DESARROLLO SOCIOPOLÍTICO SOSTENIBLE: UNA LECTURA NORMATIVO-POLÍTICA

Resumen

Esta investigación presenta un análisis de la importancia y necesidad de la democracia para la proposición de un proyecto de desarrollo sociopolítico sostenible, en el cual el Derecho asume la función de garantizar la implementación y legalidad de los procedimientos participativos. El texto presenta tres secciones, en las que aborda el escenario contemporáneo, la globalización y el significado del desarrollo sostenible, además de describir la propuesta de intensidad de la democracia para lograr un proyecto viable de desarrollo sostenible, que pueda equilibrar el crecimiento económico, la preservación ambiental y la promoción de la dignidad humana. En conclusión, defiende la tesis general de que es necesario un dispositivo participativo a través del cual sea posible pensar soluciones a los problemas sociales de forma colectiva y solidaria, porque no hay desarrollo sin justicia social.

Palabras clave:
democracia; desarrollo sociopolítico; justiça social; participación

Resumo

Esta pesquisa apresenta uma análise acerca da importância e da necessidade da democracia para a proposição de um projeto de desenvolvimento sociopolítico sustentável, em que o Direito assume a função de assegurar a implementação e a legalidade dos procedimentos participativos. O texto apresenta três seções, nas quais aborda o cenário contemporâneo, a globalização e o significado de desenvolvimento sustentável, bem como descreve sobre a proposta de intensidade da democracia para alcançar um projeto viável de desenvolvimento sustentável, que consiga equilibrar crescimento econômico, preservação ambiental e promoção da dignidade humana. Como conclusão, defende a tese geral de que há a necessidade de um arranjo participativo, por meio do qual seja possível pensar soluções para os problemas sociais, de maneira coletiva e solidária, pois não há desenvolvimento sem justiça social.

Palavras-chave:
democracia; desenvolvimento sociopolítico; justiça social; participação

Abstract

This research presents an analysis of the importance and necessity of democracy for the proposition of a sustainable sociopolitical development project, where the law assumes the function of ensuring the implementation and legality of participatory procedures. The text presents three sections, where it addresses the contemporary scenario, globalization and the meaning of sustainable development, as well as describes the proposal of intensity of democracy to achieve a viable project of sustainable development, which manages to balance economic growth, environmental preservation and promotion of human dignity. In conclusion, it defends the general thesis that there is a need for a participatory arrangement, through which it is possible to think of solutions to social problems, in a collective and solidary way, since there is no development without social justice.

Keywords:
democracy; sociopolitical development; social justice; participation

Introducción

Al entrar en el siglo XXI, dos hechos siguen preocupando a los investigadores sociales: la globalización y la exclusión social. A medida que se intensifica la globalización, en medio de fantásticas innovaciones tecnológicas, aumenta, también la exclusión social, especialmente en los países en desarrollo, como es el caso de Brasil. En ese contexto, surge la pregunta: ¿cómo promover el desarrollo y la inclusión social en ese panorama globalizado?

Realizar ese análisis desde el punto de vista democrático es una necesidad, ya que no hay respuestas a las preguntas de la globalización, y también se puede afirmar que todos los modelos de Estado centralizador están en decadencia, condenados al fracaso desde hace tiempo, así como los regímenes totalitarios, ya agotados. Incluso el liberalismo, que sobrevive manteniendo sus fronteras abiertas al capital, es totalmente incapaz de resolver la cuestión de la exclusión social o de promover un desarrollo sociopolítico sostenible.

Para aproximarse a una propuesta de desarrollo sociopolítico sostenible, esta investigación ha optado por hacer ese análisis desde una lectura normativo-política, es decir, la investigación pretende demostrar que tal propuesta o proyecto sólo puede ser viable atribuyendo mayor intensidad a las prácticas democráticas, al tiempo que el Derecho, como sistema social, es capaz de garantizar la implementación y realización de los procedimientos democráticos.

Con el fin de llevar a cabo dicho enfoque, esta investigación se divide en tres secciones: (a) la primera describe el escenario contemporáneo, basado en la globalización y el concepto de desarrollo; (b) la segunda trabaja la idea de desarrollo sostenible, así como la complejidad de su concepto, como teoría de la justicia; y (c) la tercera y última sección presenta la democracia como categoría necesaria en la promoción de un desarrollo sociopolítico incluyente.

En cuanto al método de investigación, este estudio adopta los siguientes métodos: (a) hermenéutico-fenomenológico, en el que la categoría epistemológica fundamental es la comprensión y el objetivo es la interpretación de los hechos; y (b) analítico, referido al análisis conceptual y a la búsqueda del uso riguroso de los conceptos. El procedimiento metódico de tal análisis se caracterizó por los siguientes momentos: análisis y aclaración de conceptos; identificación de la idea clave; identificación de tesis, hipótesis y argumentos; identificación de problemas e inconsistencias argumentativas; intento de síntesis y reconstrucción personal del texto.

1 El escenario contemporáneo y la idea de desarrollo

La sociedad contemporánea es la llamada sociedad del riesgo, como señala el sociólogo alemán Ulrich Beck (1998), en la cual la propia relación hombre-naturaleza se ve afectada y, según el cual, las transformaciones de las amenazas civilizatorias a la naturaleza se transforman en amenazas sociales, económicas y políticas, lo que se traduce en un desafío para el presente y el futuro, justificando el concepto de sociedad presentado. De ese modo, la producción de riqueza va acompañada, sistemáticamente, de la producción de riesgos.

Según Beck (1998), ésta es la lógica del desarrollo, en la que los riesgos de la propia modernización se consolidan en un juego de tensiones entre ciencia, práctica y esfera pública, cuya consecuencia es una crisis de identidad, nuevas formas de organización del trabajo, nuevos fundamentos teóricos y nuevos desarrollos metodológicos. En ese contexto, Beck (1998, p. 210) afirma que es necesaria la asimilación de los errores, así como la discusión pública sobre la modernización, porque “la discusión pública de los riesgos de la modernización es la manera de reconvertir los errores en oportunidades de expansión en las circunstancias de la ciencia reflexiva”.

Paralelamente a esa discusión, el peruano Oswaldo de Rivero (2002) publicó su tesis sobre el mito del desarrollo y los países inviables en este siglo XXI. Aun reconociendo que tanto el capitalismo como el comunismo fueron productos elaborados en las fábricas de la Revolución Industrial, Rivero (2002, p. 162) señaló el hecho de que, desde la primera década de este siglo, la humanidad se enfrentaría a la hegemonía mundial de la versión más depredatoria del liberalismo, la cual se trata de

[…] de una versión del capitalismo desenfrenado que persigue más que nunca la felicidad mediante la exacerbación de la acumulación material, extendiendo pautas de consumo ecológicamente insostenibles y, a través del mercado y la tecnología, sometiendo a personas, empresas y naciones a su acción depredadora. Ahora que el comunismo ha quedado atrás, lo único que importa es obtener mayores beneficios, dinero fácil y rápido, sin prestar atención a los costes sociales y ecológicos.

Aliado a la versión del capitalismo salvaje, el actual modelo de globalización económico-financiera es un proceso depredador que deja a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, deconstruyendo los avances sociales logrados por el capitalismo del siglo XX, así como subordinando la democracia y los derechos humanos a los intereses económicos (RIVERO, 2002).

Como reflejo de la globalización depredadora y el capitalismo salvaje, los derechos políticos y sociales, así como el medio ambiente, se subordinan a la liberalización y desregulación de los mercados, en una sociedad global con más exclusión social y falta de respeto por la naturaleza. De hecho, la defensa de las libertades y de la democracia parece haber desaparecido de la agenda capitalista y liberal, sirviendo sólo de telón de fondo para su crecimiento. En ese sentido, también se produce un cambio en el escenario jurídico-político, hecho que, según Beck (2018, p. 131), consiste en una metamorfosis normativo-política: “el imperativo de democracia y justicia aplicado a las relaciones de poder de definición hace visible una metamorfosis de revolución: la ‘revolución’ centrada en las relaciones de poder de definición no tiene lugar allí donde la noción marxista de revolución esperaba que lo hiciera”.

Según José Eli da Veiga (2005, p. 80), “en un mundo de terribles desigualdades, es absurdo pretender que los riesgos tengan que ser aún más riesgos para permitir que los necesitados sean un poco menos necesitados”. El desarrollo consiste, ante todo, en permitir a las personas vivir el tipo de vida que han elegido, proporcionándoles las herramientas y oportunidades para tomar sus decisiones. Se trata de proteger los derechos humanos hasta profundizar aún más en la democracia.

Para hacerse una idea, en términos estadísticos, sobre el desarrollo, según el Informe Anual 2020 del Banco Mundial¹, en América Latina y el Caribe, el crecimiento del producto interior bruto (PIB) en la región (excluida Venezuela, cuyos datos son insuficientes) fue del 0,8% en 2019, y se prevé que retroceda hasta el −7,2% en 2020. El crecimiento debería recuperarse hasta el 2,8% en 2021. El trabajo del Banco Mundial (2020, p. 34) para la región se basa en tres pilares, a saber,

El primero se centra en el crecimiento integrador mediante el fomento de la productividad, la competitividad, la transparencia y la rendición de cuentas; la participación de los grupos tradicionalmente excluidos, como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades rurales; y la atracción de la inversión privada. El segundo hace hincapié en la inversión en capital humano para preparar a las personas para los retos y oportunidades que conlleva la naturaleza cambiante del trabajo. El tercero pretende aumentar la resiliencia para que los países no sólo puedan gestionar mejor las crisis, como las catástrofes naturales, los trastornos económicos, la migración, la delincuencia y la violencia, y las enfermedades infecciosas, sino también resistirlas.

El informe destaca que, en Brasil, la ayuda del Banco Mundial se tradujo en una mayor inversión en capital humano, contribuyendo a reforzar el programa social Bolsa Família en una transferencia condicional de efectivo que llegó a casi 47 millones de personas. El informe, además, menciona que ese programa también ha contribuido al aumento de la tasa de escolarización, que alcanza el 91%. También cabe destacar que el informe señala que la región de América Latina y el Caribe sufre la mayor frecuencia de catástrofes naturales del mundo, una vulnerabilidad que el cambio climático convierte en un reto aún mayor. Para hacer frente a ese reto, el Banco Mundial (2020, p. 35) señala que hay que centrarse en construir mejores infraestructuras que puedan soportar tormentas y otras catástrofes.

Para el Banco Mundial (2020, p. 49),

[…] El capital humano es la salud, los conocimientos, las capacidades, las cualificaciones y la resiliencia que las personas acumulan a lo largo de su vida. Les prepara para desarrollar todo su potencial y convertirse en miembros productivos de la sociedad, y es un motor clave del crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida. Los países que inviertan de forma eficaz y equitativa en la creación, protección y movilización del capital humano estarán mejor preparados para competir en una economía global que recompensa las capacidades cognitivas de alto nivel.

Según el Informe Anual 2021 del Banco Mundial², América Latina y el Caribe son las regiones más afectadas por Covid-19, con un fuerte descenso de la actividad económica e importantes repercusiones en la salud y el capital humano. Tal hecho se produjo tras varios años de lento crecimiento y escasos avances en los indicadores sociales. El PIB regional cayó un 6,5% en 2020. La pobreza ha aumentado significativamente en los países de la región, aunque la ayuda regional ha mitigado los impactos. Garantizar el acceso a servicios sanitarios y educativos de calidad sigue siendo una de las principales prioridades de la región. De acuerdo con el informe del Banco Mundial (2021, p. 44),

[…] Capacitamos, en Brasil, alrededor de 60 mil profesionales médicos en atención de emergencia neonatal y obstétrica, lo que contribuyó a reducir la mortalidad materna de 65,1 a 43,3 por cada 100 mil mujeres entre 2010 y 2019, y la mortalidad infantil de 12,2 a 10,3 por cada mil nacimientos en el mismo período. Nuestro apoyo también ha contribuido a aumentar las tasas de finalización de la enseñanza primaria, reforzar la formación del profesorado y ampliar el número de docentes que trabajan en áreas indígenas (de 437 en 2014 a más de 800 en 2019).

También en el caso de Brasil, el Banco Mundial (2021, p. 45) afirma que está proporcionando asistencia técnica para ayudar a reformar los sectores de la energía, el gas y la minería, que se encuentran entre los principales motores de la economía, “con el objetivo de aumentar la competitividad y la eficiencia; impulsar la financiación privada de infraestructuras energéticas y mineras sostenibles; y reforzar la resistencia al cambio climático”. Además, el Banco Mundial ha aportado 1.000 millones de dólares para ampliar el programa Bolsa Familia con el fin de ayudar a más de un millón de familias adicionales a hacer frente a la crisis y proteger sus ingresos, con el objetivo de aumentar la protección del capital humano en América Latina y el Caribe.

Brasil ha logrado un extraordinario proceso de industrialización o sofisticación productiva desde 1930. Sin embargo, los países ricos han mostrado un escaso desarrollo económico desde los años ochenta, y Brasil desde 1990. Los países ricos, encabezados por Estados Unidos, se vieron desafiados por los países en desarrollo del este y el sudeste asiático y abandonaron el ideal de desarrollo socialdemócrata inaugurado en los años 30 por Franklin Delano Roosevelt. Abandonaron la socialdemocracia y se adentraron en un liberalismo económico radical y agresivo, de modo que a medida que disminuían sus tasas de crecimiento, aumentaba la inestabilidad financiera y los trabajadores pobres veían cómo su nivel de vida se estancaba. En la década de 1990, Brasil siguió a los países del Norte, del liberalismo económico, y se desindustrializó, con avances en el campo social y político, experimentando, desde 2013, una división social y la pérdida de valores republicanos y solidarios (BRESSER-PEREIRA, 2018, p. 08). En ese marco,

[…] Brasil necesita dramáticamente un proyecto nacional; necesita superar el cuasi estancamiento económico de casi 40 años, necesita reindustrializarse o sofisticarse productivamente de nuevo y necesita, en el plano político, recuperar la relativa cohesión social perdida en los últimos cinco años (BRESSER-PEREIRA, 2018, p. 09).

Como señala Bresser-Pereira (2018, p. 10), lo que se espera de un país en desarrollo es que pueda crecer más rápido que los países ricos, mientras su renta converge al nivel de renta de esos países, hecho que ocurrió entre 1930 y 1979. El autor destaca que Brasil experimentó una grave recesión entre los años 2014 y 2016, cuando registró una caída del 7,11% y el desempleo alcanzó un máximo del 13,7% de la población activa, con 6 millones de brasileños arrojados a la pobreza.

Ante todas esas cuestiones, es necesario reflexionar sobre la idea de desarrollo sostenible, es decir, buscar el crecimiento económico, político, social y tecnológico, pero sin renunciar a la preservación del medio ambiente del planeta. Por tanto, desarrollo no significa sólo crecimiento económico, sino sobre todo preservar y promover la dignidad de la persona humana, tan olvidada por el capitalismo depredador y el liberalismo global. Enfrentar, entonces, el desafío de decir y/o sostener qué se entiende y qué es desarrollo requiere abordar su concepto, así como entenderlo como un proyecto que tiene como telón de fondo una teoría de la justicia, pues sin ésta no habrá desarrollo en los términos aquí pensados y propuestos.

2 Desarrollo sostenible como teoría de la justicia

El concepto de desarrollo empezó a tomar forma después de la Segunda Guerra Mundial. Para tal fin, se implementaron y perfeccionaron modelos, hipótesis, teorías y conceptos que guiaron las opiniones públicas y académicas internacionales. A partir de entonces, el Estado fue visto como el agente que identifica y sistematiza las demandas de la sociedad y, a través de la implementación de políticas públicas adecuadas, satisface esas necesidades. Esa concepción, con sus múltiples variantes, perduró hasta los años 80, cuando entró en crisis por la falta de resultados concretos en la promoción del desarrollo.

El Estado, entonces, es identificado como incapaz, corrupto e incapaz de promover el bienestar de la sociedad. Se rescata, así, el libre mercado, con la concepción de que los agentes económicos, sin la limitación de la intervención del Estado, podrían, entonces, liderar un proceso de desarrollo nunca antes visto, estimulando la apertura comercial, económica y financiera de las naciones, la privatización y la reducción del sector público. Tampoco esa propuesta dio los resultados deseados, y se agotó a finales de 1990.

El desarrollo sostenible, según José Eli da Veiga (2005, p. 114), significa equilibrar la difícil relación entre el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente, teniendo en cuenta las variaciones de la explosión demográfica y el peligro de una guerra nuclear. Por otra parte, la sostenibilidad expresa la satisfacción equitativa de las necesidades presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras – también en relación con los recursos ambientales.

En esa concepción, el crecimiento económico y el desarrollo humano no son conceptos antagónicos, sino complementarios, ya que el crecimiento económico es una condición para el desarrollo humano. Lo que se requiere es la necesidad de identificar estrategias para la implementación de procesos de crecimiento económico que permitan el desarrollo sostenible y la participación popular en los procesos de toma de decisiones, es decir, no sólo el desarrollo para las personas, sino también el desarrollo de y por las personas, para que participen plenamente en las decisiones y procesos que afectan a sus vidas.

De acuerdo con Dieter Siedenberg (2004, p. 10), existe un cierto acuerdo tácito sobre la enorme complejidad de cualquier proyecto de desarrollo, al mismo tiempo que hay desacuerdo sobre las formas de implementar y conducir las políticas de desarrollo. En ese sentido, se observa que, en las últimas décadas, los proyectos de desarrollo con un énfasis esencialmente económico han ido perdiendo fuerza frente a enfoques que añaden otros factores, como los sociales y ambientales, por ejemplo. Por lo tanto, se parte de la afirmación de Siedenberg (2004, p. 23) de que el concepto de “desarrollo se reserva exclusivamente para identificar los procesos de cambio a nivel individual de la organización, es decir, el desarrollo se produce cuando una entidad se vuelve cualitativamente diferente en relación con su condición anterior”.

En ese contexto, se puede decir, entonces, que el desarrollo va más allá del simple crecimiento del PIB, de la producción de bienes de consumo y de la inversión y acumulación de capital. Es necesario considerar a las personas y cómo el desarrollo amplía sus oportunidades, ya que el acceso a mejores ingresos es una de las luchas de los seres humanos, pero no es la única de sus actividades.

A la vista de esa concepción del desarrollo, el crecimiento económico es un medio para alcanzar el desarrollo humano, cuya finalidad debe proporcionar las condiciones para el enriquecimiento de la vida de las personas, sin detenerse en los aspectos cuantitativos, prescindiendo de los cualitativos. Como resultado de tal empeño, un concepto de desarrollo que tenga en cuenta lo humano tiene que ver con la dignidad de la persona humana, en la que “la preservación y promoción de la dignidad de la persona humana pasa, por tanto, por la disciplina de las relaciones concretas de coexistencia. Es en esa dimensión que se produce la realización del principio de dignidad, que, en su dirección, es tarea del Estado, de todos y cada uno” (FACHIN; PIANOVSKI, 2011, p. 19).

Para lograrlo, hay que concentrar los esfuerzos en evitar propuestas de crecimiento económico con destrucción de empleo, sin equidad, con aumento de las disparidades entre ricos y pobres, sin voz de las comunidades a las que se obstaculizan las formas más básicas de democracia y en contra de los derechos humanos, con destrucción de las identidades culturales y de las raíces de pertenencia de los pueblos en el afán de homogeneización. Cualquier propuesta de desarrollo que perpetúe tales desigualdades no es sostenible y no debe ser defendida, so pena de oscurecer lo humano y el medio ambiente, que ya presenta magros recursos naturales, como la inseguridad hídrica, por decir lo menos. En ese sentido, “el ‘desarrollo sostenible debe entenderse como uno de los ideales más generosos. Comparable quizás al bien más antiguo de la ’justicia social’, ambos expresan deseos colectivos enunciados por la humanidad, junto a la paz, la democracia, la libertad y la igualdad” (VEIGA, 2015, p. 46).

Al inicio de esta segunda década del siglo XXI, dos hechos preocupan mucho a los estudiosos de la sociedad: la globalización y la exclusión social. Mientras la globalización se intensifica, en medio de fantásticas innovaciones tecnológicas, la exclusión social también ha aumentado, especialmente en los países en desarrollo, como Brasil, por ejemplo. En ese contexto, se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo desarrollar y, al mismo tiempo, promover la inclusión social en ese panorama globalizado?

Realizar tal análisis desde una reflexión sobre la democracia es imprescindible, considerando que no hay respuestas a las preguntas de la globalización, y se puede afirmar que todos los modelos de Estado centralizadores están en decadencia, condenados al fracaso desde hace tiempo, así como los regímenes totalitarios, ya agotados. Incluso el liberalismo, que sólo sobrevive manteniendo abiertas sus fronteras, es completamente incapaz de resolver la cuestión de la exclusión social y de promover el desarrollo sostenible, tan debatido desde la última década del siglo XX.

En sociedades complejas, como es el caso de Brasil, la “regla de la mayoría” fue creada para la formación de consensos. Sin embargo, como señala Galuppo (2002, p. 149), “la regla de la mayoría en sí no es un principio democrático, sino un mecanismo o instrumento democrático, que conoce como tal algunas limitaciones”. A partir de ese entendimiento, se puede asegurar que una de las limitaciones de la democracia representativa, en lo que se refiere a las políticas públicas en sus diversos sectores, es que termina por no discutir lo colectivo, fragmentando lo que debería llegar o beneficiar a todos los ciudadanos de una determinada sociedad.

3 La importancia de la democracia para promover un desarrollo sociopolítico incluyente

La democracia como forma, en el procedimentalismo de Kelsen (2000), es entendida como incapaz de corresponder a un conjunto preciso de valores, ya que anunciaba la reducción del problema de la legitimidad, transformando más tarde Norberto Bobbio (1986) el elemento procedimentalista de Kelsen en una forma de elitismo democrático. En otras palabras, la concepción de la democracia como forma, reduciendo la participación del ciudadano única y exclusivamente al voto directo, acaba revelando un audaz instrumento de legitimación de la élite gobernante.

De forma diferente al enfoque tradicional, el análisis de Habermas (2003) sobre la importancia de la democracia apunta a la necesidad de pensarla y trabajarla como una forma de integración social. Cabe destacar también que Habermas (2003) realiza su análisis vinculando cuatro puntos: democracia, moral, Derecho y política. A partir de ese punto, se empieza a vislumbrar la importancia del Derecho para la defensa de un proyecto de desarrollo sociopolítico sostenible, siendo, por tanto, aquel sistema social capaz de garantizar la implantación y realización de procedimientos democráticos participativos.

En Habermas, la mediación del lenguaje es lo que permite distinguir la razón comunicativa de la razón práctica, por cuanto se asocia la última a un patrón interpretativo que se entiende desde la singularidad, mientras que, por el contrario, la razón comunicativa no ofrece modelos para la acción. No siendo una norma de acción, la razón comunicativa se constituye como una condición posibilitadora y, al mismo tiempo, limitadora del entendimiento (MOREIRA, 2004).

La razón práctica se basa en una orientación vinculante para la acción, mientras que en la razón comunicativa, la acción se orienta hacia el entendimiento, ya que, al tener el lenguaje como medio, el entendimiento se acopla a él. Habermas (2003) entiende que la moral orientada por principios depende de una complementación por medio del Derecho Positivo. Por un lado, se encuentra la teoría del discurso y, por otro, la emergencia de la teoría del derecho: “apoyada en el principio del discurso, la teoría del Derecho – y del Estado de Derecho – necesita salir de las pistas convencionales de la filosofía política y del Derecho, aunque siga asimilando sus cuestionamientos” (HABERMAS, 2003, p. 23).

La teoría del Derecho y la democracia habermasiana se basa en el lenguaje, es decir, en la acción expresada en el discurso, y, con el objetivo de legitimar el proceso legislativo, Habermas (2003, p. 53) señala la necesidad de garantizar a los ciudadanos los derechos de comunicación y participación política, ya que,

En la medida en que los derechos de comunicación y participación política son constitutivos de un proceso legislativo eficaz desde el punto de vista de la legitimación, esos derechos subjetivos no pueden tomarse como los de sujetos jurídicos privados y aislados: tienen que aprehenderse en el enfoque de participantes orientados a la comprensión, que se encuentran en una práctica intersubjetiva de comprensión.

Según la interpretación de Moreira (2004), los derechos de comunicación y participación política remiten a la idea de autonomía de los ciudadanos. La manifestación de una voluntad legítima, en ese sentido, emana del pueblo, y Habermas (2003, p. 54) dice que es “una voluntad legítima, que resulta de una autolegislación presuntamente racional de ciudadanos políticamente autónomos”.

Dado que la voluntad legítima emana de ciudadanos políticamente autónomos, que se convierten en socios del Derecho y de la propia democracia, y no en meros espectadores de cuestiones jurídico-políticas, el proceso legislativo se convierte entonces en un espacio de integración social. El espacio público es donde las mujeres, los negros, los trabajadores y las minorías raciales expondrán las reivindicaciones sociales necesarias, así como expresarán, ante las normas, una manifestación racional y libre, transformando también el Derecho en fuente de integración social. No obstante, para que ese “arreglo comunicativo” se produzca efectivamente, se hace necesaria la posibilidad de una política deliberativa de los ciudadanos, a través de la democracia participativa, desarrollando, para ello, métodos y condiciones de debate, discusión y persuasión.

En cuanto a las decisiones de la “regla de la mayoría”, cabe señalar que éstas

[…] tienen importancia especial en el caso del proceso legislativo que, por su complejidad y extensión social, utiliza la representación política como filtro condensador de los posibles discursos de justificación de las normas jurídicas legales. Por eso mismo, el mecanismo de la representación política presupone que los discursos que tienen lugar en las cámaras legislativas se hacen de modo de defensa, que sólo son legítimos si existe un mecanismo comunicativo que traslade los puntos de vista y por tanto la legitimidad de los representados a los representantes (GALUPPO, 2002, p. 152).

De ese modo, la participación social en la discusión tiene una importancia fundamental para la formulación del proceso de participación. No obstante, según Habermas (2003, p. 227–228),

La participación simétrica de todos los miembros requiere que los discursos conducidos representativamente sean porosos y sensibles a los estímulos, temas y aportaciones, informaciones y argumentos proporcionados por una esfera pública plural, cercana, discursivamente estructurada y, por tanto, diluida en el poder.

A medida que los ciudadanos, a través de los derechos de comunicación y participación política, formalizan el proceso democrático, exponiendo los resultados obtenidos, se configura el concepto habermasiano de “política deliberativa”, que “obtiene su fuerza legitimadora de la estructura discursiva de una formación de opinión y voluntad que cumple su función social e integradora gracias a la expectativa de una calidad racional de sus resultados” (HABERMAS, 1997, p. 28).

En Derecho y democracia, Habermas (2003) destaca no sólo el derecho de los ciudadanos a deliberar sobre sus necesidades sociales, sino que también señala la necesidad de que la opinión pública oriente el poder administrativo hacia determinadas demandas. Así, el filósofo alemán muestra que el concepto de discurso, incluido en la democracia, acaba diferenciando a la sociedad, en el momento en que permite el contraste de opiniones diversas, propiciando la contestación, la identificación y el señalamiento de posibles soluciones a los problemas existentes en el seno de la sociedad.

Se abre, pues, la posibilidad de la colectivización de lo social, es decir, se da a los ciudadanos la oportunidad de discutir y deliberar sobre sus necesidades fundamentales, pudiendo incluso participar en la propia elaboración de la ley, en lo que se refiere a la teoría discursiva del Derecho, que no es el punto central de este trabajo. Dicha posibilidad es de suma importancia, ya que la democracia representativa hace tiempo que es incapaz de pensar colectivamente y acaba fragmentando las políticas públicas, lo que provoca que no se atiendan las demandas sociales de los estratos económicamente menos favorecidos, provocando así la exclusión social.

La política deliberativa es fundamental en las sociedades contemporáneas y complejas, puesto que

[…] la lectura de la democracia según la teoría del discurso está ligada a un enfoque distanciado, propio de las ciencias sociales, y para el cual el sistema político no es ni la cúspide ni el centro de la sociedad, ni mucho menos el modelo que determina su impronta estructural, sino un sistema de acción junto a otros (HABERMAS, 2002, p. 284).

Según Habermas (2002), la política deliberativa, al llevarse a cabo de acuerdo con los procedimientos convencionales de formación institucionalizada de la opinión pública, pasa por el filtro deliberativo, y sus fines pueden alcanzarse a través de la dirección política.

Habermas (2003) no presenta un concepto de democracia, pero, sí, señala la necesaria observación de procedimientos discursivos en función de la propia democracia, caracterizándola, así, como una forma procedimental. En ese sentido, pretende demostrar que los derechos de participación política y comunicación de los ciudadanos deben ser respetados y se les debe dar la oportunidad de influir en el proceso legislativo como participantes orientados a comprender.

La importancia atribuida por Habermas (2003) a la esfera pública radica en que es el espacio en el que todos los sujetos pueden discutir sus problemas y desigualdades, en que el proceso legislativo tiene capacidad de integración social, haciendo también colectivo lo que antes estaba fragmentado. Sin embargo, aun estando de acuerdo con la importancia de la esfera pública y de la democracia, es necesario rescatar la propia función de la política en los tiempos actuales, planteando la cuestión de para qué sirve la política.

En medio de las sociedades contemporáneas coexisten problemas nuevos con otros muy antiguos, como la persistencia de la pobreza y de las necesidades esenciales insatisfechas, la amplia difusión de las hambrunas colectivas, la violación de las libertades políticas y formales básicas. Por tanto, la expansión de la libertad se muestra como el principal fin y medio del desarrollo, según la tesis central de Amartya Sen (VEIGA, 2015, p. 56).

Para Sen (2000), es necesario ver la democracia como creadora de un conjunto de oportunidades, mientras que el uso de esas oportunidades requiere un análisis que aborde la práctica de la democracia y los derechos políticos. Las libertades políticas y de derechos civiles desempeñan un papel constructivo en relación con las necesidades económicas. Los derechos políticos relacionados con la garantía de la discusión, el debate y la crítica son fundamentales para los procesos de elección comunitaria bien reflexionada. Así pues, “el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la falta de oportunidades económicas y la indigencia social sistemática, el abandono de los servicios públicos y la intolerancia o injerencia de Estados represivos” (VEIGA, 2015, p. 57).

Según Daniel Innerarity (2017), una sociedad moderna es una sociedad de sistemas sociales, incluyendo el Derecho, la economía, la cultura, etc. Esos sistemas responden cada vez más a su propia lógica, sin embargo, si esa lógica no se articula con las demás, la posibilidad de desequilibrar el conjunto es grande. Luego, la tarea de la política, en una sociedad compleja, será contrarrestar la dinámica centrífuga de esos sistemas, sus turbulencias y amenazas internas, considerando que

[…] no se trata, pues, de decidir entre más o menos Estado (un debate antiguo y superado), sino de concebirlo de otra manera. Debemos pensar, por ejemplo, en un Estado que no niegue las fuerzas del mercado, sino que, por el contrario, las estimule y organice para mejorar el bienestar colectivo […]. Necesitamos una nueva sabiduría de los límites y una nueva inteligencia para entenderlos como una oportunidad para practicar una política que vuelva a combinar eficacia y democracia (INNERARITY, 2017, p. 155–156).

La democracia es una categoría clave para los procesos de desarrollo sociopolítico sostenible. En ese sentido, la tesis habermasiana de una política deliberativa, capaz de proporcionar procedimientos discursivos, en la que los derechos de participación y comunicación política estén garantizados por el sistema de Derecho Positivo, puede pensarse como una teoría de la justicia.

La discusión realizada por los ciudadanos sobre sus necesidades sociales en la esfera pública garantiza la ciudadanía, ya que “el proceso político de construcción de ciudadanía, como se ha visto anteriormente, tiene como objetivo fundamental proporcionar oportunidades de acceso igualitario al espacio público como condición para la existencia y supervivencia de los hombres como miembros de una comunidad política” (HABERMAS, 2002, p. 221).

Comprender la ciudad como un colectivo representa un salto hacia la inclusión y el desarrollo. Ese avance, sin embargo, sólo es posible a través de la experimentación democrática, por lo que es importante que los líderes más ilustrados aprovechen cualquier empresa o actividad que su grupo tenga que poner en marcha para experimentar fórmulas que fomenten la participación de todos los interesados.

De hecho, un individuo que participa activamente en la vida de su comunidad es un ciudadano incluido. Una comunidad de ciudadanos participativos intensifica sin duda la democracia en la que se inserta. La eficacia de una democracia con tal intensidad constituye el terreno fértil por excelencia para el florecimiento del desarrollo. De ahí la importancia de investigar fórmulas que intensifiquen las prácticas sociales horizontales, capaces de despertar en las personas el gusto por la participación democrática y la comprensión de que éste es el camino menos difícil en la búsqueda de un desarrollo sociopolítico sostenible.

Consideraciones finales

Con esta investigación se pueden apuntar algunas notas concluyentes, la primera señalando que la democracia, más allá de la mera utilidad instrumental, tiene un valor intrínseco, ya que el modelo de democracia liberal representativa no puede pretender ser reconocido como el único. Esa pretensión en sí misma estaría revelando una contradicción, ya que, al pretender ser el único modelo, estaría dejando de lado el principio fundamental de la democracia, que es el respeto a la diversidad.

Como segunda nota concluyente, se comparte la matriz teórica habermasiana de la política deliberativa, reafirmando la necesidad de que los ciudadanos deliberen efectivamente en la esfera pública sobre sus necesidades y desigualdades sociales, pudiendo orientar al poder administrativo hacia determinadas demandas. Para que se produzca tal disposición participativa, el ejercicio de la política deliberativa por parte de los sujetos a través de la democracia participativa, desarrollando métodos y condiciones para el debate.

El fortalecimiento de las experiencias sociales organizadas horizontalmente proporcionará, sin duda, una mayor conciencia de la responsabilidad social de cada individuo en la búsqueda, a través de acciones colectivas, de la superación de los males que aquejan a las comunidades, desarrollando y fortaleciendo la cultura de la participación y la reciprocidad como medio para buscar la inclusión y el desarrollo social.

La tercera nota concluyente, demuestra el importante papel del derecho en ese nuevo y prometedor acuerdo participativo propuesto por Habermas (2003), ya que el derecho es responsable de garantizar que se lleven a cabo los procedimientos democrático-participativos. En otras palabras, corresponde a la Ley garantizar las reglas del juego democrático y la viabilidad de la participación popular en la elección de sus necesidades, lo que, en consecuencia, garantiza tanto el desarrollo sociopolítico sostenible como la preservación y promoción de la dignidad humana.

Como cuarta nota concluyente, se puede afirmar que el debate y la decisión de los miembros de la comunidad sobre las prioridades de inversión estimulan sin duda a los ciudadanos a comprender los problemas de la ciudad en su conjunto, de modo que, cívicamente, un barrio puede llegar a renunciar a una inversión que mejoraría sus infraestructuras en favor de otro barrio más necesitado. En la comprensión de Corrêa (2002, p. 217), “la realización democrática de una sociedad, compartida por todos los individuos hasta el punto de garantizar a todos los accesos al espacio público y las condiciones para una supervivencia digna, teniendo como valor fuente la plenitud de la vida”.

Por fin, la quinta nota conclusiva, de esta investigación, demuestra que la defensa de una propuesta de desarrollo sociopolítico sostenible que reúna una estrategia democrático-participativa, en la que el ordenamiento jurídico sea capaz de garantizar tal procedimiento, se traduce en una significativa teoría de la justicia. Es oportuno destacar que no existe ningún tipo de desarrollo que no tenga en cuenta la dignidad de la persona humana y la preservación del medio ambiente, por lo que es imposible pensar o proponer estrategias y procesos de desarrollo sin pensar en la justicia social.

REFERÊNCIAS

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• Cómo citar este artículo (ABNT):
  HAMEL, M. R. Desarrollo sociopolítico sostenible: una lectura normativo-política. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 20, e202436, 2023. Disponible en: http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/2436. Acceso: día de mes. año.
• ¹
  El Informe Anual abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, ha sido elaborado por los Directorios Ejecutivos del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) y de la Asociación Internacional de Desarrollo (AID) – conocidos colectivamente como Banco Mundial – de conformidad con los estatutos de ambas instituciones.
• ²
  El informe anual, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, ha sido elaborado por los directores ejecutivos del BIRD y la AID – conocidos colectivamente como Banco Mundial – de conformidad con los estatutos de ambas instituciones.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  04 Set 2023
• Fecha del número
  2023

Histórico

• Recibido
  18 Set 2022
• Acepto
  06 Ene 2023