Economías campesinas, industria forestal e incendios: inestabilidad socionatural y la agricultura como resistencia¹

Resúmenes

La recurrencia de incendios en los monocultivos forestales chilenos plantea preguntas acerca de la estabilidad socionatural de las economías monoexportadoras. Este artículo problematiza la relación territorial entre la industria forestal -fuertemente subsidiada- y la agricultura campesina -históricamente marginalizada- mostrando las dificultades para la convivencia entre ambas, y para la estabilización de un ensamblaje socionatural que respete e incluya las necesidades de todos sus actores humanos y no humanos.

Industria forestal; economía campesina; incendios forestales; socionaturaleza

The recurrence of fires in Chilean monoculture forestry raises a number of questions about the socio-natural stability of mono-exporting economies. This article problematizes the territorial relationship between forestry industry -heavily subsidized- and peasant agriculture -historically marginalized-, revealing coexistence and stabilization difficulties and problems to reach a socio-natural assemblage respecting and including the needs of human and non-human actors.

Forestry Industry; Peasant Economy; Forest Fires; Socio-Nature

A recorrência de incêndios florestais levanta questões sobre a estabilidade sócio-natural das economias mono exportadora. Este artigo questiona a relação territorial entre a indústria florestal –fortemente subsidiada– e a agricultura camponesa –historicamente marginalizada– mostrando as dificuldades da convivência entre as duas, e para a estabilização de uma montagem sócio-natural que respeite e inclua as necessidades de todos seus atores humanos e não humanos.

agricultura camponesa; agricultura camponesa; incêndios florestais; sócio-natureza

Introducción

El inicio del año 2012 fue dramáticamente acompañado por extensos incendios asolaron el corazón de la producción forestal industrial chilena, destruyendo no solo vastas plantaciones forestales y plantas de elaboración de celulosa, sino también predios agrícolas colindantes. Esta tragedia constituye una instancia estratégica para reflexionar acerca de la relación entre la industria forestal -llegada en las últimas décadas, la preexistente agricultura campesina y el proceso de co-producción de la naturaleza que se ha desarrollado en la región.

El día 31 de diciembre de 2011 se originaron diversos focos de incendio en el seno de plantaciones forestales de las regiones de Biobío y La Araucanía, los cuales, luego de inusuales temperatura y vientos, se propagaron rápidamente. A un día de iniciado, ya se habían consumido más de 8 mil ha. y solo el 6 de enero el incendio quedó bajo control habiéndose destruido 28 mil ha. de plantaciones forestales, bosque, y cultivos agrícolas solo en la región del Biobío y cientos de familias perdieron sus viviendas, bodegas, herramientas de trabajo y cultivos. La excepcionalidad de las pérdidas (en la misma zona ya asolada por un megaterremoto en Febrero de 2010), la muerte de siete brigadistas, y la posible relación con el llamado conflicto mapuche, hicieron del incendio un evento altamente mediático.

Ante ello se desplegaron diversas formas de solidaridad práctica-ayuda material a las víctimas- y posteriormente solidaridad estratégica política. En particular, dirigentas de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) -organización nacional miembro de La Vía Campesina- solicitaron apoyo a profesoras de la Universidad de Concepción para la implementación de un diagnóstico de los daños del incendio a las economías campesinas. En este contexto, un conjunto de estudiantes en práctica de los departamentos de Sociología y Geografía, realizaron un levantamiento de datos en las comunas de Quillón, Florida y Ranquil (Región del Biobío), catastrando daños, entrevistando líderes vecinales y desarrollando mapeos participativos. Los datos recogidos dieron cuenta del dramático impacto de los incendios en las familias y economías campesinas. Estos resultados fueron devueltos a las organizaciones campesinas en el marco del evento político "Semillas Campesinas en Solidaridad" en Abril de 2012. Posteriormente, y con el reposo de los tiempos académicos, se plantea el objetivo estratégico político de problematizar las relaciones entre el modelo socionatural de acumulación forestal y las economías campesinas. Ello permite develar las características de un modelo de acumulación extractivo y ambientalmente predatorio, que ha transformado las economías y el paisaje rural en una naturaleza neoliberal contradictoria para sus habitantes humanos y no humanos.

El presente artículo comienza con una revisión histórica tanto de la agricultura campesina como de la industria forestal, posteriormente reflexiona acerca de las relaciones entre naturaleza y sociedad. Posteriormente se presentan algunos de los datos recogidos en el diagnóstico desarrollado problematizando las articulaciones y desarticulaciones de la producción forestal y las economías campesinas. El artículo finaliza con una reflexión del actuar de las y los actores políticos campesinos en este contexto.

Agricultura Campesina en el Centro Sur de Chile: entre Campesinización Frustrada y Áreas de Refugio.

En Chile la formación de una clase campesina económicamente independiente ha sido un proyecto históricamente frustrado. Desde los inicios de la república el territorio rural estuvo hegemonizado por haciendas, mayoritariamente orientadas a la exportación triguera -a Lima y California- con población inquilina asentada y "peones itinerantes". Solo en sus márgenes se desarrolló una economía de solares y minifundios orientada a la producción para el mercado interno (Bengoa, 1988). Incluso la economía hacendal exportadora fue permanente ahogada por el capital mercantil (Salazar, 2003). Los procesos de reforma agraria -de perspectiva desarrollista- llevados a cabo durante la década de los ´60 y primeros años de los´70, fueron un intento de modernización de la agricultura y de desarrollo de una clase campesina -de productores directos- independiente (Chonchol, 2006). Sin embargo este esfuerzo fue frustrado en sus albores, en tanto el conjunto de reformas económicas y políticas llevadas a cabo durante la dictadura militar, y consolidadas durante los posteriores gobiernos democráticos- configuraron en Chile un modelo neoliberal agroexportador, hegemonizado por la industria agroalimentaria en desmedro de la posición económica y política del campesinado.

Inmediatamente después del golpe de estado de 1973 se detuvo el proceso de reforma agraria en curso. Si bien solo un tercio del total de tierra fue devuelta a sus antiguos propietarios, el resultado general fue la liberación del mercado de la tierra, y posterior reconcentración. Ello pues los otros dos tercios restantes de tierra se repartieron entre predios que fueron licitados y otros cuya propiedad fue reconocida a los campesinos beneficiados por la reforma. El primer caso resultó en un traspaso neto de tierras a una creciente elite empresarial, que hizo un uso intensivo y de agronegocios (Gómez y Echenique, 1988). En el segundo caso, los predios son transformados en pequeñas parcelas privadas, de escasa viabilidad productiva, las que, hacia los años ´80, fueron en gran parte adquiridas por empresarios agrícolas, forestales e inmobiliarios (Echenique y Rolando, 1991).

Durante los años ochenta, los agronegocios particularmente en los mercados nicho de productos frescos, vino premium, y salmón atlántico vivieron un importante crecimiento, llegando a adquirir relevancia en el mercado mundial. Su desarrollo se vio beneficiado, por: (1) La adquisición de tierras a bajo precio durante la contrareforma agraria. (2) El apoyo estatal en investigación y desarrollo en el sector agroalimentario para el aprovechamiento de ventajas comparativas -tales como la contraestacionalidad mediterránea y la baja recurrencia de plagas-. (3) Un mercado laboral albergado por la situación de dictadura y represión, que favorece la flexibilidad laboral y deslegitima las iniciativas de sindicalización. Y (4) un clima abierto y desregulado a la entrada de capitales internacionales. Esta combinación de factores, resultó en una tremenda expansión de las exportaciones alimentarias en un proceso liderado por corporaciones, cuya forma de trabajo se caracterizó por monocultivos, abuso de agroquímicos, trabajo temporal, y exclusión de campesinos y agricultores. Dicho modelo fue continuado con solo leves modificaciones durante la democracia (Gwynne y Kay, 1997; Kay, 2002), bajo el lema "Chile: Potencia Agroalimentaria".

La región del Biobío por su parte, agrega a dichas dinámicas, un importante desarrollo del complejo industria forestal y papelero, cuya expansión se benefició de los mismos procesos antes descritos. De acuerdo a los datos de la Secretaría Regional Ministerial de Agrucultura, la región del Biobío tiene un total de 953 mil hectáreas de plantaciones forestales, permitiendo que de ella se produzca el 76% de las exportaciones forestales nacionales, particularmente en celulosa, papelería, y maderas aglomeradas (http://biobio.minagri.gob.cl/nuestra-region/vision-de-la-region/).

El complejo forestal-papelero ha establecido diversas presiones sobre las economías campesinas. La plantación forestal desplaza directamente a los productores mediante la compra de terrenos, competencia por recursos hídricos, contaminación por el uso de agroquímicos y el recurrente riesgo de incendios forestales, que afectan los predios aledaños. La industria de manufactura de papeles y cartones -instaladas principalmente en espacios rurales- se ha caracterizado por alto uso de agua, altos niveles de emisiones atmosféricas (de compuestos azufrados y cloro-orgánicos) y por la masiva descarga de residuos industriales a los cursos de agua (INDH, 2012), afectando con ello directamente la capacidad productiva de los productores rurales aledaños.

Esta presión sobre la economía campesina se profundiza con la ideología política gubernamental que invita a los campesinos a asumir "el desafío del mercado". Se invisibiliza con ello la dimensión familiar y comunitaria de la agricultura campesina, definiéndolo como productores individuales orientados a mercado; e imponiendo sobre la economía campesina, las categorías analíticas y normativas de un discurso capitalocéntrico y desarrollista (Gibson-Graham, 2006).

En este contexto de expansión de la economía agroindustrial, solo sectores más aislados y de menor plusvalía - secanos y cordilleranos- se constituyeron en "áreas de refugio" de las economías campesinas (Clapp, 1998; Scott, 2011). La región del Biobío -localizada en el centro sur de Chile (36°46'22"S), con clima mediterráneo e irrigada por varios ríos y que hasta mediados del siglo XIX fue zona de frontera con el territorio mapuche-, parece haber albergado algunas de de dichas áreas de refugio. Ya en los tiempos previos a la Reforma Agraria, mientras en las zonas mediterráneas, las haciendas ocupaban la totalidad del territorio, en la zona de Chillan y el Biobío se desarrolló una zona de minifundio y mediana agricultura (Bengoa, 1988). Actualmente, y pese a la presión de los agronegocios y la industria forestal, la región del Biobío aun concentra el mayor número de pequeña propiedad en Chile. De hecho, de acuerdo al último Censo Agropecuario, la región del Biobío alberga al 23% de las explotaciones menores de 5 he. (constituyendo el 48.6% de las tenencias en la región) y al 22% de las menores a 10 he. (64.9% de las tenencias).

Desarrollo Forestal en Chile

La industria forestal -basada en el monocultivo intensivo de dos especies exóticas, pino y eucaliptus- ha experimentado un explosivo crecimiento. Para 1973, el valor de las exportaciones del sector forestal chileno ascendía a sólo US$ 39,1 millones, en 1990 este valor llegó a US$ 840,4 millones y para el 2011, alcanzó a US$5.905,9 Los factores que han alentado este rápido crecimiento:

(1) Política macroeconómica del gobierno, por la cual entre los años 1974 y 1980 hubo una importante diminución de aranceles y barreras no arancelarias con miras a estimular la exportación.

(2) Un conjunto de variables ambientales y sociales que funcionaron como ventajas comparativas. La primera de ellas refiere a ventajas climáticas -clima fresco y lluvioso- las que permiten que especies como el pino radiata alcancen su madurez en 20 años, 15 años más rápido que en otros lugares. A ello se sumó que el proceso de contrareforma agraria generó amplia disponibilidad de tierras erosionadas a muy bajo costo en las zonas de secano costeros. Finalmente la represión al movimiento sindical y la flexibilización del mercado del trabajo consolidada por Plan Laboral de 1979 del Gobierno Militar, proveyó mano de obra rural muy barata y escasamente protegida. Estos dos últimos procesos - disponibilidad de tierra y trabajo a bajo costo- son sintomáticos de la crisis por la que atraviesa la agricultura familiar en el contexto de modernización agroindustrial (Gwynne, 1993).

(3) El rol político de la Corporación de Productores de Madera, CORMA, en la generación de un marco regulatorio y promotor al desarrollo forestal. Esta organización -si bien cuenta con 150 socios- es hegemonizada por dos grandes empresas la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y el grupo Arauco. CORMA y sus miembros, que se vieron amenazadas por la política de expropiaciones de la Unidad Popular, no solo apoyaron el golpe de estado de 1973, sino que hicieron amplio lobby para promover una legislación que beneficiara su sector (Gwynne, 1993). Como consecuencia, el año 1974 la entidad gubernamental COREF (Comisión de Reforestación) se transforma en CONAF (Corporación Nacional Forestal) y pasa al Ministerio de Agricultura, donde permanece hasta hoy, privatizándose los predios y empresas del Estado. Con ello el Estado se retira del desarrollo forestal, reduciendo su rol a promotor del mismo. Ese mismo año se emite el Decreto con Fuerza de Ley DL701 (1974), que argumentando que la actividad forestal protege al suelo de la erosión, establece un subsidio -en vigencia entre 1974 y 1998- de hasta 75% de los costos de limpieza de tierra, plantado, cercado y manejo de la producción forestal. Como resultado de esta ley, el Estado otorgó subsidios por hasta 116 millones de dólares nominales, financiando la plantación de 869.704 ha (Gwynne, 1993). En el año1975, el Gobierno aprobó un decreto que autoriza la exportación de productos forestales independientemente del valor agregado y la cantidad de elaboración en Chile. Esto permite la exportación de rollizos y astillas que habían sido prohibidas previamente para el envío (Gwynne, 1993).

Posteriormente en el año 1998 -ya en democracia y bajo un gobierno de centro izquierda- se emite la ley 19.561 (1998) que modifica el DL 701 extendiendo su vigencia hasta el año 2011, y se entregan beneficios especiales a pequeños y medianos propietarios, subsidiando hasta el 90% de los costos de plantación en las primeras 15 he.

Hacia el año 2008, diversos actores del sector forestal hacen el diagnóstico que los bosques plantados a la fecha han sido aprovechados al límite de su oferta económica. Además existirían dificultades para la adquisición de nuevos predios, debido a su reducido tamaño, y los límites puestos por la ley indígena 19.253, que restringe las posibilidades de adquirir tierras comunitarias a personas no indígenas. Ello limita la expansión de la industria y se plantea la necesidad de incorporar a la agricultura familiar campesina al negocio forestal (Leyton, 2009). Ello nuevamente pone el foco en la región del Biobío donde coexisten una vibrante industria forestal y un área de refugio de agricultura campesina. De hecho la "Propuesta para el Desarrollo de un Plan Nacional Forestal" presentada el año 2008 por el Colegio de Ingenieros Forestales de Chile señala la necesidad de:

"Incorporar en forma integrada a los campesinos (AFC) al negocio forestal especialmente en el aprovechamiento del recurso. La propuesta de desarrollo de la AFC (...) postula la integración local y regional de productores forestales campesinos al interior de cadenas productivas (...) Fomento a la forestación con plantaciones forestales (promoviendo especies multipropósito), en áreas de abastecimiento de industrias manufactureras de productos madereros y no madereros (CIFAG, 2008: 39)

En este sentido adquiere especial relevancia la ley 19.561 (1998) que modificó el DL 701. Este último era excluyente de los pequeños propietarios porque la bonificación exigía (1) la ejecución del gasto previo para recuperar posteriormente el 75% de los costos y (2) la mantención de una contabilidad de ingresos y gastos; ambos requisitos removidos por la Ley 19.561. De hecho la nueva ley contempla un crédito de enlace para financiar la plantación y se establece que los pequeños propietarios forestales siempre tributarán sobre la base de renta presunta, por consiguiente, no requieren llevar contabilidad completa (Fiabane 1998). Como resultado ello, entre 1998 y 2010, el Estado bonificó 345 millones de dólares a la forestación de 600.000 he.

Una vez finalizado el período de la ley 19.561, el 3 de Enero de 2011 se promulga la ley 20.488 que modifica y extiende la vigencia del DL 701 hasta el 1º de Enero de 2013. Particularmente se crea la categoría de mediano propietario forestal (de hasta 100 he), también sujeto a beneficios especiales, y se conceden incentivos especiales a comunidades indígenas que foresten sus predios.

Esta incorporación de la agricultura campesina al sector forestal se asocia a varios procesos. El primero de ellos es lograr incorporar a los circuitos de la industria forestal, espacios que estaban en sus márgenes y fuera de su alcance. Esto implica una profunda transformación de la agroecología del territorio, en tanto predios dedicados previamente a la pequeña producción agrícola -donde coexistían plantaciones trigueras, horticultura, pequeña ganadería, sitios en barbecho y pequeños paños de bosque- son colonizados por monocultivos forestales.

Un segundo proceso significativo es una transformación temporal de las economías campesinas. Si las economías campesinas se organizan en torno al ciclo agrícola y el ciclo vital familiar, la plantación forestal reorganiza esa temporalidad. La plantación forestal no ofrece ganancias de corto plazo ni ingresos anuales. Eso obliga a los pequeños propietarios forestales a buscar mecanismos de asalarización, principalmente en las mismas empresas forestales. El largo plazo de crecimiento de los árboles dificulta los cálculos costo beneficio, de hecho el tiempo de producción excede el tiempo de trabajo efectivo. Esto por su parte puede ajustarse a los ciclos familiares con decisiones como plantar para la educación de los hijos o para la jubilación. En ese sentido incorporar a la agricultura campesina al negocio forestal es externalizar la gestión de los tiempos.

También existe una externalización de los riesgos. El tiempo de crecimiento de los pinos y eucaliptus es tiempo riesgoso, de alta vulnerabilidad a plagas, sequías y especialmente incendios. En ese sentido es más rentable para la industria forestal la inversión en procesamiento de pulpa y aserraderos ante que la inversión en plantación, la que puede ser delegada a la producción campesina.

En este contexto de amplio desarrollo de la industria forestal en una "área de refugio" de la producción campesina, y donde se plantea incorporar a la población campesina en la misma, cabe preguntarse acerca de la naturaleza de esta relación. Y el impacto del incendio constituye un ámbito privilegiado para esta reflexión

Naturaleza y Sociedad: una apuesta simétrica

La relación entre naturaleza y sociedad están en el centro de la ecología política oscilado teóricamente entre el realismo crítico y posiciones constructivistas (Nightingale, 2002). La primera perspectiva asume a las realidades sociales y ambientales como ámbitos existentes, separados y mutuamente contradictorios. La realidad ambiental se presenta -en una vena Malthusiana- como un límite externo al crecimiento socioeconómico, por ejemplo O´Connors "límites naturales". Las posiciones constructivistas, por su parte se enfocan en el proceso lingüístico, social y político de producción de la naturaleza. Se habla así de construcción social de la naturaleza (Eder, 1996) y la producción de naturaleza social (Castree and Braun, 2001). Estas perspectivas, terminan siendo profundamente antropocéntricas, en tanto el foco en la construcción humana obscurece las dinámicas autónomas de la naturaleza, asumiéndola como pasiva, maleable y vulnerable. Ambos polos analíticos no capturan las complejas relaciones entre la sociedad y la naturaleza, siendo entonces limitados para el entendimiento de los problemas ambientales (Murdoch, 2001). Entre esas posiciones, el trabajo epistemológico de Bruno Latour viene a ofrecer un puente mediador entendiendo que las entidades naturales y sociales están ligadas en complejas interrelaciones (Murdoch, 2001, Castro y Zusman, 2009).

El trabajo de Bruno Latour es co-construccionista invitando a hacer descripciones simétricas de como los actores humanos y no humanos (naturaleza, tecnología y artefactos materiales) interactúan, forman redes, ensamblajes y asociaciones heterogéneas que actúan colectivamente y constituyen el mundo que habitamos (Callon and Law, 1997). Ello implica superar reduccionismos que considera a las condiciones materiales o a los seres humanos, como causas últimas del cambio o estabilidad social, argumentado que las relaciones suelen ser complejas y contingentes. Se entende así que la acción es el producto de la movilización compleja de una red de actores y actantes: un actor-red (Latour, 2006).

Es así que cada actor es un desempeño (performance) colectivo, rizomático, por el cual la multiplicidad de elementos humanos y no humanos se traducen y estabilizan (Callon and Law, 1997). Es central para un análisis simétrico del caso, el hecho que el fuego como actante fue albergado por un "cuasi objeto" latouriano -social y natural-, una "naturaleza construida" -en términos de Smith (2007) -, un "ecosistema creado" -en términos de Harvey (1996) -. La masiva inyección de capital, los subsidios estatales, la demanda de papel, los pinos y eucaliptus, las empresas papeleras, han creado un una ecología altamente vulnerable al fuego. El cultivo masivo de especies exóticas, sacadas de su contexto y subordinado a la lógica temporal y a los propósitos de acumulación de empresas de capital producen un ensamblaje socionatural con una ecología distintiva y de amplia cobertura territorial y temporal. Estas ecologías distintivas son actantes en sí mismas en tanto tienen una materialidad que escapa del control social -como lo muestran dramáticamente los incendios forestales- y que tiene efectos no anticipados en el vínculo naturaleza-capital.

B. Latour, en el texto Politics of Nature (2004) reclama por una ecología política que trascienda las dualidades entre las ciencias naturales y sociales, para dar cuenta de los ensamblajes colectivos heterogéneos que son los procesos socionaturales. La ciencia moderna distingue entre la discusión acerca de los hechos -objetivos, externos- y los valores, el ámbito de la política y ocasionalmente de las ciencias sociales. Sin embargo esta separación de ámbitos puede ser peligrosa en tanto ignora la construcción social de los hechos y de la naturaleza, y crea una discusión política que ignora la autonomía de los procesos del mundo natural. Hablar de ecología política, para Latour, debe permitir relevar los ensamblajes, los colectivos simétricos humanos y no humanos en los que se constituye lo social. En términos de política, implica la politización de los objetos y la naturaleza, los sujetos llegan al mundo político no solo como individuos lingüísticos, sino como miembros de asociaciones colectivas humanas y no humanas que trascienden las dicotomías de sujeto-objeto.

Hablar políticamente de los ensamblajes del contexto rural chileno implica problematizar el rol del capitalismo. Sin embargo apelar a categorías supergenerales como "capitalismo" es contradictorio con los principios latourianos de sociología simétrica. Es por ello que se lo usará en el sentido de Castree (2002) de una estabilización contingente de actores y procesos que mantienen una cierta regularidad histórica en el territorio. Con Swyngedow (1999) es posible decir que el desarrollo forestal en Chile ha sido un proyecto geográfico, que envuelve una intensa transformación del paisaje -se reensambla la relación naturaleza y sociedad- y se expresa en el desplazamiento de la agricultura familiar, la instalación de monocultivos, la reducción de los recursos hídricos, etc.

Más aún, como señala Castree (2002) la circulación del capital -en este caso el proceso de acumulación forestal- está embebida en una ecología, en este caso una ecología co-construida. Sin embargo la naturaleza, pese a participar en el proceso de acumulación, se hace invisible, puesto que éste, solo se organiza desde la categoría de trabajo. Ahora bien -también con Swyngedow- los procesos humanos, naturales, materiales, tecnológicos que se entrelazan en la creación del híbrido socionatural que es una plantación forestal, están llenos de tensiones y conflictos. Estos no están de ninguna manera totalmente subsumidos al control del capital, ni al control humano en general, sino que el metabolismo de la naturaleza -incluso el de la naturaleza producida- excede el control que los actores humanos establecen sobre él. Producir una nueva naturaleza no significa ser capaz de controlar una nueva naturaleza. Ésta mantiene una agencia propia, una ecología donde el fuego y sus consecuencias son ubicuas. El trabajo intenta crea objetos -que se cree bajo el control- pero en realidad son cuasiobjetos que se escapan y tienen consecuencias dramáticas en otros actores de la red. De esta manera la contradicción naturaleza-capital no proviene de un límite externo puesto por la naturaleza, sino por las características irreductibles de una red socionatural que se ensambla en torno a la operación del capital. Por ejemplo al ubicar especies -como los pinos y eucaliptos- fuera de su contexto ecosistémico (en tanto tiene valor como mercancías), las hace más vulnerables al fuego y altera la agroecología preexistentes. Así también se acelera el contraste entre los tiempos de acumulación del capital -lineales y de corto plazo- y los tiempos de los ciclos de sobrevivencia y reproducción de las familias y de la naturaleza, no lineales y múltiples.

En suma el capitalismo como coordinación de actores y acciones, es central en la configuración de un territorio donde la tierra ha sido concentrada y los monocultivos dominan el paisaje. Las empresas forestales, respaldadas por un marco regulatorio muy favorable, son los actores centrales en la configuración espacial de la región. Ahora bien, en este contexto las entidades naturales son activas en el proceso de circulación, en medida variable y contingente a cada caso. El capital antes que ser necesariamente antiecológico es destructor creativo (Smith, 2010) entonces la pregunta relevante aparece es qué -qué bienes y qué males- y para quién se está creando. Donde de hecho, entre los bienes y males que se están creando se encuentra el despojo (Harvey, 2003) de las economías campesina, o en otras palabras la transformación de las tradicionales economías campesinas basadas en la subsistencia, en economías basadas en la asalarización y la agricultura comercial.

La aproximación metodológica

Los recurrentes incendios forestales constituyen un muy poderoso símbolo material de la inestabilidad socioambiental del ensamblaje que constituyen las plantaciones forestales. Este incendio en particular -por su cercanía a áreas urbanas, la trágica muerte de brigadistas, y los altos costos económicos para las economías campesinas- se constituyó en un símbolo político particularmente dramático del fenómeno, que suscitó amplia discusión y redes de solidaridad en las que la Universidad de Concepción no estuvo ajena.

A solicitud de ANAMURI, y con la colaboración de un conjunto de estudiantes en práctica de la Universidad de Concepción se catastraron los daños de un total de 13 localidades de las comunas de Ranquil y de Quillón en la Región del Biobío. Para el desarrollo del catastro se hizo en un primer momento -durante el mes de enero- un barrido in situ de las localidades, intentando obtener información de la totalidad de hogares y predios incendiados, ya sea contactando a los afectados en el mismo predio o en los albergues de refugio. Se consideraron como informantes válidos a adultos que residieran permanentemente en el predio u hogar afectado. En este barrido se levantaron un total de 208 encuestas, las que no respondieron a una selección aleatoria (imposible en la situación de catástrofe vivida en el momento) sino que corresponden a un proxi censal de los afectados. Las encuestas se compusieron de preguntas cerradas y abiertas, acerca de los siguientes items:

1. 1. Los daños materiales en infraestructura residencial y productiva del incendio.

2. 2. Los daños personales, físicos y psicológicos, de la experiencia.

3. 3. Percepción de causas y responsabilidades.

4. 4. Tipos de ayuda recibidos, y su gestión por organizaciones locales.

Los items 1 y 4 fueron preguntas cerradas, mientras que los dos y tres fueron elicitados mediante preguntas abiertas, y las respuestas fueron luego re-codificadas temáticamente.

Luego de este primer barrido se realizaron 12 de entrevistas en profundidad con líderes vecinales, y 5 cartografías sociales con personas consideradas relevantes dentro de sus propias comunidades. Las entrevistas se enfocaron en una historia del paisaje local, su evolución económica y la relación entre la industria forestal y la vida campesina. Las cartografías fueron elaboraciones colectivas de un mapa de su lugar habitado. En particular se pidió a los participantes dibujar su sector, identificando el uso social del espacio, sus significados, elementos de su historia y sus futuros posibles, poniendo especial foco en las controversias territoriales. Se grabaron las conversaciones que acompañaron la elaboración de los mapas. Tanto las entrevistas en profundidad como los ejercicios cartografícos fueron tratados con técnicas de análisis de contenido simple. Posteriormente, algunos de los estudiantes que participaron en esta recolección de información desarrollaron sus memorias de título en la misma temática y territorio, recogiendo -con metodologías etnográficas- las percepciones y estrategias de los habitantes locales respecto de la industria forestal. Así también se desarrolló un análisis de prensa acerca del tratamiento mediático del evento.

La difícil convivencia con el complejo forestal - papelero

La convivencia con el complejo forestal-papelero no es fácil, amenazando la viabilidad de las economías campesinas, quienes se ven afectadas tanto por las plantaciones de especies foráneas como por la operación de las empresas elaboradoras de celulosa. La forma más directa en que las plantaciones forestales afecta a la agricultura es por el alto uso que ellas hacen de las fuentes de agua -especialmente las napas subterráneas- lo que compite con el uso de las mismas por parte de las comunidades campesinas. Si bien la literatura científica es contenciosa respecto de evaluar el uso efectivo de recursos hídricos y la modificación de las propiedades hidrológicas del suelo dada por la forestería (Oyarzún et al., 2011), la experiencia subjetiva de las comunidades campesinas es que la forestería intensiva -en la cercanía de cursos de agua- habría contribuido a secar las vertientes, pozos y esteros.

"El problema que plantan muy cerca de las norias de agua entonces los pinos se toman toda el agua. Ni tampoco son dignos, como la ley dice que tienen que plantar a treinta metros árboles nativos para que esa noria de agua no se seque y no lo hacen, no lo hacen y nosotros hemos estado luchando, aquí todo el sector tenemos una lucha con la Mininco" (Entrevista en profundidad, líder vecinal)

Este daño a los recursos hídricos, se ve agravado por las descargas de residuos industriales líquidos que la industria papelera hace regularmente sobre cursos abiertos de agua, afectando la variedad de usos que el mundo campesino hace de ríos y esteros.

"Ahora no, uno no va al río, porque le da miedo, que esté contaminado, que tenga algo.... Está más bajo, hay menos agua, está más sucia el agua. Hay días en que el agua sale muy sucia, hay otros días que sale espuma del agua"

"Antes podías ir a nadar, pescar, pero ahora nadie se atreve a ir mucho al río". (Entrevistas Recopiladas en la Memoria de Título Durán, 2014)

Ello que se suma las emisiones de compuestos azufrados y organoclorados. Ambos procesos son percibidos como dañinos -para la propia salud y para los cultivos- por parte de las comunidades campesinas como lo muestran los siguientes extractos:

El olor es constante, y es más, eso de la lluvia ácida es cierto porque cuando en la mañana cuando tu te levantas y ves hacia allá es cierto que hay una nube y que no moja, pero sí queda en las plantas.

Antes había muchas más viñas que ahora, y ahora ya no hay viñas... si tú vez los campos son cada vez más pobres y de hecho esta comuna después que llegó la plata [papelera] es una de las más pobres que hay. (Entrevistas Recopiladas en la Memoria de Título Durán, 2014)

Previo al incendio de 2012 -que convoca este documento- existieron en el territorio al menos dos eventos de alto impacto asociados al complejo forestal -papelero, impactando directamente a la población campesina de la región. El primero de ellos fue una masiva fuga de "licor negro" -solución de ácidos resínicos y metales pesados residual a la producción de celulosa- de la Planta Nueva Aldea, producto del mega sismo que afectó a la zona el 27 de Febrero de 2010. La solución de derramó directamente sobre los predios colindantes causando la pérdida total de cosechas y obligando a la empresa a pagar indemnizaciones totales. Segundo, en Septiembre de 2011, hubo un derrame de RILES no tratados en el estero Vilumanque, afluente del río Itata, una de las principales cuentas de la región. Estos eventos no son de ninguna manera excepcionales, existiendo documentados eventos similares en otras zonas del país (como por ejemplo el derrame en el Rio Cruces en Valdivia (Sepúlveda y Bettati, 2005, Selva, 2005).

El Incendio y sus consecuencias

La Corporación Nacional Forestal, CONAF (2011), ha estimado en sus estadísticas que entre 1984 hasta 2011, a lo largo del país han sido afectadas más de 1.453.570 he. por Incendios Forestales, en 152.284 casos. Esto da un promedio histórico de 5.640 incendios por año y de 53.836 ha. afectadas anualmente. La Región del Biobío es aquella que sufre mayor cantidad de incendios con un promedio de 1.973 incendios por año (período 1977-2011) y con pérdida anual de 11.380 ha. Es decir, el dramático -y altamente mediático- incendio del año 2011 solo dobló el promedio anual de la región. Esto es ampliamente percibido por los vecinos de plantaciones forestales, quienes señalan "mientras existan las forestales van a existir los incendios...".

Pese a la historia de recurrentes incendios; el evento de 2012 tuvo dramatismos particulares. De acuerdo a los datos recopilados para las 208 familias encuestadas, las propiedades rurales -generalmente pequeñas (tamaño medio de 22,3 ha)- fueron dañadas casi completamente; en promedio se quemó el 86,8% de la superficie de la propiedad. Para el caso de las áreas cultivadas este daño es aún mayor con un 97% de perdidas promedio. Estos dramáticos números reflejan la incapacidad de los esfuerzos privados para detener el incendio como también la escasa institucionalidad gubernamental y casi nula privada para contener estos brotes. De hecho las empresas forestales carecían de brigadistas especializados, y los brigadistas de CONAF solo lograron contener el incendio con el uso de cortafuegos, lo que limitó la extensión del incendio pero no protegió las áreas ya cercadas por las llamas.

De las familias afectadas, 40% perdieron sus viviendas. Quienes las salvaron, lo hicieron gracias a medidas privadas de contención, realizando cortafuegos en torno a la vivienda y sacrificando con ello el resto de la propiedad. Las bodegas y establos, no pudieron ser salvados en la misma magnitud, resultando en que 57% sufrieron pérdidas totales.

Notoriamente los hogares encabezados por mujeres fueron lo más dañados. Dichos hogares -sin hombres adultos- probablemente privilegiaron la evacuación humana ante que el salvataje de bienes inmuebles. Esta amplia diferencia de género, abre la pregunta acerca de la carencia de redes comunitarias y públicas que apoyaran a estos hogares, lo que nuevamente releva la privatización de las acciones de salvataje, que abandonaron dichas tareas a la acción de las propias familias.

Tabela 1
Porcentaje de daños totales en infraestructura según sexo de la jefatura de hogar

Es muy interesante en términos socioambientales el caso de los daños sobre los cursos e infraestructura de agua. Como se señaló, la gestión del agua ha sido históricamente crítica en la industria forestal, puesto que ésta modificaría las propiedades hidrológicas del suelo, existiendo disposiciones regulatorias respecto de las plantaciones en cercanía a los cursos de agua. Ahora bien, existe la percepción social de que dichas disposiciones han sido repetidamente violadas, y que los cursos han sido significativamente mermados. De hecho en la encuesta los agricultores señalan que el incendio causó escaso daño a los cursos de agua, e incluso 50% de los entrevistados da la paradójica respuesta de que el luego del incendio los cursos de agua habría incrementado su caudal. Esto es, en ausencia de los pinos y eucaliptus, existe la percepción que el agua se habrían recuperado. Ahora bien, si los cursos de agua fueron escasamente dañados, sí hubo un amplio daño a la infraestructura domestica para el manejo de agua para riego y domiciliaria, documentándose un 85% de daño total a canales, bombas y mangueras.

Finalmente el catastro mostró pérdidas casi totales en árboles frutales y madereros como también en viñas y chacras. Solo los animales -especialmente aquellos dotados de mayor movilidad- pudieron ser salvados: muchos entrevistados señalaban que "los animales arrancaron solos". Estas pérdidas, ocurridas a uno o dos meses antes de la cosecha, significan un costo extremadamente alto para economías campesinas de ciclo anual ya bastante empobrecidas.

Tabela 2
Daños productivos.

En términos personales, el incendio -además de la muerte de siete brigadistas- ocasionó el deceso de dos residentes. La totalidad de los entrevistados señalan que ellos o algún miembro de su familia sufrieron secuelas psicológicas del incendio: miedo a manipular fuego (incluso cocinas), ansiedad, crisis de pánico, etc. Así mismo, un 77% señala que ellos o algún miembro de su familia habría sufrido alguna secuela física, principalmente quemaduras de diverso grado y afecciones respiratorias.

Como muestran los datos, sumado a la recurrencia periódica de estos eventos, el conjunto de daños que los incendios forestales causan en las economías y comunidades campesinas es excesivamente alto, poniendo graves límites al desarrollo de proyectos autónomos de acumulación. Estos límites transitan desde la permanente pugna por el uso del agua y el abuso de agroquímicos hasta la total destrucción asociada a la realidad siempre probable de incendios forestales descontrolados. Al respecto es particularmente dramático el hecho que 71% de los entrevistados considera que el incendio fue intencional e incluso un 22% culpabiliza directamente a las forestales, con discursos tales como

"Bueno, los demás focos se dice que fueron intencionalmente, que debido a ese incendio que se produjo ahí, tuvieron la oportunidad para producir más focos de incendio, para poder recuperar todos sus bosques muertos que ellos tienen, porque para acá los bosques están todos infectados." (Cartografía Social)

Así mismo 22% de los entrevistados atribuye la magnitud del incendio a la ausencia de acciones efectivas de prevención (21,51%). Estas contemplan la mantención de corta fuegos, limpieza de caminos, campos y propiedades, restricción a las zonas de camping, control de quemas, entre otras. El no cumplimiento de estas medidas constituye una violación de la reglamentación por parte de las plantaciones forestales. Y en el caso de los pequeños propietarios forestales -esto es familias campesinas que, accediendo a los subsidios, plantan árboles en sus predios- estas medidas son muy raramente implementadas.

Más aún, en el trabajo en terreno realizado se observó la inexistencia de cortafuegos, de tal manera que las viviendas y terrenos particulares, solo se separan de las plantaciones forestales, por caminos secundarios. Esto es aún más grave para los pequeños propietarios forestales, quienes buscando aprovechar al máximo su espacio, plantan árboles con mucha cercanía a las viviendas.

Esta cercanía de las plantaciones forestales y las comunidades, han configurado una sensación de encierro.

"Malo está, porque las forestales ya están en las puertas de la casa. Porque aquí estamos a doscientos metros de aquí para allá hay una forestal. De aquí pal´ cerro más lejos para allá. Pero de aquí a este otro lado como a trescientos metros viene una forestal aquí. Entonces se pierde todo" (Cartografía Social) "Somos pocos los que estamos salvando el pedacito de campo. Por que los demás las mismas forestales, los han arrinconado, los arrinconan, los encierran y al final tienen que vender porque ¿qué hacen encerrados?" (Entrevista en profundidad líder vecinal)

Y ello tiene como consecuencia directa una significativa devaluación del precio de la tierra

"Si po, los pinos hacen eso, no y además que están todos rodeados de pinos allá arriba, porque las forestales han arrasado, los encierran y los encierran y al final tienen ahí y los obligan a vender digamos a muy bajo precio sus terrenos, y aquí pueden valen 12.000.000 pesos una hectárea y allá para cerro negro que es forestal vale 300.000 pesos " (Entrevista recopiladas en la Memoria de Título Carrasco, 2013)

En ese contexto, la relación con la industria forestal transita no por la exclusión -que parece haberse resuelto con la ley 19.561- sino por las condiciones de la inclusión y de la relación entre el ensamblaje industrial y las economías campesinas, ello especialmente en relación a dispositivos como la (in)existencia de medidas de contención de incendios y de medidas para asegurar y compensar a los propietarios agrícolas afectados externamente por los incendios.

Cabe preguntarse entonces quién asume dichas medidas compensatorias, esto es, cómo se maneja el problema de las fragilidades del ensamblaje forestal y sus externalidades. A un año del siniestro, las empresas forestales no habían asumido ningún tipo de responsabilidad económica ni legal respecto de sus consecuencias. De hecho, estos costos han sido discursiva y materialmente privatizados. Tampoco han implementado medidas compensatorias específicas; las que recayeron totalmente en manos del Estado.

La legislación chilena no contempla la figura de externalidad en los incendios forestales: las empresas no son legalmente responsables de los daños que los incendios de sus predios puedan causar en terceros. Solo son responsables de violaciones a la ley de bosques (por ejemplo al no contar con cortafuegos), lo que puede si bien puede acarrear multas, éstas ciertamente no alcanzan a los costos económicos de los potenciales incendios.

Si las comunidades campesinas tienen una opinión y juicio sobre las responsabilidades del complejo forestal-papelero en los recurrentes incendios ¿cuál es juicio propuesto por el discurso político hogemónico?. Desde el primer momento actores gubernamentales hicieron declaraciones públicas orientadas a desplazar la causalidad del siniestro desde las características socionaturales de un modelo productivo escasamente regulado, a la acción privada de individuos criminales e irresponsables. Particularmente ya durante la ocurrencia del incendio, el Ministro del Interior responsabilizó -sin pruebas- a acciones terroristas del pueblo mapuche (El Comercio, 2012). Posteriormente a solo 15 días del incendio la presidencia de la república presentó un proyecto de ley orientado a aumentar las sanciones para los responsables de incendios forestales. Este proyecto -que se concretiza en la ley 20.653 (año 2013)- aumenta las sanciones a conductas negligentes o criminales que provoquen directamente el fuego, pero no modifica significativamente las regulaciones y sanciones al sector forestal (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2013).

Así mismo como parte del desplazamiento en la responsabilidad del incendio, un año después del evento se apresó a un presunto responsable del mismo. El sindicado fue un trabajador forestal quien habiendo sido despedido, habría iniciado el incendio en venganza a la empresa (Guzman, 2013). Con ello se termina de privatizar la responsabilidad del incendio, encubriendo la pregunta acerca de las consecuencias de un modelo productivo desregulado que genera los incendios como externalidades permanente.

Las empresas forestales tampoco han asumido costos en la reconstrucción de las economías campesinas gravemente dañadas. Durante el año 2012, todo el apoyo económico que recibieron los afectados provino exclusivamente de fondos públicos. Particularmente el Estado ha entregado a través del INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) bonos para la adquisición de insumos y reconstrucción de sistemas productivos a 550 pequeños agricultores por un monto total de $335.800.000 (US$671.600); $214.000.000 (US$428.000) para recuperar inversiones a 85 agricultores medianos (Reyes, 2012); $77.000.000 (US$154.000) de pesos en recuperación de sistemas de riego, $500.000.000 (US$1.000.000) en la reposición de infraestructura (cercos y bodegas) y $2.200.000 (US$4.400) en el "Programa de Reemprendimiento de Pequeños Productores". Por su parte la Corporación Nacional Forestal reforestará 1.000 hectáreas en dos años, junto a la entrega de asistencia técnica a 300 pequeños propietarios forestales.

Además de los anterior, el Estado ha incurrido otros gastos tales como trabajos de vialidad para reconstruir las carreteras dañadas (Taurán, 2012); control de roedores, y restauración del patrimonio natural del ecosistema Cayumanque (Cisterna, 2012). Todo ello puede entenderse como una nueva y masiva forma de subsidio indirecto a la actividad forestal por la cual las ganancias de la misma se disfrutan en forma privada, mientras sus costos son primero externalizados a familias campesinas y luego socializados por la vía de aportes estatales.

Reflexiones finales: de la fragilidad de un ensamblaje y la agricultura como resistencia

Ecología política, para Latour, implica la politización de los objetos y la naturaleza en asociaciones colectivas humanas y no humanas que trascienden las dicotomías de sujeto-objeto. El desafío es entonces la discusión política de este ensamblaje socionatural, que es el modelo forestal, el cual no solo se ha instalado en el espacio de economías campesinas tradicionales sino que también ha buscado activamente su agenciamiento como pequeños productores forestales. Ello pues le permite acceder indirectamente a terrenos que difícilmente podría adquirir; le permite externalizar parte del tiempo de trabajo -particularmente aquella que provee menor plusvalía-; como también la externalización de los 20 años de riesgos -de plagas, sequías e incendios- asociados al crecimiento de las plantaciones.

Las comunidades campesinas de la región del Biobío, están dotadas de una historia de resiliencia. Han ocupado zonas de refugio y se ha adaptado por largo tiempo a condiciones adversas y a la presión de las economías dominantes. Ahora, frente a la presencia ubicua de la forestería, desarrollan nuevas maneras de adaptación, negociación y como veremos también de resistencia. Es por ello que frente a la masiva e inevitable presencia de la industria forestal, sus acciones son estratégicas y oblicuas. Muchas familias, teniendo amplias aprensiones acerca del impacto de la producción forestal en sus propias comunidades, optan no solo por asalarizarse en la industria sino incluso por plantar pinos y eucaliptus en sus propios predios. Fungen así como pequeños propietarios forestales en articulación con la industria papelera y recibiendo los generosos subsidios para la forestación.

Como consecuencia el ensamblaje forestal -ya de suyo de socioecología muy frágil- se hace aún más inestable, volviéndose un cuasiobjeto inmanejable. Si las empresas forestales malamente cumplen las disposiciones acerca de cortafuegos, número de brigadistas, y otras medidas para la prevención de incendios; para los pequeños propietarios forestales, dichos requerimientos son imposibles.

Los costos de esta inestabilidad ciertamente están mal repartidos, y como fue ampliamente presentado en el texto, en caso de catástrofe, éste es mayoritariamente asumido por las economías campesinas y contenido desde el gasto público, no existiendo obligaciones legales que obliguen a la industria a hacerse cargo de sus externalidades.

El ensablaje forestal se relaciona con las familias campesinas jugando la política de los deseos. Las familias son puestas en la disyuntiva de por una parte rechazar la penetración forestal de sus territorios y por la otra buscar alguna forma de inclusión en dicho modelo por la vía de asalarización o convirtiéndose en pequeños propietarios forestales. En su búsqueda por sobrevivencia no les aparece más alternativa que desear aquello que rechazan. ¿O si la hay? A este respecto quiero volver a las posibilidades simbólicas y políticas del trabajo de ANAMURI, la organización con quien fue realizado el estudio.

El encuentro de ANAMURI donde se presentó una versión preliminar de este artículo fue cerrado con un trefkintu, rito que transformó el duelo del incendio en una afirmación de esperanza. Un trefkintu es un intercambio ritual de semillas -que remite a lo intercambios mapuches-, en los cuales se permutan pequeñas cantidades de semillas para su propagación en otras huertas. La recuperación de esta práctica tradicional de propagación de semillas remite al desarrollo de un proyecto de manejo descentralizado de la biodiversidad implementado por una ONG local. Como rito performativo ha alcanzado amplia resonancia entre las comunidades campesinas, de hecho muchas actividades sociales y políticas son iniciadas o culminadas por un trefkintu.

El trefkintu, como asociación colectiva entre campesinos, semillas, tierra y conocimiento, constituye un espacio de politización de sujetos y objetos desde donde se construye resistencia y esperanza. La construcción política de alternativas al modelo de acumulación forestal no parece transitar por la participación -más o menos ventajosa- en la red socionatural de la misma, sino por la afirmación económica y política de redes alternativas afirmadas en la revalorización de economías campesinas, como lo muestra la performance de las "demandantes" de este estudio, ANAMURI.

Esta performance remite a una doble transformación de la política campesina. Por una parte, la reorientación desde una política de negociación y oposición con la industria -agrícola o forestal- a una política de recuperación de las identidades campesinas. Así también hay un reenfoque desde la sola demanda por la tierra a una demanda más amplia que involucra la complejidad de la apropiación del territorio, que no es tierra desnuda sino habitada por naturaleza, personas, agua, semillas. En este contexto, y frente al creciente monopolio agroindustrial de la producción de semillas, recuperar el control sobre un amplio pool genético de semillas, se constituye en un objetivo prioritario para el mundo campesino.

De esta manera en el contexto de la acumulación forestal, la sola continuidad de la ocupación territorial mantenida por los campesinos y la continuación de prácticas agrícolas, constituyen en sí mismas una forma de resistencia activa frente al ensamblaje forestal por la vía de ofrecer un ensamblaje alternativo que politiza y respeta los intereses de sus distintos actores: campesinos, tierra, naturaleza, semillas, biodiversidad. Resistir esta desposesión y reclamar el derecho a ejercer la agricultura transita por una redefinición acerca de las opciones y criterios de racionalidad económica. Existe en su oposición política una renuncia -e incluso un rechazo- al criterio de maximización de utilidad y su reemplazo por un criterio de subsistencia y reproducción social y ecológica de la vida. En este sentido, el proyecto agroecológico campesino no es un reducto fuera del capitalismo, sino más bien una performance póst-capitalista (Gibson-Graham, 2006). Ello porque, ya habiendo experimentado los procesos de exclusión y despojo asociados a la participación en los ensamblajes socionaturales de la producción capitalista, reacciona frente a ellos con la afirmación voluntarista de la subsistencia y la reproducción ampliada de la vida como valor económico prioritario.

Esta opción no es una opción localista, sino que se apoya en la creación de un espacio rural alter-transnacionalizado, como queda demostrado con los vivos contactos internacionales mantenidos por las dirigencias campesinas. Así junto a la presencia de corporaciones y agronegocios, emergen formas de organización campesina que conectan productores organizados y organizaciones globales. Así, por la vía de la participación en Vía Campesina se vinculan problemas e iniciativas locales que repiten en diversos territorios. Temas como la lucha por la tierra, el agua, el salvataje de la semilla, la biodiversidad, la soberanía alimentaria son al mismo tiempo argumentos de relevancia local y global, que conectan las vidas y luchas de campesinas particulares con un movimiento global de contrapropuesta a la globalización capitalista (McMichael, 2008).

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• 1
  Este artículo fue escrito como parte del proyecto FONDECYT "Agoecología y Agricultura Orgánica en el Centro Sur de Chile: Cadenas de Valor y Redes de Gobernanza" (N° 11110020)

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  Jan-Mar 2015

Histórico

• Recibido
  21 Jun 2013
• Acepto
  06 Oct 2014