CRÍTICA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS: NARRATIVA DE RESISTENCIA AL SISTEMA DE EVALUACIÓN EN CHILE

A critique to the standardization for accountability: narrative of resistance of the assessment system in Chile

RESUMEN:

Este artículo aborda las tensiones político-educativas subyacentes al Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), visibilizando su rol preponderante para consolidar el mercado educacional en Chile. Se desarrollan las críticas contra esta medición nacional, destacando el rol de la Campaña Alto al SIMCE para repensar esta medición, instando a transitar desde una noción de calidad orientada al mercado, reproductora de una sociedad neoliberal, hacia una evaluación educacional que promueva la justicia social, democracia e inclusión.

Palabras clave: Calidad; Educación de mercado; Evaluación; Justicia social; SIMCE

ABSTRACT:

This article highlights educational and political tensions underlying the Chilean Education Quality Measurement System (SIMCE), which has played a crucial role in creating a free-market educational system. The main criticisms about this high-stake test are explained side-to-side the Alto al SIMCE Campaign, to rethink assessment. This way, we foster a shift from a notion of quality oriented to the market, reproducing a neoliberal society, to an educational assessment to promote social justice, democracy and inclusion.

Keywords: Assessment; Education market; Quality; Social justice; SIMCE

SIMCE: CONTEXTUALIZACIÓN Y EFECTOS DE UN PILAR DEL MERCADO ESCOLAR

A inicios de la década de 1980, la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet realizó profundas transformaciones al sistema educativo en Chile. La ‘legitimidad’ de és-tas requirió la construcción de un relato sobre el Estado como un ente ineficiente y burocrático, responsable de la crisis del sistema educativo. Descentralizar la administración de las escuelas, dar un rol subsidiario al Estado, favorecer la creación de instituciones privadas, aumentar la ‘eficiencia’ mediante condiciones idóneas para la competencia entre establecimientos, y modificar los mecanismos de financiamiento, consolidando un sistema de subvención a la demanda (con mayor protagonismo de las familias), se presentaron como algunos de los elementos imprescindibles para consolidar la llamada modernización educacional de la dictadura (PRIETO, 1983; COX, 2003). Estas orientaciones se vieron plasmadas tanto en la Constitución aprobada en 1980 como en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) publicada en 1989.

La creación y fortalecimiento de un sistema educacional de mercado priorizaba construir un mecanismo que objetivase la “medición de la calidad” del servicio prestado por las escuelas, de modo tal de aportar, por una parte, información que orientara la elección parental y, por otra, dotase a las escuelas de una base racional para la fijación de precios de los servicios educacionales. Así, al distinguir la “eficacia” de las escuelas, expresada en puntajes en pruebas estandarizadas, se podría dinamizar la competencia entre los establecimientos. De este modo, los establecimientos mejorarían su calidad y eficiencia - basado en la teoría del libre mercado - pues la presión ejercida por la libertad de elección parental, apoyada vía financiamiento a la demanda, devendría en que las “mejores” escuelas aumentasen su matrícula, mientras aquellas con bajos resultados perderían alumnos hasta desaparecer (ESPÍNOLA, 1989; FRIEDMAN; FRIEDMAN, 1980; JOFRÉ, 1988).

Para materializar dichos supuestos, a fines de los ochenta se creó el Sistema Nacional de Medición de la Calidad de la Educación ­(SIMCE), cuyo antecedente fue una prueba experimental llamada Prueba de Evaluación del Rendimiento Escolar (PER). El PER, en palabras de Alfredo Prieto, ex-Ministro de Educación de la dictadura, constituía “una de las principales herramientas para hacer efectivas, reales y operativas el resto de las medidas que conforman la modernización educacional” ­(PRIETO, 1983, p. 98). La ejecución del SIMCE censal comienza a gestar una “cultura evaluadora” (THÉLOT, 1993 apudMAROY, 2008), donde el Estado toma protagonismo definiendo objetivos y contenidos del currículum nacional y creando dispositivos de control acordes a ellos.

El avance de los gobiernos Post-Dictadura en Chile hacen de la cultura evaluadora una robusta cultura de rendición de cuentas (accountability), creando múltiples incentivos y castigos para docentes y escuelas, basados en los resultados obtenidos por sus estudiantes en el SIMCE. Así, diversas leyes y normativas se crearon para asociar resultados SIMCE con la mejora en la gestión de las escuelas, responsabilizando al profesorado de los resultados, y fomentando la competencia entre las escuelas, llegando a posibilitar la justificación del cierre de establecimientos educativos públicos con bajos puntajes SIMCE (OCDE, 2004; BELLEI, 2007; PINO 2015). Esta perspectiva “cambia el ethos de la escuela, inyectando a un bien público, como es la educación, a una lógica empresarial basada en principios de competencia, riesgo, cumplimiento de metas cuantificables e incentivos ligados a resultados” (FALABELLA, 2015, p. 701). El SIMCE se constituye así en una herramienta dominante para articular la educación escolar como mercado en Chile (ORELLANA, 2014).

Tras 28 años desde la implementación del SIMCE, múltiples críticas han emergido respecto a su primacía en la orientación y sujeción del quehacer escolar (CIDE, 2012; MANZI, 2014). ­Entre ellas, se cuestiona los valores que promueve y algunos de sus efectos, destacando la reducción curricular de la enseñanza y estrecha noción de calidad basada en resultados SIMCE (CASASSUS, 2010; DE ­LANCER, 2006, PINO, 2014). Estas dinámicas se visibilizan tanto a nivel macro (Estado; gobierno central) como micro (escuelas). En el nivel macro, el estrechamiento curricular progresivo se materializa mediante modificaciones a las bases curriculares. Ejemplo de ello fue la reforma impulsada el 2012 que estructuró la orientación curricular hacia “Objetivos de aprendizaje” medibles. Además, buscó incrementar a 800 horas anuales de los ramos de Matemáticas (320) y Lenguaje (480) para los alumnos entre quinto básico y segundo medio - ambas asignaturas medidas por el SIMCE - en desmedro de otras asignaturas como Artes, Música, Historia, y Educación Tecnológica.

En el nivel micro o escolar, la simplificación del proceso educativo se expresa a través de múltiples prácticas y procedimientos institucionalizados, tales como la realización de talleres de reforzamiento de contenidos medidos e incremento en el tiempo dedicado a asignaturas que preparan a alumnos para obtener mejores puntajes SIMCE (fenómeno conocido en Estados Unidos como Teaching to the Test). En otro plano, la labor pedagógica se ve presionada por el SIMCE, naturalizando prácticas como la realización de ensayos SIMCE y la adecuación de evaluaciones internas para imitar el formato del SIMCE. Estos efectos del SIMCE y la medición estandarizada bien pueden ser interpretados en contradicción con el trabajo profesional docente y como una sobre simplificación de la educación y pedagogía (CONTRERAS y SALINAS, 2015). La trascendencia de la medición y las consecuencias de sus resultados devienen en dinámicas de jerarquización curricular (CAVIERES, 2014; CIDE; 2012, MANZI, 2014), fenómenos asociables a una mecanización y empobrecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sumado a lo anterior, la publicación de los resultados SIMCE fomentan la competencia entre escuelas, facilitan la elaboración de rankigns y la estigmatización de aquellas con peor rendimiento, las cuales son principalmente públicas. Estas últimas se ven desfavorecidas y encasilladas como “malas escuelas”, aun dada la alta correlación existente entre los resultados de sus estudiantes y el perfil socioeconómico de sus familias (GARCÍA-HUIDOBRO, 1999; BELLEI, 2003). Otro ámbito de críticas al SIMCE se refiere a problemas de validez en la interpretación de sus resultados, incluyendo la comparabilidad de estos dados los cambios curriculares y especificaciones de contenido entre las distintas mediciones, y la clasificación de las preguntas en habilidades más complejas (FLÓREZ, 2013).

La Campaña Alto al SIMCE surge en este marco de cuestionamientos políticos y técnicos a la medición. Esta campaña es la primera experiencia sistemática en Chile por aglutinar las críticas a la estandarización educativa con altas consecuencias, promoviendo la resistencia e invitando a reflexionar sobre las políticas de evaluación nacionales.

LA EXPERIENCIA DE RESISTENCIA DE ALTO AL SIMCE

En ésta sección hemos optado por presentar una narrativa (CLANDININ, 2013) del proceso de resistencia de la Campaña Alto al SIMCE. Buscamos describir esta experiencia como un continuo de formas de articulación que comparten un relato común. Así, detallamos algo más el contexto en que surge la campaña y las relaciones entre los individuos que la iniciaron, destacando tres momentos de esta: la denuncia (2013), la propuesta preliminar (2014), y el llamado a la acción (2015).

ANTES DE ALTO AL SIMCE

Diversos antecedentes marcan el momento histórico en que emergió la Campaña Alto al SIMCE. Resaltamos dos hitos principales: las movilizaciones estudiantiles y el contexto de reforma educacional. Respecto a las movilizaciones, sobresale la movilización de estudiantes secundarios de 2006, que condenó públicamente el lucro en la educación, y logró iniciar un debate sobre la derogación de la LOCE, que fue reemplazada por la Ley General de Educación (OIE, 2007; DOMEDEL; PEÑA Y LILLO, 2008). Posteriormente, en 2011, estudiantes universitarios lideraron nuevas movilizaciones y protestas sociales masivas. En ambos casos, las demandas estudiantiles mezclaron el carácter social con el político, aumentando la adhesión ciudadana a la demanda por erradicar el mercado de la educación, y, en contraparte, fortalecer la educación pública y asegurar la gratuidad de la educación (FIGUEROA, 2013). Los estudiantes manifestaron una expresividad novedosa para enfrentar conflictos sociales y politizarlos, articulando diferentes actores y apartándose de identidades políticas ya institucionalizadas producto de la llamada transición a la democracia (RUIZ, 2013).

La Campaña Alto al SIMCE emergió en la continuidad de las movilizaciones estudiantiles. En la disputa por la desmercantilización del derecho a la educación se abrió un horizonte de contenido a la resistencia propuesta por la campaña Alto al SIMCE, la que además se potenció por el contexto de reforma educativa impulsada por los actores políticos en Chile. Por otro lado, la expansión de redes académicas nacionales e internacionales entre individuos comprometidos con las demandas sociales expresadas en las movilizaciones estudiantiles contribuyó a que en el año 2013 se iniciase la Campaña Alto al SIMCE.

ALTO AL SIMCE 2013: LA DENUNCIA

En 2013, el gobierno anunció la marcha blanca de un ranking de escuelas, eufemísticamente denominado “ordenación”, informando que los puntajes de la prueba SIMCE ponderarían un 73% en el índice de clasificación de escuelas. El ranking define sanciones a las escuelas con rendimientos sostenidamente más bajos, incluyendo su pérdida de reconocimiento por parte del Ministerio de Educación, que en la práctica significa el cierre de establecimientos. Dada la correlación existente entre puntaje SIMCE e ingreso familiar, cerrar escuelas con bajos desempeños implica coartar oportunidades a estudiantes pobres. Esta amenaza de cierre de detonante para que comenzara la Campaña Alto al SIMCE, impulsada inicialmente por parte de un grupo de profesores, investigadores y académicos.

Primero se realizó una denuncia en prensa y espacios académicos. En la práctica, la campaña se inició en agosto de 2013 mediante un llamado a reunión con dirigentes sociales del mundo de la educación. Estos incluyeron dirigentes estudiantiles de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), algunos profesores asociados al Colegio de Profesores, y académicos críticos al SIMCE. Desde dicha convergencia se pudo articular un mensaje de crítica transversal en torno a las consecuencias del SIMCE, mediatizando los cuestionamientos a sus efectos en la salud emocional de docentes y estudiantes, en la pedagogía y el currículo, y sobre el origen político de su implementación,

Entre agosto y diciembre de 2013 hubo al menos 96 registros en medios nacionales, radio, televisión y escritos -electrónicos e impresos-, que expusieron argumentos y conflictos levantados por la campaña. Éstos se asocian a tres eventos relevantes. Primero, la publicación del “Manifiesto para superar la estandarización educativa” (INZUNZA et al., 2013), en el cual se aborda la relación entre el proceso de estandarización y la perversidad del SIMCE para el sistema educativo en Chile. Segundo, la crítica académica a través de una carta abierta desde el mundo intelectual educativo chileno, suscrita por más de 140 académicos e investigadores, incluyendo Premios Nacionales de Ciencias de la Educación. Esto tuvo un alto impacto mediático y en círculos académico que abordaron estos cuestionamientos (MECKES, 2013; TODOS CONTRA EL SIMCE, 2013). Tercero, el anuncio de estudiantes secundarios de varios liceos de la Región Metropolitana - la más poblada de Chile - de negarse a rendir las pruebas SIMCE (CARMONA, 2013). El gobierno reaccionó, amplificando la cobertura del conflicto en la prensa, incluyendo varios diálogos epistolares en diarios de circulación nacional. El tema se mantuvo en agenda hasta diciembre del 2013.

El momento de la denuncia amplió las redes de la campaña. Las redes académicas fueron sumando investigadores en terreno, dirigentes estudiantiles de base, y académicos que comenzaron a expresar sus críticas públicamente de forma autónoma. La perspectiva de un cambio de gobierno le permitió a la campaña proyectar un segundo momento: la propuesta.

ALTO AL SIMCE 2014: LA PROPUESTA PRELIMINAR

En el segundo momento, Alto al SIMCE desarrolló una propuesta preliminar como alternativa al SIMCE. Las elecciones presidenciales de 2014 fueron de alguna forma influidas por la campaña. Uno de los candidatos explicitó en su programa el término del SIMCE, haciendo eco de la protesta. La candidata que resultó electa reconocía en su programa que el SIMCE había “empobrecido el concepto de calidad y educación, y promovido prácticas como la selección, la exclusión y el entrenamiento de pruebas”, fijando como desafío “superar esta definición e impulsar una comprensión más compleja e integral de calidad para recuperar el sentido de la labor educativa” (BACHELET, 2013, p. 16).

El cambio de gobierno y de coalición política el 2014 nos llevó a idear una maniobra comunicacional. Aprovechando un lema compartido por una docente en redes sociales digitales, “Lo esencial es invisible al SIMCE” que parafraseaba a “El Principito”, la campaña elaboró una carta al gobierno, que fue llevada por un actor famoso disfrazado del “Principito” y una comitiva de la campaña. El hecho logró cobertura de prensa y permitió revitalizar el tema en el gobierno entrante.

El nuevo gobierno respondió a la campaña creando una comisión de expertos presidida por una académica tradicionalmente defensora del SIMCE, junto a otros 13 miembros. La comisión invitó a exponentes de un amplio espectro ideológico, incluyendo a la campaña Alto al SIMCE. Por ello, elaboramos un documento que expresaba la necesidad de generar un nuevo sistema de evaluación (ALTO AL SIMCE, 2014). La comisión no emitió su informe final sino hasta enero del 2015. Además de la propuesta, la campaña también tuvo otras iniciativas: una declaración pública de representantes del mundo del arte y la cultura solicitando la suspensión indefinida del SIMCE, otro boicot de estudiantes secundarios a la prueba, debates sobre la reforma educativa, y un paro docente a fin de año.

Hacia el término del 2014, en pos de anticiparse a las conclusiones de la comisión de gobierno sobre el SIMCE, la campaña buscó el apoyo de parlamentarios con el fin de comprometer y apoyar la tesis de que solo cambios legales se harían cargo de la crítica que Alto al ­SIMCE exponía. La carta fue firmada por cuatro senadores y 11 diputados (El Mostrador, 2014).

El momento de la propuesta significó una ampliación del contenido político de la Campaña Alto al SIMCE. Hubo cobertura mediática, hubo elaboración de una propuesta más estructurada, y hubo un involucramiento, al menos discursivo, del mundo de la cultura, las artes, y la representación política en las demandas de la campaña. Sin embargo, el análisis de los integrantes de la campaña fue que la institucionalidad no estaba respondiendo al fondo de la crítica planteada. Ello dio espacio para el siguiente momento: la acción de resistencia.

ALTO AL SIMCE 2015: EL LLAMADO A LA ACCIÓN

En 2015 el contexto nacional estaba crispado por la discusión respecto a la reforma educativa, principalmente por la aprobación de la “Ley de Inclusión”, y por los resultados de una extensa protesta docente que no tuvo respaldo de las dirigencias del Colegio de Profesores. El informe de la comisión de expertos que revisó el SIMCE recomendaba al Ministerio de Educación proponer una reducción del número de exámenes a aplicar, y resaltaba la metáfora de una balanza para equilibrar sistemas de presión y apoyo a las escuelas (EQUIPO DE TAREA, 2015), metáfora ya usada antes por la presidenta de la comisión (MECKES, 2007; MECKES y CARRASCO, 2010).

Para la campaña esta respuesta era insatisfactoria. Así, se propuso un despliegue mediático y territorial para organizar acciones de resistencia al SIMCE. Se sumó un equipo voluntario de publicistas y grupos en otras ciudades (Valparaíso y Concepción), gestando un mensaje difundido por diferentes ciudades del país: “el SIMCE excluye, discrimina y agobia”.

En 2015 la campaña creó y difundió material audiovisual, renovó sus medios digitales, se desplegó en medios comunicacionales, redes sociales digitales, y redes territoriales. La resistencia tomó diversas formas. Entre ellas: se recibieron numerosas imágenes fotográficas de liceos y escuelas donde se boicoteó el SIMCE, docentes y apoderados escribieron mensajes de protesta en los cuestionarios asociados a la prueba, estudiantes se negaron a contestar los facsímiles o bien anularon sus respuestas escribiendo mensajes contra el SIMCE. Este proceso estuvo marcado por la conflictividad, y preocupantes grados de hostigamiento y persecución tanto a docentes como estudiantes que lideraron estos procesos, quienes denunciaron represalias físicas, académicas y laborales durante el proceso.

El llamado a la acción permitió dar continuidad a un relato de crítica al SIMCE, radicalizando acciones que visibilizaron los elementos más dañinos del SIMCE y explicitando que la crítica no había sido acogida por los canales institucionales. Los momentos de la campaña han estado articulados a una reflexión constante en torno a qué significa evaluar en educación y cuáles son las características que debería tener un sistema de evaluación en Chile que no esté al servicio del mercado, ni produzca todas las consecuencias negativas relacionadas al SIMCE.

Alto al SIMCE no ha sido una campaña contra la evaluación en sí misma, sino fundamentalmente una voz crítica que busca evidenciar cómo los sistemas de evaluación con altas consecuencias están directamente asociados a políticas que fuerzan o determinan las prácticas que se realizan en las escuelas. La última sección de este artículo profundiza contenidos del debate sobre la legalidad necesaria de superar para visualizar alternativas significativas al SIMCE que permitan construir políticas de evaluación que promuevan la inclusión y la justicia social.

LAS LEYES QUE LEGITIMAN AL SIMCE

Para considerar alternativas al SIMCE, primero hay que reconocer y abordar una gran cantidad de leyes y decretos que legitiman este sistema de evaluación. Entre ellos, la Ley 19.410: Sistema de Evaluación del Desempeño Docente - SNED, 1995; Ley Nº 20.248: Subvención Escolar Preferencial - SEP, 2008; Ley Nº 20.529: Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, 2011; Ley Nº 20.501: Calidad y Equidad de la Educación, 2011. La relación del SIMCE con estos dispositivos legales no es del todo coherente con principios y valores que supuestamente deberían guiar la educación en Chile, como la idea de educación integral, la inclusión y la diversidad.

Por ejemplo, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (CHILE, MINEDUC, 2011) se presenta como un estandarte de la diversidad, la inclusión y la mejora continua. Sin embargo, el camino para poder llegar al puerto de “la calidad” se reduce a una ruta de estandarización, enfatizando la lógica de la rendición de cuentas “por medio de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos” (CHILE, MINEDUC, 2011, ARTÍCULO 10).

Otro caso de contradicción entre el SIMCE y los valores que debiesen ser promovidos por el sistema educativo en Chile es el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (CHILE, MINEDUC, 1995). Este describe mecanismos de reparto competitivo de reconocimientos simbólicos a un 35% de los establecimientos educacionales y recompensas económicas a sus docentes. Este reparto se hace mediante un ranking elaborado por el Ministerio de Educación que pondera el puntaje SIMCE de cada escuela en un 65%. Para construir una educación integral, diversa e inclusiva, que tenga por horizonte la colaboración en lugar de la competencia es recomendable eliminar o transformar la centralidad que este marco legal da al SIMCE.

Una alternativa es desarrollar un sistema de evaluación que tenga por propósito destacar los aprendizajes de sus estudiantes en relación a su contexto y sus actores, con la inclusión y justicia social como horizonte, cuestión que también requiere de cambios legales que enfrenten al SIMCE.

EVALUAR PARA CONTRIBUIR A LA JUSTICIA SOCIAL

Todo evaluador sirve a otro, es instrumento de otros en la promoción de determinadas visiones sobre la sociedad. Así entendido, evaluar no se reduce a una práctica técnica, sino que posee un carácter político, en tanto incide directamente en los valores del sistema educativo que queremos (GREENE, 2006, 2000). La Campaña Alto al SIMCE ha argumentado que el SIMCE históricamente ha servido al mercado educacional en Chile, con consecuencias para profesores y estudiantes. Un cambio necesariamente exige repensar a quiénes debe servirles la evaluación (PINO, 2014).

Entre las diferentes perspectivas que existen sobre la evaluación, una que coincide con la narrativa de la resistencia que ha llevado la Campaña es el género de evaluación orientado hacia la justicia social (GREENE, 2013; HOUSE; HOWE, 1999). Este género considera que las evaluaciones son inherentemente políticas, y aboga por la promoción de cambios sociales, con un foco en la justicia social, democracia y equidad. Central a esta mirada evaluativa es la visión de sociedad que tiene el evaluador y el vínculo que establece con quienes son evaluados.

Una perspectiva evaluativa que pone el acento en la justicia social no implica despreciar la importancia que tienen los aprendizajes integrales de los estudiantes en sus establecimientos educativos, sino más bien en considerar que son los actores del sistema los que deben tener mayor preponderancia para juzgar estos aprendizajes. Ello no solo implica, como en el caso del SIMCE, reducir la cantidad de pruebas censales, sino potenciar otras formas de evaluar, donde la voz de estos actores sea clave para decidir el futuro de sus escuelas. Varias políticas orientadas al mejoramiento educativo en Chile destacan las capacidades y habilidades complejas de directivos y profesores para potenciar los procesos de mejora de sus establecimientos (como el Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar). Sin embargo, resulta contradictorio esperar de ellos que se enfoquen en entrenar a sus alumnos para obtener altos resultados en el SIMCE. Un nuevo sistema público de educación que pone por centro el desarrollo de las capacidades de sus actores deberá plantearse el desafío de confiar en ellos para emitir juicios sobre sus propias prácticas. Eso implica, por ejemplo, potenciar el desarrollo de evaluaciones locales y otorgar espacios legítimos para contribuir a desarrollar un nuevo sistema de evaluación nacional.

CONSIDERACIONES FINALES

El SIMCE fue pensado durante la Dictadura cívico-militar chilena. Fue adaptado por el Estado para crear una cultura de rendición de cuentas que progresivamente ha relegado y desplazado el rol que directivos, profesores, apoderados y estudiantes tienen sobre la evaluación educativa. Hemos presentado un conjunto de críticas sobre los valores que promueve el SIMCE, enfatizando sus consecuencias. También narramos el rol que la Campaña Alto al SIMCE ha tenido en denunciar, resistir y proponer alternativas a la estandarización. Finalmente, destacamos algunos desafíos pendientes en términos legales y de propuesta de evaluación alternativa para la educación en Chile. Resulta clave y urgente construir un sistema de evaluación que aporte sustancialmente a la inclusión de las comunidades educativas (apoderados, directivos, estudiantes y profesores), y ponga de relieve la orientación sistémica hacia la consolidación de instrumentos que aporten a los procesos de aprendizaje escolar dentro de un marco de justicia social.

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  Sep-Dec 2016

Histórico

• Recibido
  17 Ago 2016
• Acepto
  04 Nov 2016