" en la misma situación en Cañadas de Obregón donde 66 localidades no tenían habitantes censados.

Temacapulín no se relaciona solamente con las localidades de estos dos municipios. La carretera, hasta no hace tanto de terracería, que comunica Valle de Guadalupe con Mexticacán a través de un puente sito en las proximidades de Temacapulín, ha acercado a sus habitantes con el resto de las localidades alteñas y, desde allí, al el resto del mundo. Si esta infraestructura conecta de forma positiva a los habitantes del río Verde con el resto de Los Altos de Jalisco, otra relación con tales poblaciones, más estrecha si cabe, se presenta de modo negativo: con el paso de los años el río Verde ha devenido en gigantesco colector al que se vierten los detritus de todos los pueblos y ranchos que están aguas arribas de Temacapulín. Pero, más desasosiego e indignación que ser colector de drenajes de tantas localidades, provoca a los vecinos de Temacapulín la decisión de convertir el escenario de sus vidas y en el que habitaron sus ancestros, cuando menos desde mediado el siglo XVI, en almacén de agua para sus vecinos y las zonas metropolitanas. El 7 de abril de 1995, el entonces presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León, declaró la reserva para usos domésticos y público urbano de las aguas nacionales superficiales del Río Verde.

De los 504,576 millones de metros cúbicos de volumen anual de agua, se reservarían 119,837 millones de metros cúbicos para el estado de Guanajuato, y los restantes 384,739 millones de metros cúbicos de volumen máximo, para el de Jalisco (Comisión Nacional del Agua). Esta decisión fue modificada por el mismo presidente dos años y medio después reduciendo el volumen aprovechable en Jalisco pero manteniendo el de Guanajuato (Ferrer, 2012). Asumiendo estas decisiones, el sucesor en la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, firmaría el 14 de diciembre de 2004 un "Convenio de Coordinación y Concertación sobre la distribución de las Aguas Superficiales de la Cuenca Lerma-Chapala" (Olguín, 2004) que amparaba legalmente el trasvase de agua a Guanajuato desde el río Verde. Para ello sería necesario construir una represa -San Nicolás- desde la que partiría un ducto que llevase el agua a Guanajuato. Inmediatamente los pueblos amenazados por la construcción de la misma (San Nicolás de las Flores, San Gaspar de los Reyes y Rancho Nuevo) manifestaron una rotunda oposición (Hernández y Casillas 2008). Las protestas quisieron mitigarse por parte del todavía presidente Vicente Fox mediante el anuncio el uno de mayo, justo antes de iniciarse la campaña electoral, de fabulosas inversiones hidráulicas que garantizarían agua potable a los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, así como un especial Programa de Abastecimiento de Agua a Los Altos de Jalisco y León (Olguín 2006). Entre estos anuncios, de manera inopinada y con absoluta sorpresa, el 3 de mayo de 2006 las autoridades federales anunciaron la licitación de una nueva presa, la de El Zapotillo.

La justificación de esa extraordinaria medida, convenientemente amparada por la ley, habría sido una supuesta demanda de justicia por parte del estado de Guanajuato. Según los datos oficiales de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco, de los 20,500 km² que conforman la cuenca del río Verde, el 57% del territorio se hallaría en el propio estado de Jalisco, el 21% en el de Aguascalientes, el 15% en el de Zacatecas, donde además nacería el río, y solamente el 7% en el de Guanajuato (Comisión Estatal del Agua en Jalisco). Si bien el porcentaje de las escorrentías que alimentan al río y transcurren por el estado de Guanajuato es mínimo, su gobierno reclamó al federal su aprovechamiento justificando su petición en el decreto de 1995 citado que les garantizaba 119,837,000 metros cúbicos anuales de reserva de agua (EuropaPress, 2011).

Más allá de esa excusa formal, la construcción de la presa de El Zapotillo obedece a un propósito manifestado con antelación al reclamo del agua por Guanajuato. Nos referimos a la reiterada demanda de construir una represa que ha realizado la industria de la construcción para dinamizar económicamente el sector. Es decir, la construcción de la presa, construir un dique, fraguar concreto trenzado con acero, se ha convertido en un objetivo en sí mismo para las empresas del sector, con independencia de que regule o no el río. La construcción de la cortina como la piedra angular de un almacén de agua incrementará aún más la necesidad de inversión constructora pues dicho almacenamiento de agua sería inútil sin kilómetros de infraestructura que será necesario construir para poder llevar el agua por todo el territorio de Los Altos de Jalisco y hasta León, Guanajuato. Ahora bien, la intervención gubernamental y el proyecto que resultaron de la declaratoria oficial en 2006, irrumpieron y violentaron a la gente de Temacapulín, especialmente, y al conjunto de los alteños. Como respuesta, se desencadenó una movilización social ante un plan amenazante, abierto al público como libreto cambiante. Actores poderosos y distintas formas de intervención que vieron cómo, a pesar de todo, avanzó la cimentación y el despliegue de acero y concreto para el dique. El presidente Felipe Calderón (2006-2012) articuló un bloque político entre Jalisco y Nayarit que acordó un presupuesto con inversión inicial federal importante; llevó adelante el proyecto con la suma de la participación económica de Jalisco y Guanajuato. En medio de distintos diseños y manejos público-privados, acuerdos cupulares y toma de decisiones, se despreció la voluntad de los alteños que ni siquiera fueron consultados. De hecho, los gobiernos involucrados jamás pensaron que sus cálculos arbitrarios de expropiación de tierras y distribución de agua a discreción podrían verse alterados por la voluntad de un número, para ellos, insignificante de habitantes de un valle que, de tan "escondidos", eran invisibles. El beneficio que esto supondría para las capitales e industria sería suficiente legitimación. El sacrificio -casi sin ningún pago a cambio- de los de Temacapulín y la alteración significativa de la vida del resto de los alteños, fue considerado como un precio asumible para la ganancia que proporcionaría a empresas nacionales y multinacionales. Ahora bien, para quienes veían avanzar la obra y oían el anuncio de un ancho acueducto de 139 kilómetros de longitud, estaciones de bombeo, una planta de tratamiento para convertir el agua contaminada en agua potable a razón de 3,800 litros por segundo, un tanque de almacenamiento de 100,000 metros cúbicos, un circuito de distribución de 40 kilómetros en León, etc., la intención expropiadora se hacía cada vez más evidente (EuropaPress, 2011).

Además, los constructores pretendieron excitar el orgullo patrio para reducir la importancia de la protesta: la "monumental" represa de El Zapotillo sería la más grande de México y de las primeras del mundo. Una euforia de diseños alternos y de planes gubernamentales ataviada por todo tipo de grandes cifras destinadas que se comparan las unas con las otras hasta provocar mareo a cualquiera que no sea especialista. Y con las cifras como elemento de acostumbrado rito, supuestos argumentos políticos y económicos entremezclados: bajísimo el importe total estimado al arranque; casi risible el costo de 8,700 millones de pesos. Pero a la inversión convertida en propicia se le suman otras variables sin rubor alguno: la inundación de una de superficie anegable de "baja productividad agrícola" en sus 4,816 hectáreas acaso habitadas por pobladores "dispersos" en rancherías "aisladas" (Comisión Estatal del Agua en Jalisco). Luego, para instaurar una vía de criminalización e imputación a las comunidades, en la plenitud del "donadieismo" y con todos sus argumentos técnicos, agregaban que en el territorio de la represa vivían solamente 1,500 personas, pero no todos resultarían afectados. De ellos, eran 500 los residentes en Temacapulín. Ninguna proporción comparable frente a los millones de ciudadanos que saldrían beneficiados con monumentales obras e inteligentes inversiones. El gobierno federal resguardó los detalles del Sistema El Zapotillo y sólo a cuentagotas lanzó generalidades en una década de conflicto. Más bien, repitió hasta la saciedad las mismas bondades: la alternativa y la solución técnica y económica para sostener el estilo de vida urbano y fomentar el crecimiento industrial del occidente de México. Todo, como parte de una parafernalia agresiva y provocadora para las personas y las comunidades alteñas acostumbradas al desinterés y "oídos sordos" de los gobiernos estatales y del gobierno nacional.

Inmersos en la producción de la deliberada ceremonia de la confusión, los gobiernos no previeron que pudiera surgir un importante movimiento social de protesta para evitar la inundación de Temacapulín. Pero emergió. Desde la profundidad del valle. Un movimiento que ganó importancia y reconocimiento cuando logró, por medios legales en los tribunales, detener la construcción del dique en la altura de 79.70 metros - cuando solo quedaban treinta centímetros para lograr la máxima altura permitida legalmente-. Faltaba poco, cierto; pero la presa no podía cumplir con su propósito de acopiar agua del río Verde. A la vez, numerosos actores sociales externos a la comunidad de Temacapulín se incorporaron a la protesta contra la inundación: migrantes, periodistas y medios de comunicación, académicos y activistas de diverso tipo. Actores sociales internos y externos, muchos de ellos "hijos ausentes" de Temacapulín o con vínculos familiares en la comunidad aun manteniendo estilos de vida diferentes, compartieron la defensa del terruño "hacia adentro" y "desde fuera" frente a la amenaza por la presa. El eco del valle comenzó a oírse fuertemente fuera del valle pues esta participación "desde fuera" permitió alianzas formales e informales en pro de los objetivos del movimiento social de protesta. Pero también algunos de estos actores sociales externos intentaron participar "hacia dentro". Tanto a favor como en contra de la protesta. En todo caso, estas alianzas sirvieron como pretexto a quienes mantenían la necesidad de construir la presa para desconsiderar la oposición de los habitantes de Temacapulín y proseguir en pro de sus intereses despreciando las consecuencias sociales de su decisión.

De justicia es señalar, no obstante, que no todos los afectados por la construcción de la presa se sumaron al movimiento que intentaba detener tal propósito. Es más, del mismo modo que los municipios cercanos vieron en la represa una inesperada oportunidad para el aprovechamiento político exigiendo compensaciones e infraestructuras otras veces denegadas, hubo quien vio en el plan de la represa una inigualable oportunidad para vender sus propiedades. Es decir, secuela del conflicto sería la conversión del espacio físico en que ocurría en un "paisaje ambivalente" (Johnson y Niemeyer 2008): si para unos valía como espacio-recipiente donde acumular agua, para otros situó a Temacapulín "en el mapa" convirtiéndolo en "lugar", en sentido antropológico (Augé 1993). De uno u otro modo, las consecuencias sociales, políticas y económicas de esta revalorización territorial se notaron "hacia adentro" al hacer que otros actores sociales internos incorporaran al territorio la historia de sus padres y abuelos.

Frente a los remisos a la protesta o los que quisieron aprovechar las ventajas individuales que la construcción les podría suponer, los actores sociales en protesta en Temacapulín mostraron la voz de la emergencia social. La protesta de esos habitantes reclamó el respeto a los derechos humanos, reconocidos o no en alguna de las muchas declaraciones que los enumeran, a su historia y a su cultura. Pronto los pobladores se percataron de que, aunque no todos sus derechos sean conculcados pues hay algunos que son mantenidos, las relaciones de poder invocan una concepción de justicia que parece inclinarse por consumar el despojo del pueblo, su historia, el agua y el territorio, a través mecanismos de gestión implementados desde diversas instancias de los tres niveles del gobierno de México. Frente a esa concepción levantaron otra idea de justicia que no se basa exclusivamente en la satisfacción de la mayoría, como el utilitarismo clásico. Una justicia que es defendida mediante la combinación de diversas formas de diálogo, negociación y confrontación y que demanda derechos ciudadanos (Castro, 2006; Fox, 1998). Es decir, una justicia que se basa en la consideración de la ciudadanía como tal y que considera que, bajo la supuesta "razón de Estado" que esgrimen las autoridades políticas, se esconde una consideración de los seres humanos como clientes políticos y usuarios de unos servicios públicos que son vendidos como mercancía.

Justamente por tal motivo, los objetivos de la protesta de Temacapulín han comenzado a trascender la propia construcción de la presa para convertirse en una forma de denuncia de la marginación económica, de la pobreza y la falta de atención histórica a las comunidades rurales. Es decir, el reclamo por justicia consecuencia del conflicto, superó los elementos particulares del propio conflicto para hacer surgir una discusión sobre la legalidad misma y la relación que ésta podía tener con una justicia transicional, omnicomprensiva, intergeneracional y de equidad global (Beneite 2013). O sea, la discusión sobre el desarrollo económico de la región que supuestamente generaría la presa ha dejado paso en los habitantes de Temacapulín al debate sobre cómo dicho desarrollo podía afectar a la forma de vida de campesinos ribereños que no podían esperar equidad alguna del reparto de beneficios económicos, caso de que los hubiera. A la vez, emerge la discusión sobre si puede considerarse justo que el crecimiento económico regional se sustente en una degradación, cuando no destrucción, de los entornos ambientales. Con ello, la emergencia social inherente a este conflicto político particular, ha situado en el primer plano de la discusión el modo como el llamado desarrollo económico puede afectar a plantas, minerales y animales que no tienen voz para reclamar ni protestar, aunque siempre hubieran sido parte de la vida social de las gentes. La vida social de los derechos no sólo se extendió hacia el ámbito de lo natural. También concernió a otras generaciones. Pasadas, pero con sus restos enterradas en los panteones del valle, y futuras. La discusión sobre la legalidad de las acciones de los poderes institucionales y los económicos que les apoyan, se convirtió en un instrumento para mostrar cómo la legislación puede asumir una restringida visión de la justicia. La protesta demandó, por tanto, la consideración de concepciones diferenciadas de lo justo. Los vecinos de Temacapulín descubrieron una justicia omnicomprensiva, intergeneracional y transicional que persigue la equidad global. Frente a ellos, el Estado optó por una reducida visión de la justicia: en su acción jurídica a favor de la represa mostró, por una parte, cómo se podía faltar a la legalidad sin violar la ley y, por otra, como podía utilizarse la dimensión jurídica para la criminalización de la protesta.

IV. Conclusión.

Si bien no es posible presentar unas conclusiones definitivas, pues la emergencia social está aún en marcha y el resultado del conflicto político es todavía incierto, la organización social de los habitantes de Temacapulín, Acasico, Palmarejo y numerosas rancherías en contra de la construcción de la presa de El Zapotillo, ha puesto de manifiesto cómo el expolio directo de tierras, aguas y recursos a una población que ni es consultada ni tenida en cuenta, puede ser aducido como argumento en pro de una justicia que se revela total, y paradójicamente, como injusta. No se trata de presentar una concepción maniquea según la cual los pueblos están dotados de legitimidad en su actuación frente a unos gobiernos despóticos que los ignoran. Más bien, lo que ocurre es que frente a la idea de que justicia es satisfacer a la mayoría, los afectados por la represa defienden que, para ser justos, las decisiones políticas deben, por una parte, generar el menor daño al mayor número de personas y, por otra, tener en su mira la equidad territorial y ambiental. Desde este punto de vista, el bienestar de los habitantes de las populosas ciudades extraregionales y regionales y la satisfacción de los intereses económicos de quien lo defiende, no podría hacerse al precio del sufrimiento de unos pocos y el aumento de la desigualdad territorial y social. Así pues, los habitantes de Temacapulín han hecho suya la idea de Brixi Boehm según la cual la escasez hídrica no tiene que ver con la cantidad de lluvias sino con "los intereses que guían la aplicación de tecnologías para acercar el agua localmente escasa, por un lado, y permitir las concentraciones humanas, por el otro" (Boehm 2007:16). Por tal motivo, sugieren antes de decidir sobre la inundación de su territorio como se pretende hacer, el Estado y las distintas instancias concernidas en la gestión del agua, debieron explorar exhaustivamente otras posibilidades para prever las formas más eficientes y justas de aprovechamiento del agua, aunque sea contemplada como recurso hidráulico regionalmente limitado y disputado. Tal convicción descansa, a su vez, en otra más certera: el proyecto de la construcción de la presa como ''razón de estado'' implica que los habitantes de Temacapulín y su forma de vida pueden considerarse como suprimibles cuando la presa inunde el territorio en las dimensiones planeadas. Como aseveraba la citada Boehm, "desde la perspectiva de los habitantes de las ciudades, al parecer, la extracción de agua de los alrededores a cambio del envío de líquido contaminado más allá del alcance de su mirada no afectaba a nadie o, en el mejor de los casos, a grupos humanos insignificantes por su número y por sus respectivas necesidades" (Boehm 2007:17). En suma, los habitantes ribereños denuncian la totalitaria idea de que el bienestar de unos pocos -aunque sean muchos- pueda realizarse a costa de la vida de otros seres humanos. Por tanto, el acceso al agua con tecnologías de diseño para garantizar mejores ciudades e industrias que creen empleos y riqueza es visto por los habitantes de este valle no como un síntoma de progreso, sino como una exhibición de injusticia que atenta contra la dignidad de unos seres humanos que sienten cómo son desprovistos de sus derechos.

Por otra parte, el conflicto político y la emergencia social, han llevado a los habitantes del territorio que se va a inundar, junto con aquellos que les apoyan desde otras instancias, a tomar conciencia de que Temacapulín no es solamente un "lugar", en el sentido antropológico del término, sino un espacio de disputa contra la globalización de ciertas ideas. Es decir, se han percatado de que "lo ocurrido en México coincide con el proceso global neoliberal, es decir, de la expansión sin límites del capital en su fase corporativa. Lo anterior desencadenó una creciente complicidad del poder político (gobiernos mexicanos) con el poder económico (nacional y transnacional). Este proceso que ha desencadenado por igual deterioro ecológico, explotación social y marginación cultural, ha sido enfrentado cada vez con más fuerza por la resistencia a todas las escalas, del poder social o ciudadano, especialmente en las áreas rurales y en territorios de comunidades indígenas, campesinas o de pescadores artesanales, las cuales, por lo común, no son consultadas (López-Bárcenas, 2013)" (Toledo et al. 2014:117).

Así pues, el conflicto surgido en Temacapulín no sólo muestra una manera de transformar bienes comunes en bienes privados (Weber y Puig 2013), sino que sitúa al pueblo dentro un tablero de juego internacional en el que no siempre la contienda se ajusta a las buenas maneras que se suponen al diálogo entre interlocutores que se consideran iguales. Porque, si de un lado, se hallan los vecinos y quienes les apoyan, en el otro lado no solamente se encuentran las instancias políticas, sino multinacionales como Aguas de Barcelona (propiedad del grupo francés Suez Environment y con una participación de la catalana La Caixa). Empresas cuya masa accionarial y su propiedad cambian con tal rapidez en una economía financiera especulativa transnacional, que resulta casi imposible, y no sólo a los habitantes de Temacapulín, determinar frente a quien están. Empresas, por otra parte, que gestionan agua, gas o petróleo sin más criterio que el mercantil. En ese sentido, aseveran en Temacapulín, los poderosos quieren que el negocio de la construcción, justificado en el abasto de agua a las ciudades, rija sus destinos a partir de la idea de que los seres humanos no son ciudadanos (dotados de derechos) sino, en el mejor de los casos, clientes (compradores de productos). En última instancia, por tanto, la emergencia social desatada en "Los Altos escondidos" no es sólo una lucha de un pueblecito quijotesco en pro de sus derechos contra gigantescos molinos multinacionales: revela dos concepciones diferentes del mundo, una asentada en los valores que se desarrollan en los derechos humanos y otra que considera que la sociedad debe cimentarse exclusivamente en principios mercantiles. Por ello, dicen en Temacapulín, cuando el gobierno infiltra su protesta o utiliza una guerra sucia de baja intensidad para acallar la emergencia social aparecida, no solo va contra los forzosamente desplazados, sino contra aquello que nos hace seres humanos.

V - References

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• 1
  . Nuestro agradecimiento a todos los vecinos de Temacapulín que muchas horas nos han dedicado y en especial al Padre Gabriel Espinoza Iñiguez que tantas desventuras sufre por su coherencia. Al antropólogo Luis Gabriel Torres González, por sus comentarios y cercana dedicación a la etnografía de Temacapulín que desarrollamos en el seminario de economía y medio ambiente en CIESAS Occidente.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  Oct-Dec 2016

Histórico

• Recibido
  02 Jun 2016
• Acepto
  10 Ago 2016