La hegemonía de la infraestructura. Ambiente, desarrollo y las grietas del consenso en la Provincia de Córdoba, Argentina

The hegemony of infrastructure. Environment, development and the consensus gaps in the Province of Cordoba, Argentina

Resumen

Nos basamos en la teoría gramsciana de la hegemonía y en la teoría del valor de David Graeber para explorar las posibilidades de una contra-hegemonía al manejo ambiental del agua en la provincia argentina de Córdoba. Se analizan conflictos entre dos posiciones contrarias en la zona de Sierras Chicas. Por un lado, las propuestas hegemónicas de soluciones por medio de grandes y medianas obras de infraestructura para lidiar con las sequías e inundaciones en relación al desarrollo; por otro, a propuestas que ponderan soluciones adecuadas a las formas bio-físicas del ciclo hidrológico de un ambiente serrano.

Palabras clave:
manejo de sequías e inundaciones; hegemonía y contra-hegemonía; infraestructura; desarrollo

Abstract

We draw on Gramscian hegemony theory and David Graeber’s theory of value to explore the possibilities of a counter-hegemony to environmental water management in the Argentine province of Córdoba. Conflicts between two opposing positions in the Sierras Chicas area are analyzed. On the one hand, the hegemonic proposals of solutions by means of large and medium-sized infrastructure works to deal with droughts and floods; on the other hand, proposals that emphasize solutions adequate to the bio-physical forms of the hydrological cycle in a mountain environment.

Keywords:
drought and flood management; hegemony and counter-hegemony; infrastructure; development

La crisis de la idea de progreso no es pues crisis de la idea misma, sino de los portadores de esa idea, que se han convertido en “naturaleza” que dominar ellos mismos. Antonio Gramsci

Introducción

En el presente artículo, reflexiono sobre la dimensión del poder inscrita en los procesos de transformación del ambiente; concretamente, sobre las formas de solucionar problemas ambientales por medio de la infraestructura asociada históricamente al “desarrollo” y al “progreso”, y con la manera en que la hegemonía de estas soluciones está siendo desafiada. Abordaré el problema de la infraestructura hídrica en las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, Argentina, (ver plano más adelante) en un contexto ambiental que oscila entre períodos de crítica escasez de agua y de peligrosa sobreabundancia, cuando ríos y arroyos producen escorrentías e inundaciones de diferente intensidad, llegando a provocar muertes humanas, destrucción de vías de comunicación y de viviendas, así como la paralización de servicios básicos, tal como ocurrió el 15 de febrero de 2015.

La infraestructura hídrica ha estado en la provincia históricamente vinculada a la generación de riquezas, al desarrollo y al progreso, dado que ofició como medio para la producción de dos cuestiones estrechamente conectadas: la habitabilidad humana (provisión de agua potable, control de crecidas, generación de energía eléctrica), y las condiciones para la actividad agrícola (acumulación de agua para riego).

Durante las últimas dos décadas, en el marco de la búsqueda de paliativos a aquellas situaciones extremas, se fue produciendo un consenso en torno a la necesidad de intervenir más activamente sobre el ambiente. Los conflictos asomaron frente a cómo debía intervenirse. En este contexto, se destacaron dos posiciones que participaron en forma desigual en la definición de las causas, las responsabilidades y las soluciones posibles. Por un lado, la posición hegemónica, representada por la voz y la acción del gobierno provincial y de los funcionarios del Estado, quienes planifican obras de infraestructura para remediar los impactos de la crítica escasez y de la catastrófica sobreabundancia. Por otro lado, una diversidad de posiciones que proponen iniciativas más cercanas a las formas bio-físicas de regulación del ciclo hidrológico, ponderando el cuidado de la vegetación autóctona, referida como monte nativo, el principal regulador hídrico natural. Si bien a nivel concreto la cuestión es compleja, en términos abstractos el conflicto puede reducirse a una oposición entre dos formas de alcanzar un mismo objetivo: el de controlar el agua. Como ya han observado la antropología y la etnografía, controlar aspectos del ambiente y del entorno implica cuestiones de poder (véase por ejemplo: Damonte Valencia; Gonzales Negreiros; Lahud Vega, 2016; Hastrup; Rubow, 2014; Strang, 2018; Wolf, 1993, 2000).

Figura 1
Plano y ubicación del área de estudio.

En la provincia de Córdoba existe una histórica hegemonía de la infraestructura en relación a los recursos hídricos. Quisiera proponer que dicha hegemonía está revelando algunos signos de resquebrajamiento, dado que ciertos consensos establecidos en relación a la forma en que se debería intervenir sobre el ambiente están debilitándose. Entiendo la infraestructura como la expresión y resultado de la aplicación del conocimiento técnico-científico a la transformación del ambiente en función de la producción de (cierto tipo de) habitabilidad humana. Nos inspiramos en una máxima gramsciana por excelencia: las relaciones humanas de conocimiento son un elemento central de toda hegemonía (Gramsci, 1986, p. 143).

Poniendo en diálogo la teoría de la hegemonía de Gramsci y la propuesta de una teoría del valor de David Graeber (2018), propongo analizar aquellas rupturas en el consenso como resultado de una confrontación entre diferentes modos de valorización de las relaciones socio-ambientales. Desde esta perspectiva, el valor es relativo al reconocimiento de las energías y acciones creativas desplegadas en la producción de aquello que es valorado, sea esto una relación, una institución, o un conjunto de objetos materiales.¹ Una forma común de expresar esta idea es decir que todo aquello que es socialmente valorado es considerado como socialmente importante, y es socialmente importante porque hemos colectivamente desplegado tiempo, recursos y energías para lograrlo. Cuando estas energías y acciones creativas se objetivan o se cristalizan en instituciones, objetos materiales o totalidades significativas, dichas instituciones, objetos o totalidades, encarnan valor (Graeber, 2018, p. 112, 140 y ss.). En tiempos de crisis, afirma el autor, el orden social se transforma en una arena en la cual las expresiones de valor establecidas pueden ser desafiadas por quienes producen valores alternativos o de oposición. En este sentido, la cuestión fundamental es la lucha por establecer qué es el valor (cf. Graeber, 2018, p. 156). “[L]as luchas respecto del valor siempre son, en última instancia, políticas” (Graeber, 2018, p. 191). Sin embargo, el autor no ofrece, a nuestro juicio, herramientas teóricas sólidas para el análisis. La razón de ello se deba tal vez al fuerte anclaje etnográfico de su teoría: en cada universo concreto, estas luchas políticas adoptarán características y dinámicas específicas. ¿Cómo se desafían los valores establecidos y a través de qué medios? ¿Cómo se logran establecer nuevas formas de valor, aunque más no sea en una relación desigual con las dominantes? Es sobre estos interrogantes que la teoría de la hegemonía nos permitió orientar el análisis.

Nos basamos en materiales producidos en diferentes campañas de campo realizadas entre los años 2011 y 2018, centradas en la implementación de herramientas etnográficas de observación participante en diferentes espacios: asambleas de vecinos, actos políticos de campaña electoral, manifestaciones callejeras, festivales por el agua y el ambiente, reuniones con funcionarios y políticos, charlas con miembros de cooperativas de agua. La etnografía implementada fue multisituada (Marcus, 2001). Bajo esta modalidad, no se trata de abordar la “totalidad” de la vida social en un espacio localizado, sino de rescatar la manera en que actores dispersos actúan en un universo que excede los límites de la comunidad local de pertenencia. Además, y como afirma Little (2006, p. 92 y ss.), la etnografía de los conflictos ambientales tiene particularidades que hacen que el método deba ser, además de multisituado, multiescalar. Este tipo de abordaje no resultará en un texto exhaustivo en “detalles etnográficos”, o que pueda asociarse a aquello que Geertz (2003) llamaría una descripción densa. El costo que se paga es que los contornos de los grupos quedan difusos -como siempre lo han sido, decía Barth (1976)-, mientras que la productividad reside en la posibilidad de focalizar en procesos cuya explicación excede el caso aldeano o las “visiones del mundo” basadas en la pertenencia a algún grupo o comunidad local.

Además, se ha apelado a información de los medios de comunicación para obtener datos respecto de las posiciones públicas de los organismos del estado o de actores políticos relevantes. Hemos utilizado también documentos escritos producidos por aquella diversidad de actores, recurriendo también a la historia para recuperar elementos del pasado de la infraestructura hídrica.

La zona de investigación abarca el faldeo oriental de las sierras, cuyo componente urbano se extiende unos 45 km hacia el norte de la Ciudad de Córdoba, abarcando las áreas de influencia de los Municipios de Unquillo, Rio Ceballos, Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja.

Debido a las condiciones geográficas y climáticas, los ciclos de escasez y sobreabundancia de agua han sido históricamente recurrentes en las Sierras Chicas. Sin embargo, estos ciclos están generando impactos cada vez más intensos en función de la actividad antrópica y del avance de la ocupación del espacio sobre zonas de alto riesgo de inundaciones (cf. Chiavassa; Ensabella; Saavedra, 2012; Deon, 2015; Ensabella; Chiavassa, 2019). Como veremos, las oscilaciones entre la escasez y la sobreabundancia están incorporadas en las imaginaciones históricas respecto de la infraestructura, y fueron centrales para la justificación de la necesidad de controlar el agua.

A continuación preciso las condiciones históricas de la hegemonía de la infraestructura hídrica en la Provincia de Córdoba. A partir de allí abordo la manera en que se despliega en el presente, para finalmente tratar con ciertas rupturas en el consenso que son reveladas cuando las comprendemos como el resultado de una confrontación entre diferentes modos de valorización (Graeber, 2013, 2018) del entorno socio-natural. Localmente, estos diferentes modos se expresan en un conflicto entre el desarrollo y el desarrollismo. Concluyo con reflexiones teóricas basadas en el análisis propuesto, que giran en torno a los límites de la posibilidad de explicar los fenómenos expuestos en términos de una contra-hegemonía.

Las bases históricas de la hegemonía de la infraestructura hídrica en Córdoba

Uno de los pilares de la hegemonía es, para Gramsci, la producción del consenso. Es decir, la creación activa y coordinada de la identificación de “los gobernados” con la idea de que “los gobernantes” ejercen el poder en beneficio de toda la sociedad.² (Gramsci, 1986, p. 136) En este sentido, la hegemonía tiene una función organizadora y directiva de la vida social, y por lo tanto implica una moral y una ética política tanto como una visión del mundo. Tal vez por ello muchos autores ponen énfasis en los significados como la clave de la hegemonía (Williams, 2000; Wright, 1998). Es cierto, es la clave y el mayor aporte de Gramsci a las teorías del poder. Pero como él mismo advierte, ello no debería hacernos pensar que la hegemonía está hecha únicamente de significados, pues “tiene su base material en la función decisiva que el agrupamiento hegemónico ejerce sobre el núcleo […] de la actividad económica” (Gramsci, 1981, p. 173).

Córdoba es una de las provincias argentinas pioneras en la modificación del entorno a gran escala a través de medios técnicos para producir habitabilidad para la población humana. Así lo indica la profundidad histórica en relación a la construcción de embalses para el almacenamiento de agua potable, riego y control de crecientes. En 1891 fue inaugurado el Dique San Roque, el embalse más conocido de la Provincia. Algunos afirman que fue el primer embalse de envergadura construido en América del Sur (R. B. Mestre, en Frías, 1985, p. 7). Fue, además, el dique que por entonces más cantidad de agua habría embalsado en todo el mundo (Frías, 1985). Su construcción abarcó el período 1884-1889, habiendo sido imaginado por el gobernador de Córdoba como

[U]n proyecto cuya ejecución operará el cambio más radical y más favorable en nuestra Provincia […] Me refiero al riego de esta gran zona de tierras sin cultivo ni vegetación alguna que rodea a la ciudad […] cuyos terrenos una vez en condiciones de recibir la agricultura, […] se convertirán en la verdadera riqueza para nuestra Provincia. […] [Y] nos pondremos a cubierto de la amenaza constante de grandes crecientes, que no solo causan ingentes daños a los particulares que tienen sus propiedades a la costa del río, sino que ocasionan cuantiosas erogaciones a los poderes públicos, sobre quienes pesa el deber de preservarlos contra sus desastrosas consecuencias (Miguel Juárez Celman, 1881 apudFrías, 1985, p. 144).

Actualmente, Córdoba cuenta con 16 diques y es una de las tres provincias con mayor presencia de embalses cuyo espejo de agua supera los 7 km². En Córdoba se construyó la primera presa de arco de Sudamérica, conocida como el Dique San Jerónimo.³ El dique Cruz del Eje es reconocido por contar con un paredón que es, con sus 3.2 km de longitud, el más extenso de Sudamérica, y el tercero a nivel mundial (al menos al momento de su inauguración). Actualmente, los embalses proveen agua potable y para riego, energía eléctrica, y ofician también como amortiguadores de las violentas crecientes de los ríos en verano.

Dada su centralidad, podría decirse que estamos tratando con la infraestructura como un valor, si es que la ponderamos en términos de su importancia social. Desde el punto de vista de Graeber (2018) estos valores son procesos, objetos o fenómenos que expresan material e imaginariamente una cierta cantidad de energía creativa (o trabajo social) invertido en su producción y reproducción, y ello en función de objetivos definidos. Como se desprende de la cita anterior, en 1880 estos objetivos se condensaban en la generación de riqueza, un fenómeno que con el tiempo comenzará a tomar el nombre actual de “desarrollo”. La infraestructura hídrica puede entenderse entonces como trabajo social acumulado cuyo valor forma hoy parte de la historia de la constitución del territorio. Es allí en donde residen las bases de la hegemonía de la técnica y de la ciencia en relación al manejo de agua en Córdoba.

La infraestructura hídrica está cargada además de múltiples sentidos, que se proyectan más atrás en la historia. Quienes están comprometidos con la gestión hídrica en Córdoba rescatan el trabajo pionero de La Compañía de Jesús, una orden religiosa que se radicó en Córdoba en 1573, “estableciendo un sistema cultural-social único que marcó el desarrollo de la provincia […] construyendo sistemas hidráulicos para el riego de las tierras de cultivo y el aprovechamiento de la potencia hidráulica” (Reyna; Reyna; Lábaque, 2013, p. 60).

Los tajamares jesuitas de la provincia, construidos durante el siglo XVII, son considerados como los más antiguos de Latinoamérica (Reyna; Reyna; Lábaque, 2013), siendo admirados en el presente, dado que algunos aún se preservan. Uno de ellos, ubicado en la localidad de Alta Gracia, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

La historia de Córdoba reconoce así varios “récords” relativos a la infraestructura hídrica: primeros tajamares construidos hacia el 1600. Primer dique de ingeniería “moderna” construido en la Argentina, y el más grande del mundo por entonces; primera vez que se utiliza cierta técnica de construcción de embalses en Sudamérica. Así, el pasado, el presente y el futuro (toda obra de infraestructura es también una promesa), se funden para producir el reconocimiento de las energías creativas acumuladas en torno al manejo de las aguas, nutriendo un relato que aporta las bases materiales y simbólicas de una hegemonía de la infraestructura. Esta historia es incorporada como parte de un relato de éxito en el dominio de una naturaleza hostil que obligó un despliegue de esfuerzo y creatividad técnica para superar dicha hostilidad.

Al ser objetivación de trabajo social, la infraestructura hídrica y su historia, ofician como una medida de la importancia de la manipulación técnica del entorno para el desarrollo. Como veremos, esta hegemonía está siendo cuestionada. Pero antes de encarar los cuestionamientos, abordemos cómo se manifiesta actualmente.

El agua de Córdoba, entre la escasez y la sobreabundancia

En Sierras Chicas, alrededor del año 2007, comenzó uno de los más graves períodos de escasez de agua de los últimos tiempos. Las primeras explicaciones públicas apuntaron a la situación de haber estado pasando por un período de fuerte sequía. Otro tipo de razones existían, aunque con poca incidencia en los debates. Ante la sostenida escasez a pesar de algunas precipitaciones, comenzaron a imponerse explicaciones que incorporaron el factor humano. La demorada publicación de los resultados del censo provincial del año 2008 ofreció información de algo que ya se sabía, pero que no había sido oficializado hasta entonces: las Sierras Chicas habían sido testigo de un récord histórico en su crecimiento poblacional y urbano. La región ha recibido, durante los últimos veinte años, un influjo cada vez más intenso de nuevos residentes. Muchos se han radicado en los pueblos serranos para dedicarse a alguna actividad económica relacionada con el turismo. Otros han mantenido sus relaciones laborales en la Ciudad de Córdoba, pero se mudaron a la zona buscando formas de habitar más amigables que las de la ciudad. Se ha considerado que muchos pueblos de las Sierras Chicas se encuentran en plena transformación hacia lo que se conoce como “pueblos dormitorio” (Cerato et al., 2018). Motivados por una necesidad percibida de alejarse de los centros urbanos, y por la disponibilidad de medios para realizarlo, los desplazamientos de población de la ciudad a las sierras fueron paulatinos, pero sostenidos durante las últimas décadas.

Este fenómeno fue entonces incorporado como parte de las causas de la crisis hídrica. Desde el año 2008, el por entonces y actual Gobernador de Córdoba Juan Schiaretti⁴ afirma tener la solución para los problemas de escasez hídrica: un acueducto que transporte agua desde el Río Paraná.⁵ El acueducto tuvo varios trayectos imaginados, pero en todos ellos la idea era que pasara por la provincia de Santa Fe (algo inevitable, por cierto, porque el Paraná no fluye por Córdoba), proveyendo de agua a localidades de ambas provincias. Durante más de diez años, esta obra fue promocionada insistentemente por el actual Gobernador, a tal punto que se la conoce como “el proyecto de Schiaretti”.

Durante los primeros debates alrededor del acueducto, una serie de expertos hicieron circular informes que advertían que, antes de realizar semejante mega-obra de infraestructura, había que poner en condiciones la instalada. Sin embargo, no lograron que el gobernador dejara de insistir que, una vez en funcionamiento el acueducto, se solucionarían los problemas de escasez en toda la Provincia. Durante una presentación pública realizada en el año 2011, el gobernador anunciaba: “hoy es un día especial porque estamos dando el puntapié inicial para resolver definitivamente el problema de la provisión de agua potable para nuestra provincia durante el siglo XXI” (Santa […], 2011).

En octubre de 2018, siete años después y por enésima vez, Schiaretti publicitaba el acueducto de la siguiente manera:

[L]a única solución viable es traer agua del Río Paraná. Porque el Paraná es el desagote del mayor acuífero del planeta, que es el Acuífero Guaraní. […] Quiero señalar que así como es simbólico conseguir que el Río Paraná llegue a Córdoba, pues con este acueducto el Río Paraná llega a la Provincia de Córdoba. Es simbólico y es importante para los cordobeses. Es también la posibilidad de que no nos falte agua en las próximas décadas en la provincia porque están llegando al límite los acuíferos que tenemos. Y la garantía de que pueda haber más población y desarrollarnos y progresar, es precisamente que no nos falte agua (El Club […], 2018).

La infraestructura ha sido parte sustancial del pensamiento moderno, y ha llegado a organizar expectativas sociales, experiencias cotidianas y discursos públicos sobre la economía y el desarrollo (cf. Carse, 2017; Radovich, 2011), jugando un rol destacado en la circulación global de energía, conocimientos, personas, bienes y capital (cf. Harvey; Jensen; Morita, 2017; Lins Ribeiro, 2007). El proyecto se inserta decididamente en este tipo de dinámicas; pero debemos considerar que la obra estaba recién promocionándose, y funcionando como una promesa de solución a los problemas hídricos, operando en forma muy similar a lo que Lins Ribeiro (2003) llamaría una “tecnotopía”. Heredera de la ideología del progreso y una forma contemporánea de hegemonía, la tecnotopía es justamente una gran promesa y un “metarrelato de la salvación del mundo contemporáneo” (Lins Ribeiro, 2003, p. 93); una especie de operación simbólico-hermenéutica típica de las utopías, aunque mediada por la tecno-ciencia, dado que la salvación llegaría, justamente, gracias a ella. En este caso, una salvación provista por una tecnología ingenieril que permitiría que suceda algo imposible: que el Río Paraná llegue a Córdoba.⁶

Estas promesas tecnotópicas conllevaban una impronta económica no menor. Por un lado, el acueducto fue anunciado en reiteradas ocasiones para abastecer de agua a la ciudad de Córdoba y a las Sierras Chicas. Como decíamos arriba, la zona había sido objeto de un fuerte crecimiento poblacional y urbano. El desarrollo inmobiliario, por supuesto, acompañó tal crecimiento. Los loteos de las sierras y la consecuente construcción de complejos habitacionales y turísticos presionaron sobre la existencia de un ya mermado recurso hídrico. Así, la falta de agua amenazaba con imponer un límite natural al mercado de tierras y de la construcción. El acueducto desde el Paraná ofrecía una promesa de continuidad para el desarrollo.

Muchos expertos sostuvieron que existían alternativas. Así, durante una entrevista radial, un biólogo, presidente de una de las ONG ambientales más importantes de Córdoba, afirmaba lo siguiente:

Lo que puede llegar [por el acueducto] sería […] más o menos lo que puede llegar a derivarse desde [el canal] Los Molinos. Tendría un excedente de diez metros cúbicos por segundo, o sea que con Los Molinos alcanzaría y sobraría agua […]. Con costos absolutamente distintos. […] Con solamente mejorar el sistema de riego que tenemos en el cinturón verde de Córdoba […], se podrían ahorrar los dos metros cúbicos por segundo que estaría previsto traer del Paraná. Pero con costos que podríamos decir, en un caso, de 17 millones de dólares, y en otro caso de 950 millones de dólares. Realmente el tema de traer el agua del Paraná es absolutamente irracional desde todo punto de vista. Energético, económico, no cierra por ningún lado.⁷

Un Ingeniero de la cooperativa que brinda el servicio de agua de red en la localidad de Unquillo me comentó, durante una charla, que la obra técnicamente era posible, pero que implicaba una inversión demasiado grande.

Además habría que bombearla, no podría llegar por gravedad. Por la energía que se gastaría, el litro de agua llegaría acá a un costo impagable. Si se trae de Corrientes puede llegar por gravedad, pero tenés que construir un acueducto muchísimo mas largo.

Desde la posición hegemónica, la necesidad de invertir en infraestructura para la provisión de agua estaba fundada en que el progreso o desarrollo era una fuerza inevitable que obligaba a más desarrollo y, por lo tanto, a una inversión en infraestructura que lo acompañe. En este marco, aquél acueducto expresaba una promesa de solución a los problemas hídricos, y la magnitud del progreso imaginado.

Contra estas formas tecnotópicas excluyentes (una “única solución viable” comunica un rechazo de otras), muchas agrupaciones de la sociedad civil entendieron el proyecto como un signo de la negativa del gobierno a reconocer el problema hídrico como una cuestión de política ambiental integral que debía ser abordado en forma diferente, y con la participación de la población. Las propuestas alternativas, apoyadas por varios científicos, implicaban frenar el desmonte y cuidar las cuencas hídricas, para así minimizar los extremos del ciclo hidrológico. El objetivo de la participación implicaba además la necesidad de que las organizaciones locales fueran escuchadas y consultadas ante cualquier propuesta de solución técnica encarada por el gobierno. Estas oposiciones a las formas tecnotópicas de intervención ambiental estuvieron impulsadas en principio por aquellos nuevos residentes que habían llegado a la región. Si bien la mayoría de las agrupaciones están compuestas por ellos, la explicación de la fuerza que obtuvo la oposición no puede explicarse sólo en función de este fenómeno. Como veremos, muchas autoridades locales y funcionarios de los pueblos, en su mayoría nacidos y criados en la zona, también se enfrentan a estas formas de lidiar con los problemas socio-ambientales relativos al agua.

Mostraremos a partir de aquí cómo el consenso en torno a la infraestructura como solución última se está debilitando. Veremos que ciertas rupturas en el consenso no se dirigen a impugnar la necesidad de infraestructura, sino la idea de que las intervenciones por parte del gobierno se realizan para el bien común. El fenómeno no es claro a simple vista, porque una característica de toda hegemonía es que impone los términos y condiciones mismas de los conflictos. Es decir, organiza las bases materiales y los sentidos en que el conflicto debe ser encauzado. Esta es su principal función organizadora. Esto quiere decir que los “modos de acomodarse”, como dice Roseberry (1994), confrontar o resistir a la hegemonía, son moldeados por el proceso hegemónico mismo. El eje central, nos recuerda el autor, es entonces explicar aquellos puntos de ruptura. Sin embargo, las rupturas no quedan explicadas sólo mencionando la presencia de elementos discursivos que se oponen a la hegemonía, pues dichos elementos son parte del funcionamiento de la hegemonía misma. Debemos articular lo discursivo / simbólico / expresivo / significativo, o como queramos llamarlo, con los procesos materiales de organización, producción y reproducción de la vida en sociedad.

Las grietas del consenso

En febrero de 2012 tuve una conversación con el Director de Obras Públicas de una de las municipalidades más importantes de las Sierras Chicas. Durante la charla, me comentó lo siguiente. Reproduzco sus palabras tal como las tengo registradas y en extenso, dado que ilustran el uso de un conocimiento difundido por profesionales de la biología (y de otras ciencias como la geografía) para explicar la manera en que estaba cambiando el entorno social y ambiental en la zona:

Nunca fui ecologista. Te hablo de mi experiencia que soy nacido y criado acá. Nunca fui ecologista ni lo soy ahora, aunque un poco de conciencia hay que tener. El tema del bosque serrano es uno de los grandes problemas. Te hablo del desmonte por los loteos, es increíble cómo avanzan sobre la sierra. Acá, en la dirección de planeamiento urbano, viven acosados por el avance inmobiliario, tienen presiones constantes. Nosotros desde la muni no sabemos qué hacer, no damos la factibilidad hídrica, pero igual edifican, construyen, lotean. Y después les tenés que dar el agua. Es imparable. Cuando yo tenía 15 años, acá eramos cinco mil habitantes, ahora estamos entre veinticinco, veintiséis mil. En aquella época los ríos se secaban una vez al año. Ahora, esto que ves, que el río tiene agua acá en el pueblo, desde hace muchos años que no se ve. La última lluvia antes de esta, bajó con todo el agua. Entró en los comercios, llevó autos… pero así como cayó, se fue. Por la erosión, el desmonte, la construcción. La única forma que tenemos de parar los loteos es declarar la emergencia hídrica y ahí se suspenden. Mirá qué paradoja, yo preferiría vivir en emergencia hídrica para que no se lotee más.

Esta conversación, y particularmente aquella paradoja que mencionó el Director, me llevó a formular una hipótesis de exploración en campo, que fue la siguiente: el acueducto desde el Paraná estaba funcionando como una promesa de agua futura para así contrarrestar las fuerzas que pretendían frenar o ralentizar el desarrollo. Estas fuerzas eran varias: por un lado, las iniciativas municipales, principalmente legales y administrativas como las que mencionaba el Director de Obras Públicas. Así, las declaraciones de emergencia hídrica habilitaban al municipio a suspender las subdivisiones de tierras para su venta. No se prohibía vender, tal cosa hubiera sido muy difícil. Se prohibía fragmentar la propiedad (el loteo) mientras durara la emergencia. La suspensión de las certificaciones de factibilidad hídrica eran otra herramienta muy usual. Pero también me refiero a fuerzas que provenían de sectores de la sociedad civil, aquellos sectores nucleados en agrupaciones formales e informales que estaban atentas a los impactos del crecimiento en el paisaje y la naturaleza serrana.

Aquella hipótesis de campo me indicaba que el gobernador estaba comunicándole a los agentes del desarrollo que vendieran y construyeran tranquilos, porque agua no faltaría. La hipótesis fue hecha pregunta para mis interlocutores: ¿Puede ser que Schiaretti esté anunciando este acueducto para no suspender los loteos? La respuesta fue, sistemática y unánimemente, sí.⁸

No fue la primera vez que me encontré con expresiones que suponían una crítica al avance del desarrollo y a “los negocios” con la naturaleza y el agua. En gran cantidad de charlas sobresalía un elemento común: al momento de señalar a los responsables de la crisis, el sujeto de responsabilización era doble. Por un lado, se condensaba en la figura de los mandatarios que gobernaron Córdoba alternadamente desde principios del siglo XXI: José Manuel De La Sota,⁹ y Juan Schiaretti. Independientemente de quién ostentara el cargo en el momento referenciado en las conversaciones, ambos eran señalados como quienes manejaban los “grandes negocios” de la provincia, especialmente los vinculados a la tierra. Por otro lado, el responsable de la crisis hídrica tomaba cuerpo en una figura abstracta y múltiple: los desarrollistas, que avanzaban sin control sobre la naturaleza y el hábitat. Pero la mayor responsabilidad recaía sobre el gobierno y sobre los funcionarios provinciales, dado que eran considerados como quienes debían controlar y ponerle un freno a aquellos desarrollistas.

Durante una de las asambleas de vecinos reunidos por el problema del agua de las que participé, se debatió sobre la presentación de un amparo por extracciones ilegítimas de agua; la asamblea había entrado en contacto con un abogado, y lo siguiente afirmó, frente a las personas reunidas, quien había conversado con él:

hay varios emprendimientos inmobiliarios de De La Sota ahí arriba, que están sacando el agua, y un emprendimiento minero de tungsteno que, según tengo entendido, es un mineral liviano que se lava con agua. Bueno, están sacando el agua de ahí y de los ríos de La Quebrada. […] El abogado, teniendo ese dato, necesita de alguien que se sume a la demanda, y él la haría.

En la misma localidad, que por entonces era la que más intensamente sufría la escasez de agua, circulaban relatos que comunicaban que el agua era el principal negocio de De la Sota, a quien le convenía económicamente la situación de crisis hídrica, razón por la cual las soluciones a la crónica escasez no llegaban. El transporte de agua en camiones desde otros lugares implicaba un costo para la administración local. Cuando esta logística no resultaba suficiente, muchos habitantes se veían obligados a comprar agua para así llenar sus tanques domiciliarios. Se decía que De la Sota era quien controlaba este mercado, beneficiándose de la situación crítica a costa de los habitantes. Así, existía una sensación generalizada de que los supuestos responsables del bien común se estaban aprovechando de quienes padecían la crisis.

Aunque estas situaciones revelan ciertas condiciones que tienden a un resquebrajamiento del consenso en torno a que “los gobernantes” -en el sentido gramsciano- ejercen el poder por y para el bien común, no es suficiente para afirmar la existencia de una ruptura. Pero se trata de fenómenos de importancia central para comprender sus condiciones de emergencia, que empiezan a vislumbrarse retrospectivamente en el análisis para la época en que se crea, en el año 2012, la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas. Esta agrupación tuvo (y aún tiene) el propósito de articular, en un frente de lucha común, las problemáticas y demandas relativas al ambiente de las diferentes localidades de la región. Con la puesta en funcionamiento de la Coordinadora, los diversos conflictos que hasta entonces habían tenido una expresión específicamente local, comenzaron a ser impulsados y visibilizados como enmarcados en una problemática común a toda la región de Sierras Chicas. Desde su creación, organizaron manifestaciones, petitorios, conferencias de prensa, encuentros y charlas con científicos sobre el cuidado de las cuencas y el ambiente o la vegetación nativa, posicionándose como una voz influyente en las cuestiones hídricas y ambientales.

A principios del año 2014, la Coordinadora -que por entonces reunía a unas 14 agrupaciones- hizo circular un comunicado de prensa que se refirió a una reunión que habían organizado los intendentes de las localidades serranas junto con los responsables de las cooperativas de servicios públicos para buscar soluciones. Luego de enfatizar que a la reunión no habían sido convocadas las “fuerzas vivas de la región”, señalaron que

el diagnóstico del cónclave reunido en Río Ceballos solamente aportó soluciones ‘técnicas’ que no resuelven el problema de fondo. Que estamos atravesando una emergencia ambiental provincial sin precedentes, íntimamente ligada en nuestra región a los incendios y los desmontes […]. Que la crisis hídrica no es casual ni una ‘desgracia del cielo’: aunque llueva, el agua pasa muy rápido porque no hay bosque que la retenga, provocando, además, inundaciones. […] Que las políticas impulsadas por la provincia […] y los municipios se ‘gestionan’ primando los intereses de grandes grupos económicos.¹⁰

Estos argumentos no eran nuevos, aunque tomaron una renovada fuerza al ser expresados, sistematizados y difundidos reiteradamente por la Coordinadora, una alianza entre diferentes agrupaciones de toda la región. El desmonte era considerado públicamente como una de las causas centrales de la crisis hídrica, y los debates comenzaron a reflejar una tensión, pre-existente pero cada vez más profunda, entre un desarrollo deseable en términos de crecimiento económico y progreso, y un desarrollismo sin planificación. Así entendido, el desarrollismo era expresado como aquello que, desde ciertos enfoques de la antropología, podría llamarse un “valor negativo” (Bloch, 1982; Graeber, 2018; Munn, 1986). Es decir, lo opuesto a aquello definido como deseable y/o socialmente importante y necesario, que se carga de imágenes y representaciones de “maldad moral, de pérdida o decadencia, caos y desorden” (Bloch, 1982 apudGraeber, 2018, p. 151), así como de actividades y fenómenos destructivos (Munn, 1986, p. 215).

Mientras las tecnotopías prometían la salvación por medio de acueductos de todos los tamaños, sobrevino la catástrofe en Sierras Chicas. El 15 de febrero de 2015, un tsunami cayó del cielo, como dijo el por entonces gobernador Juan Manuel De La Sota para referirse a aquella tormenta de proporciones extraordinarias. Ocho víctimas fatales, familias evacuadas, destrucción de viviendas que fueron arrasadas desde los cimientos por la corriente, daños en la infraestructura vial y de servicios, el aislamiento e incomunicación de pueblos enteros durante varios días, fueron las desastrosas consecuencias del temporal. La asignación de responsabilidades no tardó en copar el debate público. Políticos y funcionarios culparon a la naturaleza en un intento de evitar ser tenidos como responsables, mientras que los damnificados directos, las asambleas ambientalistas y una diversidad de expertos, responsabilizaron a los gobernantes por la desidia y la inacción para prevenir el desastre, pues ya se habían hecho circular documentos que alertaban que algo así podía pasar (Koberwein; Zenobi, 2021). Un grupo de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba había realizado, en el año 2013 y a pedido de una agrupación local, una serie de estudios sobre el estado de las cuencas de la zona. Los resultados del estudio anticiparon el peligro que implicaba el desmonte: la pérdida de la capacidad del suelo para absorber los excedentes de agua, y el riesgo concomitante de fuertes escorrentías y deslizamientos de suelo (Groshaus; Maffini; Orazzi, 2013).

Un día después de la catástrofe del 15F, la Coordinadora declaró lo siguiente a través de un comunicado de prensa:

La lluvia, esa ‘bendición celestial’ que era invocada por los intendentes y funcionarios hace poco más de un año, esta vez fue demasiada. […] [E]n el camino se llevó vidas, sueños y parte del mismísimo acueducto que inauguraron con moño, foto y solución en cómodas cuotas. Mientras tanto, en nuestras ciudades el agua lame los postes donde cuelgan los carteles proselitistas rumbo a 2015. Ellos son, en muchos casos, los mismos candidatos y las mismas puertas que venimos tocando desde hace tres años con petitorios entregados en todas las reparticiones de la Provincia de Córdoba y en cada Municipio del corredor. Además de informes, como el que presentó la Asamblea Ciudadana Unquillo Ambiente en 2013, que advierte sobre el riesgo de deslizamientos ante inundaciones, y las notas de esta Coordinadora que exigen y reclaman participación y planificación territorial. […] [L]as cuencas altas están siendo desmontadas, incendiadas y edificadas, desprotegiendo e impermeabilziando el suelo que pierde su capacidad de esponja. Ya no retiene el agua cuando llueve y no la libera cuando fata. Y así hoy, escurre imparable cuesta abajo.¹¹

Antes de las inundaciones, como se deduce de los comentarios que me ofreciera el Director de Obras Públicas de una de las localidades en el 2012 y del informe de la Universidad de Córdoba del 2013, la ciencia había producido y difundido información sobre el riesgo que implicaba el avance del desmonte sobre las cuencas serranas. No fue un tsunami, fue el desmonte, fue la respuesta de las organizaciones a De la Sota, y la frase se convirtió en una de las consignas de oposición a las políticas hegemónicas de intervención sobre el ambiente.

Los signos de la ruptura

Durante 2016, la infraestructura fue protagonista nuevamente, aunque esta vez para enfrentar la sobreabundancia hídrica. El gobierno provincial proyectó una serie de embalses para intervenir sobre los cursos de agua, tratando de prevenir futuros desastres. En una de las localidades donde se habían proyectado los diques, la oposición fue rotunda y organizada, suspendiéndose la ejecución del proyecto. En otra localidad, la oposición no fue tan rotunda, pero la resistencia a aceptar sin discusión los proyectos del gobierno provincial llevaron a la conformación de un comité de expertos locales compuesto por profesionales de la ingeniería, la geología, la biología y la geografía que, junto con un ingeniero de la municipalidad, evaluó las propuestas de la provincia para discutir si impugnaban la obra o elaboraban proyectos alternativos.

Un científico de este comité, criticando la lógica de estos proyectos, me comentó lo siguiente:

Fui con el GPS. La cota de ese embalse era altísima. Daba un paredón de 25m. Los ingenieros llaman a eso “micro-embalse”. De micro no tiene nada, es enorme. Para ellos la solución a un problema es un desafío, y lo resuelven como sea. Hacen los planos, los cálculos, y después llaman al geólogo, que les dice: ojo que de esta ladera va a caer mucho sedimento. No importa, le metemos más fierro, más hormigón y listo. Y el geólogo le dice: ¿por qué no lo corrés 100 metros más allá y no vas a necesitar meter más de nada? Pero no, ya lo pensaron ahí, lo hacen ahí, contentos con meter más fierro, más hormigón, más todo.

La oposición y resistencia a estos proyectos tuvieron sus condiciones de posibilidad en una conjunción de dinámicas. En primer lugar, en la desconfianza cada vez más establecida a las soluciones meramente técnicas e infraestructurales. En segundo lugar, porque los vecinos se enteraron por casualidad de los proyectos: en una localidad, un poblador había visto personas haciendo mediciones en una de las zonas del posible emplazamiento del dique, y se comenzó a averiguar de qué se trataba; en otra, se enteraron por los medios de comunicación que el gobernador había anunciado la construcción de varios diques, y que las partidas presupuestarias ya estaban asignadas. Así, el gobierno provincial, se exclamaba, está queriendo pasarnos por arriba. En tercer lugar, los diques estaban proyectados en espacios de protección ambiental, lo que disparó la resistencia de las agrupaciones. Estos espacios son considerados como un logro de los vecinos que protagonizaron su creación y que se involucran en una incansable defensa frente a los intereses económicos que codician las tierras. Las reservas son ponderadas como el resultado de la participación activa de las asambleas ciudadanas. Esto nadie lo negaría en la zona, pues se afirma que, dejadas a merced de las autoridades y los desarrollistas, hubieran desaparecido hace tiempo. Las reservas pueden entenderse también como la expresión de un trabajo o creatividad social cristalizada y, por lo tanto, como expresiones de valor (Graeber, 2018). El hecho de que se intentara construir obras de infraestructura hídrica en estos territorios no fue menor en cuanto a la resistencia y oposición a ellas, pues la preservación del monte nativo es considerada como una forma más eficaz de protección contra las inundaciones. Estamos aquí frente al encuentro de dos regímenes de valor antagónicos que coincidieron en un mismo territorio, un fenómeno que Little (1997) llamaría de cosmografías superpuestas: contener la fuerza destructora de las aguas por medio de obras de ingeniería, o preservar la vegetación nativa para cuidar la salud de las cuencas privilegiando la regulación natural del ciclo hidrológico.

A continuación trataré con los puntos esenciales del conflicto ocurrido entre el gobierno provincial y las fuerzas vivas de la localidad de La Granja alrededor de la construcción de un dique en el pueblo de Ascochinga, uno de los cinco pueblos que conforman el municipio. La obra nunca fue construida dada la intensa oposición local. Este hecho revela un quiebre en torno a los consensos históricamente establecidos alrededor de la importancia o el valor de la infraestructura para resolver problemas ambientales en Córdoba.

Como adelantamos, en cada localidad de las Sierras Chicas funciona algún grupo o mesa que se preocupa por cuestiones y problemas ambientales locales. Muchos son parte de aquella Coordinadora que se creó en el año 2012, y por lo tanto realizan actividades de defensa del ambiente también a niveles regionales, e incluso provinciales. La actividad de estas agrupaciones está apoyada por científicos y científicas que viven en la zona, y que muchas veces son parte activa en las agrupaciones. Existe asimismo una preocupación constante por capacitarse formalmente o en forma autodidacta sobre las maneras en que el conocimiento científico, técnico o jurídico puede aportar a la defensa del ambiente. Tal es así que, luego de la masiva audiencia pública que sentenció al archivo el proyecto del dique, una autoridad de la provincia les habría dicho a los miembros de la Mesa de Agua y Ambiente de La Granja, que no se habían imaginado que se encontrarían con gente tan formada que pudiera impugnar el proyecto.

Decíamos que el dique fue proyectado en un espacio de conservación ambiental. Formalmente denominado Reserva Natural de la Defensa Ascochinga,¹² este espacio fue resultado de la participación y acción política de un conjunto de fuerzas diferentes, entre las cuales el componente local fue determinante, siendo la Mesa de Agua un actor central del arduo proceso que llevó a su creación y consolidación entre los años 2011 y 2014. Es por ello que esta reserva es considerada como uno de los mayores logros de la Mesa. Fue también impulsada por la Dirección de Parques Nacionales, por el Ministerio de Defensa de la Nación, y por Norma Morandini, quien se desempeñaba por entones como Senadora Nacional por la Provincia de Córdoba. La creación de la reserva no fue un proceso inmediato. Hubo oposición local, centrada en intereses sobre la tierra, y hubo que sentar las bases de la importancia social y ambiental de contar con un espacio de protección de estas características. Se realizaron reuniones, se negociaron futuras participaciones en la gestión de la reserva, hubo que atravesar y resolver conflictos en relación a los usos formales e informales de dicho espacio, como ser la presencia de actividad ganadera o la actividad de un Hotel que se encuentra en las cercanías. Hubo también que definir lo que, desde Parques Nacionales, se llamó “valores de conservación”. Es decir, hubo que probar que existían especies nativas vegetales y animales en peligro, y todo ello bajo el principio rector de la participación comunitaria local. Para definir tales valores, se realizaron talleres de los cuales participaron vecinos y vecinas de La Granja, técnicos de Parques Nacionales, científicos y científicas, así como personal de la Fuerza Aérea, que es la “propietaria” de las tierras. Desde el punto de vista local, se trató de un proceso político complejo, difícil, por momentos tenso y conflictivo, pero que redundó en que el objetivo de contar con una reserva natural se cumpliera, lo que es vivido como un logro de gran importancia.

Durante la primera semana de abril de 2016, la Mesa de Agua y Ambiente de La Granja se enteró por el diario La Voz que el Gobernador Schiaretti había anunciado un plan de obras para la regulación de crecidas que implicaba la construcción de un dique para la contención de las aguas en plena Reserva de la Defensa. Se enteraron también que estaban asignadas las partidas presupuestarias: se trataba de unos 100 millones de pesos que, en conjunto, aportarían el estado provincial y el nacional.

Inmediatamente comenzaron las averiguaciones sobre este proyecto, y la Mesa de Agua logró que el 12 de abril se apersonara en la localidad un ingeniero de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia para explicar el proyecto. Durante dicha reunión, las autoridades municipales y las vecinas y vecinos de La Granja tomaron conocimiento de que el dique tendría un muro de veinte metros de altura, y que dejaría fluir el agua durante el curso normal del río. Cuando aumentase el caudal debido a las precipitaciones, se crearía una laguna que podía inundar hasta 20 hectáreas, para así retardar la escorrentía y frenar el impulso destructor de las aguas hacia abajo. Cuando ocurriera una creciente, además, se inundaría un camino vehicular de tierra que une a las localidades de La Granja y La Cumbre cruzando las sierras. Se estimaba que la relocalización del camino destruiría otras veinte hectáreas de la reserva, que se sumarían a aquellas veinte inundables.

Durante la reunión con el funcionario de la Secretaría comenzaron a esbozarse las primeras objeciones, que fueron relativas a lo siguiente:

• Al impacto ambiental negativo de la obra, principalmente sobre la vegetación nativa que la Reserva tiene por objeto proteger.

• Al real y efectivo funcionamiento del dique para evitar nuevas catástrofes, pues luego de la reunión quedó en claro que el embalse no podría contener las aguas en caso de repetirse la tormenta del 15F.

• A la falta de información sobre su mantenimiento, pues es sabido públicamente que los diques serranos tienen serios problemas de colmatación: el ingreso de sedimentos arrastrados por el agua merma rápidamente su capacidad de almacenamiento.

Las objeciones a la obra se cargaron también de sentidos que implicaron la metáfora de una invasión a un espacio entendido como un lugar propio, la reserva, aquella parte de la naturaleza que nosotros defendemos. Se marcó así un contraste y oposición a las formas de tratar con la naturaleza de los grandes productores agrícolas del bajo, beneficiarios y también impulsores de la obra, que destruyen la naturaleza nativa. Esta alusión a la defensa de un espacio invadido fue expresada como la voz de “toda” la comunidad. Lindera a la reserva, y a tan sólo 1200 metros de la futura obra, funciona una de las escuelas del Municipio. Una de las grandes dudas fue si el edificio estaría en riesgo de sufrir las repercusiones sísmicas de las detonaciones y explosiones típicas de las obras en la zona serrana, geografía en donde la roca ofrece tanta resistencia que es necesario dinamitarla. Descontando las explosiones propiamente dichas, la circulación y presencia de material explosivo en la reserva, un espacio de esparcimiento para todas las familias, fue visto como un riesgo en sí mismo. Además, los camiones y las maquinarias, presumiblemente de gran porte, se trasladarían hasta el lugar de la obra circulando por la calle y pasando por la puerta de la escuela, lo que era anticipado un peligro para la seguridad de los niños y las niñas. De esta manera, los sentidos que se produjeron alrededor de la obra no fueron sólo técnicos. Comunicaron también que, si afectaba a los niños y las niñas, a sus docentes y a sus familias, la comunidad toda se vería afectada.

En este contexto, las objeciones técnicas iniciales fueron transformándose paulatinamente en una oposición rotunda a la obra, con argumentos que se acumulaban a medida que se obtenía mayor información, y que resultaron en la convocatoria a una audiencia pública “récord”, como fue descrita desde la prensa, con 300 oradores inscriptos, y que tuvo que realizarse en dos intensas sesiones. Luego de las siete horas que duró la primera, habían expuesto sólo 30 personas.

Una de las principales herramientas para consolidar la oposición a la obra fue un informe crítico firmado por siete científicos. El informe refutaba los principales hallazgos del estudio de impacto ambiental del proyecto, y fue firmado por seis biólogos y un geólogo pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba, al CONICET,¹³ y a dos de las ONG ambientales más importantes de la Provincia. Sus observaciones más significativas fueron las siguientes:

• La falta de datos y de caracterización precisa del sistema en términos geomorfológicos, hidrológicos, biológicos y sociales.

• La carencia de datos de campo sobre el comportamiento del caudal del río.

• Una sola [y por lo tanto insuficiente] toma de datos sobre la calidad del agua.

• Se extrapolan conclusiones generales en base a [sólo] dos “recorridas” sin aclarar metodologías precisas ni criterios a tener en cuenta para el relevamiento de datos.

• Se indica que en el área de estudio la fauna es escasa, algo inverosímil teniendo en cuenta el tiempo destinado al trabajo de campo.

• A partir de los datos muestreados, no se puede predecir cuál será el comportamiento del embalse, ni asegurar que se garantizará una regulación eficiente de las crecidas.

• A partir de este estudio no se puede calcular cómo va a ser el proceso de colmatación (entarquinamiento) del embalse ni cómo la presencia del embalse va a afectar la calidad del agua.

El informe concluye que “surgen muchas dudas de cómo, a partir de la poca información existente, se puede afirmar que la construcción del embalse generará un impacto positivo” (p. 2) Estas objeciones fueron expuestas con vehemencia durante la audiencia pública por parte de las vecinas y vecinos de La Granja, que además demostraron un conocimiento muy detallado del estudio de impacto ambiental encargado por el gobierno.

Si bien el conflicto fue explícitamente expresado con el gobierno provincial, se cargó también de una tensión entre los serranos y “los de abajo”, habitantes de la localidad de Jesús María y de otras localidades, principalmente productores agropecuarios y damnificados por las inundaciones del 15F. Por razones de espacio y argumento no trataremos en detalle estas tensiones. Pero cabe mencionar que otra de las razones de la indignación fue la idea de que el gobierno estaba respondiendo a las demandas de sólo un sector de la población, los productores agropecuarios, excluyendo a otros. La Mesa de Agua y Ambiente denunció públicamente esta situación, que fue entendida como el resultado de una complicidad entre el gobierno provincial y la Sociedad Rural de Jesús María para la imposición de una obra que no contaba con licencia social en la zona de su construcción. Se construiría en la cuenca alta, para proteger a los de la cuenca baja. El hecho de que aquella audiencia se realizara en un espacio de la Sociedad Rural de Jesús María fue entendido como un signo de ese atropello. De hecho, esgrimían “los de arriba” en base al conocimiento científico, el monte nativo que nosotros protegemos es más eficiente que las obras de infraestructura para protegernos de las inundaciones.

Luego de meses de conflicto abierto con el gobierno provincial, las autoridades convocaron, para mediados de octubre de 2016, a una reunión para conversar la redefinición del proyecto con la comunidad de La Granja. Finalmente, el dique no se construyó, pero pronto los conflictos ambientales por el monte nativo escalaron para abarcar a organizaciones de toda la provincia.

Ni bien concluyó este conflicto por el dique en Ascochinga, y mientras se debatía un proyecto de un dique similar en el paraje de Cabana, Municipio de Unquillo, emergió en la escena ambiental un conflicto por la actualización de la ley provincial de bosques cuyo resultado fue también el retroceso del gobierno en sus pretensiones de avanzar, en complicidad con la Sociedad Rural, se decía, sobre el monte nativo. Luego de una manifestación de 10.000 (diez mil) personas por las calles de la Ciudad de Córdoba realizada el 28 de diciembre de 2016 que pudo evitar que se modificara la ley en la última sesión legislativa del año, y luego de otras tantas manifestaciones, festivales y asambleas realizadas en febrero y marzo en diferentes puntos de la provincia para evitar que se vuelva a tratar, el gobierno tuvo que desistir, nuevamente, de proyectos considerados como destructores del ambiente. Se decía, incluso, que el proyecto de ley impulsado por la Sociedad Rural y el gobierno, hubiera implicado la posibilidad de un ecocidio. Los consensos en torno a las formas hegemónicas de intervenir sobre el ambiente no son, parecería, tan fuertes como antaño.

Conclusiones

Independientemente del nivel de afectación o del lugar que cada grupo, colectivo, ciudadano o vecino ocupe en la sociedad, en lo que refiere a los problemas ambientales en Córdoba emerge una experiencia común y generalizada: el desamparo frente a lo que sucede. Esta experiencia se manifiesta en la idea de que las instituciones del Estado -que en el sentido compartido existen porque han sido creadas para cumplir la función de amparo-, no funcionan porque están en manos de gobernantes que sólo gobiernan para unos pocos. Es más, estas experiencias brindan la evidencia objetiva y subjetiva de que las instituciones contribuyen a crear y agravar los problemas y las crisis ambientales, porque responden únicamente a los intereses de los grandes poderes económicos: el sector inmobiliario y el sector agrícolo-ganadero, entre otros que no hemos tenido lugar de mencionar aquí como el sector minero.

Decía Gramsci (1999, p. 191) que

la relación entre gobernantes y gobernados es dada por el hecho de que los gobernantes hacen los intereses de los gobernados y por lo tanto “deben” tener su consenso, o sea que debe darse la identificación del individuo con el todo, el todo (cualquier organismo que éste sea) estando representado por los dirigentes.

Cuando esta identificación no sucede, es decir, cuando ya no se encuentra dada por el hecho (hegemónicamente producido y reproducido, deberíamos aclarar) de que los intereses de los gobernados son creados por los gobernantes para el bien común, estamos frente a la posibilidad de una ruptura en el consenso. La respuesta a si se trata o no, efectivamente, de una contra-hegemonía es difícil de sostener. Estamos lidiando con procesos abiertos que responden a un elemento común presente en muchas experiencias políticas de base: revelan avances y retrocesos, pero no por ello son ajenas al hecho de tomar paulatinamente cada vez mayor fuerza e impulso. Son a veces fragmentarias, aunque no por ello menos efectivas; son en ocasiones discontinuas, aunque no por ello menos duraderas. Pero estas características abiertas no nos impiden esbozar un intento de respuesta.

Los procesos analizados han evidenciado que se puede sugerir la posibilidad de pensar en términos de una contra-hegemonía emergente. Esto es así porque estamos tratando con un conflicto abierto entre dos formas diferenciales y opuestas de valorización, una de las cuales pretende ser impuesta por sobre la otra. Para hablar de valor en estos términos, es necesaria la evidencia de formas objetivadas a través de las cuales aquellos valores se expresan y pueden realizarse (es decir, tomar forma concreta), tal como hemos argumentado para el caso de la infraestructura y para las reservas o espacios de protección ambiental. Se trata de materialidades que se transforman en expresiones objetivas de la acción creativa desplegada en regímenes de valor diferentes y opuestos, cada uno de ellos atravesado por el reconocimiento social de su importancia en el marco de una totalidad no solo material sino también significativa: el dominio de la naturaleza hostil por medios técnicos, en contraposición a las iniciativas consideradas como ambiental y socialmente protectoras del entorno. Si la hegemonía de la infraestructura, como tratamos de mostrar, está producida sobre la base de una inversión sostenida de energías sociales creativas, objetivadas en su materialidad y significadas en relación a su importancia y necesidad para el desarrollo, entonces es lícito afirmar que las contra-hegemonías puedan emerger cuando aquellas energías hegemónicas se enfrentan y tratan de imponerse sobre aquellas otras igualmente objetivadas. Pero cuando decimos igualmente sociales, igualmente creativas, e igualmente objetivadas, no podemos olvidar el hecho de que están desigualmente enfrentadas.

Científicos, funcionarios y políticos locales, partidos de la oposición, agrupaciones de vecinos, coordinadoras y asambleas que se forman ad-hoc por algún conflicto puntual, y también ONG preocupadas por el ambiente, están produciendo, en alianza, una contra-hegemonía que se visibiliza en estas instancias en que las promesas tecnotópicas del gobierno (en el sentido gramsciano del término), tales como los diques que nos salvarán de las inundaciones o los acueductos que traerán la salvación a las sequías, se encuentran con barreras sociales y deben retroceder ante lo que es percibido como proyectos destructores del valor creado. El conocimiento científico y técnico fue clave en esta dinámica. Si entendemos que la hegemonía impone las condiciones para el desarrollo del conflicto, como diría Roseberry (1994), entonces dicha imposición, que es funcional a la hegemonía -me refiero al uso del lenguaje tecno-científico-, se transformó en parte de las condiciones para la ruptura. Posibilitó, al menos, que el estado reconozca a los interlocutores de la sociedad civil como interlocutores legítimos, y a sus proclamas como válidas, es decir, validadas por la técnica y la ciencia. Recordemos que un funcionario se había sorprendido por la amplia formación que habían demostrado los y las vecinas durante la audiencia pública. Volvemos entonces a la máxima gramsciana con la que hemos introducido el problema aquí tratado: las relaciones humanas de conocimiento son un elemento central de toda hegemonía (Gramsci, 1986, p. 143). Ahora bien, el conocimiento tecno-científico fue sólo una parte de un todo más amplio. Se trata de algo más que de conocimiento experto. Se trata de proyectos de sociedad valorizados en mutua oposición y en lucha, pues uno es la negación del otro. Considerada en contraste con la histórica hegemonía de la infraestructura en Córdoba, la masiva y contundente oposición al dique en la localidad de La Granja puede ser leída como un signo de ruptura con aquél consenso históricamente establecido en torno a que los diques y las obras de infraestructura son una forma de vencer la hostilidad de una naturaleza que se imagina y se conoce únicamente como enemiga de los proyectos humanos.

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• 1
  Estas cuestiones parecerían conducirnos al ya clásico problema de las tensiones entre estructura y agencia. Sin embargo, Graeber (2018, p. 116-129, 142, 149) propone, apelando a las reflexiones de Marx y Engels en La ideología alemana, que la “estructura” puede ser entendida como patrones de acción creativa. La concepción de acción aquí desplegada es homóloga a la concepción marxiana de trabajo en su sentido amplio, que refiere a una acción intencional transformadora que se orienta hacia un objetivo. En este sentido, “la cuestión crucial es que lo que llamamos estructura no existe antes de la acción. En última instancia, la ‘estructura’ es idéntica al proceso de su construcción” (Graeber, 2018, p. 120).
• 2
  La distinción gobernantes / gobernados no implica su sentido común. En Gramsci, los gobernantes no son exclusivamente los políticos que ostentan un cargo representativo o los funcionarios que cumplen su rol en la burocracia. Un empresario, un intelectual o un técnico pueden ser tan “gobernantes” como un legislador o un ministro, si cada uno de ellos cumple un rol organizativo y directivo de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales.
• 3
  “Las presas en arco transmiten el empuje del agua hacia su fundación y sus apoyos […]. Para lograr sus complejas formas se construyen con hormigón y requieren gran habilidad y experiencia de sus constructores […]” (Red Científico Tecnológica para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2017, p. 12-13).
• 4
  Gobernador de la provincia de Córdoba con mandato hasta diciembre de 2023. Ejerció la gobernación también en los períodos 2007-2011 y 2015-2019. Entre 2003 y 2007 fue vicegobernador de José Manuel de la Sota.
• 5
  El Río Paraná es uno de los cuerpos de agua dulce más importantes del mundo. Su nacimiento se localilza entre los estados de Mato Grosso del Sur, Minas Gerais y São Paulo, Brasil, recorriendo también los países de Paraguay y Argentina, desembocando en el Río de la Plata.
• 6
  Algunos periodistas se burlaron de aquella metáfora pronunciada por el gobernador. Lo hicieron seguramente desconociendo u omitiendo intencionalmente la referencia a un histórico anhelo de la elite Cordobesa que, durante fines el siglo XIX y principios del XX, quiso encontrar una manera de llegar navegando hasta el Río Paraná construyendo un canal aprovechando las aguas de los ríos cordobeses. Véase Huergo (1902) y Frías (1985). Es probable que, cuando el gobernador Schiaretti afirmó que era simbólico e importante que el Río Paraná llegara a Córdoba, se estuviera refiriendo implícitamente a aquél histórico proyecto.
• 7
  Programa “Nada del otro mundo”, Radio Universidad AM 580, emitido el 4/1/12.
• 8
  El rigor etnográfico obliga aquí a hacer una aclaración, sobre todo para el lector no informado en esta metodología: la respuesta afirmativa de mis interlocutores no debe ser tomada como una forma de corroboración fáctica de la hipótesis de campo. Sólo indica que los gobernantes son vistos como protagonistas activos de estas dinámicas desarrollistas que son entendidas como destructoras del entorno.
• 9
  Fallecido en un accidente de tránsito en el año 2018, fue uno de los políticos más importantes e influyentes de la Provincia de Córdoba. Tres veces gobernador de la Provincia por el Justicialismo, durante dos períodos consecutivos entre los años 1999 y 2007 y nuevamente entre 2011 y 2015.
• 10
  Fragmento del comunicado completo recibido por correo electrónico. Al ser un comunicado de prensa, el texto fue recuperado por varios medios. Puede consultarse, por ejemplo, en Córdoba […] (2014).
• 11
  El comunicado me llegó por correo electrónico, pero al ser escrito para ser levantado por la prensa, puede encontrarse en varios medios, por ejemplo en Fontaine (2015).
• 12
  Información sobre este tipo de reservas puede encontrarse en Argentina ([2023]).
• 13
  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  21 Jun 2024
• Fecha del número
  Sep-Dec 2024

Histórico

• Recibido
  27 Set 2023
• Acepto
  07 Mar 2024