INVESTIGACIONES CIVILES DE MATERIA AMBIENTAL EN LA ENSEÑANZA JURÍDICA: EL DERECHO MÁS ALLÁ DE LOS JUICIOS

Resumen

En la enseñanza del Derecho, el estudio de casos prácticos favorece el análisis del contenido de las sentencias y los fallos. Sin embargo, en la realidad existen problemas jurídicos complejos que no se someten al poder Judicial. Además, existen cambios de paradigma entre finales del siglo XX y principios del XXI, como el reconocimiento de titulares de derechos difusos y colectivos y el incremento de técnicas y métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, que exigen una nueva mirada de la educación jurídica en tiempos de complejidad. En esa medida, se propone analizar en qué medida las investigaciones civiles pueden servir como objeto de metodologías activas y participativas capaces de colmar las lagunas y limitaciones que puedan existir en el estudio de las decisiones judiciales, en la enseñanza del Derecho Ambiental. Se parte de la hipótesis de que la interacción entre las indagaciones civiles y las metodologías activas ofrece a los estudiantes la oportunidad de analizar la compleja problemática ambiental de forma amplia y detallada. Se trata de una investigación bibliográfica y documental, con enfoque cualitativo. Se concluye que el uso de la investigación civil en la enseñanza del Derecho Ambiental, a través de metodologías activas, beneficia una formación protagónica del estudiante, en consonancia con lo que dispone el ordenamiento jurídico vigente. Entre ellas, se puede destacar el “problems based learning” como una de las más fructíferas para el estudio de los procedimientos extrajudiciales en enfoque.

Palabras clave
investigación civil; enseñanza jurídica; Derecho Ambiental; metodologías activas; casos prácticos

Resumo

No ensino do Direito, o estudo de casos práticos prestigia a análise do teor de sentenças e acórdãos. Todavia, há problemas jurídicos complexos, na realidade, que não chegam a ser submetidos ao Judiciário. Além disso, há mudanças de paradigma, entre o fim do século XX e o início do XXI, como o reconhecimento de titulares difusos e coletivos de direitos e o aumento de técnicas e métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, que demandam um novo olhar para o ensino jurídico, em tempos de complexidade. Nessa medida, propõe-se analisar em que medida os inquéritos civis podem servir de objeto de metodologias ativas e participativas capaz de suprir lacunas e limitações eventualmente existentes no estudo de decisões judiciais, no ensino do Direito Ambiental. Parte-se da hipótese de que a interação entre os inquéritos civis e as metodologias ativas proporciona aos estudantes uma oportunidade de análise ampla e detalhada da complexa problemática ambiental. Trata-se de pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa. Conclui-se que o uso do inquérito civil no ensino do Direito Ambiental, por meio das metodologias ativas, beneficia uma formação protagonista do aluno, em consonância com o que dispõe o ordenamento jurídico vigente. Entre elas, destaca-se o “problem based learning” como uma das mais proveitosas para o estudo dos procedimentos extrajudiciais em destaque.

Palavras-chave:
inquérito civil; ensino jurídico; Direito Ambiental; metodologias ativas; casos práticos

Abstract

In the teaching of law, the study of practical cases gives prestige to the analysis of the content of sentences and judgments. However, there are complex legal problems in reality that are not submitted to the judiciary. In addition, there are paradigm shifts between the end of the twentieth century and the beginning of the twentyfirst, such as the recognition of diffuse and collective rights holders and the increase in extrajudicial techniques and methods of conflict resolution, which demand a new look at legal education in times of complexity. To this extent, it is proposedto analyze the extent to which civil inquiries can serve as an object of active and participatory methodologies capable of filling gaps and limitations that may exist in the study of judicial decisions in the teaching of Environmental Law. It is assumed that the interaction between civil investigations and active methodologies provides students with an opportunity for a broad and detailed analysis of the complex environmental problem. This is a bibliographic and documentary research, with a qualitative approach. It is concluded that the use of the civil inquiry in the teaching of Environmental Law,through active methodologies, benefits a protagonist formation of the student, in line with what the current legal system provides. Among them, “problem-based learning” stands out as one of the most fruitful for the study of the extrajudicial procedures in question.

Keywords:
civil procedures; legal education; environmental law; active methodologies; practical cases

Introducción

Los programas de enseñanza de las universidades de Derecho tienden a seguir la dinámica de los hechos y problemas jurídicos enfrentados en la experiencia real subyacente. En ese contexto, el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI están marcados por cambios significativos en el sistema jurídico brasileño. Hay al menos dos áreas principales de cambio de paradigma: (a) el reconocimiento de los titulares de derechos difusos y colectivos; y (b) el auge de las técnicas y métodos extrajudiciales de resolución de conflictos.

En efecto, hasta mediados de la década de 1980, los problemas jurídicos civiles se centraban en el análisis de las obligaciones entre las partes. Así, el reconocimiento de una tercera dimensión de los derechos fundamentales y del alcance de las repercusiones ambientales de las políticas públicas y de las empresas públicas y privadas obliga a las universidades a replantearse los métodos de enseñanza del Derecho, en tiempos de complejidad.

Lógicamente, si la enseñanza jurídica necesita formar buenos profesionales para hacer frente a los problemas actuales, es imprescindible prepararlos para el ejercicio profesional y la investigación en situaciones que van más allá del mero conflicto de intereses individuales, debatido en un ambiente exclusivamente judicializado. En ese sentido, se observa que el perfeccionamiento de los métodos de estudio y análisis de los problemas ambientales en Brasil, en el ámbito académico y en la práctica técnica, científica o jurisdiccional, contribuye a la confrontación de las cuestiones ecológicas en la relación entre calidad de vida sostenible, derechos humanos y planificación ambiental.

En el siglo XXI, surgen a diario complejos problemas jurídicos en el ámbito ambiental; algunos de ellos con grandes repercusiones nacionales. En noviembre de 2015, por ejemplo, una presa con capacidad para 60 millones de m³ de relaves de mineral de hierro, propiedad de la empresa minera Samarco, se rompió en la ciudad de Mariana, en Minas Gerais (MG). Menos de cuatro años después, en enero de 2019, la presa de relaves de Vale, se derrumbó en la ciudad de Brumadinho/MG. Las repercusiones de esas catástrofes son de naturaleza ambiental, social, cultural, sanitaria y económica, por lo que exigen la actuación de órganos de control y fiscalización sobre el terreno, en un esfuerzo conjunto de los municipios, el Estado, la Unión, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales.

De hecho, la complejidad de las relaciones jurídicas implicadas en catástrofes de esa magnitud explica la pertinencia del diálogo sobre la protección jurídica de la flora, la fauna y los seres humanos, en todos sus aspectos. Otro factor destacable es que gran parte de esos problemas jurídicos se investigan, delimitan y resuelven en el marco de investigaciones civiles iniciadas por las fiscalías del Ministerio Público Estatal y de la Unión, y no en un proceso judicial, en un proceso judicializado.

Con todo, en la práctica docente y de investigación jurídica predomina el análisis y discusión de asuntos ya decididos en sentencias y fallos (jurisprudencia), con énfasis en los procedentes de tribunales superiores. Sin embargo, los problemas jurídicos que alcanzan ese nivel de debate representan la minoría de las cuestiones que se plantean en la realidad. Además, existe una limitación en el uso de una resolución judicial en los métodos de enseñanza activa y participativa: la sentencia no aprecia – al menos en lo que se refiere al aspecto material del litigio – los métodos de recogida de datos y de diagnóstico de las resoluciones jurídicas del problema en su origen. Al fin, no corresponde al juez, por regla general, delimitar la solicitud y aportar las pruebas que considere oportunas.

En una sentencia, por tanto, corresponde al juez decidir únicamente sobre hechos que hayan sido debidamente establecidos y organizados, basándose en las pruebas aportadas por las partes. Por otra parte, los procedimientos de investigación, como la investigación civil, se enfrentan al problema desde su inicio: el registro del hecho dañoso (que a veces no se presenta tan claramente como suele observarse en una petición inicial). La demanda es incipiente en todos los sentidos, lo que exige del profesional del Derecho unas habilidades diferentes y más complejas que las necesarias para actuar en el proceso judicial.

Así, el artículo aborda la siguiente cuestión: ¿en qué medida las investigaciones civiles pueden servir como objeto de metodologías activas y participativas capaces de colmar las lagunas y limitaciones que puedan existir en el estudio de las decisiones judiciales en la enseñanza del Derecho Ambiental? Ante esa cuestión, se trazaron los siguientes objetivos específicos: a) comprender los aspectos jurídicos de la investigación civil y su alcance como fuente de datos, delimitación y resolución de problemas jurídico-ambientales; (b) evaluar la relación entre los problemas jurídicos ambientales en las investigaciones civiles y las oportunidades de transformación de la enseñanza del Derecho en el siglo XXI; y c) analizar el potencial de la interacción entre las investigaciones civiles y las metodologías activas en la enseñanza del Derecho Ambiental para una formación protagónica del alumno, ampliando su contacto con la realidad.

Se estima que existe una concentración de la investigación y la enseñanza jurídicas en estudios prácticos y análisis de casos concretos centrados en la jurisprudencia. Eso genera una laguna a llenar en la comprensión de los conflictos que no se originan en un proceso judicial específico, y exige nuevas perspectivas sobre la posibilidad de utilizar otros tipos de producción y acción jurídicas en los estudios de casos participativos en el Derecho.

Así, se parte de la hipótesis de que el uso de investigaciones civiles en las metodologías de enseñanza proporciona a los estudiantes la oportunidad de analizar el problema ambiental de una forma más cercana y detallada, ante una situación jurídica que aún se encuentra en su fase germinativa. En ese contexto, no hay conclusiones fijas (como en las sentencias judiciales), y se incita a los estudiantes a analizar en detalle la complejidad que revela el caso concreto. En vista de ello, deben elaborar hipótesis para resolver el problema, estipular métodos de obtención de pruebas y aplicar los actos jurídicos concretos concluyentes – ya sean judiciales o extrajudiciales.

Se trata de una investigación bibliográfica realizada en el ámbito teórico, en las bases de datos redalyc y google scholar, en libros y artículos científicos especializados en procedimientos extrajudiciales y formación jurídica; y documental, mediante la utilización de fuentes jurídicas de creación y regulación de la investigación civil. En cuanto al enfoque, la investigación se caracteriza por ser cualitativa, ya que trata del carácter intenso (y no extensivo) de los fenómenos investigados. Se utiliza una revisión bibliográfica como método para definir conceptos e identificar lagunas y posibilidades en el tema abordado.

En el primer apartado, se propone delimitar el significado, características y funciones de la encuesta civil como procedimiento de investigación de atribución exclusiva del Ministerio Fiscal y su utilización en la protección extrajudicial del medio ambiente. En la segunda sección, se investiga cómo el profesor de Derecho Ambiental puede hacer un buen uso de casos concretos documentados en la investigación civil en metodologías de aprendizaje activo y participativo.

1 La investigación civil para la obtención de información en problemas jurídicos ambientales

Entre la segunda mitad de la década de 1970 y el inicio de la década de 1980, miembros del Ministerio Público del Estado de São Paulo y profesores de la USP, representados por Ada Pellegrini Grinover, lideraron una serie de estudios centrados en cuestiones ambientales y otras reivindicaciones colectivas. Para ellos, el ordenamiento jurídico nacional no era capaz de hacer frente a los problemas de una sociedad compleja, que existía en un contexto globalizado, y que empezaba a reconocer el medio ambiente como un bien jurídico a proteger.

Para García (2021), se trata de un nuevo paradigma jurídico en el que el Derecho Ambiental gana autonomía científica y objeto propio: el estudio de las relaciones humanas con el ambiente de forma equilibrada. Surgen nuevas relaciones entre los individuos y entre éstos y el “macrobien” ambiental.

Ese vínculo jurídico difiere de los demás existentes, lo que lleva a la construcción de un nuevo tipo de relación jurídica, la relación jurídico-ambiental. La naturaleza jurídica de esa nueva relación es la de un vínculo jurídico difuso, que va más allá de los intereses y conexiones meramente individuales o grupales, para alcanzar a un número indeterminado e indeterminable de sujetos vinculados entre sí por una circunstancia fáctica. Se trata de reconocer que la supervivencia de todos depende de los elementos bióticos y abióticos que componen el medio ambiente, en un estado de equilibrio dinámico

(GARCIA, 2021, p. 138).

Así, se observa la precariedad de la protección de los bienes ambientales y otros intereses difusos previstos en la Constitución de 1988 y en leyes escasas, que retratan intereses que no son ni públicos ni colectivos, y en los que nadie es individualmente titular, mientras que todos lo son (FLEURY FILHO, 2010). Antes de eso, la aprobación de la Ley de Acción Civil Pública, Ley n. 7.347, de 24 de julio de 1985, fue el resultado de los esfuerzos de los miembros del Ministerio Público de São Paulo, y terminó siendo una ley determinante para las acciones ministeriales sobre el tema a partir de entonces (BRASIL, 1985). Además del papel tradicional del Parquet en las acciones penales públicas y en las investigaciones policiales, esa ley y la Constitución establecieron posteriormente la ampliación de las atribuciones del órgano para que pudiera actuar en las acciones civiles públicas y en las investigaciones civiles, en la protección civil de intereses difusos y colectivos.

Como bien dice Mazzilli (2010, p. 306), “al igual que el abogado se prepara para demandar, el fiscal debe prepararse para comparecer ante el juzgado”. Según él, las investigaciones civiles son procedimientos de investigación civil que se crearon inicialmente en la legislación local de São Paulo, y luego se positivaron en el ordenamiento jurídico nacional, con la Constitución y la Ley n. 7.347/1985 (BRASIL, 1988, 1985). Al igual que la investigación policial, la investigación civil es el procedimiento administrativo extrajudicial iniciado con el fin de recopilar datos probatorios e informaciones diversas para instruir la labor del miembro del Ministerio Público, en la tutela de intereses difusos y colectivos.

Así, evita el archivado de acciones temerarias o que no cuenten con los elementos indispensables para el inicio de un proceso civil ante el Poder Judicial. Se trata, por tanto, de una investigación administrativa destinada a recabar información para la interposición de una acción civil pública en el futuro. Además, es a través de la investigación civil que se hace posible elaborar compromisos para ajustar conductas, realizar audiencias públicas, emitir recomendaciones, entre otras atribuciones.

Es en la investigación civil donde más fácilmente puede establecerse la materialidad y autoría de los daños de repercusión civil colectiva. Para tal fin, el miembro del Ministerio Público puede practicar diligencias, solicitar documentos, informaciones, exámenes y pericias, expedir notificaciones, tomar declaraciones, realizar peritajes e inspecciones (MAZZILLI, 2008). El asunto se encuentra reglamentado en la Ley n. 7.347/1985, pero también en la ley orgánica del Ministerio Público (Ley n. 8.625, de 12 de febrero de 1993) y en resoluciones infralegales del Consejo Superior del Ministerio Público (Resolución n. 23/2007). Se trata, por tanto, de un método de recogida de información que requiere una buena técnica y estrategia para evitar que los graves asuntos que se investigan se pierdan en la confusión documental, sin que se llegue a una conclusión clara o elucidante sobre el problema jurídico planteado.

En el ámbito ambiental, la investigación civil es una herramienta esencial para investigar daños, catástrofes y otros ilícitos. La complejidad del asunto requiere la organización de la información y las pruebas para permitir la identificación y el análisis de la autoría, la materialidad y el alcance cualitativo y cuantitativo de los daños experimentados. Así, permite a profesionales y estudiantes de Derecho reflexionar sobre cuestiones complejas relacionadas con: el suelo, los recursos hídricos, la minería, las infraestructuras, la contaminación, los transgénicos, los pesticidas, el urbanismo, la flora, la fauna, entre otros. Tampoco se pueden olvidar las problemáticas socioambientales, que tratan de la relación entre las personas y el medio físico que las acoge, especialmente las comunidades tradicionales, las poblaciones indígenas y los quilombolas. Todos esos elementos son sólo una parte de la problematización planteada en el procedimiento en cuestión.

En efecto, una vez identificado el ámbito de actividad de la investigación, es necesario detallar todos los aspectos de la responsabilidad civil (daños, autoría, nexo causal), cuantificar los daños a efectos de compensación o indemnización y determinar estrategias para restaurar el medio ambiente a su status quo ante. Para obtener esos resultados, el método de investigación civil debe consistir en reunir todas las pruebas necesarias. En el ámbito ambiental, destaca la necesidad de elaborar documentos técnicos y periciales, lo que representa unos costes que hay que considerar. En la protección del medio ambiente, sin embargo, y a la vista de los principios constitucionales ambientales, se han admitido medios para invertir la carga probatoria sobre el empresario causante del daño o ilícito, que puede incluso financiar cualquier peritaje o planes de recuperación de la degradación.

Frente a esa herramienta jurídica tan relevante, cabe destacar que, en la catástrofe de Mariana/MG, por ejemplo, el Ministerio Público estatal inició procedimientos para trabajar en varios aspectos de la acción socioambiental extrajudicial o judicial. Hubo al menos 11 investigaciones civiles, sin contar los procedimientos penales y diversos procedimientos administrativos, que dieron lugar en: (a) 529 subsidios económicos distribuidos a las familias afectadas; (b) 330 alojamientos temporales para las familias afectadas; (c) indemnización de por lo menos 19 familias, por valor de R$ 100.000,00, por la muerte de parientes; d) indemnización de entre R$ 10.000,00 y R$ 20.000,00, en previsión de indemnización por el desplazamiento físico de 382 familias victimizadas; (e) reembolso de los gastos de electricidad a 255 familias; (f) donaciones de R$ 3.500,00 a 360 familias; y (g) reasentamiento de cientos de familias (MINAS GERAIS, 2019).

En el caso de la investigación civil de Brumadinho/MG, se observa que, en los primeros seis meses tras la ruptura de las presas, se adoptaron medidas de emergencia, registradas en términos de ajuste preliminar; y se efectuaron reparaciones por daños ambientales y socioeconómicos. En cuanto a la protección de la fauna, el Ministerio Público del Estado recomendó la elaboración de un plan de localización, rescate y cuidado de los animales afectados por el derrame de lodo y otras sustancias; también recomendó el monitoreo de las aguas del río Paraopeba; prohibió la pesca; y determinó el suministro de agua limpia para los animales de la región afectada por el lodo.

Asimismo, en el ámbito de la protección del patrimonio cultural, se emitió una recomendación para que el promotor de los daños llevara a cabo acciones de contención, recogida y neutralización de los residuos generados en la catástrofe, con el fin de evitar la perdición del patrimonio histórico y cultural local. También se firmó un acuerdo de ajuste de conducta para llevar seguridad hídrica a la obra, remediar y compensar los impactos causados al servicio de abastecimiento de agua en el municipio de Pará de Minas (MINAS GERAIS, 2021).

Como puede observarse, el entramado de hechos y medidas que conforman una indagación de esa naturaleza es motivo de múltiples reflexiones, lo que confiere al procedimiento un carácter esencial para el estudio del Derecho Ambiental, en el escenario de la complejidad.

2 El análisis de los problemas jurídicos ambientales en la investigación civil aplicada a la enseñanza jurídica

La pluralidad de perfiles de alumnos y de situaciones jurídicas obliga a la asignatura de Derecho y a sus profesores a emplear nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, diferentes de las clases magistrales tradicionales y de los sistemas de evaluación más conocidos. Según Faganello y Nolasco (2016), el Derecho Ambiental debería adquirir una importancia similar a la de otras disciplinas tradicionales, y parte de su carga lectiva debería dedicarse al análisis práctico de cuestiones ambientales en casos concretos.

De hecho, Klafke y Feferbaum (2020) afirman que la enseñanza debe ser participativa, con espacio para el protagonismo de los estudiantes, en los cursos de Derecho. Ese cambio de enfoque hacia el estudiante representa la medida más adecuada para hacer frente a la heterogeneidad de la enseñanza superior, tras la llegada de otros perfiles de estudiantes a los cursos jurídicos. Además, para esos autores, los métodos activos de enseñanza deben estar conectados con la experiencia, en una concepción del derecho como asunción de soluciones, que haga vivo y pulsante el ambiente universitario.

Para Gordillo (1988), los objetivos generales de un curso deben basarse en actividades de aprendizaje que: (a) permitan a los estudiantes realizar un análisis crítico de principios teóricos y puntos de vista variados; (b) permitan al alumno adquirir la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de casos concretos de la realidad de la práctica profesional; (c) ayudarle a comprender con la máxima precisión los detalles del hecho y su enfoque jurídico; (d) permitan la articulación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en casos concretos; y (e) estimule el pensamiento crítico y creativo en la formulación de hipótesis o escenarios imaginativos.

Entre los principales retos de la enseñanza del Derecho Ambiental se encuentran la complejidad e interdisciplinariedad de la materia, la falta de conocimientos previos sobre la materia, la necesidad de actualización constante de los contenidos, la falta de recursos didácticos adecuados y la posible falta de interés de los alumnos. Además, la enseñanza del Derecho Ambiental también puede suponer un reto debido a la falta de claridad y coherencia de numerosas leyes y reglamentos ambientales (ROBERTSON, 2021).

Además, Araújo, Tassigny y Freitas (2022, p. 24-25) señalan que

[…] el amplio acceso a la información de todo tipo a través de la difusión de los medios de comunicación de masas asigna imprudentemente el mismo grado de importancia a las noticias serias y relevantes (como las cuestiones relativas a la existencia humana) y a los contenidos críticos irresponsables.

Mientras tanto, los estudios de Seker (2023) sobre el uso de textos como únicas fuentes para analizar cuestiones sociales y medioambientales concluyen que los libros de texto suelen presentar información abstracta en lugar de concreta.

En esa contradicción se encuentra, por un lado, el exceso de información inconexa en Internet y, por otro, la ausencia/insuficiencia de información en los textos que tratan temas ambientales importantes. Según Seker (2023), en los textos deben incluirse imágenes pertinentes y apropiadas que se relacionen con problemas reales para ayudar a los alumnos a comprender mejor los temas estudiados. Además, es esencial formar al profesorado para tratar cuestiones concretas al margen de los libros de texto. Por lo tanto, los libros de texto y los textos son excelentes fuentes de estudio teórico; sin embargo, son espacios limitados para registrar y trabajar casos concretos.

Así pues, entre los recursos didácticos apropiados para el Derecho ambiental deben figurar materiales curriculares y bases de datos disponibles en organizaciones gubernamentales o civiles, sitios websites creados por los profesores, libros de texto específicos y cualquier documento con diagramas, fotos, gráficos y otras herramientas visuales para ilustrar el contenido (ROBERTSON, 2021). En ese sentido, la investigación civil destaca como un dossier de información que puede facilitar el análisis de datos en el aula.

De forma complementaria, Wei, Burnside y Che-Castaldo (2015) subrayan que el método de estudio de casos (y aquí la utilidad de utilizar la investigación civil como objeto de análisis) puede ser una herramienta valiosa para enseñar y preparar a los estudiantes para afrontar los retos ambientales del futuro. De hecho, el enfoque colaborativo e interdisciplinar es necesario para resolver problemas ambientales complejos y enseñar a los estudiantes habilidades de pensamiento crítico y análisis de datos. De hecho, la educación ambiental debe centrarse en cómo resolver los problemas ambientales y capacitar a los alumnos para que se conviertan en ciudadanos productivos, solucionadores de problemas ambientales y científicos.

La complejidad técnica de la cuestión ambiental, así como su evolución dinámica y la transversalidad entre disciplinas académicas, ramas del Derecho y niveles de jurisdicción, hacen que la creación de un plan de estudios de Derecho del Clima sea un reto para los instructores académicos. Esto se debe a la necesidad de preparar a los estudiantes para abordar un tema complejo y en constante evolución que requiere un enfoque interdisciplinario y una comprensión de las normas jurídicas internas y externas. Además, la enseñanza del Derecho climático debe ser capaz de preparar a los estudiantes para hacer frente a la incertidumbre y la ambigüedad que caracterizan el asunto (MEHLING et al., 2020).

De hecho, la educación ambiental ha evolucionado con el tiempo, pasando de un enfoque fragmentado y especializado a otro más integrado y consolidado, y ahora se considera una parte importante del plan de estudios jurídicos en su conjunto, y no sólo una especialización del Derecho (MEHLING et al., 2020). Para Robertson (2021, p. 69), la mejor forma de realizar estudios de casos ambientales es a través de largos escenarios fácticos que presenten cuestiones jurídicas ambientales específicas. Esos estudios de casos pueden utilizarse para ilustrar cómo se aplican las leyes ambientales a situaciones reales y complejas, y pueden incluir temas como la contaminación del aire y del agua, la gestión de residuos, la conservación de la biodiversidad, el cambio climático, entre otros.

Los estudios de casos deben utilizarse correctamente para enseñar a los alumnos a aplicar las leyes medioambientales a situaciones reales, y debe animarse a los alumnos a trabajar en equipo para resolver los problemas presentados en los estudios de casos, que deben actualizarse periódicamente para reflejar los cambios en las leyes y normativas ambientales (MEHLING et al., 2020). Para ello, la enseñanza del Derecho Ambiental debe ser interdisciplinar y abordar temas de otras ciencias; y los instructores deben ser capaces de enseñar a los estudiantes la importancia de la distinción entre una perspectiva interna y externa a las normas jurídicas, así como la importancia de un enfoque crítico y reflexivo.

Aquí, la investigación civil destaca por retratar un enfoque práctico indispensable para la educación ambiental, como recomiendan Mehling et al. (2020), que favorece la realización de ejercicios de simulación, estudios de casos y proyectos de investigación. Así, y como se ilustra más arriba, en los casos de Mariana y Brumadinho, hay una importante contribución en el campo de la aproximación de las investigaciones civiles en el ámbito del Derecho Ambiental.

Llevados a los alumnos, los hechos y actos jurídicos documentados en el procedimiento administrativo en cuestión permiten conocer no sólo la tensión entre dos puntos de vista jurídicos contrapuestos (la solicitud de A resistida por B, que desemboca en una decisión concluyente, con lo que se presentó al juez); sino también para que los alumnos tomen conciencia de la complejidad que entrañan los múltiples factores formales y materiales del problema, lo que exige que el profesor organice y aplique métodos participativos y creativos que permitan a los alumnos entrar en contacto con esos documentos.

Los problemas ambientales registrados con tal riqueza de detalles ayudan a profesores y alumnos a aplicar las sugerencias de Gordillo (1988). Se espera que la investigación civil trabaje sobre los principios generales del Derecho Ambiental y los puntos de vista en conflicto, con el fin de discutir el ejercicio de la prudencia, la ponderación y la razonabilidad. Así, los estudiantes tienen una oportunidad única de analizar problemas complejos a partir de la conflictividad que existe en los litigios sobre derechos difusos y colectivos.

Además, siguiendo las consideraciones de Gordillo (1988), cuando se analizan procedimientos de esa naturaleza, el alumno se enfrenta al desafío de delimitar un problema, que debe ser realizado por él mismo. Eso no ocurriría en el análisis de una decisión judicial, pues todos los participantes en el proceso ya entregan al juez el problema preparado, desde su punto de vista. Por otra parte, el magistrado determinará definitivamente los límites del problema y todas sus circunstancias, dejando al alumno únicamente la posibilidad de expresar su acuerdo o desacuerdo, y las razones que le han llevado a entender una cosa u otra. Con eso, la investigación civil permite a los alumnos recorrer los tres actos del camino de la prudencia en la educación ambiental en la enseñanza superior, ellos son:

[…] (a) deliberar sobre un tema determinado, con vistas a la construcción de conocimientos, el desarrollo de aptitudes, actitudes y valores sociales, el cuidado de la comunidad de la vida, la justicia y la equidad socioambiental, y la protección del medio natural y construido; (b) emitir juicios sobre los hechos y los pensamientos que los motivan, integrando las múltiples y complejas relaciones implicadas, como un proceso continuo de aprendizaje sobre cuestiones relativas al espacio de interacciones multidimensionales, ya sean biológicas, físicas, sociales, económicas, políticas o culturales; y (c) aplicar el mando alcanzado, como resultado de una acción práctica que considere la interfaz entre naturaleza, sociocultura, producción, trabajo, consumo, a través de un enfoque complejo y multidisciplinar […]

(ARAÚJO; TASSIGNY; FREITAS, 2022, p. 29).

En la investigación civil, por lo tanto, el alumno puede deliberar y ejercitar su razonamiento jurídico, a partir del abordaje que da a la situación que posiblemente aún aguarda juicio, en un ejercicio de análisis de los aspectos procesales de recolección de pruebas; y tomar una decisión, con el propósito de confirmar o no la hipótesis jurídica formulada por él, a través de la apreciación y comprensión de los hechos y reflexiones que lo atraviesan. El uso de la investigación civil, en ese contexto, es una manifestación del ejercicio de la prudencia en la educación ambiental en la educación jurídica en tiempos de complejidad, pues permite a los alumnos y profesores el contacto necesario con el método de recolección de datos probatorios, con las pruebas y la realidad correspondientes, y con el ejercicio de la toma de decisiones, en el caso concreto, a través de la discusión suficiente en el aula.

Así, el uso de la investigación civil en el aula contribuye a un avance desde la fase de toma de decisiones a la de adopción de medidas en la vida profesional del alumno. Ese avance puede manifestarse en el futuro a través de una actitud de interponer una demanda, archivar el caso o adoptar medidas extrajudiciales de resolución de conflictos en su actuación en el mercado laboral. Esto se debe a que, la investigación civil permite analizar un vasto material en distintos momentos del conflicto, algo que no está suficientemente previsto en los análisis de las sentencias y resoluciones judiciales.

Así, debe entenderse como una especie de material de aprendizaje del Derecho, según Gordillo (1988), ya que observa la lógica del análisis de los documentos, los textos normativos, los hechos (delimitación jurídica y valoración de las pruebas correspondientes) y el derecho aplicable al caso. A partir de los documentos elaborados en la investigación civil, los alumnos pueden redactar sus propios actos procesales, practicar la redacción jurídica y ejercitar la creatividad en el proceso de toma de decisiones.

3 Metodologías activas y posibilidades de comprensión de la realidad a través de la investigación civil en la enseñanza jurídica

Klafke y Feferbaum (2020) advierten que el uso de manuales y obras dogmáticas es sólo una forma de reducir la complejidad de las cuestiones jurídicas, presentando una solución como si fuera verdadera. Así, no son una fuente de conocimiento, sino de información, como cualquier otra. Además, para esos autores, que refuerzan la diferencia entre teoría y práctica, los estudiantes deben estar en contacto permanente con la realidad, ya que es ésta la que, en última instancia, se trabajará y se interpretará.

Resulta necesario utilizar documentos de trabajo reales en estudios de casos, debates, simulaciones, juegos, visitas sobre el terreno y otras actividades prácticas para implicar a los alumnos y hacer que el aprendizaje sea más dinámico e interesante (ROBERTSON, 2021). Así pues, el uso de metodologías activas en el aula puede ser muy útil para entrar en contacto con las posibilidades de comprensión de un problema ambiental real abordado en una investigación civil. Para ello, el profesor de Derecho puede trabajar métodos de enseñanza basados en el debate de ideas y el protagonismo de los estudiantes.

Entre los métodos de enseñanza orientados al protagonismo del alumno, se destacan los siguientes: (a) aprendizaje basado en la experiencia; (b) design thinking; (c) mapeo; (d) método basado en problemas (PBL – problem based learning); (e) aprendizaje basado en proyectos; (f) simulación; y (g) método o estudio de casos. A su vez, en los métodos basados ​​en la discusión de ideas, los más conocidos son: (a) debates; (b) diálogo socrático; (c) brainstorm; y (d) acuario (o fishbowl) (KLAFKE; FEFERBAUM, 2020). Todas esas metodologías activas están disponibles para la educación jurídica y pueden interactuar, de alguna forma, con la investigación civil, para explorar aspectos prácticos y teóricos sobre los diversos problemas que permean el Derecho Ambiental brasileño. En este estudio, sin embargo, se decide desarrollar a continuación una interacción entre la investigación civil y el método basado en problemas (PBL – problem based learning), el método o estudio de casos, el mapeo, los debates y el diálogo socrático.

Dadas esas posibilidades, el profesor puede, por ejemplo, proponer a los alumnos el ejercicio de resolver un problema previamente delimitado, que implique daños ambientales y socioambientales derivados de la extracción de mineral por parte de una empresa en una determinada localidad. La situación real puede extraerse de una investigación civil parcial o totalmente instruida, con el fin de provocar la elaboración de una solución jurídica al conflicto. El ejercicio puede comenzar con la presentación de un documento escrito a los alumnos, en el que se narren los hechos relevantes para el ejercicio, como una especie de noticia de hecho, representación o denuncia de un suceso.

A modo de ejemplo, el tema “explotación de minerales”, de carácter más genérico y multidisciplinar, puede trabajarse en el aula para instigar a los alumnos a apreciar cuestiones extralegales actuales y más cercanas a la realidad a la que deben enfrentarse. Sobre el tema, el profesor puede provocar que los alumnos reflexionen sobre cómo se produce la extracción del mineral, o cómo esa actividad puede generar contaminación al suelo, al aire y a los recursos hídricos.

En el ejercicio también deben tenerse en cuenta los aspectos económicos, como el posible aumento del índice de empleabilidad, la renta local y el incremento de la recaudación por impuestos, y su relación con el posible crecimiento económico de la ciudad; así como los aspectos sanitarios implicados ante los posibles impactos de la actividad económica en la salud pública, debido a la extracción irregular de mineral.

En esa primera fase, es pertinente llevar a cabo actividades relacionadas con los métodos de discusión de ideas, el ejercicio de la prudencia, la proporcionalidad y la razonabilidad. La clase puede ofrecer un espacio para el trabajo en grupo, para fomentar los debates, el diálogo socrático, el brainstorming y el acuario (o fishbowl), mediante la presentación de ideas que puedan ilustrar “los límites y las posibilidades en la correcta gestión de la explotación de minerales” en una localidad determinada.

En la fase posterior, se puede avanzar en el estudio del problema comunicando que, en una fecha determinada, el empresario provocó la contaminación del río que atraviesa la ciudad, como consecuencia de la explotación minera, lo que hizo inservible el agua para su uso, provocó la muerte de peces y aves, y trajo enfermedades a la población que allí habita.

En ese punto, el profesor puede promover métodos de enseñanza orientados al protagonismo de los alumnos, simulando con ellos la creación de una investigación civil. Para ello, destacan aquí el método basado en problemas (PBL) o el método o estudio de casos, capaces de tender puentes entre la teoría y la práctica, a través de la discusión de temas como: responsabilidad civil por la reparación de daños y aspectos jurídicos relacionados (si la responsabilidad es objetiva o subjetiva, por ejemplo); intereses y derechos difusos, colectivos e individuales afectados; determinación de las respectivas indemnizaciones, etc. Los dos métodos también permiten estudiar aspectos de la concesión de licencias ambientales, tales como: competencia, regularidad de las licencias y compensación ambiental. Con eso, el estudio abarca el tema de la responsabilidad de actuación de la entidad estatal titular del poder de policía, en los términos de la ley.

Hay que añadir que existe el método de estudio de casos de Harvard (CSM– Case Study Method), que es conocido específicamente por su aplicación en la enseñanza jurídica y en el ámbito de los negocios (REBEIZ, 2011). De hecho, Khasanova (2022) ratifica que esa metodología, desarrollada por la Harvard Business School (HBS) a principios del siglo XX, se utiliza ampliamente en las facultades de Derecho, negocios y gestión de todo el mundo.

Se trata de una modalidad basada en el análisis y solución de situaciones prácticas (KHASANOVA, 2022), que fomenta la participación activa de los alumnos en el aula mediante el análisis de hechos reales para ser discutidos en grupo, bajo la orientación del profesor, en un ambiente simulado (REBEIZ, 2011). Se considera una de las metodologías de enseñanza más eficaces para la educación empresarial, ya que ayuda a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico, las capacidades de análisis y toma de decisiones, así como las habilidades de comunicación y colaboración en grupo (REBEIZ, 2011).

Khasanova (2022) no menciona la habilidad de pensamiento crítico a la que se refiere Rebeiz (2011), pero reitera el desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos y, en lugar de a la toma de decisiones, se refiere a la capacidad de resolución de problemas (o toma de medidas). Así, como forma de aprendizaje activo, los CSM presentan a los alumnos una situación real o hipotética y les invitan a analizar los hechos, identificar los problemas y proponer soluciones.

Así, y a través de un análisis conjunto de las aportaciones de (2011) y Khasanova (2022), se observa que los beneficios de ese método son: (a) desarrollo de habilidades de pensamiento, análisis, toma de decisiones y resolución de problemas o toma de acciones; (b) experiencia de aprendizaje activo y contextualizado; (c) desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo; y (d) mejora de las habilidades comunicativas de los sujetos implicados.

Por lo tanto, se puede ver que la preparación de un estudio de caso puede ser un proceso que consume tiempo, sin embargo, esta es una herramienta valiosa para ayudar a los estudiantes a construir activamente su aprendizaje, desarrollar habilidades importantes y aplicar sus conocimientos en situaciones reales de negocios. El primer paso es elegir un tema relevante e interesante para el estudio de caso, basado en una situación de la vida real y lo suficientemente desafiante como para animar a los alumnos a desarrollar sus conocimientos y habilidades como protagonistas (REBEIZ, 2011).

A continuación, es importante investigar y recopilar información relevante sobre el problema. Eso puede incluir entrevistas con personas implicadas en la situación y el análisis de datos. A partir de la información recopilada, el caso debe ser lo suficientemente detallado como para que los alumnos puedan analizar la situación y tomar decisiones con conocimiento de causa. El caso debe incluir información sobre todas las personas implicadas, los retos a los que se enfrentan y las opciones disponibles (REBEIZ, 2011). Además, debe preguntarse a los alumnos qué medidas deben tomarse.

En cualquier caso, los aspectos prácticos procesales pueden ser trabajados por el profesor facilitando copias de la consulta civil impresa o electrónica a los alumnos para que puedan redactar autos y resoluciones que se adjuntarán al expediente. En esa línea, se pueden explorar en el aula modelos de recomendaciones, términos de ajuste de conducta y acciones civiles públicas. Además, resulta útil presentar a los alumnos copias reales de documentos periciales sobre daños ambientales, que pueden ayudarles a comprender tanto la oportunidad correcta de cualquier prueba de ese tipo, como la importancia y la idoneidad de la prueba pericial en el caso de referencia.

En detrimento de los beneficios de la utilización de la investigación civil en los términos enumerados anteriormente, cabe considerar la inadecuación del concepto presentado por Ghirardi (2009, p. 49), que restringe el método del caso a un instrumento para “la enseñanza de habilidades destinadas a desarrollar y practicar el razonamiento jurídico a través del análisis de las decisiones judiciales”, sólo. Para el autor, esa herramienta se centra en el análisis de los fundamentos y argumentos que sustentan la solución, más que en la resolución del caso en sí. Ese concepto confirma la hipótesis inicialmente presentada en este artículo, que se refiere al injustificado olvido de la utilización de la investigación civil (y de otros procedimientos de investigación) como objeto de metodologías activas en la enseñanza del Derecho.

Sin embargo, es importante señalar en este escenario que el PBL, o aprendizaje basado en problemas, representa el método que más puede asemejarse a la confrontación de un problema real, en el contacto de investigación civil. Al fin y al cabo, en el ámbito profesional real, la investigación civil sirve más bien para permitir la solución de un problema jurídico complejo. Acertadamente, Ghirard (2009, p. 63) aclara que en el PBL los estudiantes reciben una descripción completa del problema a tratar, y “deben desarrollar por sí mismos toda la investigación necesaria y son libres de tomar decisiones sobre la conducción del problema, tal y como lo haría un abogado en una situación real”.

La recogida de datos en una investigación civil es muy similar a la investigación científica, ya que plantea un problema, una hipótesis y una metodología para investigarlo en busca de resultados aún desconocidos. Así, es notorio que el uso de la investigación civil en diálogo con el PBL constituye una manifestación del ejercicio de la prudencia en la educación ambiental de la educación jurídica en tiempos de complejidad, ya que permite a los estudiantes y profesores experimentar el método de recolección de datos, las pruebas recogidas y la realidad correspondiente, en un movimiento que precede a la toma de decisiones y medidas en el caso concreto.

Además de las hipótesis de diálogo entre la investigación civil y las metodologías activas presentadas anteriormente, la investigación de los daños de la minería también puede ser implementada por el docente, a través de la simulación o el role playing game. En este caso, el aula puede “transformarse” en audiencia pública o mesa de negociación, para tratar, por ejemplo, las indemnizaciones y el reasentamiento de las familias que han perdido su hogar o tienen problemas de salud. Se trabaja, a partir de eso, el desarrollo de competencias para llevar a cabo negociaciones colectivas complejas y medios extrajudiciales de resolución de conflictos.

Además, el uso de la metodología del mapeo, que desarrolla el papel del alumno, puede ser interesante para sistematizar de forma clara, organizada y concisa las complejas relaciones e interacciones entre los daños ambientales, los responsables de la reparación, los beneficiarios, los organismos de control, las respectivas soluciones jurídicas, etc. Del mismo modo, en el ámbito de las discusiones en el aula, el debate facilita la reflexión crítica sobre la actuación posterior, ya sea la interposición de una demanda, el sobreseimiento del caso o la adopción de medidas extrajudiciales de resolución de conflictos. En esa medida, tanto el uso de debates como el diálogo socrático pueden ser pertinentes para trabajar sobre la adecuación jurídica del daño moral colectivo, lo que permite el intercambio de diferentes puntos de vista y enriquece el aprendizaje.

Como puede verse, el uso de una metodología activa no excluye la posibilidad de utilizar otra, especialmente en el ámbito del Derecho medioambiental, que se ocupa de problemas jurídicos complejos, como puede verse, el uso de una metodología activa no excluye la posibilidad de utilizar otra, especialmente en el ámbito del Derecho Ambiental, que se ocupa de problemas jurídicos complejos. Por lo tanto, el uso de las estrategias de enseñanza presentadas anteriormente, centradas en la práctica y en el enfrentamiento a problemas reales, basadas en la investigación civil (un procedimiento existente en el sistema jurídico brasileño) es esencial para una educación jurídica centrada en la realización de los derechos fundamentales de tercera generación.

Con eso, el curso de Derecho contribuye para la formación de una generación capaz de cumplir los principios del Plan Nacional de Educación Ambiental (PNEA), establecido por la Ley 9.795, de 27 de abril de 1999, en particular el abordaje articulado de las cuestiones ambientales (art. 4, VII), a través del “desarrollo de una comprensión integrada del medio ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, involucrando aspectos ecológicos, psicológicos, jurídicos, políticos, sociales, económicos, científicos, culturales y éticos” (BRASIL, 1999).

También es importante señalar que las Directrices Curriculares Nacionales (DCN) para los cursos de Derecho de pregrado, establecidas por la Resolución 05/2018 del Consejo Nacional de Educación/MEC, fomentan implícitamente el uso de investigaciones civiles para el análisis práctico de los problemas ambientales. De esta forma, el curso que así procede cumple con las determinaciones del art. 3 del DCN, que exige que se asegure el perfil del egresado, una sólida capacidad de análisis, interpretación y valorización de los fenómenos jurídicos y sociales, entre otras competencias.

Asimismo, las posibilidades de utilizar la indagación en el escenario de las metodologías activas en la enseñanza del Derecho, por parte de las Instituciones de Educación Superior, son acordes con el contenido de los incs. V y VIII del art. 4 de la Resolución n. 05/2018, pues permiten al estudiante adquirir la capacidad necesaria para el desarrollo de técnicas de razonamiento y argumentación jurídica con el objetivo de proponer soluciones y decidir cuestiones en el ámbito del Derecho, además de permitirle actuar en diferentes instancias extrajudiciales, administrativas o judiciales, con la experiencia de haber accedido y utilizado procesos, actos y procedimientos jurídicos relevantes.

De ello se deduce que el uso de procedimientos reales y simulados – como es el caso de la investigación civil – adquiere una utilidad relevante para promover la comprensión del Derecho por parte de los estudiantes en el siglo XXI, más allá del análisis de las decisiones judiciales. En efecto, esa estrategia facilita el análisis de casos ambientales que entrañan complejidad, ya que contempla la teoría (conceptos, ideas, terminologías, principios, clasificaciones, categorizaciones) y la práctica (“cómo hacer”, técnicas, métodos y procesos). Se trata, pues, de una aplicación acertada de la transición de Krathwohl y Anderson entre conocimiento conceptual y procedimental (2001).

En ese sentido, se observa que el hecho de que la investigación civil proporcione a los alumnos la ampliación del contacto con hechos reales complejos, documentados o no, en una especie de procedimiento simulado, motiva al alumno a aprender como autor, tal como defiende (2015). De ese modo, el estudiante adquiere mayor autonomía para experimentar futuros procesos de decisión y acción en su trayectoria vital profesional e incluso personal.

Así, las investigaciones civiles implican el desarrollo de habilidades y competencias esenciales para el profesional del Derecho del siglo XXI, que no siempre se consiguen con el estudio de una sentencia o resolución, por ejemplo. Con razón, un hecho de repercusión ambiental puede provocar la creatividad del alumno para diferentes temas y actividades, dada la conexión del tema con la experiencia humana vivida por el alumno, en su esfera individual y colectiva, más allá del aula.

Consideraciones finales

Se concluye que los métodos de enseñanza existentes priorizan el análisis de casos concretos o prácticos a partir de sentencias o resoluciones, lo que limita el aprendizaje de los estudiantes de Derecho a la discusión de la jurisprudencia. Sin embargo, se observa que sólo una parte de los conflictos judicializados es realmente juzgada. Así, es necesario contemplar otras fuentes o procedimientos de abordaje práctico y jurídico como instrumentos de investigación, tales como las investigaciones civiles en materia ambiental, que constituyen ricos y complejos objetos de estudio en la enseñanza del derecho, además de la decisión judicial.

Por otra parte, se observa que la importancia del uso de la investigación civil en la enseñanza jurídica destaca especialmente ante la existencia de una laguna teórica en la enseñanza del Derecho Ambiental, que contempla problemas jurídicos ambientales complejos. Eso exige que los cursos de Derecho hagan inversiones para repensar y transformar la relación enseñanza-aprendizaje más allá de manuales, dogmas y conferencias, en busca de una enseñanza participativa, capaz de dar a los alumnos el protagonismo necesario para construir soluciones jurídicas viables en el futuro próximo.

Cabe concluir que el uso de procedimientos reales y simulados, como la investigación civil, contribuye activamente a que los estudiantes comprendan el Derecho en el siglo XXI, porque facilita el análisis de casos ambientales que entrañan complejidad, en el espacio entre la teoría (conceptos, ideas, terminologías, principios, clasificaciones, categorizaciones) y la práctica (“cómo hacerlo”, técnicas, métodos y procesos).

En vista de eso, se observa que las investigaciones civiles pueden y deben servir como objeto de metodologías activas y participativas, dada su capacidad de llenar vacíos y limitaciones en el estudio de las decisiones judiciales, en la enseñanza del Derecho Ambiental. De hecho, parece que la introducción de piezas prácticas de investigación como la investigación civil permite el ejercicio de enfrentarse a problemas reales, y cumple con los objetivos, directrices y principios previstos en el Plan Nacional de Educación Ambiental y en las Directrices Curriculares Nacionales para los cursos de pregrado de Derecho (Resolución n. 05/2018 del Consejo Nacional de Educación / MEC).

Esto se debe a que, en contacto con la investigación civil, el alumno puede deliberar y ejercitar su razonamiento jurídico, a partir del enfoque que le dé a la situación enfrentada, en un ejercicio de análisis de los aspectos procesales de recolección de pruebas y toma de decisiones, para confirmar o no la hipótesis jurídica que formuló inicialmente, a través de la apreciación y comprensión de los hechos y de su propio pensamiento. Por lo tanto, se concluye que el uso de dicho procedimiento, en ese contexto, proporciona una oportunidad para ejercer la prudencia en la educación ambiental de la educación jurídica en tiempos de complejidad, ya que permite a los estudiantes tener una experiencia significativa con el método de recolección de datos probatorios, la propia prueba y la realidad correspondiente, con el fin de proporcionar el ejercicio teórico y práctico de la toma de decisiones, en el caso concreto, después de la discusión en el aula.

Puede comprobarse, por tanto, que el uso de la investigación civil en el aula favorece el avance de la fase de toma de decisiones a la de adopción de medidas en la práctica profesional del alumno, que puede concretarse en la actitud de interponer una demanda, archivar el caso o incluso adoptar medidas extrajudiciales para resolver conflictos. Esto se debe al hecho de que la investigación civil permite al estudiante analizar una gran cantidad de material en diferentes fases del conflicto, lo que no está suficientemente previsto en el análisis de las resoluciones y sentencias.

Por lo tanto, la interacción con la investigación civil en materia de ambiental proporciona al profesor y a los alumnos un contacto directo con el amplio universo de la documentación registrada, los procedimientos y las pruebas documentadas, con espacio para la discusión sobre cómo hacer y decidir en los próximos pasos. Al hacerlo, va más allá del análisis crítico de una decisión previamente delimitada y discutida por los tribunales, y multiplica las posibilidades de construcción de un conocimiento jurídico relevante y situado.

Así, se concluye que las indagaciones civiles son aplicables y pertinentes como fuentes de estudio en la disciplina del Derecho Ambiental, ya que permiten a los estudiantes ejercer reflexiones críticas sobre sus propios criterios y experimentar el proceso de toma de decisiones y medidas en asuntos aún no decididos definitivamente por el Poder Judicial, por medio de un original ejercicio práctico de prudencia en la educación ambiental en la educación jurídica.

En esa medida, se destaca la relevancia del diálogo entre el uso de ese procedimiento y las metodologías activas en la enseñanza jurídica, para ampliar las posibilidades de comprensión de la realidad. El uso de metodologías participativas en el aula es pertinente en el contacto con la investigación civil, ya que lleva a los estudiantes un hecho real o ficticio, ya documentado o no, en una especie de procedimiento simulado que motiva al estudiante a aprender como autor.

Entre las metodologías que destacan en esta relación entre educación jurídica, Derecho Ambiental, investigación civil y metodologías activas, se observa que el método o estudio de caso aporta, como beneficios: (a) desarrollo de las capacidades de pensamiento, análisis, toma de decisiones y resolución de problemas o adopción de medidas; (b) experiencia de aprendizaje activo y contextualizado; (c) desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo; y (d) perfeccionamiento de las capacidades de comunicación de los sujetos implicados. No obstante, se observa que el propio concepto de método del caso se limita a veces únicamente al análisis de las decisiones judiciales, lo que refuerza la necesidad de situar la investigación civil en el centro del debate.

Sin despreciar las ventajas que ofrece el método del caso, se concluye que el PBL, o aprendizaje basado en problemas, representa el método que más puede asemejarse a un problema real en contacto con la investigación civil, cuyo alcance es precisamente permitir la solución de un problema jurídico complejo. Además, el PBL permite a los estudiantes recibir una descripción completa del problema a tratar y desarrollar, con protagonismo, la investigación necesaria, con libertad para tomar decisiones sobre la conducción del problema, como haría un abogado en una situación real. Se observa, además, que la recogida de datos en la investigación civil es muy similar a una investigación científica, ya que es necesario delimitar un problema-tema, una hipótesis y una metodología de investigación, a favor de resultados aún desconocidos.

En el ejemplo propuesto de evaluación de los daños derivados de la explotación de minerales, la metodología activa denominada simulación, o role playing game. De ese modo, el aula puede “transformarse” en una audiencia pública o una mesa de negociación sobre el tema de la indemnización y el reasentamiento de las familias afectadas. Así se desarrollarán habilidades para negociaciones colectivas complejas y medios extrajudiciales de resolución de conflictos.

Además, se observa que la metodología de mapeo, permite sistematizar de forma clara, organizada y concisa las complejas relaciones e interacciones observadas entre los daños ambientales, los responsables de la reparación, los beneficiarios, los organismos de supervisión, las respectivas soluciones jurídicas, etc. En la misma línea, el debate y el diálogo socrático facilitan la reflexión crítica sobre los hechos expuestos, los daños causados y la adopción de decisiones y medidas (interposición de una demanda, sobreseimiento del caso o adopción de medidas extrajudiciales de resolución de conflictos).

Por lo tanto, se concluye que la utilización de una metodología activa no prejuzga la utilización de otra en el ámbito del Derecho Ambiental, que se refiere a problemas jurídicos complejos. Por el contrario, el uso complementario de esas estrategias, centrado en la práctica y en la confrontación de problemas reales, es esencial para una educación jurídica centrada en la realización de los derechos fundamentales de tercera generación. Con ello, el curso de Derecho contribuye a la formación de profesionales capaces de actuar de acuerdo con los principios del Plan Nacional de Educación Ambiental, en particular el del abordaje articulado de las cuestiones ambientales (art. 4, VII), a través del desarrollo de una comprensión integrada del medio ambiente en sus múltiples y complejas relaciones.

Además, el estudio de las Directrices Curriculares Nacionales (DCN) del curso de pregrado en Derecho, establecido por la Resolución 05/2018 del Consejo Nacional de Educación/MEC, señala la presencia implícita de un incentivo a la utilización de las investigaciones civiles para el análisis práctico de los problemas ambientales. Con eso, la Institución de Enseñanza Superior también moviliza la capacidad del alumno para desarrollar técnicas de razonamiento y argumentación jurídica, con vistas a construir soluciones y tomar decisiones en el ámbito del Derecho, en diferentes instancias extrajudiciales, administrativas o judiciales.

En cuanto a las limitaciones, cabe señalar que esta investigación no analizó la aplicación de una metodología activa específica con una investigación civil, real o ficticia, en el campo empírico. Hay, por lo tanto, y a partir de este trabajo, espacio para futuras investigaciones en esa dirección, centradas en los aspectos prácticos de la aplicación de la investigación civil en el contexto de las metodologías activas en la enseñanza del Derecho.

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• Cómo citar este artículo (ABNT):

  TASSIGNY, M.; VASCONCELOS NETO, F. C.; ARAÚJO, L. M. S. C. Investigaciones civiles de materia ambiental en la enseñanza jurídica: el Derecho más allá de los juicios. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 20, e202265, 2023. Disponible en: http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/2265. Acceso: día de mes. año.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  20 Oct 2023
• Fecha del número
  2023

Histórico

• Recibido
  09 Nov 2018
• Acepto
  01 Ago 2023