“Si compartimos, alcanza y sobra”. Redes de cuidados comunitarios entre mujeres migrantes del Gran Buenos Aires frente al COVID19

“If we Share, it is More than Enough”. Networks of Communitarian Caring among Women Migrants in the Great Buenos Aires against COVID19

Resumen

A partir de una investigación-acción-participativa que comenzó en 2019 en una zona segregada del partido de San Martin del Gran Buenos Aires, este artículo se propone analizar las estrategias de las mujeres migrantes para lidiar con la emergencia sanitaria relacionada al COVID19. Mostraremos que la población migrante residente utiliza sus redes sociales en la multiplicidad de estrategias colectivas de inserción en este territorio con alta vulnerabilidad social, las que se vuelven aún más centrales en un contexto de crisis. Son en su gran mayoría las mujeres migrantes quienes, a partir de sus múltiples organizaciones y saberes, contienen la emergencia sanitaria en estos barrios populares y cubren así diversas falencias del Estado. Tomando esto en consideración, usaremos el concepto de cuidados comunitarios para comprender las estrategias de las mujeres y la importance en ellas de la creación y el fortalecimiento del trabajo en red.

Palabras claves mujeres; migrantes; redes; cuidados comunitarios; COVID19

Abstract

Departing from a participatory-research-action that started in 2019 in a segregated zone of the Municipality of San Martín in the Great Buenos Aires, this article proposes to analyze women migrants’ strategies to deal with the health emergency related to the COVID19 pandemic. We will show that the migrant population uses their social networks in a multiplicity of collective strategies of integration in this territory of high social vulnerability, which become even more important in a context of crisis. It is mostly women migrants who, through their organizations and knowledge, are containing the health emergency in these popular neighborhoods, and so they cover the void of the state. Taking this into consideration, we use the concept of communitarian caring to understand women’s strategies and their importance in the creation and strengthening of networking.

Keywords women; migrants; networks; communitarian caring; COVID19

Introducción¹

Si bien en un primer momento se hablaba del COVID- 19 como un “virus democrático” porque atacaba a toda la población por igual, luego de varios meses de estudio sabemos que esto no es así. No solo se propaga con mayor fuerza en los sectores más vulnerables de la población, si no que las consecuencias económicas de la pandemia y de las medidas tomadas para gestionarla también afectan de manera desigual (AAVV CLACSO, 2020). Varios estudios remarcan los contrastes del impacto de la pandemia en la vida cotidiana entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las más perjudicadas ya que, entre otras cosas, las tareas de cuidados recaen mayormente sobre ellas (Batthyany et al., 2020; Islas, 2020; Enríquez et al., 2020; Debandi, Penchazadeh, 2020; Rosas, 2020). En Argentina, muchos de los trabajos considerados “esenciales” y por lo tanto que debieron seguir realizándose en pandemia son llevado a cabo por mujeres. Tal es el caso de las enfermeras, las maestras y profesoras así también las cuidadoras de niños o gente mayor quienes también fueron autorizadas a continuar trabajando. A su vez, las actividades al interior del hogar no solo no cesaron si no que se incrementaron teniendo que ayudar a los niños y niñas en la realización de las actividades escolares de forma virtual, lo que generó una carga mayor de actividades para las mujeres. Como señala Rosas (2020), la discusión ha girado principalmente alrededor de la división sexual del trabajo de cuidado que se lleva a cabo en los hogares de forma no remunerada, es decir, ha privilegiado la clave de género. Sin embargo, “menos se ha dicho acerca de las jerarquizaciones y divisiones configuradas por la clase social, las asignaciones étnico-nacionales y las construcciones raciales, entre otras, además del género” (Rosas, 2020, p. 2). Esta situación puede implicar que se minimicen las dificultades que atraviesan las trabajadoras del cuidado más subalternizadas, muchas de ellas migrantes internas o internacionales.

Tal es el caso de la cuenca del Río Reconquista (CRR) donde habitan más de 4.200.000 personas a pesar de que constituye una de las zonas más contaminadas del país, especialmente cuando llega al noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o Gran Buenos Aires (GBA), a la altura del Partido de General San Martín.

En los casi 15 asentamientos de la región conocida como Área Reconquista (AR), ubicada en la zona más alejada de este municipio bonaerense respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), reside una extensa población migrante procedente tanto de Paraguay y Bolivia, como también de provincias del norte argentino. En el caso particular del área de estudio, si bien nos encontramos todavía analizando las causas concretas de la migración, partimos de la hipótesis de que estas migraciones -mayormente provenientes de áreas rurales- fueron provocadas por la creciente merma de recursos naturales en los lugares de origen como resultado de recurrentes inundaciones y sequías, el avance de la frontera agropecuaria y el monocultivo de soja transgénica. En relación a lo anterior, no podemos dejar de mencionar que los dos países con mayor cantidad de población migrante en Argentina, como son Paraguay y Bolivia, tienen cada vez más problemas ambientales derivados del sistema de explotación capitalista. En la misma línea, se encuentran las provincias del norte argentino. En el caso de Paraguay, hace tiempo que organismos internacionales como la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2020) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertan sobre los efectos del cambio climático. Según el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), las inundaciones en este país estarían directamente relacionadas con la deforestación y su principal consecuencia, el calentamiento global. Varios trabajos describen que las poblaciones con menores recursos han tenido que abandonar sus hogares.

Mapa 1
Área Reconquista en el AMBA

Si bien lo anterior, las poblaciones desplazadas encontraron en este lugar de destino otros problemas socio-ambientales, vinculados a inundaciones de un río altamente contaminado con agrotóxicos en la cuenca baja y con desechos industriales en la media y alta, y cuyos arroyos entran y desembocan en estos barrios. La contaminación de estos barrios se agrava por la presencia del relleno sanitario más grande del país, el Complejo Ambiental Norte III de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Por esta razón, San Martín es el municipio con mayor concentración de recicladores del país. La cercanía al relleno, a pesar de los problemas de salud derivados de la contaminación del aire, suelo y agua, constituye una de las mayores fuentes de trabajo, sobre todo para el sector desocupado y los trabajadores informales.

En este territorio, desde principio de 2019, un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) que dirigimos las autoras de este trabajo desarrolla una investigación-acción-participativa (IAP) que se pregunta por el vínculo entre migración, género y cambio climático a partir de las estrategias socioambientales de las mujeres migrantes. Realizamos un trabajo de campo etnográfico guiado por una metodología de investigación acción participativa (IAP) partimos de la propuesta de Fals Borda (2013), que combina el proceso de conocer y actuar, implicando en ambos casos a la población cuya realidad se aborda, y que incluyó la observación participante en diversos espacios comunitarios y la realización de entrevistas en profundidad. La misma partió de contactos previos con población migrante, específicamente mujeres y sus organizaciones comunitarias, y de la construcción colectiva de una agenda y un lenguaje común que permita producir información, fortalecer redes, promover prácticas educativas dialógicas y crear herramientas de comunicación. Durante todo el 2019 realizamos observación participante con mujeres migrantes en sus organizaciones comunitarias (comedores, asociaciones y centros culturales). Además, se hicieron una serie de entrevistas abiertas, individuales y grupales, con distintos miembros de las familias en sus hogares. Se realizaron también entrevistas a funcionarios públicos de varias áreas del Estado municipal y provincial. En ese marco, venimos observando las desigualdades interseccionales que experimentan las mujeres sobre todo las migrantes en las que se cruzan la degradación ambiental con la vulnerabilidad socioeconómica agravada por la brecha de género, entre otras, frente a las cuales despliegan diversas estrategias de adaptación². De esta investigación interdisciplinaria, en este artículo examinaremos materiales provenientes de un trabajo de campo cuali-cuantitativo de corte etnográfico que implica una serie de técnicas de recolección de datos basadas en actividades co-organizadas entre investigadoras, becarias y articuladoras territoriales, mayormente mujeres migrantes de distintas organizaciones, que nos permiten realizar relevamientos, registros y entrevistas.

Tanto en 2019 como -más aun- en el contexto pandémico de 2020, hemos corroborado la importancia de las redes interpersonales y sobre todo de la capacidad organizativa de las mujeres del AR para sortear un sinfín de dificultades que van desde la contaminación del agua (bien necesario para la higiene preventiva) y los problemas de salud preexistentes (que implicaron que gran parte de la población de la zona sea considerada grupo de riesgo), hasta la organización de comedores para la subsistencia diaria de esta masa de trabajadores y trabajadoras de la economía informal que perdieron casi de manera total sus ingresos económicos durante la pandemia. Es por eso que en este artículo proponemos la categoría de cuidado comunitario como una pieza central para el análisis de las estrategias socioambientales de las mujeres migrantes de estos barrios del Gran Buenos Aires, ya que son ellas quienes, a partir de sus múltiples organizaciones y saberes, intentan contener la crisis sanitaria en un territorio que experimenta numerosas falencias del Estado. En relación a lo anterior, entendemos que, si bien el Estado está presente en los territorios más vulnerados a través de diversas políticas públicas, estas no alcanzan para resolver las enormes falencias y desigualdades que se presentan. Por ello, para conocer las estrategias que estas mujeres ponen en práctica para afrontar las nuevas problemáticas vinculadas a la pandemia, retomaremos algunas teorizaciones sobre la relevancia de los cuidados en la vida de las mujeres migrantes tanto dentro del campo de estudios migratorios como de los estudios de género. El objetivo será comprender el impacto de la pandemia en el AR y el rol que ellas desempeñan en la búsqueda de estrategias de adaptación comunitaria que les permitan garantizar la reproducción de la vida de sus habitantes.

2. Migración, género y cuidados: aportes teóricos para el análisis de las desigualdades

Partimos de que las migraciones constituyen un eje fundamental para estudiar las desigualdades, y que las mismas se hacen visibles mediante una mirada interseccional que muestre el “sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas” (Crenshaw, 1991, p. 359). Si bien esta perspectiva tiene su origen en el feminismo negro de las décadas de 1960 y 1970³, el término interseccionalidad fue introducido formalmente en las ciencias sociales por la jurista afroamericana Kimberlé Crenshaw en 1989 y permite ver la interacción e intersección de los distintos sistemas de opresión con diversas categorías identitarias y sus consecuencias para los derechos humanos de las mujeres. En ese sentido, el concepto propone un enfoque que subraya que el origen migratorio, el género, la etnia, la clase u orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser “naturales” o “biológicas”, son construidas y están interrelacionadas, del mismo modo que los sistemas de opresión que las legitiman (como el capitalismo, el patriarcado, el racismo y la xenofobia, entre otros).

Los estudios feministas poscoloniales focalizaron en la opresión de las mujeres desde la intersección de diversas variables demostrando que múltiples afiliaciones e identidades se articulan en cada caso produciendo distintos mecanismos de desigualdad (Lugones, 2008). Este enfoque transversal del género visibiliza los sistemas interrelacionados de dominación de manera contextual y práctica, por ejemplo, en las experiencias de mujeres migrantes racializadas (Vazquez Laba et al., 2012). Algunos estudios señalan la predominancia de miradas androcéntricas y economicistas, situadas sobre todo desde el Norte hacia el Sur global, que dificultan comprender las desigualdades de género en las migraciones (Rosas, 2018). Asimismo, destacan que muchas veces se asimiló el género a las mujeres dejando de lado que es una categoría relacional (Tapia Landino, 2010), sobre todo en el contexto latinoamericano de feminización de las migraciones donde se hace necesario vincular las distintas movilidades internas e internacionales para comprender el fenómeno (Herrera, 2012). Este proceso no sólo implica el ingreso masivo de mujeres al mercado laboral sino también su rol como protagonistas en los proyectos migratorios (Magliano, Domenech, 2009; Mallimaci, 2012).

Si bien el rol de la mujer migrante es fundamental para pensar las estrategias de organización a nivel territorial, la migración de mujeres ha sido un fenómeno tradicionalmente invisibilizado hasta bien entrado el siglo XX, cuando estas investigaciones cuestionaron aquella invisibilidad (Magliano, 2015). En la actualidad, el aumento real de la intervención femenina en los movimientos de población y la apertura conceptual a la figura de la mujer migrante en el ámbito de las ciencias sociales permitieron recuperar a este sujeto del anonimato y redefinirlo como un actor central de los movimientos migratorios (Magliano, 2009). En este marco, queda en evidencia que los procesos migratorios son en sí fenómenos determinados por las relaciones de género, siendo éste un principio estructurante de la migración.

El caso argentino muestra estas tendencias ya que a lo largo de su historia este país ha sido un polo de atracción de inmigrantes. Según el último censo de 2010 residen 2.164.524 inmigrantes en Argentina, lo que supone un 5% de la población, de la cual el 84,6% corresponde a países limítrofes: Paraguay con el 34 %, le sigue Bolivia en un 21 % y Chile con 11 %. En términos generales la inmigración femenina es superior a la masculina, con 1.168.208 mujeres, lo que supone el 54 % del total de migrantes (Calvelo, 2012). En algunos casos, como el paraguayo y peruano, el porcentaje de mujeres es aún mayor. Además, más del 75%de los inmigrantes que llegan se instalan en el AMBA (Cerrutti, 2009) y una gran parte en barrios populares de la periferia urbana, tanto de CABA como de GBA.

En estas circunstancias las redes migratorias -tal como lo hemos propuesto anteriormente (Gavazzo, 2007/8; Gavazzo, 2014) - se convierten en las principales proveedoras de vivienda y trabajo, pero también de otros capitales necesarios para la inserción de los y las migrantes en la sociedad de destino, sobre todo mediante el activismo y la participación en organizaciones comunitarias⁴. Tal como señalamos (Gavazzo, 2012), a pesar de que ha habido investigaciones y análisis de algunas de sus organizaciones sociales (Pereyra, 2001; Caggiano, 2004; Pizarro, 2007), poca atención ha despertado en el campo de los estudios sobre migraciones internacionales a la Argentina la participación social de los inmigrantes limítrofes como clave para entender los procesos de construcción de identidades y de luchas por el reconocimiento. Sin embargo, las relaciones interpersonales, las familias y los patrones domésticos, las alianzas y los lazos comunitarios proveen recursos vitales tanto para individuos como para grupos, herramientas de supervivencia cuyo conjunto puede entenderse como un capital social ⁵. Los lazos entre migrantes pueden ayudar a producir un alto nivel de solidaridad incluso entre familias que de otro modo serían simplemente competidores, vinculando emigrantes y no-emigrantes en una red compleja de relaciones sociales tendientes a lograr su “inclusión”. En resumen, estas redes pueden ser consideradas “respuestas culturales dinámicas, que estimulan la formación de comunidades étnicas y que conducen al mantenimiento de familias transnacionales y de lazos grupales” (Castles, Miller 1998, p. 25). A la vez, son la base para la consecución de trabajo en los lugares de destino, sobre todo en el empleo doméstico y tareas de limpieza en casas particulares conformando lo que se conoce como cadenas globales de cuidado (Cerrutti, Maguid, 2010).

En ese sentido, para entender la centralidad de la categoría de redes, en el caso de las mujeres migrantes la literatura propone el concepto de cuidado como eje vertebral para el análisis. El mismo hace referencia a todas aquellas actividades pasivas y activas realizadas cotidianamente que, directa o indirectamente, se vinculan con el mantenimiento de la vida, la satisfacción de necesidades, al apoyo socio-emocional y la provisión de bienestar y asistencia diaria (desde el cuidado de niños, ancianos y enfermos propios y ajenos, el mantenimiento y la limpieza del hogar, la provisión de alimento, la atención a la salud y el acompañamiento en los procesos educativos, sea remunerado o no, por mencionar algunas). En la misma dirección, es fuerte la idea de que los cuidados -en particular, los que se prestan en los hogares- engloban tanto el cuidado directo como las precondiciones para que ese cuidado pueda prestarse (Esquivel, 2012). Como categoría analítica en las ciencias sociales es derivado de los movimientos feministas que en la década de 1970 criticaron el pensamiento económico que invisibilizaba el trabajo doméstico (Borgeaud Garciandia, Lautier, 2011; Tizziani, 2011). En general, se la ha tendido a ver como una práctica restringida, vinculada con un espacio específico y con un cierto grupo social como principal proveedor: el hogar, la esfera privada, el ámbito doméstico como locus privilegiado y las mujeres como principales artífices de dichas actividades. De hecho, el “trabajo del cuidado” es una de las categorías que la crítica feminista ha producido en su esfuerzo por construir herramientas conceptuales para comprender las particularidades de una buena parte de las actividades diarias que realizan las mujeres, ya que constituye un sector de ocupación con un alto nivel de feminización (Razavi, Staab, 2010).

Dentro de los estudios relacionados a los cuidados, en América Latina se le ha dado gran importancia a la categoría de cuidado comunitario. Este concepto es fundamental para articular nuestro trabajo de campo ya que da herramientas para visibilizar la configuración de responsabilidades entre el Estado, las familias, el mercado y el “tercer sector”. Tal como expresa Zibecchi en este contexto, se destaca que éste último -y los tejidos sociales comunitarios que lo conforman- desarrollan un papel relevante en el terreno de la reproducción social y en el trabajo de cuidado en particular (Picchio, 2001; Marco, 2007; Draibey Riesco, 2006 en Zibecchi, 2013a, p. 2; Vega Solís, Buján, Chauca, 2018). En este sentido, es necesario atender a la participación de las mujeres en diversas actividades vinculadas con el cuidado comunitario en contextos de pobreza; actividades que muchas veces fueron exigidas por la política pública asistencial bajo la modalidad de contraprestación (Zibecchi, 2013a) que no alcanza cubrir las necesidades básicas de la población. Se observa un alto nivel de feminización entre quienes trabajan proveyendo cuidados en el ámbito comunitario, principalmente en tareas importantes como referentes, coordinadoras, maestras, auxiliares de maestras, cocineras y ayudantes de cocina (Zibecchi, 2013b). Justamente, al intentar reconstruir la trama social en los territorios más vulnerables, el Estado se presenta con grandes falencias, a la vez que son también frecuentemente productores y modeladores de situaciones de desigualdad y grandes motores de estratificación (Wacquant, 2001). Entonces, cuando la oferta pública estatal no brinda cobertura o la misma es residual -y no existen ingresos para contratar servicios en el mercado- las familias acuden a la oferta pública no estatal disponible: ONGs, instituciones religiosas, voluntariado que se encarga del cuidado, entre otras (Marco Navarro, 2007). Es allí donde “lo comunitario” cobra un papel central para el sostenimiento de la vida, y al ser la mayoría mujeres las que participan de estos espacios la categoría de cuidados se vuelve esencial.

Sin embargo, tanto Rosas (2018, 2020) como Mallimaci y Magliano (2016) coinciden en que los estudios sobre cuidados comunitarios han sido poco explorados en el campo de los estudios sobre migraciones internacionales contemporáneas en Argentina, sobre todo en barrios de relegación urbana (Wacquant, 2007). En esta línea, Rosas explica que se ha privilegiado el análisis de un tipo de cuidado que se vende en el mercado de trabajo y que es asalariado, más allá de su formalidad y nivel remunerativo y que en Argentina se denomina “trabajo doméstico” o “en casas particulares”, rubro altamente ocupado por mujeres migrantes (Cerrutti, 2009; Courtis, Pacecca, 2010; Rosas, 2020). Por estos motivos, proponemos utilizar la categoría de cuidados comunitarios como aquellas actividades orientadas a sostener el “mundo común” (Wlosko, Ros, 2012), tales como la alimentación, la salud, el cuidado de niños y niñas, en el marco de las estrategias desplegadas por las familias, en pos de la reproducción de la vida. Para ello, conjuntamente con los estudios que cruzan migración de mujeres, revisaremos un conjunto de trabajos realizados en torno al impacto de la pandemia de COVID19, muchos de los cuales reflejan la interseccionalidad de las condiciones de clase, origen migratorio y género⁶. Tal como explican Batthyany et al., con la crisis actual en América Latina se “ha hecho evidente la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las sociedades y en las economías de la región” (2020, p. 3). Sin dudas, la pandemia tiene un alto impacto en el empleo y mercado de trabajo, pero afecta particularmente a las mujeres. Por ejemplo, “la presión de la demanda de pacientes con coronavirus afecta principalmente a médicas, enfermeras y trabajadoras de la salud en general, ya que ellas representan el 72,8% del personal del sector de la salud” (2020, p. 7).

En Argentina, tal como señalan Enríquez et al., a partir del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el gobierno, las actividades de cuidado se han visto intensificadas “ya que tanto las tareas que se realizan en la esfera pública como las que se efectúan al interior de los hogares siguen funcionando” (2020, p. 2). De hecho, entre los servicios declarados esenciales en la emergencia se incluyen gran parte de las tareas de cuidados altamente feminizadas y que por ende se desarrollan en peores condiciones y con más bajas remuneraciones, tales como: la salud humana; la asistencia a persona con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes; los servicios sociales brindados en comedores escolares, comunitarios y merenderos; los servicios de lavandería; entre otros⁷. Si a esto le agregamos las vulnerabilidades derivadas de la condición migratoria y del hecho de vivir en barrios populares, resulta claro que los cuidados comunitarios llevados a cabo por mujeres -particularmente migrantes-adquieren centralidad en el contexto de la pandemia de COVID19, puesto que ofrecen alternativas para la subsistencia familiar y colectiva en las periferias urbanas como el AR. Como veremos a continuación, las redes de cuidados entre mujeres se entretejen con las redes migratorias y otras formas de organización territorial para garantizar la reproducción de la vida en estos barrios. Ante esta limitada presencia estatal, resulta importante revisar y complejizar las menciones precedentes sobre un “estado ausente” que los trabajos comunitarios tenderían a suplantar.

3. Migrantas en Reconquista: estrategias de cuidado comunitario y pandemia

3.1. El territorio y la pandemia: impactos y acciones estatales

Como se mencionó al inicio, el AR del Municipio de General San Martin en el GBA, es un territorio que hace 50 años era un humedal en las afueras de la ciudad y donde hoy se extiende entre el basural más grande del país, asentamientos irregulares e industrias locales. Estos barrios -que actualmente albergan a unos 150 mil habitantes, mayormente migrantes y descendientes de migrantes que llegaron a Buenos Aires en los últimos 30 años, tanto del “interior” de Argentina como de países de la región- fueron construidos a partir de tomas de tierras, organización popular y ollas colectivas, en su mayoría conducidas por mujeres. Dentro del predio CEAMSE, por ejemplo, hay 9 galpones de trabajo de los cuales 7 son conducidos por mujeres, quienes se organizaron para salir del reciclado en la montaña de basura. Ellas mismas también construyeron los jardines de infantes para dejar a sus hijos, las escuelas para terminar sus estudios, las calles y los tendidos de luz y agua. Son ellas quienes hoy llevan a cabo más de 75 comedores, montan y sostienen numerosos proyectos productivos textiles, gastronómicos y de limpieza de arroyos, y quienes acompañan en las consejerías de género y de migrantes.

Sin embargo, las mujeres son el sector de mayor vulnerabilidad social. Según el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), el 70% de las mujeres adultas que viven en barrios populares reconocen haber sufrido violencia de género, y las que se separan suelen tener dificultades para encontrar trabajo y criar a sus hijos/as. Y una vez que lo consiguen, ganan el 25% menos que los varones por la misma tarea, a la vez que están expuestas un 60% más al trabajo informal. En relación a la educación, el 18% no terminó sus estudios primarios y el 38% no culmina los secundarios. Por otro lado, los embarazos adolescentes (menores de 20 años) se elevan al 11,8% siendo también mucho más probables la recurrencia a abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud. Esta situación de vulnerabilidad derivada de la desigualdad socio-económica se ve agravada cuando, en marzo de 2020, se declara la pandemia del coronavirus en Argentina.

En este contexto, las estrategias llevadas a cabo por el gobierno argentino fueron múltiples y a distintos niveles del Estado. El 20 de marzo el gobierno toma un conjunto de medidas resumidas en un decreto que declara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)⁸. En este contexto, se dispuso la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consiste en un pago excepcional de $10.000⁹ que se otorga a las personas que se encuentren desocupadas o que se desempeñen en la economía informal. También se suspenden temporariamente los cortes de servicios por falta de pago, se congelan temporalmente el aumento de alquileres, suspenden los desalojos y se prohíben los despidos. En abril se lanza el Programa El Barrio cuida al Barrio por el que promotores y promotoras comunitarias realizan un acompañamiento específico a grupos de riesgo y distribuyen elementos de seguridad e higiene promoviendo la difusión de medidas preventivas. La iniciativa contempla, a su vez, el trabajo coordinado con comedores, merenderos y centros comunitarios que garantice el abastecimiento de alimentos. En mayo se implementa un nuevo Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino (DETeCTAr) que tiene como objetivo la búsqueda intensificada de personas con síntomas de COVID19. En ambas acciones hay un trabajo coordinado muy fuerte a nivel municipal y provincial. Otra de las medidas que repercute muy fuerte en los barrios populares del GBA como el AR es el Lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) que incluye a todos aquellos y aquellas que trabajen en la economía popular como vendedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneras y recicladores; pequeñas agricultoras y agricultores; trabajadores socio-comunitarios y pequeños productores manufactureros.

Por otro lado, el 11 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis con relación a la pandemia del coronavirus, hace un llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género en las respuestas a la crisis y a combatir la violencia sexual e intrafamiliar, así como la discriminación que afecta crecientemente a las mujeres en ese contexto. Así, el nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad habilita nuevas herramientas de asistencia a mujeres víctimas de violencia doméstica y de género, entre ellas: la ampliación de la línea 144 de denuncias, la consideración de situaciones de violencia como razones excluidas del confinamiento y por ende permitidas para circulación en la vía pública, y la creación de puntos de atención en farmacias mediante el código “barbijo rojo” que pone en marcha el protocolo, entre otras. Luego de algunas semanas, este Ministerio divulgó que, como resultado del aislamiento, aumentaron los llamados a las líneas de ayuda y, a diferencia de otros delitos, también los femicidios y la violencia doméstica.

En lo que hace referencia específica a la población migrante en un primer momento la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) amplió por un mes el vencimiento de todos sus trámites presenciales lo que generó mucha incertidumbre, pero luego implementó un sistema de autogestión web que permite obtener el certificado de residencia precaria a fin de regularizar la situación migratoria de manera no presencial y automática y que tiene la misma validez que el tramitado presencialmente. Esta modalidad está vigente tanto para trámites online (sistema RaDEx implementado durante el gobierno anterior que generó numerosos problemas debido a la falta de conectividad de la población de escasos recursos), como para nuevas solicitudes que ingresen en el futuro.

Sin embargo, a pesar de que estas políticas buscan incidir directamente sobre la población vulnerable de barrios populares, como las mujeres migrantes del AR, frecuentemente no terminan de garantizar el acceso a derechos básicos y necesarios en un contexto de emergencia sanitaria. Por eso, como comprobamos mediante nuestro trabajo de campo¹⁰, las mujeres organizadas debieron iniciar rápidamente acciones tendientes a contener la crisis las cuales muestran no sólo el impacto de la pandemia para la población del GBA sino la capacidad de las redes de garantizar los cuidados comunitarios.

Primero, sobre la percepción sobre el virus por parte de las personas contactadas, se detectó que, si bien se acató el confinamiento en su gran mayoría, inicialmente se consideró que el virus estaba situado en los barrios más adinerados. A medida que fue propagándose y alcanzando a vecinos y vecinas, fue aumentando el temor a la par que la solidaridad barrial. Pero, luego de que se sostuvo el contagio barrial generalizado por varios meses, la comunidad empezó en general a abandonar los recaudos priorizando otras dimensiones del sostenimiento de la vida que no se vinculan al contagio del COVID19 como el trabajo remunerado. Se registró entonces un acatamiento parcial y gradual, con bastantes problemas para sostener a jóvenes/adolescentes dentro de las casas, en su mayoría pequeñas y sobrepobladas. En ese sentido, pudo observarse que al comienzo se convivió con una modalidad de confinamiento “hacia dentro de las casas”, con ciertas excepciones, y con el aumento de los casos (aproximadamente desde la segunda semana de junio) se pasó a una modalidad “hacia adentro del barrio” (o “aislamiento comunitario”) cercado por las fuerzas de seguridad, lo que generó otros problemas de violencia institucional¹¹.

Segundo, el impacto en la economía de los hogares sucedió desde la primera semana de confinamiento teniendo en cuenta el trabajo informal generalizado en la población, que en parte pudo sostenerse momentáneamente con algunos ahorros. Tal como muestran varios estudios¹², en el caso de las empleadas domésticas, una de las profesiones que más mujeres migrantes ocupa, sus empleadores -a pesar de que el gobierno prohibió despidos- dejaron de costear sus sueldos con lo que, aunque implicó no sólo la interrupción inmediata y total de sus ingresos, sino que progresivamente en su mayoría decidieran solicitar el retorno laboral¹³. Con el aumento del desempleo, se incrementó la tensión dentro de las casas, algo que -como dijimos y ampliaremos luego- impactó en el recrudecimiento de la violencia familiar y de género. A la vez, en relación a la continuidad o sostenibilidad de estudios primarios y secundarios, las familias e instituciones educativas estatales y privadas se encontraron frente a imponderables tecnológicos para el entramado familiar y la continuidad de las tareas de las infancias y juventudes, expresados en la carencia de dispositivos inexistentes o precarios o la falta de conectividad a internet, sumado a la imposibilidad de los adultos para resolver las tareas escolares. Los y las docentes sostuvieron el vínculo con las familias a partir del reparto de alimentos secos que se entregaron cada 15 días en las escuelas públicas, a los que les adicionaron materiales para realizar tareas en casa. Asimismo, se gestaron nuevos comedores, los que se sumaron a aquellos que ya venían en funcionamiento y tuvieron que reforzar la asistencia, dada la alta demanda que nunca cesó, tal como analizaremos luego.

Tercero, los servicios de salud en los barrios fueron sostenidos principalmente por las vecinas promotoras de salud, militantes de organizaciones sociales y políticas y médicos generalistas, quienes fueron los que implementaron el programa DETeCTAR. En este sentido, registramos una falta de protocolos sanitarios para el personal de salud quien se vio altamente afectado por esta coyuntura, con infectados y fallecidos en el transcurso de los siguientes meses. Asimismo, los centros de atención primaria de la salud (CAPS) del barrio cerraron sus puertas y/o redujeron sus horarios, lo que dificultó el seguimiento de enfermedades crónicas ya que -por el mencionado “asilamiento comunitario”- las fuerzas de seguridad impidieron en varias ocasiones la llegada a los hospitales cercanos.

En cuarto lugar, se debe resaltar que el AR -como otros barrios populares del AMBA- se caracteriza por una alta deficiencia de infraestructura, lo que en muchos hogares implica un entramado irregular de agua que no llega a los hogares, o que llega con muy baja presión. Esto generó que las organizaciones del barrio demanden camiones de AySA¹⁴ para suplir los déficits y garantizar el acceso de la población a este derecho fundamental para cumplir las pautas de higiene exigidas por las autoridades de salud y evitar que se multipliquen los contagios.

Quinto, las pensiones de emergencia llegaron principalmente a aquellas personas que ya cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero la población migrante fue la más afectada dada la irregularidad en su documentación, o porque la información de la base de datos estaba desactualizada respecto a su situación migratoria, como veremos más adelante. Es por esto que, según las personas contactadas, en referencia al manejo estatal de la pandemia, existe una percepción general de que el Estado siguió excluyéndolos de los beneficios a propósito.

3.2. Las redes de mujeres frente a la pandemia

Frente a todas estas problemáticas se robustecieron diversas estrategias que, si bien ya se articulaban en el territorio, fueron fundamentales para sostener este proceso de crisis, las que fueron sostenidas -tal como observamos- por mujeres, muchas de ellas migrantes. De todo lo considerado, centraremos nuestro análisis en tres ejes de acción sobre las cuales estructuraron sus estrategias de cuidados comunitarios: alimentación, violencia de género y trámites migratorios. Utilizaremos materiales provenientes del trabajo de campo en tres barrios específicos del AR, marcados en el Mapa 2.

Respecto al primer punto, coincidentemente con algunos estudios (Rosas, 2020), observamos que en la zona el incremento de las personas que acuden a comedores a causa de la pandemia ha sido exponencial, lo que generó que se multiplicara la atención con la consecuente falta de insumos alimenticios que impidió -en muchos casos- que se abra todos los días para brindar el servicio¹⁵. Como lo expresa Sandra, migrante del norte argentino y referente del comedor “Los pichones” del barrio Carcova en el extremo este del AR:

hay más necesidades. Yo di el viernes viandas y vinieron personas que yo nunca pensé que iba a venir a buscar vianda. Son gente que labura, labura por su cuenta. Es como ellos me decían, ellos se anotaron ahora en este subsidio de 5 mil pesos, que está dando el presidente por única vez. Y ellos me decían ‘no estamos trabajando, no estamos trabajando, ni pudimos trabajar’.

Mapa 2
Tres barrios seleccionados del AR

Del trabajo de campo, quedó en evidencia que los comedores que ya existían antes de la pandemia no daban abasto para atender el aumento de la demanda por lo cual se crearon nuevos, muchos de ellos en los hogares de las mujeres migrantes quienes abrieron sus cocinas para compartir con sus vecinos (como vemos en las imágenes adjuntas).

Como comenta Rosa, migrante boliviana y referente de la organización “Colectividades Unidas sin Fronteras” de Costa Esperanza: “el hambre va a ganar al miedo del coronavirus”. En ese sentido, en solo 4 espacios relevados registramos una asistencia alimentaria diaria para un total de 1160 personas, de las cuales solo 100 asistían previo a la pandemia. Por ejemplo, en todos los espacios se resalta la presencia de población migrante, más que nada de Paraguay, que anteriormente nunca había asistido a los comedores. Además, en 3 de estos 4 espacios indicaron que no llegan a cubrir la demanda. Luego, en 3 ollas populares que emergieron en estos meses y hemos registrado, se asiste a un promedio de 270 personas que trabajaban en la informalidad y que dejaron de percibir ningún tipo de ingreso, viéndose obligados a buscar ayuda alimentaria.

Asimismo, registramos que la mayoría las personas consultadas que trabajan en estos espacios menciona conocer las medidas de seguridad que deben cumplir para prevenir contagios de Covid-19 pero indican que es muy difícil conseguir los elementos necesarios para mantener los lugares desinfectados y limpios. Por eso entre los reclamos más frecuentes está también la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger a los/as trabajadores/as, además de un reconocimiento salarial para quienes realizan estas tareas esenciales. Algunos testimonios también dan cuenta de la falta de capacitaciones y/o información sobre los protocolos de seguridad.

Foto 1
“Moni y Sole, Guerreras de la Olla”, Centro Cultural Los amigos de barrio Sarmiento

Al respecto, cotejamos que el 90% de las personas que trabajan en los comedores y ollas populares relevados son mujeres, de las cuales una gran proporción son migrantes y no perciben ningún tipo de ingreso por el trabajo de cuidado comunitario que realizan. Muchas voluntarias deben satisfacer las necesidades alimentarias propias y de sus familias con la comida que se entrega en los comedores y que ellas mismas preparan. Tal como explica Zulma, referente de la organización de mujeres paraguayas “Kuña Guapa” y voluntaria del comedor “Sueños felices” que fundó su madre -migrante paraguaya- en el barrio de Costa Esperanza al oeste del AR:

La mayoría de los laburantes de la barriada son de la economía popular y laburan en negro¹⁶. Eso significa que, si un día no labura, no come. Nuestra población es una mayoría de albañiles y trabajo de empleada doméstica. Que son en negro. Ayer tuvimos que abrir el comedor por esa demanda barrial. Y repartimos 190 viandas. La situación de la comida, empecé a manguear por todos lados mercadería y verduras... Cómo creció la demanda, empecé a pedir por todos lados... Y por ahora solo lo resolvemos con la organización y algunas donaciones.

Con respecto al aumento de la violencia de genero a causa del aislamiento, el trabajo de las consejerías de género se volvió fundamental. Debido al aumento de la violencia doméstica en la cuarentena, desde el proyecto de investigación-acción que las autoras dirigimos se avanzó en el acompañamiento a organizaciones comunitarias asistiendo a promotoras de género como las que trabajan en “Kuña Guapa”, colaborando con algunas tareas de su trabajo cotidiano, por ejemplo, la sistematización de los casos atendidos. Varias integrantes del proyecto fueron previamente capacitadas para realizar esta tarea y así poder aplicar el componente de acción participativa que involucra a todo trabajo que pretender llevar a cabo la metodología IAP. Esto sirvió para redactar informes sociales que fueron elevados al Ministerio de Desarrollo Social, la Municipalidad de San Martín y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a fin de garantizar la asistencia. En lo que va del año, según los registros de esta consejería, la mayor cantidad de casos asistidos fue durante el ASPO (67%), con un aumento paulatino en los tres bimestres que llevamos de pandemia. Entre marzo y agosto la mayoría de mujeres atendidas fueron argentinas (62%), seguidas por paraguayas (20%) y otras en menor medida como bolivianas y colombianas (8%). Como parte de una organización mayor, Kuña Guapa de este modo se fue transformando en referente del AR para la atención de los casos de violencia de género (VdG). Por ejemplo, Sandra de Carcova nos cuenta:

Y por los problemas de violencia de género, ni bien llega un caso yo me comunico con Diana, o con Lucy que son las chicas que del Movimiento Evita que están con eso y me orientan en lo que yo le tengo que decir, si tengo que llamar a la policía, yo llamo, no tengo ningún problema.

Desde esta consejería también se tramita el cupo que da prioridad a mujeres víctimas de violencia de género para que accedan al Salario Social Complementario (SSC)¹⁷, sin embargo, las promotoras expresaron que raras veces son otorgados con la urgencia que amerita esta grave situación. Según los registros y entrevistas, en la ruta de la atención a las víctimas de VdG “muchas no acceden a la denuncia” o “no llegan a la comisaría o al espacio de la mujer”. Esto es debido a múltiples factores: por temor, porque falta de información, no tienen dinero para viáticos ante la gestión de trámites y/o la carga del celular, entre otros. Las mujeres que trabajan como promotoras son las que más contacto directo tienen con esos casos e incluso muchas enfrentaron la VdG en carne propia, pero -gracias al apoyo de sus organizaciones- se formaron en género mediante cursos y diplomados. Más allá de esta formación, en general encuentran diversas limitaciones para realizar su trabajo, algunas relacionadas con la sobrecarga de tareas de cuidado de sus propias familias y el acompañamiento que muchas veces no es reconocido ni simbólica ni económicamente. Además, la falta de alfabetización digital y de conocimientos jurídicos -tal como nos comentaron- dificulta sus posibilidades de canalizar la ayuda y/o pedidos administrativos del Estado, algo que solo van aprendiendo en la práctica.

Algo similar sucede con la asistencia para realizar trámites de todo tipo, que fue otra de las estrategias de cuidados comunitarios que las mujeres desplegaron en el territorio durante la pandemia. Para solicitar el IFE, por ejemplo, había que hacerlo mediante una plataforma digital en la que se ingresaban datos de documento y código de trabajador (CUIL/CUIT). Como muchos de los habitantes del AR no poseen conexión a internet ni tienen formación o capacitación en este tipo de herramientas, desde el equipo de investigación-acción se colaboró con distintas organizaciones en la elaboración de listados de personas necesitadas de ayuda y se repartió la tarea de carga de datos en la web por día y número de documento, facilitando al menos la solicitud. Al final de la convocatoria el Ministerio de Desarrollo Social difundió que fueron 11 millones de personas que solicitaron esta ayuda, de las cuales más de 7 la obtuvieron en la primera etapa. En esta instancia, las consejerías migrantes, creadas en 4 puntos del AR a partir de una capacitación que ofrecimos desde la UNSAM en 2019, operaron registrando rápidamente casos de familias sin asistencia y buscando maneras alternativas de ayudarlos, desde reclamos y donaciones hasta vínculos con hogares y comedores que pudieran hacerles un lugar. En el contexto de confinamiento, asistieron también a muchos de los migrantes que quedaron varados en Argentina con el ASPO, que no contaban con la documentación reglamentaria para solicitar el IFE (DNI y 2 años de residencia legal en el país) y/o que no han podido acceder al beneficio, entre otros.

A ese respecto, durante la pre-inscripción a ese beneficio, en la consejería ubicada en el “Centro Cultural Los Amigos de Barrio Sarmiento”, en el oeste del AR, se relevaron 303 casos de los cuales, 235 (77,56%) correspondían a nacionales y 68 (22,44%) a extranjeros. Además, sobre ese total, 145 (47,85%) pertenecían a feminidades y 158 (55,15%) a masculinidades. Luego, en el segundo período de inscripción, se sistematizaron 208 casos nuevos, de los cuales 56 (26,92%) eran nacionales y 152 (73,08%) correspondían a extranjeros. Respecto a las identidades de género, se relevaron 103 (49,52%) feminidades y 105 (50,48%) masculinidades. Sobre ese total correspondientes únicamente a la segunda etapa, 119 casos (57,21%) fueron denegados, 46 fueron aprobados (22,12%) y de los restantes 43 (20,67%) se perdió contacto. Ahora bien, de esos 119 casos denegados, 97 (81,51%) correspondían a extranjeros y 22 (18,49%) a nacionales, mientras que 56 (47,01%) eran feminidades y 37 (31,09%) masculinidades. Sobre los 46 casos aprobados encontramos que 29 (63,04%) eran extranjeros y 17 (36,96%) nacionales. Por último, en los casos donde se hizo efectivo el beneficio, relevamos 28 (60,87%) feminidades y18 (39,13%) masculinidades. En ese sentido, vemos que la población migrante fue excluida en gran parte del beneficio, sobre todo las mujeres.

Otra problemática con la que se encontraron vecinos y vecinas del área tiene que ver con el domicilio, ya que el beneficio contempla que se pueda otorgar un IFE por hogar, signado este por un domicilio único. No obstante, en los barrios del AR -como registramos en la investigación- muchas familias residen dentro del mismo domicilio, bajo condiciones de hacinamiento, y al otorgársele el IFE a una de ellas se le denegó al resto. A estos casos se suman situaciones de desempleo reciente, puesto que algunas personas fueron desvinculadas por empleadores durante la cuarentena, aunque en términos oficiales figuran como empleados en relación de dependencia y por ende excluidos. Asimismo, debemos destacar que gran parte de los reclamos que se atendieron en las consejerías migrantes se debieron a cuestiones vinculadas a la situación de personas que ya poseen DNI con ingreso permanente, o temporario mayor a dos años, ambos casos contemplados como beneficiarios de IFE en los DNU por aislamiento. En la mayoría casos se trataron de errores del sistema oficial en torno a la fecha de ingreso al país y su radicación actual. En los casos aprobados, las feminidades que ya eran beneficiarias de los programas de AUH, o por ser empleadas domésticas, cobraron de forma directa por la misma vía, mientras que quienes no lo eran tuvieron que bancarizarse.

En todos estos casos, el trabajo en red entre mujeres organizadas hace que puedan resolverse colectivamente algunos casos de personas en situaciones críticas, utilizando colectivamente los recursos de unas y otras organizaciones independientemente de la pertenencia de las referentes. Por ejemplo, Zulma de Costa Esperanza, que también deriva casos a la consejería de barrio Sarmiento, nos refuerza la realidad del barrio

También está el problema de la documentación, ya que la mayoría de la población es migrante, entonces mucha gente trabaja en negro, no tiene DNI, y no puede acceder a nada de nada (de los programas que se están bajando, o incluso a una internación en un hospital).

4. Reflexiones finales

Como expresa Maritza Islas,

las crisis resultan en muchos sentidos reveladoras para las sociedades. Son momentos en los que las supuestas certezas se fracturan y se hace manifiesto el estado del sistema político y económico. Los mejores y peores rasgos de la sociedad se develan y, con ello, la oportunidad para reflexionar sobre sus contradicciones, su capacidad de respuesta, su persistencia y su decadencia. También son momentos para construir alternativas. (2020, p. 1)

En relación a esto, reafirmamos la idea de que, con la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, quedaron aún más en evidencia las desigualdades preexistentes en la sociedad, particularmente en América Latina. Éstas -como vimos en el caso del AR del Gran Buenos Aires- están mediadas por diferentes realidades como son el género, las clases social, la etnia, la procedencia migratoria, entre otras, que agravan la situación de vulnerabilidad de las poblaciones desventajadas como las mujeres y las/os migrantes. El análisis interseccional propuesto permite comprender los modos en que las migraciones se generalizaron en la actualidad al punto que la composición social, étnica, de género y generacional de quienes migran se torna cada vez más heterogénea. En este contexto, la interseccionalidad brinda una perspectiva alternativa para entender las complejas dinámicas de las relaciones de poder en las poblaciones, más aún en el marco de la pandemia. Como vimos, la condición de “ser migrante”, “ser mujer” y “ser pobre” son pertenencias que en su simultaneidad multiplican la vulnerabilidad de las personas y que los obligan a desplegar estrategias de organización para garantizar la reproducción de la vida, tanto a nivel de las familias como de las asociaciones comunitarias.

Al respecto, resulta fructífero dialogar con aquellos estudios que consideran el rol de las mujeres migrantes en el trabajo de cuidados comunitarios. Como afirma Magliano (2018), es fundamental dar cuenta del doble peso que recae sobre mujeres migrantes en barrios populares, quienes no sólo realizan actividades domésticas y de cuidado de sus familias, sino que también, muchas veces, organizan comedores comunitarios proveyendo cuidados a otras personas en el barrio. A partir de la IAP realizada y en curso, pudimos dar cuenta de estos impactos diferenciales de la pandemia destacando que las mujeres -sobre todo las migrantes de barrios populares- son uno de los colectivos más perjudicados ya sea por tener que destinar más tiempo en tareas de cuidados, verse más expuestas a ser víctimas de violencia de género, o perder sus trabajos remunerados. Y en general, los/as migrantes se han visto en gran parte excluidos de los programas de asistencia estatal para trabajadores de la economía popular. El estudio demuestra, desde una perspectiva interseccional, las desigualdades de género entre varones y mujeres, pero también entre las propias mujeres a partir del trabajo comunitario.

En ese contexto, son las redes de mujeres, y en nuestro caso de migrantes, las que sostienen la vida en los barrios más vulnerables, mitigando los efectos de la crisis sanitaria producida por la pandemia. Son las redes, producto de un trabajo territorial que ya venían realizando para cubrir las necesidades de la población, las que cubren los espacios a los que no llega un estado que no consigue modificar las desigualdades estructurales que los afectan. En este recorrido, hemos mostrado la capacidad de agencia de las mujeres migrantes para desplegar múltiples estrategias de cuidados comunitarios basado en la organización colectiva y en la creación de redes con el Estado, otras organizaciones y la propia universidad, elevando sus posibilidades de transformación de las desigualdades interseccionales que enfrentan a diario ellas y sus familias y comunidades. Porque, como se ve en la última imagen de un delantal bordado por mujeres en un taller artístico que impulsamos desde la UNSAM: si compartimos, alcanza y sobra.

Foto 2
“Las ollas y el arte de los cuidados”, Centro Cultural Los amigos de barrio Sarmiento

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• 1
  Este artículo fue elaborado en el marco del proyecto “Estrategias socioambientales para fortalecer la resiliencia de las mujeres trabajadoras migrantes en la Cuenca del Río Reconquista, Buenos Aires, Argentina” financiado por International Development Research Center CANADA (2019-2022).
• 2
  Las medidas de “adaptación” al cambio climático se orientan a limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio del clima de los sistemas humanos y naturales, incluyendo la biodiversidad, los bosques, las costas, las ciudades, el sector agrario, la industria, etc. (Escoto Castillo et al., 2017).
• 3
  El movimiento liderado por mujeres negras que dio origen a la “tercera ola del feminismo” discutió la idea de que las mujeres fuesen una categoría homogénea que compartía esencialmente las mismas experiencias de vida. Según esta visión, las mujeres blancas de clase media no servían como una representación precisa del movimiento feminista como un todo, ya que las formas de opresión experimentadas por ellas eran diferentes de las experimentadas por las mujeres negras, pobres, indígenas o discapacitadas.
• 4
  La idea de redes sociales ha estado presente en antropología desde la definición de estructura social como una red de relaciones sociales, planteada por A. Radcliffe-Brown en los años 1950.
• 5
  Castles y Miller (1998, p. 25) toman este concepto de Bourdieu y Wacquant (1992, p. 119).
• 6
  Como ejemplo, citaremos los numerosos trabajos publicados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en su colección Cuadernos de la Pandemia, editados en 2020.
• 7
  Tal como se indica en el “Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID-19” realizado por investigadoras de la unidad Coronavirus CONICET del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación conjuntamente con el Ministerio de las mujeres, Géneros y Diversidad: https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/resumen_ejecutivo_mujeres_y_covid_-_mincyt-conicet_-_mingen.pdf .
• 8
  El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 297/2020 dispone una serie de medidas tendientes a la protección de la sociedad argentina de la infección del coronavirus y la enfermedad que ocasiona, limitando la libre circulación y por ende justificando ausencias al trabajo con goce de sueldo y prohibición de despidos, disponiendo controles permanentes de las fuerzas de seguridad, quedando exceptuadas las personas que desempeñen tareas de salud y cuidados. Asimismo, se dispusieron de otras medidas preventivas como la prohibición de desalojos, entre otras. Ver DNU completo: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320 .
• 9
  Diez mil pesos argentinos equivalen a unos ciento veinte dólares norteamericanos aproximadamente.
• 10
  Con el ASPO, debimos cambiar de estrategia presencial a una mayormente virtual, con contactos telefónicos permanentes y armado de registros e informes, con observaciones mediadas por las articuladoras de las organizaciones en red, intervenciones ocasionales en territorio y entrevistas semi estructuradas en dispositivos telefónicos o computadoras.
• 11
  El así llamado “aislamiento comunitario” fue implementado en los barrios populares donde el hacinamiento, entre otros factores, volvían la consigna “quédate en tu casa” promovida por el gobierno era imposible. El mismo fue garantizado por cordones de seguridad compuestos de efectivos de las fuerzas de seguridad que estaban encargados de garantizar el acceso a bienes de consumo indispensable como alimentos y agua, así como a la atención médica. Más información en CLACSO, 2020.
• 12
  Entre ellos podemos citar el texto de Rosas (2020) y la encuesta realizada en abril por AgendaMigrante2020 (acceso al informe: https://drive.google.com/file/d/1bsBrQBf3yZ-PcWIz_LOQ4UUw6NUZSlfj/view ).
• 13
  Algunas categorías del trabajo doméstico eran consideradas esenciales y otras no. También impactó la diferencia entre la modalidad “por hora” y mensual que empleadores utilizaron para justificar la interrupción del pago de salario.
• 14
  AySA es la empresa pública encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la CABA y los partidos del GBA o conurbano bonaerense.
• 15
  La provisión de mercaderías para los comedores y ollas populares se organizó, por un lado, mediante la asistencia del estado (principalmente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de San Martín en este caso), y por el otro, mediante donaciones de personas y familias directamente a las organizaciones sociales de estos barrios (en nuestro caso, gran parte de la comunidad UNSAM y sus contactos).
• 16
  Trabajo informal no registrado.
• 17
  El SSC es de 8500 pesos argentinos, lo cual equivale a unos 85 dólares estadounidenses.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  10 Mayo 2021
• Fecha del número
  Jan-Apr 2021

Histórico

• Recibido
  08 Ene 2021
• Acepto
  15 Mar 2021