Open-access Las subjetividades colectivas, el “pacto democrático” y el ascenso de la derecha extrema en el gobierno de la Nación Argentina

Resumen

Este artículo analiza el ascenso de la derecha extrema en Argentina interrogándose si supone una clausura del "pacto democrático del Nunca Más”. Se argumenta que este fenómeno resulta del resquebrajamiento de la subjetividad colectiva democrática que lo sostenía ante la incapacidad del estado de cumplir su promesa bifronte, tanto política como social. Recuperando la propuesta de Marina Franco sobre el pacto fundante y la categoría de subjetividades colectivas de José Maurício Domingues, el trabajo traza un recorrido de los últimos 40 años describiendo los conflictos en torno a estos consensos. La tesis central que se sostiene es que la emergencia de subjetividades que cuestionan la democracia igualitaria no implica -al menos por ahorauna consolidación de la derecha extrema, sino una respuesta a las expectativas incumplidas del ciclo posdictatorial.

Palabras-clave:
Democracia igualitaria; Derecha extrema; Subjetividades colectivas; Derechos Humanos; Argentina.

Abstract

This article analyzes the rise of the far right in Argentina, asking whether it signifies the end of the “Never Again democratic pact.” It argues that this phenomenon stems from the erosion of the collective democratic subjectivity that underpinned it, in light of the state’s inability to fulfill its dual promise-both political and social. Drawing on Marina Franco’s proposal regarding the founding pact and José Maurício Domingues’s category of collective subjectivities, this work traces a history of the last 40 years, describing the conflicts surrounding these consensuses. The central thesis is that the emergence of subjectivities that question egalitarian democracy does not imply-at least for now-a consolidation of the far right, but rather a response to the unfulfilled expectations of the post-dictatorial cycle.

Keywords:
Egalitarian democracy; Far right; Collective subjectivities; Human rights; Argentina.

1. Introducción

¿El gobierno actual clausura un ciclo asentado en el “pacto democrático” del Nunca Más? Este artículo propone una revisión de la historia reciente y retoma discusiones académicas acerca de las condiciones de posibilidad del ascenso de la derecha extrema en la República Argentina1, proponiendo una tesis que resitúa el debate acerca de las características de este ciclo histórico y lo amplía al plano de las subjetividades colectivas.

La tesis que guía el artículo podría sintetizarse en que el ascenso de la derecha extrema en Argentina puede comprenderse como el resultado del resquebrajamiento de una subjetividad colectiva democrática, junto con la emergencia -aún embrionaria, aunque hoy expresada desde la cúspide del poder ejecutivo- de subjetividades que cuestionan sus núcleos de democracia igualitaria. Esta desarticulación, argumentamos, se vincula con la incapacidad de los diversos gobiernos posdictatoriales de sostener la promesa bifronte del orden democrático -política y social-, produciendo una reconfiguración del conflicto social y habilitando nuevas formas de construcción de legitimidad política.

Para abordar esta tesis, el artículo recupera, por una parte, la propuesta de Franco (2025) acerca del “pacto democrático del Nunca Más” como mito fundante del retorno democrático, entendiéndolo como un núcleo de sentidos compartidos en torno al fin de la violencia política, la relevancia de la democracia liberal y la promesa de avanzar hacia una sociedad de semejantes (Castel, 2008). Simultáneamente, retoma la categoría de subjetividades colectivas (Domingues, 1995; 2004) para analizar cómo se configuran, en la intersección de elementos hermenéuticos y materiales, identidades y repertorios organizativos que presentan distintos niveles de centramiento social. Desde este marco analítico, abordamos el conflicto entre subjetividades en torno al pacto democrático -enfatizando la dimensión social- como clave explicativa de la emergencia de la derecha extrema en Argentina.

El trabajo traza un recorrido histórico en torno a las promesas y límites del “pacto democrático” desde el final de la dictadura cívico-militar, atendiendo a las subjetividades colectivas que lo han sostenido, así como a los quiebres, conflictos y tensiones presentes en los diferentes períodos. Posteriormente, se presenta un argumento en torno al surgimiento de subjetividades populares que pone en entredicho algunas de las bases del pacto democrático. Consideramos que esta emergencia, como constructo indisoluble de las expectativas no cumplidas por la democracia, es un aspecto sustantivo para comprender la victoria electoral de la derecha extrema. Sin embargo, a pesar del quiebre que esto supone para un país que construyó hitos simbólicos internacionales en torno a los derechos humanos, argumentamos, para finalizar, que no sería correcto comprender esta emergencia como la consolidación masiva de una subjetividad colectiva de extrema derecha en un sentido sólido del término, sino como un momento en la búsqueda de alternativas ante un proceso de fracaso de las experiencias progresistas.

2. Una breve revisita a la década de 1980

En este trabajo entendemos que la década de 1970 constituye una bisagra en términos históricos; una cesura (Svampa, 2005) que aniquiló una subjetividad social en ciernes. La crisis del modelo de posguerra que evidenciaba, en los países del norte, el cierre del “siglo corto” con la caída del Muro de Berlín (Hobsbawm, 1995) expresó, ya en los 70 -tanto en nuestro país como en otros países capitalistas periféricos- las primeras señales de quiebre. En la Argentina, el terrorismo de Estado (Duhalde, 1983) producido en el marco de la dictadura cívico-militar (1976-1983) fue una resolución -trágica- de las tensiones del modelo de posguerra. Luego del genocidio (Izaguirre, 1994; Feierstein, 2007), el retorno de las instituciones democráticas suscitó expectativas diversas, ancladas en el “pacto democrático”.

Si el “pacto democrático” supuso la vigencia de las instituciones políticas de la democracia liberal -división de poderes, elecciones periódicas, etc.- y la construcción de una esperanza acerca de un camino hacia una democracia igualitaria, el “Nunca Más”, mientras abolía la remisión a la violencia política, propiciaba la articulación de un conjunto de subjetividades colectivas que se constituyeron bajo la defensa de los derechos humanos (Svampa, 2016; Jelin, 2002). La relevancia del movimiento de derechos humanos en la sociedad argentina es un aspecto imposible de soslayar. No obstante, la impronta democratizadora mencionada tuvo límites fácticos -evidenciando el poder aún presente de la coalición militar-. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida2 circunscribieron los procesos de justicia en torno a un tiempo limitado y a las responsabilidades de los altos mandos militares. Estas expresaron una tensión entre el proceso de democratización más profundo que requerían las organizaciones de derechos humanos, la ciudadanía movilizada -como formas organizativas de bajo nivel de centralización de una subjetividad colectiva democráticay la limitada capacidad político-democratizante de la coalición de gobierno. Aún con estas limitaciones, los juicios, la movilización social y las organizaciones de derechos humanos quedaron en la memoria histórica como un temprano hito en la construcción de justicia en toda la región. Este fue un momento de activismo de ruptura (Bringel y Domingues, 2018), donde la sociedad civil no solo pidió justicia, sino que intentó expandir los márgenes de lo político hacia lo familiar y lo barrial. Recordemos que una de las formas sustantivas de esta ampliación tuvo que ver con el lugar de las icónicas “Madres de Plaza de Mayo”, quienes -por fuera de los espacios clásicos de la feminidad y la maternidad- asumieron una voz pública en defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en un símbolo democrático internacional (Jelin, 2002; 2017).

A su vez, la promesa alfonsinista de una democracia que contuviera un programa social (“con la democracia se come, se cura y se educa”) representó un nuevo intento de restaurar una suerte de modernidad organizada (Wagner, 1997; Domingues, 2009). Sin embargo, este proyecto que pretendía una centralidad estatal integrada al bienestar social, se topó con la cesura histórica (Svampa, 2005) que el gobierno de facto había provocado en la estructura socioeconómica. Las dificultades para gestionar geopolíticamente la deuda externa -el pretendido “club de los deudores”-, otro legado del régimen de facto, fueron determinantes para limitar la economía nacional, mientras que la expectativa de que los sectores industriales comandaran, como “capitanes de la industria”, un nuevo proceso de producción no halló eco. El problema inflacionario se evidenció tempranamente y fue tramitado mediante planes heterodoxos que lograron, parcial y temporalmente, lidiar con el dilema (Torre, 2021). Las dificultades para ligar los avances democráticos liberales con progresos en el terreno de lo social desarmaron algunas de las promesas de esta subjetividad democrática, con la democracia se comía, se curaba y se educaba deficitariamente.

Hacia finales de la década, un choque económico cristalizado en una hiperinflación forzó el retiro anticipado de Raúl Alfonsín de la presidencia; esta fue la antesala de las reformas estructurales de los años noventa. La década del ochenta, prontamente, sería revisitada como “la década perdida” por las dificultades que se presentaron para construir una senda sostenida tanto en lo que hace a los derechos humanos como en el desarrollo socioeconómico; sin embargo, nuestra mirada a contrapelo no la entiende como una década sólo de quebranto. Por el contrario, entendemos que el mojón democratizador de sus inicios y las subjetividades colectivas ligadas a él iniciaron un camino cuya relevancia aún merece ser revisitada.

3. La década neoliberal

Las modificaciones estructurales de esta segunda etapa neoliberal no se pueden comprender sin detenerse en las condiciones que abre el proceso de hiperinflación de 1989-1990. Este tuvo un papel central en la ruptura de la previsibilidad y disciplinamiento social de los trabajadores con ingresos fijos en pesos (Svampa, 2005; Piva, 2012). La moneda no es un bien más en una economía capitalista, es el equivalente general que instituye los precios generales; en la medida en que este deja de funcionar como tal, se quiebra la convención que rige este tipo de sociedades. Para tomar una mínima idea de la magnitud del problema cabe decir que el dinero se desvalorizó a niveles que llegaron al 3000% interanual. Esta experiencia, a su vez, se mostró como una erosión sustantiva del poder del Estado (Torre, 2021) expresando su incapacidad para dirigir el orden social. Protestas, saqueos y huelgas fueron contemporáneos a los sucesos que supuso, a su vez, la entrega anticipada de la presidencia de la nación a un nuevo candidato. Carlos Menem, un líder provincial, se presentaba como la “renovación” dentro del partido peronista. Este prometía vincular la tradición de líderes populares del “interior” con una nueva esperanza social. Menem lanzó su campaña bajo los lemas de “la revolución productiva” y “el salariazo” frente a un candidato del radicalismo que se mostraba abiertamente promotor de las reformas neoliberales. La subjetividad colectiva popular y democrática votaba esta nueva esperanza cuyo nudo estaba centrado en la noción de la democracia igualitaria.

La transición de gobierno y los primeros momentos de la gestión fueron de gran inestabilidad social, política y económica; sin embargo, el presidente estaba dispuesto a construir la estabilidad de la moneda de la mano de las instituciones más poderosas traicionando sus promesas de campaña. En el plano de las luchas democráticas y de los derechos humanos, se decretaron indultos a las cúpulas militares y a los líderes de las organizaciones político-militares3. Dichos indultos se decretaron a pesar de la enorme movilización ciudadana articulada bajo la red de organizaciones de derechos humanos; la década estaría marcada, desde este ángulo, por la activación, la recreación y el nacimiento de importantes organizaciones de derechos humanos que fueron consecuentes con las luchas por la memoria, la verdad y la justicia. Viejas y nuevas organizaciones y diversas generaciones de activistas se articulaban en una subjetividad colectiva con bajo nivel de centramiento pero con una identidad sólida de defensa de los derechos humanos.

A su vez, en el año 1991 se puso en marcha un plan de convertibilidad (1 peso=1 dólar), que ancló el tipo de cambio y resultó eficaz para estabilizar la moneda; dicha estabilidad fue positivamente valorada por gran parte de la sociedad que, con este marco, toleró y/o propició reformas estructurales de carácter neoliberal. ¿Se constituye una subjetividad social que sostenga en el plano de la sociedad civil este tipo de iniciativas? Sin duda, sí; aunque esta no será objeto de indagación en este trabajo. El gobierno adoptó las “sugerencias” del Consenso de Washington que promovían, entre otras medidas, un retorno a las políticas ortodoxas de disciplina fiscal, la redirección de las iniciativas hacia áreas rentables, la reducción del gasto público social, la privatización de empresas públicas y la apertura de la economía (Piva, 2012).

La disponibilidad internacional de divisas y la privatización de empresas públicas posibilitaron el financiamiento del programa durante un lapso importante. No obstante, para mediados de la década, articulando elementos exógenos (tales como el efecto “Tequila”) y endógenos (como la finalización del proceso de privatización de las empresas públicas más importantes), hubo un cuello de botella respecto de la capacidad de sostenimiento de la convertibilidad y la viabilidad social del proceso. Tasas récord de desocupación (18% en mayo de 1995) fueron la muestra social del desacople de la actividad productiva respecto de la política económica vigente. Este desacople fue mostrando mayor jerarquía a medida que avanzaba la década y afectaba las formas de construcción de subjetividades populares diversas.

En lo que refiere a la organización social de la subjetividad social democrática, en esta década surge la organización de HIJOS de desaparecidos (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) que brinda una nueva vitalidad a la lucha por los derechos humanos (Da Silva Catela, 2001; Maneiro, 2005), a su vez, emergen otras formas organizativas que remiten a la violencia institucional incluso en la democracia, tales como CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional). Esta aborda la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad sobre todo respecto de los jóvenes de los barrios populares y periféricos (Verdú, 2009). Una urdimbre organizacional amplia y densa aparece en el espacio público para la conmemoración de los 20 años del golpe de Estado, dando cuenta de la persistencia y la vitalidad social del “pacto democrático” y las particularidades del tiempo social para la construcción de la memoria, la verdad y la justicia.

Otro de los sostenes democráticos de este período se liga a las organizaciones de los trabajadores; con todo, la relación entre las organizaciones descriptas en el párrafo previo y las organizaciones gremiales no es armónica ni sencilla; el sindicalismo propone otra forma de participación y tiene una relación más ambigua con la democracia liberal, sin embargo, conforma otra vertiente de la defensa de los derechos populares. En este plano se producen rupturas significativas; mientras un sindicalismo más institucionalizado acompaña las reformas neoliberales, por acción u omisión, surgen sindicalismos críticos desde diversos ángulos. El surgimiento de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) introduce una bocanada de aire fresco en un modelo gremial segmentado y corporativo abriendo espacio para jubilados y trabajadores desocupados, además de los clásicos trabajadores integrados que representaron tradicionalmente los gremios (Armelino, 2004); esta apertura logra reconocer los problemas de integración del capitalismo tardío y construye una senda para la democratización de las protecciones sociales (Maneiro, 2019). Mientras tanto, también, el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), que nuclea a camioneros y transportistas, abrió otra nueva traza de lucha movilizando a las fracciones más integradas del modelo (Armelino, 2004).

Paralelamente, la organización de los trabajadores desocupados fue una de las principales subjetividades colectivas de esta segunda mitad de la década. La salida del enclaustramiento doméstico de la desocupación (Kessler, 1997) para la construcción colectiva del problema y la demanda es, al decir de Bourdieu, un milagro sociológico (1999). Como respuesta activa a las privatizaciones de las empresas petroleras en Neuquén y Salta, pero también como paciente réplica del proceso de desestructuración productiva iniciado en la dictadura en la periferia de las grandes ciudades, múltiples organizaciones de trabajadores desocupados se fueron organizando en sus barrios para demandar respuestas al estado y organizar la reproducción de la vida cotidiana de manera colectiva (Svampa y Pereyra, 2003; Maneiro, 2012). A medida que se fueron sintiendo los efectos de las reformas neoliberales, se eslabonaría una mayor densidad territorial y diversas formas de acción colectiva de cercanías; desocupados y trabajadores precarios, pero sobre todo vecinas de las barriadas populares comenzaron a buscar en el territorio y en la protesta aquello que las instituciones democráticas del estado no lograban garantizar (Merklen, 2005).

Este incumplimiento impulsó una reconfiguración de las subjetividades colectivas; en algunas fracciones, se fue desplazando el eje de la ciudadanía formal hacia la acción colectiva territorializada, convirtiendo al territorio en un laboratorio de resistencia (Bringel, 2017). Los años 90, con sus políticas neoliberales, no solo produjeron la ruptura de un sistema de organización socio-productiva, sino que también brindaron las condiciones de posibilidad para cierta creatividad política territorial (Sigal, 2005). En este periodo se produjeron diversas innovaciones en el repertorio de la acción colectiva, la protesta -al menos durante esos tiempos extraordinarios- dejó de ser un evento esporádico en términos temporales y marginal en términos sociales para incluirse como un componente fundamental de la vida política (Schuster y Pereyra, 2001; Rebón, 2019).

La crisis de 2001-2002 y la masificación de las protestas bajo el lema “que se vayan todos” (Pérez, 2008), evidenciaban el quiebre entre las promesas de la democracia y una sociedad que se mostraba cada vez más excluyente. Este fue un escenario que puede entenderse como un ciclo de revueltas que, al desbordar los canales institucionales, logró una legitimidad social infrecuente para el ejercicio de formas de lucha de carácter directo. Así, el conflicto social no solo evidenció la crisis, sino que funcionó como un motor de cambio social que redefinió los límites de lo posible dentro de la democracia.

Las formas de la creatividad popular territorializada emergieron tanto en la institución multiplicada de comedores y merenderos, como en la aparición y expansión del comercio popular de trueque y en la construcción de alternativas productivas ante el cierre de empresas. En lo que refiere a este último aspecto, las empresas recuperadas constituyeron un exponente sustantivo de una subjetividad colectiva que transita desde la resistencia hacia la autogestión (Rebón, 2007).

4. Las experiencias pos-neoliberales

La crisis del 2001-2002 promueve una actualización del “pacto democrático” para subsanar el desacople entre una sociedad cada vez más heterogénea y compleja, una creatividad social vital y unas instituciones de gobierno que no daban cuenta de las demandas democratizadoras4. Los gobiernos presidenciales de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) recuperaron muchas de las demandas sociales y propusieron un nuevo orden en el que se reactivaron las políticas de memoria y de justicia, mientras se reavivaba la producción, el mercado de trabajo y el consumo popular luego de una crisis multidimensional sin precedentes.

Una subjetividad colectiva heterogénea se fue centralizando bajo formas de sostén estatal, mientras el alza de los precios internacionales de las commodities posibilitaba el financiamiento de esta nueva fase de interacción social y económica ralentizando la restricción externa. A su vez, estas iniciativas de gobierno se articulaban a una serie de experiencias progresistas en el marco de una reconfiguración política de la región latinoamericana.

En términos de derechos humanos se promovió la anulación de las leyes de impunidad, se propiciaron los juicios por lesa humanidad y se instituyeron políticas de memoria en los espacios en los que habían funcionado centros clandestinos de detención (Ohanian, 2012). La reapertura de los juicios constituyó un momento de quiebre con la política de impunidad impulsada desde los años 90 y actualizó viejas subjetividades autoritarias que defendían a los represores. A su vez, se produjo un acercamiento de múltiples referentes de las organizaciones de derechos humanos al gobierno nacional y se generaron iniciativas de políticas públicas de gestión conjunta. Con todo, es menester reconocer que más allá del histórico mojón que nuestra sociedad fue construyendo respecto de una política de la memoria, la verdad y la justicia, en el país de los derechos humanos también hubo situaciones repetidas de violencia institucional que mellaron promesas del “pacto democrático”.

En torno a las políticas socioeconómicas, si bien en los primeros años de la poscrisis se crearon iniciativas socio-productivas para incluir a las fracciones desocupadas (muchas veces mediante la gestión social), y poco a poco se logró utilizar capacidad ociosa e integrar a amplias fracciones en el mercado de trabajo, las cifras de trabajadores con seguridades sociales nunca volvieron a ser las anteriores.

Esta capacidad integradora tuvo una meseta en el año 2008. Como en otros momentos históricos, el modelo de industrialización necesitaba más divisas para su financiamiento y, por ello, desde el gobierno nacional se propuso una modificación en las alícuotas de retención a las exportaciones (Piva, 2012). Esta modificación fue rechazada por las organizaciones patronales del campo y se desencadenó un conflicto entre el Estado y los productores agropecuarios que repolarizó a la sociedad; el gobierno no logró imponer esta iniciativa y apareció un nuevo cuello de botella. El conflicto entre subjetividades colectivas polares, canalizado a través de la confrontación entre la oposición y el gobierno nacional, asumiría una densidad relevante y mostraría el preludio de una crisis hegemónica que sólo se aplacaría -transitoriamente- con el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner en 2010.

No obstante, el gobierno del estado propuso iniciativas relevantes para hacer frente a la compleja situación social. Mediante tres iniciativas políticas se instauró una reforma que amplió y profundizó la seguridad social y las protecciones sociales; estas fueron sustantivas para proveer un piso mínimo de ingresos, protección y seguridades a la población con mayores vulnerabilidades; nos referimos a la moratoria previsional, a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al Programa Ingreso Social con Trabajo. Argentina Trabaja (PRIST). Dichas medidas fueron un soporte económico nodal en una sociedad en la cual, entre un 30% y un 50% de la población ocupada, según períodos, no posee las seguridades sociales vinculadas al empleo.

La AUH está sostenida mediante una ley nacional y constituye una transferencia condicionada de ingresos abonada mensualmente; esta se paga por cada hijo menor de 18 años cuando sus progenitores estén desocupados, tengan empleos informales o sean trabajadores del servicio doméstico. La AUH está bancarizada y gestionada por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). La inclusión de esta asignación en la estructura de la seguridad social constituye una innovación de relevancia puesto que históricamente sólo accedían a una asignación familiar los trabajadores registrados (Arcidiácono, Carmona Barrenechea y Straschnoy, 2011; Arcidiácono, Carmona Barrenechea y Straschnoy, 2013). Asimismo, la moratoria previsional, también sostenida mediante una ley nacional, posibilitó que amplias fracciones de trabajadores que efectuaron sus labores sin realizar aportes previsionales también accedieran a la seguridad social (Danani y Beccaria, 2015; Pautassi, Gherardi, y Giacometti, 2011). Finalmente, el programa Argentina Trabaja, si bien se incluye dentro de la trayectoria de asignaciones condicionadas de ingresos, que comenzaron a implementarse hacia finales de la década del 90, en su génesis posee algunas especificidades a considerar, a saber: se inscribe más plenamente en una labor de índole sociocomunitaria, implica un avance en la cogestión de políticas sociales y los ingresos tienen alguna correlación respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil (Maneiro, 2018). Es importante reconocer la relevancia que estas iniciativas poseen en lo que concierne al aprovisionamiento y al sostenimiento de la vida popular, sin embargo, también es necesario mencionar que estas políticas no fueron suficientes para construir un imaginario de integración social y un arco de promesas para el futuro. En otras palabras, si bien muchos trabajadores pobres cobraron estas “ayudas”, pocos se sintieron satisfechos con esta forma de integración social; el “pacto democrático” sólo les proveyó, retomando trabajos clásicos, una débil identidad de “pobres ciudadanos” (Dubet, 2010; Merklen, 2005).

Profundicemos este aspecto, los trabajos de campo realizados durante los últimos 15 años dieron cuenta de que las subjetividades colectivas de los trabajadores, incluso de aquellos que han tenido pocas experiencias de trabajo con derechos, ligan las expectativas de bienestar a la actividad laboral, evidenciando trazos poco sólidos con las identidades cuyos ingresos están ligados a la seguridad y/o a la protección social. En un artículo que se basa en un trabajo de campo del año 2014 diferenciábamos cuatro pefiles de representaciones ante la seguridad social, a saber: el asalariado excluyente, el trabajador proactivo, el(la) beneficiario(a) asceta y el ciudadano demandante. El primero considera que los ingresos deben ser sólo producidos por el salario sin ningún subsidio estatal, el segundo -si bien recibe asignaciones y/o programas socialesreniega que ellos y los entiende como transitorios pues el foco está puesto en la pro-actividad individual, el tercero es aquel que cuenta sus penurias para justificar su merecimiento y el cuarto, un perfil, que se acerca a la demanda de ingreso universal ciudadano (Maneiro, 2017).

Es importante tomar nota de que, sin desmerecer los avances sociales, algunos de los perfiles de los propios sectores populares más empobrecidos mostraban una disconformidad relativa con las políticas que los involucraban. A su vez, también, fueron apareciendo otras subjetividades colectivas que tensionan aún más el argumento. En estos primeros dos perfiles de entrevistados aparece una crítica más sólida a los programas y asignaciones. Algunos de estos entrevistados, incluso beneficiarios de las mismas, no sólo las significaban como insuficientes, sino como contraproducentes. Una estrategia de distinción se torna nodal a finales del segundo gobierno de Cristina Kirchner. ¿Podremos entender al trabajador excluyente y/o al proactivo como un exponente de lo que posteriormente la bibliografía llamará como el “mejorismo” (Semán y Welschinger, 2023)? Nuestros trabajos de campo nos muestran que, si bien hay diversas incomodidades con la forma “programa social” y, en determinados perfiles, ya desde mediados de la década pasada se manifiesta una exacerbación del esfuerzo individual como nudo del desarrollo personal (en una explícita controversia con las experiencias de otros pares), esta subjetividad resulta segmentada, volátil y contradictoria. Afirmamos que es segmentada, porque aún conserva papeles limitados para la seguridad y la protección estatal (restringido a figuras sociales representadas como vulnerables legítimas: mujeres con hijos y adultos mayores), volátil porque emerge en momentos en los cuales los entrevistados pueden hacer frente a su reproducción social mediante sus ingresos laborales pero se eclipsa ante accidentes o enfermedades y contradictoria porque se ve necesitada de justificar excepciones y contra argumentaciones (“mi mujer cobra el plan, pero es sólo por estos meses”, “cobramos la asignación por mis hijos pero eso es sólo para ellos, los adultos ni tocamos ese dinero”, etc.). A su vez, incluso en los segmentos más vulnerables, encontrábamos entrevistados que remitían a una idea de derechos y la relevancia de la universalidad de un ingreso social para las fracciones más pobres, evidenciando, la capilaridad de la dimensión social de la promesa del “pacto democrático”.

Todo lo anterior expresa fracturas y distinciones en las subjetividades colectivas. Un primer corte, aún acotado se manifestó frente a los juicios por lesa humanidad, pero sólo una minoría muy activa cercana a los represores aparecía en escena oponiéndose; sin embargo, la “crisis del campo” movilizó si bien con un fuerte pliegue de clase, a diversas capas sociales; una tensión geográfica emergía actualizando la dualidad campo-ciudad con complejas formas de articulación social con diversos niveles de centralización. Esta tensión entre ampliación de derechos, centralización política y persistencia de subjetividades fragmentadas constituyó una de las condiciones de posibilidad para la reconfiguración neoliberal posterior. Finalmente, y a pesar de la magnitud de las medidas estatales propuestas, las políticas de ampliación y profundización de la seguridad y la protección social instituyeron un zócalo nodal para la reproducción social popular, pero tuvieron dificultades para producir un centramiento de una subjetividad social activa. Afirmamos, por todo ello, que el kirchnerismo, si bien logró recomponer el pacto democrático en los primeros años, a lo largo del tiempo no pudo estabilizar una subjetividad colectiva hegemónica que integre demandas de afiliación socio-laboral; esta dificultad se vincula centralmente al problema de la restricción externa5 que al decir de Piva (2023) instituyó una democracia maniatada.

5. El retorno neoliberal

En 2015, luego de doce años de gobiernos kirchneristas, el oficialismo perdió las elecciones nacionales y asumió una alianza de centro-derecha comandada por un empresario, líder de un nuevo partido de derecha (Propuesta Republicana PRO), Mauricio Macri. El gobierno de Macri (2015-2019) se expresó y reorganizó popularmente en estas subjetividades disconformes previamente descriptas como así también en una arremetida antisindical; este gobierno nacional constituye un intento de reconfiguración del “pacto democrático” mediante una operatoria que reemplaza discursivamente los discursos igualitaristas y de derechos por una narrativa ligada al mérito como ordenador de desigualdades y jerarquías sociales; esta forma de legitimación de las desigualdades buscó despolitizar el conflicto social.

En esta misma línea, el gobierno fomentó una revisita a la década de 1970 que desafiaba los consensos básicos de la posdictadura y habilitaba iniciativas de reversión de los procesos de justicia. El intento de aplicación del beneficio del “2x1” para condenados por delitos de lesa humanidad representó un desafío directo al núcleo del “pacto democrático”, al pretender relativizar el carácter fundante del proceso de memoria, verdad y justicia (Franco, 2025). Sin embargo, al igual que sucedería luego en otras áreas, esta iniciativa encontró un límite en la irrupción de una subjetividad colectiva que, mediante una movilización masiva y transversal, reafirmó el rechazo social a la impunidad6.

El gobierno de Mauricio Macri intentó realizar un ajuste fiscal, una modificación estructural de las relaciones laborales y una ampliación del papel del sector privado en la economía; sin embargo, su capacidad para transformar la sociedad en estas áreas fue limitada. A lo largo del período de gobierno se evidenció una profundización de la recesión económica -con aumento de la pobreza, la indigencia y la desocupación-, un desequilibrio en las cuentas públicas y, como tentativa de lidiar con ello, un fuerte aumento de la deuda externa: Argentina regresó al Fondo Monetario Internacional y un año más tarde acordó un préstamo stand-by de magnitud excepcional (Morresi y Vicente, 2019). El proceso de endeudamiento fruto de la restricción externa, pero también de un proceso de financiarización más pronunciado de la economía, en contrapunto, sí constituyó una transformación sustantiva de la sociedad que dejaría huellas aún presentes.

En este itinerario, la ofensiva neoliberal adoptó un sendero específico: no tuvo como nudo principal del ajuste a los trabajadores más precarizados y pobres, sino, centralmente, la promoción del sector financiero y la transformación de las regulaciones de los trabajadores con derechos, buscando reconfigurar ese núcleo sólido de la relación capital-trabajo (Morresi y Vicente, 2019).

A pesar de que, al comienzo de la gestión, existía una relativa legitimidad social para instalar recortes y limitaciones en las protecciones sociales, el gobierno nacional accedió, a fines de 2016, a la presión de las organizaciones sociales para la Ley de Emergencia Social. Esta ley fue demandada por un arco heterogéneo de organizaciones que se movilizaron de manera masiva, negociaron dentro del poder legislativo y presionaron al poder ejecutivo para su aprobación (Maneiro y Núñez, 2021). El resultado brindó un soporte mínimo de ingresos bajo el soporte de un salario social complementario y un reconocimiento público de estas organizaciones. En esta misma línea, durante esta presidencia se amplió la cobertura de la AUH a trabajadores independientes de bajos ingresos (monotributistas de las categorías más bajas), cuya relevancia, en un contexto de creciente fragmentación y heterogeneidad de la población económicamente activa, resultaba cada vez más significativa.

El intento de llevar adelante una reforma estructural de la relación capital-trabajo mediante una reforma laboral integral y la iniciativa legislativa de modificar la reglamentación que instituye la previsión social, proponiendo un retraso de las edades jubilatorias fueron indicadores de este camino (Gradin y Soto, 2020). Con todo, este sendero encontró un límite en la movilización popular y si bien se logró aprobar legislativamente la reforma previsional, no se logró imponer la reforma laboral (Puello Socarrás, 2023). Los trabajadores organizados, muchos de ellos bajo la forma sindical, fueron el correlato de una subjetividad trabajadora que, aunque desprestigiada se mantenía vigente y logró poner coto a esta nueva ofensiva (Campos, 2020). La forma sindicato, considerada como vetusta por ciertas fracciones, mostraba algunas de sus capacidades de presión y funcionaba como referencia organizativa para otros grupos sociales. A su vez, las organizaciones populares, otrora organizadas en movimientos de desocupados, lograron densificar una organización que había sido fundada en 2011, para agremiar a la “economía popular”, proceso que, pocos años después derivaría en la constitución de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) (Hudson, 2024). En este sentido, puede observarse una cierta centralización de las subjetividades colectivas populares producida en las prácticas de resistencia callejera al neoliberalismo.

En paralelo, aunque con menor grado de centralización y evidenciando formas más heterogéneas de expresión, el movimiento feminista -articulado en torno a la demanda de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la generación de políticas públicas contra la violencia de género- constituyó una subjetividad social expandida y de gran intensidad, movilizada por la ampliación de derechos.

En este marco, la segunda mitad del gobierno de Macri constituyó un hito en la movilización social. Argentina se posiciona como uno de los países con mayores niveles de conflictividad, con un notable incremento de eventos contenciosos hacia 2019 (Puelloo Socarrás, 2023). Los nudos de demanda se concentraron en la defensa de los salarios, los derechos laborales, las políticas de protección de la economía popular, las demandas de género y la defensa de la educación pública.

Lejos de estabilizar un nuevo orden, el macrismo profundizó la crisis del “pacto democrático”; su intento de despolitizar el conflicto social coexistió con una intensificación de la movilización y una creciente fragmentación de las subjetividades colectivas. Con un marcado desgaste de su legitimidad, los últimos años del gobierno mostraron la precariedad del apoyo social al proyecto neoliberal; en ese escenario, la rearticulación de estas subjetividades colectivas en la calle constituyó una de las condiciones de posibilidad para el retorno del peronismo al gobierno con nuevas promesas políticas y sociales.

6. “Volver mejores”

A fines del año 2019 Alberto Fernández, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner, asumía la presidencia. El acto de asunción del nuevo gobierno y los primeros meses actualizaron algún entusiasmo popular -ciertas señales en la constitución del gabinete y en los anuncios de políticas sociales-, pero muy poco tiempo después todo se trastocaría por el comienzo de la pandemia por COVID-19 y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

La pandemia se presentó en un contexto social y económico muy crítico. Gabriela Benza, Pablo Dalle y Verónica Maceira (2022) afirman que se asociaron dos crisis: la crisis pre pandémica del macrismo y la crisis pandémica propiamente dicha. La primera era resultado de un proceso de desfinanciamiento y endeudamiento producto de la gestión gubernamental de Mauricio Macri. La segunda evidenció las dificultades para afrontar una pandemia garantizando derechos en una sociedad con seguridades sociales tan estrechas y precarias. Ambas tuvieron efectos negativos en el empleo y en los ingresos de los hogares.

Hacia finales de marzo del año 2020 se decretó el ASPO en una sociedad en la que casi el 36% de la población económicamente activa trabajaba como asalariada sin protecciones sociales y poco más del 22% trabajaba por cuenta propia (INDEC, 2020a). En trabajos previos nos hemos preguntado por las condiciones que hicieron posible que millones de personas -sin seguridades sociales ni infraestructuras de hábitat adecuadas- acataran el aislamiento (Maneiro y Pacheco, 2023). Pues, la política de prevención de contagios masivos contó, durante los largos primeros meses de la pandemia, con un decidido apoyo popular que combinó expectativas políticas diversas con la creencia en la autoridad de la ciencia biomédica (Maneiro y Pacheco, 2023).

El ASPO trastocó la cotidianeidad de la sociedad y diezmó las economías de los trabajadores pobres mientras la desocupación ascendió al 13%, llegando a alcanzar a casi un millón y medio de trabajadores (2020b). Frente a esta situación, el gobierno nacional promovió un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)7, aumentó los montos de la AUH y acrecentó la cantidad de dinero otorgada a las familias con niños, niñas y adolescentes para la compra de productos alimentarios8 (De Sena, 2020). A su vez, en los barrios populares, se efectuaron operativos de cuidado colectivo mediante las organizaciones sociales para la provisión alimentaria y el acompañamiento de los hogares infectados (Fernández Bouzo y Tobías, 2020; Señorans, Fernández Álvarez y Pacífico, 2021). En los hechos se avanzó, en medio de la emergencia, en un nuevo paso en la cogestión social de las políticas públicas. Si la fila uno de los cuidados fue el sistema público de salud, la fila cero fueron las organizaciones sociales (Maneiro, 2024).

Sin embargo, a pesar de que esta fue la urdimbre social que posibilitó afrontar popularmente los primeros meses de la pandemia, poco a poco, la tolerancia social al ASPO se fue diluyendo mientras las políticas de cuidado se iban deteriorando y los déficits de infraestructura evidenciaban la desigualdad social. En los barrios populares de las periferias urbanas, si bien las trabajadoras comunitarias fueron consideradas trabajadoras esenciales, ello no supuso una retribución o un reconocimiento formal; el hacinamiento, los déficits de agua potable, etc. fueron la contracara de la publicidad que fomentaba el ASPO; a su vez, el IFE sólo tuvo tres desembolsos, a pesar de la prolongación del ASPO lo que profundizó la desprotección. La situación social y económica llegó a momentos durísimos y, dentro de ese marco, el ASPO se fue desgranando como así también las subjetividades sociales que lo sostenían.

En el contexto de la pandemia el “pacto democrático” se reactualizó pero con ambivalencias; si por un lado, hubo una apelación al valor de la vida colectiva y al deber del Estado de proteger a la población como núcleo que legitimó medidas de excepción del ASPO en clave sanitarista; por otro lado, la experiencia de las organizaciones de memoria y de políticas públicas de restitución simbólica siguió constituyendo un horizonte que obligaba a pensar la gestión de la crisis desde la dignidad y la reparación. No obstante, la persistente desigualdad estructural y la sensación de abandono en los barrios populares erosionaron la centralidad práctica de estas referencias. La defensa de los derechos humanos siguió presente como marcador identitario y retórico, pero perdió alguna eficacia como articulador de expectativas distributivas.

La narrativa de “volver mejores” convivió con una tensión entre la invocación a los derechos humanos y el cuidado colectivo y la incapacidad material del Estado para garantizar derechos económicos y sociales, condicionando la estabilidad del pacto democrático y alimentando segmentaciones de subjetividad que si bien no reivindican la deslegitimación del repertorio de los derechos humanos -al menos de forma mayoritaria-, sí lo subordinan frente a demandas inmediatas de reproducción (Kessler y Vommaro, 2024). A su vez, las organizaciones sociales quedaron prendidas de la erosión de la fuerza política gobernante y fueron el eslabón más débil del desarme institucional de las políticas públicas de gestión social.

En este contexto de dificultades, la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo a finales del año 2020 actualizó confrontaciones sociales que aparecieron no sólo en los aspectos materiales sino también en pliegues culturales y simbólicos; mientras que esta sanción, fue para el movimiento feminista9fue una conquista de derechos que amplió el pacto democrático (Singer, 2022) para otras subjetividades operó como un elemento de polarización que la extrema derecha capitalizó en el medio de una crítica a las políticas de ASPO.

No se puede obviar que la política de control de los contagios masivos fue exitosa en evitar una tensión extrema del sistema de salud (Ariovich et al, 2022), aunque también es menester reconocer que una reactualización de viejos rencores de clase emergió desde las fracciones más vulnerabilizadas, sobre todo aquellas que se quedaron sin ingresos y, o no cobraron “ayudas”, o consideraron que fueron suficientes. Estas fracciones fueron componiendo una subjetividad que, si bien estaba parcialmente presente en otros períodos, adquirió una mayor solidez y expansión. Semán las define a partir de la noción de “mejorismo” (Semán y Welschinger, 2023) entendido como un componente sustancial de una subjetividad colectiva en la que la persistencia de expectativas de movilidad y bienestar convive con una creciente individualización de las estrategias de realización. En sintonía con otras investigaciones (Elbert y Morales, 2022; Infante y Núñez, 2024), nuestros trabajos de campo en barrios populares periféricos entre los años 2021 y 2024 no evidencian un corrimiento cabal de las demandas al estado, sino una marcada actitud crítica acerca de la dificultad estatal para llevar a cabo el bienestar y una expresa estrategia de distinción horizontal con otras fracciones del mismo segmento social. En este sentido encontramos un nuevo momento en el descentramiento de las identidades en la subjetividad popular; este descentramiento se puede notar en diversos perfiles: el joven “mejorista” que, a pesar de que fue beneficiario de programas juveniles de finalización escolar y/o AUH expresa una actitud crítica y de menosprecio de las iniciativas de políticas sociales; las jóvenes “mejoristas” que, si bien priorizan su esfuerzo individual reconocen el papel (limitado) del estado y dan cuenta de las redes comunitarias; la mediana edad que, con un pliegue de género manifiesta una articulación tensa entre responsabilidades individuales, comunitarias y estatales; la generación adulta que tiende a enfatizar la responsabilidad estatal en la producción social. Mientras que el pacto democrático funcionaba como un centro organizador de sentido, la experiencia de la pandemia amplió el descentramiento de las subjetividades populares en una convivencia de elementos contradictorios: la demanda al Estado y, simultáneamente, el menosprecio de sus instrumentos. No obstante, estos perfiles bajo el corte de género y de generación, no están cristalizados.

A su vez, estos hallazgos, lejos de implicar la sustitución de subjetividades colectivas previas, expresaron una articulación más o menos conflictiva en los mismos perfiles y entre perfiles.

Las modalidades que intersectan parcicas diversas en las experiencias de aprovisionamiento cotidiano hace necesaria la precaución en el entenidmiento de los perfiles mencionados. Ya, antes de la pandemia Gago había atendido a las formas operaciones extractivas del capital en los barrios periféricos evidenciando no sólo contraposiciones sino también interdependencias con las redes comunitarias (Gago, 2015; Maneiro, 2024; Manzano y Barreto, 2025).

Las subjetividades populares previamente constituidas no se disolvieron, sino que se rearticularon en un campo crecientemente polarizado, en el que las expectativas sociales de mejoramiento se expresaron de manera articulada, divergente y/o antagónica, alcanzando niveles de agresividad.

La “vuelta a la normalidad” trajo una sociedad más desigual, con niveles de pobreza y vulnerabilidad mayores. La iniciativa del gobierno se reorientó hacia una expansión de programas sociales que llegaron a más de un millón doscientas mil personas, que en momentos de crisis estructural se tornaron nuevamente garantes de la reproducción popular aunque no resultaron suficientes para integrarlos de forma sostenida. La adecuación de estas herramientas estuvo crecientemente tensionada por un malestar general producido, entre otros aspectos, por la tremenda inflación, la escasez de recursos, la polarización social y las restricciones macroeconómicas. La gestión de gobierno estuvo atravesada también por las dificultades propias, puesto que no lograron superar los múltiples conflictos en la coalición de gobierno y ejecutar políticas claras más allá del ASPO. En términos sociales, la pospandemia se caracterizó por una dinámica inflacionaria persistente que ascendió a más del 200% anual en el año 2023 y licuó los ingresos de los trabajadores; la incapacidad de organizar la economía fue la evidencia más de la fragilidad del comando estatal que, sin embargo, condensaba crisis diversas.

Como se afirmó en apartados previos, los procesos inflacionarios generan efectos nodales en los ingresos de los trabajadores y quiebran las formas de previsión social; las demandas de ordenamiento social y económico aparecieron como una de las fuentes de expectativas en una opción política de ruptura; sin embargo, nuestros trabajos de campo no evidenciaron una oposición sustantiva contra las políticas de derechos humanos. Este elemento, no obstante, aparece como complemento de esta nueva oferta política novedosa y aún -a pesar de la violencia expresada desde las dirigencias de la derecha extrema y su núcleo militante- no se ha cristalizado (¿todavía?) en las subjetividades populares.

7. Palabras finales

A finales del año 2023, en este complejo marco de la bisagra entre la pandemia y la pospandemia, Javier Milei, un outsider partidario de derecha extrema gana las elecciones. Este artículo intentó aportar otro prisma para comprender las condiciones de posibilidad de este ascenso. Por todo lo argumentado, en este trabajo no proponemos una perspectiva concluyente acerca de que el ascenso de la derecha extrema constituya una clausura definitiva del ciclo iniciado a comienzos de la década de 1980, sino una profunda crisis de la subjetividad ligada al “pacto democrático” como núcleo de centralización e identidad colectiva.

Uno de los nudos del argumento que presentamos se encuentra en las dificultades del estado democrático para cumplir con su promesa democrática e igualitaria. La experiencia de la pospandemia y el proceso inflacionario del 200% interanual funcionaron como dos núcleos de debilitamiento de la subjetividad democrática clásica que ya se encontraba en crisis para mediados de la década pasada. Mientras el gobierno de Alberto Fernández prometió "volver mejores", la continuidad aletargada del ASPO, primero y la inflación, posterior, licuaron no solo los ingresos, sino la propia autoridad del comando estatal. El Estado apareció ante las subjetividades populares como un ente capaz de gestionar la subsistencia mínima, pero impotente para garantizar un horizonte de previsión y certezas integradoras.

Nuestros trabajos de campo nos hacen pensar que no estamos ante una sociedad que se volvió unívocamente de derecha extrema, sino ante una intensificación de la coexistencia conflictiva de sentidos. Existe una demanda contradictoria y dual, mientras se demanda protección al Estado se menosprecian sus algunos de sus principales instrumentos. La derecha extrema logró politizar esta contradicción, transformando el malestar individual en una subjetividad juvenil de ruptura, que, sin embargo, no sabemos aún si se encuentra solidificada.

Un hallazgo de esta investigación es que, si bien la dirigencia de la derecha extrema despliega una narrativa agresiva contra el repertorio de los derechos humanos, esta no se ha cristalizado -al menos de forma mayoritaria- en las subjetividades populares. Para los sectores vulnerabilizados, la urgencia de la reproducción material ha subordinado la agenda de los derechos humanos, pero no la ha borrado. El "pacto democrático del Nunca Más" sigue operando como un marcador identitario, aunque ha perdido su capacidad de articular expectativas distributivas.

Nuestra sociedad, se encuentra atravesando un proceso transicional, posiblemente, una democracia liminar in between (Grimson, 2024), compuesta por un estado de frontera que aún no se ha convertido, o tal vez, estamos transitando una policrisis (Svampa, 2025), es decir una superposición de múltiples crisis que se refuerzan y amplifican su impacto. En algún sentido acordamos con Domingues (2025) quien entiende que habitamos un momento de debilidad de los proyectos democráticos que quedan encorsetados en modelos pretéritos que poseen dificultades para disputar proyectos diversos de sociedad. Lo cierto es que las promesas bifrontes de un “pacto democrático” real aún podrían abrir un horizonte, siempre que se articulen con creatividades sociales y políticas que no pretendan aprisionarlo en viejas recetas que ya mostraron su incapacidad.

1

Tiempo atrás, una discusión emparentada puede encontrarse para el caso de Brasil en Bringel y Domingues (2018).

2

LA ley 23.492 de Punto Final fue sancionada en 1986 y estableció un plazo de 60 días para iniciar acciones penales contra los responsables de delitos de lesa humanidad, tras el cual las acciones prescribían, a su vez, la ley 23.521 de Obediencia Debida fue sancionada en 1987 y presumía que los oficiales de rango inferior (menores a coronel) actuaron bajo órdenes superiores, eximiéndolos de responsabilidad penal, salvo en casos de apropiación de niños, violación o robo.

3

Entre 1989 y 1990, el presidente Carlos Saúl Menem dictó una serie de decretos que alcanzaron tanto a los comandantes de las Juntas que habían sido condenados en 1985 como a dirigentes de organizaciones político-militares y militares que se levantaron contra la democracia (“carapintadas”). Estos clausuraron temporalmente el avance judicial sobre el terrorismo de Estado hasta que, en 2003, el Congreso los declaró nulos, permitiendo la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

4

Concordamos en este aspecto con el abordaje de Tapia (2012).

5

La restricción externa en la pos convertibilidad posee algunos elementos que la diferencian de los períodos previos. Segun Wainery Schorr (2015) los componentes principales ligados a este problema se encuentran en la fuerte extranjerización de las cúpulas empresarias (y la consecuente remisión de utilidades al exterior), la elevada dependencia de insumos importados por parte de la industria local y la persistente fuga de capitales.

6

El 10 de mayo de 2017, más de medio millón de personas se concentró en la Plaza de Mayo y en las principales plazas de todo el país para repudiar el fallo de Suprema Corte de Justicia que permitía aplicar la derogada ley conocida como "2x1" -que contabilizaba un año como dos para las personas con prisión preventiva- a un represor condenado por crímenes de lesa humanidad.

7

El Ingreso Familiar de Emergencia “consiste en una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional, destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Decreto 260/2020.” (ANSES, 2020). El monto de la prestación equivalía a casi el 60% de un Salario Mínimo Vital y Móvil, aunque su frecuencia no fue mensual. La cantidad de personas seleccionadas para el cobro de la primera cuota asciende a casi 8,9 millones constituyendo, junto con la política de vacunación, la política de alcance poblacional más amplia de la pandemia.

8

La prestación Alimentar comienza con esta nueva gestión de gobierno y se enlaza a una serie de políticas bajo la consideración de una emergencia alimentaria. Esta prestación adosa un monto dinerario a los beneficiarios de la AUH para la compra de alimentos.

9

Luego de una lucha muy significativa, que es recordada como la “marea verde” se aprueba la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el 30 de diciembre de 2020 legalizando el aborto hasta la semana 14 (inclusive) sin necesidad de justificar la decisión.

Información sobre financiación

Esta investigación se realizó con apoyo del CONICET.

Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial

No se ha utilizado una herramienta de IA en el desarrollo de este trabajo. *

Declaración de disponibilidad de datos

La disponibilidad de los datos no aplica a este artículo, ya que no se crearon ni analizaron datos/datos nuevos en este estudio.

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Declaración de conflicto de intereses

No existen posibles conflictos de intereses en la realización y comunicación de la investigación.

Editoras responsables de la revisión y Edición

Carolina Alves Vestena e Bruna Bataglia.

Fechas de Publicación

  • Publicación en esta colección
    14 Set 2026
  • Fecha del número
    2026

Histórico

  • Recibido
    31 Mar 2026
  • Acepto
    13 Abr 2026
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