Muertes negadas: Perfil de homicidios contra personas LGBTI+ en El Salvador (2000-2020)^*

Mortes negadas: Perfil de homicídios contra pessoas LGBTI+ em El Salvador (2000-2020)

Denied deaths: Profile of homicides against LGBTI+ people in El Salvador (2000-2020)

Resúmenes

Este texto tiene por objetivo construir un perfil de crímenes, de víctimas y perpetradores de homicidios contra personas LGBTI+ por medio del análisis de 33 documentos judiciales públicos entre los años 2000 y 2020; utilizando las categorías: a) crímenes: año de judicialización, clasificación penal, geografía, local de ocurrencia, uso de alcohol/drogas, causa de muerte y motivo atribuido; b) víctimas: sexo, edad, identidad sexual o de género y ocupación; c) victimarios: edad, sexo, ocupación, estado civil, residencia y organizaciones delincuenciales. El perfil obtenido muestra que las víctimas tenían 32 años en promedio, fueron identificadas como “hombres” y tanto identidades transfemeninas como homosexuales fueron los principales objetivos. En cuanto a los mayores locales de ocurrencia destacan las vías públicas de zonas urbanas. Además, se observa que existió mayoritariamente una participación colectiva, utilizando armas blancas y de fuego como método de asesinato. Y, respecto al motivo atribuido a los crímenes, predomina la homofobia en las Maras, teniendo 22 años en promedio los perpetradores, solteros, quienes se dedicaban, principalmente, al área de mecánica automotriz.

Palavras clave:
El Salvador; violencia; crímenes de odio; homicidios; LGBTI+

Este texto visa traçar um perfil dos crimes, vítimas e autores de homicídios contra pessoas LGBTI+, por meio da análise de 33 processos judiciais públicos entre os anos de 2000 e 2020; utilizando as categorias de a) crimes: ano do processo, classificação criminal, geografia, local de ocorrência, uso de álcool/drogas, causa da morte e motivo atribuído; b) vítimas: sexo, idade, identidade sexual ou de gênero e ocupação; c) agressores: idade, sexo, ocupação, estado civil, residência e organização criminosa. O perfil obtido mostra que as vítimas tinham em média 32 anos, foram identificadas como “homens” e tanto identidades transfemininas quanto homossexuais foram os principais objetivos. As vias públicas em áreas urbanas foram os locais de maiores ocorrência. Houve participação coletiva, usando armas brancas e de fogo como método de assassinato. O motivo atribuído aos crimes foi a homofobia nas Maras, sendo os autores do crime com idade de 22 anos em média, solteiros e dedicados à área de mecânica automotiva.

Palavras-chave:
El Salvador; violência; crimes de ódio; homicídios; LGBTI+

This text aims to build a profile of crimes, victims and perpetrators of homicides against LGBTI+ people, through the analysis of 33 public judicial documents between the years 2000 and 2020; using the categories of a) crimes: year of prosecution, criminal classification, geography, place of occurrence, use of alcohol/drugs, cause of death and attributed motive; b) victims: sex, age, sexual or gender identity and occupation; c) victimizers: age, sex, occupation, marital status, residence and criminal organizations. The profile obtained shows that the victims were 32 years old on average, they were men, both transfeminine and homosexual identities were the main albos. Public roads in urban areas were the main places of occurrence. There was mostly collective participation, using bladed and firearms as a method of murder. The main reason attributed was the homophobic of the Maras, the perpetrators being 22 years old, single and dedicated to the area of automotive mechanics.

Keywords:
El Salvador; violence; hate crimes; homicides; LGBTI+

Introducción

El 10 de diciembre de 2021, Alexa Landaverde, mujer trans de 22 años, a eso de las 5 de la tarde salió de su casa en el municipio de Quezaltepeque (El Salvador) con José Elías Morales Hernández quien era considerado su novio. Al finalizar ese día familiares de Alexa intentaron tener contacto con ella por teléfono, resultando infructuosos todos sus intentos. Ante esta imposibilidad de establecer contacto, se creó una denuncia por desaparición. Las organizaciones de derechos humanos emitieron una serie de alertas y avisos sobre la desaparición de Alexa por redes sociales. El 28 de enero de 2022 se dio a conocer que, al interior de un pozo en el valle de Zapotitán, municipio de Ciudad Arce, podrían encontrarse los restos mortales de Alexa. El 31 de enero de 2022 el Instituto de Medicina Legal confirmó que los restos humanos encontrados correspondían a Alexa. El 17 de febrero de 2023 por redes sociales se informó que Elías Morales fue condenado a 25 años por la muerte de Alexa bajo la modalidad de homicidio agravado, el cual se atribuyó a un ataque de celos.

El homicidio de Alexa es un ejemplo de las condiciones de violencia letal que las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales y otras identidades sexuales y de género (LGBTI+) están propensas a sufrir en El Salvador. Al mismo tiempo, la judicialización de su homicidio refleja una dinámica institucional diferente sobre casos similares de veinte años atrás. Aunque el motivo de celos como causa de un homicidio de una persona LGBTI+ se mantenga en el tiempo, en esta oportunidad se llegó a una sentencia condenatoria, muy diferente a décadas atrás que homicidios de personas LGBTI+ no generaban procesos de investigación y, con ello, sus muertes quedaban en la impunidad, impidiendo el acceso a la justicia, la falta de reparación a las víctimas y ninguna garantía de no repetición.

En el 2015, bajo el objetivo de analizar las relaciones de las Maras con personas LGBTI+, me avoqué al Centro de Documentación Judicial para obtener documentos judiciales públicos que narraran formas de relación entre estos dos grupos sociales. En dicha ocasión surgieron diferentes procesos penales que contenían la judicialización de homicidios contra personas LGBTI+; sin embargo, en ese momento no estaba en mi objetivo analizar ese fenómeno social, por lo cual esos documentos quedaron archivados; aunque en ellos observé la posibilidad de analizar cómo el órgano de justicia trataba a las personas LGBTI+ y las formas de gestionar la violencia que padecen.

A final del 2022, la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) abrió la convocatoria del Programa Institucional de Internacionalización de la Fiocruz Capes/PrInt-Fiocruz. Apliqué bajo el formato de postdoctorado al interior del Instituto Fernandes Figueira-una de las unidades de la Fiocruz-, para reflexionar sobre violencias y homicidios por prejuicio contra personas LGBTI+ en el contexto salvadoreño; por medio de un estudio cualitativo de documentos judiciales de carácter público para indagar sobre ese fenómeno social en ese país. En este contexto, este artículo tiene por objetivo construir un perfil de los crímenes, víctimas y perpetradores de homicidios contra personas salvadoreñas LGBTI+, por medio del análisis documental de 33 autos judiciales seleccionados entre los años 2000 y 2020. Se recurrió a categorías incluidas en la revisión sistemática realizada por Mendes et al. (2021) para inspirar la elaboración de los perfiles ya mencionados.

Para ello, en el primer apartado de este texto se analizará la discursividad de las organizaciones LGBTI+ que manifiestan la existencia de más de seiscientos homicidios de personas LGBTI+ desde final de la década de 1990 hasta la actualidad, y se realizará una sistematización de estadísticas de homicidios contra personas LGBTI+ producidas por dichas organizaciones desde 1998 hasta 2022. El resultado obtenido se contrastará con cifras oficiales de homicidios de personas LGBTI+ emitidas por diferentes instituciones públicas en la década de 2010, haciendo una comparación con las cifras de homicidios totales en el país en ese mismo periodo histórico. La generación de estas cifras es un reflejo de la apertura institucional en esa época para abordar temáticas de orientación sexual, identidad y expresión de género, lo que permitió el inicio de procesos de judicialización de homicidios de personas LGBTI+.

El segundo apartado se presentará el método para elaborar los perfiles que son el objetivo de este texto. Se iniciará describiendo el proceso de obtención de los documentos judiciales en el portal del Centro de Documentación Judicial, donde se utilizaron diferentes identidades, categorías e injurias en el motor de búsqueda. Se presentará los criterios de selección de los documentos para ser analizados. Para la construcción de los perfiles se retomó como inspiración las categorías propuestas por Mendes et al. (2021), añadiendo categorías específicas del contexto salvadoreño: a) crímenes: año de judicialización, clasificación penal, geografía, local de ocurrencia, uso de alcohol/drogas, causa de muerte y motivo atribuido; b) víctimas: sexo, edad, identidad sexual o de género y ocupación; c) victimarios: edad, sexo, ocupación, estado civil, residencia y organizaciones delincuenciales.

Como resultado encontramos que las muertes de personas LGBTI+ entre el año 2000 a 2020 se clasificaron como homicidios agravados, su área geográfica principal fue la zona central del país y en específico el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), los locales principales de ocurrencia fueron las vías públicas y en segundo lugar las casas de las víctimas, la presencia del alcohol y otras drogas se detectó en 12 casos, la homofobia de las Maras fue el principal motivo atribuido de esos homicidios y se utilizaron armas blancas y de fuego para cegar la vida de esas personas. En cuanto a las víctimas, fueron identificadas como sujetos masculinos (32), la edad promedio del total fue de 32 años, aumentando para 34,73 años en las identidades gay y bajando para 27 años en las identidades transfemeninas. Tanto mujeres trans como homosexuales fueron las identidades sexuales y de género con mayor número de casos. En cuanto a las ocupaciones laborales, serían empleados de bajo nivel, vendedores informales y trabajadoras sexuales. Los perpetradores ejecutaron los homicidios de forma colectiva, entre dos a siete participantes, su edad promedio fue de 22 años, la mayoría se desempeñaba en el área de la mecánica automotriz y trabajo agrícola, la mayoría era soltero y en cinco casos padres de familia.

I. ¿Muertes negadas?

El discurso político de activistas de Derechos Humanos de las personas LGBTI+ ha institucionalizado la existencia de más de seiscientos homicidios de personas LGBTI+ ocurridos en El Salvador desde el año 1992 (OLIVA, 2021), el final de la década de 1990 (CAMPOS, 2015, p. 8), a partir del año 2001 (ASPIDH, 2014) o en los últimos “15 años” (COMCAVIS TRANS, 2021). La variedad de fechas de inicio de esa contabilidad de homicidios refleja la precariedad del sistema de registro de las organizaciones LGBTI+, el cual se fundamentó, principalmente, en el registro de homicidios ventilados exclusivamente en medios de comunicación escritos hasta el final de la década de 2000 (INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC, 2010), posteriormente bajo un modelo mixto de medios impresos y virtuales (ASPIDH, 2014; COMCAVIS TRANS, 2021) hasta llegar a un registro de reportes de denuncias de personas que conocieron de forma directa o indirecta a las víctimas (ORMUSA; COMCAVIS TRANS, 2023).

Otra de las dificultades que se revela a ese registro de homicidios fue la falta de continuidad. La Asociación Entre Amigos que, por ser la organización LGBTI+ más antigua del país que todavía está en funciones, inició este trabajo de registro al final de la década de 1990. Sin embargo, se encontraron obstáculos para realizar un registro sistemático de forma permanente en el tiempo, como se muestra en el 2006 que ante la falta de presupuesto no realizó el registro de ese año (INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC, 2010). A pesar de todo lo anterior, se debe de reconocer que a través de ese registro se cuenta con datos estadísticos sobre homicidios contra personas LGBTI+ de las dos últimas décadas. Recolectando datos de diferentes organizaciones y documentos se logra obtener el número de 305 homicidios contra personas LGBTI+ entre 1998 y 2022 (Cuadro 1).

Cuadro 1
Estadística no oficial de homicidios contra personas LGBTI+ 1998-2022

1998	1999-2000		2001-2002		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
7	14		17		11	8	2	S/D*	3	11	23	10
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
17	14	8	14	42	38	26	14	10	8	7	1	305

Elaboración propia.Cruz, Sánchez y Azcunaga (1999)Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (2004)2004Olivo (2007)International Human Rights Clinic (2010)Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales (2012)Solicitors’ International Human Rights Group (2014)2015Comcavis Trans (2018)Rosales y Salazar (2019)Comcavis Trans (2021)ORMUSA y COMCAVIS TRANS (2023)
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  Sin Datos

Los 305 homicidios representarían la mitad de la narrativa histórica de más de 600 homicidios en ese periodo de tiempo. Los 300 casos faltantes, siguiendo la lógica narrativa propuesta por Mendes et al. (2021), en muchas veces no es perceptible la LGBTIfobia que originó un deceso; lo que desencadena que no se registre como un homicidio cometido contra una persona LGBTI+, tanto en los medios de comunicación como a nivel institucional. A lo anterior se puede agregar que el subregistro también contiene un componente institucional de discriminación y estigmatización debido a la orientación sexual, identidad y expresión de género de una persona que fuera asesinada, sobre todo en el periodo antes de la década de 2010 en el caso salvadoreño. No causa extrañeza que para las personas LGBTI+ que ejercían su sexualidad de forma clandestina les fuera más práctico ocultar esa condición de vida de uno de sus integrantes; y al momento del homicidio, esa parte crucial de sus vidas no haya sido notificada en los medios de comunicación que registraron su muerte o, por otra parte, sus familiares para tratar de ocultar la mácula de una sexualidad divergente a la heterosexualidad no lo expusieron públicamente. También existe la posibilidad de que las instituciones en documentos internos registraron la orientación sexual de las víctimas, pero no salió a luz pública.

Antes del 2010 la institucionalidad tenía poco o ningún interés en registrar este tipo de casos. Lo anterior se comprueba con el hecho de que, ante la solicitud de información pública sobre datos nacionales actualizados de 1993 a junio de 2018 de delitos cometidos contra personas LGBTI+, se obtuviera como respuesta por parte de la Fiscalía General de la República que la Base de Datos del Sistema de Información y Gestión Automatizada del proceso fiscal (SIGAP) pasó a registrar a partir del año 2006 delitos cometidos contra personas LGBTI+ (FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 2018). Así, los procesos de judicialización de personas LGBTI+ comenzaron a ser registrados desde 2019 por parte de la Mesa Tripartita que la integran la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República (FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 2021). Este desfase de tiempo para que las personas LGBTI+ accedieran a la justicia en casos de homicidio se puede relacionar a procesos de discriminación institucional que impedían crear nuevas categorías para el registro de homicidios de esa naturaleza y se limitaba en un registro binario de las categorías “masculino” y “femenino” que asumía el modelo hegemónico heterosexual como la única posibilidad institucional para contabilizar la enorme cantidad de homicidios que ocurrían en el país en ese periodo (Cuadro 2).

Cuadro 2
Homicidios en El Salvador 2010-2021

Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
	3.987	4.371	2.594	2.513	3.921	6.656	5.280	3.962	3.346	2.398	1.341	1.040	41.409

Elaboración propia.Infosegura (2021)

Entre 2010 y 2021 ocurrieron 41.409 homicidios registrados en El Salvador (INFOSEGURA, 2021), lo que expone una epidemia de homicidios en el país. Los 305 homicidios de personas LGBTI+ quedaban completamente eclipsados ante esa gran cantidad de homicidios. Esta situación generó un proceso de invisibilidad y silenciamiento de los homicidios contra este segmento de la población, que pactó, ya sea de forma explícita o implícita con la institucionalidad para no investigar este tipo de casos. Esto viene a coincidir con las denuncias sobre la falta de interés para la investigación de este tipo de delitos (ASPIDH, 2014), negación al acceso a la justicia (CRISTOSAL; AMATE; VISIBLES, 2020), falta de procesos de reparación a las víctimas (COMCAVIS TRANS, 2021) y ninguna garantía efectiva de no repetición de homicidios (COMCAVIS TRANS, 2013).

No obstante, al indagar sobre la temática, se debe reconocer que, en la década de 2000, existieron tímidos e individuales esfuerzos institucionales en el Instituto de Medicina Legal para visibilizar este tipo de homicidios, aunque dicho registro fuera de carácter esporádico y no continuo. Por ejemplo, en 1999 se reportó el asesinato por asfixia por estrangulación de un psicólogo (MOLINA, 2002) que los medios de comunicación reportaron que su muerte podría estar relacionada con su “tendencia sexual” (GRIMALDI, 1999, p. 18). Posteriormente, hasta el 2005 se reportaron dos homicidios de homosexuales, uno en San Salvador por asfixia por estrangulación y otro caso en Mejicanos sobre el hallazgo de un cuerpo con cuerda al cuello en estado de putrefacción (MOLINA, 2007). Este registro de homicidios muestra la falta de interés de las instituciones en su registro sistemático en esta época, ya que, como se indicó anteriormente, la Fiscalía tiene registros únicamente a partir del 2006.

A partir del 2010 comenzó un proceso de apertura institucional cuando asumió el Ejecutivo la izquierda política, lo que permitió que las organizaciones LGBTI+ consiguieran entablar un diálogo con el Ejecutivo para incentivar políticas de ciudadanización enfocadas a personas LGBTI+ (ARÉVALO, 2022). En este sentido, se comenzó a realizar un proceso de inclusión de datos y actos de violencia contra las personas LGBTI+ a nivel estadístico. Se cuenta con datos estadísticos de homicidios de personas LGBTI+ registrados a partir del 2010 por la Policía Nacional Civil (2019). A partir del 2019 los datos de homicidios contra personas LGBTI+ comenzaron a ser emitidos por la Mesa Operativa Tripartita integrada por la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República (FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 2021). De 2010 a septiembre de 2021, oficialmente, se registraron 132 homicidios contra personas LGBTI+ a nivel nacional (Cuadro 3). Este número representaría únicamente el 0,32% del total de homicidios, al cotejarlos con el total de homicidios para ese mismo periodo de tiempo (Cuadro 2).

Cuadro 3
Estadística oficial de homicidios de personas LGBTI+

Departamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Ahuachapán			1		1			1	1	1			5
Cabañas							1						1
Chalatenango					1				2				3
Cuscatlán					1								1
La Libertad	1	1	1				2		3		3		11
La Paz		2		2	1			3	1				9
La Unión							1	1		1	1	1	5
Morazán										1			1
San Miguel		5	3		1	2	1	1	2	1		1	17
San Salvador	1	8	3	6	2	3	2	6	3	5	4	2	45
San Vicente				1			2						3
Santa Ana	1	1	4	1	1				2	1			11
Sonsonate	1	1	2		2	1			1		1	1	10
Usulután		2		1	1	3	1	1	1				10
Total	4	20	14	11	11	9	10	13	16	10	9	5	132

Elaboración propia.Policía Nacional Civil (2019)2021

Las organizaciones LGBTI+ cuestionan las cifras oficiales de homicidios contra personas LGBTI+, aduciendo una falta de registros de todos los casos que suceden. Esta denuncia se puede relacionar a la discrepancia de datos que pueden existir entre las mismas instituciones públicas. En este sentido, en el 2019 se presentaron públicamente un compendio de Hechos de Violencia Contra la Población LGBTI a Nivel Nacional entre 2015 y junio de 2019 (Cuadro 4) (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 2019, pp. 36-37), en el cual se ven divergencias en las cifras de homicidios en los años indicados en el Cuadro 3.

En las estadísticas proporcionadas por la extinta Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) se puede apreciar que en tan solo cuatro años y un semestre se obtiene el 60% del número de casos reportados entre 2010 y 2019 de forma oficial (Cuadro 3). Esta disensión entre las cifras de homicidios se puede explicar por el hecho de que el informe realizado por la DIGESTYC se nutrió con fuentes más allá del sector justicia, única fuente en el Cuadro 3. La DIGESTYC indicó que las cifras publicadas provienen de instituciones que integran el sector justicia como Fiscalía General de la República, Juzgados, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República y la Policía Nacional Civil. Además de contar con información de otras instituciones como el Instituto de Desarrollo de la Mujer, Sector Salud, Ciudad Mujer, entre otras. Por último, la Sociedad Civil proporcionó también información.

El Cuadro 4 muestra que la identidad sexual “gay” tuvo el mayor número de víctimas mortales; en segundo lugar, se encuentra la categoría “sin registro”; en tercer lugar, fue la identidad “transexual”; en cuarto “lesbiana” y, por último, “bisexual”. Esta clasificación resulta interesante para el análisis. Primeramente, debido a que se tiene la concepción -influenciada por medios de comunicación- de que la mayor parte de homicidios ocurre en identidades transfemeninas, pero en esta oportunidad, según los datos oficiales, la identidad gay sufre más actos de violencia letal. No obstante, la desidia institucional de nombrar cada identidad sexual y de género conforme a su autoidentificación pudo invisibilizar identidades transfemeninas, las que se pudieron incluir en la categoría de “gay”. En este caso, “gay” se podría comprender como un paraguas conceptual institucional en el cual se podrían incluir identidades transfemeninas y hombres homosexuales cisgéneros.

De la misma forma, la categoría “sin registro” podría incluir identidades transfemeninas que no se clasificaron adecuadamente. El registro de homicidios contra personas LGBTI+ se torna difícil cuando las víctimas no presentan características evidentes que revelen su pertenencia a este grupo social y a sus respectivas siglas identitarias o que la institucionalidad no las quiera reconocer como tal, lo que genera una subnotificación de casos. La categoría “sin registro” puede informar la existencia de una persona con prácticas sexuales divergentes a la heterosexualidad; pero que, posiblemente en vida, su identificación pública con una o más de una de las siglas identitarias LGBTI+ no fuera conocida. En ese elevado número de muertes “sin registro”, puede ser probable que personas trans estén incluidas, pero debido a que la institucionalidad no reconoce legalmente el derecho a la identidad de género, estas personas no contaban con un documento de identidad que tuviera congruencia con su identidad de género autoasumida y por lo cual -posiblemente- fueron registradas bajo el sexo designado al nacer.

Cuadro 4
Homicidios registrados contra la población LGBTI+, 2015-junio 2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Bisexual			1			1
Gay	10	10	4	5	2	31
Lesbiana			1	1		2
Transexual	4	3		5		12
Sin registro	3	4	7	9	2	25
Total	17	17	13	20	4	71

Elaboración propia.Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (2019

No obstante, a pesar de las discrepancias entre las propias cifras oficiales y estas con los datos colectados de forma artesanal, en un primer momento y después bajo una sistematización más profesional, por parte de las organizaciones LGBTI+, no se puede negar que la institucionalidad tiene un proceso de registro de los homicidios de personas LGBTI+, lo cual se debió a la interacción entre la labor de incidencia política que las organizaciones LGBTI+ desarrollaron en la última década, la apertura institucional para incorporar las categorías de orientación sexual, identidad y expresión de género en los sistemas de información; y la puesta en práctica de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos. Este entramado interinstitucional promovió que más personas LGBTI+ denunciaran las violencias que padecen, como se muestra en el Gráfico 1.

El número de denuncias de actos de violencia contra personas LGBTI+ presenta dos patrones. El primero corresponde al quinquenio de 2010-2014, que incluye el año 2009. En este periodo podemos observar que existen pocas denuncias y las gráficas no presentan variabilidad. El segundo periodo correspondería al quinquenio 2015-2019. En este periodo se presenta un cambio abrupto en las gráficas. En la temática que nos ocupa este texto, homicidios simples y agravados, se observa un proceso de notificación y registro mayor que en el periodo anterior. Esta situación tiene conexión directa con la reforma al Código Penal en 2015 que incluyó a la orientación sexual, identidad y expresión de género como agravantes en la ejecución de un homicidio. Este hecho produjo que las personas LGBTI+ adquirieran un reconocimiento institucional, a pesar de que lo obtengan hasta que encuentran la muerte. Aunque existió un avance institucional en el registro de muertes, hasta la fecha no existe, públicamente, un perfil de los crímenes que padecen las personas LGBTI+, ni de las víctimas y perpetradores de homicidios.

Gráfico 1
Denuncias de delitos contra la población LGBTI+

II. Método

Este es un estudio cualitativo fundamentado en el análisis documental de 33 autos judiciales de acceso público, descargados del Centro de Documentación Judicial (https://www.jurisprudencia.gob.sv/portal/). En este portal web se encuentran documentos judiciales desde el 2000 hasta la actualidad, el cual constantemente es alimentado con documentos procedentes de los diferentes juzgados, tribunales, cámaras y salas judiciales del país. No obstante, a partir del 2020 se detectó que la versión pública de casos emblemáticos de judicialización de homicidios de personas LGBTI+ como el caso de Camila Córdova de 2019 o los asesinatos de mujeres trans de San Luis Talpa de 2017 no fue remitida a este portal.

El proceso de obtención de documentos judiciales inició en el 2015, bajo el objetivo de analizar las relaciones de las Maras con personas LGBTI+; en esa ocasión se obtuvieron diferentes procesos penales que revelaban la existencia de personas LGBTI+ al interior de las Maras y el accionar homicida que estas estructuras tienen contra personas LGBTI+. En esa oportunidad se colocaron en el motor de “búsqueda libre” las siguientes identidades: Lesbiana, Lesbianas, Gay, Gais, Bisexual, Bisexuales, Transexual, Transexuales, Transgénero, Transgéneros, Travestí, Travestis, Homosexual, Homosexuales, Afeminado; las categorías: Onanismo, Pederasta, Sodomía, Diversidad Sexual, Pasional, Odio; y las injurias de Transvestido, Tranvestidos, Marimacha, Marimachas, Maricón, Maricones, Culero, Culeros, Machorra, Machorras, Pipián, Pipianes; y se obtuvo un total de 389 documentos. Entre los documentos, se observó la existencia de procesos penales que ventilaron diferentes casos de homicidios de personas LGBTI+, a lo largo de la década de 2000 hasta 2015; sin embargo, al no tener como objetivo de investigación este fenómeno social, en ese momento no se procedió a realizar ningún tipo de indagación en profundidad.

Posterior al 2015 se recurrió a ese portal web para la búsqueda de otros documentos judiciales relacionados con la reforma constitucional discriminatoria que intentó prohibir el matrimonio civil y la adopción a parejas del mismo sexo desde el 2005, contando con 23 documentos. También, se recurrió a dicho portal para analizar procesos de ciudadanía LGBTI+ en temáticas como el reconocimiento del derecho a la identidad de género a nivel judicial, contando con más de diez procesos judiciales que abordan dicha temática (ARÉVALO, 2023).

Para la elaboración de este texto se retornó a dicho portal para la búsqueda de procesos judiciales que fueran de interés de análisis. Para optimizar los resultados, se eligió segmentar temporalmente la búsqueda de documentos. En este sentido, se colocó como temporalidad cinco años para cada proceso de búsqueda de las palabras claves ya mencionadas, dividiendo la búsqueda de la siguiente forma:

• Rango 1: 1 de enero de 2000 a 31 de diciembre de 2005.

• Rango 2: 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2010.

• Rango 3: 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2015.

• Rango 4: 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2020.

En el último quinquenio se agregó a los procesos de búsqueda las siguientes palabras claves: Identidad de género y LGBTI. Retomando las palabras claves anteriores y los nuevos agregados se obtuvo una base de datos de más de quinientos documentos plausibles de análisis, entre estos se repetían los 389 encontrados en 2015 y los 33 de otros procesos de búsqueda documental posterior al 2015.

Los criterios de selección de los documentos judiciales para ser analizados fueron dos:

1. En la descripción de los hechos, la parte testimonial o en la deliberación del caso se identificó la existencia o referencia explícita de una identidad LGBTI+.

2. Los documentos judiciales que expresamente informaban la existencia de los delitos de Homicidio simple, Homicidio agravado, Homicidio tentado, Homicidio imperfecto y/o sus composiciones, de acuerdo con las categorías y definiciones al interior del Código Penal salvadoreño.

Respecto al primer criterio de selección, varios de los procesos analizados describen escenas de relacionamientos estables o eventuales entre dos hombres; otros cuentan con expresiones como “maricones”; “apariencia homosexual”; “aspecto de gay”; “era homosexual”; “le gustan las de su propio sexo”; “ser marimacha”; “travestí” y autodeclaraciones como ser “bisexual” y “gay”.

Sobre el segundo criterio de selección se retomó como clasificación los delitos por los cuales se procesaba a los imputados, que implicaban el asesinato de una persona o el intento de su muerte. Existiendo la salvedad de un proceso sobre falsedad ideológica y falsedad documental agravada de 2019, ya que al interior de la narrativa judicial se describió la desaparición de una mujer trans, que hasta la fecha no se ha encontrado su paradero, por lo cual se presume que fue víctima de un homicidio.

III. Resultados

Teniendo en consideración el escopo documental para ser analizado y los criterios de selección establecidos, después de una selección general, se determinó como objeto de análisis 33 documentos judiciales (Cuadro 5). Con relación a la temporalidad se puede apreciar la progresión de la judicialización de homicidios de personas LGBTI+ desarrollada en la década de 2010. Si para el Rango 1 únicamente se cuentan con dos documentos para análisis; el Rango 2 tiene siete, el Rango 3 cuenta con nueve, hasta llegar al Rango 4 con 15 documentos. Este aumento puede reflejar tanto la mejora en la recepción de denuncias de violencias padecidas por personas LGBTI+, así como la investigación de sus muertes por parte de la institucionalidad.

Para elaborar el perfil de crímenes, víctimas y perpetradores de homicidios contra personas LGBTI+ en El Salvador, se recurrió a categorías incluidas en la revisión sistemática realizada por Mendes et al. (2021). Los autores analizaron 16 estudios cuantitativos a nivel global procedentes de Estados Unidos, Brasil, México, Australia, Italia y País de Gales/Reino Unido; con el propósito de describir el perfil cuantitativo de los homicidios contra la población LGBTI+ en cuanto a las características de los delitos, de víctimas y victimarios. Sus resultados apuntaron a que los homicidios tienden a implicar a una víctima y un perpetrador; su local de ocurrencia es la residencia de la víctima o la vía pública. La víctima suele tener una edad mayor que el perpetrador, por lo general, desconocido para la víctima. Destacan que las personas trans son las más afectadas de la sigla LGBTI+ y, en general, son más jóvenes al momento de su muerte, cuando se compara con la muerte de sujetos que se adscribieron a la identidad gay (MENDES et al., 2021, p. 5615).

a) Crímenes

Iniciamos este análisis por la clasificación penal de los delitos. En los 33 documentos judiciales se ventilaron 34 homicidios. En este sentido, ocho de los delitos fueron clasificados como homicidios simples; 21 como homicidios agravados; tres en otras modalidades de homicidios que incluyen un homicidio simple imperfecto, un homicidio agravado imperfecto tentado y un homicidio simple tentado. Por último, un proceso judicial sobre falsedad ideológica y falsedad documental agravada (Gráfico 2).

Según el Código Penal vigente, un homicidio simple (art. 128) se fundamenta en “El que matare a otro” y conlleva una pena de prisión de diez a veinte años. Respecto a un homicidio agravado (art. 129), como su nombre lo indica, parte de la base de un homicidio simple, pero presenta circunstancias específicas, lo que promueve que las penas superen los veinte años de prisión. En 2015 se promovió la reforma del Código Penal que incluyó en el art. 129 el literal 11 una nueva agravante: “Cuando fuere motivado por odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o la orientación sexual”, también se determinó que la pena de prisión sería de treinta a cincuenta años. No obstante, esta agravante, con la información pública disponible hasta el momento, no se aplicó a ninguna sentencia definitiva en el periodo que se está analizando. Las agravantes colocadas en las sentencias se relacionan a categorías jurídicas de alevosía, premeditación y con abuso de superioridad, todas incluidas en el literal 3 del art. 129.

Gráfico 2
Clasificación de delitos contra personas LGBTI+

La geografía de ocurrencia del homicidio se relaciona con el municipio que aconteció el deceso. En este caso se observa que la ciudad de San Salvador, la capital, alberga la mayor cantidad de casos con seis homicidios. Este dato entra en concordancia con las cifras oficiales de la década de 2010, que muestran que San Salvador tiene la mayor cantidad de homicidios (Cuadro 3). Le siguen en igual número de tres homicidios las ciudades de Soyapango y Santa Tecla, integrantes del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Posteriormente, Santa Ana y San Miguel con igual número de dos. Con un caso se encuentran los municipios de Nueva Concepción, Aguilares, Ilopango, Puerto El Triunfo, Alegría, Jucuapa, Guatajiagua, Chalchuapa, Zacatecoluca, El Congo, El Tránsito, San Francisco Menéndez, San Juan Opico, Atiquizaya, San Juan Nonualco, Lourdes-Colón y Santiago de María. La geografía de los homicidios se grafica en el Mapa 1.

La distribución geográfica indica que los homicidios procesados contra personas LGBTI+ en El Salvador tienen un carácter nacional. En las tres regiones del país ocurren homicidios. Sin embargo, existe una concentración en el AMSS, agrupando 14 homicidios de los 34 analizados. Este hecho no es insólito. El AMSS aglomera la mayor parte de la población del país, por lo cual el porcentaje de homicidios tiene consonancia con este factor demográfico. La Zona Central del país contiene el mayor número de homicidios, en cuanto a las Zonas Occidental y Oriental tienen un porcentaje similar.

Mapa 1
Homicidios contra personas LGBTI+ en los municipios de El Salvador, 2000-2020

Sobre el local de ocurrencia del crimen se presentan cinco categorías de análisis. El mayor número de homicidios ocurrieron en una vía pública (15), a esta categoría se podría conjuntar la de “paraje desolado” donde ocurrieron tres homicidios, pero considero que esos espacios rurales o urbanos que no son utilizados como vía de paso presentan características particulares que los separan de la categoría de vía pública que hace referencia a un espacio utilizado para el tránsito de personas o vehículos. La categoría “casa” hace referencia al local de vivienda de la víctima y representa un total de ocho casos. Por su parte, el local de “casa del victimario” tiene un valor de cinco. Por último, con un homicidio cada uno, encontramos otros locales que incluyen a un restaurante, la casa de un tercero y un centro penitenciario.

Mendes et al. (2021, p. 5618) indicaron que los locales de ocurrencia de un homicidio más comunes a nivel global eran la residencia de la víctima y vías públicas. Los hallazgos de este análisis coinciden en que vías públicas y el hogar de las víctimas serían los principales locales de incidencia de los homicidios, y se amplían estos locales de ocurrencia con la casa del victimario, parajes desolados, casa de tercero, centro penitenciario y restaurante. En el caso salvadoreño existe una mayor probabilidad que una persona LGBTI+ sea asesinada en la vía pública que al interior de su hogar. Los parajes desolados son locales de asesinato de personas LGBTI+. También otro tipo de locales públicos puede representar un riesgo para la vida de las personas LGBTI+.

Respecto a la causa de muerte, encontramos que la mayoría de las personas LGBTI+ fueron asesinadas por arma blanca (10), la cual incluyó cuchillos, navajas y machetes, y por armas de fuego, con igual porcentaje (10). En segundo lugar, se encuentra el traumatismo (7), con especial destaque del traumatismo craneano. Esto evidencia el uso de piedras u otros objetos contundentes utilizados para cegar la vida de otra persona. Existe una especial saña en la utilización de estos instrumentos, relacionados con la desfiguración del rostro de las víctimas. En tercer lugar, se encuentra la asfixia (3). Por último, existió el registro de cuatro formas de homicidio particulares como el descuartizamiento, la estrangulación, el ahorcamiento y la desaparición. Los resultados encontrados sobre las causas de muerte en el caso salvadoreño tienden a coincidir con lo detectado por Mendes et al. (2021, p. 5619): puñaladas, golpizas y las armas de fuego son las formas más repetidas de los homicidios; aunque también se presentan como causa de muerte la asfixia, estrangulamiento, golpes contundentes, pedradas, carbonización, entre otras.

Sobre el uso de alcohol y otros tipos de droga, se encontró que 12 homicidios envolvieron el uso de bebidas alcohólicas; y 22 de los casos analizados no reportaron el uso de alcohol. Esta información se debe de retomar de forma parcial, debido a que no todos los documentos judiciales analizados disponían de los resultados de estudios toxicológicos que realiza el Instituto de Medicina Legal a las víctimas. Los 12 casos que reportaron el uso de alcohol refieren únicamente a la víctima, de los autores no se hizo mención en este tipo de estudio. Al no contar con datos para ambas partes no se puede realizar un proceso de comparación con los hallazgos de que un promedio del 43,7% de las víctimas y el 34,9% de los perpetradores hacen uso de alcohol en homicidios similares a nivel global (MENDES et al., 2021, p. 5619).

Para finalizar este análisis sobre los crímenes, acerca de los motivos atribuidos que fueron explicitados en los documentos judiciales encontramos una diversidad de motivaciones para asesinar una persona LGBTI+ en el país. No obstante, la homofobia en las Maras se perfila como el principal motivo de asesinato en los documentos judiciales analizados. En la mayor parte de territorios donde se cometió un asesinato de persona LGBTI+ eran controlados por las Maras. Existe una norma de no aceptar personas homosexuales al interior de estas estructuras delincuenciales y, por ende, se extrapola a los niveles comunitarios (ARÉVALO, 2022, pp. 469-474). Por tal circunstancia, la categoría de homofobia de las Maras clasifica esa normativa sociocultural lgbtifóbica que se transforma en homicidios.

A parte de la homofobia de las Maras como principal motivo atribuido, encontramos una variedad de “motivaciones” para cometer un asesinato de una persona LGBTI+. Esta diversidad inicia desde el amago de un beso, pasando por tocamientos, los tan mencionados crímenes pasionales que en este caso pueden incluir los celos por otro hombre, problemas de pareja, defensa de la mujer y, para finalizar, en una discusión de pareja se cometió un homicidio. Por último, existió un caso motivado como un proceso de defensa propia.

Cuadro 5
Clasificación de Homicidios contra de personas LGBTI+ en El Salvador, 2000-2020

N.º	Fecha de resolución	Clasificación penal	Geografía	Local de ocurrencia	Alcohol	Causa de muerte	Motivo atribuido
1	19/07/2002	Homicidio simple imperfecto	Soyapango	Casa	Sí	Arma blanca-machete	Crimen pasional
2	10/06/2005	Homicidio agravado	San Salvador	Casa	No	Arma blanca	Sin motivo registrado
3	13/01/2006	Homicidio simple	Santa Ana	Restaurante	Sí	Arma blanca-cuchillo	Beso
4	06/04/2006	Homicidio agravado	Nueva Concepción	Vía pública	No	Arma blanca-machete	Homofobia de las Maras
5	09/11/2006	Homicidio simple	Aguilares	Casa del victimario	Sí	Arma blanca-navaja	Discusión/alcohol
6	12/07/2007	Homicidio agravado	Puerto El Triunfo	Vía pública	No	Arma blanca-machete	Cobro de deuda
7	12/10/2007	Homicidio simple	Alegría	Casa	No	Arma blanca-cuchillo	Discusión/alcohol
8	29/01/2009	Homicidio simple	Jucuapa	Casa del victimario	Sí	Arma blanca-machete	Defensa de la mujer
9	13/10/2009	Homicidio agravado imperfecto tentado	San Salvador	Casa	Sí	Estrangulación-cuchillo	Indeterminado/Robo
10	10/09/2010	Homicidio agravado	San Salvador	Vía pública	No	Arma de fuego	Homofobia de las Maras
11	10/07/2012	Homicidio simple	Guatajiagua	Casa del victimario	No	Arma blanca-navaja	Tocamiento
12	18/12/2012	Homicidio agravado	San Miguel	Paraje desolado	No	Ahorcado y degollado	Celos por otro hombre
13	14/05/2013	Homicidio simple	Chalchuapa	Vía pública	Sí	Traumatismo craneano	Tocamiento
14	17/07/2013	Homicidio agravado	Zacatecoluca	Paraje desolado	Sí	Traumatismo craneano	Amenazas de muerte
15	01/04/2014	Homicidio agravado	Santa Ana	Casa del victimario	No	Traumatismo craneano	Homofobia de las Maras
16	20/06/2015	Homicidio agravado	Soyapango	Vía pública	No	Arma de fuego	Homofobia de las Maras
17	23/06/2015	Homicidio agravado	San Miguel	Vía pública	No	Traumatismo craneano	Sin motivo registrado
18	10/12/2015	Homicidio simple	Soyapango	Casa del victimario	No	Asfixia mecánica	Discusión de pareja
19	20/01/2017	Homicidio agravado	El Congo	Casa de tercero	Sí	Arma blanca	Celos
20	02/02/2017	Homicidio agravado	Santa Tecla	Casa	Sí	Arma de fuego	Robo
21	27/04/2017	Homicidio agravado	Santa Tecla	Vía pública	Sí	Arma de fuego	Homofobia de las Maras
22	16/02/2018	Homicidio agravado	El Tránsito	Casa	No	Arma de fuego	Homofobia de las Maras
23	07/03/2018	Homicidio simple tentado	San Salvador	Vía pública	No	Arma de fuego	Defensa propia
24	05/04/2019	Homicidio agravado	San Francisco Menéndez	Vía pública	No	Traumatismo/Hemotórax	Homofobia de las Maras
25	18/07/2019	Homicidio agravado y privación de libertad por funcionarios públicos	San Salvador	Vía pública	No	Traumatismo general	Sin motivo registrado
26	09/09/2019	Homicidio agravado	San Juan Opico	Vía pública	No	Arma de fuego	Homofobia de las Maras
27	13/09/2019	Falsedad ideológica y falsedad documental agravada	Santa Tecla	Vía pública	No	Desaparecida	Homofobia de las Maras
28	14/10/2019	Homicidio agravado	Atiquizaya	Casa	Sí	Traumatismo craneano	Problemas de pareja
29	04/01/2020	Homicidio agravado	Ilopango	Centro penal Quezaltepeque	No	Asfixia mecánica	Homofobia de las Maras
30	24/02/2020	Homicidio agravado	San Juan Nonualco	Vía pública	No	Decapitación	Homofobia de las Maras
31	29/09/2020	Homicidio agravado	San Salvador	Vía pública	No	Arma de fuego	Homofobia de las Maras
32	20/11/2020	Homicidio simple	Sacacoyo	Paraje desolado	Sí	Asfixia	Sin motivo registrado
33	27/11/2020	Homicidio agravado	Santiago de María	Casa	No	Arma de fuego	Homofobia de las Maras

Elaboración propia.Fuente: Centro de Documentación Judicial, Órgano Judicial de El Salvador.

b) Víctimas

Respecto a los marcadores sociales de la diferencia de las víctimas como identidad sexual, identidad de género, edad, sexo y clase social que se infieren por medio de las ocupaciones laborales que desempeñaban, estos presentaron diferentes inconvenientes para su determinación en los casos analizados (Cuadro 6). La principal dificultad radica en que los documentos judiciales, en aras de respetar el anonimato de las víctimas, suprimieron información demográfica como la edad y ocupaciones laborales en las versiones públicas disponibles. Lo anterior resulta contradictorio, ya que información como el nombre, en algunas ocasiones no fue suprimido. Por tal circunstancia, únicamente se presentaron resultados de los documentos donde se encontró esa información demográfica o se realizó alguna alusión a ella en la discusión jurídica del caso.

En el caso de la edad, en algunas situaciones que la información ventilada en el proceso judicial daba indicios de una edad aproximada, se determinó esa edad colocando la expresión “aprox.” para identificar que esa edad no era explícita en el proceso judicial, pero se encontró algún tipo de inferencia para establecer ese dato demográfico. En las casillas que no aparezca ninguna referencia a la edad de la víctima es que el proceso judicial no hizo explícito este marcador y no se encontraron suficientes indicios para generar una aproximación de la edad de la víctima.

Sobre la identidad sexual o de género de las víctimas se presenta otro tipo de valoración. La gramática jurídica salvadoreña va a pasos lentos en la utilización de marcadores sociales de la diferencia sexual como orientación sexual, identidad y expresión de género, por esta razón, en la mayor parte de los documentos analizados no existe una referencia clara sobre la identidad sexual o de género de las víctimas. Estas categorías se lograron inferir por medio de expresiones, muchas veces discriminatorias, que revelan que la víctima tenía una identidad sexual o de género que cuestionaba el binarismo heterosexual hegemónico.

Teniendo presentes las consideraciones anteriores, iniciemos por analizar el marcador del sexo. Todos los documentos jurídicos registraron este marcador. Casi la totalidad de casos (32) corresponde a hombres, y dos casos de mujeres. Este marcador se determinó por los órganos genitales de la víctima. Valoraciones sobre la de identidad de género autoasumida no fueron tomadas en consideración. El número de víctimas hombres se aproxima con lo establecido por Mendes et al. (2021, p. 5619) de que un 88,3% de las víctimas corresponden a personas identificadas como del sexo masculino.

El promedio de edad del total de víctimas fue de 32 años. El rango de edad de las víctimas fue desde los 18 hasta los 60 años. Los periodos de vida de la década de los 20 y los 30 años tiene el mismo valor de muertes. En este punto se encuentra una discordancia con la revisión sistemática realizada por Mendes et al. (2021, p. 5619), los asesinados LGBTI+ en El Salvador serían de menor edad al promedio global de 35 años.

Cuando hacemos una división por identidades sexuales, encontramos que en los casos que se evidenció de forma más explícita la existencia de una identidad transfemenina, la edad promedio de muerte sería de 27 años. Este dato concuerda con lo manifestado por diferentes organizaciones LGBTI+ locales que indican que los homicidios contra mujeres trans suceden en el rango de edad de 26 y de 30 años (COMCAVIS TRANS, 2021, p. 19), así como regionales que estipulan la expectativa de vida de mujeres trans en torno de los 35 años o menos (COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2015, p. 170).

En cuanto a las identidades sexuales identificadas como homosexual y gay, su promedio de vida fue de 36 años. Estos datos concuerdan con estudios a nivel global que muestran que la edad de muerte de identidades gais es mayor en cuanto a sus pares transfemeninas que tenían expectativa de vida menor de 35 años (MENDES et al., 2021, p. 5620). En el caso de las dos mujeres lesbianas y un hombre bisexual, sería imprudente determinar un promedio de muerte para esas identidades sexuales con la poca información obtenida.

En cuanto a la identidad sexual y de género de las víctimas, como ya se mencionó, estas categorías fueron determinadas según la información que se ventiló en los procesos jurídicos, en la mayoría de los casos, se retomó lo que testimonios o las valoraciones de los investigadores, médicos forenses, fiscales y jueces asumieron sobre la identidad sexual y de género de las víctimas. Para visibilizar lo complejo de esta situación, coloco como ejemplo la identidad de “homosexual”. En el contexto salvadoreño, la identidad de “homosexual” no hace referencia directa a la orientación sexual de una persona; sino que fue una forma de identificación primigenia de identidades transfemeninas, surgida en la década de 1950, para designar a hombres de bajos recursos económicos que ejercían el trabajo sexual de calle utilizando ropas, actitudes y ademanes de mujeres (ARÉVALO, 2022, p. 300). Por lo tanto, a los 11 casos que corresponden a identidades transfemeninas visiblemente registradas en los documentos analizados, se podrían sumar más víctimas a esta identidad.

La situación anterior tiene conexión con la utilización de la categoría “gay” en los documentos judiciales en la década de 2010. Esta categoría al interior de los procesos judiciales se muestra como una forma de contraponerse a la categoría homosexual -relacionada con una identidad transfemenina-, por lo cual indicaría la presencia de un hombre con expresión de género masculina con orientación sexual homosexual. La utilización de esta identidad en los documentos judiciales coincide con el periodo de la reforma del Código Penal en 2015. También se puede observar que a partir de esa época se comenzó a utilizar la identidad de transexual en los discursos jurídicos de los autos analizados, posiblemente como una forma de sustitución de la identidad “homosexual”. Sin embargo, aunque existan diferentes aristas que coadyuvan a la inferencia de que la identidad homosexual haría referencia a una identidad transfemenina; al no disponer de mayores datos en las descripciones de los hechos o la información proveniente de las declaraciones de los testigos, las averiguaciones de los investigadores, los alegatos de los fiscales o las valoraciones de los jueces sería arriesgado en este análisis determinar que toda categoría de “homosexual” en los procesos judiciales antes de 2015 sería análoga a una identidad transfemenina.

En los documentos judiciales analizados se puede observar la utilización de injurias para identificar a las víctimas: “marimacha” y “maricón”; y prejuicios institucionales al designar a una identidad transfemenina como “hombre vestido de mujer”. En el caso de la identidad “Heterosexual” fue asumida en el análisis a falta de una referencia explícita en el proceso judicial analizado. No obstante, esa identidad heterosexual podría designarse bajo la categoría biomédica de hombre que tiene sexo con otros hombres (HSH), ya que el proceso judicial muestra como este intentó tener un encuentro sexual con otro hombre que se identificaba como homosexual, pero al no acatar los rechazos dados por el segundo, obtuvo una reacción contundente por medio de un ladrillo que fue estrellado en su cara. En el caso de las identidades “travestis” considero que son interaccionadas como sinónimo de una identidad transfemenina, aunque la misma institucionalidad haya estipulado que la utilización de la identidad travestí “se utiliza de manera errónea para referirse a personas transgénero y transexuales” (FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 2017, p. 48).

Por medio de las ocupaciones profesionales se puede aproximar la pertenencia a una clase social de las víctimas. En el caso de los catedráticos, dueña de negocios y sobrecargo en una aerolínea, estaríamos ante profesionales trabajadores que superaban cinco veces el salario mínimo urbano ($ 300.00), por lo cual podríamos catalogarlos en la posición de clase media. En un punto más bajo se encontraría el informático. En cuanto a las demás víctimas que tenían ocupaciones como peluqueros, jornaleros, sastre y empleados, estarían en una categoría de clase baja que roza con la pobreza. Por último, los vendedores informales y trabajadoras sexuales, que mayoritariamente son identidades transfemeninas, se encuentran en la categoría de pobreza, e incluso algunas, como las trabajadoras sexuales, en una condición de pobreza crónica (ORMUSA, 2021; ZAPATA et al., 2019).

Cuadro 6
Perfil de víctimas LGBTI+

N.º	Sexo	Edad	Identidad sexual o de género	Ocupación
1	M	50 aprox.	Homosexual	S/D*
2	M	30 aprox.	Homosexual	Peluquero
3	M	30 aprox.	Maricón	S/D
4	M	24	Homosexual	S/D
5	M	S/D	Homosexual	S/D
6	M	27	Homosexual	Jornalero
7	M	35 aprox.	Homosexual	S/D
8	F	22	Lesbiana	S/D
9	M	27	Bisexual	Informático
10	F	S/D	Marimacha	Integrantes de Maras
11	M	30	Homosexual	Peluquero
12	M	S/D	Homosexual	S/D
13	M	S/D	Heterosexual	Integrantes de Maras
14	M	41	Homosexual	Catedrático
15	M	S/D	Homosexual	S/D
16	M	18 aprox.	Homosexual	S/D
17	M	35	Identidad Trans	Empleado
18	M	25 aprox.	Gay	S/D
19	M	41	Gay	Catedrático
20	M	37	Gay	Sobrecargo de aerolínea
21	M	30	Travestí	Trabajadora sexual
22	M	50 aprox.	Gay	Vendedor informal
23	M	S/D	Travestí	Trabajadora sexual
24	M	60	Homosexual	Sastre
25	M	29	Hombre vestido de mujer	Trabajadora sexual
26	M	21	Homosexual	S/D
	M	24	Homosexual	S/D
27	M	40 aprox.	Travestí/transexual	Dueña de negocios
28	M	43	Gay	Vendedor informal
29	M	S/D	Gay	S/D
30	M	32	Homosexual	S/D
31	M	18	Apariencia homosexual	S/D
32	M	18	Mujer trans	Trabajadora sexual
33	M	S/D	Travestí	S/D

Elaboración propia.Fuente: Centro de Documentación Judicial, Órgano Judicial de El Salvador.
• ^*
  Sin datos.

c) Victimarios

Los marcadores sociales de los victimarios, a diferencia de las víctimas, mayoritariamente fueron expuestos en las versiones públicas de los documentos judiciales analizados (Cuadro 7). Únicamente un periodo de tiempo, entre los años 2008 y 2012 hubo supresión de información en la descripción de los imputados; pero al realizar una lectura de los documentos, en otras secciones se consiguió extraer esa información para algunos de los casos.

En el análisis inicial sobre los victimarios encontramos una discrepancia con la revisión sistemática realizada por Mendes et al. (2021, p. 5615), en que apuntaron que los homicidios contra las personas LGBTI+ tienden a implicar a una víctima y un perpetrador. Los datos recabados al interior de los 33 documentos judiciales analizados revelan que en 16 existió una participación colectiva en el asesinato: en seis casos se procesaron a más de un imputado y en diez homicidios, aunque se indicó la participación colectiva entre dos a siete individuos, únicamente se procesó a una persona. En total se registró la participación de 72 personas, de estos 40 fueron procesados y 32 no.

Respecto al sexo, la comisión de un homicidio recae en el sexo masculino. De los cuarenta procesados, únicamente se indicó la participación de una mujer. No obstante, porque era menor de 18 años, sus datos fueron suprimidos de la versión pública del proceso penal, aunque se informó que fue condena por su participación en el homicidio por un juzgado especializado. La participación casi exclusiva de hombres en la comisión de un asesinato de una persona LGBTI+ es una información que diversos estudios a nivel global han revelado, estableciendo un promedio del 97,7% en la comisión de los delitos (MENDES et al., 2021, p. 5623), porcentaje equiparable al caso salvadoreño.

La presencia mayoritaria de hombres que son perpetradores de violencia merece una breve discusión sobre masculinidades. La masculinidad hegemónica es un concepto que se utiliza para describir la forma en que la sociedad ha construido y promovido un ideal de lo que significa ser hombre (CONNELL, 2003). Este ideal está basado en la concepción de que los hombres deben ser fuertes, agresivos y dominantes, y que cualquier comportamiento que se aleje de estos estereotipos es considerado débil o poco viril. Esta construcción social de la masculinidad puede tener consecuencias letales para las personas LGBTI+, especialmente cuando se combinan el estigma, la discriminación y la violencia al interior de la homofobia.

La homofobia se puede comprender como un sistema político-cultural que otorga la posibilidad de ejercer poder, control y violencia sobre las personas LGBTI+, por no encajar en los estereotipos de género tradicionales, siendo vistas como amenazas a la masculinidad hegemónica (ANDRÊO et al., 2016). Esto puede conducir a actos de violencia letal, que, en forma de inmolación de un chivo expiatorio, el asesinato de una persona LGBTI+ renueva ese pacto ahistórico con la heterosexualidad obligatoria. Esto se ve a menudo en homicidios contra las personas trans, que conlleva antes de su muerte, procesos de humillación, tratos inhumanos y tortura, ya que, en el subconsciente de los perpetradores, puede operar la siguiente aritmética: cuanto mayor sea el sufrimiento de esa persona trans, simbólicamente, se resarcirá con creces su osadía por atravesar las fronteras del género y la sexualidad, representadas en su identidad y expresión de género autoasumida; y a nivel psicoanalítico, ese sufrimiento magnificado sería una forma perversa de expurgar deseos, identidades y subjetividades proscritas al interior de los perpetradores.

Lo anterior puede operar de forma subconsciente en la mayoría de los hombres perpetradores de homicidios contra personas LGBTI+; no obstante, en el caso de integrantes de las Maras existe una relación completamente diferente. En este caso, opera una construcción de masculinidad que explícitamente promueve la violencia como elemento principal de su masculinidad e institucionaliza una homofobia letal como método para regular y controlar las interacciones de homosocialización y homoerotismo entre sus miembros (ARÉVALO, 2022, pp. 471-472). La norma de no aceptar homosexuales y lesbianas en sus estructuras conlleva sancionar con la muerte a quién atraviese las fronteras de la heterosexualidad obligatoria al interior de los miembros que integran estas estructuras. Este proceso normativo se extiende a los territorios que controlan, y por ello el asesinato de personas LGBTI+ ocurre simplemente por el hecho de residir o transitar por un sector que estos grupos controlan. Las Maras tiene una normativa que condena a muerte a la persona que contradiga el binarismo heterosexual obligatorio, por eso, todo asesinato de una persona LGBTI+ o que sea comprendida socialmente como tal por parte de integrantes de las Maras se debe catalogar como un crimen motivado por odio.

Respecto a la edad de los victimarios, encontramos que el promedio fue de 22 años, siendo 10 años a menos que el total de víctimas y cinco años a menos respecto a las víctimas de identidades transfemeninas. Esta información coincide con la revisión realizada por Mendes et al. (2021, p. 5623), en que la edad de los perpetradores sería menor a 30 años, y en siete de los 16 estudios analizados, la edad promedio sería de 24 años. En cuanto al estado civil de los perpetradores, dos eran casados, ocho eran acompañados y el restante, 22, estaban solteros al momento de cometer los homicidios. Un dato más a colocar sobre la dinámica social de los victimarios es que cinco de ellos eran padres de familia al momento de acontecer los hechos; cuatro tenían dos hijos y uno tenía tres.

En cuanto a las ocupaciones laborales de los perpetradores, la información recolectada apunta a que estos transitan en los ámbitos de la mecánica automotriz, la construcción, el trabajo agrícola, estudiantes y personal de cuerpos uniformados; información concordante con lo expresado por Mendes et al. (2021, p. 5624), en que estudiantes, autónomos y desempleados serían las ocupaciones de los perpetradores de forma general. En El Salvador no se utiliza contemporáneamente ninguna categoría para referirse específicamente a hombres trabajadores sexuales, como el caso de Brasil que se utilizan los nombres de garoto de programa, michê y boys (BARRETO, 2017; PERLONGHER, 1999); aunque la identidad no sea nombrada, sus prácticas son una realidad. En tres documentos judiciales se observa que entre víctima y victimario(s) existieron prácticas de sexo transaccional, en el sentido de intercambio de dinero o bienes por prácticas sexuales consentidas.

Una de las hipótesis principales de ejecución de este tipo de homicidios se relaciona con el accionar de las Maras en el país. En el análisis desarrollado se encontró que 20 de los 33 documentos analizados existió la presencia de integrantes de la Maras que participaron en el homicidio. También se observa que, en los homicidios atribuidos a las Maras, existió mayor incidencia de participación colectiva en los crímenes. Esta situación se debe a la propia forma de operar grupalmente de estas estructuras delincuenciales. No obstante, de los seis casos en los que se procesó a más de un individuo, cuatro de ellos fue de personas que no pertenecían a estos grupos delincuenciales, incluso en un caso, fueron agentes policiales que cometieron el homicidio.

Cuadro 7
Perfil de victimarios de personas LGBTI+

N.º	Edad	Sexo	Ocupación	Estado civil	Residencia	Organizaciones delincuenciales
1	22	M	Empleado	Casado	Soyapango	No
2	23	M	Seguridad privada	Acompañado	San Pedro Masahuat	No
3	24	M	Mecánico de obra	Soltero	Santa Ana	No
	24	M	Estudiante	Soltero	Santa Ana	No
4	18	M	Ayudante de albañil	Soltero	Nueva Concepción	Sí+
5	24	M	Ayudante de albañil	Soltero	Aguilares	Indeterminado
6	21	M	Comerciante	Acompañado	Puerto El Triunfo	Sí+
7	33	M	Jornalero	Soltero	Alegría	No
8	28	M	Jornalero	Acompañado	Jucuapa	No
9	22	M	Estudiante y empleado	Soltero	Ilopango	No
10	29	M	Jornalero	Soltero	San Juan Opico	Sí
11	18	M	S/D*	S/D	Guatajiagua	No
12	S/D	M	S/D	S/D	San Miguel	Sí+
13	S/D	M	Expresidiario	S/D	Chalchuapa	No
14	S/D	M	Fuerza Aérea	S/D	Zacatecoluca	Contacto+
15	S/D	M	Mareros	S/D	Santa Ana	Sí+
16	24	M	Enderezado y pintura	Acompañado	Soyapango	Sí+
17	40	M	Mecánico automotriz	Casado	San Miguel	Sí+
18	30 aprox.	M	Estudiante	Soltero	Soyapango	No
19	27	M	Estudiante	Soltero	Quezaltepeque	Sí
	22	M	Asistente veterinario	Soltero	Santa Tecla	Sí
	-18	F	S/D	S/D	S/D	Sí
20	20	M	Estudiante	Soltero	Lourdes, Colón	Sí
	21	M	Empleado	Soltero	Santa Tecla	Sí
21	35	M	Jornalero	Acompañado	Santa Tecla	Sí
22	22	M	Jornalero	Soltero	Usulután	No
	24	M	Comerciante	Soltero	San Rafael Oriente	No
23	S/D	M	S/D	S/D	S/D	No
24	21	M	Agricultor	Soltero	Ahuachapán	Sí+
25	35	M	Agente policial	Soltero	Atiquizaya	No
	37	M	Agente policial	Soltero	Sonsonate	No
	28	M	Agente policial	Soltero	Sonsonate	No
26	33	M	S/D	Soltero	Santa Tecla	Sí
27	S/D	M	S/D	S/D	S/D	Sí
28	23	M	Agricultor	Acompañado	Santa Ana	No
29	38	M	Empleado	Soltero	Hyattsville	Sí+
30	29	M	Jornalero	Soltero	San Juan Nonualco	Sí
31	22	M	Vendedor ambulante	Acompañado	Cuscatancingo	Sí
32	26	M	Enderezado y pintura	Soltero	Lourdes, Colón	No
	25	M	Enderezado y pintura	Acompañado	Lourdes, Colón	No
33	S/D	M	S/D	S/D	S/D	Sí

Elaboración propia.Fuente: Centro de Documentación Judicial, Órgano Judicial de El Salvador.
• ^*
  Sin Datos.
• ⁺
  Indicador de participación colectiva.

Reflexiones finales

Los homicidios de personas LGBTI+ en El Salvador transitaron de la invisibilidad al reconocimiento institucional entre el 2000 y el 2020. La invisibilidad de estos homicidios se fundamentaba por la discriminación a razón de la orientación sexual, identidad y expresión de género altamente difundida en décadas anteriores. No obstante, se debe de reconocer que la existencia de una epidemia de homicidios en el país en esas décadas eclipsaba las muertes de personas LGBTI+ en las estadísticas oficiales de homicidios anuales. Ante este contexto, el proceso de reconocimiento institucional no fue fortuito, sino que fue un producto de los procesos de incidencia política que organizaciones LGBTI+, acompañadas de organismos internacionales y de derechos humanos, vienen realizando desde final de la década de 1990 cuando comenzaron a denunciar la falta de atención institucional a estos casos. Precariamente comenzaron a realizar un proceso de registro de homicidios por medio de recopilar noticias de periódicos locales donde aparecían asesinatos que correspondían a personas LGBTI+.

Este proceso de registro de homicidios tenía una deficiencia de parcialidad, ya que únicamente se recolectaron noticias que explícitamente hacían notar la presencia de una persona LGBTI+ asesinada. Sin embargo, en el caso de que la noticia no informara o insinuara que se estaba ante una persona LGBTI+ víctima de un homicidio, esa noticia pudo pasar desapercibida y no ser registrada. De la misma forma, el foco de interés de los medios de comunicación pudo haber sido otro obstáculo. Los medios de comunicación notifican información mayoritariamente que corresponde a las áreas urbanas, los espacios rurales muchas veces quedan marginalizados. En este sentido, homicidios de personas LGBTI+ que ocurrieron en zonas rurales pudieron pasar desapercibidos por los medios de prensa y, por consiguiente, del registro de las organizaciones LGBTI+. Otra de las dificultades manifestadas fue que si no se tenía presupuesto al interior de las organizaciones no se llevaba a cabo el registro, como aconteció en el año 2006.

La narrativa histórica que las organizaciones LGBTI+ construyeron sobre los homicidios de personas LGBTI+ desde 1998 hasta la actualidad establece que han ocurrido más de seiscientos homicidios. Sin embargo, retomando la información que las propias organizaciones han recopilado y publicado en diferentes informes se logró determinar un registro de 305 homicidios de personas LGBTI+ entre 1998 hasta 2022. Esta cifra puede ser objetada por las organizaciones, manifestando que tienen documentos y registros que no son públicos o aduciendo la existencia de un subregistro de casos, debido a las dificultades que fueron colocadas en el párrafo anterior. No cabe la menor duda sobre la existencia de un subregistro de homicidios de personas LGBTI+ en el periodo analizado, por lo cual se hace necesario desarrollar mejores sistemas de registro y la profesionalización de los operadores de dichos sistemas en las organizaciones LGBTI+, bajo el interés de generar un panorama verídico, que nos permita la creación de políticas públicas para combatir este fenómeno o exigirle al Estado respuestas concretas a estos homicidios.

Los procesos de incidencia política permitieron en la década de 2010 que la institucionalidad se abriera a dialogar y ejecutar tímidas acciones de políticas públicas que integraran las categorías de orientación sexual, identidad y expresión de género. Entre estas acciones cabe destacar los procesos iniciales de registro de violencia y homicidios contra personas LGBTI+ al interior de diversas instituciones públicas y el más representativo fue al interior del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por medio del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres que emitió informes semestrales de Hechos de Violencia contra las Mujeres, conteniendo un apartado especial sobre “Hechos de violencia contra la población LGBTI” a nivel nacional, segregando datos por edad, bisexual, gay, lesbiana, transexual (ÓRGANO JUDICIAL, 2021). Estos informes contaron con el apoyo de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censo del Ministerio de Economía. Recogieron hechos de violencia contra personas LGBTI+, además de homicidios, se contabilizaron amenazas, extorciones, feminicidios, trata de personas, violencia física, violencia sexual, tortura, actos arbitrarios, limitación ilegal a la libertad de circulación, entre otros indicadores. Con el traspaso de funciones de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censo al Banco Central de Reserva en 2022, se suprimió la información sobre personas LGBTI+ en el portal que alojaba esta información estadística, con lo cual no causa ninguna extrañeza, la supresión de datos de violencia contra personas LGBTI+ en informes de este tipo al interior de la administración Bukele (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 2023).

El asesinato de Alexa Landaverde en diciembre de 2021, la localización de su cadáver e identificación del responsable en febrero de 2022, y su judicialización en enero de 2023 es claramente el resultado de los procesos de incidencia de la década de 2010 para que las personas LGBTI+ accedieran a la justicia y que sus crímenes no quedaran en la impunidad. Este proceso de incidencia focalizó sus esfuerzos en las instituciones del órgano judicial, en especial en la Fiscalía General de la República que es el ente encargado de dirigir los procesos de investigación sobre los homicidios que ocurren en el país. Esta institución paulatinamente fue retomando e incorporando los casos de homicidios de personas LGBTI+, desde 2006 que comenzó un registro hasta emitir en 2020 un protocolo de actuación para la investigación de delitos agravados por motivos de odio a la identidad y expresión de género o la orientación sexual.

La inexistencia de un perfil de los crímenes, de las víctimas y de los perpetradores motivó la elaboración de este texto para comprender mejor el fenómeno de los homicidios que padecen las personas LGBTI+ en El Salvador. Para la recolección de información de análisis se recurrió al Centro de Documentación Judicial para extraer documentos judiciales que trataran sobre homicidios de personas LGBTI+. A partir del año 2000 se observa un proceso paulatino de judicialización de homicidios contra personas LGBTI+, teniendo su ápice en el quinquenio de 2016 a 2020, coincidiendo con la reforma del Código Penal que incluyó la agravante de la orientación sexual, identidad y expresión de género. Encontramos que la mayor parte de los asesinatos se ha judicializada bajo la forma de homicidio agravado interaccionando las categorías jurídicas de alevosía, premeditación y abuso de superioridad. No obstante, ninguno bajo la modalidad de la agravante incluida en 2015 en el periodo analizado.

Los homicidios mayoritariamente ocurren en el AMSS y la Zona Central del país, que presenta la mayor densidad demográfica, pero existen casos en las demás zonas del país, lo que expone que los homicidios de personas LGBTI+ tiene un carácter nacional. Sobre el local de ocurrencia encontramos que la mayoría de los homicidios se ejecutan en vías públicas, en la casa de la víctima, parajes desolados, la casa del victimario o de un tercero y otros espacios de carácter público como restaurantes. Respecto a la causa de muerte fue por medio de la utilización de arma blanca, seguido por arma de fuego y, en tercer lugar, traumatismo que se relaciona fuertemente con la desfiguración del rostro de la víctima por medio de la utilización de objetos contundentes como piedras y ladrillos. El uso de alcohol estuvo presente en 12 casos; sin embargo, esta información es parcial, ya que no todos los casos reportaron la realización de estudios toxicológicos en las víctimas. Los motivos de acometer un asesinato de persona LGBTI+ transitan desde la homofobia en las Maras, como principal, hasta motivos triviales como el amago de un beso, pasando por los llamados crímenes pasionales que incluían problemas de pareja y celos.

Hombres, cuasi exclusivamente, son las víctimas, que se determinaron por su sexo biológico, ya que los procesos judiciales no retomaron la identidad de género autoasumida de las víctimas trans. La edad promedio del total de las víctimas fue de 32 años, aumentando para 34,73 años en la identidad gay y bajando para 27 años en las identidades transfemeninas. En cuanto a la identidad sexual y de género se encontró que 12 víctimas correspondían a identidades trans, 11 a homosexuales, seis a gay, y uno a lesbiana, bisexual, marimacha, maricón y heterosexual. Las víctimas tenían como ocupaciones laborales principales las de peluqueros, jornaleros, empleados, vendedores informales, sastre y trabajadoras sexuales, aunque se reportó los homicidios de dos catedráticos universitarios y un aeromozo.

Sobre el perfil de los victimarios encontramos que estos actuaron colectivamente, ya que en 16 de los casos se reportaron la participación de al menos dos personas hasta un total de siete. Este tipo de homicidios fueron cometidos por cuasi exclusivamente hombres. La edad promedio de ellos fue de 22 años, teniendo una edad menor de 10 años respeto al total de las víctimas, 12 años a menos en identidades gais y cinco años menos que las identidades trans. En cuanto a sus ocupaciones laborales encontramos que la mayoría trabajaba en el área de la mecánica automotriz, la construcción, el trabajo agrícola, estudiantes y personal de cuerpos uniformados. Eran mayoritariamente hombres solteros quienes cometieron los homicidios, y de estos, cinco eran padres de familia. Los homicidios, principalmente, se relacionan con la homofobia de las Maras como motivo de ejecución.

Este análisis de los crímenes contra personas LGBTI+ en El Salvador dio como resultado un perfil de los homicidios, víctimas y victimarios. No obstante, quedaron en el tintero otro tipo de análisis cualitativos como la comprensión de las concepciones de género, sexualidad e identidades sexuales expresadas en los discursos judiciales; el análisis de los vacíos, omisiones y negaciones identitarias en las narrativas y discursos institucionales sobre tales homicidios y la realización de análisis cartográficos sobre los itinerarios de muerte de las personas LGBTI+. Estos campos analíticos para comprender mejor las dinámicas de las violencias y los homicidios por prejuicio contra personas LGBTI+ en El Salvador se desarrollarán en otra oportunidad.

Agradecimientos

A Suely Deslandes y Marcos Nascimento por las revisiones y sugerencias de mejoras al texto.

Notas

• *
  Este trabajo fue realizado con el apoyo de la Coordinación de la Formación del Personal de Nivel Superior (Capes), código de financiamiento 001, en el marco del proyecto de investigación postdoctoral Violencias y homicidios contra personas LGBTI+ en El Salvador: Una cuestión de salud pública, realizado al interior del Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz.

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Editor responsável: Michel Misse

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  29 Jul 2024
• Fecha del número
  2024

Histórico

• Recibido
  05 Jul 2023
• Acepto
  03 Dic 2023