Perón y las visitadoras: masculinidad, consumo sexual y resistencias militares a la abolición de la prostitución reglamentada, Argentina, 1936-1955

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar los sentidos y prácticas androcéntricas desplegadas por generales y coroneles del ejército argentino en su reclamo contra la abolición de la prostitución reglamentada. Figuras claves de la historia argentina como Juan Domingo Perón participaron del debate por los límites y alcances del abolicionismo en vistas de proteger la salud sexual y reproductiva de los soldados. Para ello propusieron instalar burdeles cercanos a los cuarteles. A partir del análisis de informes, cartas y entrevistas propone un estudio de la producción de la masculinidad en ámbitos institucionales en perspectiva histórica.

prostitución; género; Juan Domingo Perón (1895-1974; militar; enfermedades venéreas

Abstract

The goal of this article is to analyze the meanings and androcentric practices employed by generals and colonels in the Argentine army in their complaints about the abolition of regulated prostitution. Key figures in Argentine history such as Juan Domingo Perón took part in the debate over the limits and extent of abolitionism, with a view to protecting soldiers’ sexual and reproductive health. To this end, they proposed installing brothels near barracks. Based on the analysis of reports, letters and interviews, this article studies the production of masculinity in institutional settings from a historical perspective.

prostitution; gender, Juan Domingo Perón (1895-1974; military; venereal diseases

En Pantaleón y las visitadoras, el peruano Mario Vargas Llosa (1973) relató las dificultades del general Pantoja para instalar un burdel en los cuarteles de Iquitos y evitar así la escalada de violaciones en la selva andina perpetradas por los soldados. Los documentos ficticios de la novela se asemejan a las cartas enviadas por militares contra la abolición de la prostitución reglamentada y las demandas de instalación de “casas de tolerancia” para el ejército. El coronel Juan Domingo Perón (23 jun. 1943), ministro de Guerra interino, solicitó al gobierno que cediera al reclamo para que los soldados resolvieran “los problemas de la abstinencia”. En una carta posterior reclamó que “se estudien las posibilidades de llegar a una solución adecuada que permita conjurar los trastornos y perjuicios derivados de la aplicación de la ley de profilaxis social” (Perón, 3 mar. 1944).

En 1936, la ley de profilaxis social abolió la inscripción tutelada de prostitutas en los registros municipales por considerarla un foco de contagio de enfermedades venéreas (Biernat, 2007; Guy, 1994). Ante este cambio, las jerarquías militares se posicionaron como representantes de los consumidores del sexo pago y cuestionaron una normativa que creían cercenaba su derecho al coito heterosexual. Coroneles y generales de la Patagonia argumentaron que la legislación dejaba desprotegidos a los soldados frente a enfermedades sexo-contagiosas, al “homosexualismo”, a la “masturbación”, al “onanismo” y a la “abstinencia”.¹

En 1944, el presidente del régimen castrense Edelmiro Farrell permitió la instalación de “casas de tolerancia” cercanas a cuarteles (Argentina, 5 mayo 1944) y, en 1947, el peronismo lo transformó en ley (Argentina, 11 jul. 1947). En 1954, en un contexto de conflicto gubernamental con la Iglesia Católica, Perón intentó volver a reglamentar los lenocinios por decreto, pero fue detenido por el golpe militar de 1955 (Argentina, 18 ene. 1955). En 1965 el parlamento canceló formalmente los burdeles cercanos a los regimientos con la adhesión al convenio de la Organización de Naciones Unidas (Argentina, 16 jul. 1965). Aunque meses después, algunos diputados denunciarían que los burdeles militares seguían abiertos (Merrero, 25 ago. 1965).

En este sentido, nuestro marco temporal de análisis se inicia con la abolición de la prostitución reglamentada y finaliza con los procesos de flexibilización de la norma mediante la institucionalización de las demandas militares sobre sus potestades al acceso de consumo de sexo (1955). Pero a su vez, señalaremos referencias como la denuncia de los diputados que enfatiza que las prácticas de consumo de sexo de los militares excedieron los cortes normativos.

La historiografía se abocó a estudiar los vínculos entre sexualidad, salud y políticas de prostitución. Destacó el diálogo entre grupos locales e internacionales en la derogación del reglamentarismo (Biernat, 2014; Guy, 1994); remarcó las representaciones de género desplegadas en torno a la ley de profilaxis social en un contexto de transformación de las sexualidades en Argentina (Gramatico, 2000) y focalizó en el rol de organizaciones civiles, médicos y funcionarios públicos en la construcción de una agenda en torno a las dolencias venéreas (Biernat, 2007; Miranda, 2012; Múgica, 2001). Se señaló que la ley de profilaxis supuso un desplazamiento en la atención prestada de la sexualidad femenina a la masculina, por lo tanto, que cristalizó en la década de 1930 las preocupaciones por la fragilidad del sexo masculino, enfatizó en el carácter reproductivo de su cuerpo y su responsabilidad para mantener a la familia y la nación sana (Milanesio, 2005). El reclamo de las jerarquías militares aporta a reflexionar sobre las tenciones entre la adhesión al precepto del cuidado de la sexualidad masculina como centro del imaginario nacional y la defensa de una doble moral institucionalizada que creían debía garantizar el carácter procreativo del pago por sexo por parte de varones. A su vez, esta pesquisa aporta a los estudios sobre el peronismo. El intercambio epistolar ha sido un objeto prioritario para pensar el lugar activo de los trabajadores en la construcción del carisma peronista (Guy, 2017). Se destacó la relevancia de una transformación en los vínculos políticos, eróticos, sexuales y sentimentales del Estado peronista. Situación que explicó el lugar del divorcio, sexualidad, género y filiación en los conflictos con la iglesia católica que marcarían la caída peronista (Acha, 2014). Entonces, las cartas de generales y coroneles colaboran a elucidar cómo el peronismo canalizó las demandas sexuales de sus aliados en el ejército en un proceso de articulación de tramas de lealtad política.

Este trabajo es un aporte para pensar las tensiones entre las dinámicas transformadoras de las políticas peronistas y su incapacidad para romper con estructuras arraigadas en moralidades sexuales (Cosse, 2007). El impulso peronista de flexibilizar las restricciones a la instalación de “casas de tolerancia” se asentó en el cuidado de la salud reproductiva del varón mediante la garantía estatal del acceso al consumo de sexo. Por lo tanto, asumió la premisa militar de que la venta de sexo era un objeto a administrar para asegurar el buen desempeño de los varones.

Estudiamos cómo grupos militares ligados al Grupo de Oficiales Unidos (GOU), círculo de tendencia nacionalista con un importante rol en el golpe militar de 1943 y el posterior ascenso del peronismo (Potash, 1969), desplegaron acciones para poner coto a la abolición de la prostitución reglamentada. En sus reclamos epistolares coroneles y generales articularon una interpretación del “ser varón” entendida como el consumidor natural del sexo pago y portador de una sexualidad desbordante. Ellos se apropiaron de nociones médicas con la que dotaron de sentido la experiencia de consumir sexo y definieron las fronteras de su identidad viril. Por ello, aquí, aportamos al conocimiento de cómo la producción de los galenos de categorías patológicas en torno a las prácticas no heterosexuales durante el siglo XIX y XX (Salessi, 1994; Figari, 2010; Ramacciotti, Valobra, 2008), fue apropiada y articulada en contextos específicos. Lenguajes que los vincularon con la medicina como referencia de autoridad y con el catolicismo como guía moral.

Las jerarquías castrenses se representaron como voceros del consumo de sexo pago apelando a dos fuentes de sentido: el consenso de la sexualidad masculina como una cualidad incontrolable cuya salud reproductiva y sexual era central para el desarrollo estratégico de la nación y la defensa de las prerrogativas de la periferia frente a una ley que consideraban ideada desde el centro. Es decir, una concepción androcéntrica de la salud masculina como aquella encargada de producir y reproducir proletarios, soldados y consumidores para el desarrollo nacional. Asimismo, entendemos la escritura epistolar como una práctica condensadora de una fantasía colectiva con la cual articularon una identidad masculina específica resentida frente a una intervención estatal.

Nuestro corpus incluye expedientes del intercambio epistolar entre regimientos de la Patagonia, Tucumán y San Luis, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Guerra y el Departamento Nacional de Higiene (DNH), memorias del Archivo Nacional de la Defensa, cursos sindicales y revistas médicas especializadas.

Este artículo está organizado en tres apartados. El primero, aborda los circuitos de circulación del reclamo epistolar, sus partícipes, contextos dialógicos y su construcción como un espacio de sociabilidad masculina. El segundo, explora los miedos de los militares como argumentos motores y como núcleos de sentido, organizadores de construcción como representantes políticos de los consumidores de sexo pago. El último, indaga los proyectos imaginados por los militares y las prácticas de consumo de sexo entre los conscriptos.

Las cartas de los cuarteles

En 1937, el cirujano militar Guillermo Ruzo escribió una carta para advertir que sería imposible “prohibir al oficio más antiguo del mundo” y que con la nueva ley crecería la “prostitución y el proxenetismo”. El médico del ejército entendía que el objetivo de la legislación era prohibir la compra y venta de sexo. También estaba molesto por la intervención del DNH en asuntos que consideraba propios del ejército. Por ello, reclamó que se habiliten “casas de tolerancia” para cumplir con las “necesidades fisiológicas de los varones”, un “mecanismo de descarga sexual” que mantuviese sus cuerpos viriles y sanos, “afinados física y psicológicamente” (Ruzo, 26 jun. 1937).

La carta del galeno alentó la queja de coroneles y generales del sur argentino frente a lo que consideraban los estragos de la ley abolicionista. Eran miembros de organismos militares como la Agrupación Patagonia, un colectivo de regimientos que ocupó Neuquén, Trelew, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego y que tuvo bajo su cuidado los recursos de los Yacimientos Petrolíferos Federales (YPF). Su propósito era profundizar la inserción e influencia del ejército en la zona para garantizar la seguridad nacional y la defensa de los recursos naturales estratégicos (Memorias..., 1948).

Estas misivas se insertaron en un entramado político e institucional que facilitó su circulación e influencia. Además de Juan Domingo Perón, participaron el coronel Ángel Solari, fundador y comandante de la Agrupación Patagonia y primer gobernador militar de Comodoro Rivadavia; Luis Cesar Perlinguer, ministro del interior en 1943, el coronel Luis Alberto Gilbert, ministro del interior y de relaciones exteriores durante la presidencia de facto del general Pedro Pablo Ramírez (1943-1944), entre otros miembros del GOU. Eugenio Galli, figura de la administración sanitaria, actuó como nexo entre el ejército y los galenos que consensuaban con flexibilizar al abolicionismo. Galli tenía una trayectoria en las fuerzas armadas por lo que adhirió activamente al requerimiento. En 1925 fue jefe del servicio de cirugía del Hospital Militar Central y en 1939 director general de sanidad del ejército. Luego ingresó al Estado como director general de higiene de la provincia de Buenos Aires (1941) y presidente del Departamento Nacional de Higiene en 1943.

Las cartas, expedientes y notas de carácter secreto escritas por militares, galenos y funcionarios conformaban un espacio de sociabilidad masculina en el que se habilitaron enunciados, pedidos y demandas que difícilmente brotarán en otro contexto. Iteración escrita con la que las jerarquías militares participaban de un ritual performativo de definición de las fronteras de la masculinidad. La elaboración de documentos en un contexto secreto permitió la circulación de premisas compartidas del cuerpo del varón como portador de un sexo incontrolable, los interlocutores desplegaron dos tópicos en su agenda: el estratégico, la preocupación por la calidad y cantidad de población como tarea nacional, y desplegaron mecanismos de solidaridad entre congéneres.

La coyuntura de posguerra despertó preocupaciones entre los militares en torno a las debilidades de la seguridad nacional por la primacía agraria, lo que marcó un proceso poco lineal en el que el Estado se constituyó en actor protagónico de las políticas locales (Berrotarán, 16 jun. 2008). Desde la década de 1930, la institución militar inauguró una percepción autónoma que amplió sus márgenes de intervención en la vida nacional. La extensión y mixtura con la cultura católica habilitó que se definieran como un subgrupo independiente al interior de la nación, con autoridad moral y política, para intervenir gobiernos democráticos y “reordenar” la patria (Soprano, 2016). Este contexto atravesó el estatuto de los enunciadores del intercambio epistolar: miembros de un cuerpo colegiado que percibían que mientras sus deberes en el escenario interno se expandían, vieron restringidas prerrogativas que consideraban naturalmente propias.

La escritura epistolar como medio de comunicación con los gobiernos fue una práctica de largo aliento (Guy, 2017). Éstas, en particular, dialogaban con el microclima de la Patagonia. Demandar sobre las prerrogativas sexuales masculinas era un medio para interconectar funciones del cuerpo con necesidades de la nación. Los militares extendieron una hipótesis de conflicto centrada en la precariedad de las fronteras con Chile, la presencia de recursos petrolíferos estratégicos y la baja densidad de población, lo que de conjunto articuló una ideología poblacionista sureña que en el período de entre-guerra fue motorizada por los movimientos nacionalistas locales (Bohoslavsky, 2007).

En el discurso marcial, la Patagonia era la metáfora del espacio vacío. El imago del hito fundacional del ejército argentino, un desierto eterno que renovaba el pacto de dominación estatal sobre una tierra purificada de los habitantes primitivos. La relación entre los cuarteles y la vida patagónica fue estrecha. Los intentos por estimular la afluencia de mano de obra y el impulso de llegadas migratorias desde el siglo XIX promovió la creación de ciudades como la de Neuquén y Comodoro Rivadavia.

Desde la década de 1930, coroneles y generales ocuparon las gobernaciones militares reemplazando el acceso al derecho político de los ciudadanos patagónicos (Navarro Floria, Nuñez, 2012). El desarrollo de políticas sociales e infraestructura amplió el control y la influencia sobre una población que participó del territorio en calidad de habitantes inhábiles de elegir autoridades locales (Bona, Vilaboa, 2007). Cuadro que de conjunto atisbó en una autopercepción del cuerpo militar como reproductor clave de la nación y sus valores en el eje sur.

El acceso de los militares a la prostitución constituyó un debate global. En 1860, el gobierno británico promovió las leyes de enfermedades contagiosas con el objetivo de defender a los soldados por lo que impusieron normativas para curar forzosamente a las prostitutas cercanas a los cuarteles (Jeffreys, 2011). En las guerras mundiales, los ejércitos francés y americano habilitaron la instalación de burdeles para limitar la transmisión de enfermedades con la premisa de que garantizaría un buen rendimiento de los soldados (Roberts, 2010). El gobierno japonés apeló al modelo de “confort militar” en el siglo XX para sostener, mediante la provisión de mujeres, la fidelidad militar al Estado (Tanaka, 2002).

En síntesis, los pedidos circularon en un espacio de sociabilidad masculina estatal en el cual los militares articularon en su escritura nociones masculinas que consideraron legítimas. La participación de figuras políticas relevantes y la interpretación de un contexto transicional en el Estado secundaron la transformación de las medidas solicitadas.

Temores masculinos: cuerpos enfermos, desviados e invertidos

El coronel Perlinguer (4 mayo 1941) criticó una ley que consideraba no podía “satisfacer las necesidades bestiales de los hombres con charlas y videos de educación sexual”. Las jerarquías militares percibieron que esta situación amenazaba el núcleo de sentido sobre el que se asentaba su estatuto de enunciadores: la virilidad de un cuerpo sano como centro activo de la nación.

Escribir como representantes de sus congéneres implicaba movilizar una estructura de sentidos en el que la patria dependía de la salud reproductiva, la satisfacción de placeres y cuidado del cuerpo del varón. Era el corolario de la proliferación de discursos que, desde finales del siglo XIX, jerarquizó las prácticas sexuales para definir los parámetros de lo admisible (Ramacciotti, Valobra, 2008; Salessi, 1994).

A su vez, el carácter activo del deseo libidinal masculino era entendido como un síntoma de fragilidad. La noción de una sexualidad incontrolable la tornaba permeable de perturbaciones externas. La ley 12.331 era interpretada como aquella que cercenaba el derecho natural de los varones a acceder a servicios sexuales. La referencia constante al “oficio más antiguo del mundo” infería al carácter nato e inmutable del acceso masculino al coito mediante el pago. Por ello, una ley que modificaba las reglas de la compra y venta de sexo fue entendida como un peligro para la disciplina moral de los soldados cimentada en su virilidad.

Para los coroneles, la sexualidad espuria no era producto de la imprudencia individual del sujeto, sino de una falta de intervención del Estado por procurar control. Estos temores eran la canalización de estructuras del sentir resentidas frente a transformaciones sociales y culturales que tornaron precarias las condiciones de afirmación de su identidad. Por ello apelaron con nostalgia a un pasado que “no podemos hallar en ningún lugar” (Williams, 2001): el de un cuerpo sano, viril y activo que creían perder pero que nunca tuvieron, sino que se revalidaban en un proceso cíclico.

La preocupación por producir un cuerpo sano y disciplinado para la ocupación del territorio articuló una amalgama de temores con los que los militares tradujeron conceptos del campo médico para definir las fronteras de su identidad individual y reclamaron por los atributos que consideraron cercenados por el Estado. Las enfermedades venéreas, el onanismo, la masturbación y la homosexualidad fueron detallados como los enemigos amenazantes contra los soldados deseosos de sexo sin burdeles garantizados.

El primer riesgo señalado por las jerarquías para los conscriptos eran las dolencias venéreas. Los militares vieron en una prostitución sin tutela estatal el origen de un supuesto crecimiento de los contagios. Por lo tanto, si el objetivo de lo público era proteger la salud de los varones, los cambios normativos debían garantizar el ejercicio del coito entendido como una necesidad biológica.

La agenda de las enfermedades venéreas se cifró en torno al prisma de la eugenesia y el poblacionismo francés, en cuanto focalizaba en la reproducción de trabajadores y consumidores para el desarrollo deseable por los Estados modernos (Biernat, Ramacciotti, 2013).² Las dolencias venéreas fueron señaladas como causales de abortos, enfermedades nerviosas y circulatorias que debilitaban a la prole nacional.

Los registros de las cartas sobre los genitales dañados por la sífilis y la blenorragia contrastaron con las estadísticas de la Dirección Interna de Sanidad del ejército que destacó la disminución de los enfermos. Entre 1935 y 1940, los conscriptos con malestares sexo-contagiosos disminuyeron del 32,54% a 9,27% sobre el total de enfermos. Los balances estadísticos del ministerio demostraron que las dolencias venéreas perdieron progresivamente terreno frente a otras enfermedades infecciosas y comunes (Ministerio..., 1937-1948). El descenso puede explicarse por la aplicación de políticas de profilaxis como la distribución de medicamentos y la creación de un tratamiento único aplicado con mayor eficacia entre los militares que en la sociedad civil.

Esta oposición no implica que entendamos la narrativa epistolar castrense como falsa, por el contrario, las percepciones que tuvieron de los síntomas responden a la construcción de una ficción eficaz construida sobre una identidad masculina que sintieron amenazada por el Estado. En los registros del Servicio Penitenciario Bonaerense y en los departamentos judiciales se alojan denuncias presentadas por varones por la violación del artículo 202, “c”, del Código Penal que sancionaba el contagio de enfermedades venéreas. A través de estos procesos judiciales, los varones reclamaron que se penalicen a las mujeres que los contagiaron de sífilis, chancro o blenorragia con la creencia de que ellas eran objeto pasivo, depositario de las enfermedades y responsables de su cuidado.

En las cartas, la legislación fue presentada como una política prohibicionista que atentaba contra la naturaleza de su cuerpo y que obturaba su disciplina. El coronel Perlinguer (4 mayo 1941) criticó con sorna a una normativa que creía no podía suplir las “necesidades bestiales de los hombres” con “charlas y videos de educación sexual”. Circulaba entre ellos las voces de algunos galenos enemigos del abolicionismo que indicaron que la “prohibición de prostitución” restringía las “posibilidades normales de la expansión sexual de la juventud” y despertaba “patologías perversas” (Landaburu, Aftalion, 1942).

La letra de la ley 12.331 fue objeto de interpretación por organismos estatales (agencias judiciales y policiales), médicos y juristas (a favor o en contra) y por los sectores populares (al negociar formas de comprar y vender sexo). El coronel Ángel Solari la definió como “la ley que prohíbe la prostitución, que en vez de ser beneficiosa, agravó y creó nuevos problemas” (Solari, 3 mayo 1942). El “prohibicionismo” era entendido en la época como un sistema que inhabilitaba la venta de sexo (Biernat, 2014). Al igual que algunos policías que se valieron de la legislación para amedrentar prostitutas y recuperar poder territorial, los militares actualizaron con sus enunciaciones un registro punitivo de la normativa.

La policía también presentó críticas. Ernesto Pareja (1940), jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires responsable de la elaboración de cursos de formación policial, interpretó la ley como prohibicionista. Creía que la ley de profilaxis correspondía a los intereses de una elite cultural que poco entendía de las necesidades populares, que era idealista y poco eficaz. Para Pareja, los jóvenes de bajos recursos “movidos por un instinto sexual orgánico”, carentes de dinero suficiente para formar una familia propia, estaban desprotegidos por no tener fuentes “oficiales” de descarga sexual.

Para Solari (3 mayo 1942), la ley era una traba para las “exigencias sexuales de los crecidos efectivos militares”, problema que se acrecentaba por el “crecimiento vertical de la población masculina”. Para la dirigencia militar, la desigualdad demográfica entre varones y mujeres en el territorio ameritaba que se abrieran lenocinios. Un importante número de trabajadores migraba a la región por trabajo, los datos del censo indicaban que Comodoro Rivadavia tenía 25.651 habitantes, 15.328 varones y 10.323 mujeres; Río Gallegos, 5.880 habitantes, 3.400 eran varones y 2.480 mujeres y Esquel de 5.884 habitantes, 3.035 eran varones y 2.449 mujeres. En ciudades como Neuquén, donde de 7.498 habitantes solo había 30 varones más que mujeres, los demandantes militares marcaron que por la escasa población era difícil que se formaran parejas por lo que se necesitaba un servicio de prostitutas (Argentina, 1947).

Las enfermedades no eran las únicas consideradas capaces de cercenar la capacidad de producir el cuerpo viril y sano de un soldado. El onanismo y la masturbación fueron señalados como riesgos directos de la abstinencia sexual. La ley 12.331 se describía como “aquella que frena las exigencias sexuales de los crecidos efectivos militares sumados a los de la población civil, que puede provocar desbordes penosos” (Solari, 3 mayo 1942).

En 1943, el coronel Juan Domingo Perón (22 jun. 1942) anexaría un informe del cirujano Ruzo para “agilizar la resolución de un problema urgente”. El cirujano detalló que la abstinencia sexual podía intervenir sobre la función cerebral que regulaba el deseo sexual en el hombre y perjudicar gravemente al organismo. La ruptura del equilibrio nervioso de quienes no eyaculan mediante el coito con el sexo opuesto podía motorizar un daño permanente en el sistema volitivo, “anulando el deseo sexual de manera permanente”. Por lo tanto un grave daño para un médico que veía conscriptos que no habían tenido ningún contacto sexual (Ruzo, 23 abr. 1942). Noción con la que Perón (3 mar. 1944) expresó afinidad y a las que describió como los “trastornos y perjuicios derivados de la Ley”.

El médico se consternó frente a lo que creía la potencial pérdida de deseo y capacidad reproductiva de los conscriptos por su renuncia al impulso biológico que definía el “ser varón”. Para Ruzo, la abstinencia llevaba a los soldados a la masturbación. Los manuales de sexología depositaron en la masturbación el origen de formas perversas de desviación como el “autoerotismo ipsatorio” y el “onanismo” (Pellegrini, 1950). Estas categorías referían a la desconexión del paciente con el mundo y su reemplazo por la fantasía sexual, que generaba un narcisismo extremo, cuyo punto culmine del riesgo podía ser la homosexualidad, entendida como una inversión que retiraba al sujeto del mundo masculino (Opizzo, 1957).

El coronel Alberto Gilbert (28 ago. 1942) se preocupó por la “influencia perjudicial en el desarrollo de las actividades militares” que traía aparejada la abstinencia sexual. La solicitud de instalación de “casas de tolerancia” respondía que “el personal de tropa se encuentra en una crítica situación ante la material imposibilidad de satisfacer sus necesidades sexuales” lo cual colaboraba con el “relajamiento de los preceptos de carácter moral, la pérdida del vigor y la falta de control sobre la extensión de enfermedades venéreas”. Un año más tarde reiteraría como la obturación de los instintos naturales de los varones corroería la moral pública y el imperio de la necesidad fisiológica.

Para el coronel Solari (11 mayo 1942) la dificultad para tener sexo con mujeres afectaba gravemente el rendimiento de las unidades, debilitando sus cuerpos y distrayéndolos de las tareas de un soldado. Entendía que legislación era idealista e impracticable, lo que respondía a un diseño de la capital federal con total desconocimientos del interior de la Argentina. El coronel replicaba las críticas de médicos del interior del país que solicitaban la asignación de mayores recursos y distribución de medicamentos efectivos para tratar las enfermedades venéreas (Biernat, 2007).

La homosexualidad despertó temores entre los coroneles. La “imperiosa necesidad de eyaculación mediante la penetración” aparejaba el riesgo de que la “realización de sustitutos funcionales del acto sexual fisiológico entre soldados conscriptos” (Gilbert, 3 ago. 1943). Los conscriptos eran representados en las cartas como jóvenes alborotados que alterados por la falta de sexo podían ser “corrompidos”.

La homosexualidad era una condición que fracturaba el estatuto de virilidad considerado necesario para el combate, una inversión sexual que implicaba el abandono de la condición de varón. Las cartas apelaron a metáforas binarias de lo femenino y lo masculino para catalogar cuerpos pasivos como débiles, homosexuales, penetrados, invertidos, afeminados, frente a cuerpos activos como penetradores incontrolables, fuertes, viriles, disciplinados y ágiles.

La homosexualidad era un quiebre de una cultura disciplinar patriarcal, la iteración escrita constituía un ritual performativo con el que los militares afirmaban su pertenencia institucional como varones y soldados. La definición de la homosexualidad como una otredad negativa tuvo importantes repercusiones cuando en 1944 trascendieron fotografías de cadetes del Colegio Militar de la Nación, descubiertos en reuniones en poses sugestivas (Bazán, 2006). La extensión de este pánico era la expresión de una barrera subjetiva que se concibió asediada por la consolidación de la identidad homosexual moderna en las metrópolis urbanas. La lenta conjunción de prácticas sexuales disímiles que se condensaron en una configuración percibida como amenazante a la masculinidad (Simonetto, 2017).

No existía un acuerdo pleno de que las “perversiones sexuales” fueran un resultado directo de la falta de prostitutas. Para Eugenio Galli (20 mar. 1944) no existían estadísticas fiables para medir su existencia. Por el contrario, la “relajación de los instintos sexuales” se debía a una “creciente libertad sexual” que “agrieta nuestra sociedad”. La paranoia frente a la homosexualidad se asociaba a un problema endógeno de la masculinidad. La idea de inversión se asociaba a la corrupción del cuerpo viril, en este caso, por la abstinencia. En la novela Dar la cara de David Viñas (1975) se describe un ritual interno en el cual un varón caucásico y de cuerpo pequeño sería sometido por otro grupo de varones que, bajo la metáfora del intento de violación, lo reducen a una “nena”, delimitando el conjunto de varones en relación a otro desigualado.

La apropiación del discurso patológico médico actuó como un mecanismo de definición de fronteras frente a una otredad visible. El homosexual fue nombrado como aquel que en su condición de pasivo era penetrado por un varón, situación con la que invertía su cuerpo masculino e ingresaba al universo femenino (Salessi, 1994).

Algunos coroneles intentaron tornar concretos sus temores para presionar al Estado. El mandato de una masculinidad incontrolable ordenó acciones violentas para mantener prerrogativas que creían naturalmente propias. El coronel Pablo Dávila (23 jun. 1942) elevó un informe de una violación grupal a dos chicas menores como producto del acceso a “casas de tolerancia”. Diluyó el hecho en una responsabilidad social colectiva amparada en la masculinidad descontrolada de los soldados y afirmó que “pese al empeño puesto en la investigación para su esclarecimiento no se encontraron a los autores”. Amenazó que era necesario que lo escucharan si querían “defender las poblaciones, las familias y sus hogares”.

El coronel Lascalea (9 feb. 1944) alertó sobre los riesgos que existían para “los hogares y familias civiles” de Río Gallegos ante la incapacidad de los varones de “satisfacer su deseo de acceso carnal al cuerpo femenino”. La instalación de un barrio de oficiales y suboficiales casados con sus familias alentaría la infidelidad y los intentos de acceso carnal a las mujeres de servicio. Los militares se ubicaron como representantes de las familias obreras y afirmaron los riesgos que traería la propagación de enfermedades venéreas y homosexualidad entre comunidades de obreros aisladas como los que trabajaban en YPF.

Los intentos de los militares por ampliar su representación a los trabajadores coincidieron con los debates al interior del sindicalismo. En 1949, José Quevedo, presidente de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, brindó una conferencia sobre los debates sindicales en torno a la prostitución y la política antivenérea. Discurso reeditado como folletín popular, con un valor de 1$, en 1952, por el Laboratorio Social Argentino de la Peña Sindicalista, con una inscripción peronista “Buenos Aires, ciudad del justicialismo” y cuyo título fue El sindicalismo y el problema de la prostitución. El objetivo del líder sindical era el de discutir con “ciertas organizaciones obreras” que remitían en una circular la necesidad de que los sindicatos bogaran por la apertura de las “casas de tolerancia”.

En síntesis, frente a los primeros atisbos de una política abolicionista del Estado argentino, desde el cuerpo militar se enlazaron diversas nociones que acicatearon estas políticas. De este modo, las amenazas de la homosexualidad, las enfermedades venéreas y la masturbación actuaban como argumentos válidos para motorizar una reforma.

Proyectos militares y prácticas de consumo sexual

Eduardo, un obrero bonaerense, ingresó al servicio militar obligatorio en 1968 en Las Lajas (Neuquén). A los 3 meses cobró su primer sueldo y fue junto a sus compañeros a un galpón en el que un grupo de mujeres atendía a los soldados. Por ser parte de la sección de montaña no siempre eran atendidos, las mujeres perdían mucho tiempo esperando que se quitaran el equipo y “demoraban la atención de los otros conscriptos” (Entrevista, 5 dic. 2016).

Aunque habían pasado dos décadas de la resistencia militar a la clausura de los burdeles patentados, el consumo de sexo pago perduró como una actividad cotidiana entre los conscriptos. Tradición legitimada institucionalmente por el proceso de flexibilización del abolicionismo iniciada con el decreto 10.638/1944.

El relato de Eduardo es una vía de acceso a sentidos y prácticas desplegadas por el ejército una vez obtenida la autorización para instalar los burdeles y amplía la descripción de las cartas. Los enunciados moralizadores de la sexualidad y las prácticas no siempre eran convergentes. Aunque la homosexualidad era una preocupación que creían podía evitarse mediante el consumo de prostitución, Eduardo recuerda con gracia que un joven de Rosario mantenía relaciones sexuales con varios miembros de la jerarquía que, amparados en el “aislamiento de la guarnición”, mantenían relaciones sexuales en rol activo (penetradores) con el joven (Entrevista, 5 dic. 2016). Participación que posiblemente registraran como un elemento de su sexualidad desbordante y que en calidad de penetradores no desintegraba su virilidad heterosexual.

Los burdeles deseados por los militares patagónicos se cimentaron en la premisa de que la prostitución era un mal necesario e inevitable, era la “profesión más antigua del mundo”. Entendida como eterna y anacrónica solo podían esperarse medidas que tendieran a administrar esta práctica. El coronel Perlinguer (27 mar. 1944) escribió que una prostituta era “una mujer manceba que comerciaba con su cuerpo” y por lo tanto era “sanitariamente sospechosa”. Por lo que solicitaba a las agencias estatales que se encargaran de sanear apropiadamente a las mujeres para lograr un consumo “sin riesgos”. La prostituta era considerada un arma de doble filo, una situación penosa pero un mal necesario sino se quería que la relajación moral propiciada por la ley abriera grietas en la moral capaces de derrumbar la sociedad.

Desde que comenzó el reclamo, coroneles y generales idearon burdeles, perfectos, que respondieran a sus “necesidades bestiales”. Imaginaron arquitecturas que satisficieran su deseo de ocio y sociabilidad bajo normas de control y salubridad. También reunieron a mujeres que administraran estos espacios, de las que posiblemente ya fueran clientes en sus regimientos.

En 1940, el general Horacio Crespo envío un plan al Ministerio del Interior para “satisfacer las necesidades de los hombres” entre las ciudades de Neuquén y Bahía Blanca. Convocó a dos mujeres a las que propuso como regentas de estos espacios, las que posiblemente habrían oficiado como titulares de burdeles municipales hasta su disolución en 1936. Las mujeres firmaron con su pulgar una carta en la que certificaban tener cuartos discretos, baños y un espacio reservado para las visitas médicas. Las casas estarían alejadas del radio urbano para no “perturbar ni propiciar la inmoralidad en la sociedad civil”. Se comprometían a no vender bebidas ni estimular el baile, acciones que creían despertarían el descontrol sexual de los jóvenes. Posiblemente para estas mujeres el ejército fuera la vía institucional para intentar recuperar el negocio que habían perdido con el cambio de legislación.

En 1942, el coronel Ángel Solari presentó un proyecto de instalación de “casas de tolerancia” en las guarniciones militares, con referencias explicitas a las políticas americanas y francesas hacia su ejército en la Primera y Segunda Guerra Mundial (Roberts, 2010). El coronel creía que el Estado debía encargarse de aumentar la presencia de mujeres “que ejercitan este comercio” en las zonas con baja densidad demográfica o desproporción genérica. Este desplazamiento debía hacerse con un fuerte control que restringiese su presencia en zonas urbanas para conservar el “orden moral” (Solari, 11 mayo 1942).

Solari diseñó sus burdeles ideales como casas con capacidad para alojar a varias “pupilas” de los burdeles. Debía contar con calefacción, ser higiénica y garantizar los elementos sanitarios para la profilaxis: una habitación para la revisación médica y el equipamiento de botiquín para urgencias venereológicas. El énfasis sobre el carácter sanitario de los edificios reforzaba la construcción de una responsabilidad unívoca del contagio posicionada en las mujeres. Su solicitud de recursos incluía la realización de un análisis de sangre que debía remitirse por vía aérea a Buenos Aires.

Las casas imaginadas por el oficial neuquino tendrían espacios separados de ocio sexual para las jerarquizas militares, los soldados y los conscriptos, para evitar el contacto directo de los cuerpos sexuales del personal de la tropa y los oficiales. Además, la distinción era tarifaria: implicaba 3$ para oficiales, 2,50$ para suboficiales y 2$ para soldados (Solari, 11 mayo 1942).

La diferenciación del consumo de sexo tenía como objetivo establecer estatus y permitía a los superiores preservar su intimidad frente a los subordinados. En aquellos espacios de encuentro con mujeres circulaban secretos sobre su sexualidad que les aseguraban una posición dominante y de respeto frente a los subalternos varones. Los recubría de una malla impermeable a las bromas con las cuales los varones desafían el estatus masculino de sus pares. En 1968, aunque en el pueblo en el que se alojaba Eduardo y el resto de los conscriptos había un burdel con dos prostitutas, los subalternos tenían prohibido visitarlas. Debían esperar el fin de semana para ser llevados por los camiones del ejército a Cipoletti, Neuquén, donde eran atendidos en un burdel junto al resto de los conscriptos de las guarniciones. Los jerarcas de la guarnición tenían el monopolio de consumo de las mujeres (Entrevista, 5 dic. 2016).

Eduardo conoció a “Lulú” mientras almorzaba en una taberna local. Ella era una de las dos mujeres que atendía a un coronel que le gustaba “ser golpeado”. Quizás magnificado por su memoria, en una suerte de desafío a quien le hizo pasar muchas horas de frío, Eduardo conservó ese dato como el signo de desprestigio de sus superiores (Entrevista, 5 dic. 2016).

Solari aconsejó que se instale otra casa para civiles. Decía que así podría prevenirse que los jóvenes obreros cruzaran la frontera con Chile e importaran enfermedades venéreas que perturbaban el orden familiar. Temor acorde a los discursos nacionalistas que desde la década de 1930 intercedieron en la construcción de la identidad patagónica contrapuesta a la del país vecino (Bohoslavsky, 2007).

En 1944 el coronel Perlinguer propuso un proyecto que, en diálogo con Eugenio Galli, conservaba cierta estima por la ley de profilaxis social. En contraste con sus colegas, valoró positivamente los efectos de la ley 12.331 y señaló como tendenciosas las “interpretaciones prohibicionistas”. Sugirió crear burdeles precarios que tendieran a disolverse y llevarían a las mujeres a hogares individuales donde administrarán ellas mismas la “atención sexual”, anulando así posibilidades de intervención de terceros. Estas debían ser discretas y no ser promocionadas entre los civiles (Perlinger, 28 mar. 1944).

Su proyecto consintió en un sistema de identificación de las pupilas, la disposición de elementos sanitarios, la elaboración de un examen serológico y el establecimiento de la libreta de salud. Propuesta que desde 1937 habían sostenidos algunos médicos y que tendía a reemplazar a la vieja identificación de trabajo reglamentaria (Baliña, 1937). Para efectuar el correcto ejercicio de esta planilla, el funcionario y el coronel recomendaban al ministro del interior un dispositivo de médicos especialistas que revisaran tres veces por semana tanto a mujeres como a consumidores y que aislase a las mujeres cuando se enfermaran (Perlinger, 28 mar. 1944).

La Dirección Nacional de Salud y Asistencia Social conformó una comisión de especialistas para que analizara los proyectos del cuerpo militar. Convocó a referentes del área: Pedro Baliña, titular de la cátedra de clínica de dermatosifilográfica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires; Alberto Zwank, director del Museo Social Argentino y uno de los impulsores de la carrera de visitadores médicos; Enrique Castaño, director de la Sociedad Argentina de Urología y Pedro Scolari de la Asociación Argentina de Dermatología (Galli, 20 mar. 1944).

El grupo de especialistas destacó el apoyo de la comunidad de galenos a la ley 12.331, como la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Médica Argentina y las Jornadas Nacionales de Venereología. En su declaración de principios reafirmaron su compromiso contra las políticas reglamentarias, a las que encontraban deficientes y denunciaron las interpretaciones prohibicionistas de la ley por parte de la policía y las agencias judiciales.

La Comisión señaló las virtudes del proyecto militar e invitó al Estado a construir prostíbulos de emergencia hasta que hubiese mujeres que vendiera sexo de forma autónoma en la zona. A su vez, instaron a posibilitar la instalación de hoteles alojamientos donde las parejas encontraran mayor confort para el ejercicio libre de su sexualidad pero que sin embargo debían estar alejadas de los centros urbanos (Galli, 20 mar. 1944).

Como señalamos, las dinámicas transformaciones de la legislación y el avance de proyectos de un abolicionismo flexible matizan la capacidad de influencia de los organismos internacionales en esta materia. Eugenio Galli se mostró preocupado por la situación frente al Dr. Lewis Hackett, un funcionario especialista en salud pública estadounidense enviado por la Fundación Rockefeller a evaluar el estado de las políticas sanitarias en América Latina. Desde una posición crítica a la administración argentina, el estadounidense detalló: “Están pensando en cambiar la ley que ahora la hace ilegal [a la prostitución]. Es un buen ejemplo de como la relativa ignorancia de hombres con plena autoridad deciden después de una breve consulta sobre cómo administrar problemas de una gran complejidad” (Hackett, 1944).

Estos cambios, en alguna medida, tendían a perturbar el sentido general que desde la década pasada asumía la política internacional de abolición de la prostitución aunque Argentina no fuera el único en experimentar estos procesos en contrasentido. Las lamentaciones del funcionario de la Fundación Rockefeller también eran una marca de los procesos de puja que dimensionaban, en distintos órdenes, la incidencia de conflictos con escalas locales e internacionales en la imbricación y definición de las dinámicas políticas.

Una vez decretado el cambio en 1944, el gobierno envió un pedido de informe al contralmirante Enrique García, interventor militar de Tucumán, para que informe donde debían instalarse las casas de tolerancia para “satisfacer las necesidades” de los soldados (Aranda, 11 nov. 1944). Las autoridades provinciales conformaron una comisión de aplicación compuesta por el director general de sanidad, el director de la sección de profilaxis social, el médico militar y el intendente general de la policía provincial (Doll, 19 jun. 1944). La comisión elaboró un breve informe sobre los cuarteles pero no continuó informando como haría efectiva esta medida. El gobierno interventor de San Luis llevó adelante el mismo procedimiento. El director provincial de salud recomendó que se instalaran “casas de tolerancia” en San Luis, Mercedes, Justo Daract y Concaran donde había regimientos (Carranza, 18 nov. 1944).

Por el carácter secreto de estos documentos es difícil mesurar el alcance de estos proyectos. En 1955, la dictadura militar dio marcha atrás con el intento peronista de retornar al sistema reglamentario pero conservó la flexibilización del decreto 10.638/44 hasta 1965, que sería abrogado por la plena aplicación de los convenios internacionales de la Organización de Naciones Unidas. En el caso de San Luis, el diputado provincial Luis Marrero (25 ago. 1965) denunció que los burdeles construidos por el ejército siguieron funcionando a pesar de que el decreto neo-reglamentario había sido desarticulado.

En síntesis, más allá de los cortes normativos que atravesaron esta legislación particular, las prácticas de consumo de sexo entre soldados perduraron. A su vez, es factible que estos pedidos fueran llevados adelante, ya que el carácter secreto de los documentos les dio prerrogativas y autonomía a los regimientos una vez que estos fueron autorizados para emprender la tarea.

Consideraciones finales

En este artículo abordamos la participación de militares en el proceso de flexibilización de la abolición de la prostitución reglamentada en la Argentina. Para ello reconstruimos el universo de nociones (sexuales, morales y corporales) y los circuitos institucionales – políticos que colaboraron con la concreción de sus reclamos. Como también, abordamos algunas de sus prácticas de consumo de sexo pago. Acorde a nuestro análisis, proponemos unas reflexiones finales.

Primero, las dinámicas despertadas en torno al intercambio epistolar son una fuente rica para analizar el lugar de los actores en la actualización viva de las normativas. Es decir, la construcción de alianzas políticas, los préstamos discursivos y las tácticas de presión con la que los actores, en este caso los militares, agenciaron las normativas, las definieron, dotaron de sentido, experimentaron y modificaron.

Segundo, coroneles y generales se constituyeron como representantes de los consumidores de sexo articulando una identidad viril. Entendieron que los límites al acceso al coito heterosexual ponía en riesgo la de soldados disciplinados, obreros y consumidores para el desarrollo nacional. Por ello los militares hicieron circular un concepto de “ser varón” que subordinaba lo público como aquello responsable de garantizar el desarrollo de sus “necesidades biológicas” (como el sexo) de forma sana.

También, creemos que la circulación de estas cartas se inscribió en un espacio estatal estructurado como una instancia de sociabilidad masculina. En el que la escritura formal de reclamos operó como un mecanismo ritual de performatividad masculina con el que se revalidó una pertenencia institucional genérica y se demarcó fronteras de pertenencia.

En último lugar, entendemos que las prácticas de consumo de sexo trascendieron a los cortes institucionales de la normativa. La canalización del reclamo y su formalización es una vía de acceso a la producción de la masculinidad como elementos constitutivos de una institucionalidad particular. Es a través de estas narraciones fragantes que Perón y sus camaradas reprodujeron y vivenciaron las tramas patriarcales del Estado.

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• 1
  Entendemos por “reglamentarismo” el sistema de burdeles patentados que funcionó entre 1875 y 1936. Por “abolicionismo” nos referimos al desmantelamiento de los lenocinios patentados iniciado en 1936, con el que se pretendía desregular la venta de sexo y castigar a los proxenetas, con el fin último de “abolir” la prostitución.
• 2
  La eugenesia fue un cuerpo heterogéneo de ideas que emergió a finales del siglo XIX con la premisa de “mejorar la raza” al intervenir en los caracteres humanos hereditarios. Durante las primeras décadas del siglo XX esta tendencia impactó en los círculos médicos argentinos.

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  19 Jun 2019
• Fecha del número
  Apr-Jun 2019

Histórico

• Recibido
  16 Ago 2017
• Acepto
  6 Dic 2017