Ayotzinapa como un trauma social sujeto a disputa: Episodios performativos y configuración como un performance moral

Ayotzinapa como um trauma social controvertido: Episódios performativos e configuração como uma performance moral

Ayotzinapa as a social trauma subject to dispute: Performative episodes and configuration as a moral performance

Resúmenes

En este documento se propone un modelo de análisis performativo sobre los principales episodios que han dinamizado la presencia en la opinión pública de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, México. Desde la perspectiva de la teoría de la esfera civil y la pragmática cultural se discuten las perspectivas analíticas predominantes para interpretar la construcción simbólica de Ayotzinapa, a la vez que se ofrece una perspectiva analítica que permite comprender la forma en que este hecho se ha configurado como un trauma social sujeto a profundas disputas normativas y como un performance moral.

Palabras clave:
Ayotzinapa; 43 desaparecidos; desaparición forzada; performance moral; pragmática cultural

Este documento propõe um modelo de análise performativa dos principais episódios que têm dinamizado a presença na opinião pública do desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa no estado de Guerrero no México. Baseados na teoria da esfera civil e na pragmática cultural, discutimos as perspectivas analíticas predominantes para interpretar a construção simbólica de Ayotzinapa, enquanto oferecemos uma perspectiva analítica que nos permite compreender a forma como este evento tem sido configurado como um trauma social sujeito a profundas disputas normativas e como um performance moral.

Palavras-chave:
Ayotzinapa; 43 desaparecidos; desaparecimento forçado; performance moral; pragmatismo cultural

This paper proposes a model of performative analysis on the main episodes that have stimulated the presence in public opinion of the disappearance of the 43 students of Ayotzinapa in the state of Guerrero, Mexico. From the perspective of the civil sphere theory and cultural Pragmatics, we discuss the predominant analytical perspectives to interpret the symbolic construction of Ayotzinapa, while offering an analytical perspective that allows us to understand the way in which this event has been configured as a social trauma subject to deep normative disputes and as a moral performance.

Keywords:
Ayotzinapa; 43 disappeared; forced disappearance; moral performance; cultural pragmatics

Introducción

Entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente fueron victimizados 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en la ciudad de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero, en México. A pesar de la magnitud de la victimización, varios años después no existe certeza absoluta e irrefutable sobre la dinámica completa de los hechos (retención, victimización y desaparición), así como sus principales móviles. Como se demuestra a continuación, cada versión, oficial y de diferentes organismos, así como cada narrativa e intento de reconstrucción de los hechos se ha sometido a profundos cuestionamientos y, por ende, a una importante falta de verosimilitud. En este sentido, no solo se han cuestionado sus fuentes, sino también los medios de prueba que sustentan cada aproximación a lo ocurrido.

En términos generales, se sabe que varios estudiantes habrían retenido un conjunto de buses con el fin de desplazarse hasta la Ciudad de México para participar en la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco (ocurrida el 02 de octubre de 1968). En horas de la noche, presuntamente, elementos policiales de diferentes municipios (Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco) y agentes de otras corporaciones de seguridad en actuación conjunta con miembros de una facción criminal (Guerreros Unidos) desplegaron diferentes acciones de represión: instalación de retenes, ataques contra automotores, en los cuales se presumía que se movilizaban los normalistas, y agresiones contra espacios de reunión donde se creía que estaban reunidos. Hechos que acarrearon múltiples lesiones, algunas fatales, contra por lo menos cinco personas (MÉXICO, 2022).

Paralelamente, diferentes grupos de estudiantes habrían sido retenidos ilegalmente en distintas localidades y por temporalidades múltiples, desplazados a varios puntos, entregados a células crimino-delincuenciales de Guerreros Unidos y, finalmente, desaparecidos. Dado que los hechos ocurrieron en un contexto de confrontación entre la organización delincuencial mencionada y una expresión delictiva denominada Los Rojos, se ha presumido que una parte del ataque se desencadenó como posible retaliación ante la percepción de que dentro de los estudiantes se encontraban elementos de esta última organización intentando penetrar en la ciudad, así como para recuperar algunos estupefacientes que, presuntamente, se encontraban en uno de los automotores en que se movilizaban (MÉXICO, 2022).

El 29 de septiembre varios medios informativos, locales, nacionales e internacionales, dieron relevancia a la noticia no solo por la magnitud de la violencia global implicada, sino por su contexto (BBC, 2014a). Posteriormente, el hecho se posicionó de forma preponderante en el ámbito comunicativo de la esfera civil mexicana a través de múltiples mecanismos, resaltando una fuerte movilización social, así como el desarrollo de varios espacios de opinión y debate (BBC, 2014). No en vano, tanto desde diferentes esferas del poder público, como desde varios sectores de opinión, el hecho se calificó como una “tragedia”: no solo personal y familiar, sino colectiva y nacional (ROMERO, 2020b). Acepción que se ha producido y reproducido con el correr de los años a partir de diferentes marcos de sentido: la interpretación de lo ocurrido como una “barbarie” (HERNÁNDEZ, 2014), un suceso que ha causado conmoción y dolor en el país (MILENIO, 2016), un hecho que habría sacado “lo peor” de la nación (GUERRA, 2015) y una situación que abrió una profunda “crisis política” para el gobierno de turno y la nación (ROCK, 2017).

En un extremo, este proceso de simplificación simbólica, fundamentado en la producción, reproducción y circulación de diferentes metáforas, ha condensado múltiples narrativas que, a la vez que caracterizan el hecho, despliegan un conjunto de reacciones morales negativas respecto a la violencia incorporada en los acontecimientos y sus efectos: “horror” (BARBOSA, 2019), “abominación” (VARGAS, 2014), “monstruosidad” (BECERRA-ACOSTA, 2014) y “aberración” (AGUAYO, 2020), entre muchas otras. No en vano, ha sido calificado como un hecho traumático con un gran potencial de daño, diseminación y contaminación, una “herida sórdida” (SÁNCHEZ, 2019). Un evento que habría dejado al país en la estupefacción y con poca capacidad de respuesta, en un “horror hipnótico” (GARZA, 2014). Estas perspectivas, ante la irresolución del caso y la no localización del conjunto de los estudiantes, abrieron paso a la significación de Ayotzinapa como un “callejón sin salida”: no solo para las familias, sino para la sociedad y el Estado (MARTÍNEZ, 2020).

En otro extremo, sin embargo, la desaparición de los 43 se ha configurado como un espacio simbólico sometido a una profunda disputa simbólica y narrativa. Esta se ha centrado, principalmente, en la interpretación-explicación de la naturaleza de lo acontecido, sus móviles y presuntos responsables. Proceso en que el debate sobre la consigna “Fue el Estado” ha adquirido centralidad, erigiéndose como una suerte de línea divisoria sobre la que se imputan identidades contrapuestas y se tiende a contaminar simbólicamente al contradictor en función del marco interpretativo asumido para comprender el caso o facetas sustantivas del mismo. En una orilla, por ejemplo, se encuentran quienes consideran que la responsabilidad estatal queda acreditada, entre otras cosas, por: la participación de elementos de la policía municipal y federal, la omisión de protección e inacción del Ejército, la colusión entre organizaciones criminales y altos niveles de gobierno a nivel local, así como la presunta existencia de órdenes directas del nivel federal para ocultar y tergiversar lo acontecido buscando total impunidad (AGUILAR-GIL, 2015; ENCINAS, 2022a).

En otra orilla, se imputó un uso político premeditado de la tragedia negando que fuera un crimen de Estado. Se adujo entonces la presencia de intereses mezquinos que han manipulado el dolor de las víctimas y del país para fines perversos, desestabilizadores y lucrativos (REVUELTAS, 2014). Por esta vía se ha advertido que si bien pudieron existir errores en la investigación ministerial, no existirían elementos probatorios suficientes que acreditaran la existencia de una política estatal tendiente a violar los derechos humanos y eliminar a los activistas políticos de la región, mucho menos a los estudiantes movilizados (ROMERO, 2020b). Así, la imputación “Fue el Estado” se tipificó como un “mantra religioso” (GARCÍA-MICHEL, 2015) o un “credo” (LÓPEZ-DÓRIGA, 2019) bajo la cual se ha pretendido “acabar con el sistema político” (SARMIENTO, 2020b).

Para abordar este proceso de construcción simbólica y ofrecer un marco interpretativo respecto al tenor de su inscripción social, este trabajo se estructura en dos grandes apartados: en el primero, se explicita la perspectiva analítica y metodológica, desarrollando las preguntas de partida, los supuestos teóricos y el argumento central de este artículo. En el segundo, se aborda la configuración episódica de Ayotzinapa como un performance moral y un hecho socialmente significativo, enfatizando en las dimensiones empíricas implementadas para dar sustento a los argumentos presentados.

Perspectiva analítica y metodológica

En este texto se argumenta que ambas dimensiones (imputación de lo ocurrido como una tragedia y condensación de una intensa disputa normativa) son reflejo de la configuración de Ayotzinapa en la opinión pública como un trauma colectivo sujeto a múltiples y, en no pocas ocasiones, profundas disputas de corte moral que se estructuran a partir de diferentes códigos simbólicos.¹ Por tanto, se argumenta en favor de analizar la centralidad de los episodios performativos que asisten en su construcción simbólica, así como las imputaciones cruzadas sobre las dimensiones de la responsabilidad moral implicada en la cual se inserta el hecho, procurando aportar nuevas perspectivas al campo de análisis que ha caracterizado a Ayotzinapa en ese tipo de enfoques (GRAVANTE; POMA, 2019).

La pregunta empírica que subyace, consecuentemente, es: ¿Cómo, en medio de este tipo de disputas, Ayotzinapa ha logrado constituirse en un capítulo central de la opinión pública en México en los últimos años? Es decir, a pesar del rechazo generalizado del exceso violento en la opinión pública, ¿Cómo ha llegado a configurarse como un trauma colectivo sujeto a múltiples disputas? Todo lo cual permite problematizar en términos analíticos: ¿Cómo son construidos simbólica y narrativamente los hechos, los actores, las víctimas y los contextos asociados al exceso violento en este caso? En suma, ¿Cuál es el rol de la construcción simbólica del exceso violento en la estructuración de Ayotzinapa como un hecho social significativo y como un performance moral en México?

Perspectiva argumentativa y metodológica central

Parámetros teórico-metodológicos centrales

Para abordar tales cuestionamientos, partimos de tres supuestos teórico-metodológicos nodales. Primero, se considera que al igual que otras manifestaciones humanas, ciertas violencias llegan a configurarse como hechos socialmente significativos porque logran constituirse en objeto central de atribución y sentido en diferentes mediaciones y arenas sociales y, de manera central, en la opinión pública. Todo lo cual implica indagar no solo por la manera en que se rodean de una serie de externalidades culturales (recursos metafóricos, narrativas, símbolos, etc.), sino además por el proceso social por medio del cual se convierten en objeto central de atribución, cómo se someten a variadas disputas de sentido en diferentes arenas sociales y cómo se dotan o no de verosimilitud (SMITH, 2010). Esto supone la identificación sistemática tanto de las narrativas de los diferentes actores sobre un hecho como las construcciones simbólicas desplegadas por variadas mediaciones sociales, principalmente medios de comunicación y plataformas de interacción social, tales como redes sociales.

Segundo, este artículo se ampara en los principales postulados de la pragmática cultural (ALEXANDER, 2006a), asumiendo que la especificidad en la configuración de ciertas victimizaciones como hechos socialmente significativos deviene de un proceso de performatización moral: en un extremo constituyen un drama social como cualquier otro performance social² (ALEXANDER, 2006a; MACALOON, 1984). En este marco, por medio del despliegue de fuerza, se ponen en juego una serie de valores considerados centrales tanto para la esfera civil como para esferas no civiles. En otro extremo, proponemos considerar que su especificidad deviene de su configuración simbólica como una manifestación que problematiza diversos constructos morales; tanto en su ethos (la dimensión de evaluación de la moral) como en su cosmovisión (la visión del mundo proveída por la moral) (GEERTZ, 2017).

Lo anterior supone comprender la relación entre los modos de representación simbólica y la verosimilitud o no de un performance cultural, posibilitando que sea considerado auténtico o inauténtico por parte de diferentes audiencias (ALEXANDER, 2006a, p. 6). En otras palabras, la verosimilitud de un performance precisa tanto un fenómeno de extensión cultural (la fusión efectiva de las matrices culturales y los guiones emergentes que se ponen en escena a través de una acción) como de identificación psicológica (los grados efectivos de convencimiento de que el performance es verosímil al operar la identificación de la audiencia con los actores y los significados desplegados) (ALEXANDER, 2006a, pp. 29, 59). En este marco los hechos catalogados como violencia despliegan un conjunto situacional complejo que moviliza diferentes valoraciones morales tanto sobre los parámetros de extensión cultural, como de identificación psicológica con los actores directos de las mismas, los entornos sociales donde ocurren y las autoridades encargadas de su control.

Tercero, se asume que la configuración de tales matrices, guiones y significados pueden comprenderse desde los postulados generales de la teoría de la esfera civil. Desde esta perspectiva, el discurso de la esfera civil es comprendido como un conjunto de estructuras binarias configuradas tanto en la demanda de inclusión, codificadas a partir de diversas narrativas sobre la justicia y la libertad (figuradas con la etiqueta de lo civil), como en la identificación de lo que debe ser excluido (simbolizadas como anticiviles) (ALEXANDER, 2006b, p. 34). Este código está estructurado a partir de tres niveles, por lo que la perspectiva metodológica adoptada supone tanto el análisis sistemático de sus contenidos semánticos, como su puesta en escena. El primero de ellos, los motivos de los actores, configurados a partir de la antinomia entre cualidades imputadas como civiles-sagradas (activismo, autonomía, racionalidad, razonabilidad, calma, control, realismo y cordura) y señalamientos de anticivilidad (pasivo, dependiente, irracional, histérico, excitable, salvaje-apasionado, distorsionado y loco). El segundo, las relaciones sociales, donde se aduce que las personas motivadas democráticamente serán consideradas con la capacidad de “formar relaciones sociales abiertas más que secretas” (ALEXANDER, 2006b, p. 58). Por último, considera que ante motivos y relaciones figuradas irracionales y bajo el signo de la desconfianza, es probable que las instituciones resultantes sean interpretadas como producto de la arbitrariedad (ALEXANDER, 2006b, p. 58).

Desde la perspectiva teórico-metodológica acá adoptada, se asume entonces que la unidad de análisis central está constituida por la opinión pública. Una mediación sociocultural compuesta por diferentes esferas de circulación textual, discursiva y simbólica que, a su vez, condensa múltiples disputas valorativas sobre los hechos en cuestión. En consecuencia, se sistematizaron las narrativas y construcciones simbólicas halladas en diferentes espacios de opinión y editoriales de los principales medios digitales noticiosos de México; en total, se analizaron inductivamente en ATLAS.ti 592 columnas de opinión seleccionadas de los principales medios noticiosos a nivel nacional y local, entre los que se encuentran El Universal, Reforma, Aristegui Noticias, Milenio, Animal Político y La Jornada.³ El barrido sistemático de información en estos medios cubrió entre el 28 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2021, recuperando todas las columnas de opinión encontradas en los respectivos buscadores de los medios señalados. Todo lo cual se centró tanto en la circulación social de Ayotzinapa como en la disputas valorativas que se tejieron a su alrededor en diferentes episodios.

Argumento central: Ayotzinapa y su configuración como un trauma colectivo sujeto a disputa

A partir de estos planteamientos se estructura el argumento central de este texto: la configuración simbólica de Ayotzinapa como un trauma colectivo sujeto a profundas disputas normativas está relacionado, fundamentalmente, con su producción y reproducción como un performance moral y un drama social en que convergen y se vehiculizan profundas problematizaciones públicas sobre los constructos morales de la esfera civil y el aparato institucional mexicano. En otras palabras, se argumenta que la disputa normativa alrededor del caso Ayotzinapa y, fundamentalmente, la interpretación alrededor de las diferentes narrativas sobre los excesos involucrados en el caso han generado un espacio simbólico de intercambio y confrontación caracterizado por la liminalidad. Es decir, un escenario de indeterminación donde algunas prácticas transgresoras de la dignidad y la integridad humana asociadas al conjunto del caso son, a la vez, objeto de rechazo y, eventualmente, de algún grado de legitimación y/o justificación; principalmente, la tortura de algunos de los presuntos responsables. En este contexto, hasta el momento no hay ninguna diligencia institucional, ninguna versión y ninguna actuación de los funcionarios estatales, ni de ninguna otra institución de origen civil que haya logrado un margen importante de verosimilitud, como tampoco de identificación psicológica. Por el contrario y como se verá más adelante, se han imputado como inauténticas y, principalmente, ancladas en intereses políticos sesgados, mediando la contaminación simbólica de los diferentes actores y sus narrativas.

Así las cosas, a diferencia de lo señalado por autores como Guinot (2022) y Gravante (2018) para quienes la movilización social y la humanización de las víctimas han jugado un papel esencial en el posicionamiento de Ayotzinapa, siguiendo a autores como Tognato (2015) se asume que su centralidad se ancla, preferiblemente, al efecto catóptrico que se produce a partir de su representación narrativa y simbólica ampliada: por un lado, produce y reproduce una imagen narrada y problematizada de la sociedad que interpela a diferentes sectores sociales sobre actos considerados como contaminantes para la sociedad y como amenaza fundamental contra convicciones éticas consideradas centrales para un núcleo social. Por otro, vehiculiza una profunda disputa moral que demarca y/o acentúa líneas divisorias en estos mismos segmentos sociales. En otras palabras, en este artículo se argumenta que, en un extremo, Ayotzinapa vehiculiza un conjunto de imágenes narradas y problematizadas sobre el ordenamiento socioinstitucional mexicano, poniendo en escena una serie de dinámicas que afectan no solo individual, sino colectivamente a la nación: desaparición, impunidad, dolor, inacción estatal, indefensión ciudadana, violencia extrema y extendida. En otro extremo, dinamiza un espacio simbólico en que se producen y reproducen múltiples disputas sobre los contornos de las violaciones contra los derechos humanos presentes en el caso y, por extensión, en el país, erigiendo múltiples cuestionamientos sobre la ausencia de control y regulación del rol estatal, así como por el tipo de sociedad donde este tipo de hechos se presentan y repiten.

Tal configuración ha sido progresiva y se ha estructurado a partir de, por lo menos, tres episodios performativos. Cada uno de los cuales ha puesto en escenas narrativas, actores y actuaciones específicas que son sometidas a múltiples valoraciones morales en disputa en que el exceso violento es disputado como una marca que afecta a la colectividad mexicana. El primero de ellos está fundado, claramente, en la presentación de la “verdad histórica” y, paralelamente, en la divulgación de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El segundo se dinamizó a partir tanto de dos sentencias judiciales centrales en el desarrollo del caso como por la publicación de la Recomendación Definitiva sobre el Caso Iguala (15VG/2018) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El tercero se estructura a partir tanto de la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Iguala en 2019, como de la declaración pública sobre el fin de la “verdad histórica” anunciado por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en funciones, Alejandro Gertz Manero.

En estos episodios se dinamizan temáticas centrales: en el primero, la diferencia de lecturas respecto a la dinámica de hechos y el cuestionamiento sobre el incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de búsqueda e investigación ministerial. En el segundo, la interpretación disímil sobre el papel de las instituciones autónomas y, principalmente, del sistema de justicia, así como la credibilidad de sus actuaciones de cara a la defensa de los derechos de las víctimas. En el tercero, el curso de una investigación ministerial y judicial en el marco de una transición presidencial; microepisodio en que gravita el debate sobre la utilización de la justicia, o bien para superar la impunidad, o bien como objeto de revancha política, la posibilidad de revictimización y el olvido estatal de las víctimas. Esto ha renovado el debate sobre la imputabilidad de responsabilidad estatal en el desarrollo de los acontecimientos.

Estos episodios no están autocontenidos. Por el contrario, tejen vasos comunicantes entre sí. Las hipótesis sobre el destino y paradero de los estudiantes, así como las rutas de desaparición y el papel de las fuerzas federales de seguridad son aspectos ampliamente debatidos a raíz tanto de la presentación de la “verdad histórica”, como de la investigación de la CNDH. La discusión sobre la idoneidad de las(los) funcionarias(os), así como sobre las personas involucradas en distintas facetas de la investigación y la búsqueda es transversal. Otro tanto acontece con la determinación de responsabilidad sobre el Ejército y, no menos, sobre la naturaleza del activismo y las actividades estudiantiles en la Normal. Estos aspectos serán detallados a continuación.

Aproximación empírica

Episodio 1: Entre la “verdad histórica” y las revelaciones del GIEI

El 7 de noviembre de 2014 y el 27 de enero de 2015 la entonces Procuraduría General de la República Mexicana (PGR) presentó su versión de lo acontecido mediante dos conferencias de prensa clave. En estas se dieron a conocer las primeras hipótesis sobre el móvil, la dinámica de hechos y los presuntos responsables. Ambas constituyen, en consecuencia, momentos nodales en la configuración simbólica de Ayotzinapa como un campo de disputa: comportan un performance fallido sujeto a una profunda ausencia de verosimilitud, tanto por su contenido, como por su puesta en escena.

El relato básico presentado en estas conferencias de prensa advirtió, palabras más, palabras menos, que la dinámica de hechos consistió en: retención-traslado-asesinato y desaparición por medio de incineración de los despojos mortales por parte de la organización Guerreros Unidos⁴ (CONFERENCIA…, 2015). Con todo, la formalidad de la presentación tuvo un giro inesperado, configurándola bajo el signo de la inverosimilitud y la falta de identificación psicológica con los voceros institucionales. Al final de la primera conferencia y ante la insistencia de algunos periodistas, el mismo Jesús Murillo Karam (titular de la PGR) expresó: “Ya me cansé”. La frase rápidamente se convirtió en Trending Topic con el hashtag #YaMeCansé (LA SILLA ROTA, 2014). Diferentes personalidades públicas y medios de comunicación la debatieron y reflexionaron, poniendo de manifiesto el cansancio generalizado de la población ante la situación social, política y económica (LOZADA, 2014). Incluso, se significó como un contrasentido indignante que no se compadecía con la magnitud de lo acontecido, la responsabilidad estatal implicada, el dolor y el esfuerzo de las familias y, finalmente, las circunstancias estructurales de violencia (ESTUDIANTES…, 2014).

La segunda conferencia de prensa aconteció en compañía de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y responsable directo de la investigación por la desaparición de los 43. En la misma, Murillo Karam sentenció: “Esta es la verdad histórica de los hechos” (CONFERENCIA…, 2015). Tal mención habría de configurarse como un referente episódico primordial de Ayotzinapa: a) En su momento, constituyó el culmen de una primera oleada intensa de agitación social y política que demandó la localización de los estudiantes y la procuración de justicia; b) No solo se instituye como la hipótesis oficial de referencia para narrar lo acontecido, sino que dinamiza sobre sí posturas disímiles sobre la naturaleza del caso. No en vano, múltiples sectores de opinión han advertido que, si bien “no es la única” hipótesis, “sí es simbólica. Pesa” (D’ARTIGUES, 2016); c) Su narrativa, así como su presentación, ha sido objeto central de diferentes imputaciones de inverosimilitud y de múltiples calificativos anticiviles.

La “verdad histórica” disputada

En un extremo, la presentación de la versión oficial por parte de la PGR se ha imputado como “teatralización” o construcción de un “teatro de las mentiras” (GRECKO, 2021). En este proceso, las familias de los 43, así como sus representantes, jugaron un papel preponderante: advirtieron sobre vacíos e inconsistencias en la versión oficial, dado que no determinaba, ni deslindaba responsabilidades individuales e institucionales (CASTILLO, 2015). Posteriormente, tal versión se calificó como un “intento infantil” de cerrar el episodio antes de presentar su informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (AGUAYO, 2015). Se consideró como una “cortina de humo” buscando “evitar que se supieran […] cosas más insoportables” (SÁNCHEZ, 2019). En suma, se ha llegado a calificar como una acción deliberada para “enterrar la verdad” (ENCINAS, 2021), contaminada por intereses políticos (RAPHAEL, 2016) y, ante todo, estructurada bajo la perspectiva de “control de daños” para minimizar los costos políticos (ROSALES, 2017).

Estas imputaciones de inverosimilitud dinamizaron múltiples acepciones anticiviles contra la institucionalidad mexicana y sus representantes; por extensión, contra la esfera civil. Por un lado, por ejemplo, Ayotzinapa pasó a significarse como reflejo fiel de una situación anticivil que habría configurado el sistema político, caracterizándose por profundas dinámicas de corrupción y “una cultura política que permite […] el abuso del ejercicio del poder” (VALDÉS, 2014). Se advirtió entonces que la “verdad histórica” es una muestra tanto de la erosión de poderes, como de la inmoralidad presente en altos niveles de gobierno orientada a la desviación de las investigaciones e impedir la detección de irregularidades en los procesos ministeriales⁵ (RAPHAEL, 2016). Por otro lado, tanto las instituciones, como la imposibilidad de construcción de una narrativa objetiva y comúnmente compartida de los hechos se interpretaron como resultado de un entorno socioestatal donde predominan intereses individualistas: “ego, vanidad, narcisismo” (CUEVA, 2015).

En otro extremo, la “verdad histórica” ha sido acreditada y fuertemente defendida, imputando verosimilitud en sus conclusiones y las respectivas actuaciones institucionales, así como una actitud civilista por parte de sus funcionarios. Por tanto, se ha llamado a aceptarla “por cruda que esta sea” (LOZADA, 2016). Las pruebas presentadas se han considerado “auténticas”, los testimonios y documentos relevados como “rotundos” y el caso “cerrado” (LOZADA, 2016). Se advirtió que, a diferencia de lo ocurrido en otros casos sensibles, “se trataba de una indagatoria bien realizada y bien integrada” (ROMERO, 2020b). Consecuentemente, se asumió que la información científica presentada guardaba correlación estrecha con la dimensión testimonial, permitiendo saber “qué pasó, cómo pasó y quiénes lo hicieron” (PUIG, 2014). Postura apoyada en la versión oficial de cero involucramiento o responsabilidad de efectivos militares en los hechos, llegando a sostener que lo contrario constituiría una afirmación “criminal” (IBARROLA, Juán, 2018).

Uno de los puntos más sensibles en que se reafirmó la verosimilitud con esta versión alude a la suerte corrida por los estudiantes: mientras que amplios sectores de la opinión consideraron que las versiones sobre su deceso son contrarias a los derechos humanos, otras posturas afirmaron que “la ‘verdad’ es que están muertos por desgracia” (IBARROLA, Fátima, 2018). Convergentemente, se ha sostenido que la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, popularizada por el movimiento, constituía una lectura “surrealista” e, incluso, “manipuladora” por parte de las organizaciones acompañantes (GARCÍA, 2015). Se imputó entonces que tras la misma existirían dos tendencias convergentes: por un lado, una clara intencionalidad política de desestabilización (SARMIENTO, 2016); por otro lado, “una reacción propia de un espíritu adolorido que no se resigna a la pérdida” (ROMERO, 2020a). En este sentido, familiares y manifestantes son simbolizados como seres sin dominio de sus emociones, con falta de objetividad en su discernimiento y marcados por motivaciones anticiviles irracionales: manifestación de una relación no sana “entre su tragedia y su reacción” (ROMERO, 2020a).

Los informes del GIEI: disputas sobre la evidencia

Los informes periódicos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), surgido del acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de las víctimas y el Estado mexicano, han constituido la puesta en marcha de microepisodios sucesivos en que la versión oficial de los hechos se ha sometido a profundas disputas normativas y debates respecto a su verosimilitud. Su primer informe general, publicado a comienzos de septiembre de 2015, tensionó, sin duda, la lectura institucional de lo acontecido y ha demarcado la perspectiva respecto a la forma en que se han recibido sus publicaciones posteriores.

En una orilla, se tomó como evidencia de las inconsistencias de la investigación ministerial y derrumbe de la “verdad histórica” (LOAEZA, 2015). Se recalcó que la hipótesis principal de desaparición carecía de sustento (“Nunca hubo 43 normalistas incinerados allí”), se cuestionaron las motivaciones aducidas como desencadenantes de la desaparición (“es una historia fabricada”) y, finalmente, se insistió en que evidenciaba la responsabilidad institucional en los hechos (DRESSER, 2015). Se advirtió como constatación de cuestionamientos esbozados previamente por parte de diferentes sectores de la sociedad civil, principalmente, las familias (EL UNIVERSAL, 2015). Se asumió que evidenciaba las contradicciones internas de la administración Peña Nieto cuando orientaba tomar en cuenta “los elementos aportados por el GIEI”, a la par que altos funcionarios de la PGR se reafirmaban en que la “verdad histórica” se sostenía sin ningún cambio (LOAEZA, 2015). En suma, sobre el informe se vehiculizaron múltiples imputaciones anticiviles contra la naturaleza de la investigación ministerial y la actitud estatal.

En una postura intermedia emergieron percepciones que, aún con debates, no descartaron del todo el contenido del informe del GIEI. Se adujo que algunas de sus conclusiones presentaban tanto convergencias, como divergencias sobre lo ya investigado (ILLADES, 2015) y que, por defecto, no se podían tomar como refutación absoluta de la “verdad histórica” (ZÁRATE, 2016). A partir de allí se manifestaron valoraciones tanto positivas, como negativas respecto a las conclusiones allí contenidas. Primero, se advirtieron las diferencias en torno a la tesis de la incineración⁶ (CAMACHO-QUIROZ, 2016). Segundo, se consideró que, si bien la investigación de este organismo destacaba por la “precisión” en la reconstrucción de los hechos (PUIG, 2015), dejaba abiertas numerosas preguntas y proponía nuevos elementos interpretativos que podrían completar el mapa sobre las posibles motivaciones (ILLADES, 2015). Tercero, se advirtió que el informe planteaba no solo la necesidad de esclarecer las responsabilidades de las fuerzas de seguridad, sino que además ponía en escena los errores y falencias en materia de procuración de justicia (ZÁRATE, 2016).

En otra orilla, sin embargo, un sector de la opinión puso en tela de juicio la autonomía del informe y del mismo GIEI (SARMIENTO, 2015), así como su “imparcialidad, competencia e independencia” (BLANCO, 2018). Se acusó que las personas expertas respondían, preferiblemente, a una agenda política de desestabilización, a la par que eran reproductores acríticos de las versiones del Movimiento; esto, por cuanto no se cuestionaba sobre lo que, a su entender, constituye “una de las grandes dudas de los hechos”: la toma de los buses, su desplazamiento hasta Iguala y las razones del accionar de los estudiantes (SARMIENTO, 2015). Consecuentemente, se debatieron algunas de sus recomendaciones respecto a diligencias consideradas necesarias para avanzar en la investigación ministerial: la más sensible, la sugerencia de llamado a declaración a miembros del 27.° Batallón del Ejército, presente en inmediaciones de Iguala (CAMACHO-QUIROZ, 2016). En este plano, las conclusiones del GIEI han sido calificadas como “improbables” y “delirantes”, dando como resultado la imposibilidad de “cualquier encuentro con la verdad” (GAMÉS, 2018).

Episodio 2: El poder judicial y la CNDH en el centro de la controversia

Posteriormente, Ayotzinapa volvió a moverse en la opinión pública con una importante intensidad hasta mediados de 2018.⁷ En este marco surgieron dos microepisodios nodales que dinamizaron, una vez más, la presencia episódica de Ayotzinapa en la opinión pública: el primero de ellos se configuró a partir tanto de la resolución de los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Tamaulipas, como de la sentencia de la Causa Penal 66/2015 dictada en favor de uno de los presuntos responsables implicados y que fue promulgada por el juez primero de distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos. El segundo se refiere a la Recomendación Definitiva sobre el Caso Iguala (15VG/2018) elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sentencias judiciales sometidas a disputa

Las resoluciones judiciales aludidas han generado “ríos de tinta” (CAMACHO, 2019), así como diversos comentarios y múltiples reacciones políticas. Han condensado sobre sí múltiples valoraciones morales en disputa sobre la convergencia entre justicia, debido proceso y respeto a los derechos humanos de los presuntos perpetradores (PÉREZ-VÁZQUEZ, 2018). También se han constituido en referente narrativo para la proposición de diferentes políticas públicas, algunas de las cuales no dudan en calificar negativamente los contornos de tales decisiones (CAYETANO-GARCÍA, 2019). Entre los varios puntos debatidos han destacado, justamente, la orden de reposición del proceso judicial por serios indicios de tortura contra los presuntos responsables por parte de autoridades militares y policiales, las violaciones al debido proceso,⁸ la orden de creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) (CVAJ) y, por supuesto, la excarcelación de un número importante de algunos de los presuntos implicados.

Una parte de la opinión pública significó la primera sentencia desde un óptica civilista: “innovadora y esperanzadora” (PATRÓN, 2018), procedente “del futuro” (PÉREZ-VÁZQUEZ, 2018) y, no menos, como una “sentencia a la verdad histórica” (ALANÍS, 2018). Se destacó positivamente su anclaje en la jurisprudencia nacional e internacional, principalmente el Protocolo de Minnesota, así como el rol protagónico asignado a las víctimas por medio de la orden de creación de la CVAJ (PÉREZ-VÁZQUEZ, 2018). Se tomó como un “vuelco histórico positivo” en el desarrollo del caso y la justicia mexicana: una determinación estatal que rompía con los obstáculos que habían impedido el esclarecimiento de los hechos (ARISTEGUI NOTICIAS, 2018). Por tanto, las críticas contra tal sentencia, así como las impugnaciones que sobrevinieron fueron calificadas como parte de una actitud cruel contra las víctimas y erráticas en materia política (ALANÍS, 2018).

Otro sector, en cambio, cuestionó profundamente su contenido, así como sus efectos: “aberración” (BLANCO, 2018), fallo “inusitado” (CABEZA DE VACA, 2018) y una sentencia con características “estrafalarias” (ROCK, 2018). Plano en que se ha señalado que la misma olvida principios jurídicos básicos y estándares técnicos esenciales (CABEZA DE VACA, 2018). En consecuencia, quienes se mostraron contrarios a esta decisión sostuvieron que las víctimas indirectas, por influencia de los colectivos acompañantes, se habían convertido en “abogados de los presuntos asesinos de sus hijos” (BLANCO, 2018) y habían admitido “el uso y abuso político de su tragedia” (GAMÉS, 2018). Por esta vía, se sostuvo que la sentencia era una “extralimitación” y una “bomba” contra el sistema judicial, dado que, se adujo, la creación de la Comisión supondría el abandono del “monopolio en la procuración de justicia” (ROCK, 2018).

La segunda sentencia, publicada el 30 de agosto de 2019, no solo ha dinamizado algunos de estos debates, sino que además ha vehiculizado profundas críticas respecto a los jueces que las han proferido. En este contexto se han presentado debates públicos importantes entre altas esferas de las respectivas ramas del poder público: por un lado, miembros del Ejecutivo federal de la administración López Obrador han señalado que este tipo de decisiones han sido tomadas por “testaferros de la Verdad Histórica” (ENCINAS, 2022b). Por otro lado, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han advertido que tal tipo de críticas son “injustas”, defendiendo la autonomía de la rama judicial (FUENTES, 2022). En este marco, un sector calificó la sentencia como una “infamia judicial” (ENCINAS, 2019) y un “golpe brutal” contra las investigaciones (ZÁRATE, 2019). Otro sector, en contraposición, la calificó como “histórica” argumentando que representaba un parteaguas en la procuración de justicia, instando a dejar atrás los “vicios” presentes en la investigación ministerial y la obtención de testimonios por medio de prácticas lesivas de la integridad humana, como la tortura (RAPHAEL, 2019).

De fondo, las sentencias en cuestión han sido significadas como un “dilema” y “una disyuntiva” tanto para el caso como para la justicia mexicana: respetar la decisión judicial ante las evidencias de tortura o persistir en la defensa del proceso ministerial adelantado (NEGRETE, 2021). Convergentemente, se han manifestado profundas diferencias dados los efectos de excarcelación que han supuesto (ENCINAS, 2019). Se cuestionó entonces si, a raíz de las evidencias de tortura, se debiera desestimar el conjunto de pruebas para acusar a los presuntos responsables o si, independientemente de esta situación, una parte del acervo probatorio pudiése ser considerado y no invalidar el conjunto de la investigación ministerial (CABEZA DE VACA, 2019). En suma, las sentencias no solo han convocado un conjunto de imputaciones anticiviles cruzadas, sino que han alineado a actores otrora antagónicos de ciertas decisiones judiciales.

Debates y disputas normativas sobre el rol y las recomendaciones de la CNDH

El ejercicio investigativo de la CNDH, por su parte, ha sido sometido a profundo escrutinio en cada periodo presidencial. La divulgación de sus conclusiones y posturas constituyen, igualmente, una dimensión performativa fallida: todo lo cual refiere no solo al contenido de la Recomendación Definitiva sobre el Caso Iguala (15VG/2018), sino a su rechazo por parte de diferentes personalidades públicas, las familias, la nueva titularidad de la institución y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) (ARISTEGUI NOTICIAS, 2018). Sobre sí ha prevalecido una profunda disputa normativa sobre el tenor de su actuación, así como el papel e involucramiento de sus principales funcionarios en los respectivos sexenios.

Así las cosas, en un primer momento se sostuvo que las conclusiones de la CNDH planteaban matices interpretativos nodales respecto a la versión oficial (AGUIRRE, 2018) e, igualmente, frente a algunas conclusiones del GIEI o del EAAF (DE MAULEÓN, 2016). No en vano, se llegó a afirmar que la CNDH tenía “otra historia” (DE MAULEÓN, 2016) y que su investigación, en confluencia con otras instituciones, provocaba que se fuera “derrumbando la versión oficial” (BARRERA, 2018). Se destacó entonces que La Recomendación proveía información contextual clave, líneas de investigación específicas y evidencia de irregularidades en el proceso de investigación ministerial (ROLDÁN, 2018). Por tanto, se calificó como una investigación “impecable” (PUIG, 2020), contundente, independiente, autónoma y que constituía un recurso indispensable para continuar las investigaciones: “No atendió a cálculo ni a consideración política alguna” (DE MAULEÓN, 2019). En otras palabras, se consideró desde una perspectiva civil.

Este ejercicio investigativo, contrastantemente, se sometió a una profunda disputa normativa. Incluso, la nueva titularidad de la CNDH la consideró “oficialista, revictimizante y poco rigurosa”, así como “sesgada” por no contemplar “la actuación de las Fuerzas Armadas” y basar sus conclusiones únicamente en trabajos de gabinete (FERRI, 2022). Se adujo que no cumplía “con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, omitiendo una investigación sistemática contra miembros del Ejército (PÁEZ, 2021). Adicionalmente, se advirtió que había desproporción entre la magnitud de lo acontecido y la debilidad de las recomendaciones emitidas, así como ausencia de las víctimas indirectas y la criminalización de la comunidad estudiantil⁹ (ANIMAL POLÍTICO, 2021). Consecuentemente, desde diferentes orillas se ha imputado falta de compromiso con las investigaciones o tergiversación política intencionada en función de adscripciones clientelares y conductas cercanas a la corrupción: en su momento, la gestión del ombudsman nacional Luis Raúl González (2014-2019), por ejemplo, fue criticada por el propio Andrés Manuel López Obrador, sugiriendo la existencia de simulación, hipocresía y solapamiento a “violaciones de derechos humanos”¹⁰ (AMLO…, 2020).

En el nuevo sexenio, contrastantemente, varias personas que habían defendido el papel de esta entidad adujeron que había entrado en “crisis” (AZUELA, 2020a) o que se había “dislocado” como producto de las pugnas respecto a La Recomendación, la intencionalidad de despido de quienes participaron de la misma y los procedimientos irregulares que se habrían seguido para tal efecto (BECERRIL, 2020). Desde esta perspectiva se ha criticado el curso de la investigación y la búsqueda en el nuevo sexenio, advirtiendo que los nuevos informes de esta y otras instituciones están a “años luz” de lo realizado previamente (FERNÁNDEZ, Jorge, 2020a). Situación interpretada como resultado de la ruptura del orden institucional de la CNDH, la asignación de la nueva investigación en manos de personas que “desconocen la esencia de la recomendación” y, sobre todo, la intencionalidad de acomodar el nuevo texto a la “verdad verdadera” anunciada por el Gobierno de López Obrador (BECERRIL, 2020). En consecuencia, emergieron voces en que se declaró que bajo la nueva administración se tenía una CNDH “gobiernista” (FERNÁNDEZ, Jorge, 2020b) que descartaba La Recomendación, simplemente, por considerarla cercana a la “verdad histórica” (MARÍN, 2019).

Episodio 3: Ayotzinapa en el nuevo sexenio: Disputas normativas renovadas

La transición y cambio de administración pública a nivel federal lejos de lograr consensos ha generado sobre sí otro conjunto de disputas normativas. Este episodio se ha estructurado a partir de la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Iguala (UEILCA) y sus respectivas actuaciones, así como de la declaración pública sobre el fin de la “verdad histórica” dada por Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR.

La UEILCA: Incertidumbres y esperanzas

Las decisiones de la UEILCA, conformada el 26 de junio de 2019 (FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 2019), han ocupado un lugar protagónico en lo que refiere al debate sobre el curso de Ayotzinapa durante el nuevo sexenio. Destacan, entre otras, tanto el anuncio progresivo de citación a declaración como las nuevas órdenes de aprehensión contra altos mandos militares y exfuncionarios claves (GARCÍA, J., 2022). Otro tanto ha acontecido con la divulgación de diferentes materiales que corroborarían las irregularidades en la investigación ministerial adelantada por la PGR: fabricación de pruebas, destrucción de evidencias, omisión de procedimientos, violación a los derechos humanos, desprotección de lugares relevantes e intimidación de testigos (MILENIO, 2021).

En un extremo, se ha asumido que la creación de este espacio ha permitido “desquebrajar el pacto de impunidad” (AZUELA, 2020c). Se leyó como un avance sustancial que habría permitido ampliar las líneas de investigación, contar con una nueva reconstrucción de los hechos, adelantar actos de investigación pendientes, identificar el involucramiento del Ejército y otros actores estatales, evidenciar el contexto de macrocriminalidad y de colusión extendido a otros órganos y niveles de gobierno, el desarrollo de acciones de búsqueda desestimadas anteriormente y, finalmente, avanzar sobre la investigación de los artífices de la “verdad histórica” procediendo a su judicialización, dado que se ha comprendido tal narrativa no solo como una irregularidad institucional, sino como parte nodal de un proceso de manipulación coligado al hecho de la desaparición forzada (GUERRERO, 2020). En consecuencia, se calificó positivamente la designación del primer titular de la Unidad, Omar Gómez Trejo, dada su experiencia en el GIEI y sus antecedentes como defensor de los derechos humanos (AGUAYO, 2020). Desde esta perspectiva se advirtió el importante avance en la investigación durante el nuevo sexenio, sugiriendo que los actos de la unidad no están permeados por intencionalidades políticas, sino que se han orientado como “un acto de rendición de cuentas para las familias y la sociedad” (AZUELA, 2020b).

En otro extremo, no obstante, su creación ha estado sometida a profundas disputas normativas y morales. Se objetó, por ejemplo, que la primera titularidad le hubiese sido dada a un antiguo miembro del GIEI, señalándolo como un “sujeto nada confiable” (MARÍN, 2020). Al catalogar a este Grupo como “insidioso” se ha considerado la perspectiva investigativa de la UEILCA como no objetiva y centrada en “el negocio de lucrar con el dolor de los deudos” (MARÍN, 2021a). Por tanto, se ha imputado que su trabajo está orientado a “inventar una versión al gusto de los detractores de la verdad histórica” (MARÍN, 2021b), corroborar intencionadamente que lo acontecido es un “crimen de Estado” y donde, por tanto, se percibe más interés en perseguir a “los agentes investigadores” que a “los criminales del caso”¹¹ (SARMIENTO, 2020b).

El anuncio del fin de la “verdad histórica”: Nuevas evidencias, debates renovados

En medio de esta disputa, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, anunció en conferencia de prensa llevada a cabo el 30 de junio de 2020 el “fin de la verdad histórica” (ALEJANDRO…, 2020). En una orilla, tal declaración se calificó como reflejo de la vigencia de la lucha adelantada por los familiares, confirmación de lo dicho por otras instituciones y expectativa de que está versión no tuviese futuras ediciones (AZUELA, 2020a). En un terreno intermedio y desde una perspectiva técnica, se advirtió que lo que se había caído era la verdad legal (la invalidez de las pruebas para justificar las condenas), pero no el relato básico de retención violenta, homicidio y desaparición (FERNÁNDEZ, Diego, 2020). Finalmente, otro sector de la opinión pública señaló que tal declaración era un “compromiso político”, pero no se tenía una versión sólida que la reemplazara en el futuro (SARMIENTO, 2020b).

En este marco adquirió centralidad el hallazgo de los despojos mortales de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 reportados como desaparecidos, en una hoguera en la Barranca de la Carnicería; misma que se encuentra localizada a 800 metros del basurero de Cocula. Tal localización y la identificación positiva fueron anunciadas en conferencia de prensa el 7 de julio de 2020 por parte de Gómez Trejo. Un sector de la opinión afirmó que este hallazgo era relevante y de trascendencia (AGUIRRE, 2020). Se asumió entonces que era reflejo del conjunto de mentiras asociadas a la “verdad histórica”, la “teatralidad” con que fue construida, el falseamiento de los hechos mediante conclusiones apresuradas, ocultamiento de pruebas y actuaciones arbitrarias (BECERRA-ACOSTA, 2020). Se tomó entonces como comprobación definitiva de una hipótesis alternativa: la posible ejecución y dispersión de los restos en varios puntos cercanos a Iguala, la probable utilización de múltiples métodos para deshacerse de los despojos mortales y el presunto involucramiento de diversos grupos de autores, incluyendo a agentes institucionales y miembros del crimen organizado (RODRÍGUEZ, 2020).

Otro sector, por el contrario, advirtió que no cambiaba “sustancialmente lo que se sabía hasta ahora”, aunque sí permitía comprender de mejor manera la ruta de desaparición, así como evidenciar el “error histórico” de colocarlos a todos en el mismo sitio (DE MAULEÓN, 2020). En este caso se afirmó que la verdad prevaleciente es que los estudiantes habrían sido asesinados (SARMIENTO, 2020a). Se asumió entonces que la lectura dada a este tipo de hallazgos y la imputación de fin de la “verdad histórica” era un “compromiso político” del nuevo gobierno y lo que preocupaba era la inexistencia de “otra versión que la reemplace” (SARMIENTO, 2020a). En ambos casos prevalecieron imputaciones anticiviles cruzadas.

A manera de cierre: Encuentros y desencuentros con las aproximaciones teóricas desarrolladas

Ayotzinapa se ha construido simbólicamente como un trauma colectivo sujeto a múltiples valoraciones normativas en disputa de tipo moral. El pivote fundamental de esta configuración parte de la imputación en el caso como una “tragedia”, para luego desplazarse hacia la producción y reproducción no solo de diferentes narrativas en que se avalan o discuten públicamente las versiones episódicas sobre los autores, los móviles, la dinámica de hechos y el contexto de ocurrencia, sino también de la contaminación simbólica de sus autores. En este sentido, se comparte la postura de Gravante (2018) y Gravante y Poma (2019) sobre la centralidad de la interpretación cultural en la configuración de Ayotzinapa como un trauma colectivo a partir tanto de la construcción simbólica de lo acontecido como reflejo de una amenaza, real o potencial, contra la colectividad, como de un sinnúmero de manifestaciones de empatía y solidaridad hacia las víctimas.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista en este tipo de perspectivas se ha pasado por alto la forma en que, episódicamente y por medio de múltiples disputas normativas, la configuración del proceso traumático se sujeta a diferencias sustanciales sobre las dimensiones de la responsabilidad moral implicada. Esto es, la forma en que compiten entre sí diferentes representaciones sobre los contornos del sufrimiento social, así como las causas y efectos del evento focal desencadenante (ALEXANDER, 2012). En este sentido, a pesar de existir una distribución desigual de recursos materiales en favor de las instituciones estatales, en el caso Ayotzinapa ninguna narrativa ha logrado efectividad performativa en los términos propuestos por Alexander (2006a). Es decir, si bien existe un consenso más o menos general respecto a la concepción de este hecho como una “tragedia” no solo personal, sino colectiva, lo real es que permanece abierto un intenso debate sobre los contornos de sus implicaciones. Esto queda constatado no solo en la falta de verosimilitud de las diferentes narrativas y actuaciones relacionadas con el hecho, sino además en una construcción simbólica contrapuesta en que, a diferencia de lo planteado por Gravante y Poma (2019), prevalece un proceso de contaminación simbólica en la opinión pública contra aquellas posturas consideradas antagónicas y que corren a lo largo de la disputa normativa sobre la consigna “Fue el Estado”.

La perspectiva aquí asumida considera que este proceso se entiende mejor desde la teoría de la esfera civil y la pragmática cultural. Desde este enfoque inferimos que Ayotzinapa, sujeto a un proceso de configuración simbólica como una trauma social en disputa, constituye un hecho social significativo. Todo lo cual está intrínsecamente relacionado con su estructuración como un performance moral, una dimensión poco explorada para analizar los contornos del caso:¹² Una expresión que problematiza la construcción simbólica de diversas estructuras morales y pone en juego valores considerados centrales tanto para la esfera civil, como para esferas no civiles. Un espacio simbólico donde se producen y recrean diferentes dinámicas socioculturales en que se debaten sentidos contrastantes sobre la ocurrencia, la verosimilitud, la legitimidad y los efectos sociales e institucionales del exceso violento materializado en prácticas de desaparición, asesinato y torturas. En este sentido, las acciones institucionales son sometidas a escrutinio público no solo desde la perspectiva de la consistencia de sus actuaciones en arreglo a sus competencias legales y/o su capacidad para conciliar versiones oficiales y materiales probatorios amparadas en su poder discursivo tal cual sugieren Arias et al. (2017), sino que están intrínsecamente relacionadas con su puesta en escena y la forma como se anudan verosimilitud e identificación psicológica (ALEXANDER, 2006a).

Todo lo anterior comporta implicaciones teóricas precisas. Primero, considerar las instituciones sociales como arenas que refractan significativamente los significados culturales (ALEXANDER, 1997). Por tanto, no pueden ser analizadas como entes monolíticos. Justamente los cambios y transiciones evidenciadas a lo largo de este texto permiten evidenciar su lugar diferencial en la constitución de actos performativos. En este sentido, resulta útil comprender la manera en que la desaparición de personas ha representado un reto para las instituciones, implicando un conjunto de rupturas, continuidades y modificaciones. En este marco resulta imprescindible, tal como lo demuestra (MUÑOZ, 2020), analizar la forma en que las lecturas institucionales sobre la desaparición forzada en México comportan dimensiones de eficiencia “ética” y “moral” ancladas en la construcción de narrativas públicas que no se limitan a aspectos de técnica jurídica o política.

Segundo, desplazar la pregunta por las causas y los efectos de la violencia hacia el cuestionamiento de su inserción social y cultural en diversas mediaciones sociales. Esto implica cuestionarse por la forma en que los fenómenos tipificados como violencia son construidos social y simbólicamente como hechos sociales significativos a partir de la presencia e intersección de múltiples códigos simbólicos (ARTEAGA; ARZUAGA, 2017). A diferencia de lo planteado por Escalante y Canseco Ibarra (2021), para quienes la interpretación de Ayotzinapa está encuadrada en una disposición mental de la población mexicana que denominan “cultura antagónica” (bajo la cual se interpretarían todas las violencias como resultado de una violencia fundacional estatal extendida en el tiempo), se han ofrecido múltiples evidencias sobre la compleja configuración de la opinión pública sobre el caso a partir de una gramática compleja estructurada por diferentes narrativas y símbolos que se ponen en escena. Esto supone poner en el centro de interpretación de los códigos simbólicos a la teoría de la esfera civil (ALEXANDER, 2006b), así como sus ulteriores desarrollos en Latinoamérica (ALEXANDER; TOGNATO, 2018).

Tercero, asumir que el mecanismo explicativo implícito se orienta por la comprensión de la forma en que diferentes hechos son producidos y recreados simbólicamente en el ámbito comunicativo de la esfera civil. Si bien es importante comprender la importancia de las luchas sociales en la constitución de espacios efectivos para interpelar a las instituciones estatales, se asume que el factor que los posiciona en la opinión pública no depende exclusivamente del grado de fuerza agresiva implicada o la capacidad de movilización generada (GIL, 2017; GUINOT, 2022). Se trata, preferiblemente, de la manera en que tensionan de manera generalizada aquellos valores que son considerados como aspectos vitales para un conglomerado social (MAST, 2006). Ello supone comprender que la función simbólica de estos relatos se encuentra en relación estrecha con el grado de percepción de las acciones perjudiciales como afectaciones contra el centro simbólico de la sociedad (TOGNATO, 2015). Todo lo cual requiere problematizar la forma en que diferentes hechos se rodean de una serie de externalidades culturales, así como la manera en que se convierten en objeto de atribución y variadas disputas de sentido.

Cuarto, trabajar operativamente con una definición del objeto de estudio que permita comprender que los hechos catalogados como violencia constituyen, esencialmente, gestos dramatúrgicos que tienen lugar en el seno de sociedades diferenciadas. Es decir, se trata de entender la manera en que tales fenómenos son constituidos como actos performativos, comprendiendo las respuestas y significaciones morales o emocionales dadas por múltiples audiencias (ALEXANDER, 2006a). En este sentido, si bien se ha advertido sobre la importancia de humanización de las víctimas de Ayotzinapa como un factor importante de movilización y posicionamiento del caso (GRAVANTE, 2018; GUINOT, 2022), lo cierto es que prevalecen dinámicas complejas de construcción simbólica de las mismas que, eventualmente, modelan su configuración en la opinión pública. Esto implica identificar la forma en que los hechos sociales significativos de corte violento son estructurados social y culturalmente a partir de múltiples narrativas constatativas, valoraciones normativas disímiles, perspectivas normativo-acusatoriales y diferentes procesos agénticos que informan la acción.

Notas

• 1
  Esta noción se inspira en el concepto de trauma colectivo elaborado por Alexander (2012): condensa el proceso de agencia colectiva implicado en la experiencia del sufrimiento social, donde la definición de los contornos de la experiencia traumática, su agente causante y receptor son construidos social, simbólica y emocionalmente. En este marco la preocupación por la responsabilidad moral se pone al centro y el estatus de trauma se adquiere, fundamentalmente, si lo que se pone en juego es la definición del sufrimiento centrada en la amenaza a la colectividad. Por ende, la construcción del trauma depende, fundamentalmente, del proceso colectivo de interpretación cultural (construcción y reconstrucción del evento) y, no menos, de su puesta en escena (ALEXANDER, 2012, pp. 1-10, 14-16).
• 2
  El performance puede ser entendido como una “ocasión en la que, como cultura o sociedad, nos reflejamos y definimos, dramatizamos nuestros mitos colectivos y nuestra historia, nos presentamos con alternativas y eventualmente cambiamos de alguna manera mientras permanecemos igual en los demás” (MACALOON, 1984). Un proceso en que los actores, individual o colectivamente, despliegan para otros el significado de su situación social, bien sea consciente o inconscientemente (ALEXANDER, 2006a, p. 32).
• 3
  Tal como afirman Arteaga y Arzuaga (2018), en estos medios de comunicación las columnas de opinión representan un espectro amplio de posiciones entreveradas que pueden orientar líneas ideológicas de pensamiento de diverso tipo, aunque con tendencias, en apariencia: conservadoras (Milenio y Reforma), liberales (Aristegui Noticias y El Universal) y de izquierda (La Jornada). Todo lo cual hace posible ubicar diferentes perspectivas interpretativas y de opinión.
• 4
  La PGR presentó varios elementos probatorios y testimoniales para sustentar la ocurrencia del incendio en un basurero en el municipio de Cocula (dada la localización de Alexander Mora Venancio), la responsabilidad de los detenidos y, finalmente, la dificultad para corroborar genéticamente otros despojos hallados tanto en el basurero como al fondo del río San Juán dada la magnitud de destrucción de la evidencia (CONFERENCIA…, 2015).
• 5
  Esta perspectiva ha sido replicada por algunos análisis académicos, entre los que cabe citar (CHINAS-SALAZAR; PRECIADO-CORONADO; CEJA-MARTÍNEZ, 2017).
• 6
  Efectivamente, el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego conformado por el GIEI y la PGR identificó un “evento de fuego” en el basurero de Cocula; sin embargo, no se confirmó la hipótesis de incineración de los 43 cuerpos (SINEMBARGO.MX, 2016).
• 7
  En este transcurso, por ejemplo, fue publicado el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018), que convocó algunos espacios de opinión, pero no se constituyó en objeto central de reflexión o disputa.
• 8
  Todo lo cual, desde la postura de los magistrados, condujo a una investigación ministerial carente de efectividad, imparcialidad e independencia (MÉXICO, 2018).
• 9
  El proceso de criminalización contra la comunidad estudiantil ha sido ampliamente debatido en la literatura académica. Al respecto, revisar (OCHOA-ÁVALOS, 2017).
• 10
  Desde otras orillas, lo mismo ha acontecido con el nombramiento, acciones y posturas de María del Rosario Piedra Ibarra (nueva titular de la CNDH), de quien se adujo había “sepultado” la Oficina Especial para el Caso Iguala, dando paso a la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado, “a la que presuntamente convirtió en el brazo político y financiero del Comité Eureka” (REPORTE INDIGO, 2021).
• 11
  Sin duda, la renuncia de este funcionario el 27 de septiembre de 2022, en conjunción con la captura del ex procurador Murillo Karam, las órdenes de aprensión contra altos mandos militares y la divulgación del Informe de la Presidencia de la CVAJ abrirán un nuevo episodio en la configuración pública de Ayotzinapa como un trauma colectivo sujeto a múltiples disputas.
• 12
  En este sentido se comparte la noción de drama social para caracterizar la inserción social de Ayotzinapa (SANTOS; MERLOS; ARREZ, 2015). Sin embargo, como se ha intentado demostrar, la dimensión dramática no se limita a la configuración simbólica problematizada del ámbito estatal, sino que se extiende a diferentes capas sociales, principalmente la esfera civil y las esferas no civiles.

Referencias

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Editor responsável: Michel Misse

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  01 Mar 2024
• Fecha del número
  2024

Histórico

• Recibido
  18 Oct 2022
• Acepto
  20 Nov 2023