PRESENTACIÓN

En todo el mundo, el número de países que avanzan hacia el autoritarismo duplica al de los que lo hacen hacia la democracia. Alrededor de dos tercios de la población mundial vive actualmente en democracias en declive o bajo regímenes autoritarios, caracterizados por una creciente polarización política, el avance de la extrema derecha y su organización a escala mundial, y la dificultad cada vez mayor de componer mayorías democráticas en gobiernos y parlamentos (Idea Internacional, 2023).

En este dramático contexto, la educación ha sido a menudo utilizada como área prioritaria y plataforma de ataque por grupos de extrema derecha que pretenden no sólo destruir los avances en materia de derechos educativos, sino también atacar la democracia, las políticas de lucha contra las desigualdades, la laicidad del Estado y la preservación del medio ambiente, basándose en agendas moralmente regresivas ancladas en la defensa de la austeridad económica, las jerarquías sociales, la supremacía blanca, la familia nuclear y el discurso falaz de la ideología de género. Este discurso nació en la década de 1990, formulado por sectores reaccionarios de la Iglesia Católica y movilizado para atacar los avances en los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQIA+ logrados en las Conferencias Internacionales del Ciclo Social de las Naciones Unidas (Conectas Derechos Humanos, 2020; Brown, 2021; Junqueira, 2022; Sentiido et al., 2021).

Ante esta situación, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la educación? ¿Cuál es el papel de las políticas educativas en la defensa de la democracia? ¿Cuál es la tarea de los sistemas educativos? El dossier “El lugar de la educación en el fortalecimiento de la democracia” representa un esfuerzo de reflexión teórica sobre las contradicciones y fisuras del ultraconservadurismo en la educación, entendido como un fenómeno complejo, dinámico y polifacético, uno de cuyos fundamentos es el descreimiento en la política institucional.

Considerando las realidades de diferentes países latinoamericanos, el dossier fue elaborado con el objetivo de identificar brechas y enfoques que contribuyan a la defensa de políticas públicas que garanticen los derechos humanos y a fortalecer el lugar de la educación en la promoción de culturas democráticas que apoyen proyectos sociales comprometidos con la justicia racial, social, de género y climática. Una de sus motivaciones fueron los resultados instigadores de la encuesta nacional “Educación, Valores y Derechos”, coordinada por Acción Educativa y el Centro de Estudios e Investigaciones en Educación, Cultura y Acción Comunitaria (Cenpec), desarrollada en 2022 en colaboración con el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad Estatal de Campinas, Plano CDE y el instituto Datafolha, en alianza con la Articulación contra el Ultraconservadurismo en la Educación¹ y cofinanciada por el Fondo Malala.

El objetivo de la encuesta “Educación, valores y derechos” era investigar cómo la población entiende y elabora las agendas reaccionarias propagadas por grupos ultraconservadores dirigidas a la educación. La investigación abordó cuestiones como la militarización de las escuelas; la propuesta de educación en casa; las cuotas raciales; la aplicación de la enseñanza de la historia y las culturas africanas y afrobrasileñas, establecida por la Ley nº 10.639/2003, que modificó la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional de 1996; las agendas de educación sexual, género y diversidad sexual; y el enfoque de la política y los derechos en la escuela (Ação Educativa; Cenpec, 2022).

Movilizando diversas estrategias y actuando a nivel transnacional, principalmente en tres frentes - amaño de estructuras estatales, incidencia política en las cámaras legislativas y disputas culturales en la vida cotidiana en escuelas y comunidades - definimos las acciones de los grupos ultraconservadores en la educación como aquellas destinadas a manipular y difundir informaciones falsas y prejuiciosas, especialmente en períodos electorales, que fomentan la persecución de los profesores, la censura en las escuelas y el pánico moral, especialmente en relación con las agendas de igualdad de género, sexualidad y raza, atacando los principios básicos de una educación crítica y dialógica (Ação Educativa; Cenpec, 2022; Carreira, 2022).

Realizada en el primer semestre de 2022, antes de la campaña electoral, la encuesta “Educación, valores y derechos” utilizó métodos mixtos y combinó análisis cuantitativos y cualitativos. La etapa cualitativa tuvo lugar a través de 42 mini grupos de discusión etnográficos, cada uno de ellos formado por tres personas que se conocían entre sí, favoreciendo que los participantes se sintieran cómodos expresando sus opiniones sobre temas controvertidos. Para los mini grupos focales se movilizó a personas consideradas conservadoras medias, utilizando una forma previa de preguntas que permitió filtrar a los participantes con perfiles de extrema derecha e izquierda. A partir de este estudio cualitativo, se desarrolló el instrumento utilizado en una encuesta nacional sobre temas relacionados con la educación, aplicada en 130 municipios de las cinco regiones del país, con 2.090 encuestados.

La investigación reveló que el apoyo de la mayoría de la población a las agendas educativas de la extrema derecha es limitado, en contraste con el discurso pregonado por estos movimientos de un supuesto predominio popular de sus posturas. Se constató que, si bien algunos aspectos de la agenda educativa de la extrema derecha son adoptados por la población, otros no lo son, lo que revela lagunas y contradicciones.

Una de ellas se refiere al enfoque de las cuestiones políticas y de derechos en la escuela. La encuesta nacional reveló que el 55,6% de los encuestados afirmó que los profesores deberían evitar hablar de política en las aulas, y el 53,5% que los padres deberían tener derecho a prohibir a las escuelas que enseñen temas que no aprueban. Sin embargo, cuando se les preguntó si las escuelas deberían tratar temas como la pobreza y las desigualdades, el 92,8% dijo que sí; los derechos de los estudiantes, el 91,9% lo aprobó; la discriminación racial, el 91,2%; y las desigualdades entre mujeres y hombres, el 89,1%. De este modo, se produce una disociación entre la noción de política y los temas centrales de la democracia y el interés público, que son eminentemente políticos, algo fundamental a trabajar en los programas escolares.

A través de la fase cualitativa, fue posible investigar los significados de la política utilizados por una gran parte de la población, muchos de los cuales están interconectados. Se identificaron significados negativos, como la comprensión de la política como una “desorden”, vinculada a las acciones de los movimientos sociales que cuestionan las jerarquías naturalizadas que organizan el orden social; como sinónimo de “politiquería”, especialmente la apropiación de organismos y recursos públicos para intereses privados por parte de determinados individuos y sectores de la sociedad; el “desencanto de la política por la economía” (Davies, 2017, p. 19) vinculado al discurso neoliberal que predica la desconfianza en las políticas públicas y afirma soluciones individualistas y meritocráticas a los problemas de las desigualdades sociales; como sinónimo de política partidista, la defensa de determinados partidos políticos; y un sentido abstracto de la política, a menudo desconectado de las decisiones y acciones que afectan a la vida cotidiana. La investigación reveló que los temas sensibles que movilizan rechazo cuando se abordan de forma abstracta ganan apoyo cuando se llevan a situaciones cotidianas y se ponen de relieve sus efectos en la vida concreta de las personas.

Este es el caso de las agendas de género y diversidad sexual, que son manipuladas por grupos ultraconservadores, especialmente durante los periodos electorales, con el objetivo de generar pánico moral. Los datos de la encuesta nacional revelan un escenario prometedor: el 88% cree que es importante que en las escuelas se hable de las desigualdades entre hombres y mujeres; el 81% afirma que las escuelas deberían promover los derechos de las personas a vivir libremente su sexualidad, ya sean heterosexuales o LGBT; el 92,9% afirma que es necesario que las escuelas enseñen a los niños a compartir las tareas domésticas con las niñas y las mujeres; y el 96,3% afirma que los alumnos deberían recibir información en las escuelas sobre las leyes que castigan la violencia contra las mujeres.

Educación Sexual: Diálogos entre Brasil, Perú, Colombia y Centroamérica

La encuesta “Educación, valores y derechos” reveló que el 73% apoya que se imparta educación sexual en las escuelas; el 71% cree que las escuelas están mejor preparadas que los padres para explicar temas como la pubertad y la sexualidad; el 91% que la educación sexual en las escuelas ayuda a los niños y adolescentes a prevenir los abusos sexuales; el 96,1% que las escuelas deberían ofrecer información sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y las formas de prevenirlas; y el 92,5% que los estudiantes deberían recibir información en la escuela sobre cómo evitar los embarazos no deseados. Incluso los padres opuestos a la educación sexual en las escuelas afirmaron que necesitaban ayuda para abordar cuestiones como los abusos sexuales, las ETS y los embarazos adolescentes.

La educación sexual se define a partir de la noción de educación integral en sexualidad, entendida como el aprendizaje que tiene lugar de manera informal en la familia y de manera formal a través de procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas guiados por un currículo que tiene en cuenta las experiencias de los sujetos y los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad (Louro, 2008; Figueiró, 2010; Furlani, 2011). Su objetivo es impartir conocimientos, habilidades, actitudes y valores a niños, adolescentes y jóvenes con el fin de proporcionarles autonomía para: garantizar su propia salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus elecciones afectan a su propio bienestar y al de otras personas; y comprender y garantizar la protección de sus derechos a lo largo de su vida (Unesco, 2019).

Los resultados de la encuesta brasileña están en consonancia con encuestas similares realizadas por la organización colombiana Sentiido y por organizaciones de derechos humanos latinoamericanas entre 2022 y 2024 en Perú, Colombia y la región centroamericana, países que se enfrentan a los ataques antigénero de grupos ultraconservadores en la educación, como el movimiento transnacional Con mis Hijos no te Metas.

Creado en Lima (Perú) en 2016 por grupos cristianos conservadores en una campaña contra el nuevo currículo nacional de educación básica, propuesto en 2013 por el Ministerio de Educación peruano (Meneses, 2019), el movimiento Con Mis Hijos no te Metas aboga por la supresión de la “política” en las escuelas, el derecho de los padres a definir qué contenidos deben incluirse en el currículo y la prohibición del debate sobre la igualdad de género, la diversidad sexual y la educación sexual en las instituciones educativas, entendido como un ataque a la familia cristiana. El movimiento ha cobrado fuerza transnacional en el continente, ampliando sus vínculos con grupos de extrema derecha en Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y México, entre otros países (Observatorio de Sexualidad y Política, 2021; Quequejana Melo, 2021), y estableciendo lazos en Brasil con el entonces movimiento Escola sem Partido, creado en 2004.

A pesar de toda la agresiva campaña, que movilizó marchas de activistas en las calles, la encuesta de opinión pública realizada en 2022 en Perú (Sensata Ux Research, 2022a) reveló que el 76% de las personas entrevistadas con hijos en escuelas públicas apoyaba al Ministerio de Educación del país y creía que los expertos en educación debían decidir lo que se enseña en las escuelas. Con un 94%, los jóvenes de 18 a 25 años representaban el grupo de población que más consideraba que los expertos en educación eran las personas más adecuadas para decidir lo que se enseña en las escuelas. Los evangélicos fueron los que más defendieron la idea de que esto es responsabilidad de los padres, con un 26% del total de entrevistados.

La encuesta reveló que más de la mitad de la población (56%) opinaba que si los padres eligieran los contenidos de biología e historia que se impartirían en las escuelas, la educación del país se resentiría en términos de calidad. El 80% sostuvo que el periodo de conflicto armado en el país, que tuvo lugar entre los años 80 y 2000, debería tratarse en las clases de historia, una postura contraria a la de los movimientos ultraconservadores peruanos. Más de la mitad (54%) de los peruanos entrevistados se mostraron contrarios a las posiciones del movimiento Con mis Hijos no te Metas, pero el 50% advirtió sobre la percepción de que las familias no tienen suficiente espacio para participar en las escuelas.

En cuanto a la importancia de la educación sexual, el 81% y el 88% de las personas entrevistadas en Perú afirmaron que contribuye a prevenir la violencia sexual contra niños y adolescentes y el embarazo adolescente, respectivamente, siendo este último entendido por el 85% de los entrevistados como uno de los problemas prioritarios en Perú. Sin embargo, ante la pregunta de cuál es el mejor lugar para aprender sobre sexualidad, el 51% respondió que en casa y el 45% en la escuela. Las respuestas variaron mucho según la edad y el nivel de estudios de la madre, siendo las más jóvenes (18 a 25 años) las que dijeron que la escuela es el lugar más adecuado (65%).

La encuesta concluyó con un perfil de la población peruana en relación con la agenda de género y la educación sexual en las escuelas, clasificando al 42% como simpatizantes, 27% persuasivos, 10% indecisos y 21% antagonistas. Los simpatizantes son personas que defienden la educación libre e independiente, tienen valores progresistas y creen en la importancia de la educación sexual en las escuelas; los persuasivos creen en los expertos en educación y son indecisos sobre el papel de los padres, están divididos entre valores progresistas y tradicionalistas y defienden la educación sexual, pero preferentemente en casa; los indecisos quieren una educación tradicional, pero prefieren no implicarse directamente, tienen valores que tienden hacia lo progresista y están a favor de la educación sexual en las escuelas, pero con la supervisión de los padres; y los antagonistas quieren controlar la educación para mantener el orden vigente, defienden la obediencia y la disciplina como principios rectores, tienen valores tradicionales y no quieren educación sexual ni reconocen el problema de las desigualdades de género.

En 2022, una investigación de opinión pública realizada en Colombia exploró cuestiones similares (Sensata Ux Research, 2022b), con el objetivo de comprender los impactos restrictivos sobre el derecho a la educación de los proyectos de ley promovidos por grupos ultraconservadores del país que forman parte del movimiento transnacional Con mis Hijos no te Metas, vinculado en su mayoría al partido de derecha colombiano Centro Democrático. Al igual que en Brasil y otros países, estos movimientos han venido proponiendo en los parlamentos proyectos de ley que prohíben un enfoque crítico de la historia política del país, en particular de los resultados de la comisión de la verdad sobre los conflictos armados en Colombia; de la educación sexual, de género y de la diversidad sexual; y de otras agendas vinculadas a la lucha contra las desigualdades.

Al igual que en Perú, la encuesta perfiló a la población colombiana entrevistada, organizándola en cuatro grupos: simpatizantes; indecisos flexibles; conservadores flexibles; y antagonistas. Los simpatizantes (27%) son personas que valoran los derechos, las libertades, la igualdad y una educación independiente, aprueban la educación sexual desde edades tempranas y creen en una enseñanza de la historia crítica y basada en perspectivas plurales; los indecisos flexibles (34%) valoran la libertad -con algunas restricciones en la igualdad- y la participación familiar, practican la religión moderadamente, defienden la educación sexual, mejor realizada en casa y a edades más avanzadas, son indiferentes sobre la importancia de las clases de historia en las escuelas, pero aprueban una enseñanza basada en perspectivas plurales; los conservadores flexibles (28%) valoran el orden, la autoridad, la educación formal y las jerarquías, pero apoyan la igualdad de género, aprueban la educación sexual integral desde una edad temprana, pero en casa, y valoran las lecciones de historia que abordan diferentes ideologías; y los antagonistas (11%) valoran el orden y la obediencia y creen menos en las libertades, son más tradicionales con respecto a la religión y la familia, rechazan la educación sexual, pero cuando es necesaria debe impartirse en casa y no abordar la diversidad sexual, y creen en la importancia de una enseñanza de la historia que no aborde diferentes perspectivas.

En 2024, se realizó una nueva encuesta de opinión pública en Colombia (Sentiido et al., 2024) sobre las actitudes de padres y madres hacia la educación sexual integral, el género y la diversidad sexual, que reveló un mayor apoyo público a estas agendas. La encuesta reveló que el 95% de las familias apoyaba la educación sexual integral en las escuelas y el 90% apoyaba la igualdad de derechos para la población LGBTQIA+, aunque sólo el 58% estaba a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y el 69% dijo que no tendría ningún problema en aceptar a un hijo LGBT.

La encuesta también reveló una mayor confianza hacia las personas LGBT: cerca del 60% de los padres reconoce que los homosexuales no son más propensos a abusar sexualmente de los niños, y el 61% está de acuerdo en que un profesor homosexual no supone ningún peligro para los niños. La investigación recomienda que, para obtener una imagen más clara de las posturas de la población, se realicen encuestas de opinión pública fuera del periodo electoral, cuando los movimientos ultraconservadores intensifican el proceso de desinformación destinado a generar pánico moral contra estas agendas con el fin de conseguir más votos para los candidatos de derechas y de extrema derecha.

En noviembre de 2023, la encuesta se realizó en los países centroamericanos (Sensata Ux Research, 2023) y reveló una realidad más conservadora: el 81,9% cree en la importancia de la educación sexual, pero el 88% de la población considera que el hogar es el lugar más apropiado para aprender sobre sexualidad. A diferencia de las encuestas realizadas en otros países de América Latina, sorprendió el número de encuestados en la región que creen que las madres y los padres saben lo necesario para educar a sus hijos sobre sexualidad (58%), mientras que el 68% afirmó que las familias no necesitan apoyo para hablar con los niños y adolescentes sobre sexualidad. Sólo el 28% de los entrevistados valoró la opinión de los especialistas y el 10% la de los profesores.

La encuesta identificó diferencias significativas entre los países, con Costa Rica con las posturas más progresistas a favor de la educación sexual en las escuelas, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el rechazo al Estado religioso, en contraste con países como Panamá, Honduras y Guatemala, con predominio de posturas más conservadoras. Como en encuestas anteriores, se definieron cuatro perfiles de entrevistados: fundamentalistas, conservadores a favor de la educación sexual integral, conservadores flexibles y partidarios de la educación sexual integral.

Los fundamentalistas de la región centroamericana (9%) están en contra de la educación sexual integral y del reconocimiento de la diversidad sexual, creen que la mejor forma de evitar el embarazo adolescente es la abstinencia, que la violencia contra las mujeres no es un problema prioritario y abogan por un estado religioso; los conservadores a favor de la educación sexual integral (38%) sostienen que es importante educar a las niñas para que sean buenas amas de casa y esposas, están mayoritariamente a favor de un Estado religioso y creen en la importancia de la educación sexual como forma de evitar los embarazos adolescentes, creen que los padres y las madres saben lo suficiente sobre sexualidad y son el grupo que más prioriza la obediencia; los conservadores flexibles (29%) se muestran indecisos sobre la educación sexual integral como derecho, la lucha contra las desigualdades entre mujeres y hombres y el Estado religioso, pero sostienen que la educación sexual es eficaz para prevenir los embarazos adolescentes, están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y justifican el aborto en casos concretos; y los simpatizantes (24%) abogan por la educación para la autonomía de los hijos, creen que el matrimonio entre personas del mismo sexo también constituye una familia, defienden el uso de anticonceptivos para prevenir el embarazo adolescente y la importancia de una educación sexual integral guiada por especialistas.

La encuesta encontró una aparente contradicción en las respuestas de todos los países centroamericanos, que apuntan a la necesidad de una educación orientada a la obediencia (61,5%) y a la creatividad (53,5%), lo que plantea el reto de profundizar en los diferentes significados de estos términos para la población y sus posibles articulaciones en la vida cotidiana.

Reconociendo los complejos desafíos para fortalecer los regímenes democráticos en América Latina, amenazados por el creciente activismo de extrema derecha, la investigación discutida revela las posibilidades, problemas y desafíos para mejorar las políticas educativas y la centralidad de la agenda de educación sexual, género y diversidad sexual para la defensa de la democracia. La manipulación de estas agendas ha servido de base para atacar todas las agendas progresistas del continente destinadas a abordar las desigualdades históricas. Ante esta amenazante situación, ¿cuál es el papel de las políticas educativas en la defensa de la democracia y en la confrontación con las fuerzas de extrema derecha? ¿Qué noción de calidad educativa debe guiar las políticas educativas? Este texto problematiza la incompatibilidad de la noción hegemónica de calidad educativa con el fortalecimiento de la democracia.

¿Cuál es la Noción de Calidad Educativa para Reforzar la Democracia?

Anclada en la agenda neoliberal de la primacía de lo privado sobre lo público, la noción hegemónica de calidad educativa, que ha guiado los sistemas educativos en las últimas décadas, está vinculada a la llamada nueva gestión pública, una perspectiva que cobró fuerza en la agenda educativa en la década de 1990, induciendo la adopción de principios y prácticas del sector privado por parte de las instituciones públicas; una reducción del tamaño y el papel del Estado, basada en el discurso del aumento de la eficiencia y la reducción de costes; y la diversificación de las formas de privatización de los servicios públicos, los derechos y los bienes comunes (Ball, 2005; 2014; Adrião; Pinheiro, 2012; Laval, 2019; Cóssio, 2020).

La noción hegemónica de calidad se centra predominantemente en una racionalidad económica a favor del mercado, en una sobrevaloración de los resultados del rendimiento de los alumnos en pruebas estandarizadas a gran escala. Esta perspectiva dominante privilegia el mérito, el esfuerzo individual y la competencia; naturaliza las desigualdades sociales, raciales y de género; secuestra el tiempo y las prioridades escolares; despolitiza la gestión escolar y educativa a favor de una perspectiva burocrática, sin sentido, de control y vigilancia centralizada, impuesta a través de la dictadura de las plataformas digitales (Torres, 2023) y otros mecanismos; y devalúa los procesos educativos y el papel formativo de las experiencias democráticas, induciendo un contraste entre eficiencia y participación activa.

En todo el mundo, esta perspectiva hegemónica de la calidad educativa ha sido adoptada por gobiernos situados en diferentes lugares del espectro político -de derecha a izquierda- y actualizada y resignificada en diferentes contextos, como ocurrió en los gobiernos de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).

En Brasil, aunque la calidad educativa basada en los resultados de las evaluaciones a gran escala haya sido una noción hegemónica desde el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), vinculada a las reformas educativas de los años noventa, otras nociones de calidad educativa han estado presentes, disputadas y articuladas en las últimas décadas en el debate educativo, especialmente en los gobiernos del PT, promovidas por diferentes sujetos políticos, entre ellos los movimientos sociales de la educación, negros, feministas, LGBTQIA+, de derechos humanos, comunidades indígenas, quilombolas, del campo, personas con discapacidad, ecologistas (Carreira, 2015; 2019; Gomes, 2017). Es decir, por sujetos que sufren los efectos del limitado proceso de democratización del poder, de los recursos y de las condiciones de vida; la discriminación, la violencia sistemática, la necropolítica (Mbembe, 2018); la destrucción medioambiental y la apropiación privada de los bienes públicos.

Estas nociones contrahegemónicas tuvieron importantes avances durante los gobiernos Lula y Dilma -en los marcos legales y reglamentarios, en los programas y en las políticas públicas-, pero fueron restringidas, con un nivel de institucionalización limitado, con poco impacto sistémico en el conjunto de las políticas educativas, sufriendo fuertes resistencias por parte de los sistemas educativos, disconformes con las políticas de evaluación y otras políticas macroeducativas, generando un profundo cuadro de incoherencia que vació en gran medida su potencial transformador.

Bajo el gobierno de Bolsonaro (2019-2022), estos avances han sido objeto de ataques, persecución y destrucción y actualmente experimentan -en el contexto del gobierno de Lula (2023-2026)- un resurgimiento, limitado por los complejos desafíos de un gobierno de amplia coalición y por los ataques y la vigilancia sistemáticos de grupos de derecha y extrema derecha, con una fuerte presencia en el Congreso Nacional (Carreira, 2022).

Ante esta situación, ¿cómo avanzar hacia una noción de calidad educativa que favorezca la construcción y el apoyo de proyectos de justicia racial, social, de género y climática, destinados a hacer frente a las desigualdades, a los procesos de privatización y a la destrucción del bien común?

Gustavo Pereira (2010), filósofo uruguayo que se ha esforzado por formular teorías críticas de la justicia a partir de las realidades latinoamericanas, propone en su obra el concepto clave de eticidad democrática, el ethos igualitario y democrático necesario para construir y sostener -en el tiempo- un proyecto de justicia social. La eticidad democrática toma la forma de una cultura democrática, entendida como una base común de valores y creencias, promovida y desarrollada en la sociedad, orientada a estimular la autorrealización, la autonomía y la solidaridad entre los sujetos para que se reconozcan mutuamente con igual dignidad. La construcción de esta eticidad democrática moviliza negociaciones y conflictos y requiere intencionalidad y acciones en diferentes dimensiones que abarcan el plan institucional y las políticas públicas destinadas a promover intercambios y deconstrucciones intersubjetivas en la vida cotidiana, comprometidas con el enfrentamiento a los procesos de deshumanización, discriminación y violencia y con la promoción de los derechos, la corresponsabilidad y la sociabilidad democrática.

Con vistas a desarrollar un mundo igualitario y una eticidad democrática en Brasil, y teniendo en cuenta los resultados de la investigación “Educación, Valores y Derechos” (Ação Educativa; Cenpec, 2022), se entiende que uno de los desafíos urgentes para las políticas educativas es recuperar la importancia y el sentido de la política como eje estructurador de la noción de calidad educativa para la democracia y para la promoción de la agenda de valores -secuestrada por discursos falaces de grupos de extrema derecha- basada en las nociones de derechos humanos y derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución Federal de 1988 y en la normativa internacional. La encuesta demostró que hay pruebas de que la mayoría de la población valora la escuela como espacio colectivo, más allá de la perspectiva centrada en la familia y la esfera privada, y una fuerte percepción de la función social de la escuela en la lucha contra las desigualdades. Existen brechas y contradicciones que crean condiciones favorables para una ciudadanía activa y una alfabetización político-democrática en el país.

La definición de alfabetización político-democrática aquí adoptada dialoga con la propuesta de Rildo Cosson (2011), pero la amplía, implicando el proceso de apropiación y desarrollo de conocimientos (derechos humanos y derechos de la naturaleza, democracia, instituciones políticas, desigualdades, sujetos políticos y luchas sociales, marcos jurídicos, derechos y deberes, una perspectiva crítica de la historia, el funcionamiento de las políticas públicas, etc.), habilidades (reflexionar sobre las propias prácticas, reeducar el pensamiento y las actitudes discriminatorias, abordar temas controvertidos, participar en procesos colectivos, escucha activa, diálogo, negociación, corresponsabilidad), valores (reconocer y defender la dignidad propia y la de otras personas y grupos, equidad, solidaridad, libertad, valorar los cuidados) y emociones (alteridad, respeto y autoestima), un proceso dirigido a defender y fortalecer la democracia: de las relaciones cotidianas a las macroinstancias de la sociedad.

En consonancia con esta perspectiva, proponemos una noción de calidad educativa que valore la alfabetización político-democrática de la población en conjunción con el desarrollo de habilidades y conocimientos, en una perspectiva amplia y freireana de la capacidad de leer críticamente el mundo (Freire, 1992); el acceso al conocimiento humanístico, científico y de derechos y su apropiación y reinvención por los diversos sujetos en sus diferentes contextos; la superación del epistemicidio colonial y la valoración de los saberes, conocimientos y experiencias negados, invisibilizados, los producidos en territorios populares, en la vida cotidiana y en diferentes contextos; la promoción de una educación para la alteridad que amplíe la noción de humanidad y sea explícitamente antirracista, antisexista, anti-LGBTfóbica, anticapacitista, que movilice la indignación y la intolerancia frente a cualquier forma de discriminación y desigualdad; y que contribuya decisivamente a la superación de la división hombre-naturaleza y del consumismo, ampliando las posibilidades de acciones políticas transformadoras.

Una noción basada en la implementación de los cambios propuestos en los Directrices Curriculares Nacionales: Diversidad e Inclusión - en la educación básica y en la educación superior - construidos por el Consejo Nacional de Educación en diálogo con los movimientos sociales a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, así como en la revitalización de la gestión democrática como proceso de formación de las comunidades escolares y como factor de mejora de las políticas educativas con miras a garantizar los derechos constitucionales - y nunca utilizarla para restringir o negar estos derechos. En otras palabras, se trata de una gestión escolar democrática de “alta intensidad”, no sólo en términos de “cantidad” de participación de los miembros de la comunidad escolar, sino también en términos de construcción de la autonomía y de redistribución del poder político.

Siempre en este sentido, es necesario desestabilizar, provocar y ampliar lo que se ha entendido por “universal” en el ámbito de las políticas educativas, identificando las referencias fijas y restringidas que alimentan la producción de desigualdades. Para ello, es esencial plantear preguntas a todas y cada una de las políticas: ¿cuáles son las referencias de persona, alumno, familia y comunidad que sustentan estas políticas? ¿Qué diferencias se reconocen y aceptan? ¿Qué valores civilizadores y matrices de conocimiento se priorizan y cuáles se silencian? ¿Qué significa “buenos resultados” en las trayectorias escolares y las políticas educativas? ¿Cómo responde y contrarresta la política educativa el impacto de las desigualdades raciales, sociales, de género, regionales y de discapacidad, entre otras, desde una perspectiva igualadora que oriente la financiación de la educación?

Enfrentarse al “Fantasma”: Igualdad de Género, DiversidadSexual y Educación

Las investigaciones de Brasil y otros países latinoamericanos citados indican que defender y promover la democracia en tiempos de avance autoritario exige que los sistemas educativos se comprometan efectivamente con políticas y programas que promuevan la igualdad de género y la diversidad sexual, enfrentando el “fantasma” manipulado por las fuerzas de extrema derecha como forma no sólo de atacar los derechos de las mujeres y de la población LGBTQIA+, sino también de generar pánico moral y desestabilizar los regímenes democráticos. Silenciar estas agendas es abrir un espacio para que sigan siendo capturadas por los movimientos autoritarios en una perspectiva regresiva. Abordar estas agendas en el contexto actual requiere que los sistemas educativos asuman la responsabilidad de desarrollar programas que fomenten las experiencias y la formación y protejan a los profesionales de la educación -que trabajan en guarderías, escuelas y universidades- de los movimientos autoritarios que promueven la desinformación, la persecución, la censura y la autocensura, en asociación con medidas dirigidas a desmilitarizar las escuelas y la vida cotidiana.

En el contexto brasileño de construcción del nuevo Plan Nacional de Educación (Plano et al. 2025–2035), es necesario reconocer que la perspectiva de la calidad educativa para la democracia exige cambios estructurales en el conjunto de las políticas educativas y en el funcionamiento de los sistemas educativos y de las instituciones educativas, entendidos en su profunda articulación, con el objetivo de superar la situación de descoordinación e incoherencias, que debilita su poder transformador. En este sentido, urge la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Educación profundamente orientado a enfrentar el racismo estructural y otras desigualdades y a promover las culturas democráticas y la transición ecológica, en un contexto de aceleración del cambio climático que configura la llamada “década decisiva” (Marques, 2023).

Esto requiere la necesaria reorganización del tiempo escolar. Combinada con la urgente mejora de las condiciones materiales de las escuelas a través de la aplicación del Coste Inicial de Calidad del Alumnado -que incide en la reducción del número de niños/alumnos por aula, la garantía de las condiciones de infraestructura y la valoración de los profesionales de la educación-, la reorganización del tiempo y las prioridades escolares pretende que las instituciones educativas dispongan de tiempo para: fortalecer el trabajo colectivo, desarrollar procesos de formación continua, sistematizar los conocimientos y experiencias construidos en el ámbito escolar, priorizar las experiencias participativas, formar para la ciudadanía democrática, fortalecer las relaciones con las familias y los territorios en los que se ubican y buscar activamente a los alumnos en situación de exclusión escolar.

La actual escasez de tiempo en las escuelas, la ansiedad y la sensación de asfixia ante las exigencias de la realidad se deben en gran medida a la priorización de las evaluaciones a gran escala y a la dictadura de las plataformas digitales para la vigilancia y el control burocráticos. No hay forma de avanzar en la promoción de la calidad educativa para la democracia sin cambiar esta ecuación. Esto lleva a la necesidad de revisar críticamente el proceso de plataformización digital y las políticas de evaluación educativa, reduciendo drásticamente el peso de las políticas de evaluación a gran escala en favor de otras formas de evaluación, como la evaluación institucional participativa, y reorientándolas para subvencionar políticas y acciones que aborden las desigualdades y transformen efectivamente la vida cotidiana.

La reanudación de la construcción del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica, prevista en el artículo 11 del Plan Nacional de Educación (2014-2024) -instituido a través de la Ordenanza nº 369/2016, revocada tras el golpe institucional de mayo de 2016- propone una perspectiva crítica y ampliada de las políticas de evaluación, a partir de enfoques contextualizados que consideren los procesos, los insumos, el acceso y la equidad, “buscando hacer visible lo que muchas veces está invisibilizado y naturalizado en la cotidianidad de la vida escolar y de la gestión educativa” (Carreira, 2015, p. 438).

El papel de las políticas educativas en la promoción de la alfabetización político-democrática de la población exige que las políticas de educación básica y de educación superior sean planificadas y desarrolladas de forma intersectorial y articulada con las políticas de promoción de la educación popular. Es necesario avanzar hacia una perspectiva de educación popular en derechos humanos que dialogue no sólo con los sectores políticamente organizados de la población, sino también con los no organizados, y que esté más atenta a la vida cotidiana, a los desafíos del “aquí y ahora” (Carreira, 2015). En este sentido, la política de educación de jóvenes y adultos, desmantelada en los últimos años, debe ser revisada y reforzada en cuanto a su potencial de alfabetización político-democrática, desde una perspectiva territorial.

Además de promover la capacidad de leer críticamente las relaciones de poder y de exigir derechos al Estado, especialmente en realidades marcadas por la perversa e intensa precarización de las condiciones de vida, la desregulación de los derechos laborales y las persistentes y nuevas formas de segregación racial y social, se pretende que la educación popular sea contextualizada, promoviendo la “agencia posible” de los sujetos en la vida cotidiana, entendida como dimensión política y espacio de construcción de solidaridad, cuidado, reflexión y resistencia; de transformar prácticas discriminatorias y violentas; de tesituras de posibilidades y esperanzas; y de ejercitar la imaginación política.

Notas

• 1
  Coordinada por Acción Educativa, la Articulación contra el Ultraconservadurismo en la Educación trabaja desde hace años para hacer frente al fenómeno de la censura, la persecución y la autocensura en las escuelas, promovido por los movimientos ultraconservadores. La Articulación en Defensa del Derecho a la Educación y Contra la Censura en la Escuela ha trabajado en el seno de la justicia y del Congreso Nacional, además de promover la comunicación, la formación y la producción de materiales, como el Manual para la Defensa de la Escuela contra la Censura. Está formada por: Artículo 19, Asociación Brasileña de Familias Homotransfóbicas, Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexuales, Asociación Madres por la Diversidad, Asociación Nacional de Posgrado e Investigación en Educación, Asociación Nacional de Centros de Defensa del Niño y del Adolescente, Ciudadanía, Estudio, Investigación, Información y Acción, Asociación Nacional de Travestis y Transexuales, Asociación Nacional de Derechos Humanos LGBTI, Asociación Tamo Juntas - Asesoría Jurídica Gratuita para Mujeres Víctimas de Violencia, Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, Centro de Defensa del Niño y del Adolescente de Ceará, Centro Feminista de Estudios y Asesoramiento, Cenpec, Cidade Escola Aprendiz, Comité Latinoamericano y del Caribe de Defensa de los Derechos de la Mujer, Conectas Derechos Humanos, Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, Confederación Nacional de Trabajadores de los Establecimientos de Enseñanza, Consejo Nacional de Iglesias Cristianas, Frente Nacional Escuela Sin Mordaza, Geledés - Instituto de la Mujer Negra, Grupo de Abogados por la Diversidad Sexual y de Género, Instituto Alana, Instituto Brasileño de Derecho de Familia, Movimiento de Educación Democrática, Observatorio de Sexualidad y Política de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de SIDA, Plataforma de Derechos Humanos, Proyecto Libertad, Red Nacional de Religiones Afrobrasileñas y Salud, Sindicato Nacional de Profesores de Instituciones de Educación Superior y Themis - Legal Asesoramiento y Estudios de Género.

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Editor de Seção: Ivany Pino https://orcid.org/0000-0001-6227-972X

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  23 Set 2024
• Fecha del número
  2024

Histórico

• Recibido
  08 Ago 2024
• Acepto
  13 Ago 2024