GRUPOS GÉNERO-RESTRICTIVOS, PÁNICO MORAL Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

GENDER-RESTRICTIVE GROUPS, MORAL PANIC AND COMPREHENSIVE SEXUAL EDUCATION

GRUPOS RESTRITIVOS DE GÊNERO, PÂNICO MORAL E EDUCAÇÃO SEXUAL INTEGRAL

RESUMEN

El presente artículo se basa en los hallazgos de una investigación que muestra cómo los grupos género-restrictivos basados en la fe, que trabajan a lo largo de varias denominaciones religiosas y a menudo operan transnacionalmente, están usando a la niñez y a la retórica de la protección de la niñez para fabricar pánico moral y movilizarlo contra los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con la justicia de género. En particular, el artículo resaltará la importancia de la educación como el principal sector de activación y movilización neoconservadora (y crecimiento de sectores del feminismo trans-excluyente) a través de acusaciones de imposición de la “ideología de género”; y enfatizará la importancia de crear estrategias multisectoriales para enfrentar este fenómeno.

Palabras clave
Pánico moral; Género-restrictivo; Educación sexual integral; LGBTQ+

ABSTRACT

This article is based on the findings of previous research that demonstrates how faith-based gender-restrictive groups, operating across various religious denominations and often transnationally, are using childhood and the rhetoric of child protection to fabricate moral panic and mobilize it against human rights, particularly those related to gender justice. In particular, the article will highlight the importance of education as the main sector for neoconservative activation and mobilization (and the growing sectors of trans-exclusive feminism) through accusations of imposing “gender ideology”; and it will emphasize the importance of creating multisectoral strategies to address this phenomenon.

Keywords
Moral panic; Gender-restrictive; Comprehensive sex education; LGBTQ+

RESUMO

O presente artigo baseia-se nos resultados de uma pesquisa que mostra como grupos restritivos de gênero baseados na fé, que atuam em várias denominações religiosas e frequentemente operam transnacionalmente, estão utilizando a infância e a retórica da proteção infantil para fabricar pânico moral e mobilizá-lo contra os direitos humanos, especialmente aqueles relacionados à justiça de gênero. Em particular, o artigo destacará a importância da educação como o principal setor de ativação e mobilização neoconservadora (e crescente de setores do feminismo trans-excludente) por meio de acusações de imposição da “ideologia de gênero”; e enfatizará a importância de criar estratégias multissetoriais para enfrentar esse fenômeno.

Palavras-chave
Pânico moral; Restrição de gênero; Educação sexual abrangente; LGBTQ+

Introducción

Desde los años 1970 América Latina ha experimentado una serie de discusiones alrededor de la educación sexual integral, en las que se han problematizado los roles que las instituciones públicas y los agentes de socialización deben desempeñar en el acceso a la información y la educación sobre la sexualidad de niñas, niños y adolescentes. A partir de esto se han establecido agendas públicas y políticas que han intentado dar respuesta a demandas contradictorias que la sociedad civil y diversos actores han realizado sobre el abordaje y la vivencia de la sexualidad. Sin embargo, en los últimos 30 años también han surgido distintas instituciones y agentes (grupos religiosos, figuras políticas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros) que se oponen de forma activa a la justicia de género, estableciendo fuertes alianzas con líderes y regímenes autoritarios para operar transnacionalmente hacia una meta común: generar una sociedad género-restrictiva. Para esto se han valido del discurso de protección de la niñez para causar pánico moral en la sociedad, y gestar movimientos y acciones en contra de aquellas leyes, políticas y otras iniciativas que potencian y promueven una sociedad afirmativa de la diversidad y que desafían la visión de mundo patriarcal que dichos grupos promueven. Estos grupos han actuado de manera eficaz en la limitación del ejercicio de derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos (DSR), los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la igualdad de género en varios países de Latinoamérica.

Las reflexiones aquí plasmadas se derivan principalmente de una investigación sobre cómo:

[...] los grupos género-restrictivos basados en la fe, que trabajan a lo largo de varias denominaciones religiosas y a menudo operan transnacionalmente, están usando a la niñez y a la retórica de la protección de la infancia para fabricar pánico moral y movilizarlo contra los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con la justicia de género¹

(Martínez; Duarte; Rojas, 2021, p. 10).

Es decir que se moviliza la idea de proteger a la infancia (imaginada siempre como heterosexual, incluso asexual, y cisgénero) para atacar los derechos sexuales y reproductivos, y de las mujeres cisgénero y las personas LGBTQ+. En nombre de niños, niñas y adolescentes se promueve la discriminación contra y se socavan los derechos de las infancias y adolescencias LGBTQ+, de las niñas y adolescentes asignadas al género femenino al nacer, y de todos los menores que ven sus derechos y oportunidades limitados a lo aceptable dentro de una visión heterocispatriarcal de la sociedad, y, por lo tanto, género-restrictiva.

¿Qué Son y Cómo Actúan los Actores Género-Restrictivos?

El término “género-restrictivo” es útil para resaltar la visión de mundo que a partir de las últimas dos décadas del siglo XX y hasta la actualidad ha incentivado y permitido trabajar juntos a una serie de actores distintos e incluso históricamente adversos (como es el caso de la Iglesia Católica y distintas denominaciones protestantes). Usamos el término “género-restrictivos” en vez de otros más generales como “antiderechos” o más conocidos como “antiideología de género” por dos razones principales. Primero, porque no queremos reforzar una narrativa que enmarca la justicia de género como “ideología de género”, sobre todo cuando este término fue creado explícitamente para socavar estos esfuerzos; y, segundo, porque el aglutinante principal de estos actores no es una oposición generalizada a todos los derechos humanos, sino sobre todo a aquellos vinculados a la equidad de género. Es decir, estos actores se unen en su compromiso a largo plazo con una visión género restrictiva del orden mundial. Esto es, un mundo donde los derechos de las mujeres cisgénero dependen de las necesidades e intereses de los varones cisgénero y permanecen atados al mandato reproductivo; y donde las personas LGBTQ+, incluyendo niñas, niños y adolescentes, son estigmatizadas, criminalizadas o patologizadas, lo que, por supuesto, ataca sus derechos humanos y pone en riesgo sus vidas. Los actores género-restrictivos no son homogéneos en términos de creencias, composición, estructura, audiencia o estrategias. Están compuestos por representantes y partidos políticos, grupos con alcance internacional, medios de difusión como estaciones de radio y televisión, centros de investigación que se presentan como seculares e independientes, organizaciones de la sociedad civil que en su mayoría ocultan sus vínculos (principalmente financieros) con instituciones confesionales y eluden el lenguaje religioso, reapropiándose y manipulando el lenguaje de los derechos humanos, y grupos religiosos.

Sin embargo, pese a sus muchas diferencias, la mayoría de estos actores son explícitamente confesionales o están basados en la fe, y, como se dijo, comparten una férrea creencia en una visión género-restrictiva de la sociedad. Esto es, todos estos actores trabajan de distintas maneras por el afianzamiento y mantenimiento de un ordenamiento social, político, económico y cultural heterocispatriarcal que está basado en la imposición y ejecución de una visión de género jerárquica y restrictiva que tiene dos componentes principales interdependientes: la naturalización del binario de género y la imposición de la normatividad de género.

El primero de estos elementos, la naturalización del binario de género, está sostenido por seis ideas que funcionan tanto como pilares ideológicos como por mensajes clave de las estrategias de comunicación altamente adaptables que los grupos y actores género-restrictivos despliegan en distintos contextos y con ligeras modificaciones según las distintas coyunturas y metas locales. Estas ideas son:

• La idea de que el sexo es binario, determinado por la naturaleza y por lo tanto universal e inmutable. Este esencialismo biológico presenta necesariamente la diversidad de género como una falsedad y, por lo tanto, como producto de una aberración sexual, una intención criminal, o, en el mejor de los casos, como una patología psicoemocional que puede y debe ser curada. Esta visión de la diversidad de género implica una postura agresiva en contra de los derechos y la existencia misma de las personas trans y no binarias. En particular, se presenta a las mujeres trans como una amenaza a la integridad física y sexual de las niñas y mujeres cisgénero y al avance de sus derechos, lo cual ha llevado a un número sin precedentes de políticas, leyes y normativas que niegan e incluso criminalizan los derechos y la existencia de las mujeres trans y de todas las demás personas que no se ajustan a la cisnormatividad. En este punto en particular, las feministas trans-excluyentes, o críticas del género, como se llaman a sí mismas, se alinean con las ideas, estrategias, metas y accionar de los actores género-restrictivos tradicionales y por lo tanto pueden ser consideradas como parte de ellos².

• La idea de que los (dos únicos) sexos tienen una relación “complementaria” (léase jerárquica) entre sí, y que por tanto los roles y las desigualdades existentes entre hombres y mujeres cisgénero que se derivan de ellos son el resultado natural de diferencias biológicas innatas. Alterar dicho ordenamiento social desigual implicaría entonces destruir un orden natural preestablecido y por tanto generar caos y perjuicio social generalizados.

• Restablecer y afianzar el vínculo entre la sexualidad y la procreación. Esto implica rechazar y estigmatizar los derechos sexuales y reproductivos y reafirma la idea de que la heterosexualidad es la única orientación sexual moral (y en muchos casos legal) (Martínez; Duarte; Rojas, 2021, p. 34).

• Lo anterior enmarca los derechos sexuales y reproductivos, y los de las personas LGBTQ+, como “fuente de caos político, social y económico, y como amenazas para la existencia de la humanidad en sí misma al desafiar el mandato reproductivo sobre el que se basa la heteronormatividad” (Martínez; Duarte; Rojas, 2021, p. 19). Además, al defender lo que para estos grupos es necesariamente una sexualidad no vinculada al mandato reproductivo, tanto las personas LGBTQ+ como las feministas que defienden los derechos sexuales y reproductivos, particularmente el aborto, son presentadas como promotoras de una sexualidad irresponsable, pervertida y, por lo tanto, particularmente peligrosa para las infancias y adolescencias.

• Priorizar la autoridad parental sobre los derechos de la niñez promoviendo la idea de que “los padres” (en masculino, siguiendo la idea patriarcal de la autoridad del pater familias) pueden y deben decidir el contenido de los materiales educativos que se enseñan en los colegios y escuelas, principalmente aquellos relacionados con la Educación Sexual Integral y de una u otra forma desafíen su visión heterocisnormativa de la sociedad (Martínez; Duarte; Rojas, 2021).

• La presentación de La Familia -entendida como la familia heterocissexual y patriarcal, como “la única unidad social que garantiza la protección de la infancia, la continuación de la especie humana a través de la reproducción sexual heterosexual, la estabilidad económica y el orden (género-restrictivo) social y moral” (Martínez; Duarte; Rojas, 2021, p. 34).

La imposición de la normatividad de género es el segundo de los elementos que sostiene la visión y el accionar de los actores género-restrictivos. Esta imposición se hace a través de comunicaciones estratégicas (medios de comunicación, redes sociales, mensajes directos e indirectos desde púlpitos y discurso religiosos, entre otras) y un insistente y muy bien financiado cabildeo que busca inscribir la visión género-restrictiva de la sociedad en la ley y la política pública. Este cabildeo incluye la promoción u oposición a leyes y políticas que buscan avanzar la justicia de género, incluyendo leyes y normativas que criminalizan las identidades LGBTQ+ y las relaciones sexoafectivas consensuales entre adultos con cadena perpetua e incluso la pena de muerte, como es el caso de una ley aprobada en 2023 por el parlamento de Uganda, conocida en inglés como el proyecto de ley “kill the gays” (maten a los gais)³.

En general, la imposición de la ideología género-restrictiva distribuye inequitativamente las oportunidades, los derechos y los recursos de acuerdo a la capacidad o voluntad que tengan las personas de ajustarse al binario de género y a las expectativas y los roles que se derivan de este, incluyendo la heterosexualidad obligatoria, y el ser o ser percibido como cisgénero. Este sistema recompensa a quienes siguen este modelo con el libre ejercicio de derechos, el reconocimiento social, y oportunidades laborales, educativas y económicas. Aquellas personas que rompen con esta norma, es decir, quienes pertenecen a la comunidad LGBTQ+, pero también los hombres y las mujeres heterosexuales y cisgénero que de distintas maneras desafían los roles o las expectativas de género, terminan siendo privadas de sus derechos, excluidas, discriminadas, patologizadas, criminalizadas y con alto riesgo de sufrir distintas formas de violencia, incluyendo violencia física, sexual, psicológica y administrativa, entre otras. Así, los actores género-restrictivos “atacan los derechos humanos y la justicia de género, así como los principios de autodeterminación y equidad” (Martínez; Duarte; Rojas, 2021, p. 15).

Un último aspecto clave de los actores género-restrictivos es que la visión de mundo heterocispatriarcal y altamente jerárquica que promueven resuena fuertemente con partidos, movimientos, y líderes políticos nacionalistas (con frecuencia xenófobos y racistas) y autocráticos. Además, la infraestructura comunicacional y el alcance y la influencia que tienen en muchos sectores sociales resultan altamente atractivos tanto para líderes y partidos políticos tradicionales de derecha e izquierda, como para figuras emergentes (y con frecuencia) disruptivas del panorama político. Esto hace que las ideas que promueven, común, aunque no exclusivamente, reunidas bajo la bandera de la lucha contra “la ideología de género” se hayan vuelto un importante motor de los “movimientos desdemocratizadores… que se alimentan de y fortalecen cada vez más las políticas iliberales que han emergido en las primeras dos décadas del siglo XXI” (Martínez; Duarte; Rojas, 2021, p. 20).

Una de sus estrategias más efectivas para la difusión y el afianzamiento de su visión género-restrictiva ha sido la propagación e instrumentalización del pánico moral. El pánico moral es:

[...] un temor social extendido centrado en el supuesto de que un grupo estereotipado de personas está amenazando los valores, la seguridad y el interés de la sociedad... Cuando está relacionado con asuntos de orientación sexual, identidad y expresión de género (OSIEG), toma la forma de una erupción social catalizada por una alarma sobre el supuesto riesgo que corre la inocencia de la infancia

(Martínez; Duarte; Rojas, 2021, p. 16).

Esta estrategia es particularmente eficaz para ampliar la base de apoyo, pues se aprovecha del deseo generalizado de proteger a la niñez.

Al presentarse a sí mismos simplemente como “adultos preocupados” (sin que se mencionen filiaciones religiosas explícitas o se use un lenguaje que haga referencia a conceptos teológicos como “pecado”), los actores género-restrictivos expanden notablemente su alcance y logran activar y movilizar una audiencia más moderada y con frecuencia laica. Así,

[...] el pánico moral crea cohesión social de manera rápida y eficaz, canalizando la indignación hacia acciones políticas concretas (género-restrictivas). Por lo tanto, el pánico moral no solo -y ni siquiera principalmente- tiene una función “moral”: su rol principal es político, particularmente en contextos de agitación y ansiedad económica, social y política

(Martínez; Duarte; Rojas, 2021, p. 16).

Tres factores han sido claves en el éxito de la instrumentalización de la retórica de la protección a la infancia a través del pánico moral: primero, como se dijo anteriormente, enmarcar la protección de la infancia y las demandas progresistas como fundamentalmente opuestas. Segundo, la secularización estratégica, o:

[...] la decisión consciente de restar importancia a la retórica religiosa y legitimar su oposición a la justicia de género a través de la apropiación y resignificación de conceptos, lenguajes y espacios seculares. Esto ha ocurrido en tres campos principales: la academia, los derechos humanos y la teoría de género y el feminismo

(Martínez; Duarte; Rojas, 2021, p. 15).

Y, el último y más importante, la conceptualización y movilización de lo que los actores género-restrictivos llaman “la ideología de género”.

Para resumir, los actores género-restrictivos constituyen un ecosistema variado de organizaciones, centros de pensamientos, figuras políticas y religiosas, entre otros, que actúan en torno a ideas heterocispatriarcales basadas principalmente en los seis elementos acá planteados: esencialismo biológico, complementariedad de ese esencialismo biológico binario, sexualidad para la procreación, enmarcar los derechos y las personas LGBTQ+ como fuente de caos político, social y económico, autoridad parental como autoridad absoluta sobre la niñez y, por último, exaltación de la familia heterocissexual y patriarcal como único núcleo social deseable, aceptable y posible (legalmente).

La Lucha Contra la “Ideología de Género”: una Eficaz Herramienta Contra los Derechos Humanos y la Justicia de Género

El término “ideología de género” fue creado en el marco de la Iglesia Católica como respuesta reaccionaria a los avances logrados por los movimientos de mujeres en las Conferencias de la ONU sobre Población en El Cairo (1994) y sobre Derechos de la Mujer (1995), en particular, sobre derechos sexuales y derechos sociales reproductivos. Desde entonces, el término se ha empleado para intentar poner freno a los debates sobre las desigualdades entre hombres y mujeres y sobre los derechos de la población LGBTQ+ (Britto, 2022).

Principalmente el catolicismo optó por emplear la expresión “ideología” como estrategia lingüística en la formación de la opinión de la sociedad para así exponer la supuesta connotación falsa del término “género”. Esta distorsión semántica pretende deteriorar el abordaje positivo del “género” (orientado a la igualdad) para reemplazarlo por connotaciones negativas al unirlo con el concepto de “ideología”, equiparando este con “falsedad” (en comparación con el discurso que ellos consideran “verdadero”). Esta manipulación semántica se encuentra también ligada al desarrollo de la activación y promoción del pánico moral como estrategia para intentar hacer frente a los avances de los movimientos feministas y de la comunidad LGBTQ+ (Cornejo-Valle; Pichardo, 2017; Herdt, 2009).

Quizás el elemento más importante de la “ideología de género” es que, contraintuitivamente, su significado específico no solo es muy difícil de concretar y estabilizar, sino que resulta casi irrelevante para su movilización y éxito. Es decir, “lo más importante de la “ideología de género” no es lo que el término significa, sino la visión de mundo que transmite a través de la distorsión de los derechos y los estudios de género” (Martínez; Duarte; Rojas, 2021, p. 28). Por ello, los argumentos agrupados bajo la oposición a la “ideología de género” son maleables, versátiles, basados en la religión, pero defendidos como si fueran seculares, y altamente adaptables a luchas políticas y contextos específicos. Así, la oposición a la “ideología de género” ha sido el más eficaz aglutinante simbólico que permite a los grupos género-restrictivos trabajar juntos (Martínez; Duarte; Rojas, 2021,).

La “ideología de género” permite a los actores género-restrictivos dejar de lado sus diferencias y enemistades para unirse a través de estrategias y metas comunes en contra de los derechos humanos, la democracia y la justicia de género. El matrimonio y la adopción igualitarios, la autonomía corporal de las mujeres cis y las personas trans y no binarias, el derecho a la identidad y expresión de género (sobre todo para las infancias y adolescencias), la paridad en la participación política, iniciativas contra la violencia doméstica, el avance en los derechos reproductivos, particularmente el aborto, y, sobre todo, la Educación Sexual Integral (ESI), son algunas de las cuestiones que despiertan acusaciones de “imposición de la ideología de género” con más vehemencia y por lo tanto generan importantes movilizaciones sociales y políticas.

Cuatro estrategias han sido claves en el exitoso despliegue de la oposición a “la ideología de género” contra los derechos humanos y la justicia de género: 1) La secularización estratégica de la normatividad de género explicada con anterioridad. 2) El uso de la retórica de protección a la infancia del supuesto peligro que representan las personas LGBTQ+ con un énfasis más reciente en las mujeres trans como amenaza imaginada a la integridad y los derechos de las niñas y mujeres cisgénero. 3) Atizar los sentimientos anticoloniales, anticomunistas y/o nacionalistas; según el contexto y la coyuntura, se acentúan unos u otros, siendo la intersección entre la xenofobia y el racismo un elemento constitutivo de estos. 4) Una estrategia de comunicación directa con las bases, con mucha frecuencia, pero no siempre conformadas por fieles de distintas congregaciones religiosas; las iglesias, tanto la Iglesia Católica como las distintas denominaciones protestantes tienen amplias y profundas redes de comunicación que incluyen medios como canales de televisión y radio, redes sociales (particularmente grupos de WhatsApp), espacios de escucha comunitaria a través de sermones y discursos en eventos religiosos, control de un gran número de instituciones educativas que garantiza acceso a estudiantes, el profesorado y las asociaciones de padres y madres de familia, entre otros.

Adicionalmente, los grupos género-restrictivos se apoyan cada vez más en el discurso de los derechos humanos como instrumento para legitimar sus esfuerzos antiderechos. Sin embargo, esto no debe confundirse con una defensa real de los derechos humanos. Por ejemplo, bajo el argumento de “el derecho a la vida”, se posicionan contra los derechos sexuales y reproductivos. De hecho, esta instrumentalización les permite afirmar que los derechos asociados a la justicia de género realmente van “en contra” de los derechos fundamentales de la sociedad y de la niñez. Así, la autoridad parental se instrumentaliza para negar a las infancias y adolescencias sus derechos a, entre otros, la autonomía y autodeterminación corporal, particularmente respecto al género y la identidad sexual, lo que resulta particularmente devastador para las infancias y adolescencias trans y género no-conformes.

Esto se ha visto en cómo muchos de los actores género-restrictivos son organizaciones religiosas y movimientos políticos conservadores tradicionales y también, de manera preocupante, algunos movimientos feministas que se han fortalecido en los últimos años a través de acciones género-restrictivas y abiertamente trans-excluyentes. Algo preocupante de estas organizaciones es que han logrado coaliciones inéditas para luchar en contra de los derechos de las personas trans y no binarias. Uno de los ejemplos más concretos es el prominente papel que tuvieron feministas trans-excluyentes del Partido Socialista Obrero de España en la oposición a una ley que protegía los derechos de las personas y adolescencias trans en España. Aunque no puede decirse que trabajaron en coalición con Vox, el conocido partido género-restrictivo de ultraderecha, ciertamente su objetivo era el mismo, y sus argumentos con frecuencia también lo eran. La ley, que fue aprobada pese a esta resistencia en 2023, permite a las personas trans cambiar su género en los documentos oficiales desde los 16 años, así como tener acceso a tratamientos hormonales, ambas necesidades urgentes de las personas trans y no binarias para tener una vida plena y libre (Euronews, 2023). Este caso muestra cómo un sector del feminismo comparte cada vez más vocalmente los argumentos esencialistas sobre el sexo de los grupos género-restrictivos y los están movilizando en acciones políticas concretas que atacan los derechos de las personas trans y no binarias, e, irónicamente, los de las mujeres cisgénero al afirmar nociones de la feminidad vinculadas al mandato reproductivo y socavar la autonomía corporal de las personas.

Más aún, la movilización en contra de los derechos LGBTQ+ sigue creciendo. El partido Vox ha logrado la implementación regional del PIN Parental, que consiste en exigirle a los colegios informar cuándo se darán clases de educación sexual y temas relacionados con los derechos LGBTQ+, como también salidas a museos, para poder decidir si envían o no a las infancias a la actividad. Este ha sido un debate donde se han puesto en competencia los derechos de las personas responsables de las infancias y los derechos de las infancias. Organizaciones como “Mis hijos, mi decisión” argumentan que el gobierno se está “apoderando” de las infancias y que las leyes en defensa de los derechos LGBTQ+ son peligrosas y adoctrinan (Mis Hijos Mi Decisión, s. f.). Además, como se ha visto con campañas como “Con mis hijos no te metas”, estas estrategias han empezado a replicarse: en México ha habido iniciativas legales para votar a favor del PIN parental (González-Dávila Boy, 2020). Muchas de estas medidas género-restrictivas han sido tomadas en instituciones educativas bajo el argumento de la protección de las infancias. En este sentido, la educación juega un papel fundamental en la disputa por el control ideológico y el disciplinamiento social, particularmente en lo que se refiere a educación sexual integral y al derecho a la libre expresión.

En Brasil, grupos religiosos que forman parte del congreso nacional son quienes han liderado la discusión en contra de los derechos LGBTQ+. Los dos grupos más fuertes son el cónclave evangélico y la Iglesia católica, a través de la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB). Sus agendas políticas se han centrado en oponerse a proyectos de ley que reconocen existencias no heterosexuales, protegen a la población LGBTQ+ de violencia y despenalizan la homosexualidad, entre otros. Sus discursos se basan en los pilares género-restrictivos y su peligro se reconoce en que desde 2010 ha habido un aumento de proyectos de ley contra la población LGBTQ+ con picos en 2011, 2015 y 2018 (Santos; Melo, 2018).

El impacto de los Grupos Género-Restrictivos en laEducación Sexual Integral (ESI)

Las acciones comunicativas y políticas de los actores género-restrictivos han tenido importantes y negativas repercusiones en los esfuerzos de políticas y planes de Educación Sexual Integral (ESI), pues este tipo de educación es presentada como una amenaza para la integridad y el bienestar de las familias, la infancia y la adolescencia. Cabe aclarar que la ESI hace referencia a un proceso de enseñanza y aprendizaje que pretende proveer a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes conocimientos basados en información empírica y de calidad según su desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial que les permita vivir y disfrutar de relaciones sociales, bienestar y una vivencia de la sexualidad basada en el respeto, y que les permita proteger y ejercer sus derechos (UNESCO, s.d.). Sin embargo, el uso del pánico moral por parte de los grupos género-restrictivos ha hecho que existan distintas barreras para la promoción de una Educación Sexual Integral con un enfoque de género y de derechos.

En Perú se puede encontrar uno de los ejemplos más importantes para entender las estrategias, el trabajo a largo plazo y el éxito de los grupos género-restrictivos en la región. En 2023, ni el matrimonio ni las uniones civiles entre personas del mismo sexo, ni la adopción igualitaria son reconocidas legalmente en el país. Esto se debe en parte a que los grupos género-restrictivos llevan más de una década instrumentalizando las infancias y atacando sus derechos, la diversidad sexual y de género y restringiendo la libertad de mujeres cisgénero en Perú. Esto ha ocurrido en gran parte a través de esfuerzos para impedir la implementación de currículos que contienen Educación Sexual Integral (ESI), y así mantener su visión de mundo basada principalmente en la fe y en defensa de la familia patriarcal heterocissexual.

El caso peruano permite además analizar uno de los aspectos más importantes de la estrategia de los grupos género-restrictivos: su visión a largo plazo de la historia que los hace altamente resilientes a derrotas coyunturales y les permite seguir trabajando en la construcción a largo plazo de una visión género-restrictiva de la sociedad. Así, aunque en 2019 estos grupos perdieron todas las batallas legales para intentar derrotar la integración de la ESI en los currículos educativos, ganaron un amplio terreno cultural que logró importantes objetivos: promovió la idea de una amenaza por parte del currículo a la autoridad parental y posicionó el debate como un problema entre personas preocupadas por la niñez y un Estado extralimitado, lo que ayudó a ampliar sus bases de apoyo a personas no necesariamente religiosas. También, al constituir una base electoral fuerte uniendo el electorado católico y evangélico, reconocido por ser disciplinado al votar, ha logrado hacer alianzas políticas con personas como Alberto y Keiko Fujimori, quienes a cambio han propuesto políticas públicas género-restrictivas en sus campañas. El triunfo más importante fue la instalación en el imaginario público de la palabra “género” como un término peligroso que, en vez de buscar la equidad, trae consigo riesgos para las infancias y la sociedad en general, haciéndolo política y socialmente tóxico. Es decir, aun perdiendo batallas legales concretas que en su momento pretendían declarar la inconstitucionalidad de la implementación de la ESI en los centros de educación del país, ganaron un considerable terreno cultural a largo plazo.

Esta estrategia eventualmente dio frutos: en 2022 se aprobó la Ley 904-2021-CR en la que la creación de material educativo queda condicionada a la aprobación de padres, madres y cuidadores (Defensoría Del Pueblo, 2022). Esta ley no reconoce los derechos plasmados en la Convención sobre los Derechos del Niño y desconoce el rol del Ministerio de Educación en la creación de material educativo que respete los derechos humanos. Desde antes de su aprobación, la Defensoría del Pueblo había llamado la atención sobre los peligros de esta ley afirmando que:

La aprobación de este proyecto da la espalda a la dura realidad que enfrenta nuestro país y a los problemas que afectan a las personas en situación de vulnerabilidad, como son niñas, niños, y adolescentes, pues se les impediría el acceso a una educación libre de estereotipos y prejuicios de género, así como también al ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva, en un contexto nacional donde las cifras de embarazo, al igual que las de violencia sexual, son históricamente altas, recurrentes y muestran la vulneración de sus diversos derechos. Cabe precisar que, los CEM a nivel nacional, entre enero a marzo del año en curso, atendieron 4016 casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, además según el Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo del Minsa, entre enero y abril, se registraron 316 nacimientos a nivel nacional, cuyas madres tenían el rango de edad de 0 a 14 años (Defensoría Del Pueblo, 2022).

No obstante, este triunfo de los grupos género-restrictivos no fue fácil y tomó casi una década. Entre 2013 y 2014 el Ministerio de Educación inició la construcción de una reforma curricular en la que grupos del Opus Dei y de iglesias evangélicas se unieron a los grupos de trabajo del proyecto de reforma buscando reincorporar la llamada “Educación Familiar” que había salido del plan curricular en los años 90. Durante los años siguientes, estas comunidades religiosas se movilizaron a nivel nacional argumentando la lucha por los derechos humanos, pero construyendo discursos y trabajando por leyes que socavan los derechos de las personas LGBTQ+ y limitan las libertades de las mujeres cisgénero mediante la desinformación sobre el concepto de “género” y la oposición al aborto.

Sin embargo, en 2016 el Ministerio de Educación aprobó un currículo con perspectiva de género que incluye formación en derechos, inclusión y una visión no estigmatizante de la diversidad sexual y de género. Pocos meses después se crea el movimiento “Con mis hijos no te metas” (CMHNTM), que tiene como principal objetivo luchar contra este currículo mediante afirmaciones falsas que desinforman afirmando que el currículo se basaba en la “ideología de género” y buscaba “homosexualizar” a la niñez. Este movimiento, además de desinformar a nivel nacional sobre el currículo y popularizar la mala interpretación del término “género”, logró fuertes alianzas entre las iglesias evangélica y católica, como también puentes con personajes políticos clave. De esta manera logró un apoyo público importante en los ataques contra los derechos LGBTQ+ y las mujeres cisgénero, con un fuerte enfoque en la supuesta protección de la niñez.

Durante los siguientes años, las luchas legales que emprenden estos movimientos sufren derrotas importantes, como en 2019 cuando la Corte Suprema aprueba la definición de igualdad de género y reconoce como constitucional el enfoque de género. A pesar de la protección legal, las desigualdades sistémicas y la injusticia de género son abrumadoras, con datos altos de violación a los derechos LGBTQ+ y de las mujeres cisgénero en Perú. Por ello, las narrativas de protección de la niñez siguen siendo los espacios de lucha en la actualidad en Perú. En 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Perú la preparación de una guía integral sobre personas LGBTQ+ como también la implementación de políticas públicas de monitoreo al cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación. Esto ocurrió por una denuncia que se hizo en 2004, cuando dos hombres fueron expulsados de un establecimiento público por demostrarse afecto, mediante el argumento de proteger a las infancias que estaban presentes (Ramirez Sánchez, 2023).

No obstante, el ejemplo de Perú con el éxito popular de CMHNTM ha tenido impacto en otras regiones del continente, amenazando los derechos humanos en países como Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia, México y Uruguay. Es evidente la coincidencia de las estrategias populistas que se usan en diferentes partes del mundo, como Bulgaria y Ghana, por lo que se puede entender que los grupos género-restrictivos se comunican y retroalimentan a nivel internacional, teniendo además la capacidad de adaptar sus narrativas a nivel local.

En Colombia la instrumentalización de las infancias también ha sido parte de un amplio debate que se ha utilizado electoralmente, como fue el caso del plebiscito por la paz, donde la mayoría votó en contra en medio de una campaña de desinformación. Para entender este suceso hay que retroceder unos años, al 4 de agosto de 2014 cuando el estudiante de bachillerato Sergio Urrego Reyes de 16 años se suicidó, dejando una carta donde explicaba que la razón de su suicidio era el acoso que vivía dentro de la institución educativa en la que estudiaba. Las directivas del colegio se habían enterado de la relación consensuada que Sergio tenía con un compañero al decomisar un celular que tenía una foto de Sergio y su novio besándose. Un profesor aseguró que eso era “indebido y en contra del manual de convivencia” (Redacción Justicia, 2021). Con este argumento las directivas del colegio obligaron a los estudiantes a declarar su orientación sexual, a firmar un compromiso de distanciamiento y se excluyó a Sergio de las clases. También acusaron a Sergio de acosar sexualmente a su pareja; aunque aceptaban no tener evidencia de esto, exigieron un certificado de acompañamiento psicológico para él y su pareja. Asegurándoles que no podían poner en duda la autoridad del colegio, también le retuvieron el certificado de notas de años anteriores, necesario para cambiar de colegio (Fundación Sergio Urrego, s. f.).

El menor se suicidó cuatro días después de enterarse que la familia de su expareja había puesto una denuncia de acoso (Noticias Uno Colombia, 2021; Puccini, 2021). Después de su muerte, la madre de Sergio, Alba Reyes, emprendió una lucha legal por la dignidad de su hijo. Alba Lucía interpuso una acción de tutela contra el colegio y sus directivas por “discriminación por orientación sexual e identidad de género en ambientes escolares; protección del derecho a la igualdad y del libre desarrollo de la personalidad; corresponsabilidades en el desarrollo educativo de los menores de edad” (Corte Constitucional de Colombia, 2015). La sentencia de la Corte a favor de Reyes estipuló que en el siguiente año se debían revisar los manuales de convivencia de los colegios del país para asegurar que fueran respetuosos con las orientaciones sexuales e identidades de género de sus estudiantes. Bajo esas circunstancias, el Ministerio de Educación firmó un convenio con diferentes organizaciones nacionales e internacionales para cumplir con lo ordenado por la Corte.

De este modo,

[...] teniendo en cuenta que la sentencia de la Corte hace especial énfasis en el respeto a la orientación sexual y a la identidad de género de los estudiantes, la cartilla se concentra en explicar, en profundidad y con base en voces expertas y estudios académicos, conceptos como “orientación sexual”, “identidad de género” y “expresión de género”

(Sentiido, 2016).

Es en este momento cuando grupos género-restrictivos iniciaron movilizaciones y campañas de control político contra la entonces ministra de educación, una mujer lesbiana.

Su argumentación se centró en la protección de las infancias, pero como explica la académica Mara Viveros Vigoya, realmente “buscan deslegitimar los conocimientos producidos sobre las relaciones de género y sexualidad y amedrentar a los padres de familia” (Sentiido, 2016). Algunos senadores y senadoras que usaron esta estrategia argumentaron que las cartillas creadas por diferentes organizaciones para el Ministerio de Educación iban en contra de los valores de los padres y madres, y que estaban imponiendo la “ideología de género”.

Aunque la ministra intento explicar que con el término “ideología de género” se estaban reproduciendo prejuicios y falsedades para desatar el pánico moral, su voz no fue escuchada. Más aún, los grupos género-restrictivos vincularon los esfuerzos del gobierno por cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional con el enfoque diferencial de género (que por primera vez en el mundo reconocía explícitamente a las personas LGBTQ+ como víctimas de un conflicto armado) de los históricos acuerdos de paz con la FARC, diciendo que eran parte de un plan de la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos por alterar los valores nacionales, e incluso, “homosexualizar” a niñas, niños y adolescentes.

Así, distintos actores género-restrictivos usaron la expresión “ideología de género” para deslegitimar la importancia de los acuerdos, pues:

[...] esta perspectiva asocia el uso de la “ideología de género” a sentimientos nacionalistas, ya que promueve la idea según la cual el uso del término “género” obedece a una nueva avanzada colonialista promovida por la ONU y otras agencias internacionales. Todo esto como parte de una especie de conspiración internacional que une a: académicos, líderes mundiales, organizaciones internacionales y activistas feministas/LGBTQ+. Así, con el uso de “la ideología de género” los actores conservadores logran presentarse como defensores de un “orden natural y nacional

(Beltrán Cely; Creely, 2022, p. 491).

Beltrán Cely y Creely (2022) afirman que, de este modo,

[...] durante las marchas del 10 de agosto y durante la campaña de oposición al acuerdo, este sector religioso logró posicionar la idea de que el enfoque de género y la educación sexual en los colegios constituían una amenaza a la libertad de culto, y logró posicionar este asunto como un aspecto a considerar en la renegociación del acuerdo con el gobierno. De manera que, en la versión final del acuerdo, las minorías religiosas aparecen como víctimas y se las considera en la misma situación de vulnerabilidad que otras minorías, incluida la población LGBTQ+ (p. 504-505).

El pánico moral fue exitoso, y concluyó con el rechazo a los acuerdos de paz con las FARC en un proceso de refrendación popular en octubre de 2016 (Beltrán Cely; Creely, 2022). Este ejemplo muestra que, aunque haya una legislación que reconoce los derechos de las personas LGBTQ+ y aunque la Corte Constitucional decida a su favor, la movilización del pánico moral con la retórica de protección a la infancia por parte de actores género-restrictivos constituye una seria amenaza para el avance en estos derechos, y pone en riesgo los derechos de mujeres cisgénero y las vidas de millones de personas en Colombia al oponerse a los acuerdos de paz con lo que era entonces la guerrilla más poderosa de la región. El caso de Perú también muestra cómo las derrotas legales durante años fueron utilizadas para fortalecer las bases y los vínculos con actores políticos, lo que eventualmente concluyó a la aprobación de una ley que pone en riesgo a las infancias y mujeres cisgénero.

Ambos casos dejan claro que una de las barreras para la implementación de la Educación Sexual Integral tiene que ver con las actitudes de padres y madres frente a la educación sexual de sus hijos/as, actitudes que son moldeadas bajo la influencia de la cultura. De acuerdo con Marchena Cárdenas (2015), las actitudes de los actores mencionados juegan un papel determinante en cómo las niñas, niños y adolescentes serán educados en cuanto a su vivencia de la sexualidad. Caricote Agreda (2008) lleva a cabo una investigación para comprender la influencia de los padres en la educación sexual de sus hijos e hijas. En la fase diagnóstica pudo reconocer que hay una jerarquización de valores dentro de las familias que se encuentra enraizada en un sistema de creencias alrededor de los roles de género. Adicionalmente, hay una mirada reduccionista de la sexualidad, que se enfoca en la genitalidad y su función reproductiva, dejando de lado otros componentes como el placer, los afectos, la identidad, entre otros.

Las actitudes desfavorables de algunos padres y madres frente a la educación sexual (especialmente aquella con una visión afirmativa sobre la diversidad sexual y de género) se relacionan con la amenaza percibida contra su visión “tradicional” del mundo, su fe, y la figura de la familia patriarcal heterosexual, así como con la idea de que la ESI se traduce en una “imposición de comportamientos desviados” en la niñez. Esta percepción de amenaza se gesta justamente en la difusión del pánico moral instrumentalizado por los grupos género-restrictivos. Sin embargo, las barreras y oposiciones frente a la ESI son preocupantes al considerar las tasas de violencia sexual, abuso infantil, embarazos no deseados, bullying y acoso a las personas LGBTQ+, que en muchas ocasiones se traducen en deserción escolar.

Un reciente estudio (Martínez; Duarte; Kosciw, 2022) de Sentiido sobre el bienestar de jóvenes LGBTQ+ en Colombia respalda estas afirmaciones. El estudio ofrece, por primera vez en el país, datos sobre las experiencias de los jóvenes LGBTQ+ en cuatro aspectos clave de sus vidas: el colegio, la familia, la religión y las actividades en línea⁴. Uno de los principales hallazgos es que los adultos le están fallando a las infancias y adolescencias LGBTQ+ en los espacios en los que pasan más tiempo y son los más importantes para su desarrollo, aprendizaje y bienestar: el colegio, el hogar, y las comunidades religiosas.

Es decir que, pese a la retórica de protección de la infancia y la adolescencia, los adultos son parte del problema, no de la solución, en tanto toleran, permiten e incluso promueven distintos tipos de violencia y situaciones de acoso institucional contra los jóvenes LGBTQ+ a su cargo. Por ejemplo, una abrumadora mayoría de jóvenes LGBTQ+ reportó escuchar comentarios homofóbicos y/o transfóbicos de profesores, directivas o personal administrativo del colegio (65%), en sus casas (87%), y en sus comunidades religiosas (93%). Además, 6 de cada 10 informó que al menos un adulto había intentado cambiar su orientación sexual y/o identidad de género (Martínez; Duarte; Kosciw, 2022).

Respecto a las experiencias en el colegio, solamente durante el último año, 92% informó escuchar comentarios homo/transfóbicos en el colegio (Martínez; Duarte; Kosciw, 2022, p. 6), 75% fue agredido verbalmente y 30% físicamente, 87% dijo sentirse deliberadamente excluido por otros estudiantes (7), y menos de la mitad (46,1%) reportó que los demás estudiantes aceptaban a las personas LGBTQ+ (8). Todo lo anterior puede tener un serio impacto en ausentismo y eventual deserción escolar. Por ejemplo, los hallazgos mostraron que quienes reportaron mayores índices de acoso verbal tenían casi el doble de probabilidad de faltar al colegio que quienes indicaron niveles más bajos de victimización (62% vs. 33%). Estos datos son más graves si se tiene en cuenta que la tasa de días de faltas al colegio por razones de seguridad fue más alta en 2021 que en 2015 (Martínez; Duarte; Kosciw, 2022, p. 37).

Es de esperar que los adultos del colegio intervengan para detener, manejar y reparar estas situaciones de violencia. Sin embargo, los hallazgos mostraron que, de hecho, los demás estudiantes intervienen más frecuentemente para detener el bullying anti-LGBTQ+ que el personal del colegio. Los jóvenes reportaron que sus compañeros intervienen “siempre” o “casi siempre” más a menudo que el personal del colegio (27,3% de estudiantes intervinieron vs. 18,2% del personal). Además, dijeron que el personal del colegio “nunca” interviene a tasas mucho más altas que para los demás estudiantes (42,4% de personas adultas “nunca” intervino vs. 31,1% de los estudiantes) (Martínez; Duarte; Kosciw, 2022, p. 77). Más aún, 8 años después de que la muerte por suicidio de Sergio Urrego que llevara a la Corte Constitucional a ordenar a través de la sentencia T-478/15 que todos los colegios del país revisaran sus manuales de convivencia para asegurarse de que no hubiera discriminación contra los estudiantes LGBTQ+, 15% de los jóvenes LGBTQ+ reportó haber afrontado un proceso disciplinario por ser LGBTQ+.

Más preocupantemente, el informe mostró que se está perdiendo parte del progreso alcanzado respecto a la protección de la diversidad sexual y de género entre estudiantes. En 2021 los estudiantes tenían mucha menos probabilidad de informar la existencia de una política o procedimiento para reportar violencia o acoso escolar que aquellos de 2015 (38,2% vs. 54,9%). Además, estas políticas tenían mucha menos probabilidad de mencionar explícitamente la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas en 2021 que en 2015 (9,0% vs. 14,7%) (Martínez; Duarte; Kosciw, 2022, p. 77).

Dada esta situación, no sorprende que 7 de cada 10 estudiantes nunca reportaran el acoso anti-LGBTQ+ a nadie en el colegio. Entre quienes reportaron, el 58% señaló una inefectividad total por parte de la institución educativa (al 32,7% le dijeron que lo ignorara, y el 26,2% dijo que el personal del colegio no hizo nada). Más aún, como en el caso de la existencia de protocolos para reportar violencia escolar, el estudiantado tenía menos probabilidad de informar incidentes de acoso anti-LGBTQ+ a ningún adulto en 2021 que en 2015: 59,4% de estudiantes nunca informó al personal del colegio en 2015, mientras que 69% nunca lo hizo en 2021. También, 60,1% no dijo nada a nadie de su familia en 2015, en comparación con 66,1% en 2021 (Martínez; Duarte; Kosciw, 2022, p. 77).

La vida fuera del colegio tampoco es fácil para las infancias y adolescencias LGBTQ+. Además de los comentarios homo/transfóbicos que escuchan en sus familias, el estudio encontró que 1 de cada 5 (19,8%) jóvenes había sido físicamente castigado en su hogar por ser LGBTQ+ (Martínez; Duarte; Kosciw, 2022, p. 55). No sorprende entonces, que solo poco más de la mitad (54%) está fuera del clóset ante uno o más de sus progenitores (Martínez; Duarte; Kosciw, 2022, p. 55) y 83% dijo no estarlo en su comunidad religiosa. Esto es grave, pues contribuye a la invisibilización social y estadística de las infancias y adolescencias LGBTQ+, afirmando la falacia género-restrictiva de que la diversidad sexual y de género es una amenaza externa que viene a corromper los valores e individuos de las familias y las comunidades de fe que se imaginan conformadas exclusivamente por personas heterosexuales y cisgénero. En el mejor de los casos, las personas LGBTQ+ son vistas como padeciendo una condición que puede y debe ser tratada.

Los hallazgos muestran que esta idea es prevalente en Colombia. Seis de cada diez jóvenes LGBTQ+ encuestados dijo que alguien había intentado cambiar su orientación sexual o identidad de género, principalmente padres, madres o acudientes, un líder religioso, e incluso un profesional de la salud mental. La juventud trans y no binaria fue la que más reportó haber vivido esta experiencia: 70,9% de jóvenes trans y 69,6% de no binaries, comparados con 59,4% de la juventud cisgénero femenina y 57,7% de la juventud cisgénero masculina (Martínez; Duarte; Kosciw, 2022, p. 65).

Esta situación puede incluso resultar letal para las infancias y adolescencias LGBTQ+ pues el estudio mostró una importante correlación entre haber sido sometido o presionado a cambiar su orientación sexual o identidad de género, y mayores índices de depresión e ideación suicida: 63,9% de la juventud que fue sometida a esta presión o esfuerzos consideró seriamente el suicidio durante el año pasado, comparada con 48,2% de quienes no tuvieron esa experiencia (Martínez; Duarte; Kosciw, 2022, p. 78).

Estos hallazgos muestran las devastadoras consecuencias de la visión de mundo promovida por actores género-restrictivos, y hablan de la urgencia de capacitar a todo el personal educativo, padres, madres y cuidadores, profesionales de la salud mental, y comunidades religiosas, sobre las realidades, experiencias y los derechos de las infancias y adolescencias LGBTQ+.

Conclusiones

Pese a la situación descrita anteriormente, nuevos datos sugieren que las actitudes frente a la Educación Sexual Integral (ESI) de padres, madres y cuidadores es generalmente positiva en contextos en los que no hay una coyuntura que active el pánico moral y la desinformación. Los hallazgos preliminares de una nueva encuesta de Sentiido sobre “Actitudes y creencias frente a la educación sexual integral y diversidad sexual en padres y madres en Colombia” muestran un abrumador apoyo a la educación sexual en el país. La encuesta se realizó entre febrero y marzo de 2023, un momento en el que los actores género-restrictivos no estaban movilizándose y la discusión sobre la ESI no estaba debatiéndose en la agenda pública. Se trató de una investigación cuantitativa con un muestreo probabilístico aleatorio estratificado. Se contó con una muestra representativa de 2843 participantes, con un margen de error del 4,3% y un nivel de confianza del 95%. La encuesta encontró que 94,79% de las personas encuestadas respondió afirmativamente a la pregunta “¿Debe enseñarse la educación sexual integral en los colegios?”.

Además, 92,79% dijo que estaba “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con que se le enseñe educación sexual integral a su hijo, hija o hije⁶, y solo 5% dijo estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”. También, 93,98% dijo que estaba “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” con la afirmación “recibir educación sexual integral de calidad es un derecho de mi hijo/a”; solo el 1,45% afirmó estar “totalmente en desacuerdo” o “en desacuerdo”. Más aún, 91,24% dijo estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que “los colegios deben enseñar que las personas LGBT no deben ser discriminadas”, y solo el 3% aseguró estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”. Y el 86% dijo estar de acuerdo con que se incluyan temas de diversidad sexual y de género “al hablar de educación sexual integral a lo largo de la educación de sus hijo/as”. Además, 7 de 10 padres y madres está “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con que “la educación sexual fomenta el libertinaje sexual o la promiscuidad” y con que el recibir educación sexual integral “incita a que los niños/as tengan relaciones sexuales”, y 73,95% tampoco cree que “la educación sexual le quita a la niña o al niño su inocencia”. De hecho, 92,29% dice que la “educación sexual integral puede ayudar a prevenir e identificar diferentes tipos de abuso”.

Estos datos sugieren un contraste entre las actitudes de padres y madres en momentos en los que la ESI no está siendo instrumentalizada para crear pánico moral a través de la retórica de la protección de la infancia, y apuntan a la importancia de continuar movilizando recursos y estrategias de comunicación no reactivas y a largo plazo, independientemente de las coyunturas políticas y sociales que traen a la agenda pública los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres cis y de las personas LGBTQ+. Además, estos datos plantean la pregunta de si el notable éxito de campañas como “No te metas con mis hijos” en Perú, la efectividad de la movilización contra las cartillas del Ministerio de Educación en Colombia en 2016, el creciente número de propuestas de ley que coartan los derechos de las infancias y personas adultas trans en los Estados Unidos, y otras iniciativas similares que atacan los derechos humanos y la justicia de género se debe principalmente a la desinformación y manipulación producidas por el pánico moral, y no necesaria o exclusivamente a creencias género-restrictivas fuertemente arraigadas en la población general.

Finalmente, es urgente hacer más investigación sobre las experiencias de la niñez y de adolescentes, particularmente aquellos más invisibilizados social, política y simbólicamente, como las infancias y adolescencias LGBTQ+, en especial trans, que están siendo víctimas de ataques cada vez más violentos a sus derechos; sobre las actitudes de padres, madres y cuidadores en momentos no coyunturales ni de movilización género-restrictiva; y sobre comunicación estratégica que permita reconstruir el consenso social sobre el significado y la importancia de la democracia, los derechos humanos y la justicia de género.

Notas

• 1
  Entendemos la justicia de género como “un proceso sistémico de redistribución de poder, oportunidades y acceso para las personas de todos los géneros a través del desmantelamiento de estructuras de opresión que incluyen el patriarcado, la homofobia y la transfobia” (Martínez; Duarte; Rojas, 2021, p. 7).
• 2
  Para más al respecto, ver: House (2023) y Bassi y Lafleur (2022).
• 3
  Para más información sobre el proyecto de ley y el involucramiento de actores género-restrictivos que operan transnacionalmente, particularmente desde los Estados Unidos, ver: Tharoor (2023).
• 4
  La encuesta se dividió en dos partes. La primera analizó el clima escolar y la segunda se centró en cuatro aspectos fundamentales de la vida de los jóvenes sobre los cuales no existían datos en el país: familia, religión, impacto del covid-19 en salud mental y bienestar, y actividades en línea. La primera parte es una actualización de la encuesta sobre clima escolar para estudiantes LGBTQ+ realizada por Sentiido (2016) como parte de un proyecto regional de recolección de datos que incluyó 6 países más: México, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Esto es particularmente útil pues permite obtener datos comparativos que, de manera preocupante, señalan un deterioro (en vez de una mejora) en algunos aspectos clave de las experiencias de los jóvenes LGBTQ+ en el colegio.

Agradecimientos

Queremos agradecer a las personas que revisaron y editaron este artículo. Sus contribuciones fueron muy valiosas para mejorar su calidad, expandiendo y profundizando su análisis.

• El presente artículo es el resultado de la investigación “Manufacturing Moral Panic: Weaponizing Children to Undermine Gender Justice and Human Rights” financiada por el Global Philanthropy Project y Elevate the Children Funders Group.

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Editor de sección: Antonio Alvaro Soares Zuin https://orcid.org/0000-0002-6850-2897

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  23 Set 2024
• Fecha del número
  2024

Histórico

• Recibido
  07 Jun 2023
• Acepto
  15 Ene 2024