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ARTIGOS • Cad. Pagu (50) • 2017 • https://doi.org/10.1590/18094449201700500009 linkcopiar

Open-access La “ideología de género” frente a los derechos sexuales y reproductivos. El escenario español

“Gender Ideology” against Sexual and Reproductive Rights. The Spanish Case

AutoríaSCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

    Resumen

    Se analiza el caso español como laboratorio europeo en el que se han ensayado las estrategias de movilización basadas en el discurso de la “ideología de género” contra los derechos sexuales y de las mujeres por parte de actores ultraconservadores, con especial atención a los actores católicos. Se presentan cuatro momentos: el discurso de la Iglesia Católica, como fuente originaria del lenguaje de este nuevo pánico moral; las reformas legales progresistas que detonan el ciclo de protesta; la contestación social de los grupos conservadores y la posterior reacción conservadora moderada desde la acción de gobierno.

    Ideología de Género; Derechos Humanos; LGBT; Feminismo; Religión

    Abstract

    Spain is analyzed as a laboratory where strategies of mobilization against sexual and women's rights based on the discourse of the “gender ideology” have been tried by ultraconservative and Catholic actors. Four moments are reviewed: the discourse of the Catholic Church, as the original source of this new moral panic language; Progressive legal reforms that trigger the cycle of protest; Social contestation of the conservative groups and the moderate conservative reaction from the government.

    Gender Ideology; Human Rights; LGBT; Feminism; Religion

    Tras varias décadas de avances en materia de igualdad de género y derechos sexuales, se extiende por países de América y Europa una oleada de protesta organizada contra la libertad personal y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT). A diferencia de formas de resistencia anteriores, de carácter local y reactivo, ahora estamos ante un fenómeno transnacional bien organizado por partidos y lobbiesconservadores con una misma retórica pergeñada por la jerarquía de la Iglesia Católica (y compartida por otras iglesias posteriormente). Esta retórica no sólo incluye la etiqueta “ideología de género”, repetida obsesivamente como un ensalmo contra cualquier avance legislativo o en términos de igualdad de género y respeto a las personas LGBT, sino también la invocación de la medicina para justificar la discriminación, el uso de un lenguaje propio que aspira a cambiar el significado de términos clave en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos o un repertorio de simbología visual que enmarca su mensaje discriminatorio en colores alegres y escenas felices. En medio de todo ello, destacados representantes de la Iglesia Católica (y otras) hacen declaraciones homófobas y sexistas amparados por el abuso de la libertad de expresión más allá del respeto que ellos mismos parecen no reconocer a otros colectivos. La libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo se identifica con el terrorismo. Mensajes apocalípticos acusan a las personas y movimientos LGBT de pretender o ser responsables del fin de la humanidad. La igualdad se presenta como una aberración antinatural. Y en esta inflamación discursiva se va construyendo el pánico moral como “amenaza al orden social en sí mismo o a una concepción idealizada (ideológica) de alguna parte de tal orden social” (Thompson, 2014:8).

    Si bien la reacción religiosa contra los derechos sexuales y reproductivos no es completamente nueva en el discurso, el avance social y político en igualdad de género y derechos sexuales en los distintos contextos nacionales hace que los escenarios de esta contienda sí sean novedosos. Resulta, pues, pertinente interrogarnos por qué, cómo y cuándo hemos llegado a esta situación en diferentes lugares del mundo. Algunos textos recientes dan cuenta de este fenómeno (Paternotte, Van Der Dussen y Piette, 2016; Dobbelaere y Pérez-Agote, 2015; Kovats y Poim, 2015; Hark y Villa, 2015). Estos trabajos analizan las consecuencias políticas del discurso estratégico en torno a la familia o los valores y reconocen varias pautas relevantes que conectan las distintas movilizaciones en diversos países: contactos entre los organizadores locales y el movimiento internacional, el mismo lenguaje hiperbólico, los mismos términos exportados y traducidos, un repertorio de movilización semejante con grandes manifestaciones urbanas y simbología compartida, unos mismos temas detonadores de la movilización (matrimonio entre personas del mismo sexo, interrupción voluntaria del embarazo, reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, adopción por parejas del mismo sexo) y vínculos con actores sociales ultraconservadores.1

    En estos análisis, centrados en Europa, se reconoce a España como un país pionero tanto en la legislación del matrimonio entre personas del mismo sexo (uno de los detonantes de las recientes movilizaciones) como en la movilización conservadora contra las políticas de igualdad en general, produciéndose la insólita imagen de obispos españoles con pancartas en las calles en 2005. España ha resultado ser un laboratorio de las grandes movilizaciones que con el tiempo sacudirían la prensa internacional desde Argentina en 2010, Francia en 2011 y que se extenderían por Colombia, México, Chile o Bolivia a lo largo de 2016. Brasil asiste a mitad de la década de 2010 al advenimiento de estos usos del concepto de “ideología de género” por parte de sectores religiosos y conservadores para oponerse al reconocimiento de derechos a mujeres y minorías sexuales (Amorim y Salej, 2016; Miguel, 2016; Nascimento, 2017).

    Sin embargo, la antelación con la que el escenario español anunciaba los debates sobre el género no ha sido coronada por éxitos claros de los grupos conservadores contra los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en este país. Ni siquiera el conservador Partido Popular, en el poder desde 2011, ha derogado la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo ni ha realizado la reforma legislativa contra el derecho de la mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo, como prometió en su campaña electoral, aunque hizo algunas modificaciones en legislación educativa que recogían determinadas demandas de este movimiento.

    En este contexto, tras la presentación de un marco general sobre la estrategia de la ideología de género, proponemos analizar aquí el caso español como laboratorio europeo en el que se han ensayado las estrategias de movilización basadas en el discurso de la “ideología de género” contra los derechos sexuales y de las mujeres por parte de actores ultraconservadores, con especial atención a los actores católicos. Se expondrá este proceso a través de cuatro momentos: el discurso de la Iglesia Católica, como fuente originaria del lenguaje de este nuevo pánico moral; las reformas legales progresistas que detonan el ciclo de protesta; la contestación social de los grupos conservadores y la posterior reacción conservadora moderada desde la acción de gobierno.

    “Ideología de género” ¿Qué ideología de género?

    En 2003 el Consejo Pontificio para la Familia publicó un diccionario doctrinal específicamente orientado hacia los “términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas”, en el que define explícitamente su expresión “ideología de género” como “la ideología feminista” según la cual las mujeres “pretenden liberarse” y “la heterosexualidad, lejos de ser obligatoria, no significaría más que uno de los casos de práctica sexual” (Alzamora Revoredo, 2006:5182). Aunque la Iglesia Católica ha desarrollado una influyente estrategia propia alrededor de la noción de “ideología de género”, en esta breve definición se aprecian los elementos que Tarducci (1999)ha identificado como rasgos comunes de los radicalismos religiosos desde los años sesenta: la exacerbación de la moral sexual como elemento central de la definición de la propia creencia y de la identidad grupal; el énfasis en la separación física y conceptual de los sexos; la infravaloración de la mujer; la visión de la propia doctrina como "una respuesta a la confusión de la identidad masculina y a la ansiedad derivada de la quiebra del dualismo de género"; todo ello expresado bajo el paraguas conceptual de la "familia" como término clave al que, desde finales del siglo XIX, se han venido aferrando las corrientes fundamentalistas para luchar contra la emancipación de las mujeres en primer lugar, y contra los derechos LGBT cuando estos pasaron a formar parte de las agendas políticas.

    En el caso particular del catolicismo, se opta por usar la expresión “ideología” en su sentido marxista como una estrategia consciente de la influencia del lenguaje en la formación de la opinión pública (López-Trujillo, 2006:8), a fin de denunciar el carácter ilusorio del término “género”, en cuanto construcción social. En este sentido, a la perspectiva de género, renombrada como “ideología de género”, se le atribuye la perversión interpretativa de promover los derechos humanos como herramientas para las reivindicaciones de las mujeres y de las minorías sexuales jugando a la confusión terminológica. En concreto, se critica que “los derechos sexuales se empleen muchas veces para defender el ‘derecho’ a la homosexualidad” y que los derechos reproductivos nos remitan a “un presunto derecho a la contracepción”, adoptándose “una interpretación desviada de la Declaración de Derechos Humanos”, originaria del “contexto ideológico liberal-radical” y “la lógica feminista” (Peris Cancio, 2006:257-8). Orwellianamente, este juego de distorsión semántica intenta menoscabar las connotaciones positivas del término “género” (asociadas a la igualdad entre hombres y mujeres como valor) al tiempo que impone nuevas connotaciones negativas: asociándolo al concepto de “ideología” que equiparan a “falsedad” (frente a su discurso “verdadero”) e identificando el término “género” hacia lo que la Iglesia Católica llama “una cultura de la muerte”. Esta deformación semántica viene acompañada por una segunda estrategia clave: activar y promover el pánico moral frente a los avances en el reconocimiento de los derechos sexuales y contra el feminismo y el movimiento LGBT (Herdt, 2009).

    El origen de las nuevas estrategias se sitúa entre 1994 y 1995, en las conferencias internacionales de Naciones Unidas de El Cairo y Beijing. Como se relata en la crónica de Doris E. Buss (1998), en 1994, la reunión de El Cairo sobre población sirvió para orquestar una oposición creciente entre ciertos grupos católicos y musulmanes contra posibles acuerdos internacionales en cuestiones relacionadas con la familia. Como estrategia, el Vaticano obstaculizó constantemente las discusiones y los acuerdos al negarse a aceptar conceptos como género o “familias” en plural. En la conferencia de Beijing de 1995, sobre los derechos de la mujer, la Santa Sede había organizado un discurso amplio sobre derechos humanos en general, un discurso con un lenguaje propio, contrario a los conceptos y marcos clave de la agenda feminista (principalmente los relacionados con género e igualdad). Esta estrategia suponía un cambio respecto a su papel en El Cairo: más netamente opositor, en Beijing el Vaticano -estado gobernado exclusivamente por varones- se presentó a sí mismo como el auténtico defensor de la mujer, haciendo una representación de las mujeres activistas como radicalizadas y poco representativas. En este momento, el Papa Juan Pablo II escribe una carta personal (1995a) a la Secretaria General de la Conferencia de Beijing, Mrs. Gertrude Mongella, y publica su “Carta a las mujeres” (1995b). En ambas el Papa agradece a todas las mujeres su contribución a la humanidad y les pide perdón si la Iglesia Católica ha contribuido a su opresión histórica. El Vaticano sugería que la Iglesia estaba abierta a avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de su posición en la sociedad aunque, a continuación, ataca la reivindicación de igualdad de derechos como una radicalización que no podía representar los intereses de todas las mujeres. Este es, probablemente, el cambio ideológico más importante.

    Después de que las posiciones católicas no tuvieran el éxito deseado en las conferencias internacionales, se puso en marcha una acción más planificada. A partir de la segunda mitad de los noventa, la respuesta proactiva contra los avances de género se basaría en la declaración de una alerta mundial contra los avances en los derechos sexuales y reproductivos, con dos dimensiones: una intelectual claramente internacional y otra política, con elementos internacionales y locales. Por lo que respecta a la primera, el trabajo intelectual empezó con la investigación a fondo de la literatura sobre género concebida en el feminismo crítico y continuó con la difusión de una interpretación católica de los derechos humanos, beligerante contra el feminismo, el marxismo y su síntesis en la llamada “ideología de género”. Uno de los primeros productos intelectuales en la lógica de la “ideología de género” es la obra de Dale O´Leary, The gender agenda. Redefining equality(1997), en la que se describen las conferencias de El Cairo y Beijing como batallas de una guerra entre feministas y católicos forzados a defenderse.3En 1998, Monseñor Alzamora Revoredo, entonces presidente de la Comisión ad hocde la Mujer de la Conferencia Episcopal Peruana, publica el primer texto de esta tendencia en español bajo el título La Ideología de Género. Sus Peligros y Alcances(que es el mismo texto que aparece traducido en varios idiomas en el Lexicón de 2003). Después de estos primeros momentos, ya han sido numerosos los autores religiosos y laicos que han construido una literatura abundante, repetitiva y de consumo internacional, entre los que destacan Marguerite Peeters, Gabriele Kuby, Francesco D’Agostina, Mons. Tony Anatrella, Mons. Michel Schooyans, Constanza Miriano, Jorge Scala, o el cardenal Josef Ratzinger (después Benedicto XVI), como han recogido Mary Case (2011), Sara Garbagnoli (2014)o David Paternotte (2016).

    Esta literatura confesional constituye el enmarque interpretativo en el que se han definido algunas cuestiones clave de cara a la acción política que acontecería con el tiempo. No sólo se provee de unos valores o una visión del mundo relativa a los derechos humanos y orientada a un público católico, además: (1) se dan las coordenadas en las que se va a definir un cierto agravio contra la humanidad; (2) se definen los actores de una contienda en curso; (3) lo católico se identifica con lo humano, con lo natural y con lo divino al mismo tiempo; (4) los antagonistas se dibujan como mentirosos, confusos e interesados; (5) los significados de las palabras se diluyen y se manipulan en medio de acusaciones cruzadas de conspiración; (6) se invocan amenazas apocalípticas fruto de la alianza entre demógrafos, ecologistas, feministas y movimiento LGBT; (7) y se provee de justificación para la homofobia, para la misoginia y para la reivindicación de acciones discriminatorias reinterpretadas como un nuevo martirismo a través de la objeción de conciencia. Y cada uno de estos servicios que el discurso hace a la práctica, se implementa, local y regionalmente, de un modo distinto en función de la historia política y religiosa correspondiente, de la expansión y presencia social del activismo o de las oportunidades legales y gubernamentales.

    El escenario español

    La Conferencia Episcopal Española (CEE) empezó a advertir a los católicos españoles contra “un concepto ideológico del género” en 2001, con la publicación de la instrucción pastoral La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad(CEE, 2001). En su documento, la CEE denunciaba el alineamiento de una parte de la sociedad española con una línea política que procede de “foros internacionales” y que pretende introducir “toda una serie de nuevos derechos que, en el fondo, no son más que la pretensión de una libertad sexual sin límites”, incluyendo “el derecho a la anticoncepción, a la salud reproductiva, al libre diseño de la sexualidad, a la elección del modelo de familia, a la institucionalización de las uniones homosexuales, etc.” (CEE, 2001:3). Y, ciertamente, la llegada a la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 vino a confirmar algunos de los temores que la jerarquía de la Iglesia Católica española expresaba en sus documentos: el gobierno legisló a favor de los derechos de ciudadanía de las minorías sexuales y a favor de los derechos de las mujeres durante dos mandatos, entre los años 2004 y 2011. No obstante, y a pesar del claro posicionamiento de la CEE en contra del reconocimiento de las cuestiones de género, la sociedad española (con un 92% de la población bautizada, según datos de la propia Iglesia)4ha reaccionado con llamativa frialdad ante la cruzada iniciada por la curia nacional contra las políticas de igualdad y los derechos sexuales. Mientras que en Francia y en otros países los activistas antigénero han logrado una presencia mediática y política notable (Paternotte, 2016), los llamamientos y discursos antiabortistas y contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo han tenido un alcance limitado en España. Así por ejemplo, cuando el 2 de Febrero de 2014 se convocó una gran manifestación simultánea en varias ciudades europeas en solidaridad con “La Manif pour Tous” (y en contra de la aprobación por el Parlamento Europeo del Informe Lunacek sobre derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales), la manifestación de París estuvo secundada por unas 80.000 personas, pero la de Madrid convocó apenas 200 personas5. Tampoco la convocatoria apareció en la prensa nacional. Sin embargo, el día anterior habían desfilado por las calles de Madrid 20.000 personas6, en protesta por la Ley del Aborto que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón (cercano al Opus Dei) intentaba promover y que pretendía, en la práctica, limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo. Todos los periódicos nacionales, incluidos los más conservadores (como ABC o La Razón), cubrieron la noticia de la manifestación feminista.7

    Esta dinámica de manifestaciones y contramanifestaciones en torno a las políticas de género y derechos sexuales, refleja una contienda desigual y paradójica en la que los obispos españoles y un pequeño grupo de católicos altamente movilizados, pelean contra el Estado (los gobiernos en turno) en relación a temas de género, mientras la mayoría católica no tiene interés en esta pelea (o incluso está en contra de la posición oficial de la Iglesia). ¿Por qué un país con un 73% de la población que se autodefine como católica muestra esta apatía ante las consignas de la Conferencia Episcopal nacional? ¿Cómo ha sido la emergencia, la secuencia y los significados de la cruzada contra “el concepto ideológico del género” en España? ¿Qué avances y retrocesos se han dado desde finales de 2011, fecha en la que un gobierno conservador asume el poder?

    1. Notas previas sobre género y religión en España

    Ni las cuestiones religiosas ni el género o la sexualidad se pueden entender en España sin tener en cuenta las casi cuatro décadas de dictadura de Franco (1936-1975), durante las cuales el nacionalcatolicismo fue la ideología que sostuvo la legislación y las políticas del régimen (Payne, 1984). En este contexto, el control de las normas de género y la sexualidad fueron centrales tanto para el estado como para la Iglesia Católica en España, que actuaban de forma conjunta e interconectada (Roca, 2003). En esta época era difícil acceder a modelos culturales que escapasen a las concepciones católicas y, de hecho, todo lo que no fuera católico (en un sentido ultraconservador) estaba considerado traición. Esto fue cambiando lentamente. El propio dictador nombró a Juan Carlos de Borbón como su sucesor y con la aprobación por referéndum de la Constitución del año 1978, el país pasó a ser una monarquía parlamentaria presidida por Juan Carlos como Rey de España. Se produjo así la llamada “transición española”, en la cual no se dio una ruptura radical con el régimen anterior, sino que se fueron sustituyendo sus leyes a medida que se iban produciendo transformaciones sociales que demandaban estas modificaciones.

    En términos de género y sexualidad, los significativos cambios que se producían a nivel social, encontraban poco a poco su correlato en el aparato legal y de políticas públicas de las dos últimas décadas del siglo XX (Calvo y Pichardo, 2011). La transición política también marcó su impronta a nivel religioso, puesto que ya desde los inicios de los años 1970, los españoles y españolas iban paulatinamente profundizando en su separación respecto a la moral y la doctrina oficial de la iglesia católica (Guasch, 1995). En 1978 la Constitución declara a España un país “no confesional” y en 1980 aparece la primera ley de libertad de creencia y culto. Ya en la década de los años 90s, la perspectiva feminista y el concepto de género adquirieron una importante presencia en círculos académicos y activistas por toda España, lo que hizo que el concepto de género apareciera en medios de comunicación, algunos textos legales y, sobre todo, en el ámbito universitario, donde podemos encontrar asignaturas específicas, institutos de investigación y titulaciones (como másteres o doctorados). No será hasta la primera década de los 2000 cuando las resistencias a este concepto se empezaran a oír.

    Por lo que respecta a las cuestiones religiosas, las encuestas muestran que el 53,4% de los españoles considera la religión como poco o nada importante en sus vidas (Bescansa y Jerez, 2013:9), aunque más del 73% de los españoles declaran ser creyentes, y más del 70% se considera católico (CIS, 2013). A pesar de estos datos, la gran mayoría del pueblo español, incluyendo muchos de los que se identifican como católicos, ignoran la posición de la Iglesia en temas como el sexo prematrimonial, la orientación sexual o los anticonceptivos.8En esta línea, sólo el 15% de los católicos españoles asisten a ceremonias religiosas de forma regular (CEE, 2012) y el Eurobarómetro de 2012muestra que sólo el 3% de los españoles considera la religión como uno de los principales valores en su vida (la media europea es del 5%). Así, según Toharia, sólo el 17% de toda la población se considera católica prácticamente, mientras que un 33% de la población se considera católica poco practicante (celebrar navidad y otras fiestas religiosas: ir a bodas, comuniones, bautizos y otros rituales religiosos) y un 15% se considera católico no practicante (Toharia, 2011:191). Es decir, que la autodefinición como persona católica parece entonces tener más que ver con una identidad cultural (se es católico porque no se es musulmán, ni judío, ni budista…) que con una creencia religiosa fuertemente arraigada en la persona (Davie, 1990; Cornejo, Pichardo y Henríquez, 2013). En este marco, los valores seculares son ampliamente aceptados y, siguiendo las tendencias generales en Europa, la opinión abrumadoramente dominante acerca de la vida pública en el país es que la política y el estado deben ser laicos, con una clara diferenciación entre política y religión, y sin permitir que los líderes religiosos influyan en las decisiones de los gobiernos (Pickel, 2013:13-26).

    Sin embargo, mientras que la religión parece ser una cuestión que no genera una gran preocupación en la vida cotidiana, la relación entre la Iglesia y el Estado sigue siendo estrecha. En 1979, el Reino de España y la Santa Sede firmaron un acuerdo por el cual la Iglesia Católica disfruta de privilegios concretos en asuntos jurídicos, educación y cultura, financiación estatal, exención de impuestos y atención religiosa a las fuerzas armadas (Moran, 1995). Entre los puntos más destacables de este acuerdo está el compromiso del Estado Español de garantizar la enseñanza católica en las escuelas públicas estatales. Y en esta área es donde se han dado los únicos éxitos de sus recientes movilizaciones. En 2006, el presidente Zapatero firmó un acuerdo con la Iglesia Católica que le supone a esta última unos ingresos anuales de unos 11.000 millones de euros por parte del estado, cifra que se corresponde con el 1% del PIB español (Europa Laica, 2013).

    2. Cuatro momentos clave para los derechos sexuales y reproductivos en España.

    Con la Iglesia ya ocupada en preparar su respuesta desde 2001, en el año 2004 es elegido presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya agenda de igualdad de género entre mujeres y hombres había sido una parte importante de su programa electoral. Con el primer gobierno paritario en la historia de España, la primera ley aprobada en su mandato fue la Ley contra la Violencia de Género (2004). En su discurso de investidura en abril de 2004, había anunciado su intención de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, a lo que ya el portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, declaró en Televisión Española que el matrimonio igualitario previsto por el Gobierno de Zapatero era “introducir un virus en la sociedad”.9

    2.1. El matrimonio entre personas del mismo sexo (2005). “Un virus en la sociedad”

    La regulación del derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo ya había sido estudiada por la Iglesia antes de que el tema irrumpiera de forma efectiva en el debate público y político, a través de documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CPDF) como la “Carta a los obispos de la iglesia católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales” (CPDF, 1986), la “Declaración sobre ciertas cuestiones de ética sexual” (CPDF, 1975) o las “Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales” (CPDF, 2003), y con este arsenal, ya durante los meses anteriores a la aprobación del matrimonio homosexual en España, la CEE se erigió en el principal opositor a esta reforma legal.10

    En aquellos meses de 2004, el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, acusaba al gobierno de “perseguir” a los creyentes y pretendía que la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo era una pantalla que impedía ver la conspiración que hay detrás.11El 20 de abril de 2005, la CEE envió una nota a los medios de comunicación en la que se pedía al Parlamento español que no cambiara el estatus legal del matrimonio, con el fin de asumir la noción de “matrimonio” como una realidad exclusivamente heterosexual.12La nota fue firmada junto con líderes de las comunidades judía, ortodoxa y evangélica de España, lo que puso de manifiesto la organización de un frente de líderes religiosos. Cinco grupos evangélicos, por su parte, pagaron un anuncio a página completa en el diario El País (el periódico de mayor circulación y distribución en España) el día 31 de marzo de 2005, en el que se decía: “Matrimonio y homosexualidad: no hay relación ni mezcla posible”.13

    La jerarquía católica también se vio acompañada en su campaña por asociaciones laicas de carácter conservador e inspiración católica que organizaron algunas actividades contra el matrimonio igualitario. Destacaron, por su presencia mediática y social, el Foro Español de la Familia14y la asociación HazteOír (recientemente vinculada a la organización paramilitar mexicana “El Yunque”, Mata, 2015). Estos agentes se unieron a los mensajes y misas de la Iglesia Católica con acciones activistas como la recogida de más de 500.000 firmas contra la ley que permite el matrimonio homosexual o la celebración el 18 de junio de 2005 de una manifestación en Madrid, en la que se congregaron unas 180.000 personas.15

    En esta época, sin embargo, los activistas ultraconservadores todavía no habían empezado la manipulación del concepto de “género” ni se usan aún expresiones como “ideología de género” en su resistencia al matrimonio entre personas del mismo sexo.16Por lo que respecta a España, sólo los activistas evangélicos españoles usaron esta palabra clave para decir que

    El género ya no tendría sentido. La proposición de los homosexuales no puede tolerar la idea de que existen diferencias reales, profundas y necesarias entre los sexos. A los niños del futuro se les enseñaría que las diferencias sexuales son algo así como un simple tipo de personalidad.17

    Mientras tanto, desde el lado católico, sólo el Cardenal colombiano y Presidente del Consejo Pontificio de la Familia, Alfonso López Trujillo, había hablado de la llamada “ideología de género” en suelo español18, y los medios de comunicación españoles recogieron el anuncio alarmista del Cardenal cuando dijo que la aprobación del matrimonio homosexual en España suponía “la destrucción del mundo”, “la destrucción del futuro de los niños” o “la destrucción de la familia, ladrillo tras ladrillo”.19

    A pesar de estas críticas, el Parlamento Español aprobó la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, que permite a dos personas del mismo sexo casarse. Un hecho que a juicio del portavoz de la CEE en ese momento, Martínez Camino, constituye “Lo peor que le ha ocurrido a la iglesia en dos mil años”.20Posteriormente, la jerarquía de la Iglesia Católica ha continuado su campaña contra esta figura legal, especialmente en las fechas en las que el Tribunal Constitucional sentenció positivamente sobre la constitucionalidad de esta modificación del Código Civil, en noviembre de 2012.21Desde ese momento, incluso el conservador Partido Popular (en el poder desde finales de 2011) ha asumido y aceptado esta figura legal y no se plantea su modificación.

    2.2. La Ley de Educación (2006). “Hacia un régimen totalitario”

    Inmediatamente después de la aprobación de la ley que permite el matrimonio homosexual, se presentó el proyecto de Ley orgánica de educación (LOE) el 22 de julio de 2005. Será esta ley la que, de facto, inaugure el discurso contra la llamada “ideología de género” por parte de la Iglesia Católica española, y, a partir de ahí, sea asumido por los activistas laicos. Ya a finales de 2005, la CEE emitió una nota en la que mostró su preocupación por el texto con que se aprobaría esta ley puesto que, según esta institución, la educación no debería convertirse en “un medio de indoctrinación obligatoria en la ‘ideología del género’”.22La ley marcaba desde su preámbulo que entre los fines de la educación se encuentra el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual. En el artículo 23 se menciona que uno de los objetivos de la educación secundaria es conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. La principal polémica vendrá, no obstante, de la inclusión en el currículo oficial de la materia obligatoria “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”, que señalaba explícitamente la necesidad de trabajar el rechazo a las discriminaciones por orientación afectivo-sexual y contra los prejuicios homófobos.

    Cuando la Ley orgánica de educación 2/2006 fue aprobada en mayo de 2006, se inició una feroz campaña en su contra y, especialmente, contra de los cursos de “Educación para la ciudadanía y los DDHH”. Así, en febrero de 2007, la Comisión Permanente de la CEE publica una declaración en la que apunta que esta materia “impone el relativismo moral y la ideología de género”, indicando que el hecho de que el concepto de “homofobia” forme parte de los contenidos previstos como enseñanzas mínimas en los decretos que desarrolla la ley supone “que el sexo, es decir, la identidad de la persona como varón o como mujer, sea suplantado por el ‘género’”23. Esta misma declaración reclama una actuación responsable y comprometida contra esta ley, invitando a los padres a defender con todos los medios legítimos la libertad religiosa que, según el documento, se veía amenazada. Son únicamente los contenidos referidos al género, la diversidad familiar y la lucha contra la homofobia los que generan su furibunda reacción contra el curso de “Educación para la ciudadanía y los DDHH”. La jerarquía de la Iglesia Católica vuelve a apelar al pánico moral al señalar que la implantación de esta asignatura llevaría hacia el totalitarismo ya que –en palabras del cardenal Antonio Cañizares, Vicepresidente de la CEE– conduciría a la sociedad española “a una cuesta abajo hacia un régimen totalitario”.24Los dos colectivos que más fervientemente se habían opuesto a la aprobación del matrimonio igualitario, el Foro Español de la Familia y la asociación HazteOír, protagonizaron ahora una nueva campaña en la que solicitaban a los padres que no enviaran a sus hijos a los cursos obligatorios de “Educación para la ciudadanía y los DDHH”. Pero en 2009, sólo 114 estudiantes, de un total de 800.000, objetaron a esta asignatura.25

    La ley fue aprobada. Las referencias a la igualdad entre hombres y mujeres así como a la lucha contra la homofobia se mantuvieron y el Tribunal Supremo español consideró que la objeción de conciencia no podía ser aplicada a los cursos de “Educación para la ciudadanía y los DDHH”.26Desde 2007, varios obispos comenzaron a celebrar misas multitudinarias en espacios públicos en las que participan decenas de miles de personas en torno a la fecha en la que la Iglesia Católica celebra la festividad de la sagrada familia (a finales de diciembre). Y en ellas bullen los ataques a las leyes que los gobiernos socialistas han ido aprobando.27

    2.3. La Ley de interrupción voluntaria del embarazo (2010). “Herodes sigue vivo”

    En los años siguientes de gobierno socialista en España, se aprobaron otras leyes como la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, la Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Todas estas leyes hacen referencia a las concepciones sobre el género y las dos últimas mencionan el concepto explícitamente, pero en ningún caso tuvieron las resistencias que generó la Ley de educación mencionada en el apartado anterior y que tendría el nuevo proyecto de Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo.

    Este último pretendía actualizar la anterior ley del aborto. Esta ley, vigente desde 1985 y que en su día encontró una feroz resistencia por parte de la Iglesia Católica, despenalizaba el aborto en el caso de riesgos para la salud física o psíquica de la mujer embarazada y en caso de violación o de malformaciones en el feto. No obstante, quedaba pendiente despenalizar el aborto, y eso pretendía la nueva ley del año 2010, que hace la práctica legal siempre que se lleve a cabo en las 14 primeras semanas de embarazo y sin intervención de terceras personas en la decisión. Además, permitía a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin autorización de sus padres o tutores.

    La declaración oficial de la CEE contra esta nueva ley del aborto incluyó una crítica explícita a lo que ellos consideraban como la imposición de una determinada educación sexual y “de género” (entrecomillada en el original) y se señala que estas políticas se dan en “el marco de una ideología contradictoria con la verdad del ser humano y la dignidad de la persona, como es la llamada ideología de género”.28Lanzado ya en la estrategia de crear pánico moral, el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, declaraba en diciembre de 2010 (con motivo del día católico de la familia) la existencia de una conspiración mundial:

    la UNESCO tiene programado para los próximos 20 años hacer que la mitad de la población mundial sea homosexual. Para eso, a través de distintos programas, irá implantando la ideología de género, que ya está presente en nuestras escuelas.29

    El obispo Fernández apuntaba a la ONU como la culpable de la muerte de la familia, el descenso de las tasas de natalidad y el fin de la vida humana. En sus propias palabras: “Por este camino, España y los países occidentales tan orgullosos de su progreso caminan hacia su propia destrucción”. Dos años después, el mismo obispo publicó una carta con similar tono apocalíptico titulada “La ideología de género destroza la familia”, en la que señala refiriéndose al género diciendo que “Herodes sigue vivo, y no sólo mata inocentes en el seno materno, sino que intenta mentalizar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes con esta ideología, queriendo hacerles ver que hay ‘otros’ tipos de familia”.30El obispo Fernández ya ha asumido aquí la estrategia que consiste en presentar a los católicos como víctimas de una persecución política por parte de quienes defienden las políticas igualitarias, que considera políticas contrarias a la libertad religiosa, incluso si las iglesias atacan los derechos fundamentales de los seres humanos: “La iglesia católica es odiada por los promotores de la ideología de género, precisamente porque se opone rotundamente a esto”.31

    Finalmente, la Ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada por el Parlamento Español e incluye en su articulado el mandato a los poderes públicos del desarrollo de políticas sanitarias, educativas y sociales que garanticen “la educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva”, y el mandato de que “la formación de profesionales de la salud se abordará con perspectiva de género”.

    2.4. El gobierno conservador del Partido Popular (2011). “Una cultura de la muerte”.

    Con la llegada del Partido Popular al gobierno, la cruzada contra el género continuó, pero sin el estilo de confrontación característico de la época anterior. El gobierno conservador ha dado más fuerza y visibilidad a los críticos de las teorías de género y sus discursos característicos, de modo que en esta época se hace más patente el esfuerzo enmarcador de los actores religiosos. En esta estrategia destacan las iniciativas académicas y la mayor visibilidad de activistas laicos. Así, y aunque no tuvo impacto mediático ni académico significativo, en febrero de 2011 se celebra el I Congreso Internacional de Ideología de Género en la Universidad de Navarra, dirigida por el Opus Dei32, en el que la mayor parte de participantes del programa pertenecen a universidades católicas. En la misma línea, el XVI Congreso Católicos y Vida Pública (que se celebró en Madrid en noviembre de 2014 organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la católica Universidad San Pablo-CEU) estuvo consagrado al tema de “La Familia siempre: desafíos y esperanza”.33Es destacable que en este congreso participó como ponente estrella la presidenta de la francesa ‘Manif pour tous’, Ludovine Dutheil de la Rochère34, para compartir con el público presente las ideas y estrategias de su movilización en Francia. De hecho, algunas de las asociaciones que ya estaban en redes internacionales contra el matrimonio homosexual y de carácter abiertamente homófobo, como la ya mencionada HazteOír, han intentado replicar en España iniciativas similares, como la organización, el 2 de febrero de 2014, de la “Marcha por el matrimonio y la infancia” en Madrid35, cuyo escaso poder de convocatoria mencionábamos al principio del artículo.

    A pesar de la presencia de grupos laicos en las movilizaciones, en España sigue habiendo un liderazgo ideológico claro de los miembros de la curia en la persecución de las políticas y las ideas de igualdad de género, algo patente en la producción documental de la CEE. Coincidiendo con las celebraciones del Orgullo LGBT en Madrid, el 4 de julio de 2012 la CEE presentó un documento clave (posteriormente usado por otras conferencias episcopales, como la eslovaca o la filipina) en el que introduce la idea de que el concepto de género representa una “cultura de la muerte” (CEE 2012:§70).36En él se habla de género, de teoría queer, teoría ciborg, homosexualidad, anticoncepción y relaciones sexuales fuera del matrimonio. Según este documento, convertido en argumentario católico de base, la “ideología de género” (promovida por el feminismo radical) conjuntamente con la revolución sexual, el individualismo, el constructivismo y las corrientes “freudomarxistas” son los responsables de prácticas abortivas, rupturas matrimoniales, esterilizaciones, descenso de la nupcialidad y retraso de la edad del matrimonio, violencia en la convivencia doméstica y adicciones a la pornografía, las drogas, el alcohol, el juego o internet.

    En uno de los apartados del informe se aprecia de forma explícita el ejercicio estratégico que la Iglesia hace con el lenguaje (CEE 2012:§58): en la crítica a la utilización del concepto “género” en expresiones como “violencia de género”, que ellos llaman con expresiones “más exactas” como “violencia doméstica” o “violencia en el entorno familiar”. En efecto, a partir de aquí la sola mención de la palabra “genero” en cualquier ley o política pública, inmediatamente se va a convertir en un anatema. Y como resultado de esta guerra iniciada por el feminismo, el marxismo y el lobby gay, el documento afirma que España está a la cabeza de la destrucción de la familia, el sexo y el amor, pues ha sido gobernada hasta 2011 con leyes basadas en la “ideología de género” en vez de fundarse sobre los postulados doctrinales, como ocurría durante las cuatro décadas de dictadura franquista en la que, como se ha señalado, el nacionalcatolicismo era la ideología que sostenía la legislación y las políticas públicas del régimen fascista. Frente a esto, afirma el mismo documento, la ideología de género debe ser frenada con una “nueva evangelización” de España, de la que el propio documento forma parte, siendo una de las acciones estelares del Plan Pastoral de la CEE para los años 2011-2015.37

    Algunas conclusiones (inevitablemente) temporales

    Si bien hay un 10% de católicos españoles que están alineados con la jerarquía eclesiástica contra los derechos sexuales y reproductivos (Cornejo y Pichardo, 2017), al mismo tiempo, la mayoría de españoles y españolas que se definen como católicos no comparten las mismas ideas que sus obispos (Bericat, 2015: 1401). De hecho, los datos muestran (Toharia, 2012; Assiego, 2015) que la mayor parte de católicos en España se muestran a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo (63%), a favor del uso de anticonceptivos (90%), del divorcio (82% a favor), del sacerdocio de las mujeres (78% a favor) y del aborto (88% a favor: 24% siempre y 64% en algunos casos). E incluso más, casi la mitad de los católicos españoles (un 43%) piensa que la Iglesia Católica debería celebrar también matrimonios católicos entre personas del mismo sexo (BBC Mundo, 2014). Este divorcio de la sociedad católica española con la jerarquía de su Iglesia es un factor clave para comprender la cruzada antigénero en España, y en particular, el hecho de que el esfuerzo enmarcador de la Iglesia haya logrado menos éxitos de lo esperado por la intensidad de las movilizaciones.

    En la pelea por los significados, el gobierno de Mariano Rajoy (en el poder desde 2011) ha ido eliminando la palabra “género” de documentos oficiales, textos legales, convocatorias de proyectos, políticas públicas, etc. y la ha sustituido por otros términos como “mujeres” o “igualdad”. También en esa batalla ideológica, su primer Ministro de Educación, José Ignacio Wert, abordó una reforma educativa afín a los principios de la “nueva evangelización”, eliminando las referencias al género y la diversidad sexual en la escuela38, dando a la asignatura de religión el mismo valor académico que lengua o matemáticas, y permitiendo la financiación pública de escuelas con separación de niñas y niños.

    El otro gran caballo de batalla del gobierno del Partido Popular ha sido la reforma de la ley del aborto vigente desde 2010. En diciembre de 2013, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó anteproyecto de ley para la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el que eliminaba la malformación fetal como motivo de aborto legal y sometía la decisión sobre la interrupción del embarazo al informe de dos doctores externos a la clínica donde la mujer era tratada, anulando completamente la voluntad de la mujer.39Durante 2014, la propuesta no logró el respaldo de la opinión pública, ya que el aborto se había venido practicando en España de forma legal desde hacía tres décadas y el 78% de la población estimaba que esa nueva reforma de la ley no era necesaria, de acuerdo con una encuesta de Metroscopia publicada por El País.40Esta encuesta también revelaba que un 86% de los españoles estaba a favor de que toda mujer embarazada tuviera reconocido el derecho a decidir libremente si quiere seguir o no con su embarazo (el porcentaje era de un 60% entre los católicos practicantes, un 89% entre los católicos poco practicantes, un 89% entre los católicos no practicantes y un 95% entre los no creyentes).

    El gobierno fue posponiendo el trámite de la ley durante más de dos años, durante los cuales la jerarquía de la Iglesia Católica y los grupos ultraconservadores no pararon de presionar y llevar a cabo manifestaciones recordándole su compromiso de aprobar la ley y con la demanda de llevarla al extremo de convertir en delito cualquier tipo de aborto sin ningún tipo de excepción.41Los grupos de mujeres y feministas también articularon importantes movilizaciones contra esta modificación legal en las que, generalmente, se responsabilizaba a las presiones de la Iglesia Católica de esta propuesta legal tan restrictiva. Tal fue la polémica que levantó este anteproyecto (también entre las propias filas conservadoras en el Parlamento) y tal fue el nivel de rechazo de esta modificación legal en los medios de comunicación y en las calles, que en septiembre de 2014 el gobierno decide no sacar adelante esta reforma de la ley del aborto y el Ministro de Justicia presenta su dimisión. En 2015 se publica una reforma de la ley del aborto de 2010 y a partir de la misma se obliga a las mujeres de 16 y 17 años a tener el permiso de sus padres o tutores legales para poder interrumpir su embarazo. Desde entonces, la Iglesia y los activistas antifeministas siguen presionando al gobierno de Rajoy para que ilegalice la interrupción voluntaria del embarazo.

    A pesar del esfuerzo de proveer nuevos significados al género, a las políticas igualitarias y a los derechos sexuales, el discurso no ha tenido éxito ni en la opinión pública ni en las iniciativas conservadoras del exministro José Ignacio Wert (Educación) y del dimitido Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia). Tanto el concepto de género como el espíritu respecto a la igualdad de género, se han mantenido todos estos años en el discurso público y la mayor parte de las leyes promulgadas por el Presidente Zapatero siguen vigentes hoy en día. Y en este sentido, el caso de España contrasta con el de otros países en los que la cruzada ha conseguido paralizar leyes (Francia) o forzar referendos (Eslovaquia). Aunque los mecanismos puedan ser similares en distintos países (el recurso al pánico moral, el cabildeo político, la presencia en los medios, el activismo y las manifestaciones, el uso de internet…), las movilizaciones dinamizadas en torno al discurso de la “ideología de género” no son siempre exitosas.

    En el caso español, divorcio entre la opinión pública (incluidos los propios católicos) y las posiciones más radicales de los Obispos, es la clave para explicar el avance o el retroceso en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales y, en este caso, el limitado éxito de las intensas movilizaciones conservadoras. Este divorcio ideológico, cuyas características hemos descrito en varias secciones, tiene su origen en la historia reciente en la medida en que la Iglesia Católica española formó parte de los mecanismos de represión ideológica y física de la Dictadura, y en la medida en que la sociedad española ha logrado una transición democrática exitosa, la ciudadanía sigue identificando a la Iglesia con el fascismo y la represión, muy al contrario de lo que ocurre en Polonia, Eslovaquia o Hungría, donde la Iglesia Católica goza de buena reputación política, y su influencia ha logrado detener el avance en los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas LGTB (Paternotte y Kuhar, 2017).

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    Fechas de Publicación

    • Publicación en esta colección
      2017

    Histórico

    • Recibido
      4 Feb 2017
    • Acepto
      14 Mar 2017
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