Gobernanzas criminales en tiempos de revolución post-Chávez y legitimidad cuestionada: Una mirada a los distintos órdenes territoriales y actores armados en Caracas¹

Governança criminal em tempos de revolução pós-Chávez e legitimidade questionada: Um olhar sobre as diferentes ordens territoriais e atores armados em Caracas

RESUMEN

Este artículo compara la configuración de dos órdenes territoriales armados y las formas de gobernanzas locales en contextos autoritarios neopatrimoniales en Caracas que padecen lo que ha sido denominado como “crisis humanitaria compleja”. Dialogamos con los conceptos de gobernanza colaborativa y gobernanza criminal para entender cómo funciona el control social localmente en un contexto autoritario donde una crisis política, económica, y humanitaria ha restringido los recursos y el alcance del gobierno. El caso venezolano revela con especial interés los procesos de mutación en las relaciones entre actores armados y un Estado fragmentado para funciones de control social en sus territorios en un contexto de legitimidad disputada.

Palavras-chave:
gobernanza criminal; gobernanza colaborativa; ordenes territoriales armados; despotismo armado

RESUMO

Governança criminal em tempos de revolução pós-Chávez e legitimidade questionada: Um olhar sobre as diferentes ordens territoriais e atores armados em Caracas compara a configuração de duas ordens territoriais armadas e as formas de governança local em contextos neopatrimoniais autoritários em Caracas que sofrem do que tem sido chamado de “crise humanitária complexa”. Dialogamos com os conceitos de governança colaborativa e governança criminal para entender como o controle social funciona localmente em um contexto autoritário em que uma crise política, econômica e humanitária tem restringido os recursos e o escopo do governo. O caso venezuelano revela com especial interesse os processos de mutação nas relações entre os atores armados e um Estado fragmentado para funções de controle social em seus territórios, em um contexto de legitimidade disputada.

Palavras-chave:
governança criminal; governança híbrida; ordens territoriais armadas; despotismo armado

ABSTRACT

This article compares the configuration of two armed territorial orders and forms of local governance in neo-patrimonial authoritarian contexts in Caracas that suffer from what has been called a “complex humanitarian crisis”. Based on the analysis of ethnographic data, this text dialogues with the concepts of collaborative governance and criminal governance to understand how social control functions locally in an authoritarian context where a political, economic, and humanitarian crisis has restricted the resources and scope of government. The Venezuelan case is especially revealing of processes of mutation in the relations between armed actors and a fragmented state that involve social control functions in their territories in a context of contested legitimacy.

Keywords:
criminal governance; collaborative governance; armed territorial orders; armed despotism

Introducción

Desde mediados de la década 2000, Caracas comenzó a ser clasificada como una de las cinco ciudades más peligrosas del mundo². Diez años después (en el año 2016, a dos años de iniciado el gobierno de Nicolás Maduro), hizo noticia por ser clasificada, esta vez, como la ciudad más peligrosa del mundo (OLMO, 2020). Cuatro años después, llamó igualmente la atención por la importante disminución en las cifras de hechos violentos, en corto tiempo y en un contexto de turbulencia política, colapso económico y crisis humanitaria. Este descenso resultaba además muy llamativo de cara a la ausencia de una política integral de seguridad ciudadana y de una reforma institucional de las fuerzas policiales denunciadas sistemáticamente por su corrupción y abuso de la fuerza.

Monitor de víctimas, uno de los registros de muertes violentas más confiables del país, en efecto, documentó que, en Caracas, a partir del año 2018, la tasa de homicidio pasó de 40 muertes por cien mil habitantes a 16 muertes por cien mil habitantes en 2021.

Gráfico 1:
Gran Caracas. Tasa de muertes de muertes violentas, 2018 a 2021

La reducción de las cifras de hechos violentos en el país y en su capital también convocó los análisis de periodistas y expertos nacionales e internacionales. Algunos analistas han sostenido que esta disminución responde a diversos fenómenos, entre los que se identifican: la masiva migración de venezolanos por el colapso económico y político evidente desde 2014; la severa contracción económica que disminuye las oportunidades para cometer delitos; y una mayor organización del mundo criminal que ha producido la reducción de las disputas armadas entre las bandas, así como un mayor control territorial. Nuestras investigaciones se alinean con esta interpretación. Esta hipótesis no ha sido estudiada con profundidad hasta el presente y es la que queremos explorar en este texto.

En este texto, proponemos que la reorganización de los actores armados y las mutaciones en las formas de relación de estos grupos y sectores del Estado son clave para entender el descenso de las muertes violentas en la Caracas. El caso venezolano, que constituye un contexto autoritario en el que una crisis política, económica y humanitaria ha restringido los recursos y el alcance del gobierno, revela con especial interés los procesos de mutación en las relaciones entre actores armados organizados y el Estado para funciones de control social en sus territorios.

Nos centramos en la configuración de dos órdenes territoriales armados (ANTILLANO, ARIAS y ZUBILLAGA, 2020) en dos zonas particulares del oeste de Caracas de intensa significación. Por un lado, La Cota 905, formada por una cadena de barrios distribuidos en zonas montañosas del suroeste de la ciudad, en la que prevalece una confederación de bandas de crimen organizado que han comenzado a ser denominadas como “megabandas”. Esta banda de crimen organizado se conoce por su lugar de origen, como “la banda de La Cota 905”.

Por otro lado, la histórica parroquia del 23 de Enero, edificada a fines de los años 1950 durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Esta parroquia ha sido históricamente sede de los movimientos de guerrilla urbana de los 1960 y 1970, y centro de la vida política y social del país (VELASCO, 2015). En esta parroquia prevalecen la gama de actores armados paraestatales leales al gobierno conocidos como “colectivos armados”.

Proponemos que, en el marco de la historia reciente de colapso económico y turbulencia política, y a través de trayectorias muy diferentes (que detallaremos al analizar cada caso por separado), se produjo la articulación y organización interna de estos grupos que favoreció la consolidación de su poder territorial, manifiesto en: 1) el control territorial y el ejercicio de una soberanía reconocida; 2) formas institucionalizadas de gobernanza de la vida cotidiana de la población bajo su control; 3) prácticas económicas ilícitas que implican el ejercicio de una violencia más organizada; y 4) formas de relación con el Estado que, en un contexto de intensa inestabilidad política y búsqueda estatal de legitimación, han tendido hacia la colaboración y hacia alianzas estratégicas volátiles. Estas formas de colaboración garantizan una mínima gobernabilidad y control territorial para el Estado y, para los grupos armados, un aval de su existencia y acceso a rentas. Estas relaciones, que son movedizas, pueden variar temporalmente entre la colaboración, la persecución y la confrontación, y dependen de frágiles acuerdos.

El artículo se basa en el análisis de los datos de una investigación de orientación etnográfica realizada en estas dos zonas de Caracas. Reúne datos obtenidos a través de la observación y entrevistas a profundidad realizadas entre 2017 y 2018 y luego retomadas entre 2020 y 2021, a vecinas y vecinos, funcionarios policiales y a integrantes de la banda criminal en La Cota 905. En la parroquia 23 de Enero, ubicada en la zona oeste-norte de Caracas, se llevaron a cabo entrevistas³ a profundidad con miembros de los colectivos armados, una agente policial, así como vecinas y vecinos, en el año 2021. Nos enfocamos en las zonas de la parroquia en las que prevalecen el colectivo La Piedrita y el colectivo Tres Raíces. En este artículo dejamos los nombres de las zonas, ampliamente conocidas, y mantenemos y cambiamos los nombres y detalles de nuestros entrevistados.

El descenso de las muertes violentas en Caracas y la consolidación de órdenes territoriales armados

Una vecina en el barrio La Cota 905 nos contó:

- Aquí ahora no se pierde ni un par de zapatos, ni un teléfono, nada. Aquí no se permite ninguna sinvergüenzura... antes robaban mucho... Es complicado, pero a la vez efectivo. Aquí la gente sabe que, si roba algo, lo matan, lo lanzan en un bajante y ya.

Más al norte de la ciudad, un vecino de la parroquia del 23 de Enero, igualmente contrastó el pasado de violencia y el presente de tranquilidad. Asociaba este contraste a las prácticas de grupos armados paraestatales leales al gobierno conocidos como “colectivos”. Este vecino relató:

- Creo que le quitó un dolor de cabeza al gobierno con la delincuencia. Antes, a veces, bajaban 50-60 hombres armados delincuentes. Ya yo no veo eso. Por lo menos trajeron tranquilidad. Y mi nieto puede ir a la cancha y no ve gente armada.

Los datos sobre la distribución de muertes violentas por parroquias nos revelan esta tendencia común de disminución de las muertes violentas. Pero también nos muestran diferencias importantes en las dinámicas locales en las parroquias donde están ubicados estas comunidades. Obsérvese el gráfico siguiente:

Gráfico 2:
Gran Caracas y tres parroquias seleccionadas: Santa Rosalía, El Paraíso y 23 de Enero. Tasa de muertes violentas, 2018 a 2021

Resalta la diferencia de tasas entre las parroquias en las que se distribuye la cadena de barrios donde se halla La Cota 905 - Santa Rosalía y El Paraíso -, con respecto a la tasa de la parroquia 23 de Enero. La tasa de muertes violentas de Santa Rosalía doblaba a la tasa del 23 de Enero en el año 2018.

En las primeras dos parroquias, sede de las bandas criminales, se desató la confrontación entre éstas y las fuerzas policiales entre 2015 y 2017, en el marco de los operativos conocidos como Operativos de Liberación del (OLP, por sus siglas). Estos operativos comprendieron la invasión masiva y una acción letal policial sostenida por esos dos años (2015 y 2017) en las comunidades populares, como no se había visto antes en el país⁴.

Los operativos militarizados, que comenzaron a hacerse regulares a partir del año 2010, como en El Salvador, contribuyeron a la reorganización de las bandas criminales anteriormente en disputa, motivando su articulación para enfrentar a un enemigo común: las fuerzas policiales (CRUZ, 2010). Sin embargo, a diferencia de los operativos anteriores, los OLP muy tempranamente comenzaron a ser denunciadas por su letalidad (ANTILLANO y ÁVILA, 2017). Los dos años de confrontación entre las fuerzas policiales y las bandas no brindaron los resultados esperados.

En el año 2017, en un contexto de intensa agitación política en las calles y de elecciones de legitimidad cuestionada, las autoridades se atrevieron a buscar otras alternativas. Esta vez optaron por los pactos con la gran confederación de bandas criminales. Precisamente, José Miguel Cruz y Angélica Durán-Martínez (2016), refiriéndose a las reducciones de homicidios en El Salvador y Medellín asociadas a pactos entre autoridades y organizaciones criminales, destacan que “es cuando las organizaciones criminales desafían notoriamente la autoridad del Estado y sólo cuando han logrado cierto liderazgo y cohesión internos pueden obligar al Estado a buscar alternativas para reducir la violencia” (CRUZ y DURÁN-MARTÍNEZ, 2016, p. 198).

El caso de Caracas pareciera alinearse con esta perspectiva. Como discutiremos seguidamente, y de acuerdo con los testimonios de vecinos, de miembros de la banda criminal, de agentes policiales, así como reportes en prensa, el año 2017 marcaría el cambio en la política estatal. Marcaría el giro de la confrontación hacia un pacto de pacificación y tolerancia bajo la declaración de esos territorios como “zonas de paz” (ZUBILLAGA, HANSON y ANTILLANO, 2021, p. 474)⁵. Si bien confrontaciones intermitentes se mantuvieron, la articulación interna de las bandas y los pactos con sectores del Estado contribuyeron a disminuir las muertes violentas en estas parroquias. Las bandas ya no se enfrentaban entre sí en estas comunidades y las fuerzas policiales disminuyeron su acción letal, al menos hasta julio 2021, fecha de la ruptura de los acuerdos.

Por otro lado, los grupos armados leales al gobierno asentados en la parroquia 23 de Enero, en un contexto de intensa conflictividad política también buscaron articularse. Necesitaban actuar de manera coordinada frente a las protestas sociales recurrentes desde el año 2014. Protestas que se hicieron profundamente amenazantes en coyunturas de intensa conflictividad como el año 2017 y 2019. El gobierno de Nicolás Maduro, a diferencia de su predecesor, careciendo de carisma, recursos para incorporar a los sectores populares y legitimidad política (HANSON y LAPEGNA, 2018), consolidó la asociación con los colectivos con miras a ejercer control social de manera descentralizada.

Así, los vecinos que entrevistamos y los datos que presentamos nos dan claves para comprender algunos de los fenómenos asociados a los cambios en la expresión de la violencia en la ciudad. Estas evidencias nos permiten proponer que la violencia letal en Caracas ha disminuido, al menos coyunturalmente, pues se han consolidado diversos órdenes territoriales armados y gobernanzas locales que configuran una violencia más organizada por el creciente poder y dominación territorial de los dos grupos armados organizados más visibles en la ciudad. Podemos hablar de “gobernanzas”, siguiendo a Lessing (2020), puesto que, en efecto, las vidas, rutinas y actividades de la gente se ven reguladas por las reglas, normas y códigos de los grupos armados que prevalecen en estos territorios (Ibid.).

Este texto se alinea con la literatura reciente sobre criminalidad en América Latina que busca entender la variabilidad de la violencia y sus diferentes expresiones en diversos contextos locales de una misma ciudad o región. En este sentido, destacamos la importancia de comprender los “órdenes territoriales armados” (ANTILLANO, ARIAS y ZUBILLAGA, 2020) derivados de las dinámicas locales particulares de cada barrio, resultantes de su historia y de las condiciones geográficas locales; las organizaciones comunitarias y su eficacia colectiva; los tipos de economías ilícitas y actores armados; las prácticas situadas de los agentes policiales y las relaciones históricas entre vecinos, actores armados y funcionarios del Estado (WOLFF, 2015; ARJONA, 2016; ARIAS, 2017; ARIAS y BARNES, 2017; ANTILLANO, ARIAS y ZUBILLAGA, 2020).

Buscamos analizar el proceso de configuración en el tiempo de dos tipos de órdenes y actores armados en Caracas según las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de relación han mantenido y mantienen con el Estado? ¿A quién gobiernan? Y ¿cómo gobiernan?

La expansión de las gobernanzas locales de estos actores armados se ha tornado cada vez más evidente en el período post-Chávez. Esta expansión ha ocurrido en el marco de un proceso histórico más amplio, que en otros espacios hemos denominado como “gobernanza revolucionaria” para identificar los procesos de intenso conflicto y fragmentación estatal acaecidos en el marco de los cambios políticos - y la voluntad de ruptura con las élites tradicionales y el pasado por parte de una élite emergente - denominado como Revolución Bolivariana (SMILDE, ZUBILLAGA y HANSON, 2022).

Más específicamente, gobernanza revolucionaria pone el énfasis en los procesos de confrontación entre oficialismo y oposición, que marcaron la entrada de las armas a la vida la política, y la alianza, por parte de sectores del Estado, con actores armados paraestatales como estrategias de sobrevivencia ante la permanente percepción de amenaza de enemigos internos y externos (MIGDAL, 2001). Alude también a la fragmentación dentro del Estado que implicó un proceso de luchas internas por rentas, poder y autoridad en el seno del Estado dentro del mismo chavismo, y en particular en el marco del aparato de seguridad estatal (CRUZ, 2016; DURÁN-MARTÍNEZ, 2015).

En este contexto, definido como de antagonismo y de amenaza existencial, marcado, desde el inicio del período post-Chávez (en 2013), por el colapso de los precios del petróleo y la industria petrolera, así como la evidencia de una crisis humanitaria compleja, se van configurando en la ciudad distintos órdenes territoriales armados y formas de gobernanzas locales. Órdenes que, asociados a las particulares geografías e historias de estas áreas, apuntan a un incremento del poder económico de estos grupos, a una mayor visibilidad de sus gobernanzas locales, así como a sinergias más visibles entre estos grupos y sectores del Estado.

Uno de los propósitos de este artículo es precisamente explorar, en un contexto de creciente autoritarismo neopatrimonial (que discutiremos seguidamente), las transformaciones y las diferencias en las formas de relación con el Estado y en las formas de gobernanzas locales, de dos actores armados paraestatales - las bandas de crimen organizado conocidas como megabandas y los grupos armados leales al gobierno conocidos como colectivos armados.

Gobernanzas criminales en contextos de autoritarismo neopatrimonial y legitimidad cuestionada

Para distintos analistas políticos, la muerte de Hugo Chávez y el establecimiento del gobierno de Nicolás Maduro implicaron el paso de un régimen político que combinaba rasgos autocráticos con atributos democráticos (por ejemplo, las elecciones competitivas, durante el gobierno de Hugo Chávez) a un modo de dominación autoritario y neopatrimonial (CORRALES y PENFOLD, 2015; LÓPEZ-MAYA, 2018). Precisamente, las características de un modo de dominación neopatrimonial constituyen la coexistencia y el entrelazamiento de dos lógicas de dominación: la patrimonial asociada a los vínculos, relaciones personales, e intereses particulares y la racional-legal asociada a la universalidad de la burocracia. La política informal invade las instituciones formales, pero estas a su vez constituyen un marco en el que se produce esta institucionalización de la informalidad (ERDMANN y ENGEL, 2007). La preeminencia de lógicas particularistas, de informalidad y de adecuación de los sistemas legales tornan al neopatrimonialismo como impredecible, arbitrario, e implican un ejercicio mayor de coerción que en el contexto de normas universales, racional-legales asociadas a esa lógica de dominación (ERDMANN y ENGEL, 2007; DEWEY, MIGUEZ y SAÍN, 2016).

Dewey, Miguez y Saín (2016) proponen el concepto de órdenes híbridos para dar cuenta de los tipos de órdenes y gobernanzas (presentes en América Latina, África y el este de Europa), en el que prevalecen sinergias entre actores estatales y actores extralegales. En estos órdenes, estos actores se hallan implicados para producir respuestas en términos de provisión de servicios, empleos y seguridad, entre otras, en las áreas bajo su control. Los órdenes híbridos son típicos de regímenes de dominación neopatrimoniales, en los que las alianzas y relaciones interpersonales son fundamentales, las formas racional burocráticas y las leyes son reconocidas, aunque no siempre se cumplan, y, lo más importante: constituyen un marco de posibilidades para el ejercicio selectivo de la ley.

Durante la revolución bolivariana post-Chávez, hay un afianzamiento de la coerción armada y del modo autoritario de gestión de conflictos (LEWIS, HEATHERSHAW y MEGORAN, 2018). La legitimidad amenazada en un contexto de gobernanza revolucionaria (es decir, fragmentación estatal) llevará a establecer coaliciones con grupos armados paraestatales que mantienen (aunque sea de manera inconstante) el control social de la conflictividad en los distintos territorios de la ciudad.

Al igual que en otras ciudades latinoamericanas, el Estado se constituye en un agente fundamental para comprender la perpetuación de la violencia en la ciudad (ARIAS y GOLDSTEIN, 2010; CRUZ, 2016; MANTILLA y FELDMANN, 2021). Por otro lado, en un contexto de colapso económico y crisis humanitaria, la distribución de rentas y la tolerancia de rentas asociadas a las economías ilícitas entre los actores armados paraestatales (los colectivos armados y las bandas criminales o “megabandas”) será otra de las estrategias para mantener el orden de dominación y control territorial (NORTH et al., 2011).

Los datos recogidos en esta investigación nos permiten proponer que, en Caracas, los grupos armados se han vuelto cada vez más esenciales en el ejercicio de la dominación neopatrimonial. Su participación ha venido progresivamente apoyándose tanto en mecanismos informales como en distintos marcos legales y figuras organizacionales del gobierno que han tendido a construir una fachada de legalización: los miembros de los colectivos armados han pasado a formar parte de las milicias y de una figura de organización local, los consejos comunales. Las Zonas de Paz constituyeron un programa social en el cual las bandas criminales pudieron contar por un tiempo con cierta autonomía para el control del territorio provisto que cesaran los crímenes más ruidosos y se ocuparan de la pacificación en sus espacios.

Tenemos entonces en Caracas la configuración de órdenes híbridos, que se traducen en el espacio urbano en órdenes territoriales armados y formas de gobernanzas locales que implican distintas formas de relación con el Estado. En los últimos años, estas formas de relación han tendido hacia una colaboración eminentemente inestable: en los territorios de la parroquia del 23 de Enero, tendremos unas gobernanzas colaborativas de actores armados paraestatales ilegales que han mutado hacia la integración en figuras institucionales de fachada legal. En la cadena de barrios de la zona central sur, tendremos las gobernanzas criminales de las megabandas - o bandas de crimen organizado -, que han mantenido volátiles relaciones con sectores del estado: de confrontación, pero también, en momentos de fuerte cuestionamiento a la legitimidad del gobierno de Maduro, de alianzas estratégicas a través de frágiles pactos, como veremos seguidamente.

El concepto de gobernanza criminal, sistematizado por Lessing (2020), implica la regulación a través de la coerción, por parte de grupos criminales, de aspectos de la vida política, social y económica de la gente dentro de los espacios bajo su dominio y en íntima relación con el Estado (también véase MONCADA y FRANCO, 2020; MANTILLA y FELDMANN, 2021).

En la literatura sobre gobernanzas criminales, uno de los ejes centrales de la reflexión constituye la relación de los actores criminales con el Estado (ARIAS, 2017; LESSING, 2020; MANTILLA y FELDMANN, 2021). De hecho, una perspectiva importante constituye las relaciones de colaboración entre los grupos criminales y el Estado (ARIAS, 2017; BARNES, 2017; MAGALONI, FRANCO-VIVANCO y MELO, 2020; LESSING, 2020 MANTILLA y FELDMANN, 2021; CRUZ, 2021).

D. Arias (2017), a partir de una investigación empírica en Medellín, Kingston y Río de Janeiro, propone distintos tipos de gobernanzas híbridas urbanas, en función de la historia local y consolidación de los grupos armados y las formas de relación más o menos colaborativas de estos grupos con las fuerzas policiales. La noción de gobernanza colaborativa que tomamos de Arias destaca los espacios donde los grupos armados y el Estado trabajan directamente en conjunto para gestionar los distintos territorios urbanos.

N. Barnes (2017) propone una tipología útil para nuestro análisis de las políticas criminales o las relaciones entre el Estado y los grupos del crimen organizado que incluye: la confrontación violenta; la persecución-evasión; la alianza; y la integración, cuando se verifica la colusión y hay imbricación de intereses entre los grupos criminales y agentes estatales (por ejemplo, en el aparato de seguridad y en la política electoral).

Por otro lado, P. Staniland (2015) subraya la importancia de la ideología para comprender las formas de relación entre el Estado y los grupos armados paraestatales, en particular las milicias. El autor llama la atención sobre las vías como los Estados enmarcan su acción hacia los grupos armados - supresión, incorporación, contención, colusión - en virtud de las afinidades o diferencias ideológicas.

Estas diferencias serán claves para entender la variabilidad en el tiempo de las formas de relación entre los grupos armados y diversos sectores del Estado, analizados en este texto.

B. Lessing (2020), preocupado por conceptualizar la noción de gobernanzas criminales, propone la noción de simbiosis para comprender la relación de entrelazamiento y dependencia mutua entre el Estado y las organizaciones criminales, entidades que Lessing ve como separadas.⁶

Nos parece importante mantener en mente este desequilibrio de poder y la diferencia en las entidades entre el Estado y las organizaciones criminales a la cual Lessing apunta. Sin embargo, en el contexto del gobierno de Maduro, en medio del afianzamiento neopatrimonial y el intenso cuestionamiento a su legitimidad política, fue necesario para el gobierno recurrir a grupos armados organizados, estratégicamente leales, para la gestión de la conflictividad y la distribución de servicios. Los conceptos de confrontación, simbiosis, alianza coyuntural nos ayudan a analizar la tensión y la volatilidad de la relación entre el gobierno y las bandas de crimen organizado. Mientras, los conceptos de gobernanzas colaborativas e integración iluminan para comprender la mutación de la relación de simbiosis entre el gobierno y los colectivos, afines ideológicamente, hacia “formas de colusión” más explícitas (STANILAND, 2015). Los colectivos pasaron de ser grupos armados paraestatales, reconocidos pero marginalizados durante el período de gobierno de Hugo Chávez, a formas de colaboración más explícitas y con apariencia legal durante el gobierno de Maduro.

Así, en el caso de Caracas, percibimos formas de relación entre el Estado y las organizaciones armadas paraestatales, que, si bien pueden ser descritas como contingentes y variables en función de la coyuntura, en el contexto reciente de intensa conflictividad política, han tendido hacia formas de relación que van desde la colaboración y la tendencia a la integración de fachada legal, en el caso de los colectivos armados, pasando por la confrontación, la alianza coyuntural en picos de disputa de legitimidad y de nuevo a la confrontación, en el caso de las bandas criminales organizadas (ver también, ZUBILLAGA, HANSON y ANTILLANO, 2020). En este sentido, en un escenario de amenaza y de insurrección política, agentes estatales recurrirán a diferentes tipos de colaboración y alianzas con actores armados paraestatales cuyo propósito no es la toma del poder político, pero sí mantener el beneficio de sus rentas (LESSING, 2017). Estas alianzas, en un contexto altamente inestable, permitirán imponer el orden y mantener el control territorial y de la población.

Ambos grupos están asentados en zonas de la ciudad que constituyen claras soberanías territoriales, con fronteras explícitas y delimitadas. Verifican formas de gobernanzas locales reconocidas por la población. Participan y regulan mercados lícitos e ilícitos. Estas gobernanzas brindan cierta estabilidad en zonas donde el Estado tiene precaria presencia, contribuyendo así de manera perversa a la consolidación estatal (KNIGHT, 2012; DEWEY, MÍGUEZ y SAÍN, 2017, LESSING, 2020). En lo que sigue, estas cuatro dimensiones - soberanías territoriales; formas de gobernanzas locales; economías lícitas e ilícitas y relaciones con el Estado - guiarán nuestro análisis para dar cuenta de los órdenes territoriales armados instaurados en la ciudad.

Las bandas criminales: la gobernanza criminal y la volatilidad en las relaciones con el Estado

La banda de crimen organizado, según nuestros diversos entrevistados, constituye una confederación de bandas de 36 sectores aliados, con un nodo central en La Cota 905. Se dice que está conformada por al menos 200 hombres. Este tipo de bandas ha comenzado a ser denominada en la prensa local como “megabanda”, por lo inédito de su magnitud en el país. Presenta claras jerarquías, una jefatura reconocida, llamada Principales o Directiva, un ejército de jóvenes en puestos de vigilancia o garitas (conocidos como “gariteros”), y una división del trabajo por tareas y turnos temporales. La gama de relaciones de persecución, confrontación-pactos-confrontación intermitentes con diferentes sectores del Estado resulta central para comprender el proceso de articulación y soberanía territorial que detenta este grupo (BARNES, 2017).

Podemos ubicar las políticas de persecución y encarcelamiento masivo (a partir del año 2010) como un primer hito que, como en El Salvador (ver CRUZ, 2010), originó la alianza entre bandas armadas, anteriormente involucradas en recurrentes disputas, para constituirse en un frente común ante la guerra al crimen declarada por el gobierno. Un nuevo fenómeno em Venezuela, de bandas criminales con liderazgos claros y con numerosos miembros (ANTILLANO et al.) se origina con el encarcelamiento masivo y la pérdida de control de las prisiones por parte del Estado; la conformación de bandas carcelarias con jerarquías y control espacial; el desarrollo de mercados en el interior de las prisiones - comida, drogas, sexo, espacio; el cobro de impuestos entre prisioneros. En el flujo e intercambios entre la cárcel y el barrio, estas nuevas formas organizativas comienzan a reproducirse en el exterior.

La Cota 905 fue un barrio especialmente propicio, pues muchos de los integrantes de las bandas terminaron en prisión. En medio de los flujos comunicativos entre el barrio, la cárcel y el regreso de los privados de libertad a su barrio, nuevas disciplinas y formas de organización se fueron asentando entre sus miembros. Estos saberes, y la guerra decretada por el gobierno que se traducía en un permanente asedio policial, originaron un gran encuentro entre los hombres armados pertenecientes a bandas en disputa para realizar un pacto y conformar un frente común.

Esta alianza establecida en el año 2015 se vio fortalecida por un primer intento de pactos de pacificación con las bandas criminales por parte del viceministro de Seguridad Ciudadana. Esta iniciativa de pacificación del viceministro llevó a declarar una zona de paz en la cadena de barrios en la que se ubica La Cota 905 (ver nota 5). La propuesta de zona de paz implicaba el fin de la persecución policial, la asunción por parte de los integrantes de las bandas del orden en sus comunidades y el compromiso de dedicarse a actividades productivas legales. Sin embargo, a pesar de ser una Zona de Paz, los grupos criminales seguían siendo extorsionados por la policía por un lado y, por otro, no cumplieron con su parte del acuerdo y siguieron implicados en crímenes muy visibles.

La irrupción del operativo militarizado denominado Operativo de Liberación del Pueblo (OLP, por sus siglas) en La Cota 905, el 13 de julio del 2015, tomó a muchos por sorpresa. Ese día murieron 14 personas en manos de la policía y marcó el inicio del violento asedio policial a los vecinos del barrio y una cruenta guerra con el uso de granadas y enfrentamientos armados semanales entre la banda y algunos cuerpos policiales. Durante los dos años de esta confrontación (2015 y 2017), se desarrollaron crímenes muy vistosos, como el secuestro sistemático de personas y el robo masivo de vehículos.

El año 2017 fue muy delicado políticamente para el gobierno de Maduro, por la masividad de las protestas y la perspectiva de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente a celebrarse en julio. Estas elecciones eran consideradas ilegítimas por vastos sectores de la población. En este contexto, en la urgencia de garantizar el orden y mantener el control en la ciudad, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro propusieron una tregua a los jefes reconocidos de esta confederación criminal. La alianza lograda entre las bandas facilitaría la cohesión interna para apegarse a la tregua y marcaría el fin de la guerra (CRUZ y DURÁN MARTÍNEZ, 2016). En estos acuerdos, los funcionarios convinieron el cese del hostigamiento policial de la OLP y el grupo criminal se comprometió a dejar crímenes ostentosos y de mucha violencia, como los homicidios y secuestros, contando con la tolerancia gubernamental para orientar sus actividades económicas al negocio de las drogas. Se confirmó por segunda vez esta área como Zona de Paz. En esta oportunidad, los jefes de la banda criminal decidieron apegarse a los acuerdos. Y los funcionarios, esta vez de altos cargos, decidieron hacer cumplir estos arreglos, que se extendieron por cuatro años (2017-2021), con el respeto de esta soberanía territorial reconocida.

La soberanía territorial de la banda era clara tanto para agentes policiales que entrevistamos como para los vecinos habitantes de estos territorios. Entrevistas con dos agentes policiales expresaron: “Esa Zona de Paz sí existe, no subimos los policías. Supuestamente los malandros tienen eso tranquilo y cuidan a los ciudadanos, pero la misma policía no puede entrar”. Para los vecinos, las fronteras territoriales se hallan delimitadas por los puestos de vigilancia o “garitas”. En estos puestos, se encuentran los jóvenes equipados de “binoculares, armas largas y cortas”, en observación permanente, como describió una vecina, quien igualmente comentó que los agentes del orden no pueden penetrar. Las vecinas que entrevistamos, habitantes de la zona, coincidieron en afirmar que se trata de un orden de dominación armada que se pretende hegemónico al evitar y prohibir la presencia de las fuerzas del orden.

La evidencia de la gobernanza criminal de estos grupos armados en su comunidad se advierte en el reconocimiento y certeza de su capacidad de regular la vida social en su barrio: “ellos [los grupos armados] son la ley”, dicen las vecinas. “Tienen sus reglas, y la gente sabe lo que puede y no puede hacer”.

Este orden de dominación está basado en la ostentación de armas como revólveres y granadas. Está basado también en la implantación de una ley del silencio aplicada a través de castigos públicos y espectaculares, como la quema pública de una mujer por haber sido señalada de delatora.

De acuerdo con los relatos de nuestros entrevistados, la banda criminal ha impuesto las reglas básicas que rigen la vida social, como la prohibición de robar, de abuso sexual y de violencia doméstica. Los vecinos utilizan el vocabulario de la burocracia estatal para hablar sobre sus funciones de regulación de la vida social. Las bandas que forman parte de esta confederación son reconocidas como “centros de denuncia”, “tribunales”, “fiscales” y “jueces”, como metafóricamente les denominan los vecinos. Se trata de una justicia expedita, o “efectiva”, según los vecinos, que se imparte a través de una gradualidad que va desde las advertencias frente a la falta cometida, los disparos en las manos o los pies o, en última instancia, la muerte.

La banda criminal también se ocupa de actividades que tienen que ver con el desenvolvimiento de la vida pública de la comunidad. Ellos mantienen un presupuesto comunitario para la celebración de fiestas y eventos de la vida común. Para estos eventos, se colocan toldos, animación musical, se distribuyen juguetes (en el día del niño), se rifan motos (en el día del padre), por mencionar algunos. Las vecinas denominan a esta jefatura de la banda, hablando en clave metafórica con el léxico de la burocracia estatal, como “los ministros”, por su capacidad de otorgar dádivas y participar en la distribución de beneficios y servicios sociales. Con respecto a este tipo de gobernanza criminal, y en relación con los vecinos, podríamos decir que se trata de un ambivalente despotismo armado dadivoso. Este despotismo dadivoso, por un lado, impone su dominación a través de la ostentación de armas, la implementación de castigos públicos letales y, por otro, hace cumplir las normas de la vida social que aportan tranquilidad a los vecinos, colmándolos con dádivas.

Durante el período de los acuerdos (2017-2021), la relación entre esta confederación de bandas criminales y funcionarios en altas posiciones del gobierno puede ser descrita como de simbiosis y alianza coyuntural. Sin embargo, en el marco de la fragmentación estatal, la confrontación con sectores de la policía nunca dejó de suceder, hasta la ruptura del pacto, en julio del año 2021. Se trató pues de una inestable relación con tendencia a la colaboración en períodos de alta disputa a la legitimidad estatal.

La noción de simbiosis nos permite aprehender la relación de dependencia mutua, pero también la tensión existente entre las bandas criminales con un estado altamente fragmentado. Si bien las invasiones sistemáticas armadas se suspendieron durante la tregua, los enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas policiales y los grupos armados siguieron ocurriendo y se hicieron cada vez más repetidos, hasta la ruptura del pacto. Por otro lado, no se puede hablar de una relación entre el Estado y los grupos armados, sino varias relaciones entre los grupos y las instituciones y actores del Estado, con características distintas. La diversidad de estas relaciones generó tensión y desacuerdo, y perpetuó la intermitencia de la conflictividad urbana.

Durante el período de la tregua, la gobernanza criminal de la banda, si bien pareciera que su control sobre el territorio y la población debilitaba al Estado, más bien, como también han demostrado otros trabajos enfocados en México y Brasil, arrojó beneficios a los actores estatales (KNIGHT, 2012; WILLIS, 2009; LESSING, 2020). El grupo armado, de hecho, constituyó una fuente de control social, especialmente durante periodos de inestabilidad, como en el mencionado período de turbulencia política asociado a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente.

Asimismo, durante la pandemia de Covid-19, en nuestro trabajo de campo documentamos que estos grupos impusieron medidas para el control del confinamiento. Registramos formas de comunicación a través de audios para decretar toques de queda y la designación de unas casas como puestos de venta de comida para evitar la salida de los vecinos al mercado. Durante una crisis económica y humanitaria en la cual el Estado padece de la incapacidad de coordinar e implementar políticas públicas, el grupo armado había asumido el papel de vigilancia y organización de la provisión de la alimentación, de la cual también obtenía beneficios. En un contexto de emergencia humanitaria compleja, los grupos criminales tenían injerencia en el programa oficial de distribución de bolsas de comida conocidos como Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), por el vínculo directo y el control sobre los miembros y representantes locales de estos comités. Relató una vecina:

- Los jefes territoriales [del programa de distribución de comidas por viviendas] son de ellos, los colocan son ellos [la banda de crimen organizado]. Después, los que vienen son de la comunidad: la vocera de calle del Clap. Normalmente, son las mujeres de él [las mujeres del jefe de la banda] que han dejado ahí [en su comunidad].

La distribución de alimentos por parte del grupo armado muestra asimismo cómo la presencia intermitente del Estado contribuye con el afianzamiento del poder del grupo armado. En este sentido, la agrupación armada, al tener control de la distribución de alimentos, en asociación con los responsables oficiales, se convirtió en un canal fundamental a través del cual fluye un recurso sumamente importante en la coyuntura actual de crisis humanitaria.

En tiempos de pandemia, esta zona se constituyó en una zona floreciente del negocio de la droga, al disfrutar de la tranquilidad por la articulación de las bandas, y al constituir una Zona de Paz. En este sentido, en un contexto de restricción económica e inestabilidad política, los acuerdos con los funcionarios garantizaban la tolerancia policial necesaria para el mercado de drogas y el mantenimiento de las rentas. Este mercado producía ingentes recursos sociales con grupos de consumidores y puntos de venta diferenciados de acuerdo a los clientes: desde el crack, para los más pobres, hasta la heroína. Este negocio boyante constituyó una importante fuente de trabajo y estabilidad para un ejército de jóvenes abandonados a su propia cuenta. Se tenían turnos de trabajo, salarios semanales y distribución de funciones entre los que se contaban los gariteros o vigilantes en los puntos de control y los “laboratorios” en los que se prepara la mercancía, desde el peso hasta el empaque listo para ofrecer al consumidor.

Ahora bien, si bien es cierto que la reorganización y la articulación de las bandas contribuyeran a la reducción de homicidios en Caracas en los últimos años, los acuerdos no garantizaron la calma. Los acuerdos no eran apoyados por todas las instituciones del Estado, y los cuerpos policiales mostraron su inconformidad con esta política desde el principio.

La voluntad de expandirse y buscar ejercer control sobre más territorios por parte de la banda de La Cota 905 contribuyó con su posterior derrota y fragmentación. Entre el 2019 y 2021, la banda pasó de tener confrontaciones esporádicas con ciertos cuerpos policiales, a intentar tomar sectores de barrios aledaños, como el caso de La Vega, un importante barrio del Oeste de la ciudad de Caracas. En uno de sus últimos altercados, la banda tomó posesión de una estación policial en la parte más alta de este barrio, desplazando además a otros actores armados de la zona. Estos intentos de expansión dejaban cada vez más en evidencia la fragilidad de los acuerdos entre la banda y los sectores involucrados del Estado. Como respuesta a los avances de la banda, el Fuerzas de Acción Especial de la Policía (Faes), cuerpo policial integrado también por miembros del colectivo Tres Raíces) dirigió un operativo letal en el cual se registraron al menos 14 jóvenes asesinados. Algunos eran miembros de la banda y otros eran jóvenes de la comunidad intervenida.

Los grupos armados demostraron su poderío tomando las vías públicas en varias ocasiones, trancando autopistas neurálgicas en la ciudad (la autopista Norte-Sur en Caracas). Estos conflictos mostraron la fragilidad de los acuerdos y la fragmentación de las instituciones estatales. Evidenciaron, además, por parte de la confederación criminal, la voluntad de ostentar su poder armado. Estas dinámicas se mantendrían hasta julio del año 2021, cuando la policía, luego de tres días de enfrentamientos que paralizaron al menos tres municipios de Caracas, consiguió entrar a La Cota 905, dejando un número de muertos de al menos 37 hombres jóvenes. En ese operativo, las fuerzas policiales tomaron el control territorial del barrio, marcando la ruptura del pacto y la escapada de los cabecillas de la banda. La ruptura sucedió en un contexto donde el gobierno de Nicolás Maduro se había fortalecido frente a una oposición fragmentada, debilitada y dependiente del apoyo internacional.

Los colectivos armados: la mutación hacia la integración con el Estado y la gobernanza colaborativa

En la parte norte-oeste de la ciudad, los colectivos armados han alcanzado visibilidad y protagonismo como “defensores de la revolución” durante los períodos de elevada conflictividad social.

Los grupos originales son herederos de las agrupaciones radicales de izquierda y de las luchas armadas de las décadas de 1960, 1970 y 1980. Los nombres de los grupos que nacieron entre los 1970 y los 1990 rinden homenaje a esta herencia. El colectivo Botín y Marín, en la zona de El Paraíso, por ejemplo, lleva los nombres de dos hermanos revolucionarios que pertenecían a la lucha armada urbana y fueron asesinados por la policía investigativa (Disip) en los años 1960.

Los miembros de los colectivos que entrevistamos hicieron referencia a la represión policial vinculada a su situación de clase social como experiencias formativas en su juventud. En su libro Barrio Rising: Urban Popular Politics and the Making of Modern Venezuela, Alejandro Velasco (2015) provee una historia detallada del nacimiento de estos grupos armados en la parroquia del 23 de Enero. Este sector fue un blanco de constante represión policial ante la primera generación de guerrilleros urbanos que solían resguardarse en los bloques y las montañas circundantes. Velasco expone cómo la violencia utilizada tanto por la policía como por los guerrilleros generaba un estado de zozobra para muchos habitantes. La misma tensión entre los grupos guerrilleros y los vecinos acorralados por la persecución policial y las tácticas de evasión de los guerrilleros la describe G. Ciccariello-Maher (2013) en su estudio sobre la parroquia.

Los primeros guerrilleros dejaron una marca significativa en la segunda generación de grupos armados con ideología. Esta generación adoptó la ideología izquierdista y socializó en la lucha bajo la doctrina de la insurgencia armada latinoamericana, como nos lo explicó un entrevistado. Este joven hombre, miembro de la Coordinadora Simón Bolívar, calificó el grupo como “matriz”: “La Coordinadora es como la matriz, los orígenes (...). Todos se reunían específicamente en la sede de la Coordinadora, todos clandestinamente; de ahí es donde nació todo”.

La Piedrita, uno de los colectivos más antiguos y más ideológicos, se originó en los años 1980, por un lado, como respuesta a la represión estatal, que buscaba eliminar la resistencia de la izquierda radical; por otro, como grupo vigilantista que buscaba controlar la criminalidad local. De acuerdo con la entrevista que realizamos con su fundador, ellos se enfocaban en el control y eliminación del microtráfico de drogas, y en el desarrollo del trabajo comunitario (ver también VELASCO, 2015, p. 181). Otros colectivos más recientes, como el colectivo Tres Raíces, con nexos con las fuerzas policiales y con una relación más instrumental que ideológica con el chavismo, se definen por su origen y práctica vigilantista. Jairo, uno de los miembros, detalló: “Los ladrones que se metían en el barrio, los delincuentes, los vendedores de droga, erradicarlos pues… Y, bueno, tratar de salvar a los chamos que estaban en situación de calle, de abandono o blanco fácil”.

Esta historia de formación es clave para entender el vínculo de afinidad entre los colectivos y el gobierno. A pesar de los conflictos internos y desacuerdos, ellos comparten una ideología que los unen (STANILAND, 2015). Si bien los colectivos se identificaron como organizaciones revolucionarias armadas mucho antes de que Hugo Chávez irrumpiera en la escena política, la importancia de estos colectivos en la vida política en el país se expandió de manera considerable con su gobierno, en un contexto percibido como de amenaza permanente. A diferencia de gobiernos anteriores, que identificaron a los colectivos como una amenaza interna al sistema democrático pactado y desplegaron a las fuerzas policiales para perseguirlos, sectores de las administraciones del chavismo afines ideológicamente cultivaron relaciones con ellos para garantizar su sobrevivencia. Al principio de su presidencia, Chávez elogió a los colectivos como “el brazo armado de la revolución”. Además de un cambio de discurso, también hay evidencia que sugiere que el gobierno ha brindado apoyo material a estos grupos, incluso proporcionándoles armas y entrenamiento.

Hugo Chávez, desconfiado de la policía después del golpe de Estado del año 2002, y temeroso de la intervención militar extranjera estadounidense o colombiana, comenzó a promover lo que llamó una “revolución pacífica pero armada”⁷. El presiente entonces explicó en varias oportunidades que “la revolución está armada para defender sus logros, para defender su avance, para defenderse de amenazas y conspiraciones” (ZUBILLAGA, 2022).

En nuestras entrevistas con miembros de colectivos, ellos mismos se denominaban colectivos y movimientos sociales, categoría afín al vocabulario del chavismo para referir a sus movimientos de base. De acuerdo con nuestros entrevistados, los colectivos se organizan en distintas secciones, o “brazos”: el cultural, deportivo y armado, entre otros. Los colectivos se insertan dentro de la perspectiva (acentuada en el chavismo después del golpe de Estado) de la necesaria unión-cívico militar para contrarrestar los ataques de la oposición y de lo que denominan como imperialismo, como nos explicaron dos miembros de colectivos diferentes.

Los colectivos, definidos como organizaciones de base, han experimentado un proceso discursivo de reconocimiento legal a través de la Ley de los Consejos Comunales.⁸ En esta ley, se menciona a los “colectivos” como una figura organizativa.

Igualmente, un integrante de un colectivo que entrevistamos nos explicó que los miembros de los colectivos pertenecen a la milicia nacional bolivariana:⁹ “Hay muchos militantes de los colectivos que pertenecen a la milicia. Cuando el comandante Chávez hizo un llamado a la milicia nosotros fuimos y nos inscribimos todos”. En este sentido, para este entrevistado, la legalidad de los colectivos es indiscutible: “Se ha querido llamar que son hordas armadas que están en contra de la población. Yo no lo veo así. Yo creo que eso es una manipulación de la derecha o de la oposición venezolana para querer empañar lo que legalmente existe”.

Sin embargo, otro ex miembro de Tres Raíces reconoció en su entrevista que los grupos siguen estando “al margen de la ley”, destacando las contradicciones que caracterizan la constelación de relaciones entre las instituciones formales y los colectivos.

Así, aunque los colectivos han sido apoyados por el gobierno desde 2002, su relación con el Estado se ha transformado a lo largo de las administraciones chavistas. El gobierno de Hugo Chávez mantenía una relación intermitente e inestable con los colectivos. Cuando La Piedrita y la dirigente chavista Lina Ron llevaron a cabo un asalto a los guardias en la estación de televisión Globovisión (un canal afiliado con la oposición), Chávez denunció las acciones tomadas por el colectivo. Instó asimismo a que “todo el peso de la ley” recayera sobre Lina Ron por haber apoyado tácticas “contrarrevolucionarias y anárquicas”, en las palabras del presidente publicadas por los periódicos (CLARÍN, 04/08/2009). En 2009 se emitió una orden de arresto contra Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, cuando amenazó con alienar a los votantes en el período previo a un referéndum.

Sin embargo, con el gobierno de Nicolás Maduro las relaciones entre los colectivos y el Estado se han estabilizado, volviéndose cada vez menos clandestinas y apoyándose, como decíamos, en los instrumentos jurídicos existentes para justificar su legalidad. Careciendo de legitimidad, popularidad, recursos y carisma, Maduro ha dependido más de la coerción y la represión, y los colectivos han jugado un papel clave en el control social, típico de regímenes neopatrimoniales y autoritarios. Podemos decir que existía una simbiosis que consistía en alianza volátil y estratégica entre estos grupos armados y el Estado.

Hoy en día esta relación es más colaborativa y explícita. Hay evidencias de colusión para el control de protestas sociales, y una integración de miembros de colectivos al grupo táctico policial Faes. Las Faes, fundadas en el año 2017, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, posterior a la suspensión de los Operativos de Liberación del Pueblo, constituyen un cuerpo policial sistemáticamente denunciado por violaciones a los derechos humanos. En un grupo de discusión con ex miembros del colectivo Tres Raíces, describieron además que funcionarios del gobierno de alto rango tienen a miembros de los colectivos como guardaespaldas.

Así, si bien los colectivos se organizaron originalmente para proteger las comunidades populares de la represión policial, se han vuelto parte del aparato de represión estatal de manera informal, pero rutinizada. En vez de protectores de los barrios, los habitantes de los sectores populares que no son cercanos a los colectivos hablan de ellos como un cuerpo policial politizado que actúa de manera impune al portar pasamontañas y estar apoyados por el gobierno.

Semejante a las transformaciones de la relación entre los actores políticos y los colectivos, se ha observado una evolución de la relación entre estos grupos y los cuerpos policiales. Bajo el gobierno de Chávez y durante el primer año del mandato de Nicolás Maduro, los medios de comunicación y ONGs especulaban que los colectivos y los cuerpos de policía colaboraban en momentos de alta tensión y manifestaciones masivas. Sin embargo, nuestro trabajo de campo desde 2012 hasta 2014 indicaba que, si bien existían casos de apoyo mutuo, funcionarios de los cuerpos policiales desconfiaban de los colectivos y los veían como una amenaza externa, desafiando el monopolio sobre la violencia que la policía históricamente había detentado (HANSON, 2017).

Desde 2017, con la creación de las Faes, en las que participan miembros del colectivo Tres Raíces, los funcionarios policiales más antiguos que entrevistamos describen a los colectivos como una amenaza que ha infiltrado los cuerpos policiales. La participación de miembros de colectivos en operativos policiales del Faes ha sido explícita. Por ejemplo, con su protagonismo en el operativo policial en el que resultó asesinado un miembro de la policía responsable de un intento de levantamiento armado en el año 2017. Los miembros del colectivo Tres Raíces que murieron en el operativo fueron enterrados con honores por altos funcionarios del gobierno.

Miembros de este colectivo han tenido también un rol importante en el control de las protestas, como mencionamos con anterioridad. Este es quizás el aspecto más mediatizado de la actuación de los colectivos, que generalmente son denominados como “fuerzas de choque del gobierno”. Uno de nuestros entrevistados, ex miembro del colectivo Tres Raíces, en efecto comentó la participación de su colectivo en estas faenas durante las protestas: “Los amigos de Tres Raíces estuvieron allí con los camiones, con los grupos de choque haciéndole frente a los protestantes allí con armas de fuego, les dispararon, sí”.

Las zonas en las que dominan estos colectivos presentan claras soberanías territoriales. La soberanía territorial en la zona del colectivo La Piedrita es evidente, al contar con alcabalas de control de entradas y banderas para marcar el territorio. En nuestro trabajo de campo, debimos realizar la visita acompañadas de un miembro de un colectivo para poder entrar.

La gobernanza de estos grupos sobre la población se advierte en la reconocida regulación social de la vida en común y, al igual que la banda de crimen organizado, en el uso de armas. Para los vecinos que entrevistamos, los colectivos también ejercen poderes que denominaron como “policiales” en sus sectores. En palabras de vecinas mujeres, gobiernan a través de las armas, la coacción y el miedo. Las fiestas tienen un horario en el cual los vecinos saben que deben apagar su música y la reunión. Tanto en la Piedrita como en la zona bajo control del colectivo Tres Raíces, los vecinos manifiestan conocer las claras normas que prohíben el robo en la comunidad y reconocen que son estos grupos los que ejercen los castigos en caso de infracciones a las normas.

Durante la pandemia, ha sido explícito que son los colectivos los encargados de vigilar sus sectores y sancionar a aquellos que no cumplieran con la cuarentena: hacen recorridos en vehículos con altavoces para cerrar los negocios; vigilan las actividades comunitarias; amenazan con armas y encapuchados a los que no cumplan; e incluso han disparado a las personas que se han encontrado en conglomeraciones. Una vecina habitante de La Piedrita habló del miedo sembrado por los colectivos para imponer la cuarentena. Ella narró un evento en el que dispararon y asesinaron a unos vecinos que jugaban dominó en la calle durante el día. Esta vecina además relató el miedo cotidiano: “Cuando ya uno sabe que ellos van a subir, todo el mundo se va para adentro porque de verdad que le tenemos miedo (...). Las veces que han venido para acá arriba es haciendo daño, por eso les tenemos miedo”. Otra vecina habitante del área controlada por Tres Raíces nos relató que, en una pequeña reunión sostenida en su casa durante la cuarentena, miembros de este colectivo entraron con armas largas, golpearon a los asistentes de la fiesta y les obligaron a suspender la reunión. En estos casos, ambas describieron que los hombres del colectivo llevan cubiertas sus caras con pasamontañas para evitar ser identificados.

También presenciamos charlas en espacios e instancias comunitarias como los consejos comunales para hablar del cuidado, dar anuncios del estado de infecciones en el barrio e informar sobre la no discriminación hacia las personas infectadas.

Las labores de control social y político con respecto al descontento y protestas en sus propios vecindarios fueron también señaladas por los vecinos y por los propios miembros de los colectivos. Las vecinas en desacuerdo con el gobierno contaron sentirse vigiladas y las escasas ayudas que recibían se hallaban supeditadas a su silencio. Miembros de colectivos en efecto afirmaron que no permitían las protestas en sus territorios.

Con respecto a la provisión de servicios y trabajo comunitario, la vieja generación de actores armados se consideran trabajadores sociales. Colectivos como La Piedrita siguen brindando servicios a las comunidades que gobiernan. Magdalena, habitante del 23 de Enero y autodenominada chavista, aclaró que los colectivos proporcionan materiales para la reparación de casas y prestan dinero a los habitantes sin acceso a dinero en efectivo para comprar pan, azúcar, y alimentos básicos. Recientemente recuperaron un centro de salud con explícito apoyo oficial. Magdalena nos explicó:

- Yo me puedo sentir sometida por él [el líder de La Piedrita], pero a la hora de que, a mi padre, que está vivo, le dé algo, yo tengo un ambulatorio 24 horas, un médico, tengo ambulancia, le traen alimentación a la comunidad, me pintan mi casa (...). Esos son los grupos sociales que parece que están haciendo un buen papel.

Esta misma vecina se quejaba que en su zona, donde “mandaban” los colectivos Tres Raíces, sometían a los vecinos con sus grandes armas y se lucraban con los negocios vinculados a la comida.

Figura 1:
Centro de Diagnóstico Integral supervisado por colectivos

En efecto, en nuestras entrevistas y trabajo de campo, se revela que colectivos, y más visiblemente un colectivo como el Tres Raíces, manejan una gama de lucrativos negocios relacionados con la venta de comida. El fortalecimiento de estos grupos y de la relación con el Estado (sobre todo el sector militar) los han tornado en socios importantes en la distribución de comida y en las ganancias en el negocio del comercio de alimentos. Varios de nuestros entrevistados nos han dicho que ahora las drogas ya no son un negocio rentable, comparado a las ganancias obtenidas en la distribución de comida. En este sentido, en un contexto cada vez más autoritario y de economía cerrada, las ganancias derivadas del sobreprecio de la comida, destinada originalmente a las bolsas familiares de alimentación, así como las vacunas o comisiones fijas que se les cobra a los vendedores informales por dejarles vender en sus puestos, se han convertido en una renta fundamental para mantener la lealtad de estos grupos (NORTH et al., 2011).

Las vecinas y vecinos que entrevistamos denunciaban la “traición a la revolución” y se quejaban repetidamente de la sustracción de alimentos de sus bolsas de alimentación para dedicarlos a la venta por parte de este colectivo.

Figura 2:
Mercado popular de Catia. Colectivos cobran “impuesto” a vendedores

En una conversación con una pareja de trabajadores del 23 de Enero, ellos comentaron sobre el impuesto a la seguridad que deben pagar los comerciantes de las zonas aledañas. Los vecinos hicieron detalladas narraciones sobre el lucro obtenido por este colectivo derivado de la acumulación de comida gracias a sus vínculos con militares y el cobro de una vacuna o impuesto a los vendedores informales callejeros por el espacio en la calle y la posibilidad de vender. Este vecino relató:

- Ahora todo es lucrarse. Si tú tienes un negocio, una ferretería en el 23 de Enero, te dicen: “Mira, yo soy del colectivo tal, yo soy el que mando aquí, a ti no te van a robar pero tú me tienes que dar tanto mensual”.

Su esposa agregó:

- Los buhoneros [vendedores informales en la calle] venden las bolsas [de comida] que supuestamente dan en los barrios. Pero esos buhoneros, para poder hacer eso, tienen que pagar la vacuna al colectivo para que los dejen trabajar. Zapaterías, ferreterías, el que tiene un ciber, todos, todos tienen que pagar.

Esta situación se hizo evidente en nuestras observaciones en lugares particulares, como el mercado de Catia, un mercado a cielo abierto en uno de los lugares más poblados y simbólicos de Caracas. Todo comerciante o vendedor debe pagar un impuesto o vacuna a los colectivos o a algunos cuerpos policiales para poder vender sus mercancías en el lugar. De acuerdo a nuestros entrevistados, una gran porción de estas mercancías, como jabón, refrescos, papel higiénico, embutidos, arroz y pasta, ingresan de manera ilegal al país y son trasladadas desde la frontera con Brasil o con Colombia hasta Caracas. En esta cadena, existe una asociación entre actores armados, militares e instituciones aduaneras para hacer este tránsito posible.

La comida se ha convertido en una mercancía estratégica muy lucrativa en tiempos de revolución post-Chávez y crisis humanitaria para ciertos actores leales a la revolución.

Figura 3:
Venta de productos nacionales e importados en Catia

Por último, una dimensión clave en la conceptualización de la gobernanza criminal y colaborativa en la ciudad constituye la relación entre los distintos grupos armados entre sí y, en particular, las relaciones entre los colectivos y las bandas de crimen organizado de La Cota.

Los fundadores de los colectivos más antiguos explican su origen como respuesta a la criminalidad local (en particular, el tráfico de drogas en los barrios) (ver también VELASCO, 2015). Podemos decir que la identidad de los colectivos se construyó en oposición a las bandas. Según esta perspectiva, los colectivos se consideran grupos ideologizados orientados al trabajo comunitario y afines al gobierno. Sin embargo, su orientación ideológica, en grupos como Tres Raíces, se ha opacado frente a las rentas obtenidas de sus propios vecinos necesitados a través del negocio de la comida y de la extorsión a los comerciantes ubicados en las zonas controladas por ellos.

A pesar de que las líneas divisorias entre las bandas criminales y los colectivos son borrosas, los miembros de los colectivos que entrevistamos explicitan esta diferencia. Aún más, su discurso sobre las bandas es similar al discurso que maneja la policía: las bandas representan un peligro a las comunidades, dañan la sociedad, y hay que eliminarlas.

Jairo, miembro del colectivo Tres Raíces, narró el hecho de que el líder fundador de su colectivo “tenía claro” que, en sus palabras, “la guerra” era con el líder de la banda criminal de La Cota 905:

- Estuvo centrado en eso. Él decía: “Mira, nuestra guerra es contra el hampa y se la tenía jurada a Roni [uno de los líderes de la banda de La Cota que fue asesinado por la policía en febrero de 2022]”. Narró además con desazón que un operativo mixto [es decir, con funcionarios policiales y colectivos] en el que participó para enfrentar a esa banda criminal, fue, en sus palabras, abortado: “Las órdenes superiores eran “con esa gente no se metan”.

Así, aunque el apoyo estatal a las bandas criminales en el marco de la tregua generaba malestar y era desaprobado por los miembros de los colectivos, esta contradicción podía ser racionalizada a través del discurso sobre la defensa de la revolución a toda costa, como sostuvieron nuestros entrevistados. Los miembros de los colectivos no estaban de acuerdo con este apoyo. No obstante, cualquier estrategia podía estar justificada por la defensa de la revolución de las amenazas internas (la oposición política golpista) y externas (el imperialismo de los Estados Unidos).

Conclusión

El proyecto revolucionario de Hugo Chávez generó una intensa fragmentación y luchas de poder. Por un lado, los grupos sociales, económicos y políticos anteriormente dominantes que fueron desplazados lucharon intensamente por mantener sus posiciones. Estos enfrentamientos políticos deterioraron no solo la capacidad del Estado, sino también el interés de los actores estatales en intervenir en áreas clave de la seguridad ciudadana. Mientras intentaban establecer una nueva hegemonía, los actores desestabilizaron las instituciones estatales desde el gobierno central a los gobiernos locales y municipios. La reacción contra estos cambios y la competencia dentro de las instituciones gubernamentales en algunos casos condujeron a la violencia y redujeron la capacidad y el interés del Estado en ejercer un monopolio sobre la violencia. La disputa permanente a la legitimidad del gobierno chavista y, más aún en el período posterior a Hugo Chávez, promovió diversos tipos de asociación con grupos armados paraestatales para asegurar el control social.

Las gobernanzas que hemos analizado aquí son modalidades que han evolucionado dentro del contexto de esta gobernanza revolucionaria. Se han atrincherado en sus territorios mientras la competencia por los recursos se ha intensificado y las instituciones estatales son cada vez menos capaces de mediar la resolución de los conflictos sociales y políticos. En el periodo post-Chávez, la gobernanza revolucionaria está inextricablemente entrelazada con estas otras modalidades de gobernanzas locales asumidas por los distintos grupos armados paraestatales en sus territorios de dominación.

Este artículo ha documentado y analizado la reducción de los crímenes más violentos, como las muertes violentas, la configuración de órdenes territoriales armados y las formas de gobernanzas locales en contextos autoritarios neopatrimoniales que padecen lo que ha sido denominado como “crisis humanitaria compleja”. En este sentido, este artículo documenta también las mutaciones en las relaciones entre los grupos armados paraestatales en contextos de turbulencia política y de cuestionamiento de legitimidad y explora la simbiosis entre ellos y su evolución hacia formas de colaboración más explícitas.

En comparación a su antecesor, quien en gran parte construyó relaciones con los sectores populares a través del reconocimiento, incorporación y movilización popular (HANSON y LAPEGNA, 2018), el gobierno de Nicolás Maduro busca dominar a la población a través de la coerción. Su dependencia de los grupos armados ha dejado que unos de estos grupos se consoliden y ejerzan un control territorial nunca antes visto en la ciudad.

Hemos analizado la confederación de bandas criminales y los colectivos según cuatro dimensiones: soberanías territoriales; formas de gobernanzas locales; economías lícitas e ilícitas; y formas de relación con el Estado.

En La Cota 905, las políticas de persecución, encarcelamiento masivo y los operativos policiales motivaron a las bandas en el sector a constituirse en un frente común ante la guerra al crimen declarada por el gobierno. Recientemente, la relación estaba basada en pactos frágiles, sucedidos por rupturas y fases de confrontación. Cuando los pactos se mantuvieron, los grupos disfrutaron de la tolerancia en el desenvolvimiento de la economía ilícita de la droga que le permitió constituirse en el centro del dinámico negocio en la ciudad. Cuando se quiebran, surgen conflictos sangrientos entre los cuerpos de seguridad y la banda de crimen organizado.

Hemos visto cómo las relaciones eminentemente inestables transitan entre la simbiosis, la alianza intermitente y la confrontación. La banda controla el sector a través de la coerción y la represión, pero también impone reglas que rigen la vida social y participan en la distribución de beneficios y servicios sociales. Tanto así que los vecinos se refieren a los miembros con el vocabulario de la burocracia estatal: los jueces, los ministros. Se trata pues de un despotismo armado dadivoso.

Los grupos armados en el 23 de Enero tienen un legado más antiguo, conformándose mucho antes de que Hugo Chávez se hiciera presidente. Su relación con el Estado está basada en una ideología izquierdista y antiimperialista, aunque la afinidad ideológica con algunos colectivos - por ejemplo, el Tres Raíces - se reduzca a la preservación de intereses, poder y rentas extraídas a la población más vulnerable. Sin embargo, esta afinidad ideológica y de intereses torna las relaciones más estables (en contraste con la banda criminal), aunque no exenta de tensiones.

Las relaciones entre este grupo y el Estado han pasado a ser cada vez menos clandestinas y han tendido a visibilizarse en una franca asociación, utilizando los marcos legales existentes para otorgarles una fachada legal. Mientras Chávez mantenía una colaboración frágil y volátil con los colectivos, más parecida a la noción de simbiosis propuesto por Lessing (2020), con Maduro ha habido más integración y su lealtad a “la revolución” ha implicado una gobernanza colaborativa y la delegación de servicios en los sectores geográficos bajo su dominio. En el caso del colectivo Tres Raíces, hay una relación de colaboración pragmática en el que, aun cuando se verifican conflictos y desacuerdos con sectores del Estado, prevalece el beneficio mutuo. Este colectivo ha sido un aliado en el control de las protestas y el control de la cuarentena durante la pandemia en su territorio.

Los colectivos manejan claras soberanías territoriales en sus zonas, contando con armas y alcabalas. Semejante a la banda criminal en La Cota 905, los colectivos han impuesto normas y ejercen los castigos en caso de infracciones. Con respecto a la provisión de servicios y trabajo comunitario, algunos colectivos siguen brindando servicios a las comunidades que gobiernan. En ambos casos, los grupos armados - tanto la banda criminal como los colectivos - se encargaron de imponer medidas para el control del confinamiento durante la pandemia y castigaron a aquellos que no cumplieran con la cuarentena. Los dos grupos se han lucrado y beneficiado de la crisis humanitaria, apoderándose de la distribución y venta de comida.

Haciendo una comparación entre actores armados distintos, demostramos como un gobierno autoritario, pero vertiginosamente fragmentado, en un contexto de severa disputa a su legitimidad, se ha visto fortalecido por grupos armados heterogéneos. Nuestro trabajo de campo demuestra la heterogeneidad entre los órdenes armados y la importancia de analizarlos según historias y geografías particulares con distintas identidades, historias y relación particular con el Estado y sus comunidades.

Los grupos armados gobiernan sus territorios de maneras distintas, pero el resultado neto es un control social basado en un despotismo armado que, proveyendo ciertos servicios o aportando algunas dádivas, contribuye a la continuación del gobierno a pesar de su incapacidad de implementar políticas públicas y controlar el descontento social de la población. Para el gobierno, son un medio para protegerse y lograr objetivos en una situación de incertidumbre social, política y económica creada por instituciones públicas que se comportan de formas que no son calculables.

Nuestros colaboradores y entrevistados mostraron impresiones ambivalentes sobre el dominio de los actores armados en los territorios. Si bien para algunos era problemático tener hombres armados encargados del cuidado de sus sectores, en el escenario del déficit de políticas sociales del Estado, las personas reconocían en estos actores una fuente de beneficios en algunos aspectos de sus vidas, como la seguridad y la resolución de conflictos.

Nuestros hallazgos destacan la importancia de mirar más allá de las instituciones formales para entender cómo funciona la dominación autoritaria en el siglo 21 y como el control social funciona en el contexto venezolano actual.

Si bien es cierto que el gobierno de Maduro se ha vuelto cada vez más autoritario, no es el autoritarismo al que los científicos sociales se suelen referir. El autoritarismo en Venezuela opera a través de relaciones de poder fracturadas y conflictivas; no representa la consolidación del poder dentro del Estado sino la descentralización de ello a través de la pluralización de actores armados. Sin embargo, si en el seno del Estado persiste la fragmentación, los actores armados han tendido a una mayor articulación interna, que ha contribuido a reducir las violencias por disputas. Han forjado formas de colaboración (así sean volátiles) con el Estado que han reducido la violencia de la confrontación con las fuerzas policiales, y han establecido gobernanzas colaborativas o criminales que tienen en común el despotismo armado y el sometimiento de la población en sus territorios.

Referencias

• ANTILLANO, Andrés; ARIAS, Desmond; ZUBILLAGA, Verónica. “Violence and Territorial Order in Caracas, Venezuela”. Political Geography, vol. 82, 2020.
• ANTILLANO, Andrés; ÁVILA, Keymer. “¿La mano dura y la violencia policial disminuyen los homicidios?”. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, Barcelona, n. 116, p. 77-100, 2017.
• ANTILLANO, Andrés; POJOMOVSKY, Iván; ZUBILLAGA, Verónica; SEPÚLVEDA, Chelina; HANSON, Rebecca “The Venezuelan Prison: From Neoliberalism to the Bolivarian Revolution”. Crime, Law and Social Change, vol. 65, pp. 195-211, 2015.
• ARIAS, Desmond. Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. Nova York: Cambridge University Press, 2017.
• ARIAS, Desmond; BARNES, Nicholas. “Crime and Plural Orders in Rio de Janeiro, Brazil”. Current Sociology, vol. 65, n. 3, pp. 448-465, 2017.
• ARIAS, Desmond; GOLDSTEIN, Daniel. Violent Democracies in Latin America. Durham: Duke University Press, 2010.
• ARJONA, Ana. Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War. Nova York: Cambridge University Press, 2016.
• BARNES, Nicolas. “Criminal Politics: An Integrated Approach to the Study of Organized Crime, Politics, and Violence”. Perspectives on Politics, vol. 15, n. 4, pp. 967-987, 2017.
• BCC MUNDO. “El informe que dice que Caracas es la ciudad más violenta del mundo”. BBC News, Mundo, 26 ene. 2016. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160125_venezuela_caracas_ciudad_violenta_dp
  » https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160125_venezuela_caracas_ciudad_violenta_dp
• CICCARIELLO-MAHER, George. We Created Chávez: A People’s History of the Venezuelan Revolution. Durham: Duke University Press, 2013.
• CLARÍN. “Chávez criticó el ataque a Globovisión y anunció la detención de Lina Ron”. Clarín, Ultimo Momento, 4 ago. 2009. Disponible en: https://www.clarin.com/ultimo-momento/chavez-critico-ataque-globovision-anuncio-detencion-lina-ron_0_r1elqzFR6te.html
  » https://www.clarin.com/ultimo-momento/chavez-critico-ataque-globovision-anuncio-detencion-lina-ron_0_r1elqzFR6te.html
• CORRALES, Javier; PENFOLD, Michael. Dragon in the Tropics: Venezuela and the Legacy of Hugo Chavez. Washington: Brookings Institution Press, 2015.
• CRUZ, José Miguel. “Central American Maras: From Youth Street Gangs to Transnational Protection Rackets”. Global Crime, vol. 11, n. 4, pp. 379-398, 2010.
• CRUZ, José Miguel. “State and Criminal Violence in Latin America”. Crime, Law and Social Change, vol. 66, n. 4, pp. 375-396, 2016.
• CRUZ, José Miguel. “Police Legitimacy and Hybrid Security Orders in Central America”. Social Forces, vol. 100, n. 4, pp. 1833-1855, 2021.
• CRUZ, José Miguel; DURÁN-MARTÍNEZ, Angélica. “Hiding Violence to Deal with the State: Criminal Pacts in El Salvador and Medellin”. Journal of Peace Research, vol. 53, n. 2, pp. 197-210, 2016.
• DEWEY, Matías; MÍGUEZ, Daniel; SAÍN, Marcelo. “The Strength of Collusion: A Conceptual Framework for Interpreting Hybrid Social Orders”. Current Sociology, vol. 65, n. 3, pp. 395-410, 2017.
• ERDMANN, Gero; ENGEL, Ulf. “Neopatrimonialism Reconsidered: Critical Review and Elaboration of an Elusive Concept”. Commonwealth & Comparative Politics, vol. 45, n.1, pp. 95-119, 2007.
• DURÁN-MARTÍNEZ, Angélica. “To Kill and Tell? State Power, Criminal Competition, and Drug Violence”. Journal of Conflict Resolution, vol. 59, n. 8, pp. 1-27, 2015.
• HANSON, Rebecca; LAPEGNA, Pablo. “Popular Participation and Governance in Kirchner’s Argentina and Chávez’s Venezuela: Recognition, Incorporation, and Supportive Mobilisation”. Journal of Latin American Studies, vol. 50, n. 1, pp. 153-182, 2018.
• JÁCOME, Francine. “Venezuela: ¿Un nuevo tipo de régimen militar?”. Foreign Affairs Latinoamérica, vol. 17, n. 4, pp. 44-52, 2017.
• KNIGHT, Alan. “Narco-Violence and the State in Modern Mexico”. In: PANSTERS, Wil (orgs). Violence, Coercion, and State Making in Twentieth Century Mexico. Stanford: Stanford University Press, pp. 115-134, 2012.
• LESSING, Benjamin. Making Peace in Drug Wars: Crackdowns and Cartels in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
• LESSING, Benjamin. “Conceptualizing Criminal Governance”. Perspectives on Politics, vol. 19, n. 3, pp. 1-20, 2020.
• LEWIS, David; HEATHERSHAW, John; Megoran, Nick. “Illiberal peace? Authoritarian modes of conflict management.” Cooperation and Conflict, vol. 53, pp. 486-506, 2018.
• LÓPEZ-MAYA, Margarita. “Populism, 21st-Century Socialism and Corruption in Venezuela”. Thesis Eleven, vol. 149, n. 1, pp. 67-83, 2018.
• MAGALONI, Beatriz; FRANCO-VIVANCO, Edgar; MELO, Vanessa. “Killing in the Slums: Social Order, Criminal Governance, and Police Violence in Rio de Janeiro”. American Political Science Review, vol. 114, n. 2, pp. 552-572, 2020.
• MANTILLA, Jorge; FELDMANN, Andreas. “Criminal Governance in Latin America”. Oxford Research Encyclopedia of Criminology, 2021.
• MIGDAL, Joel. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
• MONCADA, Eduardo; FRANCO, Gabriel. “The Implications of Covid-19 for Crime, States and Criminal Governance in Latin America”. Institute of Latin American Studies, Columbia University, 15 mayo 2020. Disponible en: https://polisci.barnard.edu/news/professor-eduardo-moncada-publishes-study-covid-19s-impact-crime-latin-america
  » https://polisci.barnard.edu/news/professor-eduardo-moncada-publishes-study-covid-19s-impact-crime-latin-america
• NORTH, Douglass et al. Limited Access Orders: Rethinking the Problems of Development and Violence. Stanford: Stanford University, 2011, pp. 1-19.
• OLMO, Guillermo. “Venezuela: a qué se debe la gran disminución de los homicidios en el país sudamericano”. BBC Mundo, Mundo, 13 ene. 2020. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50929754
  » https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50929754
• SMILDE, David; ZUBILLAGA, Verónica; HANSON, Rebecca. The Paradox of Violence in Venezuela. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2022.
• STANILAND, Paul. “Militias, Ideology, and the State”. Journal of Conflict Resolution, vol. 59, n. 5, pp. 770-793, 2015.
• VELASCO, Alejandro. Barrio Rising: Urban Popular Politics and the Making of Modern Venezuela. Oakland: University of California Press, 2015.
• WILLIS, Graham Denyer. “Deadly Symbiosis? The PCC, the State, and the Institutionalization of Violence in São Paulo, Brazil”. In: JONES, Gareth; RODGERS, Dennis (orgs). Youth Violence in Latin America. Nova York: Palgrave Macmillan, 2009, pp. 167-181.
• WOLFF, Michael Jerome. “Building Criminal Authority: A Comparative Analysis of Drug Gangs in Rio de Janeiro and Recife”. Latin American Politics and Society, vol. 57, n. 2, pp. 21-40, 2015.
• ZUBILLAGA, Verónica; HANSON, Rebecca; ANTILLANO, Andrés. “Gangs in the Post Chávez Bolivarian Revolution: How Mano Dura Policies and Political Pacts Have Organized Crime in Venezuela”. In: BROTHERTON, David; GUDE, Rafael (orgs). Routledge International Handbook on Critical Gang Studies. Nova York: Routledge, 2021.
• ZUBILLAGA, Verónica. “Everyone’s armed here: Guns and lethal reactivity in a Caracas barrio” In: SMILDE, David; ZUBILLAGA, Verónica and HANSON, Rebecca (orgs). The Paradox of Violence in Venezuela. University of Pittsburgh Press, 2022 (forthcoming).

• 1
  Este artículo está basado en una investigación en curso que llevamos a cabo con Reacin apoyada por Latin American Program of the Open Society Foundations. Estamos muy agradecidas con Benjamin Lessing, Carolina Luz y los investigadores que forman parte de este número especial, por sus valiosos comentarios para la elaboración de este artículo. También estamos agradecidas por la lectura y comentarios de Alejandro Velasco y Michael Reed-Hurtado. Un especial agradecimiento a los lectores anónimos de este texto, cuyas sugerencias contribuyeron para su claridad, y a Ana Beatriz Duarte y Priscila Minussi, por su trabajo de edición. Durante el trabajo de campo, contamos con el muy apreciado apoyo de Gabriela Caveda y de la organización Caracas Mi Convive. Nuestro especial agradecimiento a Neorelis Muñoz, Giorgina Cumarín, Camila Oropeza, Juan Francisco Mejía y Santiago García. Presentamos este trabajo en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida. La discusión también enriqueció nuestra mirada. En especial, nuestro agradecimiento Carlos de la Torre, por habernos invitado a presentar este trabajo.
• 2
  Se trataba del informe anual de la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, “uno de los más reconocidos en esta materia” según BBC Mundo (26/01/2016).
• 3
  Se realizaron 46 entrevistas a profundidad entre las dos comunidades.
• 4
  Estas iniciativas militarizadas comenzaron a ser denunciadas por organizaciones internacionales de derechos humanos. Lo destacaron tanto el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como el Informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas.
• 5
  Las Zonas de Paz fueron una iniciativa desarrollada por el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel Ávalos, a partir del año 2013. Para presentar la experiencia que lideraba, el viceministro utilizó el mismo vocabulario asociado a la tregua con las maras, en el Salvador, llevadas a cabo en el año 2011: "territorios libres de violencia" y "zonas de paz". En otro espacio sugerimos que hay indicios que el viceministro se inspiró de la experiencia salvadoreña para concebir su iniciativa en Venezuela (ZUBILLAGA, HANSON y ANTILLANO, 2021).
• 6
  En este sentido, B. Lessing específicamente diferencia esta noción de simbiosis de las formas colaborativas que Barnes identifica (integración y alianza), puesto que para Lessing las organizaciones criminales están claramente marginalizadas y estigmatizadas por el Estado, lo que hace, por ejemplo, la integración impensable.
• 7
  Esta frase fue pronunciada el año 2003, a un año del golpe de estado de 2002, en un discurso para conmemorar el regreso al poder. La frase fue recurrentemente repetida: la encontramos en al menos 14 discursos públicos sostenidos entre el año 2003 y 2012.
• 8
  Los Consejos Comunales constituyen una figura organizativa de gobierno local orientada a la ejecución de proyectos para el desarrollo comunitario
• 9
  La milicia bolivariana es el quinto componente de las Fuerzas Armadas Nacionales, creada por Hugo Chávez. Estas reservas militares se consolidaron como milicia bolivariana en el año 2009. Ellas reúnen a civiles voluntarios que reciben entrenamiento, cumplen funciones militares, y fueron calificados por el H. Chávez como “el pueblo en armas”. No existe información oficial sobre el número de integrantes de la milicia, aunque en febrero de 2020 Nicolás Maduro declaró que sobrepasaban los cuatro millones, cantidad muy superior a los de la Fanb, que extraoficialmente se calcula en alrededor de 130 mil-160 mil efectivos (JÁCOME, 2020).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  12 Set 2022
• Fecha del número
  2022

Histórico

• Recibido
  04 Oct 2021
• Acepto
  14 Mar 2022