Feminismo, Iglesia Católica y derechos sexuales y reproductivos en el Chile post-dictatorial

Feminism, Catholic Church and Sexual and Reproductive Rights in the Post-Dictatorial Chile

ARTIGOS

Feminismo, Iglesia Católica y derechos sexuales y reproductivos en el Chile post-dictatorial

Feminism, Catholic Church and Sexual and Reproductive Rights in the Post-Dictatorial Chile

José Manuel Morán Faúndes

Universidad Nacional de Córdoba

RESUMEN

La sexualidad y la reproducción se han tornado en las últimas décadas campos de disputas entre sectores antagónicos, generando una dinámica regional de avances y regresiones en la agenda de derechos sexuales y reproductivos. Chile no ha sido la excepción, y muchas reformas en estas materias han sido frenadas por la oposición ejercida por los sectores más conservadores, mientras otras simplemente no han llegado siquiera a abrirse a discusión pública. La literatura suele destacar la existencia de dos grandes causas que pueden explicar los obstáculos para el reconocimiento de estos derechos en el país: la influencia que ha tenido la jerarquía católica en el delineamiento de políticas sexuales, y el debilitamiento de los movimientos feministas y de mujeres en el período post-dictatorial. El presente artículo analiza ciertos factores que buscan iluminar las causas de estos dos procesos. En el caso de la Iglesia Católica, se consideran dos factores que explicarían la influencia de esta institución en el delineamiento de las políticas sexuales de la post-dictadura: la autoridad moral conferida a la misma por su rol social y político desempeñado durante el siglo XX, y el rol otorgado por las elites a la iglesia en la búsqueda del consenso político durante los noventa. Para el caso del feminismo, se analizan en tanto los procesos de normalización del discurso, la devaluación de la militancia y la institucionalización del movimiento como factores explicativos de su debilitamiento en la capacidad para incidir en las políticas sexuales.

Palabras claves: Iglesia Católica; feminismo; Chile; derechos reproductivos; derechos sexuales.

ABSTRACT

In the last decades, sexuality and reproduction have become areas of disputes between antagonistic actors, generating a regional dynamic of advances and retreats on the sexual and reproductive rights agenda. In Chile, many reforms in these areas have been stopped by conservative opposition, while others simply have not even become publicly discussed. Current literature highlights the existence of two major causes that can explain the obstacles to the recognition of these rights in the country: the influence of Catholic hierarchy in the shaping of sexual politics and the weakening of feminist and women movements in the post-dictatorial period. This article pretends to analyzes some factors that can clarify the causes of these two processes. In the case of the Catholic Church, I consider two factors that could explain the influence of this institution in the delineation of post-dictatorial sexual politics. First, the moral authority conferred to the church because of its social and political activity throughout the twentieth century, and second, the role given to it by the elites in the achievement of political consensus during the nineties. In the case of feminism, I analyze the process of normalization of its discourse, the devaluation of militancy and the institutionalization of the movement, as explanatory factors of the weakening of its ability to impact sexual politics.

Key Words: Catholic Church; Feminism; Chile; Reproductive Rights; Sexual Rights.

Desde la década de los setenta y hasta la actualidad, en América Latina los movimientos feministas han buscado politizar espacios que tradicionalmente se han considerado como parte del ámbito privado y/o personal. Las relaciones de género y las formas de comprender el cuerpo y la sexualidad han sido enarbolados por estos movimientos como lugares de reivindicación política, en su búsqueda por denunciar los diversos discursos y prácticas que han perjudicado históricamente a algunos sectores específicos de la sociedad en base a sus expresiones sexuales y de género (además de clase, raza o etnia), y por avanzar en el reconocimiento de sus derechos.

Como parte de este proceso de politización y articulación de demandas, y producto de los logros a nivel internacional que significaron la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), a partir de los años ochenta y noventa las feministas comenzaron a establecer la agenda de los derechos sexuales y reproductivos como un eje central de su lucha.¹ Estos derechos se introducen en el campo de acción de los feminismos no sólo como una estrategia para efectivizar cambios legales, sino como un paradigma alternativo a las formas tradicionales de comprender la sexualidad y las formas de regulación sobre los cuerpos que operan en las sociedades contemporáneas.² Aunque la agenda de los derechos sexuales y reproductivos está en constante construcción y revisión crítica, ya que los contextos de su aplicación son variados, y las miradas y posiciones políticas que cohabitan en el interior de los movimientos son heterogéneas, es posible dar cuenta de la existencia de algunos puntos que suelen ser centrales dentro de la misma. Así, las demandas por la legalización del aborto, la incorporación de una educación sexual laica en las escuelas, el acceso a métodos anticonceptivos seguros, el derecho a la no discriminación por motivos de género o sexualidad, la configuración de políticas sexuales que no se funden sobre la base de la heterosexualidad obligatoria³ o la conyugalidad, entre otras, hacen parte de esta búsqueda por el reconocimiento de los derechos asociados a la sexualidad y la reproducción. Todas estas demandas hacen parte, de un modo más amplio, de lo que algunos/as autores/as asumen como luchas por la ampliación de la 'ciudadanía sexual'.⁴ Entendida como aquella ciudadanía que contempla el ejercicio efectivo de derechos sexuales y de derechos reproductivos, así como la expresión subjetividades políticas que no demarquen exclusiones en base al sexo, el género o la sexualidad,⁵ la ciudadanía sexual se erige como el marco que expresa las demandas de movimientos feministas (y también de la diversidad sexual) por el reconocimiento de derechos de sectores históricamente marginados.

Si bien en las últimas décadas los feminismos han conseguido importantes logros, la concreción de políticas que atiendan a las demandas establecidas en el marco de los derechos sexuales y reproductivos no ha estado exenta de tensiones. Entre los principales opositores a esta agenda, la jerarquía de la Iglesia Católica se ha posicionado como uno de los actores de mayor peso en la región. Su visión respecto de una sexualidad exclusivamente reproductiva, heterosexual, adulta y conyugal, colisiona directamente con la agenda feminista, volviéndose una franca oposición al reconocimiento de los derechos en cuestión.⁶

De este modo, la sexualidad y la reproducción se han tornado en las últimas décadas campos de disputas entre sectores antagónicos. Esto ha generado una dinámica regional de avances y regresiones en la agenda de derechos sexuales y reproductivos, observándose hoy en día lugares que han avanzado en el reconocimiento de ciertos derechos, y retrocedido en otros. Así, lejos de ser lineal, la dinámica de esta agenda es discontinua y variable. Considérense por ejemplo el caso de México. Mientras en el Distrito Federal se observó un importante avance cuando en el 2007 se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas de gestación, inmediatamente después algunos otros estados del país realizaron enmiendas constitucionales para proteger la vida del feto desde el momento de la fecundación.⁷

Chile no ha sido la excepción, y aunque en las últimas dos décadas se han observado importantes avances en el reconocimiento de las demandas feministas y de los movimientos de mujeres,⁸ muchas reformas han sido frenadas por la oposición que han tenido los sectores más conservadores, mientras otras simplemente no han llegado siquiera a abrirse a discusión pública. Así por ejemplo, cuando el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle implementó las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS) en las escuelas, la iniciativa fue fuertemente rechazada por la Conferencia Episcopal chilena, y dejada de lado finalmente por el gobierno; el aborto sigue estando penalizado en todas sus formas y sin excepción de no punibilidad desde que en 1989 Pinochet declarara su ilegalidad;⁹ Chile no contó con una ley divorcio sino hasta el año 2004, siendo hasta entonces el único país del mundo que no contaba con una legislación que regulase las rupturas matrimoniales; los intentos por promulgar una ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos han quedado estancados en dos ocasiones¹⁰ dentro del parlamento, sin llegar a ser discutidos en ninguna oportunidad. Estos son algunos ejemplos que grafican no sólo los desafíos aun pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos en el país, sino también la obstaculización a la que esta agenda se ha enfrentado para avanzar en su reconocimiento.

La literatura existente suele destacar la existencia de dos grandes causas, perfectamente compatibles entre sí, que pueden explicar las dificultades que han tenido estos derechos para ser reconocidos en el país, y materializarse en políticas públicas y reformas legales concretas. Una primera posición resalta el importante peso que ha tenido la jerarquía de la Iglesia Católica chilena en el delineamiento de políticas sexuales opuestas a los nuevos paradigmas sobre la sexualidad y la reproducción, en especial a partir de la década del noventa.¹¹ Otra posición, en tanto, ha destacado el debilitamiento de los movimientos feministas y de mujeres,¹² en los últimos veinte años, y su consecuentemente escasa influencia en la determinación de la agenda política nacional.¹³ Ambas dimensiones han conformado obstáculos para el avance de algunos de los temas específicos de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en el país.

Dado lo anterior, en el presente artículo analizo ciertos factores que buscan profundizar las causas por las que la jerarquía de la Iglesia Católica adquirió tanta fuerza política en Chile durante la post-dictadura¹⁴ y, contrariamente, por las que los movimientos feministas se debilitaron. En este sentido planteo algunas reflexiones acerca de los procesos sociopolíticos de la historia reciente del país que parecen haber incidido en la reconfiguración de las prácticas, demandas y estrategias de estos dos actores en el Chile de los años noventa y principios del siglo XXI.

Lejos de presentar el análisis de ambos factores desde una perspectiva positivista que considera que la realidad social puede ser explicada mediante leyes universales de causa-efecto, asumo tanto a los movimientos feministas como a la jerarquía católica como actores sociales que además de construir la realidad, están sujetos a estructuras que condicionan su actuar.¹⁵ En este sentido, los avances y retrocesos que ha sufrido la dinámica de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en Chile debe comprenderse como un proceso radicalmente situado en un lugar y tiempo determinados. Así, la idea es reflexionar acerca de la concatenación de factores sociales, económicos, políticos e institucionales en el país, que puede servir para explicar los roles políticos de la jerarquía de la Iglesia Católica y de los feminismos en Chile, y la consecuente dinámica que ha atravesado el actual proceso de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Por último, el análisis propuesto no debe considerarse como exhaustivo en su capacidad explicativa. Más bien se plantea como una contribución para reflexionar sobre los orígenes de los obstáculos de esta agenda en el país, sin perjuicio de otros elementos o enfoques que puedan otorgar nuevas luces respecto de este tema.

La Iglesia Católica: de autoridad moral a garante de la democracia

En las últimas décadas del siglo XX, los mandatos de Karol Wojtyla y Joseph Ratzinger a la cabeza de la Iglesia Católica consagraron una agenda vaticana marcada por un fuerte énfasis en temas asociados a la defensa de un orden sexual conservador fundado en los principios morales católicos. Si el gobierno de Wojtyla priorizó durante los setenta y ochenta una política opositora al comunismo, a la teología de la liberación y al relativismo cultural o moral, entendidos todos como amenazas para la fe, el posterior debilitamiento del socialismo marcó un desplazamiento en dicha política, enfatizando al relativismo como el enemigo central para la iglesia.¹⁶ Entendido como un eufemismo para hablar de moral sexual,¹⁷ el relativismo moral supone la idea de una pérdida en la hegemonía de valores que se asumen como universales, y que dictarían las pautas de un orden sexual "correcto" a ojos de la iglesia, esto es, un orden sexual reproductivo, heterosexual y conyugal. Desde esta posición, la jerarquía católica ha establecido una política opositora de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, descalificándolos como expresiones del relativismo moral y la decadencia de los valores a nivel global.¹⁸ La preocupación vaticana por el relativismo moral que cobró especial fuerza desde los años noventa, y se ha mantenido hoy bajo el mandato de Ratzinger, ha acrecentado así la importancia asignada por el Vaticano a la vigilancia de la sexualidad, priorizando influir en las agendas y políticas públicas a fin de garantizar y defender un orden sexual basado en el dogma católico.¹⁹

En Chile, la incidencia de la jerarquía de la Iglesia Católica en el delineamiento de las políticas públicas referidas a la sexualidad es hoy evidente, a pesar de la separación formal que existe desde 1925 entre ésta y el Estado.²⁰ Su oposición a la promulgación de una ley de divorcio, a la legalización del aborto (incluso por causales específicas como violación, anencefalia o riesgo de vida materna), a la distribución gratuita de anticoncepción de emergencia, a la educación sexual laica en las escuelas, entre otros temas, ha logrado truncar el avance de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en estos últimos veinte años, desde el retorno de Chile a la democracia en 1990.²¹

Un ejemplo que puede resultar paradigmático de la fuerte influencia eclesiástica durante este período es el episodio ocurrido en los noventa en torno a las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS) impulsadas por el gobierno, y la oposición que despertó esta política en la Iglesia Católica. Las JOCAS constituyeron una política impulsada por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, orientada a constituir en las escuelas espacios de enseñanza y conversación en torno a temas relacionados con la sexualidad y la afectividad entre niños/as y jóvenes. Desde una perspectiva no necesariamente acorde a la posición que defiende el Vaticano (centrada en aspectos biológicos y afectivos, y no en cuestionamientos morales), se buscaba involucrar tanto al cuerpo docente de cada establecimiento educacional como a estudiantes y apoderados/as.²² El rechazo de la Iglesia Católica a esta política se hizo ver con fuerza durante 1996, desde el momento en que la Conferencia Episcopal chilena solicitó la revisión e inmediato retiro de las JOCAS. Pese a que la primera reacción del gobierno fue favorable a la continuidad de esta política y a la no revisión de la misma, el recrudecimiento de los argumentos opositores por parte de la Iglesia Católica (vinculados con la supuesta vulneración del derecho de las familias a decidir sobre la educación de sus hijos/as, así como al abordaje sanitarista que daba el gobierno a estas instancias, en desmedro de una mirada moral), junto con la alianza que encontró en la derecha política, hizo que el gobierno terminase cediendo ante la presión. El otorgamiento de un mayor peso relativo a los padres y las madres de los/as estudiantes en las jornadas, así como el confinamiento de las JOCAS a la administración del Ministerio de Educación, desligando de la gestión a las carteras de salud (MINSAL), de la mujer (SERNAM) y juventud (INJUV), devinieron en el debilitamiento de esta política.²³ Finalmente, luego de un intento por parte del gobierno por reactivar las JOCAS en el año 2000, el programa fue definitivamente suspendido tras las protestas de la Iglesia Católica y la Federación de Colegios Católicos.²⁴

Lo ocurrido con las JOCAS es un caso paradigmático de la incidencia de la jerarquía de la Iglesia Católica en materia de política sexual. Otro ejemplo de su influencia remite al lobby que ejerció desde inicios de la década del dos mil en contra de la distribución de la denominada "píldora del día después", y que derivó en el congelamiento de su suministro público entre 2008 y comienzos de 2010. Tras varias presentaciones judiciales que buscaron fallidamente prohibir el acceso de las mujeres a esta tecnología contraceptiva,²⁵ el 2007 un grupo de 31 parlamentarios/as presentó un requerimiento de inconstitucionalidad que buscaba prohibir su suministro (y también el de los dispositivos intrauterinos) en los servicios públicos de salud.²⁶ En abril de 2008, el Tribunal Constitucional decretó la inconstitucionalidad de la entrega de anticoncepción de emergencia en los hospitales nacionales.²⁷ Si bien en este caso la jerarquía eclesiástica no consiguió influir en el posicionamiento de los gobiernos de turno, quienes sostuvieron una constante voluntad por garantizar el acceso público a la anticoncepción de emergencia, la alianza de la iglesia con la derecha política y algunos sectores de la Concertación, especialmente los Demócrata Cristianos, devino en un fuerte lobby y una eficaz estrategia judicial que detuvo por más de un año su entrega en el sistema sanitario. La articulación entre la jerarquía católica y los sectores políticos conservadores fue decisiva.²⁸ Tanto fue así que, por ejemplo, en las audiencias concedidas por el Tribunal Constitucional para escuchar los argumentos de distintos organismos a favor y en contra del requerimiento de inconstitucionalidad, se hicieron parte actores católicos que abogaron a favor de éste, como fue el caso de la presentación realizada por Patricio Zapata en representación del Centro de Estudios del Evangelio.²⁹

Así, en las últimas dos décadas la Iglesia Católica ha ejercido constantemente presiones de diversa índole, mediante lobby, alianzas con sectores políticos, declaraciones en los medios o seguimientos y apoyo de procesos judiciales, a fin de cerrar los debates o evitar la ejecución de políticas públicas o la sanción de leyes que favorezcan de uno u otro modo la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Temas como el aborto, en definitiva, han quedado fuera del debate público, pese a los intentos de sectores feministas y de mujeres por posicionar estos tópicos en la agenda política.

¿Cómo explicar la fuerte incidencia de la Iglesia Católica en el delineamiento de las políticas sexuales desde el retorno a la democracia en Chile? ¿Qué factores incidirán en la perpetuación de este rol protagónico de la jerarquía eclesiástica en el delineamiento jurídico y político de la sexualidad de finales del siglo XX y principios del XXI? Desde una visión histórica, creo que hay por lo menos dos factores, interrelacionados entre sí, que pueden explicar esta fuerte influencia de la Iglesia Católica en la política sexual durante el período post-dictatorial: la autoridad moral conferida a la iglesia chilena por su rol social desempeñado a lo largo del siglo XX, y en especial durante el período autoritario, y el rol otorgado a la misma en la búsqueda del consenso político y la estabilidad democrática durante los noventa.

a) La autoridad moral de la jerarquía católica en Chile

El primer factor a considerar hace relación con la "autoridad moral" conferida por la elite política a la jerarquía católica en Chile, a raíz de sus acciones políticas y sociales realizadas a lo largo del siglo XX. Los roles desempeñados por la Iglesia Católica chilena en materia social y política durante el siglo pasado parecen haberle otorgado una cierta legitimidad en materia moral que le habría abierto determinados espacios políticos necesarios para devenir en un actor clave en la diagramación de las políticas sexuales durante los años noventa. Concretamente, me refiero a la labor social desempeñada por ésta en ayuda a los sectores marginados y carenciados a lo largo del siglo XX, y a la defensa que hizo de los derechos humanos de las víctimas de la dictadura militar de Pinochet entre 1973 y 1990.³⁰

Durante el siglo XX, la Iglesia Católica jugó un papel determinante en la organización del sindicalismo campesino, el impulso a la reforma agraria durante la década de los sesenta, el desarrollo de organizaciones barriales en sectores marginados que habían surgido tras la migración campo-ciudad, entre otros.³¹ Así, desde los años veinte, y a lo largo de gran parte del siglo pasado,

las preocupaciones por las condiciones de vida de los sectores populares queda[ron] relegadas al ámbito de intervención de la Iglesia o a la autogestión de los propios trabajadores. La caridad y el mutualismo se convirtieron, entonces, en la vía de solución a parte de los problemas del mundo popular.³²

Allí donde el Estado no llegaba, operaba la Iglesia Católica. Su compromiso con la justicia social le permitió ocupar, de este modo, un espacio que la consolidó no sólo como un actor político clave, sino que reforzó su autoridad en materia social y hasta moral.³³

Tras el golpe militar de 1973, se abriría un nuevo espacio de acción política para la jerarquía eclesiástica católica, que terminaría por robustecer su legitimación como actor político y autoridad moral. Ante el terrorismo de Estado y la política de violación a los derechos humanos ejercida por el gobierno militar encabezado por Pinochet, la Iglesia Católica ejerció un rol central en la defensa de estos derechos, especialmente a través de la Vicaría de la Solidaridad fundada por el cardenal Raúl Silva Henríquez poco tiempo luego de ocurrido el golpe militar:

Hasta el fin de la dictadura la Vicaría ayudó a un promedio de 90.000 personas por año. Unos 11.000 recibieron asistencia jurídica. Entre 1973 y 1988 presentó – conjuntamente con su antecesor institucional – unos 9.000 cargos de violación de la Constitución, de los cuales sin embargo, apenas 23 fueron tratados jurídicamente. Gracias a la labor de la Vicaría no hubo en Chile casos de desaparecidos después de 1977. También el número de casos de tortura disminuyó notablemente.³⁴

Si bien la labor de la Iglesia Católica durante el período autoritario se basó más en acciones concretas que implicaron la movilización de diversos recursos, y no tanto en apelaciones morales,³⁵ lo cierto es que el lugar ocupado durante la dictadura como férrea opositora del gobierno le otorgó un peso significativo como autoridad moral en la sociedad post-dictatorial. El ejercicio de esta autoridad, sin embargo, no supone durante el período democrático un acatamiento automático de parte de las autoridades y elites políticas a las disposiciones morales de la iglesia. Antes bien, implicó (y sigue implicando) el ejercicio de una suerte de "cobro de factura" que se desplegó (y despliega) en las acciones de lobby en contra de políticas sexuales contrarias a las disposiciones vaticanas.³⁶ Tal como lo grafica María Isabel Matamala Vivaldi,

Durante la dictadura (1973-1990), el sector conciliar de la iglesia protegió la vida de miles y denunció las violaciones a los derechos humanos. [...] El protagonismo de la Vicaría de la Solidaridad fue utilizado en la democracia emergente para presionar y subordinar a la Concertación directamente, o mediante el Partido Demócrata Cristiano.³⁷

Guillermo Nugent³⁸ caracteriza esta situación bajo el concepto de "factura moral", esto es, el ejercicio de una crítica selectiva que entabla la Iglesia Católica frente a determinados temas de la agenda política y social,³⁹ a cambio de ciertas prerrogativas tutelares en materia moral y sexual. Nugent lo ejemplifica con la siguiente frase: "hoy estoy contra la dictadura y la desaparición de las personas... pero cuando llegue la democracia no toquen el tema del divorcio o de la enseñanza obligatoria de religión católica en las escuelas públicas".⁴⁰

El poder de la factura moral radica en el peso que la propia elite política le ha otorgado a la Iglesia Católica en su capacidad de influir sobre el electorado. Es decir, la factura opera en base al imaginario que circula en los sectores políticos respecto de la capacidad de la jerarquía eclesial para movilizar electores/as a favor o en contra de un/a candidato/a, dado la autoridad moral que representaría para la ciudadanía por su compromiso anterior a favor de los derechos humanos y las cuestiones sociales.⁴¹

En este sentido, la autoridad moral de la jerarquía de la Iglesia Católica se materializa en un intenso poder de negociación con el Estado y los partidos políticos, quienes le ceden la capacidad de incidir directamente sobre las políticas sexuales. Así, se pone en cuestión la idea de que la Iglesia Católica sería "progresista" en materia social y conservadora en política sexual y de género, ya que el conservadurismo de su jerarquía en determinados temas es sustentado por un ejercicio político progresista en otras áreas.⁴²

Esto es lo que ocurre en el Chile de los noventa y de principios del siglo XXI. Una vez asumida la democracia, la jerarquía eclesial comienza a rehacer sus alianzas políticas, esta vez asociándose con la derecha conservadora,⁴³ y cobra a la coalición gobernante las facturas de su desempeño anterior con el fin de oponerse al avance de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos que implicaba temas como el aborto, la educación sexual, el divorcio o las políticas de prevención del VIH.⁴⁴

b) La jerarquía católica como garante del consenso y la estabilidad política

Un segundo factor que considero que puede servir para comprender la incidencia política de la jerarquía católica en la política sexual del período post-dictatorial chileno, es el rol otorgado por los sectores políticos a esta institución como garante del consenso político y social.

La democracia en Chile no llegó, como fue el caso de Argentina, por un debilitamiento y desgaste de la autoridad militar que se haya hecho insostenible. Antes bien, el reflorecimiento gradual de una sociedad civil que comenzó a perder el temor a la protesta tras la crisis económica de 1982,⁴⁵ junto con la apertura a la negociación entre las elites gobernantes y contra-elites que pavimentaron el camino para pactar la transición, fueron factores determinantes para la realización del plebiscito nacional de 1988 y la consecuente llegada del primer gobierno post-dictatorial.⁴⁶

En este proceso, la jerarquía de la Iglesia Católica chilena jugó un papel central, especialmente en la promoción del "Acuerdo Nacional para la Transición Plena a la Democracia" suscrito en 1985 por once partidos, tanto de derecha como de izquierda.⁴⁷ Por primera vez luego del golpe militar, las elites políticas gobernantes y opositoras se sentaron a discutir el modo de avanzar hacia la democracia, llegando a un acuerdo único respecto del proceso:

el Acuerdo Nacional ponía una vez en la discusión pública la pregunta sobre cuánto tiempo más iban los militares a mantenerse en el poder. Estos resultados fueron solamente posibles gracias a la iniciativa tomada por [el cardenal] Fresno y gracias al espacio que él dio a las conversaciones políticas. En aquella situación Fresno fue el hombre adecuado en el momento justo.⁴⁸

Tras el Acuerdo Nacional, la capacidad de la Iglesia Católica para aunar fuerzas antagónicas había quedado demostrada. Y esa capacidad devendrá en un capital político esencial durante los primeros gobiernos democráticos, dado el contexto político-institucional de la democracia chilena de los noventa que se caracterizaría por un constante temor al conflicto y la primacía de lógicas políticas consensuales.

El paso del autoritarismo hacia la democracia consistió fundamentalmente en un modelo de transición pactada donde las fuerzas democráticas accedieron a acatar las reglas del juego impuestas por la Constitución de 1980.⁴⁹ Adicionalmente, los resultados del plebiscito de 1988⁵⁰ habían dejado en claro el fuerte apoyo que la dictadura y los militares concitaban en una importante parte de la población chilena.⁵¹ Esto, sumado a los "enclaves autoritarios"⁵² que había heredado la democracia (entre los que se incluía la inamovilidad del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, cargo que ocuparía Pinochet inmediatamente retornada la democracia, así como el establecimiento de ex comandantes de las Fuerzas Armadas como "Senadores Designados"), constituyeron todos factores que contribuyeron a crear un régimen que se percibiría como altamente inestable, "vigilado" de cerca por los militares. Esta situación político-institucional propició un clima político donde predominaba la idea de que cualquier 'error', cualquier tensión con los militares o que cuestionara el orden público imperante, abriría posibilidades ciertas de un eventual retorno al autoritarismo. De hecho, los episodios del denominado 'boinazo' y del 'ejercicio de enlace',⁵³ incentivaron sin dudas este temor, procurando consecuentemente una política estatal orientada hacia la moderación y el consenso, por sobre la consolidación del modelo democrático, el restablecimiento pleno de la justicia y el respeto por los derechos humanos. Como indica Kathya Araujo, a partir de 1990 la esfera pública chilena quedó caracterizada, por "la preeminencia de criterios consensuales, el temor al conflicto, la restricción del debate y una representación desigual de los distintos sectores sociales".⁵⁴ En este sentido, el Chile post autoritario es construido buscando evitar y disolver los conflictos, impugnando los desacuerdos para crear la sensación de una sociedad fundada sobre el consenso respecto del modelo (económico, político y social) heredado desde la dictadura. Siguiendo a Tomás Moulian, "el consenso aparece como una resultante de una sociedad atemorizada, donde la simulación de acuerdos es una condición de sobrevivencia en un mundo de divisiones reales, vivas y activas".⁵⁵

Todo este contexto político institucional posicionó a la Iglesia Católica en un lugar privilegiado como fuerza garante del consenso y, por tanto, del orden político de esta incipiente democracia. Su demostrada capacidad para llamar al diálogo y lograr acuerdos políticos que tendieran hacia el centro y la moderación, la erigieron como un actor que parecía vital para sostener el régimen democrático ante los fantasmas del autoritarismo. De este modo, la influencia de la jerarquía eclesial en el delineamiento de ciertas políticas públicas de sexualidad se debe, además de la factura moral que cobraba (y aun cobra), al rol que las mismas fuerzas democráticas de los noventa le otorgaron como garante del orden político, lo que le concedió una inusitada capacidad de negociación política en materia de moral sexual.

Compréndase la diferencia: mientras la factura moral tiene que ver con una suerte de 'enrostramiento' de la iglesia hacia el Estado por toda la labor social y política ejercida por ésta durante el siglo XX, y en especial durante la dictadura militar, el carácter de garante del consenso político y del orden democrático es una envestidura que los propios actores políticos le otorgan a jerarquía católica. Así, si la factura moral es un capital político adquirido por el rol que desempeñó en el pasado, la investidura de 'garante del consenso' responde un rol político actual que se le otorga durante la post-dictadura. Son los actores políticos que temían un eventual retorno del autoritarismo quienes confieren a la Iglesia Católica una importancia tal en la estabilidad y gobernabilidad política, que le otorgan las herramientas necesarias para negociar con las elites gobernantes la configuración de ciertas políticas, como aquellas que se vinculaban con la sexualidad y la reproducción. Si a esto sumamos que la alianza establecida entre la jerarquía católica y la derecha política⁵⁶ tras el retorno a la democracia⁵⁷ implicaba que cualquier fricción de la Concertación con la iglesia suponía tensar además la relación del oficialismo con la derecha, es posible asumir la preeminencia de un escenario propicio para que la jerarquía católica efectivizara su lobby contrario a los derechos sexuales y reproductivos mediante la idea del consenso. Así, en consonancia con la tesis de Mala Htun, la articulación entre la Iglesia Católica y el gobierno cerró ventanas de oportunidad que posibilitaran reformas de ampliación y reconocimiento de estos derechos en el país.⁵⁸

Por supuesto, tras la detención de Pinochet en Londres en 1998, y el posterior proceso judicial al que se enfrentó en tribunales chilenos hasta su muerte en 2006, "se expandió un espacio de desmitificación sobre el modelo de desarrollo chileno, puesto que la sociedad fue tomando conciencia de que ella era capaz de tolerar mucha mas crítica y pluralidad de lo pensado".⁵⁹ Así, el carácter de garante de la democracia con el que los actores políticos concebían a la iglesia, ha venido transformándose a lo largo del siglo XXI. Pese a esto, la imagen de la Iglesia Católica chilena como apaciguadora del conflicto social aun no se ha desvanecido. Baste recordar los esfuerzos realizados por ésta, con la venia del gobierno de Sebastián Piñera durante el 2010, para llegar a un acuerdo entre el Estado y un grupo de mapuche presos que habían iniciado una huelga de hambre en reclamo por la aplicación de la Ley Antiterrorista en su contra. De esta manera, aunque de un modo distinto al que operaba en los años noventa, aun en la actualidad es posible observar características propias del rol político que adquirió la jerarquía católica chilena tras el retorno de Chile a la democracia, y que sin dudas constituyen parte de sus herramientas de negociación aun vigentes.

El feminismo chileno de la post-dictadura

Si bien es clave comprender los motivos por los que la jerarquía católica chilena ha adquirido la fuerza suficiente para obstaculizar el avance de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en el país, también resulta central entender el paralelo debilitamiento y fragmentación de los sectores feministas durante los años noventa.⁶⁰ Mientras que en otros países de la región los movimientos feministas han sido claves en la configuración de leyes y políticas públicas referidas a la sexualidad en los últimos años,⁶¹en Chile esta influencia no se ha visto con tanta fuerza. Si bien esto se debe en parte a la potente injerencia de sectores conservadores en la política chilena, el debilitamiento de los sectores feministas tras el retorno a la democracia es un factor que también ha sido gravitante.⁶² En este sentido, algunas de las demandas que han sido más representativas de los feminismos latinoamericanos en las últimas décadas, como la legalización o despenalización del aborto,⁶³ no pudieron ser posicionadas en la agenda política de ninguno de los cuatro gobiernos consecutivos de la Concertación,⁶⁴ salvo fugaces excepciones que tendieron muchas a veces a remitirse a los períodos de campaña electoral.

¿Cómo explicar esta debilidad del movimiento para posicionar la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en la agenda política nacional? ¿Sólo la fuerza de la jerarquía católica explica esta falta? Muy por el contrario, creo que esto también se explica, al menos parcialmente, por la forma en que el contexto político e institucional chileno de la década de los noventa incidió sobre los sectores feministas, dando lugar a tres procesos interrelacionados que confluyeron en un consecuente debilitamiento del feminismo en la post-dictadura. Estos procesos pueden resumirse bajo los conceptos de a) normalización del discurso y las demandas feministas, b) devaluación de la militancia y c) institucionalización del movimiento.⁶⁵

a) Normalización del discurso y las demandas feministas

El feminismo en Chile tiene una larga trayectoria. Las luchas de las mujeres de finales del siglo XIX y a lo largo de XX por reivindicar sus derechos civiles en pos de mejores condiciones laborales y de ejercicio de autoridad, y de derechos políticos, como el sufragio universal en la década del cincuenta, constituyen parte de la historia de un feminismo que entraría en una nueva etapa con la llegada de la dictadura en 1973⁶⁶ y, posteriormente, con el retorno a la democracia en 1990.

A lo largo de los años setenta y ochenta, el feminismo chileno asumió la lucha política por los derechos y reivindicación de las mujeres como una lucha íntimamente ligada a la oposición al régimen militar. Como indicaba la emblemática feminista chilena Julieta Kirkwood,⁶⁷ el autoritarismo observado en la política de la época evidenciaba el autoritarismo que también se ejercía en los espacios 'privados', como la familia, la educación o las fábricas, y la imposición de roles de género y sexuales dentro de éstos. Así, la politización feminista de los espacios privados, de la sexualidad, de las labores 'femeninas' como construcciones políticas regidas por formas de poder autoritarias, era asumida como una lucha directamente relacionada con la oposición hacia la dictadura, así como también hacia las formas tradicionales de hacer política en Chile.⁶⁸ "La lucha de las feministas de este período fue siempre concebida como parte del movimiento opositor al régimen, constituyendo este el punto de encuentro con los otros sectores del movimiento de mujeres".⁶⁹

Pero el retorno a la democracia constituiría un nuevo escenario que cambiaría la política feminista de la época. En medio de un contexto político dominado por el temor al conflicto, en lo que se denominó 'la democracia de los acuerdos', la moderación de los discursos desplazó al carácter conflictivo y antagónico de la política de las décadas anteriores.⁷⁰ Como mencionaba anteriormente, el fantasma de un eventual retorno de la dictadura, en el marco de una democracia vigilada de cerca por las fuerzas del autoritarismo dadas las disposiciones de la Constitución de 1980 (la que constituyó el marco legal a través del cual se ejecutó de hecho el retorno a la democracia), incitó la búsqueda de la mesura en la toma de decisiones políticas, constituyéndose en un dispositivo de normalización de los discursos políticos.

En este contexto, el potencial crítico que había marcado al feminismo chileno de los años setenta y ochenta, comenzó a impregnarse de la lógica de moderación de los discursos asociada al relato de la post-dictadura. La desenfrenada búsqueda del consenso puede ser pensada como una suerte de pedagogía discursiva⁷¹ que obligó "a marginar de sus circuitos de habla aquellas posturas más confrontacionales, y a rebajar el tono de los debates valóricos (aborto, divorcio, etc.)"⁷² para eliminar el antagonismo entre el feminismo y las posiciones más conservadoras respecto de los temas de género y sexualidad.

Por supuesto, esto no significó que las feministas adoptaran una mirada complaciente con el Chile de los noventa y los procesos políticos que lo caracterizaron. Muy por el contrario, como muestran Marcela Ríos Tobar, Lorena Godoy Catalán y Elizabeth Guerrero Caviedes,⁷³muchas feministas que habían tenido un rol activo en el movimiento durante la dictadura veían con escepticismo el modelo democrático posterior y sus lógicas de moderación. Sin embargo, estas miradas críticas no llegaron a plasmarse en el discurso público de la época, silenciadas bajo los estrictos dispositivos de normalización discursiva. "El consenso actuó como una garantía normativa destinada a sujetar los desarreglos de lo social, forzando – para ello – la unanimidad de las conductas y de los discursos en torno a las consignas oficiales de la moderación y de la resignación".⁷⁴

La legalización del divorcio, la despenalización del aborto o la implementación de políticas de educación sexual laica, entre otros, quedaron por fuera de la agenda política de los noventa, y los intentos por posicionar alguno de estos temas en los debates políticos terminaron por sucumbir ante la imperante 'normalización' discursiva. Como señala Tomás Moulian, "El consenso se convirtió en una conminación al silencio. Romperlo significaba situarse en un terreno dramático, cuya violación sería atentar contra el proceso, dañarlo".⁷⁵

b) Devaluación y fragmentación de la militancia y la acción colectiva

El panorama político de la post-dictadura no sólo moderó las retóricas de crítica de los discursos feministas. El temor al conflicto y al resquebrajamiento de la democracia trajo consigo, además, una devaluación de la sociedad civil y de la militancia política como expresiones de participación legitimadas por el sistema político. Recordemos, como indica Rovira Kaltwasser,⁷⁶ que el proceso de negociación en los ochenta para abrir el juego a la posibilidad del retorno a la democracia, estuvo constituido por un diálogo entre las elites gobernantes y las opositoras, quedando excluida la sociedad civil. En los noventa, los consensos buscados por la nueva democracia mantuvieron este sistema de exclusiones, operando en base a acuerdos inter-elites. Al parecer, el riesgo de incluir a otros actores que no dominaran la lógica de la moderación y de la contención de la crítica y el conflicto constituía un riesgo que la democracia no podía correr.⁷⁷

Asimismo, la inusitada consolidación del modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura militar, y reforzado luego por la Concertación, supuso profundos cambios en la matriz de la acción colectiva y de participación política que repercutieron en los modos de organización de la sociedad civil. Garretón⁷⁸ explica que la matriz socio-política que dominó la historia latinoamericana desde el derrumbe de las oligarquías a comienzos del siglo XX hasta el advenimiento de las dictaduras militares, se caracterizó por ser de tipo estatal nacional popular. Esto es, una matriz fundada sobre el modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, la acción colectiva organizada en base al populismo, un fuerte movimiento obrero, fórmulas políticas que combinaban autoritarismo con democracia, etcétera. Pero las dictaduras militares desarticularon esta matriz, e intentaron su recomposición

reduciendo drásticamente la dimensión política y de movilización social e intentando reorganizar el capitalismo dentro de los marcos de la economía mundial disminuyendo el papel del Estado y generalizando los mecanismos de mercado. Sólo el caso chileno logró una cierta forma de estructuración neo-liberal.⁷⁹

La nueva matriz socio-política chilena, fundada sobre la lógica del capitalismo neoliberal, impuso un modelo de agenciamiento basado en el consumo, el mercado y el beneficio individual, en desmedro del interés colectivo, la ciudadanía y la asociatividad. La organización civil se redujo a "acciones principalmente defensivas, con una convocatoria y ámbito de acción reducidos y sin referentes de concertación social, ni sectoriales ni territoriales",⁸⁰ incapaz de afectar las pautas de integración socioeconómicas o políticas. De este modo, los movimientos sociales, incluido los feministas, se vieron envueltos en un contexto político y económico que mermó su capacidad de convocatoria, compromiso y organización colectiva, desplazándose hacia lógicas fundadas en el cálculo racional de mercado y el consumo.

La exclusión de la sociedad civil propiciada por la democracia de los acuerdos, así como esta nueva matriz socio-política, devaluaron la acción colectiva de la militancia feminista como mecanismo de participación política en el contexto de la post-dictadura. Como indica Tomás Moulian, la democracia de los años noventa supuso la despolitización del debate público, "la desaparición de las divergencias respecto de los fines".⁸¹ Así, buscar la mesura implicaba eliminar el conflicto de la política, sustituyéndolo por una lógica tecnócrata, propia del capitalismo neoliberal, donde el fin último e inapelable es siempre el desarrollo económico, el crecimiento, lo que automáticamente neutraliza cualquier conflicto político reduciéndolo a meras discusiones técnicas sobre cuál sería la mejor vía para lograr ese desarrollo. "Las nuevas reglas de adecuación política [...] hicieron que lo profesional desplazara y reemplazara a lo militante, y que lo operativo adquiriera mayor urgencia que lo discursivo".⁸²

Aunque no devino en una absoluta fragmentación o desaparición, los marcos discursivos e institucionales de los noventa marcaron una evidente desmovilización del movimiento feminista chileno y de las mujeres en general.⁸³ "Las feministas pierden su cohesión y, por tanto, el rol político protagónico que habían tenido en la lucha por reconquistar la democracia".⁸⁴

Los movimientos feministas pierden su capacidad de convocatoria e interpelación, sumidos en lógicas neoliberales de desacreditación del agenciamiento colectivo. En este contexto, la militancia feminista se vio socavada por una devaluación generalizada de la acción colectiva, en un escenario donde las decisiones políticas pasaban más por diálogos inter-elites. Así, el feminismo vio mermados sus recursos políticos para dar impulso al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y su debilitamiento lo alejó de los espacios de establecimiento de agendas.

c) Institucionalización feminista

Finalmente, un tercer proceso que puede explicar en parte la escasa capacidad del feminismo en Chile para incorporar la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en la agenda política nacional de la post-dictadura, dice relación con la institucionalización que marcó a parte del movimiento tras el retorno de la democracia.

En 1991 el gobierno de Patricio Aylwin creó el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), institución con rango ministerial que estaría encargada de crear y coordinar políticas de igualdad y no discriminación de género. Este hito, asumido por muchas feministas como una conquista central del movimiento, constituyó una importante oportunidad para incidir directamente en las políticas públicas del país. En efecto, inspirado en los marcos normativos establecidos por la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), el SERNAM impulsó en sus inicios acciones orientadas a realizar reformas legales que eliminasen la discriminación contra la mujer, a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la participación política de mujeres y la posterior transversalización del enfoque de género en las políticas públicas.⁸⁵

Este naciente escenario transformó el proceso de participación política de las feministas, muchas de las cuales abandonaron las organizaciones sociales en las que militaban, para incorporarse a la labor estatal desde esta nueva institucionalidad.⁸⁶ Sin dudas, las promesas asociadas a esta nueva forma de participación desde el Estado eran grandes, más aun considerando que el nacimiento del SERNAM había sido una respuesta a las demandas de las organizaciones de mujeres opositoras a la dictadura.⁸⁷

Pero pese de las conquistas de la institución, entre las que se pueden contar la visibilización de la violencia contra la mujer, o los problemas de las jefas de hogar, gran parte de la agenda promovida por el movimiento feminista fue escasamente asumida desde el SERNAM.⁸⁸ Temas como la creación de una ley de divorcio, las cuotas de género para acceso a cargos públicos, el aborto u otros temas de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, quedaron por fuera de las líneas programáticas de la institución. El trabajo del SERNAM no pudo desvincularse del registro dominante de la Democracia Cristiana,⁸⁹ muchas veces conservador en materia sexual, encontrándose a su vez con una importante presión desde los sectores de la derecha reticentes a los abordajes feministas del género y sexualidad.⁹⁰ Esta resistencia que encontró la agenda del feminismo, tanto desde la derecha como desde algunos actores de la misma Concertación, instauró en el SERNAM un enfoque de políticas y estrategias dominado por las nociones de mujer-madre y mujer-familia, que excluyó los aportes de los sectores más críticos del movimiento feminista que no comulgaban con los idearios de la familia nuclear, patriarcal y heterosexual. Así, según explica Nelly Richard,⁹¹ parte del movimiento que no ingresó en el Estado terminó por desplazarse hacia los centros académicos de las universidades chilenas, y hacia ONG que pasaron a asimilar la agenda estatal y a responder a las demandas de mayor información especializada para ser traducida en políticas públicas.

De este modo, la institucionalización de la que fue parte el movimiento feminista con la creación del SERNAM, lejos de profundizar el impacto del abordaje del feminismo en el Estado y las políticas sexuales, contribuyó a la fragmentación del movimiento y a la moderación de las posiciones de algunas feministas. Los avances en materia de lucha contra la violencia de género o contra la desigualdad laboral dominaron (y aun dominan) el registro estatal, en desmedro las temáticas más 'fuertes' de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto, por ejemplo.

Entrado el siglo XXI, el Estado chileno se ha mostrado más receptivo a algunas de las demandas más importantes del feminismo chileno, como fue el caso de su defensa ante los casos de judicialización en contra de la anticoncepción de emergencia. Sin embargo, aun hay muchos temas que encuentran una férrea resistencia para ser incorporados en las agendas gubernamentales, en especial cuando se trata de derechos sexuales y reproductivos.⁹²

Reflexiones finales

La agenda de los derechos sexuales y reproductivos ha constituido un lugar de alto interés para los feminismos latinoamericanos. Los avances y retrocesos en estas materias son diversos, y varían en base a los contextos políticos y sociales de cada país. Mientras la acción de los movimientos feministas ha conseguido en algunos lugares la aprobación de leyes y políticas favorables para sus agendas, las conquistas evidenciadas en otros han tendido a ser más moderadas.

Chile sin dudas ha tenido importantes avances en las últimas décadas. Las políticas contra la violencia de género y la promoción de la participación de la mujer en el trabajo, entre otras, han sido logros relevantes desde el retorno de la democracia en 1990. Pese a esto, los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos han encontrado férreas resistencias, y la diagramación de la política sexual chilena ha estado fuertemente influenciada por visiones conservadoras y reticentes a las miradas críticas de los feminismos contemporáneos.

Es dable asumir que estas resistencias pueden explicarse en parte por la influencia que ha tenido la jerarquía de la Iglesia Católica chilena en la diagramación de las políticas de sexualidad, así como por el debilitamiento del movimiento feminista en el Chile post-dictatorial. Ambos fenómenos tienen causas múltiples, íntimamente ligadas a los contextos sociopolíticos configurados durante el gobierno militar y el retorno a la democracia, lo que denota la importancia de una mirada histórica que permita leer la actualidad a partir del pasado reciente.

Sin dudas el panorama político y social en Chile está sufriendo transformaciones inéditas. La revitalización de los movimientos sociales (muchos encabezados por jóvenes nacidos y nacidas en democracia) y las protestas que han tenido (y están teniendo) lugar desde hace poco tiempo en reclamo de una mejor calidad y acceso a la educación, mayor descentralización político-administrativa, respeto por los derechos humanos de los pueblos originarios, resguardo del medio ambiente, entre otras, parecen ser síntomas de una naciente reconfiguración del espacio social y político chileno. Asimismo, el avance de una cierta tendencia a valorar la diversidad de opiniones y a perder el temor al conflicto⁹³ que ha venido desarrollándose desde los comienzos del siglo XXI, podrían abrir nuevas posibilidades para la revitalización del agenciamiento colectivo y el ejercicio de ciudadanía sexual más plena.

Por supuesto, es muy pronto para evaluar y analizar estas transformaciones, pero es de esperar que éstas devengan en cambios que permitan una mayor penetración de los enfoques y demandas feministas en la configuración de las agendas políticas y la diagramación de las políticas sexuales. Este dinámico escenario puede constituir una nueva oportunidad política para los derechos sexuales y reproductivos en Chile.

[Recebido em 6 de março de 2012 reapresentado em 21 de junho de 2012 e aceito para publicação em 12 de setembro de 2012]

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1

Para algunas referencias históricas de los derechos sexuales y reproductivos, ver Teresita DE BARBIERI, 2000.

2

Juan Marco VAGGIONE, 2012.

3

La heterosexualidad obligatoria o compulsiva es un término adoptado por Adrienne Rich (1986) para hacer referencia al mandato cultural que, asumiéndose como una regla universal, supone que el deseo erótico de los hombres está siempre dirigido hacia las mujeres, y viceversa.

4

Brenda COSSMAN, 2004; y Diana MAFFÍA, 2001.

5

Entiendo al género y la sexualidad como categorías íntimamente entrelazadas. En este sentido, siguiendo a Judith Butler, considero que una ciudadanía sexual que se entienda exclusivamente en base a la sexualidad y no contemple las diferencias de género, está condenada a reproducir nociones históricamente hegemónicas del universal masculino y patriarcal. Asimismo, una ciudadanía sexual que no contemple la reproducción, será ciega ante los mandatos culturales de sexualidad reproductiva y maternidad que se ciernen sobre los cuerpos de las mujeres en Occidente (Judith BUTLER, 1994).

6

VAGGIONE, 2008a

7

Paola BERGALLO, 2011.

8

Por ejemplo, la aprobación de la Ley 20.418 en 2010 fue sin dudas un logro en el marco de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, ya que mediante ésta se logró restituir la entrega gratuita de anticoncepción de emergencia en los servicios públicos del país, y garantizar además su entrega en los consultorios municipales, luego de que en 2008 el Tribunal Constitucional decretara la inconstitucionalidad de su entrega en el sistema público de salud.

9

Recién en septiembre de 2011 la Comisión de Salud del Senado aprobó por tres votos contra dos la iniciativa de legislar tres proyectos de ley que habían sido presentados sobre la materia, pese a que desde 1991 han habido sucesivas iniciativas legislativas para despenalizar el aborto que han quedado entrampadas en el Parlamento sin llegar a discutirse (Bonnie SHEPARD y Lidia CASAS BECERRA, 2007). Las iniciativas de legislar los tres proyectos aprobados por la comisión, fueron rechazadas por el Senado en abril de 2012.

10

En el año 2000 se presentó por primera vez un proyecto de ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos. Tras su estancamiento, el 2008 se envió un segundo proyecto con algunas reformulaciones, el cual, hasta la fecha, tampoco ha llegado a ser discutido en el Congreso.

11

Kathya ARAUJO, 2010; Jean FRANCO, 2003; Carmen Gloria GODOY, 2005; María Isabel MATAMALA VIVALDI, 2011; y SHEPARD, 2000.

12

Si bien es cierto que la agenda de los derechos sexuales y reproductivos no sólo ha sido abrazada por los feminismos, sino también por algunos sectores de la diversidad sexual, en el presente trabajo sólo me abocaré al análisis de los primeros. Estoy consciente de que un análisis exhaustivo del impacto y los obstáculos en el avance de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en el país necesitaría incluir el recorrido de los movimientos LGBT. Quedo en deuda para realizar ese recorrido.

13

Raquel OLEA, Olga GRAU y Francisca PÉREZ PRADO, 2000; Nelly RICHARD, 2001; Marcela RÍOS TOBAR, Lorena GODOY CATALÁN y Elizabeth GUERRERO CAVIEDES, 2003; y Ivonne URRIOLA PÉREZ, 2008.

14

Hablo de la 'post-dictadura' para referirme al período que comienza en 1990 con el 'retorno a la democracia'. Utilizo este término para destacar las disposiciones políticas e institucionales propias de la dictadura que se mantuvieron en Chile luego de 1990. Asimismo, en lo que sigue me refiero a la 'democracia', consciente de las dificultades conceptuales que implica llamar democrático a un régimen que es considerado por muchos/as como una mera transición.

15

Piotr SZTOMPKA, 1995.

16

María Alicia GUTIÉRREZ, 2010.

17

VAGGIONE, 2008b.

18

Mario PECHENY y Rafael DE LA DEHESA, 2009.

19

HTUN, 2003. De hecho, la vigilancia sexual y la necesidad por influir en las políticas sexuales de los gobiernos, ha activado en las últimas dos décadas nuevas formas de activismo católico que involucran no sólo a la curia romana, sino además a la comunidad de fieles. Ver José Manuel MORÁN FAÚNDES y Juan Marco VAGGIONE, 2012.

20

Consagrada por el artículo 10 de la Constitución Política de 1925.

21

Mala HTUN; 2003; y SHEPARD, 2000.

22

Como indica Lidia Casas (2009, p. 124-125), Las JOCAS se trataban "de un evento masivo, donde se convoca a todos los participantes a trabajar en grupos pequeños en sesiones de 90 minutos durante tres días. Al final del proceso, se esperaba que la escuela y el resto de la comunidad hubieran identificado las necesidades y fortalezas para integrar la sexualidad y el tema de las relaciones al currículo escolar".

23

ARAUJO, 2010.

24

CASAS, 2009.

25

CASAS, 2008.

26

El recurso buscaba impugnar el acceso a estos anticonceptivos contemplado por las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad.

27

La restitución de la entrega del fármaco ocurrió recién a comienzos del 2010, cuando la presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley 20.418.

28

Para una revisión de las articulaciones entre la jerarquía católica y sectores políticos en el caso de la anticoncepción de emergencia, ver Claudia DIDES, 2006.

29

CASAS, 2008.

30

GODOY, 2005; SHEPARD, 2000; y Veit STRASSNER, 2006.

31

Gonzalo DE LA MAZA, 2003.

32

Igor GOICOVIC DONOSO, 2000, p. 110.

33

SHEPARD, 2000.

34

STRASSNER, 2006, p. 83.

35

STRASSNER, 2006.

36

Liesl HAAS, 1999; y SHEPARD, 2000.

37

MATAMALA VIVALDI, 2011, p. 53.

38

Guillermo NUGENT, 2005.

39

Recordemos, respecto de la selectividad, que la postura de esta institución respecto a las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras militares fue radicalmente distinta y hasta contradictoria a lo largo de los distintos países de la región latinoamericana.

40

NUGENT, 2005, p. 9.

41

Mario Pecheny (2005) presenta una notable crítica respecto del escaso sustento empírico que tiene la tesis de la capacidad de la iglesia para influir en el electorado argentino, el que podría ser traducido, con algunos matices, al caso chileno.

42

NUGENT, 2005.

43

Esta alianza la establece fundamentalmente con los partidos políticos Unión Demócrata Independiente (UDI), ligada al ala más pinochetista, y Renovación Nacional (RN), con un ideario de derecha más moderado.

44

STRASSNER, 2006.

45

DE LA MAZA, 2003; y Manuel Antonio GARRETÓN, 2003b.

46

Óscar GODOY ARCAYA, 1999; Guillermo O'DONNELL, Phillip SCHMITTER y Lawrence WHITEHEAD, 1986; y Cristóbal ROVIRA KALTWASSER, 2007.

47

GODOY ARCAYA, 1999.

48

STRASSNER, 2006, p. 86.

49

GODOY ARCAYA, 1999.

50

Mientras que la opción de que no continuara la dictadura ganó con el 54,7% de los votos, la opción de que sí continuara gobernando Pinochet obtuvo la nada despreciable proporción del 43% de votos.

51

Waldo ANSALDI, 2001; y ROVIRA KALTWASSER, 2007.

52

Los 'enclaves autoritarios' fueron definidos originalmente por Manuel Antonio Garretón (2003b) como aquellos elementos de un régimen anterior que persisten en el régimen democrático interfiriendo con la consolidación de la democracia.

53

El llamado 'ejercicio de enlace' fue un episodio ocurrido en 1990, donde las tropas del ejército liderado por Pinochet se acuartelaron como una medida de presión para evitar que la justicia investigara los dudosos movimientos de dinero de la familia del entonces Comandante en Jefe. Posteriormente, en 1993, Pinochet realizó otra medida de presión para frenar la investigación de la justicia, denominada 'boinazo', donde los comandos de paracaidistas del ejército rodearon el edificio de las Fuerzas Armadas.

54

ARAUJO, 2010, p. 86.

55

Tomás MOULIAN, 1997, p. 39.

56

Pese a la férrea oposición de la Iglesia Católica chilena a la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar, no debe sorprender la posterior alianza entre ésta y la derecha ligada al autoritarismo, puesto que era (y en parte lo sigue siendo hoy día) una derecha que, en materia de moral sexual, está fuertemente asociada a la posición oficial de la jerarquía católica.

57

SHEPARD, 2000.

58

HTUN, 2003.

59

ROVIRA KALTWASSER, 2007, p. 363.

60

Por razones de espacio y de delimitación del objeto de análisis, omito el caso de los movimientos por la diversidad sexual, como indiqué antes. Dichos movimientos, configurados en los ochenta y noventa de manera fuerte en torno a la temática del SIDA y la penalización a la 'sodomía', están atravesados por una historia y unas lógicas que si bien se entrecruzan en ciertos aspectos con las de los feminismos, presentan también distancias que obligan a ampliar los márgenes analíticos. Para un recorrido histórico de estos movimientos en Chile, ver Víctor Hugo ROBLES, 2008.

61

En Argentina, por ejemplo, tanto en la creación como en el seguimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002-2003), la sociedad civil ha tenido un rol protagónico, a través de organismos no gubernamentales tales como el Consejo Asesor del programa (María Angélica PEÑAS DEFAGO y Maximiliano Nicolás CAMPANA, 2011). Asimismo, la acción política de los movimientos feministas y de mujeres fue central en la liberalización del aborto en Colombia (2006) y en el Distrito Federal de México (2007) (BERGALLO, 2011).

62

RICHARD, 2001; y URRIOLA PÉREZ, 2008.

63

Por supuesto, muchas demandas feministas aun distan de ser reconocidas. El caso de la legalización del aborto en Argentina es un ejemplo. Si bien se señalaba el rol central que ha tenido la sociedad civil en dicho país en la configuración de ciertas políticas sexuales, ni en el desfavorable contexto del gobierno de Menem y su alianza con la iglesia, ni en el actual contexto kirchnerista, la demanda por el aborto legal ha logrado aunar apoyos suficientes para avanzar en una reforma legislativa, por lo que la ampliación de la ciudadanía sexual aun está incompleta (Milagros BELGRANO RAWSON, 2012; y Josefina BROWN, 2005).

64

Esto no significa que ninguna de las demandas feministas hayan entrado en agenda. Como se indicó, la defensa de los gobiernos de Lagos y Bachelet a la distribución pública de la anticoncepción de emergencia son un ejemplo, así como la creación de políticas de igualdad laboral. Sin embargo muchos temas quedaron excluidos, como la legalización del aborto, la promulgación de una ley marco de derechos sexuales y reproductivos, o la creación de cuotas de género para cargos legislativos, entre otros.

65

Estas categorías están inspiradas en los antecedentes conceptuales presentados por RICHARD, 2001.

66

Ana María STUVEN, 2003.

67

Julieta KIRKWOOD, 1986.

68

FRANCO, 1993.

69

RÍOS TOBAR, GODOY CATALÁN y GUERRERO CAVIEDES, 2003, p. 52.

70

ARAUJO, 2010.

71

OLEA, GRAU y PÉREZ PRADO, 2000.

72

RICHARD, 2001, p. 230.

73

RÍOS TOBAR, GODOY CATALÁN y GUERRERO CAVIEDES, 2003.

74

RICHARD, 2001, p. 228.

75

MOULIAN, 1997, p. 39.

76

ROVIRA KALTWASSER, 2007.

77

Tomás Moulian (1997) considera que la práctica política de los gobiernos de la post-dictadura consistió en una simulación donde se buscaba seducir y conseguir 'certificados de buena conducta' de parte de los sectores empresariales, militares (Pinochet incluido) y de derecha. Evidentemente, la sociedad civil no era parte de este juego.

78

GARRETÓN, 2006.

79

GARRETÓN, 2006, p. 149.

80

DE LA MAZA, 2003, p. 23.

81

MOULIAN, 1997, p. 37.

82

RICHARD, 2001, p. 230.

83

No sería justo plasmar la imagen del feminismo de los años noventa como un movimiento totalmente debilitado e intrascendente. Muy por el contrario, hay que recordar que en esa época surgen nuevos sectores dentro del feminismo (lésbicos, jóvenes, regionales, entre otros) y se fundan una serie de nuevas organizaciones de mujeres. Sin embargo, lo que intento destacar en estas páginas es que a pesar de los nuevos procesos que vivió el movimiento en la época post-dictatorial, las configuraciones económicas y políticas limitantes de la acción colectiva y del discurso crítico de los noventa obstruyeron el actuar del feminismo, debilitándolo como movimiento y obturando su capacidad para delinear las políticas sexuales.

84

RÍOS TOBAR, GODOY CATALÁN y GUERRERO CAVIEDES, 2003, p. 244.

85

PNUD, 2010.

86

RICHARD, 2001.

87

PNUD, 2010.

88

RICHARD, 2001; RÍOS TOBAR, GODOY CATALÁN y GUERRERO CAVIEDES, 2003; y URRIOLA PÉREZ, 2008.

89

RICHARD, 2001.

90

FRANCO, 2003.

91

RICHARD, 2001.

92

SHEPARD y CASAS BECERRA, 2007.

93

PNUD, 2004; y ROVIRA KALTWASSER, 2007.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  09 Set 2013
• Fecha del número
  Ago 2013

Histórico

• Recibido
  06 Mar 2012
• Acepto
  12 Set 2012
• Revisado
  21 Jun 2012