SOCIEDAD POSMODERNA, CONSUMO SOSTENIBLE Y ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: LA BÚSQUEDA INCOMPLETA DE LA SOLIDARIDAD

Resumo

Dada la importancia de mantener los niveles de consumo dentro de la capacidad de carga del medio ambiente y los límites naturales al crecimiento, este artículo examina las interconexiones entre la sociedad posmoderna, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el consumo sostenible. A lo largo del texto se analizan las principales características de la sociedad posmoderna y su relación con el problema de la insostenibilidad. Se admite como antecedente el proceso histórico de la lucha de la ONU por una comunidad mundial sostenible, basada en datos sobre las desigualdades sociales y sobre el impacto humano en los ecosistemas. El artículo subraya la necesidad de una gobernanza mundial fuerte, sumada a un cambio en los hábitos de la sociedad y al uso de prácticas de economía solidaria para ayudar a hacer valer el derecho y el deber de consumir de forma sostenible. La investigación es cualitativa, exploratoria, descriptiva y deductiva. El procedimiento metodológico es bibliográfico y documental.

Palabras clave:
consumo sostenible; economía solidaria; gobernanza mundial; sociedad posmoderna; Organización de las Naciones Unidas

Resumo

Dada a importância de manter os níveis de consumo dentro da capacidade de carga do meio ambiente e dos limites naturais para o crescimento, este artigo examina as interconexões entre a sociedade pós-moderna, a Organização das Nações Unidas (ONU) e o consumo sustentável. Ao longo do texto são analisadas as principais características da sociedade pós-moderna e sua relação com o problema da insustentabilidade. Admite-se como fundo o processo histórico de luta da ONU por uma comunidade global sustentável, baseado em dados de desigualdades sociais e sobre o impacto humano nos ecossistemas. O artigo destaca a necessidade de uma governança global forte, aliada à mudança de hábitos da sociedade e ao uso de práticas de economia solidária para auxiliar na efetivação do direito-dever ao consumo sustentável. A pesquisa é qualitativa, exploratória, descritiva e dedutiva O procedimento metodológico é bibliográfico e documental.

Palavras-chave:
consumo sustentável; economia solidária; governança global; sociedade pós-moderna; Organização das Nações Unidas

Abstract

Given the importance of keeping consumption levels within the environment’s carrying capacity and natural limits to growth, this article examines the interconnections between postmodern society, the United Nations (UN) and sustainable consumption. Throughout the article, the main characteristics of postmodern society and their relationship with the problem of unsustainability are analyzed. The historical process of the UN’s struggle for a sustainable global community, based on data on social inequalities and the human impact on ecosystems, is taken as a background. The article highlights the need for strong global governance, combined with changing society’s habits and the use of solidary economy practices to support the realization of the right and duty to sustainable consumption. The research is qualitative, exploratory, descriptive and deductive. The methodological procedure is bibliographical and documentary.

Keywords:
sustainable consumption; solidarity economy; global governance; postmodern society; United Nations Organization

Introducción

Las cuestiones que rodean al consumo son bastante amplias. Incluso las sociedades más sencillas consumen necesariamente agua, alimentos, energía y minerales, es decir, cada acto de consumo tiene consecuencias ambientales. Por ello, desde hace tiempo se reconoce la importancia de mantener los niveles de consumo dentro de la capacidad de carga del medio ambiente o de los límites naturales del crecimiento.

La base intelectual de esa idea la sentó en Inglaterra ya en el siglo XVIII Thomas Malthus en su Ensayo sobre el Principio de Población. Otros fundamentos más modernos fueron aportados a finales de los años sesenta y principios de los setenta por una serie de publicaciones, entre ellas el informe del Club de Roma Los límites del crecimiento y la advertencia del neomalthusiano Ehrlich en La bomba demográfica.

Todos esos trabajos documentaron un choque inevitable entre las demandas materiales de una población mundial en constante expansión y unos recursos ambientales finitos cada vez más agotados, es decir, entre el aumento de la contaminación ambiental y el debilitamiento de la capacidad de regeneración de los ecosistemas. En pocas palabras, los mensajes cuestionaban los ideales de crecimiento.

El desarrollo sostenible, como estrategia de consenso, condiciona expresamente el ideal de desarrollo a la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. El acto de consumo forma parte de un complejo proceso de producción, venta, uso y eliminación que repercute en las relaciones humanas y el medio ambiente a escala mundial. Consumir, por tanto, implica una dimensión ética y exige responsabilidad social y ecológica. Por eso, se habla del consumo sostenible como uno de los objetivos a alcanzar globalmente.

De hecho, este trabajo pretende analizar las interconexiones existentes entre la sociedad postmoderna, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el consumo sostenible, con el objetivo general de identificar el camino ya recorrido en la lucha global por la sostenibilidad y los retos aún pendientes.

Desde esa perspectiva, en el primer apartado se explicará el concepto de sociedad postmoderna en la visión de Zygmunt Bauman, David Harvey y Milton Santos, explicando sus características y sus repercusiones en la condición humana y en las estructuras sociales.

En el segundo apartado se abordará brevemente el proceso de dinamogénesis de los derechos humanos y su clasificación en generaciones. Tras entender el consumo sostenible en la tercera generación, fundamentado en el ideal de solidaridad, estudiaremos algunas referencias teóricas que han iniciado el debate sobre la insostenibilidad de la sociedad posmoderna.

En el tercer apartado se detallará el proceso histórico de la lucha de la ONU por una comunidad mundial sostenible. A tal efecto, se trazarán los caminos recorridos desde la Conferencia de Estocolmo de 1972 hasta el establecimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Por último, en el cuarto apartado, se presentarán datos internacionales sobre las desigualdades sociales y el impacto humano en los ecosistemas naturales, relacionándolos con los retos que la sociedad posmoderna y la ONU experimentan para alcanzar la sostenibilidad y, en particular, el consumo sostenible, un deber-derecho de solidaridad.

1 Sociedad posmoderna, desregulación del mercado mundial y patología del consumo

La sociedad posmoderna surgió en la segunda mitad del siglo XX y se caracteriza por su rápido ritmo de cambio, su embriagadora libertad de elección individual, la desregulación de los mercados a escala mundial, el riesgo y la incertidumbre permanentes, y una constante sensación de inseguridad (BAUMAN, 1998).

El fenómeno también se denomina “modernidad líquida”, en una metáfora que alude a la fusión de los sólidos valores que marcaban las sociedades modernas. Para Bauman (2001, p. 12), esa fluidez, propia de un escenario que ahora permite la libre circulación del capital y el mercado globales, afecta profundamente a “las pautas de comunicación y coordinación entre la política de la vida llevada a cabo individualmente, por un lado, y las acciones políticas de las colectividades humanas, por otro”, lo que implica la desintegración de la red social y la quiebra de las entidades de defensa colectiva.

En un trabajo publicado en 1989, Harvey (1992) analizaba las transformaciones políticas y económicas que había experimentado el capitalismo desde los años 70 y, en la misma línea, advertía de los mayores poderes de flexibilidad y movilidad que las sociedades creaban en favor del capital. El geógrafo denominó acumulación flexible al régimen que estaba provocando cambios en los procesos laborales, el mercado y los modelos de producción y consumo, ahora menos rígidos por la tenue regulación estatal y la afluencia de innovaciones empresariales, tecnológicas y organizativas.

Harvey (1992) también señaló que las nuevas experiencias estaban transformando la vida social porque la nueva estética, la postmoderna, celebraba valores como la diferencia, lo efímero, el espectáculo, las modas pasajeras y la mercantilización de la cultura para inducir necesidades y estimular un alto nivel de consumo en beneficio de los grandes mercados que se abrían y crecían.

De hecho, con respecto a la condición humana, la sociedad posmoderna crea la figura del consumidor sin límites. Para ella, “el consumo es la medida del éxito en la vida” (BAUMAN, 1998, p. 50). De tanto consumir, las personas se convierten en productos o mercancías, y sus sufrimientos llegan a surgir más de la sobreabundancia de posibilidades que de la existencia de prohibiciones. Es que “la pulsión de consumo, al igual que la pulsión de libertad, hace imposible la satisfacción misma, porque […]”siempre necesitamos más libertad de la que tenemos”(BAUMAN, 1998, p. 175) y así, se consume de forma desenfrenada.

La síntesis de ese proceso, fuertemente influido por la globalización y la publicidad masiva, destruye las aptitudes necesarias para la convivencia y el entendimiento mutuo. Ocupadas en ganar más dinero para comprar más, las personas tienen menos tiempo para la empatía y la negociación duradera; siempre están cansadas y no tienen tiempo (BAUMAN, 2011).

Los factores estructurales de la sociedad posmoderna inciden en la relación tiempo-espacio, acortándola, fomentando el individualismo y el consumismo y rediseñando las relaciones laborales y sociales, que se vuelven flexibles y efímeras. Ese mecanismo social también genera enormes desigualdades entre ricos y pobres y crea espacio para tensiones e ideas segregacionistas (BAUMAN, 1998, 2001, 2011).

No por otra razón, Bauman sostiene que “‘las leyes del mercado’ no son un buen sustituto de las ‘leyes de la naturaleza’ o de las ‘leyes de la historia’, y mucho menos de la ‘ley del progreso’” (1998, p. 247), y es imperativo que la política posmoderna se guíe por los principios de “Libertad, Diferencia y Solidaridad”. Esta última, la solidaridad, constituye “una condición necesaria […] para el bienestar de la libertad y la diferencia” y es poco probable que surja sin intervención política, ya que requiere una firme resistencia a la “desregulación y privatización de unos mercados cada vez más globalizados” (1998, p. 256).

Santos (2001) atribuye a la globalización una perversidad sistémica en la medida en que conduce a situaciones estructurales de opresión como el desempleo, la pobreza y el hambre. Según el geógrafo, la narrativa de una aldea global, que traería la difusión instantánea de la información y la homogeneización a todo el planeta, no revela la dinámica real del proceso, que excluye a muchos de disfrutar de sus beneficios y genera profundas desigualdades sociales. El culto al consumo, que poco o nada ayuda a la construcción de una ciudadanía universal, es la uniformidad que estimula la globalización, advierte el profesor.

Por último, aunque el proceso de globalización ya no tiene marcha atrás, muchas cuestiones deben depender del consentimiento y de la capacidad de resistirse al modo sesgado impuesto a la condición humana. La globalización conlleva retos éticos, ya que a partir de ella todos dependemos de todos, y las consecuencias de las acciones tienen ahora un alcance mundial y pueden influir y perjudicar a personas y generaciones que nunca se conocerán (BAUMAN, 2011).

2 La percepción del problema de la insostenibilidad de la sociedad

Los derechos humanos se clasifican en generaciones, teniendo en cuenta su historicidad¹. La primera generación incluye los derechos políticos y de libertad, que requieren una actitud negativa por parte del Estado. La segunda incluye los derechos sociales, económicos y culturales, que, de carácter prestacional, requieren la acción del Estado para garantizarlos. En la tercera generación, se encuentran los derechos de carácter difuso, como el desarrollo, la protección de los consumidores y un medio ambiente equilibrado. Puede decirse que si la libertad es el valor que impregna la primera generación y la igualdad, la segunda, la solidaridad o la fraternidad guían los derechos de tercera generación (BONAVIDES, 2013, p. 581; ROCASOLANO; SILVEIRA, 2010, p. 201).

Dado que los derechos humanos nacen o se desarrollan a través de conquistas históricas (BOBBIO, 2004) o del proceso de dinamogénesis (ROCASOLANO; SILVEIRA, 2010), es importante conocer los caminos recorridos para que el consumo sostenible sea entendido como un derecho de solidaridad. Eso presupone el análisis del nacimiento y desarrollo del concepto de sostenibilidad.

En ese sentido, cabe mencionar algunas referencias teóricas que contribuyeron al inicio del debate sobre el tema, a fin de preparar el terreno para, en el próximo tema, analizar el proceso histórico de la lucha dinamizada en el Sistema Internacional de Derechos Humanos.

La insostenibilidad de la sociedad se hizo más patente en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo debido al proceso incontrolado de industrialización, que empezó a contaminar el aire y el agua y a provocar catástrofes ambientales, como la resultante del vertido de residuos tóxicos por la industria química en la bahía de Minamata en Japón².

Un lugar destacado en ese contexto ocupa la obra Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Publicado en 1962, el libro de la bióloga marina advierte del grave riesgo para los animales y la salud humana que el uso desenfrenado de agrotóxicos estaba causando en los Estados Unidos de América (CARSON, 2010).

Poco después de la advertencia de Carson, Garret Hardin, biólogo de la Universidad de California en Santa Bárbara, publicó La Tragedia de los Bienes Comunes. Aunque se centraba en el dilema del crecimiento demográfico³, el artículo de Hardin de 1968 se hizo conocido por su crítica al uso excesivo de los bienes colectivos para intereses puramente individuales. Para lograrlo, el profesor utiliza la metáfora del pasto abierto a todos los ganaderos que, sin regulación alguna, pronto se vuelve insostenible. Basándose en ella, Hardin defiende la necesidad de acuerdos sociales que limiten la libertad de uso de los bienes comunes, como los bienes de la naturaleza (HARDIN, 1968).

En 1973, Schumacher escribió la célebre obra Small is Beautiful, en español Lo pequeño es hermoso. En ella, el economista británico de origen alemán alerta de la devastadora acción humana sobre el medio ambiente, al afirmar que:

El hombre moderno no se experimenta a sí mismo como parte de la naturaleza, sino como una fuerza externa destinada a dominarla y conquistarla. Incluso habla de una batalla contra la naturaleza, olvidando que, si gana la batalla, está en el lado perdedor. Hasta hace poco, la batalla parecía ir lo bastante bien como para darle la ilusión de poderes ilimitados, pero no tanto como para hacer visible la posibilidad de una victoria total. Esto está ahora a la vista, aunque sólo una minoría está empezando a darse cuenta de lo que esto significa para la existencia continuada de la raza humana (SCHUMACHER, 1983, p. 12).

(SCHUMACHER, 1983) critica a la Economía por centrarse excesivamente en los aspectos cuantitativos y descuidar las entradas cualitativas relevantes, como las diferencias entre los bienes primarios, que el hombre tiene que adquirir de la naturaleza, y los bienes secundarios, obtenidos a partir de aquellos. Como el punto de vista es el beneficio privado, la Economía equipara esas especies de bienes y, en su metodología, acaba ignorando la dependencia del hombre del mundo natural. El enfoque cuantitativo implica que la economía no se desprende del concepto puramente numérico de crecimiento, que permite al mercado tratar todos los bienes con la misma etiqueta de precio, aunque el coste sea esencialmente diferente entre bienes primarios y secundarios y entre bienes primarios renovables y no renovables.

Para (SCHUMACHER, 1983), las diferencias de calidad son de naturaleza Meta-Economía, ya que hay que identificarlas antes de iniciar el análisis económico, como paso previo necesario para dar el debido valor a los recursos de la naturaleza, lo que obliga a la Economía a fijarse también en los sistemas del planeta Tierra. Son palabras del economista:

Dado que la economía se ocupa del hombre en su medio ambiente, cabe esperar que la Meta-Economía conste de dos partes: una que se ocupe del hombre y otra del medio ambiente. En otras palabras, podemos esperar que la economía derive sus fines y objetivos del estudio del hombre y que al menos una gran parte de su metodología derive del estudio de la naturaleza (SCHUMACHER, 1983, p 46).

En sus ensayos, (SCHUMACHER, 1983) destaca la inobservancia de las leyes del universo por los modelos de producción y consumo de la sociedad de la época, que no sólo afectan al medio ambiente, sino también colaboran a la injusta distribución del poder y la riqueza. Él defiende la inviabilidad de cualquier empresa humana que consuma rápidamente su propio capital insustituible, los recursos de la Tierra, y aboga por un cambio de rumbo para adoptar nuevos métodos de producción y pautas de consumo traducidos por un estilo de vida planificado para ser permanente. Su apelación a reducir el consumo es contundente cuando afirma que:

La lucha contra la contaminación tampoco podrá tener éxito si siguen existiendo modelos de producción y consumo a una escala, complejidad y grado de violencia que, como es cada vez más evidente, no encajan en las leyes del universo a las que el hombre está tan sujeto como el resto de la creación. Tampoco habrá posibilidad alguna de reducir la tasa de agotamiento de los recursos ni de crear armonía en las relaciones entre los que tienen y los que no tienen riqueza y poder mientras no exista en ninguna parte la idea de que tener lo suficiente es bueno y tener más de lo suficiente es malo (SCHUMACHER, 1983, p. 313).

En general, (SCHUMACHER, 1983) se muestra crítico con la cultura del materialismo. Centrando su pensamiento en la ética y la escala humana, sostiene que el gigantismo de las organizaciones puede tener efectos destructivos para el hombre y la Tierra, en la medida en que, sin una regulación adecuada y una tecnología apropiada, provoca desequilibrios naturales y desigualdades sociales.

Las lecciones de (SCHUMACHER, 1983) son un hito que inaugura la sensibilidad mundial ante los problemas ambientales y sus impactos antropogénicos⁴. Según Mebratu (1998, p. 8), aunque con algunas ideas controvertidas, la visión de Schumacher centrada en el agotamiento de los recursos de la Tierra y en la necesidad de que la economía contemple aspectos sociales y ecológicos ha alimentado a los defensores del medio ambiente, hasta el punto de que, para algunos, el economista británico tiene fama de ser el precursor del concepto de desarrollo sostenible⁵.

Sachs también critica la visión reduccionista de la economía. Argumentando que las cuestiones económicas deben armonizarse con las sociales y ecológicas, el profesor (SACHS, 2009) utiliza el término ecodesarrollo en la década de 1970, basándose en las sugerencias de Maurice Strong, a quien asesoró en los preparativos de la Conferencia de Estocolmo de 1972.

Más tarde, el término acuñado dará paso al de desarrollo sostenible, cuyo concepto será trabajado y difundido por Sachs que, además de profesor universitario, actúa como experto y consultor para gobiernos y organizaciones internacionales. En su larga trayectoria, Sachs (2009) combate firmemente las ideas de crecimiento a cualquier precio y propone vías para que las sociedades autogestionen la naturaleza de forma sensata, por el bienestar de las generaciones actuales y futuras, un imperativo de solidaridad sincrónica y diacrónica.

Defensor de una economía política, no sólo ecológica⁶, Sachs (2009) señala que si a las ciencias naturales les corresponde decir qué es necesario para un mundo sostenible, a las ciencias sociales les corresponde articular estrategias hacia ese objetivo, lo que exige tocar temas sensibles como las profundas desigualdades existentes entre el Norte y el Sur.

También en la década de 1970, Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers y William Behrens II, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), publicaron el informe Los Límites del Crecimiento. El trabajo, realizado para el Club de Roma, concluye que, si se mantienen las tendencias de producción y consumo y el crecimiento demográfico, la capacidad del planeta se agotará pronto, como se resume a continuación:

Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, en algún momento de los próximos cien años se alcanzarán los límites del crecimiento en este planeta. El resultado más probable será un descenso repentino e incontrolable de la población y de la capacidad industrial.

Es posible alterar esas tendencias de crecimiento y establecer una condición de estabilidad ecológica y económica sostenible en el futuro. El estado de equilibrio global podría diseñarse de modo que se satisfagan las necesidades materiales básicas de todos los habitantes de la Tierra y que cada persona tenga las mismas oportunidades de desarrollar su potencial humano individual (MEADOWS, 1972, p. 1).

El informe científico termina advirtiendo acerca de la necesidad de fijar límites al crecimiento para que la sociedad respete la capacidad de la Tierra y perdure durante generaciones. El imperativo de la transición queda claro en estas palabras:

Si hay motivos de honda preocupación, también los hay de esperanza. Limitar deliberadamente el crecimiento sería difícil, pero no imposible. El camino a seguir es claro y los pasos necesarios, aunque nuevos para la sociedad, están dentro de las capacidades humanas. El hombre posee, durante un pequeño momento de su historia, la combinación más poderosa de conocimientos, herramientas y recursos que el mundo haya conocido jamás. Tiene todo lo físicamente necesario para crear una forma completamente nueva de sociedad humana – una que se construya para durar generaciones. Los dos ingredientes que faltan son un objetivo realista a largo plazo que pueda guiar a la humanidad hacia una sociedad equilibrada y la voluntad humana de alcanzar ese objetivo. Sin ese objetivo y un compromiso con él, las preocupaciones a corto plazo generarán el crecimiento exponencial que lleva al sistema mundial a los límites de la Tierra y al colapso final. Con ese objetivo y ese compromiso, la humanidad estaría lista ahora para iniciar una transición controlada y ordenada del crecimiento al equilibrio global (MEADOWS, 1972, p. 9).

El mismo año del informe presentado al Club de Roma, la ONU promueve la Conferencia sobre el Medio Humano en Estocolmo, iniciando un debate más amplio sobre el tema a escala internacional.

3 La ONU y la lucha por sostenibilidad

Estocolmo fue la primera iniciativa mundial destinada a plantear y debatir el impacto humano sobre el medio ambiente. Con la convocatoria de la conferencia, la ONU pretendía elaborar directrices para los Estados en materia de protección y preservación ambientales, tal y como sugirió la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En 1972 se aprobó la Declaración de Estocolmo con 26 principios comunes que, en resumen, relacionan la vida digna y el bienestar de los seres humanos con el derecho a un medio ambiente de calidad; destacan el derecho de las generaciones presentes y futuras a la preservación de los recursos naturales; predican la ordenación racional del uso de la naturaleza y la importancia de la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos ambientales; recomiendan esfuerzos en materia de educación ambiental, haciendo hincapié en la responsabilidad de las empresas y los medios de comunicación; y hacen énfasis en la cooperación internacional en materia de medio ambiente.

Además, la Declaración subraya que los retos de la protección del medio ambiente son diferentes entre los países desarrollados y los países en desarrollo, en la medida en que los primeros tienen problemas derivados de la industrialización y el desarrollo tecnológico y los segundos experimentan problemas vinculados al subdesarrollo y a la ausencia de niveles mínimos de vida digna. De ahí que algunos principios comunes, como los n. 9, 10, 11, 12, 20 y 23, pretendan hacer frente a esa desigualdad. Las directivas orientan a que los países desarrollados proporcionen ayuda y compartan conocimientos y tecnología con los países en desarrollo, mientras que estos últimos pueden tener diferentes niveles de protección ambiental, más tenues de lo que recomienda el consenso internacional, en vista del elevado coste social impuesto. Se trata de la llamada responsabilidad común, pero diferenciada entre Estados.

A pesar de una soft law⁷, sin efecto vinculante como tratado, la Declaración de Estocolmo tuvo una importancia capital para la visibilidad y compromiso ambientales⁸.

Como resultado de Estocolmo también se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el United Nations Environment Programme (UNEP), con la misión de determinar la agenda ambiental mundial y proporcionar liderazgo y alianzas para proteger el medio ambiente.

En 1980, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ((IUCN)) publicó el informe Word conservation strategy: living resource conservation for sustainable Development. Dedicada a esbozar una estrategia de conservación ambiental a largo plazo, la obra conceptualiza el desarrollo como “la modificación de la biosfera y la aplicación de recursos humanos, financieros, vivos o no vivos para satisfacer las necesidades humanas” (IUCN, 1980), al tiempo que lo circunscribe a las dimensiones económica, social y ecológica de la sostenibilidad (cap. 1, punto 3). En el capítulo 20, el consumo en las sociedades desarrolladas o ricas, en contraste con las imágenes de grave escasez en los países menos favorecidos, recibe atención en estos términos:

En muchas partes del mundo, la presión demográfica está exigiendo recursos por encima de la capacidad de carga de la naturaleza. Cada país debe tener una política demográfica consciente para evitar en lo posible que se extiendan tales situaciones y, con el tiempo, lograr un equilibrio entre el número de habitantes y el medio ambiente. Al mismo tiempo, es esencial que los ricos limiten su demanda de recursos y, preferiblemente, la reduzcan destinando parte de su riqueza al servicio de los desfavorecidos. En gran medida, la supervivencia y el futuro de los pobres dependen de que los ricos conserven y compartan.

En 1982, se celebra Estocolmo+10 en Nairobi, en Kenia, lo que da lugar a la creación de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD). En 1983, la ONU encarga un informe al CMMDA, presidido por Gro H. Brundtland. En 1987 se publica Nuestro Futuro Común, también llamado Informe Brundtland, en honor de la Primera Ministra Noruega que presidió los trabajos.

Según Nuestro Futuro Común (1991, p. 5), “la producción industrial se ha multiplicado por más de 50 en el último siglo, y cuatro quintas partes de ese crecimiento se produjeron a partir de 1950”, con un profundo impacto sobre la biosfera y la capacidad de regeneración de la Tierra. Esa escala de crecimiento industrial, que también ha tenido lugar en los países en desarrollo, crea nuevos vínculos entre la economía y la ecología mundiales, lo que exige soluciones de cooperación internacional, además de firmes actitudes internas de los Estados, señala el informe. El trabajo también refuerza la necesidad de ayuda financiera y técnica a los países menos desarrollados, porque todos – ricos y pobres, grandes y pequeños – necesitan hacer cambios en el camino hacia el desarrollo sostenible.

La Comisión Brundtland define el desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, un concepto abierto que contiene dos elementos clave: (1) necesidades, que deben satisfacerse con prioridad absoluta para proteger a los pobres del mundo; y (2) limitación de la tecnología y las estructuras sociales a la capacidad del medio ambiente, para garantizar las necesidades presentes y futuras. Como se ve, los factores sociales (reducción de la pobreza) y ecológicos (mejora del medio ambiente) están fuertemente entrelazados en tal definición (MEBRATU, 1998, p. 501–502).

En 1992, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo ⁹(CNUMAD), también llamada Cumbre de la Tierra, Eco-92 o Río-92. De ahí surgió la Agenda 21, un programa de acción global que consta de 40 capítulos. El punto 4.3, señala que los modelos de producción y consumo, especialmente los de los países industrializados, son la causa principal de la continua degradación ambiental, y advierte que el crecimiento económico, acelerado por la globalización, ha tenido repercusiones injustas y desiguales en diversas partes del mundo, agravando la pobreza y el hambre en los países en vías de desarrollo (ONU, 1995).

La Agenda 21 representó un consenso para que los países desarrollados tomaran la iniciativa en la promoción de modelos de consumo más sostenibles. Esa cuestión es controvertida por el conflicto ambiental que existe entre los países del Norte y del Sur. En el debate sobre la sostenibilidad, el Norte suele culpar al Sur de la superpoblación y el Sur culpa al Norte del consumo excesivo. En una visión más extrema, el desarrollo sostenible se considera una forma de negar a los países en desarrollo el mismo estilo de vida y los mismos niveles de consumo de los que disfrutan los países desarrollados.

La Eco-92 también dio lugar a la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, con 27 principios; la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; el Convenio sobre la Diversidad Biológica; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como la Declaración de Principios sobre la Utilización de los Bosques.

Estableciendo principios de gran relevancia, como la precaución y la evaluación previa del impacto ambiental, la Declaración de Río también advierte de que los Estados deben reducir y eliminar los sistemas de producción y consumo insostenibles (principio 8) y establece que las autoridades nacionales deben utilizar instrumentos económicos, además de fomentar la internalización de los costes ambientales en el proceso de formación de los precios de mercado, con vistas a exigir a la parte responsable de la contaminación que asuma sus respectivos costes de rehabilitación, teniendo en cuenta el interés público, pero sin distorsionar el comercio y las inversiones internacionales (principio 16 – quien contamina paga).

A pesar de no haberse logrado una hard law para la protección del ambiente, Río-92 dejó como gran legado el propio proceso de preparación, que comenzó en 1989 y promovió cuatro reuniones en distintas partes del mundo, que dieron visibilidad al concepto de desarrollo sostenible, haciendo que personas de distintas regiones del globo comenzaran a preguntarse qué significa, cómo se puede llevar a la práctica y si ya está en camino (MEBRATU, 1998, p. 502).

Según Sanchés y Croal (1998), aunque no hubo un instrumento vinculante que abordara el desafío de elegir caminos políticos sostenibles, es innegable que Río-92 contribuyó al escenario internacional, especialmente porque fue a partir de ese evento que el instrumento de evaluación de impacto ambiental comenzó a ser previsto o mejorado en la legislación de muchos países.

En 1997, la ONU se reúne para identificar los obstáculos a la aplicación de la Agenda 21 y definir las prioridades de acción, evaluación conocida como Río+5. Poco después, en 1999, la ONU amplía sus directrices de protección de los consumidores, establecidas inicialmente en 1985 por la Resolución 39/248, para incluir el consumo sostenible firmemente adherido a los derechos a la educación y a una información adecuada. Cabe mencionar los siguientes temas de las nuevas directrices, también de una soft law internacional:

29. Debe procurarse que los consumidores tengan acceso a información inequívoca sobre los efectos de los productos y los servicios en el medio ambiente, recurriendo a medios como la elaboración de perfiles de los productos, la presentación de informes ambientales por la industria, el establecimiento de centros de información para los consumidores, la ejecución de programas voluntarios y transparentes de etiquetado ecológico y los servicios de consulta telefónica directa sobre los productos.

30. Los Estados Miembros, en estrecha colaboración con los fabricantes, los distribuidores y las organizaciones de consumidores, deben adoptar medidas contra la información o las afirmaciones capciosas en relación con el medio ambiente en las actividades de publicidad y otras actividades de comercialización. Debe fomentarse la elaboración de normas y códigos de publicidad adecuados para reglamentar y verificar las afirmaciones que se hacen en relación con el medio ambiente.

45. Los Estados Miembros deben alentar a las organizaciones de consumidores y a otros grupos interesados, incluidos los medios de comunicación, a que pongan en práctica programas de educación e información, entre otras cosas sobre los efectos de las modalidades de consumo en el medio ambiente y las consecuencias, incluidos costos y beneficios, que pueda tener la modificación de esas modalidades, particularmente en beneficio de los grupos de consumidores de bajos ingresos de las zonas rurales y urbanas.

En 2000, la ONU aprobó la Declaración del Milenio con ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que debían alcanzarse antes de 2015. El ODM 7 está vinculado a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y el ODM 8 a la puesta en marcha de una asociación mundial para el desarrollo. También en 2000¹⁰, se lanza la Carta de la Tierra, una declaración de principios éticos considerada fundamental para el siglo XXI en la búsqueda de una comunidad sostenible, justa y pacífica. La Carta de la Tierra representa un gran avance al exaltar el principio de respeto y cuidado de la comunidad de la vida y el valor de la integridad ecológica.

En 2002, Johannesburgo acoge la Conferencia de la ONU denominada Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible o Río+10, con el objetivo de analizar los avances de la Agenda 21. Al igual que Río-92, Río+10 viene precedida de un largo proceso de preparación, con reuniones en diversas partes del globo, razones por las que fomenta expectativas de grandes avances.

Sin embargo, la Declaración de Johannesburgo, principal producto de Río+10, prácticamente reafirma los principios ya acordados en Estocolmo y Río-92 y aporta muy pocas novedades. Como el compromiso con el desarrollo sostenible ya se había asumido en la Agenda 21, la atención se centró en cómo aplicar y supervisar ese ideal. En ese sentido, se hizo hincapié en la responsabilidad de las empresas, con debates sobre la posibilidad de acuerdos o tratados internacionales, asociaciones entre el sector público y el privado y nuevas normativas nacionales, así como el etiquetado ecológico obligatorio, para lograr modos de producción y consumo más sostenibles. Pero Estados Unidos se ha negado a asumir cualquiera de esos compromisos específicos y, junto con Australia, se ha opuesto a la adopción de objetivos para aumentar la energía procedente de fuentes renovables (SEYFANG, 2003, p. 226).

El acta de la Declaración de Johannesburgo contenía 69 artículos, pero sólo 37 fueron aprobados. En general, el documento indica que las amenazas ambientales han aumentado en los últimos diez años; señala los retos actuales para la aplicación del desarrollo sostenible, agudizados con el advenimiento del proceso de globalización; admite la importancia de una política multinivel, a largo plazo y ampliamente participativa para responder a esos retos; y refuerza el uso de instrumentos de política ambiental, así como la necesidad de creación de capacitación, formación, educación, transferencia de tecnología y otras acciones importantes (HENS; NATH, 2003, p. 22). De especial relevancia es la mención expresa a la responsabilidad corporativa mediante los siguientes principios:

27. Convenimos en que en la realización de sus actividades legítimas el sector privado, incluidas tanto las grandes empresas como las pequeñas, tiene el deber de contribuir a la evolución de comunidades y sociedades equitativas y sostenibles.

28. También convenimos en prestar asistencia a fin de aumentar las oportunidades de empleo remunerado, teniendo en cuenta la Declaración de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

29. Convenimos en que es necesario que las empresas del sector privado asuman plena responsabilidad de sus actos en un entorno regulatorio transparente y estable.

Junto con la Declaración de Johannesburgo, se aprueba un plan para la implantación de la Agenda 21. La modificación de las pautas insostenibles de consumo y producción se incluye en el capítulo III, que prevé una serie de acciones como la educación e información de los consumidores, el uso de prácticas de ecoeficiencia y producción más limpia, y el análisis del ciclo de vida basado en conocimientos científicos. Según Hens y Nath (2003, págs. 24 y 38), los temas centrales del capítulo fueron objeto de grandes desacuerdos, como las energías renovables, las subvenciones energéticas y los productos químicos y la salud, lo que hace dudar de que el mundo pueda avanzar realmente hacia la sostenibilidad si los gobiernos y las empresas asumen obligaciones concretas.

Por fin, en Johannesburgo, se observa un desfase considerable entre el discurso y la voluntad de los Estados y del sector empresarial de asumir compromisos sostenibles efectivos.

En Río+20 se llegó a la misma conclusión. El mundo estaba respondiendo a la crisis de 2009 y, también por ello, pocos estaban dispuestos a asumir obligaciones. En vísperas de la cita de Rio de Janeiro, se descartó el objetivo de establecer normas internacionales vinculantes, sino que se trató de renovar y/o revisar los compromisos de desarrollo sostenible e identificar las lagunas de implementación. En consecuencia, en 2012, Río+20 vuelve a debatir temas sobre economía verde, eficiencia del sector productivo y erradicación de la pobreza sin una estrategia clara y concreta de acción política (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012, p. 25–27).

La Declaración de Río+20, llamada El Futuro que Queremos, enumera 283 puntos de consenso en la búsqueda del desarrollo sostenible, pero no aborda obligaciones específicas. El tema del consumo y la producción está previsto en dicha Declaración en tres temas, a saber:

Recordamos los compromisos asumidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21 y el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo relativos a la producción y el consumo sostenibles, y en particular, la solicitud que figura en el capítulo 3 del Plan de Aplicación, de alentar y promover la elaboración de un marco decenal (10YFP). Reconocemos que es indispensable lograr cambios fundamentales en la manera en que las sociedades consumen y producen para lograr el desarrollo sostenible mundial.

225. Los países reafirman los compromisos contraídos para eliminar los subsidios perjudiciales e ineficientes a los combustibles fósiles, que alientan a consumir excesivamente y socavan el desarrollo sostenible. Invitamos a otros a que consideren la posibilidad de racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, incluidas la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para que se pongan de manifiesto sus efectos ambientales, y que esas políticas tengan plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo, a fin de reducir al mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las comunidades afectadas.

226. Adoptamos el plan decenal de marco programático (10YFP) sobre consumo y producción sostenibles (SCP), tal como se indica en el documento A/CONF.216/5, y destacamos que los programas incluidos en el 10YFP son voluntarios. Invitamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 67ª sesión a designar un organismo de las Naciones Unidas compuesto por Estados miembros para tomar las medidas necesarias para operativizar plenamente el marco.

Quizá el mayor fruto de Río+20 fue la articulación para la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los temas 245 a 251 de El futuro que Queremos tratan precisamente de eso. El grupo de trabajo que llegó a crearse para la tarea presenta su informe final a la ONU en 2014, con la sugerencia de 17 nuevos objetivos (ahora ODS) y 169 metas específicas para su seguimiento y consecución en 2030.

Lanzada en 2015, la Agenda 2030 de la ONU nació con 17 ODS y 169 objetivos e inaugura “un nuevo paradigma para un modelo más equilibrado de desarrollo sostenible con el fortalecimiento de la protección del medio ambiente”. La agenda se preocupa por “combatir las desigualdades y la discriminación, para que ‘nadie se quede atrás’” y los que están más a atrás reciban prioridad (CAMPELLO, 2020, p. 25–26).

La Agenda 2030, que abarca de manera indivisible e interdependiente problemas sociales como la pobreza, el hambre, el trabajo digno y la educación de calidad, y problemas ecológicos como la energía limpia, la vida en el agua y la tierra y el consumo y la producción sostenibles, estipula conductas materiales y de procedimiento concretas. Las primeras consisten en obligaciones instrumentales, como facilitar el acceso a la información ambiental prevista en la meta 12.8¹¹ o la de facilitar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales prevista en la meta 16.7¹²; Por otra parte, las obligaciones materiales protegen directamente los derechos humanos, como el derecho a la salud, garantizado por la meta 3.9, que establece que “para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y la contaminación y contaminación del aire, el agua y el suelo” (CAMPELLO, 2020, p. 34–38).

En ese contexto, cabe destacar el ODS 12, con el tema “consumo y producción responsables”, además de la meta 12.5, cuya intención es, de aquí a 2030, reducir sustancialmente los residuos mediante la reducción del consumo. Esa meta, por supuesto, tiene un impacto directo en los hábitos de la sociedad posmoderna.

Por último, la Agenda 2030 supone un avance importante al señalar vías más precisas para el desarrollo sostenible y exigir la elaboración de datos y su seguimiento; sin embargo, también es cierto que no está dotada de fuerza coactiva o vinculante, lo que mantiene aún débil el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

4 La necesidad de revisitar la sociedad posmoderna y la gobernanza mundial

El conocimiento científico actual permite controlar el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Sin embargo, esas métricas no han mostrado la evolución adecuada en términos de sostenibilidad. Cabe mencionar algunos indicadores.

Es extremadamente difícil prevenir el calentamiento global y controlar los impactos climáticos. Aunque el Protocolo de Montreal (1987), el Protocolo de Kioto (1997) y ahora el Acuerdo de París (2015) establecen objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático¹³ (IPCC, 2022) indica que las emisiones antropogénicas, inducidas por el hombre, han aumentado un 12% desde 2010 y un 54% desde 1990. Por lo tanto, para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global en 1,5℃ por encima de los niveles preindustriales, las emisiones tendrán que dejar de crecer para 2025 y disminuir un 43% para 2030.

Además de ser ecológicamente abusivas, esas emisiones reflejan una geografía de la desigualdad social. Según Gore (2021), se calcula que en 2030 el 1% más rico de la población mundial (unos 80 millones de personas) tendrá una huella de carbono un 25% mayor que en 1990, unas 30 veces más que el nivel per cápita mundial compatible con el 1,5℃, mientras que se espera que la huella del 50% más pobre (unos 4.000 millones de personas) se mantenga muy por debajo del objetivo del 1,5℃. En una línea similar, el IPCC (2022, p. 13) señala que “los países menos desarrollados (”LDCs”) y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (“SIDS”) tienen emisiones per cápita mucho más bajas (1,7 tCO2-eq y 4,6 tCO2-eq, respectivamente) que la media mundial (6,9 tCO2-eq), excluyendo CO2-LULUCF”.

Por otro lado, existe el grave problema del consumo excesivo de plástico. Según el World Wildlife Fund for Nature (WWF), los suelos, las aguas dulces y los océanos están contaminados con macro, micro y nanoplásticos, y se calcula que en 2030 se consumirán 104 millones de toneladas métricas de plástico. Los nanoplásticos se ingieren a través de los alimentos y el agua potable, y aún no se conocen todas las consecuencias de esta ingestión, pero ya se sabe que la contaminación por plásticos mata a la fauna, daña los ecosistemas y contamina la atmósfera. No obstante, falta un planteamiento global sistemático que exija al productor que se responsabilice de todo el ciclo de vida de los plásticos, cuya fabricación se ha abaratado y proliferado en los últimos tiempos¹⁴.

También aquí predomina la geografía de los países prósperos, ya que casi la mitad del plástico se utiliza en la creación de productos desechables y la mayoría de esos productos se consumen en países de renta alta o media-alta (WWF, 2019, p. 8, 10, 12 e 14). Un estudio más reciente de WWF (2022) indica con precisión los efectos adversos que la contaminación plástica ha causado en los océanos, estimando que se espera que los desechos plásticos se cuadrupliquen en 2050 si no hay un cambio de modelo en el sistema actual.

Cabe señalar que la humanidad ya ha cruzado el espacio operativo seguro del proceso de introducción de nuevas entidades (PERSSON, 2022), en el que se incluye el plástico, así como transgredido los límites seguros de otros cinco procesos autorreguladores de la resiliencia y el equilibrio del Sistema Tierra: los cambios climáticos; la integridad de la biosfera; las interferencias con los ciclos globales del nitrógeno y el fósforo; el uso global del agua verde; y los cambios en el uso del suelo (ROCKSTRÖM, 2009; STEFFEN, 2015; WANG-ERLANDSSON, 2022).

Otros datos relevantes son la huella ecológica y la biocapacidad del planeta, calculadas por la York University, en colaboración con Global Footprint Network. La huella ecológica indica, en hectáreas, la porción de tierra y agua que una persona o sociedad media utiliza para mantenerse, mientras que el índice de biocapacidad representa la cantidad de recursos naturales disponibles, respetando su proceso de regeneración. En ese sentido, se observa que desde 1971, la huella ecológica de la humanidad ha superado la biocapacidad del planeta; en 2018, se superó en un 75%. En términos globales, se calcula que la población utiliza ya de media un 50% más de los recursos disponibles, lo que agota rápidamente el capital natural, que pierde su capacidad de renovación. La media mundial es de 2,7 hectáreas globales por persona, mientras que la biocapacidad disponible del planeta es de sólo 1,8 hectáreas. Y las proyecciones para 2050 estiman que se necesitarían dos planetas si se mantiene el patrón de consumo (GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, [s.d.]; THE NATIONAL FOOTPRINT…, 2022).

Además, se calcula que el 90% de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico se deben a la extracción y procesamiento desenfrenados de los recursos naturales, según el informe Construyendo sociedades resilientes tras la pandemia de Covid-19 (IPCC, 2022).

Por último, ese trágico escenario indica que son los ricos los que más contaminan y hacen inalcanzable el cumplimiento del objetivo de París y de los ODS. Además, son ellos, o más bien sus multinacionales, quienes, según Bauman, dictan las normas de hiperconsumo a la sociedad mundial.

Evidentemente, la desigualdad social no se presenta sólo “en las huellas”. Proviene de un abismo estructural en la distribución de la renta en el planeta. El informe de Oxfam La desigualdad mata (AHMED, 2022) señala que las 10 personas más ricas del mundo aumentaron sus fortunas de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones, a un ritmo de 15.000 dólares por segundo o 1.500 millones de dólares al día, durante los dos primeros años de la pandemia de Covid-19. En contrapartida, los ingresos del 99% de la humanidad han disminuido y más de 160 millones de personas han entrado en la pobreza. Según la investigación, esa desigualdad contribuye a la muerte de 21.000 personas al día o cuatro personas por segundo, si se tienen en cuenta factores como la falta de acceso a la sanidad pública, la violencia de género, el hambre y la crisis climática.

Así, existe un sistema injusto que se retroalimenta, cuyas interconexiones urge cambiar. Es esa realidad la que justifica, de hecho, sostener que el consumo sostenible es un derecho y un deber¹⁵ de la solidaridad humana en construcción, en la perspectiva de que aún persisten importantes retos en cuanto a su eficacia.

Y esos retos nos obligan a reflexionar, entre otras cosas, sobre el papel de la gobernanza mundial, sobre el papel de la economía y sobre el papel de la sociedad y de los propios seres humanos.

En cuanto a la gobernanza mundial, a pesar del firme llamamiento resumido en la declaración de la sociedad civil (RESTAURAR…, [s.d.]), no fue ahora en Estocolmo+50, celebrado en Suecia, en junio de 2022, cuando se obtuvo un instrumento jurídico internacionalmente vinculante, aunque los discursos posteriores instan a “la urgente necesidad de una acción audaz y deliberada, y una clara voluntad política para […] reforzar el sistema multilateral, aumentar la ambición y la solidaridad” (UNEP, 2022).

Así, el proceso histórico de lucha por la plena solidaridad perdura. Algunas propuestas ya han abogado por un sistema internacional fuerte, como el Anteproyecto de Pacto Mundial por el Medio Ambiente redactado en 2017, y los Principios de La Haya 2018 para una Declaración Universal sobre las Responsabilidades de los Derechos Humanos y la Tutela de la Tierra.

El año pasado, el Secretario General de la ONU, en el informe Nuestro Agenda Común (UN, 2021), prometió pedir “a un Consejo Asesor de Alto Nivel, dirigido por antiguos Jefes de Estado y de Gobierno, que identifique los bienes públicos mundiales y otros ámbitos de interés común en los que más se necesitan mejoras de la gobernanza”. Tal consejo fue creado en 2022 y contribuirá a la Cumbre del Futuro, que se celebrará ya en 2023.

Se espera que de esos trabajos pueda surgir un nuevo modelo de gobernanza mundial, con otro multilateralismo y una solidaridad completa o real. El mundo contemporáneo, desregulado, acelerado, complejo y polifacético, exige repensar la gobernanza de los bienes de la Tierra. Los daños sociales y ecológicos creados por el sistema actual exigen un nuevo diseño de la democracia, la soberanía y la protección de los derechos humanos. Un modelo cosmopolita, sin precedentes en la historia, que sea fuerte, pero al mismo tiempo capaz de coordinar acciones en diversos ámbitos políticos, produciendo sinergias.

Un ejemplo puede ilustrar bien la importancia de lo que se dice.

Según el IPCC, las tecnologías digitales (Internet de los objetos, robótica e inteligencia artificial) pueden ayudar a mitigar el cambio climático, pero sus beneficios se anularán si aumenta la demanda de bienes y servicios debido al uso de dispositivos digitales. Al aumentar el consumo, se produciría un incremento de los residuos electrónicos. Además, el empleo de tales tecnologías podría tener graves repercusiones en el mercado laboral y en la brecha digital ya instalada en la sociedad. Por lo tanto, para descarbonizar la atmósfera, es necesario gobernar adecuadamente las tecnologías digitales a fin de inhibir o reducir los efectos secundarios de su uso. Debe crearse un régimen de transición justo que garantice el empleo en el transcurso del cambio estructural de una economía de altas emisiones de carbono a una de bajas emisiones, ya que “las vías de mitigación ambiciosas implican cambios importantes y a veces perturbadores en la estructura económica, con consecuencias distributivas significativas, dentro de los países y entre ellos” [IPCC (2022), p. 15; 47].

En consecuencia, es imprescindible un cambio de rumbo, debidamente controlado, para asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras y garantizar la equidad en la distribución de los recursos y el equilibrio del planeta Tierra. De ese compromiso instrumental se derivan Derechos humanos como la vida, la salud, la integridad física y moral, la alimentación.

Es significativo que el IPCC (2022, p. 46) advierta de que, “incluso si se llevan a cabo amplios esfuerzos globales de mitigación, habrá una gran necesidad de recursos financieros, técnicos y humanos para la adaptación”, con el fin de lograr la justicia climática. En este contexto, parece claro que la futura gobernanza de la Tierra deberá considerar que los principales actores en la emisión de contaminantes y la obtención de beneficios en el mercado internacional contribuyan en mayor medida a esa grandiosa tarea.

Así pues, aunque la Agenda 2030 es amplia y fomenta la aplicación de los ODS a nivel local, sigue habiendo cuestiones técnicas y complejas que requieren un enfoque de gobernanza sólido a escala mundial para colmar las lagunas en cuestiones que los Estados son débiles o incapaces de abordar, como la cuestión de la responsabilidad climática. Esas presiones sistémicas crean riesgos de inacción respecto a la Agenda 2030 de ámbito interno (DENNY; CASTRO; MAXIAO YAN, 2017).

Además, cabe destacar que, desde un cambio discursivo, cada vez son más los trabajos que se centran en consideraciones de justicia para gestionar los impactos humanos sobre el Sistema Terrestre (RAWORTH, 2019). Imbuidos de ese propósito, en 2023 un grupo de científicos naturales y sociales asumió el reto de abordar los límites planetarios junto con cuestiones sensibles como el acceso básico y universal a los alimentos, el agua, la energía y las infraestructuras. La intención era abrir un debate sobre cuáles serían los límites justos de la carga humana para cada uno de los procesos autorreguladores de la Tierra, junto con los límites seguros ya establecidos por las ciencias naturales (GUPTA, 2023).

Discutir el acceso universal mínimo a los alimentos, el agua, la energía y las infraestructuras (vivienda y transporte) implica cuestiones de equidad en la distribución de los recursos naturales del planeta, lo que también sugiere un planteamiento jurídicamente vinculante a escala mundial.

Pero, junto a una gobernanza mundial fuerte, la sociedad y los seres humanos deben tomar conciencia de su papel transformador. Las crisis ecológicas y sociales pueden ser fuertemente asistidas revisando los estilos de vida de las personas y su comprensión de la naturaleza. El cambio en los patrones de consumo, especialmente por parte de los más ricos, puede interferir en las emisiones de gases de efecto invernadero, generando una reducción de entre el 40% y el 70% para 2050 (IPCC, 2022). Hábitos como caminar y montar en bicicleta, evitar los vuelos de larga distancia y utilizar la energía de forma más eficiente en los edificios son ejemplos de medidas de mitigación. Pero, por último, no se puede descuidar el mayor poder que tiene la sociedad (que es independiente de la ciencia y la tecnología), que es reducir los niveles de consumo, adaptándolos a lo necesario para el buen vivir.

La difusión de la economía solidaria también puede reducir el déficit de solidaridad de la sociedad posmoderna. Estructurada en respuesta a las necesidades que el sistema capitalista neoliberal tiene dificultades para resolver, especialmente el elevado desempleo y la pobreza, la economía solidaria propone alternativas para generar trabajo e ingresos para los excluidos (SINGER, 2001). En ella, se introduce una dimensión ética en las relaciones de consumo, el comercio, la producción, los servicios, las finanzas y la tecnología, dando prioridad a la cooperación, la autogestión, el bienestar humano, la equidad de género y el equilibrio de los ecosistemas, entre otros valores (MANCE, 2005).

Organizada en redes de colaboración, la economía solidaria se basa en la autogestión, no permite la explotación del trabajo ni la dominación del mercado, y exige la preservación de los ecosistemas y el reparto de los excedentes en fondos de solidaridad. Grupos de producción comunitarios, cooperativas y asociaciones de producción; autogestión de empresas por parte de los trabajadores; sistemas locales de intercambio, organizaciones de certificación y etiquetado; finanzas solidarias; Consumo crítico y solidario y grupos de compra solidarios; economía de comunión; y difusión de software libre y tecnologías libres y sostenibles son algunos ejemplos de prácticas de economía solidaria que pueden indicar un nuevo camino diseñado para respetar la dignidad humana y el equilibrio dinámico del planeta (MANCE, 2005).

Conclusión

Implantar ampliamente el consumo sostenible sigue siendo un gran reto que, entre otras cuestiones relacionadas, exige repensar la sociedad posmoderna, la gobernanza global de los bienes de la Tierra y las prácticas económicas.

Consumir de forma sostenible significa respetar el derecho de las generaciones actuales y futuras a satisfacer sus necesidades básicas, lo que incluye el derecho a un medio ambiente equilibrado.

Resulta que la sociedad posmoderna estimula el hiperconsumo. Surgió en los años 70, inducida por cambios políticos y económicos que transformaron los procesos de trabajo, mercado, producción y pautas de consumo. Todo se vuelve más móvil y flexible. El Estado, a su vez, al ejercer menos influencia sobre la economía y las relaciones sociales, permite una gran acumulación de capital por parte de las empresas transnacionales.

Para sostener las nuevas dinámicas, de alcance global, se crean narrativas y necesidades que hacen a los seres humanos más individualistas y generan un déficit de solidaridad que alimenta situaciones estructurales de desigualdad social como el desempleo, la pobreza y el hambre.

Es también en la época del surgimiento de la sociedad posmoderna cuando se expande la conciencia ambiental en el mundo, en respuesta al crecimiento de la actividad industrial que, sin control, contamina ya el aire y el agua y provoca catástrofes. Pronto los estudiosos empezaron a advertir que las actividades humanas requieren límites y se empezó a propugnar el ideal del desarrollo sostenible.

Desde 1972, la ONU ha llevado a cabo actividades encaminadas a impulsar la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. En cinco décadas de lucha, se han conseguido muchos logros, especialmente la incorporación de un medio ambiente equilibrado en el derecho interno de cientos de países, pero aún quedan muchos retos pendientes. Aunque la actual Agenda 2030 establece 17 ODS y 169 metas que abarcan multitud de cuestiones, sigue siendo un instrumento no vinculante.

Los datos actuales que miden la degradación del planeta advierten de que la humanidad ya ha transgredido seis de los nueve límites planetarios, lo que afecta a la resiliencia del Sistema Terrestre. Los datos también indican que las emisiones antropogénicas de CO², causantes del calentamiento global, proceden en gran medida de las personas más ricas, que son también las que tienen un mayor patrón de consumo. Y, más allá de esa geografía de la desigualdad ecológica, los datos apuntan también a una geografía de la desigualdad social, dado el abismo estructural en la distribución de la renta en el planeta, amplificado por la pandemia de Covid-19.

Ese escenario indica la existencia de un sistema injusto que se retroalimenta, cuyas interconexiones urge modificar. Para lograrlo, un primer e importante paso es la celebración de un tratado internacional para gestionar los ecosistemas, propiedad común de la humanidad. Pero, a pesar de la creciente presión de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, esta sigue siendo una gran lucha. Estocolmo+50 en 2022 no consiguió reforzar la gobernanza mundial en ese sentido.

Otro paso importante es revisar el hiperconsumo de la sociedad posmoderna, empezando por comprender las implicaciones que cada acto de consumo conlleva para el equilibrio del planeta. Además de cultivar hábitos más sostenibles, también es necesario reducir los niveles de consumo, adaptándolos a lo necesario para el buen vivir.

Por fin, otra vía relevante es la mayor difusión de las prácticas de economía solidaria, que articula soluciones de trabajo e ingresos para las personas excluidas del sistema económico actual, priorizando la cooperación, la autogestión, el bienestar humano y el uso sostenible de los recursos de la naturaleza.

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• THE NATIONAL FOOTPRINT and biocapacity accounts launch event (part 1), 2022. 1 vídeo (19min45s). Publicado pelo canal Ecological Footprint Iniciative. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IG-vFrcP8pc&t=863s Acesso em: 21 jun. 2022.
  » https://www.youtube.com/watch?v=IG-vFrcP8pc&t=863s

• Cómo citar este artículo (ABNT):
  CAMPELLO, L. G. B.; TRINDADE, J. R. o. Sociedad posmoderna, consumo sostenible y organización de las naciones unidas: la búsqueda incompleta de la solidaridad. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 20, e202445, 2023. Disponible en: http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/2445. Acceso: día mes. año.
• ¹
  Las generaciones de los derechos humanos fueron tratadas por Vasak, en una conferencia pronunciada en 1979 en Estrasburgo. El tema pasó a ser abordado por Bobbio, en su obra La Era de los Derechos, cuando se hizo ampliamente conocido. Algunos prefieren (CANOTILHO, 2000) el uso del término dimensión, en lugar de la palabra generación, que sugiere la idea de cambio de lo viejo por lo nuevo, cuando lo que ocurre es un proceso de coexistencia y complementación.
• ²
  El evento implicó, a partir de 1950, la muerte de peces, la enfermedad de miles de personas y cientos de muertes por contaminación con metilmercurio. En 2013, se celebró el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que fue promulgado en Brasil por el Decreto Legislativo n. 9.470, de 14 de agosto de 2018.
• ³
  Asumiendo una perspectiva ya defendida por Thomas Malthus, en su obra Un ensayo sobre el principio de la población, publicada en Londres en 1798.
• ⁴
  Inducidos o alterados por la presencia y la actividad humana.
• ⁵
  Cabe señalar que, en 1970, el científico y economista rumano Nicholas Georgescu-Roegen ya desarrolló la cuestión de la ecología dentro de la economía, como recuerda Serge Latouche en su libro Pequeño Tratado sobre el Decrecimiento Sereno. La obra de Nicholas se titula La ley de la Entropía y el Proceso Económico.
• ⁶
  Igualmente, contraria a la economía tradicional, una propuesta que busca conciliar economía política y economía ecológica viene a ser desarrollada por Leff (2015) a mediados de la década de 1990. Para el mexicano, el movimiento ambiental y las luchas sociales en busca de una mejor calidad de vida y condiciones sustentables provocan una nueva dinámica que puede denominarse reapropiación social de la naturaleza, la cual se preocupa por la distribución ecológica, la justicia ambiental y la autonomía cultural, es decir, ahonda en temas de equidad.
• ⁷
  Para más información sobre las normas de soft law, véase Campello y Reis (2018).
• ⁸
  El resultado fue la creación de ministerios y agencias de medio ambiente en más de 100 países y el inicio de un crecimiento explosivo del número de organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la protección ambiental y cuestiones afines (HENS; NATH, 2003, p. 11).
• ⁹
  Nótese que la palabra “Desarrollo” se inserta ahora en el nombre de la Conferencia, lo que refleja la afirmación de un proceso histórico coronado con el Informe Brundtland de 1987 y la Declaración de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo (Res. 41/128).
• ¹⁰
  En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas pidió una carta que contuviera los principios fundamentales del desarrollo sostenible. La redacción de la Carta de la Tierra fue uno de los asuntos pendientes de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992. En 1994, Maurice Strong, secretario general de la Cumbre de la Tierra y presidente del Consejo de la Tierra, y Mijail Gorbachov, presidente de Cruz Verde Internacional, lanzaron una nueva iniciativa de Carta de la Tierra con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos. En 1997 se creó la Comisión de la Carta de la Tierra para supervisar el proyecto. Tras años de consultas y redacción, la Carta de la Tierra se publica en junio de 2000.
• ¹¹
  “Para 2030, garantizar que las personas de todo el mundo dispongan de la información y la concienciación necesarias para lograr un desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza”.
• ¹²
  “Garantizar una toma de decisiones receptiva, integradora, participativa y representativa a todos los niveles”.
• ¹³
  El IPCC es el órgano de la ONU que evalúa los conocimientos científicos sobre el cambio climático y reúne a expertos de todo el mundo.
• ¹⁴
  Es necesario forzar, a todos los niveles, la mejora de la gestión de estos residuos, con la creación e implantación de métodos de reutilización y reciclaje, además de la reducción de la producción y el consumo a límites aceptables. Los costes operativos del reciclaje de plásticos son elevados y han hecho que la actividad sea económicamente inviable. De ahí la necesidad de un tratamiento reglamentario adecuado, incluso porque el exceso de este material, sin una fuerte regulación y supervisión, también induce el riesgo de incineración, produciendo más contaminación (WWF, 2019).
• ¹⁵
  Por regla general, el derecho corresponde a la otra cara del deber y, en el caso de los bienes difusos, como los de tercera generación, todos son, al mismo tiempo, titulares de derechos y deudores. Las personas jurídicas tienen un deber especial de proteger el medio ambiente; deben garantizar la sostenibilidad de la producción y el consumo, ya sea porque explotan recursos naturales (empresas) o porque gobiernan dichos recursos (Estados-nación y organizaciones internacionales formadas por Estados miembros).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  04 Set 2023
• Fecha del número
  2023

Histórico

• Recibido
  28 Set 2022
• Acepto
  08 Mayo 2023