Dilemas éticos: Propiedad, protestas y crisis en Perú

Ethical Dilemmas: Property, Protests, and Crisis in Peru

Resumo

O artigo analisa dilemas éticos na onda de destruição durante protestos no Peru após a crise política de dezembro de 2022. Examina a queima de delegacias, danos no sul e saques em Lima, sob critérios éticos sobre limites de violência na resistência civil. Argumenta que o contexto de abusos explica em parte os excessos, mas não os justifica eticamente. Defende combinar firmeza diante da violência com abertura ao diálogo para atender demandas sociais.

Palavras-chave:
Protestos sociais; Ética da resistência; Dano à propriedade

Abstract

The article analyzes ethical dilemmas in the wave of destruction during protests in Peru after the political crisis of December 2022. It examines the burning of police stations, damage in the south and looting in Lima, under ethical criteria on limits of violence in civil resistance. It argues that the context of abuse explains in part the excesses, but does not ethically justify them. It advocates combining firmness in the face of violence with openness to dialogue to meet social demands.

Keywords:
Social protests; Ethics of resistance; Property damage

Palavras-chave:
Protestos sociais; Ética da resistência; Dano à propriedade

Keywords:
Social protests; Ethics of resistance; Property damage

1. Introducción

Las caóticas jornadas de protesta popular que estallaron en Perú a raíz del fallido autogolpe del presidente Castillo y su posterior destitución a inicios de diciembre de 2022 dejaron un reguero de destrucción y daños a la propiedad pública y privada. Las imágenes de comisarías, municipalidades y negocios en llamas recorrieron el mundo. Para muchos, se trataba de actos vandálicos injustificables que merecían toda la fuerza de la represión estatal. Sin embargo, analizar en profundidad el contexto y motivaciones detrás de los desmanes plantea dilemas éticos complejos.

Este artículo se propone indagar, a la luz de teorías sobre los límites de la desobediencia civil, en qué medida ciertas formas de daño a la propiedad durante las recientes protestas en Perú pueden considerarse una extensión comprensible del derecho a la resistencia frente a agravios, versus un oportunismo inmoral o acciones desproporcionadas. Mediante un estudio cualitativo de tres episodios -la quema de comisarías, los bloqueos y ataques en el sur y los saqueos en Lima- se analizarán en profundidad los dilemas éticos particulares que plantea cada caso. Se prestará especial atención a las causas desencadenantes, el contexto represivo, los reclamos subyacentes y las consecuencias humanas.

El artículo dialogará con planteamientos como la tipología de daño políticamente motivado de Scheuerman y los criterios de proporcionalidad de Delmas y Bedau. Se argumentará que ciertos actos, como la quema de comisarías, pueden entenderse como daño disruptivo con fines de reforma institucional legítima, dado el historial de violencia policial. Pero otros claramente cruzan la línea, como los ataques indiscriminados a bienes culturales o los saqueos oportunistas.

La frontera ética es borrosa. Esta investigación busca arrojar luz, con una mirada contextual e interdisciplinaria, sobre un tema incómodo pero ineludible para comprender la coyuntura actual del Perú. El análisis crítico de los excesos cometidos por algunos manifestantes debe complementarse con un cuestionamiento a la creciente criminalización de la protesta social por parte del Estado. Solo mediante el diálogo democrático se podrán atender las graves carencias que llevan a estallidos sociales como los recientes (DELMAS, 2018).

2. Contexto del estallido social en Perú tras el autogolpe fallido

El autogolpe de estado fallido del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 abrió una dramática crisis política y social en Perú, que derivó en masivas protestas y graves episodios de violencia con un alto costo en vidas humanas y daños materiales (REID, 2023).

Ese día, Castillo sorprendió al país con un mensaje a la nación en el que anunció la disolución del Congreso, el establecimiento de un gobierno de excepción y la convocatoria a una asamblea constituyente. Esta medida anticonstitucional buscaba evitar una nueva moción de vacancia en su contra en el Parlamento. Sin embargo, Castillo no logró adhesiones relevantes: fue desautorizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mientras el Congreso votó su destitución por "incapacidad moral" y lo reemplazó en la presidencia por la entonces vicepresidenta Dina Boluarte tras el fallido autogolpe, Castillo fue detenido y puesto bajo custodia policial. Su detención, sumado a la asunción al poder por Boluarte, desató una ola de protestas principalmente en las regiones del sur andino, históricamente postergadas por el centralismo limeño. Las manifestaciones se iniciaron en ciudades como Ayacucho, Apurímac y Puno, exigiendo el cierre del Congreso, adelanto inmediato de elecciones generales y el inicio de un proceso para redactar una nueva Constitución (LANDA, 2023).

La respuesta del gobierno de Dina Boluarte fue desplegar una violenta represión policial y militar, lo que abrió graves denuncias por violaciones a los derechos humanos y decenas de civiles muertos en los enfrentamientos. Este escenario de creciente violencia estatal e intransigencia del régimen recién instalado, que rechazaba adelantar elecciones, radicalizó el accionar de los manifestantes. En regiones como Puno y Tacna, las protestas masivas paralizaron por completo la actividad pública y privada (ÁLVAREZ, 2021).

Hacia fin de año, el caos y malestar social se extendió a la capital Lima y otras zonas urbanas. Mientras crecían las marchas pacíficas concentrando el repudio popular al Congreso y la presidenta Boluarte, surgieron focos de violencia con ataques a locales comerciales, entidades públicas y privadas. El discurso contra la "corrupción" de las élites limeñas legitimó para algunos sectores radicalizados la destrucción de símbolos de poder económico y político (LYNCH, 2023).

En enero de 2023, con casi 50 muertos y 500 heridos, la situación distaba de encontrar una salida institucional. Se instaló un peligroso vacío de poder, sin liderazgos creíbles para encauzar el conflicto. La presidenta Boluarte, resistida en las calles, no tenía apoyo político para gobernar, en un contexto que agudizaba la histórica crisis de representatividad y legitimidad de las instituciones peruanas.

Este escenario de ingobernabilidad total se tradujo en un dramático costo económico y social. Según estimaciones oficiales, la paralización de actividades y el clima de caos e incertidumbre produjeron pérdidas por más de US$1,000 millones hasta fines de enero de 2023. La industria turística resultó severamente afectada, con caídas de 80% en el flujo de visitantes nacionales y extranjeros. Pero también se vieron fuertemente golpeados sectores como minería, comercio y transporte.

Las protestas implicaron además el bloqueo intermitente de carreteras y vías férreas vitales para la economía como los Corredores Interocéanicos, generando desabastecimiento en las ciudades. La paralización del transporte terrestre disparó el precio de productos de primera necesidad, golpeando con más fuerza a las poblaciones de menores ingresos (RUMRRIL, 2023).

En paralelo, la conflictividad exacerbó problemas sociales previos. Según la Defensoría del Pueblo, hasta febrero de 2023 se registraron 47 fallecidos y más de 500 heridos en enfrentamientos con las fuerzas del orden; 70% de los fallecidos ocurrieron por impacto de balas. Asimismo, cifras extraoficiales daban cuenta de más de 10,000 detenidos desde el estallido de la crisis a nivel nacional. Las precarias condiciones en los centros de reclusión y las denuncias de tortura y tratos crueles agravaron la situación.

Mientras la economía, las instituciones y el tejido social se resquebrajaban, las fuerzas políticas mostraban una alarmante incapacidad para ofrecer una salida concertada a la crisis a través de un adelanto electoral. El anuncio de Boluarte en enero de proponer un recorte de su mandato tampoco logró calmar los ánimos. Perú se adentraba en un clima de efervescencia social y desgobierno, con graves consecuencias humanitarias, políticas y económicas, cuyo desenlace era aún una incógnita (STEFANONI, 2022).

El costo de vidas y los abusos contra los derechos humanos cometidos por agentes del Estado en la represión de las protestas también fueron motivo de condena por parte de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una visita a Perú en enero de 2023, evidenció un uso excesivo de la fuerza y casos de ejecuciones extrajudiciales, exigiendo al Estado investigar estas graves violaciones.

Amnistía Internacional, por su parte, denunció detenciones arbitrarias y uso excesivo de armas letales por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Incluso Naciones Unidas se vio obligada a hacer un llamado al gobierno de Boluarte para moderar el uso de la fuerza letal en el control de las manifestaciones (ONU, 2023).

Estas expresiones de la comunidad internacional pusieron en evidencia la situación de violación sistemática de derechos humanos. También debilitaron la legitimidad y credibilidad del gobierno transitorio ante la opinión pública mundial, en contraste con algunas muestras iniciales de respaldo diplomático a la sucesión constitucional tras la ruptura democrática intentada por Castillo (CIDH, 2022).

En definitiva, la crisis política desatada por el frustrado autogolpe de diciembre de 2022 sumergió al Perú en uno de sus peores episodios recientes, con graves secuelas económicas, institucionales y sociales. El saldo de decenas de muertos y cientos de heridos, junto a imágenes de abusos policiales y ciudades paralizadas por enfrentamientos violentos, evidenciaron la necesidad de un cambio profundo para restaurar la democracia, la vigencia del estado de derecho y la legitimidad de las autoridades. Superar esta situación se perfilaba como uno de los mayores desafíos a encarar por la sociedad peruana en las décadas venideras (CORONEL, 2023).

3. Daño a la propiedad en la desobediencia civil

3.1. Tipología de Scheuerman sobre daño políticamente motivado

Uno de los marcos teóricos útiles para analizar éticamente el daño a la propiedad en contextos de protesta social es la tipología desarrollada por el politólogo Scheuerman(2023). Según este autor, se pueden distinguir cuatro categorías principales cuando se evalúa la legitimidad de acciones que involucran destrucción o daño a la propiedad con un fin político:

• a) Daño simbólico: Incluye acciones como romper ventanas o realizar pintadas, que buscan llamar la atención más que generar un daño material sustancial.

• b) Daño disruptivo: Busca interrumpir temporalmente instituciones y actividades para generar presión política. Por ejemplo, bloqueos de calles o toma de fábricas.

• c) Violencia defensiva: Destrucción focalizada para repeler una violencia mayor, como arrojar piedras a la policía ante represión.

• d) Terrorismo/violencia revolucionaria: Busca provocar temor generalizado o un cambio de régimen por la fuerza. Es considerado ilegítimo.

Scheuerman (2018) sostiene que, bajo ciertas condiciones, las primeras tres categorías pueden estar justificadas éticamente como formas de desobediencia civil, aunque plantean dilemas. Lo clave es analizar factores como proporcionalidad, probabilidad de éxito, agotamiento previo de alternativas y respeto por la vida. Este marco será aplicado en el análisis de los episodios estudiados en Perú.

3.2. Criterios de proporcionalidad en ética de la resistencia

La ética de la resistencia frente a regímenes injustos o abusos de poder ha analizado extensamente la legitimidad de ciertas formas de violencia política contra la propiedad, así como los criterios de proporcionalidad que deben orientar dichas acciones.

Uno de los autores que ha desarrollado principios al respecto es Delmas (2021) quien plantea las siguientes pautas:

• a) Principio de inmunidad: la violencia sólo puede ejercerse contra quienes son directamente responsables de la injusticia que motiva la protesta, no contra terceros inocentes.

• b) Principio de economía: la violencia debe provocar el menor daño necesario para alcanzar el objetivo político buscado.

• c) Cálculo de consecuencias: se debe considerar racionalmente si la violencia tendrá como resultado final una pérdida de apoyo público a la causa.

• d) Comparación de daños: el daño debe ser proporcional al daño sufrido inicialmente por los manifestantes a manos del régimen cuestionado.

• e) Distinción entre personas y cosas: atentar contra vidas humanas se considera éticamente superior al daño material.

• f) Posibilidad de restitución: es más difícil justificar daños irreversibles severos que aquellos que permiten reparación o compensación posterior.

La aplicación prudente de estas pautas éticas busca diferenciar entre formas legítimas e ilegítimas de violencia política en contextos de protesta, así como discernir entre acciones proporcionadas y excesos injustificables. El análisis detallado caso por caso es clave dada la complejidad de cada situación concreta.

3.3. Debate sobre los límites de la violencia en las protestas

La pregunta sobre dónde trazar la línea entre daño justificado e injustificado a la propiedad en contextos de protesta social ha sido objeto de intenso debate entre pensadores políticos y éticos.

Por un lado, teóricos de la no violencia como King (1959) plantean que la resistencia civil solo es ética cuando evita toda forma de violencia física. Otros autores como Arendt (1990) también ven con escepticismo la violencia, por considerarla política y moralmente contraproducente.

En cambio, Fanon (1969) argumentó que, en contextos de opresión brutal, la violencia puede ser una respuesta inevitable y un acto liberador contra la violencia sistémica del Estado. Jean-Paul Sartre también veía la violencia anticolonial como un medio éticamente justificable para alcanzar la libertad.

Entre ambos polos, teóricos contemporáneos como Scheuerman (2019) y Bedau (1991) han buscado criterios éticos para diferenciar formas de daño potencialmente legítimas, como la destrucción focalizada, de aquellas que claramente pierden legitimidad moral, como los ataques indiscriminados. Reconocen que la frontera no siempre es nítida. Factores como proporcionalidad, agotamiento de alternativas pacíficas, y probabilidad de éxito, son claves en este análisis diferenciado, que rechaza tanto la violencia injustificada, como la represión autoritaria de la protesta.

Más allá de los argumentos éticos abstractos, el debate también ha incorporado la evidencia empírica sobre la efectividad estratégica de distintas formas de violencia en protestas. Investigadores como Chenoweth y Stephan (2011) han cuestionado que la violencia ampliada sea más efectiva que la resistencia no violenta, al estudiar múltiples movimientos sociales en la historia.

Otros autores como Gamson (1991) sin embargo, matizan que ciertos tipos acotados de fuerza, como la destrucción simbólica de propiedad, puede complementar de modo efectivo a movilizaciones mayoritariamente no violentas. Existe consenso en que la violencia indiscriminada suele ser contraproducente para los objetivos políticos de los movimientos.

En síntesis, determinar los límites éticos de lo admisible en las protestas sigue siendo objeto de intenso debate teórico y empírico. Está claro que existe un continuo, una zona gris entre la no violencia absoluta y la violencia injustificada. El análisis requiere evitar tanto posturas simplistas que absuelven o condenan toda violencia, como enfoques punitivos que criminalizan la protesta social. El contexto, las motivaciones y las consecuencias importan al hacer valoraciones éticas diferenciadas.

3.4. Aplicabilidad en el contexto latinoamericano

El debate teórico sobre los límites éticos de la violencia en la protesta social adquiere especial relevancia en el contexto latinoamericano actual.

En años recientes, varios países de la región han vivido oleadas de masivas manifestaciones populares, que incluyen episodios significativos de violencia contra la propiedad pública y privada, como los ocurridos en Chile, Colombia y más recientemente Perú.

Algunos intelectuales latinoamericanos como Dussel (1995) y Quijano (2016) han argumentado que ciertas formas de violencia popular pueden ser entendidas como el resultado de estructuras de opresión históricas en la región, que han negado vías institucionales para atender demandas sociales.

Otros pensadores sin embargo advierten que se debe ser cauteloso en legitimar éticamente acciones violentas, para no fomentar espirales de polarización que terminan por deslegitimar las causas sociales. Llaman a valorar formas creativas de resistencia no violenta que han surgido en la región (MILL, 1859).

En este complejo panorama, el análisis diferenciado de tipos y contextos de violencia en protestas, atendiendo a criterios de proporcionalidad y consecuencias, cobra especial utilidad para evitar posturas simplificadoras frente a fenómenos sociales multidimensionales en América Latina (Tocqueville, 1963).

4. Estudio de caso: Protestas en Perú después del 7 de diciembre

4.1. Quema de comisarías e instituciones públicas

Uno de los episodios más controversiales y ampliamente difundidos durante las recientes protestas ocurridas en Perú a raíz de la crisis política de diciembre de 2022 fue la quema y destrucción de varias comisarías de policía y sedes institucionales, especialmente en ciudades del interior del país.

El caso más dramático ocurrió en la ciudad de Andahuaylas, Apurímac, donde turbas incendiaron y destruyeron por completo la comisaría, la fiscalía, el registro civil y el aeropuerto de la ciudad. La policía fue sobrepasada y tuvo que replegarse. Este tipo de ataques a la infraestructura estatal también se registraron en menor medida en otras localidades de regiones como Puno, Cusco y Arequipa.

Si bien condenados por muchos como actos puramente vandálicos, algunas voces plantearon que estos ataques podrían interpretarse como una respuesta extrema al historial de violencia policial contra manifestantes registrado ese mismo mes. La Defensoría del Pueblo documentó más de una decena de muertes por uso excesivo de la fuerza en las protestas durante diciembre, lo que exacerbó la rabia popular en esas regiones. Desde esta perspectiva, la quema de comisarías pudo representar un rechazo simbólico a la institución policial, más que un simple acto de violencia irracional. Este caso plantea un complejo dilema ético al analizar los hechos (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2023).

4.2. Bloqueos de carreteras y daños en el sur

Estos tuvieron un impacto económico muy significativo, efectivamente paralizando la circulación de vehículos, servicios y comercio por días o semanas, como estrategia de presión contra el gobierno. En varios casos los manifestantes no solo bloquearon vías, sino que procedieron a quemar y destruir casetas de peaje, así como lanzar piedras y atacar los camiones varados en los bloqueos.

Si bien los gremios empresariales condenaron estos actos por considerarlos ilegítimos y desproporcionados, dirigentes y activistas locales los defendieron como una forma de lucha social frente a décadas de abandono estatal y exclusión. Sindicatos como la CGTP argumentaron que, ante la indiferencia de los gobiernos, el bloqueo de carreteras era el único modo efectivo para visibilizar sus demandas en la capital. El análisis ético de estos hechos no es sencillo, involucrando nociones como efectividad estratégica, proporcionalidad y derechos económicos en pugna.

El análisis ético de la legitimidad de los bloqueos como estrategia de protesta en sí no es sencillo, debiendo sopesar factores como sus objetivos políticos, la probabilidad de éxito de alternativas menos disruptivas, el grado de necesidad percibido por los manifestantes y el daño económico generado a terceros. Matizar entre bloqueos pacíficos versus actos violentos conexos también es relevante. Ciertamente este episodio evidencia los complejos dilemas éticos al evaluar daño a la propiedad en contextos de acción colectiva contenciosa.

4.3. Saqueos en Lima

Finalmente, el tercer episodio característico de violencia contra la propiedad durante las recientes jornadas de protesta en Perú fueron los múltiples saqueos a tiendas comerciales registrados en Lima en diciembre, tras las grandes marchas contra el gobierno.

Los saqueos, grabados en video y ampliamente difundidos, se focalizaron especialmente en tiendas de electrodomésticos y centros comerciales, pero también afectaron a pequeños negocios. La Defensoría del Pueblo reportó más de 200 establecimientos saqueados solo en Lima, mientras la policía informó cientos de detenidos por estos actos.

A diferencia de los casos anteriores, el componente de reclamo político en estos saqueos parece haber sido mínimo. Si bien grupos de izquierda intentaron presentarlos como una protesta social contra las élites empresariales, la mayoría de las analistas concordaron en que se trató principalmente de actos de oportunismo criminal, que requieren un claro repudio ético, más allá de su explicación sociológica por los altos niveles de pobreza y necesidad material insatisfecha. Una minoría aprovechó el caos de las protestas para cometer actos delictivos injustificables.

5. Análisis de los episodios a la luz del marco teórico

5.1 Interpretación diferenciada de los distintos hechos

5.1.1. Criterios de proporcionalidad en ética de la resistencia aplicados a la quema de comisarías

La quema de comisarías, especialmente en ciudades como Andahuaylas, cumpliría parcialmente con el principio de inmunidad, dado que la policía ha sido señalada como directamente responsable de casos de represión violenta y abusos contra manifestantes. Sin embargo, no toda la institución policial parece responsable de dichos actos.

En cuanto al principio de economía, si bien la quema de comisarías envía un mensaje contundente, destruir completamente las instalaciones podría ser una reacción excesiva, cuando bastaría con daños más acotados de carácter simbólico.

Bajo un cálculo consecuencialista, estos ataques generaron una reacción adversa de gran parte de la opinión pública, que los ve como actos delictivos antes que como protesta legítima.

Sobre la proporcionalidad, habría que analizar en detalle casos comprobados de violaciones a derechos humanos por parte de dichas comisarías para comparar daños.

Se cumple el principio de atacar bienes materiales y no directamente vidas humanas. Pero la posibilidad de restitución es nula en las comisarías incendiadas.

En conclusión, si bien la quema de comisarías tiene una justificación política parcial, en varios aspectos críticos se exceden los criterios éticos de proporcionalidad, por lo que una buena parte de estos ataques deben considerarse excesos condenables.

5.1.2. Criterios de proporcionalidad en ética de la resistencia aplicados a la destrucción del aeropuerto de Andahuaylas

Uno de los episodios más controversiales dentro de la ola de protestas tras la crisis política de diciembre de 2022 fue la destrucción y quema del aeropuerto de Andahuaylas, en la región Apurímac. En medio de las manifestaciones contra el gobierno, un grupo de encapuchados tomó y vandalizó las instalaciones del aeropuerto, dañando por completo e incendiando las áreas de embarque y la torre de control.

Este grave atentado contra la infraestructura pública debe analizarse críticamente a la luz de los principios éticos de proporcionalidad delineados por la filosofía de la resistencia civil. En este caso, resulta claro que la destrucción del aeropuerto viola varios criterios fundamentales.

En primer lugar, se trata de una instalación que brinda un servicio esencial a toda la población de la región y que no puede considerarse como un objetivo legítimo de protesta, incumpliendo el principio de inmunidad. En segundo término, el nivel de daño fue claramente excesivo, pues bastaba con acciones de carácter simbólico para enviar un mensaje de rechazo, contraviniendo el principio de economía.

Asimismo, bajo un análisis consecuencialista, esta acción tuvo un fuerte impacto negativo al perjudicar gravemente la conectividad y economía regional, además de granjearse el rechazo de la opinión pública. El daño parece desproporcionado en comparación con los abusos que se denunciaban. Y su carácter irreversible dificulta cualquier posibilidad de restitución.

Más allá de la legitimidad de las demandas sociales, la destrucción del aeropuerto de Andahuaylas constituyó un exceso injustificado que debilitó éticamente la causa de los manifestantes. Representa uno de los casos paradigmáticos de violación de principios de proporcionalidad en el contexto de las recientes protestas. Por ello, debe ser enérgicamente condenado, sin que esto implique deslegitimar el conjunto de reclamos ciudadanos. Discernir entre formas legítimas e ilegítimas de protesta es indispensable para fortalecer una resistencia civil éticamente consistente.

5.1.3. Criterios de proporcionalidad en ética de la resistencia aplicados al bloqueo de vías y ataques a camiones en Ica

Las protestas sociales en Ica incluyeron medidas como el bloqueo de importantes vías de comunicación y ataques incendiarios contra camiones de carga. Analizar estos episodios a la luz de los principios éticos de proporcionalidad arroja algunas reflexiones relevantes.

Si bien los bloqueos de carreteras generan molestias y afectan la libre circulación, pueden considerarse una medida de presión social y económica justificable en contextos de injusticia aguda. Cumplen parcialmente el principio de inmunidad y su carácter temporal permite la restitución una vez culminada las protestas. Sus efectos parecen proporcionales al daño infligido por el régimen cuestionado.

Sin embargo, los ataques directos a vehículos privados son más cuestionables. No necesariamente recaen sobre los responsables de las injusticias, por lo que no satisfacen el principio de inmunidad. Además, sus consecuencias son más severas al destruir activos privados esenciales para la economía local. Su grado de daño resulta excesivo en comparación con las demandas sociales. Y al destruir los camiones impiden cualquier posibilidad de restitución posterior.

Por ello, si bien medidas como los bloqueos de vías pueden legitimarse según una ética de la resistencia civil, los ataques a camiones cruzan el umbral y deben considerarse excesos censurables éticamente. Discernir entre estas formas de protesta resulta esencial para fortalecer la proporcionalidad y responsabilidad de la movilización social frente a agravios (HUME, 1778).

5.1.4. Criterios de proporcionalidad en ética de la resistencia aplicados a los saqueos en tiendas de electrodomésticos en Lima

Uno de los hechos más reprochables durante las jornadas de protesta en Lima fueron los saqueos masivos a tiendas comerciales, especialmente de electrodomésticos y centros de abastos. Desde una perspectiva ética, estos episodios representan una transgresión evidente de los principios de proporcionalidad en la resistencia civil.

En primer lugar, las tiendas y negocios afectados no pueden considerarse objetivos legítimos de protesta, ya que no son los directos responsables de las injusticias estructurales que motivaron la movilización social. Por tanto, se infringe de lleno el principio de inmunidad.

En segundo término, la magnitud de los saqueos y los enormes daños ocasionados superan largamente el nivel necesario para enviar un mensaje de protesta simbólica. Constituyen entonces una reacción desproporcionada y excesiva que contradice el principio de economía.

Asimismo, estas acciones se granjearon un amplio rechazo de la opinión pública, incluyendo sectores que apoyaban las demandas de los manifestantes pero que condenaron los saqueos. Por ello, bajo un cálculo consecuencialista, debilitan la causa que buscaban promover (Moore, 1966).

Comparativamente, el daño infligido por estos saqueos masivos supera con creces el grado de violación de derechos atribuido al régimen, tornándose en una reacción desmedida. Además, al destruir y apropiarse de las mercancías, se imposibilita cualquier restitución posterior.

En conclusión, más allá de la legitimidad de los reclamos populares, los saqueos a tiendas en Lima representan una contravención injustificable de principios éticos que sólo contribuye a deslegitimar la protesta social. Deben ser enfáticamente condenados sin que ello implique criminalizar la protesta en su conjunto.

5.2. Violencia política vs. violencia oportunista: matices éticos en los actos de protesta

Al analizar comparativamente los distintos episodios de ataques a la propiedad ocurridos en el contexto de las recientes protestas en Perú, se aprecian diferencias importantes tanto en las motivaciones como en el grado de justificación ética que podría argumentarse en cada caso.

La quema de comisarías, aunque ciertamente reprochable como acto de violencia, puede entenderse al menos como una reacción extrema contra una institución directamente responsable de la represión policial vivida. En ese sentido, tendría un mínimo componente de reclamo político.

Los bloqueos de carreteras, por su parte, aunque generaron un enorme daño económico, se enmarcaron claramente como una estrategia de presión social frente a la exclusión de demandas ciudadanas, con una lógica política. Los excesos violentos fueron en todo caso perpetrados por una minoría.

En contraste, los saqueos masivos en Lima parecen haber respondido principalmente a un oportunismo delictivo, aprovechando el caos de las protestas, más que a un genuino reclamo político o social. Por ello, su justificación ética parece más cuestionable.

Si bien todos estos hechos pueden explicarse en parte por el contexto de crisis, es claro que no todos caben igualmente dentro de una lógica de desobediencia civil. Los matices importan, desde una perspectiva ética, a la hora de valorar las acciones, sus causas, y las respuestas más apropiadas (ARCE, 2010).

Esta diferenciación no busca justificar o minimizar ninguna acción de violencia, sino comprender los distintos grados de motivación política versus oportunismo que pueden inferirse en cada caso, según el contexto.

Por ejemplo, los saqueos masivos carecieron casi por completo de un horizonte de reclamo social, siendo actos de pillaje individualista, mientras que los bloqueos de vías fueron una estrategia de presión colectiva dentro de un movimiento organizado, aunque con excesos.

Matizar estos aspectos es relevante para el análisis ético, más allá de comprender las causas socioeconómicas subyacentes. Ayuda a dimensionar mejor dónde pudo haber habido violencia politizada versus violencia oportunista.

Asimismo, es clave distinguir entre destrucción focalizada (comisarías) versus indiscriminada (saqueos). La primera podría argumentarse al menos como un mensaje de rechazo a abusos específicos; la segunda es éticamente más cuestionable por su generalización.

El estudio de estos casos muestra la complejidad de determinar límites éticos claros frente a la violencia en protestas. Pero un análisis contextualizado puede aportar claves para entender diferencias entre distintos tipos de hechos, sin justificar excesos, pero evitando también simplificaciones maniqueas. Las motivaciones cuentan, éticamente.

6. Reflexiones finales sobre protesta, violencia y propiedad en el Perú actual

La ola de protestas y violencia contra la propiedad ocurrida en Perú plantea complejos dilemas éticos que exigen un análisis profundo y matizado.

Si bien toda violencia es problemática, descalificar moralmente a los manifestantes sin más sería un error. Sus acciones disruptivas surgieron de prolongadas frustraciones por vías institucionales bloqueadas y abusos sufridos. El reto ético es comprender esa rabia acumulada, sin absolverla (LOCKE, 1960).

Quizás puede argumentarse una cierta legitimidad ética en daños focalizados como respuesta a agravios específicos del Estado, pero no en la destrucción indiscriminada. Posiblemente los bloqueos económicos extremos sean entendibles tras el fracaso de alternativas moderadas, aunque lamentables. Pero nunca la violencia dirigida contra personas.

Más que trazar una línea ética precisa sobre lo (in)admisible en las protestas, se requiere un equilibrio reflexivo casuístico, sopesando dilemas contextuales con firmes principios morales. No cabe ni la represión arbitraria ni la apología naïf de la violencia.

Soluciones simplistas como mayor mano dura policial serían contraproducentes. Deben atenderse las demandas sociales subyacentes y reconstituir la legitimidad democrática. Condenar sin entender llevaría a ignorar los motivos del estallido social, ahondando las causas del problema. Una convivencia democrática estable solo puede lograrse mediante justicia social y diálogo sincero (BEMBE, 2023).

Más que enfocarse en condenar o justificar acciones, el análisis ético debe buscar comprender las complejas motivaciones humanas tras los hechos, la mezcla de razones y emociones, sin caricaturas maniqueas. No se trata de absolver o condenar a los actores, sino de entender sus dilemas en contextos de exclusión prolongada.

Por ello, la respuesta debe ser abordar las causas sociopolíticas subyacentes que llevan al quiebre de la convivencia social. Ni la mano dura ni la absolución moral llevarán muy lejos. El camino debe ser la sensibilidad contextual en el análisis ético, el fortalecimiento institucional democrático y un nuevo pacto social más inclusivo para atender demandas históricamente postergadas (CORWIN, 1958).

Restaurar la confianza cívica en las instituciones requerirá a su vez reformas para garantizar transparencia y rendición de cuentas, canales de expresión no violenta de disensos, y una protección equilibrada de derechos humanos. Sancionar abusos, pero también comprender la legitimidad del reclamo.

La reflexión debe trascender la dimensión punitiva y abordar la crisis actual en Perú de forma integral, combinando firmeza ética ante la violencia con apertura social al diálogo, la empatía hacia los manifestantes y políticas activas de inclusión democrática y justicia social. Ese es el desafío.

Referencias bibliográficas

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Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  09 Ago 2024
• Fecha del número
  Apr-Jun 2024

Histórico

• Recibido
  26 Feb 2024
• Acepto
  02 Jun 2024