De desplazados rurales a segregados urbanos. Programa de vivienda gratuita para víctimas del conflicto armado en Cali

De deslocados no campo a segregados na cidade. Programa de habitação gratuita para as vítimas do conflito armado em Cali

From rural displaced to urban segregated. Free housing program for victims of the armed conflict in Cali

Resumen

Este artículo presenta el caso del barrio Llano Verde, el único proyecto de vivienda gratuita construido en Cali, Colombia, en el marco de un programa nacional que incluyó entre sus objetivos la reparación de víctimas del conflicto armado. La hipótesis orientadora de este trabajo es que las políticas de planeación y vivienda en Cali han sido utilizadas como mecanismos legítimos para reproducir patrones de segregación propios de la era colonial. Sin embargo, a rasgos diferenciadores frecuentes como la etnicidad y la clase, se ha sumado en las décadas recientes la categoría de desplazado; una denominación oficial que hace alusión a los migrantes forzados víctimas del conflicto armado. Mediante la aplicación de un enfoque multidimensional y multiescalar que combina métodos cuantitativos y cualitativos, este trabajo indaga sobre aspectos territoriales y socioeconómicos del caso de estudio a partir de la revisión de las condiciones urbanísticas y ambientales, la conectividad para las oportunidades laborales y la violencia directa y simbólica. Los resultados muestran que la planeación y los proyectos de vivienda social en Cali no solo han fracasado en revertir la segregación socio-espacial, sino que han contribuido de manera directa en la perpetuación de este fenómeno.

Palabras clave:
Planeación urbana; Segregación socio-espacial; Víctimas del conflicto; Pertenencia étnica; Violencia urbana

Resumo

Este artigo apresenta o caso do bairro Llano Verde, o único projeto de moradia gratuita construído em Cali, Colômbia, dentro da estrutura de um programa nacional que incluía entre seus objetivos a reparação das vítimas do conflito armado. A hipótese orientadora deste estudo é que as políticas de planejamento e habitação em Cali foram usadas como mecanismos legítimos para reproduzir os padrões de segregação da era colonial. No entanto, nas últimas décadas, além das características diferenciadoras comuns, como etnia e classe, foi acrescentada a categoria de pessoa deslocada; à denominação oficial que se refere aos migrantes forçados que são vítimas do conflito armado. Usando uma abordagem multidimensional e multiescalar que combina métodos quantitativos e qualitativos, este artigo investiga os aspectos territoriais e socioeconômicos do estudo de caso, analisando as condições urbanas e ambientais, a conectividade para oportunidades de trabalho e a violência direta e simbólica. Os resultados mostram que o planejamento e os projetos de habitação social em Cali não só não conseguiram reverter a segregação socioespacial, como contribuíram diretamente para a perpetuação desse fenômeno.

Palavras-chave:
Planejamento urbano; Segregação socioespacial; Vítimas de conflitos; Etnia; Violência urbana

Abstract

This article presents the case of the Llano Verde neighborhood, the only free housing project built in Cali, Colombia, within the framework of a national program that included among its objectives the reparation of victims of the armed conflict. The guiding hypothesis of this paper is that planning and housing policies in Cali have been used as legitimate mechanisms to reproduce patterns of segregation typical of the colonial era. However, in recent decades, in addition to frequent differentiating features such as ethnicity and class, the category of displaced person, an official denomination that alludes to forced migrants who are victims of the armed conflict, has been added. By applying a multidimensional and multiscale approach that combines quantitative and qualitative methods, this work investigates territorial and socioeconomic aspects of the case study based on a review of urban and environmental conditions, connectivity for labor opportunities, and direct and symbolic violence. The results show that planning and social housing projects in Cali have not only failed to reverse socio-spatial segregation but have directly contributed to the perpetuation of this phenomenon.

Keywords:
Urban planning; Socio-spatial segregation; Conflict victims; Ethnicity; Urban violence

Introducción

No comparto el rótulo que le pusieron: “Programa de Vivienda Gratuita” porque para mí no es gratuita porque resulta que para poder tener una vivienda perdí a mi hermano, perdí a mi mamá, perdí mi territorio que ya no lo tengo; entonces ¿es gratuita? (Información verbal, líder social de Llano Verde, 2017).

En Colombia más de 9.500.000 personas han sido víctimas del conflicto armado, de las cuales alrededor de 8.450.000, que corresponde al 16% del total de la población del país, han reportado como hecho victimizante el desplazamiento forzado (Colombia, 2023b). Para hacer frente a los efectos del conflicto en la población civil, desde 1997 el Congreso de la República y la Corte Constitucional han promulgado una serie de leyes, sentencias y autos que hacen referencia a medidas tomadas para prevenir el desplazamiento forzado y resultados obtenidos en materia de atención a las víctimas.

Para suplir la demanda de vivienda de las víctimas de desplazamiento que llegaron a las principales ciudades del país, el gobierno de Juan Manual Santos diseñó e implementó el Programa de vivienda 100% subsidiada con el objetivo de entregar “[...] vivienda totalmente gratis [a] los más pobres del país” (Santos, 2012). A partir de ese momento y durante sus dos periodos de gobierno, se construyeron 200.000 viviendas cuyos beneficiarios fueron personas desplazadas, hogares inscritos en programas de superación de pobreza extrema, familias afectadas por desastres naturales o que estaban ocupando zonas de alto riesgo (Colombia, 2012). A pesar de las críticas sobre el enfoque (Ceballos & Caquimbo, 2014; Gilbert, 2014), el gobierno nacional puso en marcha el programa, centrado únicamente en la construcción de las viviendas y la infraestructura vial y de servicios públicos, sin destinar recursos para equipamientos colectivos y programas sociales.

Pocos años después de la entrega de las viviendas muchos beneficiarios empezaron a experimentar la profundización de la pobreza por la desconexión de los barrios con las áreas de empleo, sumada a las cargas económicas relacionadas con la tenencia de una vivienda propia, así como problemas de seguridad vinculados con crímenes menores, homicidios y control territorial para la extorsión y el micro-tráfico por parte de grupos criminales (Correa et al., 2014; Franco-Calderón, 2020; Sliwa & Wiig, 2016; Vanegas, 2020).

En el caso de Cali solo se construyó un barrio en el marco del programa de vivienda gratuita, denominado Llano Verde, que fue entregado a los beneficiarios entre 2013 y 2014. A partir del análisis de este caso, el objetivo del presente artículo es analizar, a través de una aproximación multidimensional y multiescalar, tres factores claves para entender cómo ciertos modelos de vivienda social contribuyen a producir y perpetuar la segregación socio-espacial: 1) las condiciones urbanísticas y ambientales, 2) la conectividad para las oportunidades laborales y 3) la violencia directa y simbólica. Estos factores se escogieron como lente de análisis porque abarcan dimensiones esenciales de la calidad de vida en los barrios como el acceso a servicios urbanos básicos, la calidad ambiental, las posibilidades para generar ingresos y la convivencia.

Para analizar el caso de estudio a la luz de estos factores, además de las categorías etnicidad y clase usadas con frecuencia en los estudios sobre crecimiento urbano segregado, se adicionó la categoría desplazado por el conflicto armado; una condición que corresponde a casi la totalidad de la población del barrio Llano Verde. Esta categoría permite realizar un análisis sobre la situación de los migrantes forzados internos quienes, tras ser obligados a abandonar sus territorios, deben registrarse ante la Unidad para las Víctimas como “desplazados” para acceder a atención humanitaria, restablecimiento de derechos y reparación. En Colombia, un desplazado es,

[...] toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público. (Colombia, 1997, p. Art. 1).

En muchos casos, esta denominación impone un estigma sobre una población que empieza a ser identificada como parte del conflicto armado con connotaciones negativas (CNMH, 2015). Como lo señala Arcila (2015, p. 2016), en el país es común escuchar “[...] si lo desplazaron debió ser por algo”.

Segregación socio-espacial de los migrantes forzados en América Latina, Colombia y Cali

En Latinoamérica la segregación socio-espacial, entendida como “[...] la separación residencial en el espacio de diversos grupos que comparten características socioeconómicas, demográficas, étnicas o culturales” (Bahos et al., 2023, p. 9), tiene sus raíces en la era colonial, periodo en el cual el modelo urbano reticular impuesto por las Leyes de Indias contribuyó en reproducir espacialmente el sistema de jerarquías sociales y exclusión característico de la época (Connolly, 2017; Hernández, 2017; Hernández & Kellett, 2012). La herencia colonial en el uso de factores diferenciadores como la raza en el crecimiento urbano segregado ha sido tan fuerte en América Latina que a inicios del siglo XX se construyeron barrios abiertamente exclusivos para personas con “piel clara” (Nightingale, 2012, p. 403). Esta segmentación social de las ciudades basada en factores diferenciadores como raza y clase se ha logrado mantener en la era post-colonial mediante el uso de mecanismos como la planeación urbana (Franco-Calderón, 2020; Hernández & Becerra, 2017) y programas gubernamentales como la entrega de lotes con servicios públicos y la legalización de asentamientos informales en las periferias urbanas, como se dio en el caso de las colonias proletarias en Ciudad de México (Connolly, 2017) o en las barriadas en Perú (Riofrío, 2003).

El papel de la clase social en la segregación, sin embargo, no ha sido tan evidente pues la noción de clase se ha vinculado tanto a la etnicidad como a las condiciones socioeconómicas de las personas. En el primer caso, Urrea & Echeverry (2015, p. 245) sugieren que “[...] las clases sociales se clasifican y diferencian socialmente a partir de colores de piel”. En el segundo, algunos autores indican que la clase se ha reemplazado por categorías más aprehensibles como estatus (Bayón, 2012; Valladares, 1990) e incluso medibles como los estratos socioeconómicos (Uribe, 2008). Bajo este último enfoque se orientaron gran parte de las investigaciones sobre segregación residencial realizadas a finales del siglo XX en América Latina (Greenstein et al., 2000).

La incorporación de la categoría desplazado o migrante forzado en los estudios sobre segregación socio-espacial no tuvo tanto despliegue en las décadas de 1980 y 1990, pero empezó a tomar fuerza a inicios del siglo XXI por la agudización de este fenómeno. A trabajos como el de Iracheta (2012) sobre segregación de migrantes forzados por degradación ambiental en México, se han sumado investigaciones sobre la segregación de población desplazada colombiana en países como Ecuador (Olaya, 2019) y Chile (Echeverri, 2016; Stang & Stefoni, 2016).

En el caso específico de Colombia, la relación entre segregación, crecimiento informal periférico y migración interna forzada —esta última agudizada entre la década de 1990 y la primera década del siglo XXI— ha sido un fenómeno de exploración reciente. Se destacan trabajos sobre segregación socio-espacial de población desplazada a nivel nacional (Cancimance López, 2014), investigaciones realizadas en ciudades capitales como Bogotá (Arcila, 2015; González, 2014), Medellín (Naranjo et al., 2017; Naranjo & Hurtado, 2003), Cali (Bahos et al., 2023; Castillo-Valencia et al., 2022) y en municipios pequeños como Tumaco (Sánchez-Steiner & Rosero, 2022) y Mocoa (Sánchez-Steiner, 2012), las cuales experimentaron cambios sustanciales en su morfología por la llegada masiva de migrantes forzados.

En el caso de Cali, donde más de un cuarto de la población se auto-reconoce como afrodescendiente (Colombia., 2005), Barbary (1999, 2004) y Barbary et al. (1999) desarrollaron estudios pioneros que años antes del censo hicieron visible la concentración de la población afrodescendiente en el oriente de la ciudad y mostraron la correlación que existía entre etnicidad y segregación residencial. Investigaciones más recientes han ampliado la discusión sobre este fenómeno mediante la combinación de variables como etnicidad y capital humano (Vivas, 2013), violencia homicida en las periferias racializadas (Castillo-Valencia et al., 2022; Quintín & Urrea, 2000) y la segregación de víctimas de desplazamiento forzado pertenecientes a minorías étnicas (Bahos et al., 2021).

Si bien la información sobre lugar de residencia de las personas desplazadas en Colombia es limitada por razones de confidencialidad, la segregación de las víctimas en contextos urbanos está implícita en análisis realizados por la Corte Constitucional. Por ejemplo, el Auto 373 hace referencia a la aceleración del crecimiento urbano informal periférico como producto del desplazamiento forzado y a la incapacidad del gobierno para garantizar una vivienda digna a las víctimas. De acuerdo con la Corte,

[...] sigue siendo un vacío […] la falta de identificación de los asentamientos precarios o mixtos en los que se encuentra la población desplazada y la falta de iniciativas para formalizarlos o incluirlos dentro de la planeación urbana (Colombia, 2016, p. 267).

Como se mostrará en las secciones siguientes, la vivienda gratuita no solo falló en la reducción del déficit, sino que contribuyó en agudizar la segregación en las ciudades.

Vivienda social y segregación residencial. El caso de Llano Verde

Además de las categorías relacionadas con la segregación socio-espacial mencionadas anteriormente, para el abordaje del caso de estudio también son claves las discusiones recientes a nivel latinoamericano sobre el papel de los proyectos de vivienda social en la intensificación de este fenómeno. Caldeira (2017), por ejemplo, explica cómo la concepción actual de la vivienda como una mercancía ha impulsado el desarrollo de proyectos con bajos estándares, en localizaciones remotas y con espacios terminados que no se ajustan a las necesidades de los usuarios. Así mismo, estudios que abordan resultados de proyectos de vivienda social en Chile, como los realizados por Jirón (2012) y más recientemente por Rojas Trejo & Silva (2021), muestran los efectos perversos de programas concebidos con enfoque descendente y estándares mínimos que apuntan a disminuir el déficit habitacional. Proyectos de este tipo, entre los cuales se incluye el programa de vivienda gratuita promovido en Colombia entre 2012 y 2018, se vienen desarrollando en toda la región con efectos perversos como la intensificación de la pobreza, la marginalidad, la estigmatización de los habitantes e incluso el incremento de la violencia urbana. Esto demuestra que fenómenos como la segregación socio-espacial pueden ser producidos no solo por estructuras de poder que buscan mantener un orden social, sino también por aparatos legítimos como la planeación urbana que tienen como objetivo mantener un orden espacial (Franco-Calderón, 2020).

El barrio Llano Verde, ubicado en la comuna 15 de Cali, está conformado por 4.321 viviendas unifamiliares de dos pisos, con un área construida de 47 metros cuadrados en lotes de 35 metros cuadrados agrupados en manzanas alargadas. Del total de viviendas, 3.523 fueron asignadas al Programa de vivienda 100% subsidiada para una población cercana a las 12.000 personas, de las cuales el 98% fueron víctimas del conflicto armado (Colombia, 2013b). Los beneficiarios del proyecto corresponden al 5,4% de las cerca de 210.000 personas que se han registrado en Cali como desplazados (Colombia, 2023b). Las 798 viviendas restantes fueron parte de un programa de la alcaldía para reubicar familias en riesgo asentadas sobre el dique del río Cauca. A diferencia de otros barrios construidos en el marco del Programa de vivienda 100% subsidiada, en Llano Verde, el gobierno nacional no inició las obras, sino que compró las viviendas en construcción a un desarrollador privado que adelantaba este proyecto en la última porción de suelo disponible en el borde urbano oriental de la ciudad.

La localización del barrio en un sector periférico del oriente es producto de sucesivos planes urbanos que han contribuido en la perpetuación del crecimiento segregado mediante el cual el centro histórico y el eje norte-sur han sido destinados a desarrollos inmobiliarios para familias con ingresos medio-altos y altos y las periferias occidental y oriental de la ciudad, ambas con propensión a los desastres naturales, se han dejado reservadas para las familias con ingresos bajos. Este es el caso del Distrito de Aguablanca (conjunto conformado por las comunas 13, 14, 15 y 21) donde se localiza Llano Verde, históricamente una zona de amortiguación de inundaciones del río Cauca que fue intervenida a finales de la década de 1950 con el proyecto denominado “Proyecto Aguablanca”, el cual permitió desecar la zona inundable del oriente de Cali hasta el borde del Cauca, y se constituyó en la operación de habilitación de suelo urbano más importante del siglo XX. Al mismo tiempo, este proyecto fue la ratificación de la capacidad de las clases dirigentes de mantener el modelo de crecimiento urbano segregado (Aprile-Gniset, 1992; Vásquez, 2001).

Al determinarse que la vivienda gratuita en Cali quedaría en el Distrito de Aguablanca, Llano Verde aún sin ser construido, ya tenía una localización desventajosa relacionada con el hecho de estar en el Distrito y, particularmente, en la comuna 15: lejos de las áreas de empleo, sin rutas de transporte público y enclavado en el sector con las mayores tasas de desempleo y violencia homicida de la ciudad (Figura 1).

Figura 1
- Localización del caso de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (Alcaldía de Cali, 2023).

En cuanto a la caracterización de los pobladores del barrio, el 65% de los hogares tienen jefatura femenina, más del doble del porcentaje registrado para Cali, estimado en 31,8% (Colombia, 2013a). Esto denota una gran vulnerabilidad pues la responsabilidad económica del hogar recae en las mujeres quienes, en el contexto latinoamericano, también se destacan por ser mayoritariamente las encargadas de las labores del cuidado (Batthyány, 2021). El censo realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Colombia, 2013b) también permitió establecer que el 11,8% de la población se autoreconoce como minoría étnica (7,5% son afrodescendientes y 4,3% indígenas). Con respecto a los grupos de edad, a diferencia de Cali donde la pirámide poblacional se ha estrechado en la base correspondiente a los grupos infantiles y preadolescentes, en Llano Verde la mayor población está entre los 10 y los 19 años, con una presencia baja de personas de la tercera edad. Finalmente, los datos muestran que los hogares más vulnerables de la comuna 15 son los de Llano Verde pues, de acuerdo con la encuesta del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Colombia, 2017) en una escala de 1 a 100, donde cero es el mayor grado de vulnerabilidad, predominan los puntajes entre 30 y 40 puntos; un rango bajo frente a los barrios colindantes Morichal o Ciudad Córdoba con puntajes que oscilan entre los 60 y los 80 puntos.

Metodología

Para el análisis de los tres factores propuestos se recurrió a métodos mixtos para producir información primaria y analizar información secundaria de entidades gubernamentales. En lo referente a métodos cuantitativos, se realizaron análisis de ocho bases de datos, entre las cuales se destacan el Censo Nacional de Población y Vivienda (Colombia., 2018), la encuesta Sisbén III, la base de datos de beneficiarios del Programa de vivienda 100% subsidiada (Colombia, 2013b), las estadísticas del Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del conflicto armado de la Secretaría de Salud Pública y las estadísticas sobre homicidios del Observatorio de Seguridad de Cali (Colombia, 2023c). Estos datos permitieron la producción de datos agregados y la elaboración de la cartografía. Como marco normativo se estudiaron el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali y las leyes y decretos específicos adoptados por el gobierno nacional como soporte para la implementación Programa de vivienda 100% subsidiada.

La recolección de información cualitativa se realizó mediante 48 entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo entre 2017 y 2020, de las cuales 21 fueron a líderes comunitarios de Llano Verde, 20 a funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos nacional y local, y siete a académicos de las universidades de Cali con investigaciones sobre segregación, vivienda social y violencia urbana¹. La información obtenida en las entrevistas fue complementada con observación participante y no participante realizada en el barrio durante diez meses discontinuos entre 2017 y 2019, con acompañamiento de los líderes. Los datos obtenidos se presentan para cada uno de los factores analizados mediante la utilización de mapas elaborados a partir de las bases de datos oficiales, mapas resultantes del trabajo de campo y fragmentos de entrevistas.

Discusión y resultados: factores claves para entender la segregación socio-espacial en el caso de Llano Verde

Como se mencionó, Cali ha sido una ciudad segregada desde su fundación. La prosperidad económica, que la caracteriza por su localización estratégica en un valle con vocación agrícola y su cercanía al puerto marítimo más importante del Pacífico colombiano, contrasta con el hecho de que cerca de la tercera parte de la población está en condiciones de pobreza monetaria y la riqueza se acumula en pocas manos, como lo muestra un coeficiente de Gini estimado en 0,51 (Colombia, 2023a). Geográficamente las áreas destinadas a familias de estratos socioeconómicos altos y medio-altos se concentran en el eje norte-sur, mientras que en los cerros occidentales y la planicie del oriente se ubican los hogares de estratos socioeconómicos medio-bajo y bajo. Esta concentración de la población de escasos recursos en el oriente, particularmente en las comunas que conforman el Distrito de Aguablanca, es el resultado de un modelo de planeación segregacionista que desde la década de 1950 determinó esta zona para desarrollos de vivienda social. En esta área se intersectan factores como pobreza, etnicidad y localización periférica, pues allí se concentra la población con menores estratos socioeconómicos que a la vez se autoreconoce como afrodescendiente (Figura 2).

Figura 2
- Estratos socioeconómicos y ubicación de personas que se autoreconocen como afrodescendientes. Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo de Planeación (Alcaldía de Cali, 2023) y Departamento Nacional de Estadística (Colombia, 2018).

Bajo este patrón de desarrollo urbano segregado no sorprende que la ubicación del Llano Verde se haya dado en el borde oriental. Las ventajas económicas de construir el barrio en un área plana como el Distrito de Aguablanca, en suelo con precio bajo por sus condiciones de localización y la mala calidad espacial del entorno, no se tuvieron en cuenta frente a posibles desventajas que podría experimentar la población desplazada al tener que vivir un sector tan complejo de la ciudad. Como se presentará en las secciones siguientes, a los problemas de carácter ambiental, funcional y económico relacionados con la localización del barrio, se sumaron la estigmatización de los beneficiarios del proyecto por parte de los vecinos y la rápida llegada de la violencia relacionada con retaliaciones y disputas por el control territorial, dos prácticas profundamente arraigadas en el oriente de Cali (Castillo-Valencia et al., 2022).

Condiciones urbanísticas y ambientales

El POT de Cali, aprobado en el año 2000 y revisado en el 2014, refuerza el modelo de crecimiento urbano segregado, lo cual es evidente en al menos dos aspectos. Por un lado, la disposición normativa sobre usos del suelo asigna de manera homogénea la actividad residencial predominante —vivienda con comercio y servicios de baja escala— a la zona oriente y los sectores de la ladera occidental ocupadas con barrios precarios y asentamientos informales. La asignación de una sola actividad en estas áreas permite inferir que no hay intenciones de promover la creación de nuevas centralidades, nodos de equipamientos o de empleo, pues con la norma se ratifica la tendencia propia de los barrios populares donde las familias usan la vivienda como un activo para la generación de ingresos en un contexto de economías de subsistencia (Gilbert, 2001). Por otro lado, las áreas de oportunidad delimitadas en el POT para el desarrollo de proyectos de vivienda social son esencialmente periféricas y se ubican en barrios con estratos socioeconómicos medio-bajos y bajos. Este patrón segregacionista es descrito por una exfuncionaria de la alcaldía de Cali de la siguiente manera:

Es como tratar de esconder a la gente; tratar de llevársela para los sectores más feos, eso no tiene sentido. La planificación de ciudad genera una barrera impresionante. ¿Por qué tenemos los cordones de miseria? ¡Por la planificación! (Información verbal, exfuncionaria del gobierno de Cali, 2017).

Además de tener una localización desventajosa, los polígonos demarcados para vivienda social no tienen el área suficiente para cubrir el déficit cuantitativo estimado, lo cual indica que la oferta dentro del perímetro urbano y el suelo de expansión en los próximos años no será suficiente (Franco-Calderón, 2020). El poco suelo asignado para este tipo de vivienda en el POT hace que el suelo vacante esté dirigido a proyectos para segmentos sociales de estratos medios y altos, dejando a los municipios vecinos la tarea de acoger la vivienda social.

En este contexto, a pesar de estar dentro del perímetro urbano, la localización de Llano Verde es desventajosa en términos físico-espaciales dado que la comuna 15 se caracteriza por una baja calidad urbanística expresada principalmente en un diseño urbano deficiente, viviendas con estándares mínimos y usos del suelo predominantemente residenciales. A la accesibilidad limitada que tienen las personas a los espacios públicos por cuestiones relacionadas con el control territorial por parte de grupos ilegales, se suma la baja calidad urbanística relacionada con la poca oferta de equipamientos de servicios básicos en la zona. En el momento en que los beneficiarios de Llano Verde recibieron las viviendas, el barrio no contaba con colegio, centro de salud ni jardines infantiles, lo que obligó a los residentes a buscar alternativas en otros sectores del oriente de la ciudad, como lo describe un habitante de Llano Verde:

Mi niña tiene 15 años y está en primero de bachiller, cuando fui reubicado me dijeron que tenía colegio pero no aquí en Llano Verde. ¿Sabe cuánto se demoró la ruta [del bus]? ¡Cinco meses! En esos cinco meses la niña pasó por cuatro escuelas […] Muchos niños se cansaron de eso y hoy por hoy son extra-edad o desescolarizados. (Información verbal, líder social de Llano Verde, 2017).

Al poco acceso a servicios básicos se suma el bajo confort climático que tienen los residentes, pues el barrio está localizado en la zona con mayores islas de calor de la ciudad y presenta una baja densidad arbórea, con 0,017 árboles por habitante (Figura 3). La cobertura arbórea es determinante en una ciudad como Cali, con un clima promedio de 23ºC que puede llegar a 35ºC en las temporadas secas.

Figura 3
- Islas de calor en Cali y densidad arbórea en el caso de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de IDESC (Alcaldía de Cali, 2023) y Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Colombia, 2022a).

A lo anterior hay que añadir la baja calidad ambiental del área circundante. En el suelo rural que colinda con Llano Verde estuvo en servicio el relleno sanitario de Navarro entre 1967 y 2008. Estudios como el de Cárdenas (1998) han demostrado que la descarga de lixiviados en esta zona ha producido efectos negativos en las aguas subterráneas y los suelos del oriente. En cuanto a la calidad del aire, un análisis epidemiológico realizado por Gómez et al. (2008, p. 252) certificó la presencia de benceno y metano tres kilómetros a la redonda del relleno. Con base en investigaciones que afirman que la producción de gases en este tipo de rellenos puede continuar hasta por 50 años, estos investigadores recomendaron en 2008 “[...] no permitir asentamientos humanos alrededor del [Botadero de Navarro, tres kilómetros a la redonda] aún después de su cierre definitivo”. Llano Verde se construyó a 2 kilómetros del relleno.

Como lo afirman Auyero & Burbano de Lara (2012) las investigaciones sobre los pobres urbanos en América Latina no han entrado a fondo en la discusión sobre el ambiente degradado en el que usualmente viven y los efectos colaterales de la mala calidad ambiental en su salud presente y futura. Estas falencias de las investigaciones también se aplican para la planeación urbana pues, en el caso de Llano Verde, es evidente que el gobierno tampoco consideró como aspecto central la garantía de un medio ambiente sano para los beneficiarios del programa de vivienda gratuita, lo que refuerza la idea de que bajo un modelo segregacionista los barrios concebidos para los segmentos sociales menos privilegiados en Cali se ubican en las áreas con condiciones urbanísticas y ambientales deficitarias.

Conectividad para las oportunidades laborales

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2018), antes de la pandemia por Covid-19 en Colombia se necesitaban alrededor de 300 años, es decir once generaciones, para que la descendencia de las familias con ingresos más bajos pudiera alcanzar el ingreso medio de la población. En este país, con el peor nivel de movilidad intergeneracional de los países miembros de la OCDE, permanecer en la pobreza parece ser el destino inevitable de muchas familias.

Tener la oportunidad o no de entrar en el mercado laboral en América Latina guarda relación con muchos factores, tanto estructurales como macroeconómicos. Sin embargo, hay factores no estructurales que tienen incidencia en que una persona padezca lo que Auyero (1999) denomina hiperdesempleo; una noción que hace referencia a individuos que tienen oportunidades mínimas de tener un trabajo formal o incluso pueden no tenerlo nunca a lo largo de su vida. En el caso de Cali, las cifras sobre condición laboral muestran que las comunas del oriente y la ladera occidental presentan las mayores tasas de desempleo (Figura 4). Ante esta situación, muchos hogares han destinado una parte de la vivienda para tener un negocio informal como mecanismo de subsistencia, como lo relata una persona del barrio:

Figura 4
- Tasa de desempleo y negocios de subsistencia en Llano Verde. Fuente: elaboración propia a partir de Sistema estadístico Nacional (Colombia, 2022b) y trabajo de campo para identificación de negocios familiares sobre los ejes viales principales de Llano Verde (2018).

Donde estábamos yo tenía mi negocio de comidas. Llegamos aquí y teníamos a dónde vivir, pero no de qué vivir. Yo me puse a venderles comida a los de la obra. Me volví la ‘mujer orquesta’ porque tenía una familia por sacar adelante. (Información verbal, mujer habitante de Llano Verde, 2017).

El acceso al mercado laboral formal, que ya es difícil para las víctimas del conflicto armado por el estigma social, se hace más complejo cuando viven en lugares remotos como Llano Verde, donde las rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte tienen frecuencia baja y tiempos prolongados de desplazamiento. Los residentes del barrio pueden demorarse en llegar a los centros de empleo entre 61 y 73 minutos, mientras que los habitantes del eje norte-sur, estando a una distancia similar, toman menos de 30 minutos a los mismos puntos de la ciudad (Figura 5).

Figura 5
- Tiempo promedio a nodos de empleo en el sistema integrado de transporte. Fuente: elaboración propia a partir de Rodríguez et al. (2017).

Para las familias de Llano Verde la conectividad mediante el transporte público ha sido tan difícil que algunos residentes formaron una cooperativa de camperos. Esto significa que las personas, en muchos casos, deben pagar un pasaje para salir del barrio y otro para llegar a sus lugares de destino, con una afectación directa en la economía del hogar.

Pero la conectividad en el presente no solo está relacionada con el entorno físico-espacial o la red de contactos, sino también con la virtualidad. Cifras sobre conexiones fijas a Internet muestran que en América Latina solo el 67% de los hogares cuentan con este servicio (Srinivasan et al., 2022). En Cali el acceso permanente a Internet sigue siendo un privilegio por los costos que representa el servicio en Colombia, y el poco acceso de las familias con ingresos bajos a Internet se hizo más visible durante la pandemia. La cuarentena a la que se vio obligada la población durante varios meses presionó la transformación de las formas de trabajo y estudio hacia la virtualidad, y uno de los mayores impactos del confinamiento fueron las restricciones a la educación impuestas por la falta de acceso a Internet y a equipos electrónicos adecuados para que los estudiantes pudieran seguir de manera regular sus clases. Durante la pandemia, uno de los residentes relató la situación de la siguiente manera:

Aquí la mayoría no tenemos ni equipos, ni Internet y lo que más me preocupa es la deserción escolar. Muchos jóvenes están botando escombros, otros están vendiendo frutas, otros no quieren continuar. Algunos han dicho que se van a ir a raspar coca. (Información verbal, líder social de Llano Verde, 2020).

Una investigación de García et al. (2021) sobre las afectaciones de la pandemia en la educación pública en Colombia muestra que solo el 49% de los estudiantes tuvo acceso a plataformas educativas y que el 82% de las actividades se llevaron a cabo vía WhatsApp. La semana anterior a la encuesta realizada por los investigadores, el 18% de los estudiantes dijo no haber tenido contacto con sus profesores y el 34% no haber tenido contacto con sus compañeros de clase. Si se considera la educación como un medio para la movilidad social, se podría inferir que la pandemia tendrá efectos negativos en el largo plazo por las brechas educativas entre los niños y jóvenes que tuvieron acceso a Internet y equipos electrónicos, y los que tuvieron acceso limitado como en Llano Verde. Para estas familias a la intersección entre su condición de desplazados y segregación socio-espacial —dos factores que han condicionado el acceso al mercado laboral— se debe añadir la brecha tecnológica y la falta de conectividad virtual durante la pandemia que impidieron tanto el desarrollo laboral como el avance educativo de gran parte de la población; dos condiciones que inciden en la profundización de la pobreza y el estancamiento de la movilidad social.

Violencia simbólica y directa hacia las víctimas del conflicto armado

La violencia simbólica se ejerce de manera oculta a través de la comunicación escrita, oral o visual (Bourdieu, 1995). En el caso de estudio, este tipo de violencia se expresa en la estigmatización de la que son objeto las víctimas del conflicto armado en Colombia, que permanecen en una posición subordinada normalizada por su condición de “desplazados”.

En el caso de Llano Verde el solo hecho de agrupar a las víctimas del conflicto en un solo barrio es un acto de segregación socio-espacial en sí mismo. En esa medida, la categoría de desplazado adquiere una mayor relevancia que las categorías de raza o clase como factores de rechazo que han generado históricamente una distribución segregada de la población en Cali. Como lo muestra la Figura 6 las víctimas proceden principalmente de municipios del litoral Pacífico, una zona periférica del país habitada principalmente por población afrodescendiente en condición de pobreza.

Figura 6
- Procedencia de las víctimas del conflicto que llegaron a Cali, barrio de residencia en la ciudad y detalle de localización en Llano Verde y los barrios colindantes. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Salud Pública de Cali (Colombia, 2020).

Con el anuncio del gobierno sobre la ubicación del barrio de vivienda gratuita en la comuna 15, los vecinos del sector llevaron a cabo múltiples protestas, pues no querían a los “desplazados” cerca de sus barrios. Algunos líderes de los barrios El Morichal y Ciudad Córdoba expresaron que sus viviendas se depreciarían en el mercado inmobiliario y que la seguridad de la zona se iba a deteriorar (información verbal, líderes de los barrios Córdoba reservado y El Morichal, 2017). Bajo este supuesto, emprendieron una serie de acciones jurídicas y de hecho para impedir la llegada de las víctimas. Finalmente, estas reclamaciones no tuvieron un efecto y durante la entrega de las viviendas a los beneficiarios, los vecinos inconformes salieron con pancartas que hacían alusión a que los desplazados que llegarían al barrio eran guerrilleros y paramilitares (información verbal, líder afrodescendiente de Llano Verde, 2017).

A pesar de que Llano Verde se construyó con el objetivo de reparar a las víctimas del conflicto que buscaron proteger sus vidas migrando a Cali, la violencia directa también ha afectado a sus residentes. Dos años después de la entrega de las viviendas, el barrio empezó a aparecer en la lista de los veinte más violentos de Cali y, en pocos años, se conformaron tres pandillas que hasta el presente ejercen control territorial (Figura 7).

Figura 7
- Geografía del homicidio en Cali entre 2020 y 2022 y pandillas que ejercen control territorial en Llano Verde. Fuente: homicidios, elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Seguridad de Cali (Colombia, 2023c). Pandillas, elaboración propia a partir de trabajo de campo (2017 y 2021).

La decisión de confinar las víctimas del conflicto en la comuna 15, que de acuerdo con el Observatorio de Seguridad (Colombia, 2023c) ha sido una de las más violentas de Cali, y en la cual, desde 2015, se ha registrado una agudización de la violencia homicida (Tabla 1), muestra cómo una directriz de planeación puede afectar una población que queda inmersa en un entorno violento a pesar de estar recibiendo una vivienda como parte de un proceso de reparación.

Tabla 1
- Número de homicidios registrados por comunas en Cali entre 2010 y 2022

	COMUNAS
AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2010	54	50	64	41	23	129	60	55	56	63	98	70	232	161	167	72	41	77	40	88	130	11
2011	47	27	44	56	23	108	48	66	65	73	78	81	195	171	189	105	56	80	59	116	93	5
2012	41	38	45	49	36	117	62	88	47	59	57	81	199	182	167	102	55	90	39	108	122	12
Año en el que se inició la entrega de viviendas en Llano Verde
2013	54	29	40	45	19	160	60	60	59	65	81	101	215	208	199	99	46	72	30	129	126	8
2014	39	33	38	32	20	89	52	45	62	50	36	43	172	188	142	89	24	60	40	124	127	14
2015	27	26	41	35	19	74	41	57	48	35	42	60	122	158	159	49	33	60	27	118	108	4
2016	27	33	42	31	18	70	44	48	46	39	54	38	143	134	154	46	32	48	20	84	110	2
2017	15	32	37	28	12	63	44	38	53	36	49	33	138	117	148	51	30	58	26	97	99	4
2018	9	25	46	22	11	83	38	51	44	46	39	40	104	111	139	45	28	63	34	77	84	2
2019	24	27	30	20	18	67	33	45	43	35	39	34	99	111	138	47	28	78	30	58	88	8
2020	20	23	29	27	14	45	47	30	32	56	53	42	105	110	113	39	32	61	29	54	79	3
2021	23	27	49	18	22	72	43	30	43	28	55	38	123	114	134	49	27	89	30	92	82	3
2022	14	29	34	28	16	43	24	37	39	31	41	35	78	104	103	33	27	76	31	66	70	2

• En gris oscuro se muestra la cifra más alta por año y en gris claro la segunda más alta. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Seguridad de Cali (Colombia, 2023c).

En el ambiente de conflicto permanente que se vive en el oriente de Cali (Castillo-Valencia et al., 2022), un caso de violencia directa que generó indignación nacional en 2020 fue la masacre de cinco jóvenes afrodescendientes de Llano Verde ocurrida en el cultivo de caña en el suelo rural del otro lado de la vía de borde del barrio. En comunicado oficial, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES, 2020) se refirió a este hecho de la siguiente manera:

Todas las familias afrocolombianas víctimas del conflicto que viven en el Barrio Llano Verde de Cali estamos de luto. En una masacre, cinco jóvenes, casi niños, fueron asesinados con crueldad el día de ayer 11 de agosto.

A pesar de ser este un barrio nuevo, rápidamente se convirtió en un territorio en disputa no solo por las pandillas locales, sino por bandas de crimen organizado. De acuerdo con testimonios de los líderes, desde el 2014 llegaron al barrio grupos paramilitares para ejercer control en este territorio. Según las estadísticas sobre móviles del Observatorio de Seguridad (Colombia, 2023c), la zona donde se encuentra Llano Verde registra casos de homicidio relacionados principalmente con retaliaciones entre bandas de crimen organizado y riñas entre pandillas y, en menor medida, muertes violentas por balas perdidas y conflictos intrafamiliares. Desde la entrega de las viviendas en 2013, han sido asesinadas más de 50 personas, mayoritariamente integrantes de familias que se vieron obligadas a abandonar sus territorios rurales para protegerse de la violencia.

Reflexiones finales

Llano Verde es uno de muchos barrios de América Latina financiados con recursos públicos, donde es visible la repetición de un modelo que produce y perpetúa la segregación socio-espacial. En otros contextos, el caso de Oreste Plath en Santiago de Chile (Jirón, 2012) y Villas de San Pablo y Nueva Esperanza en la costa Caribe colombiana (Sliwa & Wiig, 2016), se han identificado fenómenos similares a los encontrado en Llano Verde como profundización de la pobreza, segregación y violencia. En Cali, cinco años antes de Llano Verde, se construyó el barrio Potrero Grande con los mismos parámetros de vivienda unifamiliar con estándares mínimos. Desde entonces, este barrio aparece de manera recurrente en la lista de los tres más violentos de la ciudad (Franco-Calderón, 2020).

Si bien por limitaciones de esta investigación se aborda a profundidad un caso de estudio, las similitudes encontradas en otros proyectos públicos para población vulnerable demuestran que, mediante el uso de mecanismos legítimos como las políticas de vivienda social y la planeación territorial, ciertos grupos sociales, como los desplazados terminan siendo confinados en lo que Wacquant (2016) denomina territorios de relegación, perpetuando modelos de segregación típicos de la era colonial. En estos barrios, además de mala calidad del entorno, baja oferta de espacios públicos y equipamientos de servicios básicos, condiciones medioambientales deficientes y conectividad limitada, los habitantes marcados por la pobreza y la violencia tienen bajas probabilidades de acceder a empleos de calidad; una situación que mantiene a las familias en una espiral descendente de generación en generación (Castillo-Valencia et al., 2022).

Como se pudo observar en el caso de estudio, decisiones que parecen relativamente sencillas para los planificadores urbanos, como la localización y diseño de un barrio, pueden tener efectos negativos a nivel individual y comunitario, si se pasan por alto cuestiones básicas asociadas a la calidad de vida (servicios urbanos básicos, medio ambiente sano, acceso a empleo) y la posible intersección de factores de desventaja, como la etnicidad, las características socioeconómicas o ser víctimas de desplazamiento forzado; tres condiciones que caracterizan la población de Llano Verde. En este sentido, el modelo de vivienda social periférica usado en el programa de vivienda gratuita en Colombia, alejado de las aspiraciones y realidades de poblaciones que por sus condiciones de desventaja han experimentado de manera reiterada múltiples discriminaciones, es un ejemplo de cómo opera el modelo de crecimiento urbano segregado mediante procesos de planeación que, a lo largo del tiempo, logran mantener a ciertos grupos sociales en los márgenes de la ciudad.

Declaración de disponibilidad de datos

El conjunto de datos que respalda los resultados de este artículo está disponible en SciELO DATA y se puede acceder a él en https://doi.org/10.48331/scielodata.HG8KMN

• 1
  En los fragmentos de las entrevistas utilizados en este artículo se omiten los nombres de los entrevistados por motivos de confidencialidad.
• Cómo citar: Franco-Calderón, A. M. (2024). De desplazados rurales a segregados urbanos. Programa de vivienda gratuita para víctimas del conflicto armado en Cali. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v.16, e20230180. https://doi.org/10.1590/2175-3369.016.e20230180

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Sección Especial: Desigualdades Urbanas y Segregación (Editoras invitadas: Joana Barros, Agnes Silva de Araujo, Flavia F Feitosa).

Fechas de Publicación

• Publicación en esta colección
  06 Set 2024
• Fecha del número
  2024

Histórico

• Recibido
  14 Jun 2023
• Acepto
  23 Abr 2024